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Implementar leyes que promuevan la educación inclusiva y obligatoria, y asegurar su cumplimiento. Esto incluye políticas que eliminen barreras económicas (como subsidios, becas, y educación gratuita) y apoyen a estudiantes vulnerables.

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Crear programas especiales que faciliten el acceso de grupos vulnerables (niños en áreas rurales, minorías étnicas, personas con discapacidades, etc.) a la educación. Estos programas pueden incluir financiamiento, recursos educativos adaptados y capacitación especial para docentes.

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Los organismos de derechos humanos y las instituciones educativas deben supervisar y garantizar que no exista discriminación en el acceso a la educación, implementando medidas para sancionar prácticas excluyentes.

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Desarrollar programas para mejorar la infraestructura digital en zonas desfavorecidas y promover el acceso a tecnologías que permitan la educación a distancia, especialmente en comunidades rurales y en países en vías de desarrollo.

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Involucrar a las comunidades y a los propios estudiantes en el diseño e implementación de las políticas educativas para que se adapten mejor a las necesidades locales y se promueva la equidad en el acceso a la educación.