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Educación Inicial | Fundación Carlos Slim

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El vídeo amplía las características de la discapacidad intelectual

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El vídeo amplía las características de la discapacidad intelectual

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¿Qué ha cambiado en el DSM-5?

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Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

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Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

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La educación especial se rebela contra la 'Ley Celaá': Se creen que esto es como la película Campeones.

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Cuatro familias comparten su testimonio con ABC - J.R. Ladra | Guillermo Navarro |

B. L. Echazarreta Nieves MiraSEGUIR Josefina G. StegmannSEGUIR
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Las familias con niños escolarizados en la educación especial -actualmente 37.500- llevan años luchando, incluso antes de que Isabel Celaá fuera ministra de Educación, por los derechos de sus hijos. Ahora lo que les preocupa no es solo que la nueva norma, la Lomloe, amenace con el cierre de los centros en diez años (ya era así en su redactado original de hace un año) sino que el texto actual es más agresivo y, en aras de la "inclusión", se pone en segundo lugar el interés superior del menor. ABC recoge los testimonios de familias y docentes que explican por qué la educación especial es la mejor opción.

Mago More, padre de Marcos, un niño con parálisis cerebral

"Se creen que esto es como la película de Campeones"
Marcos no puede andar ni hablar pero, según cuenta su padre, le encanta reírse. Por las noches, antes de dormir, tiene tanta energía que sus padres le arrancan carcajadas con el fin de que le entre el sueño. Marcos tiene 15 años y sufre parálisis cerebral, pero es un niño lleno de vitalidad. Su padre, al que se conoce públicamente como Mago More, no deja de hacerse la siguiente pregunta: "¿Cuáles son los medios y las atenciones que van a recibir nuestros hijos tras la aprobación de esta ley?". José Luis Izquierdo es cómico y guionista, pero al hablar del futuro que le espera a Marcos su habitual tono divertido, se agrava. El verdadero problema, en opinión de este padre vendrá "cuando tengamos que enviar a nuestros hijos con discapacidad intelectual a la escuela ordinaria" y aduce que la ley no ha venido acompañada de una memoria económica. Abocar al cierre a las escuelas de educación especial es "condenarnos" como padres a padecer una gran incertidumbre sobre el cuidado que van a recibir nuestros hijos, lamenta.

Izquierdo recuerda que con esta ley, Celaá insiste en la peregrina idea de que "los hijos no pertenecen a los padres". El mago se pregunta: " Entonces. ¿De quién son? ". Se considera defensor de la integración, pero de una "integración real" y apunta que "los talibanes que quieren acabar con los colegios de educación especial, no tienen hijos con discapacidades intelectuales". Además, comenta que la Ley Celaá también supone un problema añadido para los profesores de las escuelas ordinarias, pues "la teoría es muy bonita", pero los docentes no están preparados para atender a niños que requieren otro tipo de formación y atención por parte del profesorado. "Se creen que esto es como la película de Campeones".
Cierre indirecto
Este padre destaca que es "sangrante" que el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), que no ha visitado ni un solo colegio de educación especial, sea partidario de vaciar estos centros para que, con el tiempo, terminen cerrando. En esta línea, argumenta que la Ley Celaá supone en la práctica un cierre indirecto de estos colegios, que terminarán desapareciendo cuando empiecen a ser deficitarios.

Izquierdo condena que "nadie haya preguntado a ningún terapeuta para elaborar la ley", pues el resultado final es que "nuestros hijos cada vez van a estar peor atendidos", y añade que "el Gobierno ha creado un problema donde no lo había". El castigo a la educación especial, concluye, "es un drama" para Marcos.

Alba del Río, madre de Javier, de 13 años que tiene síndrome de Down

Javier junto a su familia - Guillermo Navarro

"La integración es maravillosa, pero no instrumentalicen a mi hijo"
Javier tiene 13 años, y aunque actualmente acude a clase a un centro de educación especial, no siempre ha sido así. Él comenzó su andadura académica en un centro concertado de integración, donde estuvo hasta que cumplió 4 años. Allí "le trataban muy bien, pero no era más que un mueblecito, siempre a un lado de la clase" porque la profesora "tenía que atender a veintitantos alumnos más y no daba abasto", cuenta su madre, Alba del Río.

En aquella etapa de Infantil, el síndrome de Down de Javier más o menos le permitió crecer al mismo ritmo que sus compañeros de clase. Pero esa diferencia "se acentúa cuando van creciendo, y los niños sin discapacidad evolucionan de forma natural, a otro ritmo ", añade Alba. Con sus compañeros tenía un buen trato y convivencia, pero sin embargo, en los cuatro años que estuvo matriculado en ese colegio "nunca nadie, a excepción de una niña, lo invitó a su cumpleaños".

Debido a sus necesidades especiales, sus padres decidieron cambiarlo de colegio a uno donde recibiera la llamada "educación especial". Desde el primer momento en que lo pisó fue "felicidad absoluta", porque comprendía que allí no destacaba en negativo: él corría igual que los demás, ya no se quedaba el último y además contaban con él.

El principal temor de estos padres es que su hijo sufra un retroceso en su desarrollo. En el colegio al que acude todo está enfocado a sus necesidades específicas y se encuentra plenamente integrado. "Cuando estamos con otras familias o amigos sin discapacidad, está súper integrado porque les enseñan también a eso ", añade su madre.

En colegios ordinarios, según cuenta en base a su propia experiencia, estos niños con necesidades específicas "obviamente no aprenden como en un centro de educación especial, donde los profesionales se enfocan en ellos. Par a enseñar a leer o a escribir a un niño con síndrome de Down hay que saber hacerlo, no es cualquier cosa ni una tarea fácil". Sacarlo de su centro y matricularlo en uno ordinario puede suponer que "todo lo que ha aprendido se estanque. Porque él no puede parar en su aprendizaje". En casa, durante los meses de verano recibe clases de un profesor particular: "Su mente no puede parar. Hay cosas en las que, de no hacerlo así, retrocede". Algo que puede ocurrir a Javier de tramitarse la próxima ley de Educación es que tenga que utilizar sus horas extraescolares para acudir al psicólogo o al logopeda. De ser así, "¿cuándo podrá descansar mi hijo? Sería patético que dejara de recibir esas atenciones en el centro y tener que acudir a especialistas fuera del horario de clase", exclama indignada esta madre.

Alba valora positivamente la intención de integrar a las personas con discapacidad. Argumenta que " la integración es maravillosa, sobre todo para los niños que no tienen discapacidad; el enriquecimiento personal que van a tener por estar junto a ellos en sus aulas es tremendo. Pero me gustaría que no instrumentalicen a mi hijo. Y también que nos dejaran a sus padres elegir cómo queremos educarlo".

José María Escudero, padre de Jaime, un niño autista de 11 años

"Pedimos diversidad y no un café para todos"
José María Escudero es el padre de Jaime, un niño de 11 años con autismo, pero también es el presidente de "Inclusiva, sí. Especial, también", una plataforma que lucha por la "integración real" en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. Escudero relata con orgullo que su hijo ha pasado por todos los tipos de escuela que existen: empezó en un colegio ordinario; después estuvo en lo que se denomina "aula estable"; y ahora acude a un centro de educación especial, donde "es muy feliz". En el "aula estable" los niños están en un entorno normalizado, pero un porcentaje del tiempo reciben una atención especializada . Jaime estuvo en un "aula estable" hasta los 6 años. En aquel momento, según cuenta su padre, en el propio colegio les aconsejaron llevar al menor a un centro de educación especial "pensando en el bien de Jaime, que allí iba a estar mejor atendido".

Si bien al principio les dio miedo el cambio porque desconocían cómo funcionaban estos centros, Escudero reconoce que "en cuanto abrimos los ojos, nos dimos cuenta de lo que nos habíamos estado perdiendo ". En su opinión, hasta ahora "era el colegio el que se adaptaba a tu hijo", pero con esta ley, los niños son los que se van a tener que adaptar al colegio
Sin pluralidad educativa
Escudero teme que se disparen los casos de acoso escolar e insiste en que "lo más importante es proteger a las personas más vulnerables" y no olvidarse de que estos niños necesitan, según van creciendo, una educación muy específica que va cambiando.

En sus palabras, es preocupante que deje de existir una oferta educativa plural que atienda a las distintas necesidades de menores como Jaime, que pueden experimentar una gran evolución en el centro adecuado. "El Gobierno está obviando con esta ley las cualidades de cada niño. Pedimos diversidad y no un café para todos".

"No aprenden igual; entrenan para poder lavarse los dientes"

Bárbara de Lorenzo trabaja en un centro de educación especial - Guillermo Navarro

Bárbara de Lorenzo conoce de primera mano, fruto de sus 16 años de trabajo en un centro de educación especial, cuál es la verdad detrás de este tipo de enseñanza. Nada menos que la idoneidad, utilidad y éxito de la misma como camino para que los niños con discapacidad (su centro escolariza a niños y jóvenes con parálisis cerebral) tengan una vida lo más independiente posible. "Hay hay cosa básica con todo este lío que ha generado la ley y no me queda claro de si alguien piensa en ello: estos niños no aprenden igual, necesitan entrenamiento específico, como apoyo visual, o una estructura secuenciada de pasos simplemente para poder lavarse los dientes", explica esta orientadora del centro Los Álamos.
Coger el metro o el autobús
"¿De qué vale que vayan a un centro ordinario para sumar y restar si realmente no aprenden esos conceptos? Lo pueden hacer de forma mecánica pero no lo entienden. A mí me interesa que hablen con el frutero, con el carnicero, que puedan pagar, sacar un libro de la biblioteca y para eso hay que entrenarles en habilidades sociales que desarrollan no por imitación, por eso realmente nos pasamos la vida fuera del cole", explica De Lorenzo. Aclara que no está en contra de que los niños que pueden hacerlo vayan a centros ordinarios pero no en el caso de niños como los que prepara ella, con discapacidad intelectual. "Aprenden contenidos curriculares pero también lo que les puede ayudar a ser independientes y eso es lo que tienen por ganar: que se puedan vestir, duchar, coger el metro o el autobús solos...No sé cómo plantean hacerlo en un centro ordinario, ¿llevárselos a todos a la metro? ¿Cómo lo van a hacer? Nos no lo han explicado".

De Lorenzo señala que la etapa más delicada es Secundaria. "Hay mucho desconocimiento del trabajo que hacemos y las necesidades de estos niños, la mayoría vienen de la escuela ordinaria, al término de Primaria donde hay una integración que medianamente funciona pero en Secundaria se encuentran con pocos profesores, espacios poco estructurados, sin seguimiento individual... no pueden continuar el itinerario ordinario, es imposible". Insiste en la importancia de la atención individualizada: "Cuando hay exceso de estímulos se descompensan y aparecen malas conductas y no pueden continuar; además, los intereses no son compartidos porque la edad mental es más baja, vienen chicos con 13 años y tienen intereses más infantiles. Al llegar aquí sienten se vinculados al centro, con chicos como ellos y las barreras bajan".
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La educación especial se rebela contra la "ley Celaá": "Se creen que esto es como la película Campeones"

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B. L. Echazarreta Nieves MiraSEGUIR Josefina G. StegmannSEGUIR Guardar Noticias relacionadas Las familias con niños escolarizados en la educación especial -actualmente 37.500- llevan años luchando, incluso antes de que Isabel Celaá fuera ministra de Educación, por los derechos de sus hijos.

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TEXTO CONSOLIDADO: "Última actualización publicada el 09/11/2017"

Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Este hecho ha comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades condicionando u obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.

El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos.

Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos.

El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, pero, en primer lugar, al legislador, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer las soluciones y las líneas generales de acción más adecuadas. Como ya se ha demostrado con anterioridad, es necesario que el marco normativo y las acciones públicas en materia de discapacidad intervengan en la organización social y en sus expresiones materiales o relacionales que con sus estructuras y actuaciones segregadoras postergan o apartan a las personas con discapacidad de la vida social ordinaria, todo ello con el objetivo último de que éstas puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos.

En este sentido, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, fue la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la Constitución, y supuso un avance relevante para la época.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, participaba ya de la idea de que el amparo especial y las medidas de equiparación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad debía basarse en apoyos complementarios, ayudas técnicas y servicios especializados que les permitieran llevar una vida normal en su entorno. Estableció un sistema de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral, de accesibilidad y subsidios económicos, y una serie de principios que posteriormente se incorporaron a las leyes de sanidad, educación y empleo.

Posteriormente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, supuso un renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, centrándose especialmente en dos estrategias de intervención: la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal.

La propia Ley 51/2003, de 2 de diciembre, preveía el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que se hizo realidad con la aprobación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Asimismo, y aunque no es objeto de la tarea de refundición de esta norma, es necesario destacar en la configuración del marco legislativo de los derechos de las personas con discapacidad, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, lo que constituye un factor esencial para su inclusión social.

Finalmente, es imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.

La labor de refundición, regularizando, aclarando y armonizando las tres leyes citadas, que es mandato de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, resulta necesaria dadas las modificaciones que han experimentado en estos años, así como el sustancial cambio del marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad. Esta tarea ha tenido como referente principal la mencionada Convención Internacional. Por ello, además de revisar los principios que informan la ley conforme a lo previsto en la Convención, en su estructura se dedica un título específico a determinados derechos de las personas con discapacidad. También se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones.

En la elaboración de este texto refundido han sido consultadas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, y se ha sometido al informe previo y preceptivo del Consejo Nacional de la Discapacidad. Se ha dado audiencia a los sectores afectados y se ha sometido a informe previo de la Agencia Española de Protección de Datos.

Esta norma se dicta en aplicación de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de noviembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Remisiones normativas.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o a la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid, el 29 de noviembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

ANA MATO ADROVER

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

Ámbito de aplicación

Objeto, definiciones y principios

Disposiciones generales

Artículo 4. Titulares de los derechos.

1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos.

3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.

4. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad.

5. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta ley se otorgarán a los extranjeros de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores extranjeros se estará además a lo dispuesto en las leyes de protección de los derechos de los menores vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales.

6. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta ley a los españoles residentes en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparable en el país de residencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal se aplicarán, además de a los derechos regulados en el Título I, en los ámbitos siguientes:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

c) Transportes.

d) Bienes y servicios a disposición del público.

e) Relaciones con las administraciones públicas.

CAPÍTULO III

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Sistema de prestaciones sociales y económicas

Derechos y obligaciones

Autonomía de las personas con discapacidad

f) Administración de justicia.

g) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico.

h) Empleo.

Artículo 8. Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad.

1. La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidos en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, comprenderá:

a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

CAPÍTULO II

Derecho a la protección de la salud

c) Recuperación profesional.

d) Rehabilitación y habilitación profesionales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica previstas en la letra a) del apartado anterior tendrán la extensión, duración y condiciones que se prevean reglamentariamente.

3. Las personas beneficiarias de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, continuarán con el derecho a la percepción de los mismos de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única.

Artículo 9. Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad.

Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas previsto en este capítulo estarán exentos de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.

Artículo 12. Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad.

1. Los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad de cada ámbito sectorial deberán contar con la formación especializada correspondiente y serán competentes, en su ámbito territorial, para prestar una atención interdisciplinaria a cada persona con discapacidad que lo necesite, para garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

CAPÍTULO III

De la atención integral

2. Los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad son los órganos encargados de valorar y calificar las situaciones de discapacidad, para su reconocimiento oficial por el órgano administrativo competente.

3. Son funciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad:

a) Emitir un dictamen técnico normalizado sobre las deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las barreras en la participación social, recogiendo las capacidades y habilidades para las que la persona necesita apoyos.

b) La orientación para la habilitación y rehabilitación, con pleno respeto a la autonomía de la persona con discapacidad, proponiendo las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y revisión.

c) La valoración y calificación de la situación de discapacidad, determinando el tipo y grado de discapacidad en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano administrativo competente.

d) La valoración y calificación de la situación de discapacidad será revisable en la forma que reglamentariamente se determine. La valoración y calificación definitivas solo se realizará cuando la persona haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando la deficiencia sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirá valoraciones previas para obtener determinados beneficios.

4. Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad responderán a criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público y en todo el territorio del Estado.

Artículo 13. Atención integral.

1. Se entiende por atención integral los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado.

2. Los programas de atención integral podrán comprender:

a) Habilitación o rehabilitación médico-funcional.

b) Atención, tratamiento y orientación psicológica.

c) Educación.

d) Apoyo para la actividad profesional.

3. Estos programas deberán comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona con discapacidad, así como de las oportunidades del entorno, considerando las adaptaciones o adecuaciones oportunas y los apoyos a la toma de decisiones y a la promoción de la autonomía personal.

4. Las administraciones públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, mediante la coordinación de los recursos y servicios de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y programas próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, suficiente y diversificada, tanto en zonas rurales como urbanas.

Artículo 15. Atención, tratamiento y orientación psicológica.

1. La atención, el tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes durante las distintas fases del proceso interdisciplinar habilitador o rehabilitador e irán encaminadas a lograr de la persona con discapacidad la máxima autonomía y el pleno desarrollo de su personalidad, así como el apoyo a su entorno familiar más inmediato.

2. La atención, el tratamiento y orientación psicológica se basarán en las características personales de la persona con discapacidad, sus motivaciones e intereses así como los factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y estarán dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades y su autonomía personal, teniendo en cuenta su proyecto singular de vida.

3. La atención, el tratamiento y la orientación psicológica formarán parte de los apoyos a la autonomía personal y deberán estar coordinados con el resto de los tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la detección de la deficiencia, o desde el momento en que se inicie un proceso patológico o concurra una circunstancia sobrevenida que pueda desembocar en una limitación en la actividad.

Artículo 16. Educación.

La educación inclusiva formará parte del proceso de atención integral de las personas con discapacidad y será impartida mediante los apoyos y ajustes que se reconocen en el capítulo IV de este título y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 17. Apoyo para la actividad profesional.

1. Las personas con discapacidad en edad laboral tendrán derecho a beneficiarse de programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo.

2. Los procesos de apoyo para la actividad profesional comprenderán, entre otras, las siguientes prestaciones:

CAPÍTULO IV

Derecho a la educación

a) Los procesos de habilitación o rehabilitación médico-funcional.

CAPÍTULO V

Derecho a la vida independiente

b) La orientación profesional.

c) La formación, readaptación o recualificación profesional.

3. En los procesos de apoyo para la actividad profesional, la habilitación o rehabilitación médico-funcional, regulada en el artículo 14, comprenderá tanto el desarrollo de las capacidades como la utilización de productos y tecnologías de apoyo y dispositivos necesarios para el mejor desempeño de un puesto de trabajo en igualdad de condiciones con los demás.

4. La orientación profesional será prestada por los correspondientes servicios, teniendo en cuenta las capacidades reales de la persona con discapacidad, determinadas conforme a los informes de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. Asimismo se tomará en consideración la formación efectivamente recibida y por recibir, y las posibilidades de empleo existentes en cada caso, así como la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias profesionales. Comprenderá asimismo los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

5. La formación, readaptación o recualificación profesional que podrá comprender en su caso, una preformación general básica, promoverá la adquisición de experiencia laboral en el mercado de trabajo y se impartirá de acuerdo con el itinerario personal y la orientación profesional prestada con anterioridad, conforme a la decisión tomada por la persona con discapacidad, y siguiendo los criterios establecidos en el artículo 15.

6. Las actividades formativas podrán impartirse, además de en los centros de formación dedicados a ello, en las empresas, siendo necesario en este último supuesto, la formalización de un contrato para la formación y el aprendizaje, cuyo contenido básico se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sus normas de desarrollo.

7. Los procesos de apoyo para la actividad profesional a que se refiere este artículo podrán ser complementados, en su caso, con otras medidas adicionales que faciliten al beneficiario el logro del máximo nivel de desarrollo personal y favorezcan su plena inclusión y participación en la vida social.

Artículo 19. Gratuidad de la enseñanza.

Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan.

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.

1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales, regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad.

Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones impuestas, y abarcará a todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el artículo 5.

2. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades. Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:

a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos, así como la apropiada señalización en los mismos.

b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.

c) Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

d) La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables.

e) Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.

f) Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.

3. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán teniendo en cuenta los diferentes tipos y grados de discapacidad que deberán orientar tanto el diseño inicial como los ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada ámbito de aplicación de la ley.

Artículo 29. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su discapacidad.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados, proporcionados y necesarios.

CAPÍTULO VI

Derecho al trabajo

4. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los bienes y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.2.

5. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal.

Sección 2.ª Medidas de acción positiva

Artículo 30. Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos.

Los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad.

Artículo 31. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

Las personas con discapacidad con dificultades para utilizar transportes colectivos, que reúnan los requisitos establecidos reglamentariamente, tendrán derecho a la percepción de un subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, cuya cuantía se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 33. Concepto de rehabilitación de la vivienda.

Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la obtención de subvenciones y préstamos con subvención de intereses, las reformas que las personas con discapacidad o las unidades familiares o de convivencia con algún miembro con discapacidad tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente para que ésta resulte accesible.

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo.

1. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

2. La garantía y efectividad de los derechos a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con discapacidad se regirá por lo establecido en este capítulo y en su normativa específica en el acceso al empleo, así como en el acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y de despido, en la promoción profesional, la formación profesional ocupacional y continua, la formación para el empleo, y en la afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y empresariales o la incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta.

3. Existirá discriminación directa cuando una persona con discapacidad sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de su discapacidad.

4. Existirá discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario venga obligado a adoptar medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta y de acuerdo con el artículo 40, para eliminar las desventajas que supone esa disposición, cláusula, pacto o decisión.

5. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo.

6. El acoso por razón de discapacidad, en los términos definidos en la letra f) del artículo 2, se considera en todo caso acto discriminatorio.

7. Se considerará igualmente discriminación toda orden de discriminar a personas por motivo o por razón de su discapacidad.

Artículo 36. Igualdad de trato.

Se entiende por igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo.

Artículo 37. Tipos de empleo de las personas con discapacidad.

1. Será finalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. Para ello, las administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.

2. Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo:

a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.

b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales.

CAPÍTULO VII

Derecho a la protección social

c) Empleo autónomo.

3. El acceso al empleo público se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora de la materia.

Sección 2.ª Empleo ordinario

Artículo 41. Servicios de empleo con apoyo.

Los servicios de empleo con apoyo son el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes. Los servicios de empleo con apoyo se regularán por su normativa reglamentaria.

Sección 3.ª Empleo protegido

Artículo 46. Enclaves laborales.

Para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo, se pueden constituir enclaves laborales, cuyas características y condiciones se establecen reglamentariamente.

Sección 4.ª Empleo autónomo

Artículo 47. Empleo autónomo.

Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de personas con discapacidad dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia, o a través de entidades de la economía social, de acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

Artículo 48. Derecho a la protección social.

Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a unos servicios y prestaciones sociales que atiendan con garantías de suficiencia y sostenibilidad sus necesidades, dirigidos al desarrollo de su personalidad y su inclusión en la comunidad, incrementando su calidad de vida y bienestar social.

CAPÍTULO VIII

Derecho de participación en los asuntos públicos

Artículo 51. Clases de servicios sociales.

CAPÍTULO IX

Obligaciones de los poderes públicos

1. El servicio de apoyo familiar tendrá como objetivo la orientación e información a las familias, el apoyo emocional, su capacitación y formación para atender a la estimulación, maduración y desarrollo físico, psíquico e intelectual de los niños y niñas con discapacidad, y a las personas con discapacidad y para la adecuación del entorno familiar y próximo a las necesidades de todos ellos.

2. Los servicios de orientación e información deben facilitar a las personas con discapacidad y a sus familias el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos.

3. Los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades y promoción de la autonomía personal tienen como finalidad prevenir la aparición o la intensificación de discapacidades y de sus consecuencias, mediante actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, apoyo en el entorno y programas específicos de carácter preventivo.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

Derecho a la igualdad de oportunidades

Igualdad de oportunidades y no discriminación

4. Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación habilitadora o rehabilitadora tal y como ya dispone el artículo 14, todo ello sólo para aquellas personas con discapacidad cuyas situaciones lo requieran.

5. Los servicios de vivienda, ya sean servicios de atención residencial, viviendas tuteladas, u otros alojamientos de apoyo para la inclusión, tienen como objetivo promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad a través de la convivencia, así como favorecer su inclusión social.

CAPÍTULO II

Medidas de fomento y defensa

Asimismo, deberán atender a las necesidades básicas de aquellas personas con discapacidad que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, como en los casos en que carezcan de hogar o familia, o cuando existan graves problemas para garantizar una adecuada convivencia familiar.

6. Los servicios de centro de día y de noche ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias.

7. Los servicios de residencias, centros de día y de noche, y viviendas tuteladas podrán ser promovidos por las administraciones públicas, por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas. En la promoción de residencias, centros de día y viviendas tuteladas, realizados por las propias personas con discapacidad y por sus familias, así como por sus organizaciones representativas, éstas gozarán de la protección prioritaria por parte de las administraciones públicas.

La planificación de estos servicios atenderá a la proximidad al entorno en el que desarrollan su vida las personas con discapacidad.

8. Las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán, siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de accesibilidad universal en las instalaciones y con los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía. Sólo cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo requieran, podrá establecerse, de forma subsidiaria o complementaria, servicios y actividades específicas.

9. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en esta ley, cuando la especificidad y la necesidad de apoyos lo hicieran necesario, la persona con discapacidad tendrá derecho a residir o ser atendida en un establecimiento especializado.

Artículo 53. Derecho de participación en la vida política.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

Régimen común de infracciones y sanciones

Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad podrán ejercer el derecho de participación en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos conforme a la normativa en vigor. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y recursos que precisen.

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 58. Financiación.

La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios contenidos en esta ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, de acuerdo con las competencias que les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán consignarse las dotaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

Sección 2.ª Del personal de los distintos servicios de atención a las personas con discapacidad

Artículo 63. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.

Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.

Artículo 65. Medidas contra la discriminación.

Se consideran medidas contra la discriminación aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable, por motivo de o por razón de discapacidad.

Artículo 69. Medidas de fomento y defensa.

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de medidas de fomento y de instrumentos y mecanismos de protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades, mediante la adopción de las medidas necesarias para que se supriman las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por motivo o por razón de discapacidad.

Sección 1.ª Medidas de fomento

Artículo 70. Medidas para fomentar la calidad.

Las administraciones públicas adecuarán sus planes de calidad para asegurar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos con discapacidad. Para ello, incluirán en ellos normas mínimas de no discriminación y de accesibilidad, y desarrollarán indicadores de calidad y guías de buenas prácticas.

Sección 2.ª Medidas de defensa

Artículo 76. Legitimación.

Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas los efectos de aquella actuación.

Sección 1.ª Infracciones

Artículo 80. Objeto de las infracciones.

A los efectos de esta ley, se considerarán infracciones administrativas las acciones y omisiones que ocasionen vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en los ámbitos a los que se refiere el artículo 5, cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para la persona infractora.

Artículo 81. Infracciones.

1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves o muy graves.

2. En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones leves, las conductas que incurran en cualquier incumplimiento que afecte a obligaciones meramente formales de lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

3. En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones graves:

a) Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.

b) El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable, a que se refiere el artículo 66 así como en sus normas de desarrollo.

c) El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley.

d) Cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal.

4. En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones muy graves:

CAPÍTULO II

Normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado

a) Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del artículo 66 y en sus normas de desarrollo.

b) El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley, y en sus normas de desarrollo.

c) Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en esta ley, y en sus normas de desarrollo.

Artículo 82. Prescripción de las infracciones.

Las infracciones a que se refiere este Título calificadas como leves prescribirán al año, las calificadas como graves a los tres años y las calificadas como muy graves a los cuatro años.

Sección 2.ª Sanciones

Artículo 86. Consecuencias del incumplimiento en materia de acceso a bienes y servicios.

Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 29 sufra una conducta discriminatoria por motivo de o por razón de discapacidad, tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Artículo 87. Prescripción de las sanciones.

Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.

Artículo 88. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y en la legislación autonómica.

El abono por parte del responsable de las multas impuestas como consecuencia de una sanción establecida en esta ley y la legislación autonómica correspondiente, no eximirá del cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa en materia de discapacidad que sea de aplicación.

Sección 3.ª Garantías del régimen sancionador

Artículo 90. Garantía de accesibilidad de los procedimientos.

Los procedimientos sancionadores que se incoen con arreglo a lo establecido en esta ley, deberán estar documentados en soportes que sean accesibles para las personas con discapacidad, siendo obligación de la autoridad administrativa facilitar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos previstos en dichos procedimientos.

Artículo 92. Publicidad de las resoluciones sancionadoras.

La resolución firme en vía administrativa de los expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves será hecha pública, cuando así lo acuerde la autoridad administrativa que la haya adoptado, una vez notificada a los interesados, tras resolver en su caso sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores. Con este fin, se recabará con carácter previo el oportuno informe de la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad autonómica que corresponda.

Artículo 93. Deber de colaboración.

Todas las personas físicas y jurídicas tienen el deber de facilitar la labor de los órganos y autoridades para la aplicación de lo dispuesto en este título, aportando en un plazo razonable, y con las condiciones establecidas en la legislación vigente, los datos, documentos, informes o aclaraciones que, siendo necesarias para el esclarecimiento de los hechos, les sean solicitadas, y facilitando, previo aviso, el acceso a sus dependencias, salvo que éstas coincidan con su domicilio, en cuyo caso deberá obtenerse su expreso consentimiento o el mandato judicial correspondiente.

Artículo 94. Competencia de la Administración General del Estado.

A los efectos de esta ley, la competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Administración General del Estado cuando las conductas infractoras se proyecten en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma.

Sección 1.ª Infracciones y sanciones

Artículo 95. Infracciones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82, se tipifican en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, las siguientes infracciones que se clasifican en leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la sección 1.ª del capítulo V del Título I, y en el Título II así como en sus normas de desarrollo, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave.

b) El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, orientadas a promover y estimular la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, siempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.

c) Obstaculizar la acción de los servicios de inspección.

3. Son infracciones graves:

a) Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.

b) La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.

c) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades.

d) La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o sus agentes, que sea legalmente exigible, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en los términos previstos en este Título.

e) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas sobre accesibilidad de los entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, medios de transporte, medios de comunicación y de los productos y servicios a disposición del público, así como los apoyos y medios asistenciales específicos para cada persona, que obstaculice o limite su acceso o utilización regulares por las personas con discapacidad.

f) La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable, en los términos establecidos en el artículo 66.

g) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las previsiones efectuadas en la disposición adicional tercera, en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la implantación de las exigencias de accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.

h) La coacción, amenaza, represalia ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación, denuncia o participen en procedimientos ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, así como la tentativa de ejercitar tales actos.

i) Tendrá también la consideración de infracción grave la comisión, en el plazo de tres meses y por tres veces, de la misma infracción leve.

4. Son infracciones muy graves:

a) Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o por razón de su discapacidad.

b) Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad.

c) Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público.

d) Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad.

e) Las conductas calificadas como graves cuando sus autores hayan actuado movidos, además, por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad, discapacidad severa o no posibilidad de representarse a sí mismo.

f) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de los entornos, productos y servicios a disposición del público que impida el libre acceso y utilización regulares por las personas con discapacidad.

g) El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad que impida o dificulte gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y el disfrute de libertades públicas por parte de las personas con discapacidad.

h) Tendrá también la consideración de infracción muy grave, la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año; así como las que reciban expresamente dicha calificación en las disposiciones normativas especiales aplicables en cada caso.

Artículo 98. Cómputo del plazo de prescripción de las sanciones.

El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución, y se interrumpirá en la fecha de notificación a la persona interesada de la iniciación del procedimiento de ejecución, reanudándose el cómputo del plazo si aquél está paralizado durante seis meses por causa no imputable a la persona infractora.

Sección 2.ª Procedimiento sancionador

Artículo 99. Normativa de aplicación.

Las infracciones y sanciones en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, se regirán por el procedimiento sancionador previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.

Artículo 101. Iniciación.

El procedimiento se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

Artículo 102. Medidas cautelares.

En el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o psíquica o para la libertad de las personas con discapacidad, el órgano que tenga atribuida la competencia, en la materia que se trate, podrá acordar como medida cautelar, y por razones de urgencia inaplazables, el cierre temporal del centro o establecimiento o la suspensión del servicio, hasta tanto se subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo.

Sección 3.ª Órganos competentes

Artículo 105. Autoridades competentes.

1. El órgano competente para iniciar el procedimiento será el órgano directivo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad.

2. El ejercicio de los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución sancionadora, corresponde al órgano directivo con rango de Subdirección General a que correspondan las funciones de impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad, que elevará propuesta de resolución al órgano competente para imponer la sanción.

3. Será órgano competente para imponer las sanciones previstas en el artículo 96:

a) El órgano con rango de Dirección General a que se hace referencia en el apartado 1, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.

b) La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves.

c) La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros.

Disposición adicional primera. Garantía del respeto al reparto de competencias constitucional y estatutariamente vigente.

Esta ley se aplicará sin perjuicio de las competencias exclusivas reconocidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional segunda. Tratamiento de la información.

En las actuaciones previstas en esta ley que tengan relación con la recogida y tratamiento de datos de carácter personal se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

Disposición adicional sexta. Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades.

Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las demás administraciones públicas, el Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborará cuatrienalmente un plan nacional de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades en los términos previstos en el artículo 11. El plan se presentará a las Cortes Generales para su conocimiento, y se les informará anualmente de su desarrollo y grado de cumplimiento.

Disposición adicional séptima. Infracciones y sanciones en el orden social.

Las infracciones y sanciones en el orden social en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad seguirán rigiéndose por el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Disposición adicional octava. Infracciones en materia de accesibilidad y ajustes razonables.

La aplicación de lo dispuesto en los artículos 81.3.b, 95.2.a, 95.3.e, 95.3.f, 95.3.g, 95.4.f y 95.4.g, en cuanto se derive del incumplimiento de las exigencias de accesibilidad o negativa a adoptar un ajuste razonable, quedará sujeta a lo dispuesto en los artículos 24, 25, 27, 28 y 29 y sus correspondientes desarrollos normativos.

Disposición adicional novena. Revisión de la cuantía de las sanciones.

Las cuantías de las sanciones establecidas en los artículos 83 y 96, podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno mediante real decreto, previo informe de las comunidades autónomas y del Consejo Nacional de la Discapacidad, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios de Consumo.

Disposición adicional undécima. Oficina de Atención a la Discapacidad.

Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurídico a la Oficina Permanente Especializada se entenderán realizadas a la Oficina de Atención a la Discapacidad.

Disposición adicional duodécima. Acceso a la nacionalidad española en condiciones de igualdad.

Las personas con discapacidad accederán en condiciones de igualdad a la nacionalidad española. Será nula cualquier norma que provoque la discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la nacionalidad por residencia por razón de su discapacidad. En los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, las personas con discapacidad que lo precisen dispondrán de los apoyos y de los ajustes razonables que permitan el ejercicio efectivo de esta garantía de igualdad.

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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2013-12632

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Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión.

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Celaá desmiente el cierre de centros de educación especial: “Esos centros son necesarios para el sistema”.

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La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha desmentido este lunes el cierre de los centros de educación especial. "Esos centros no se van a cerrar porque esos centros son necesarios para el sistema", ha explicado durante una entrevista en el programa de TVE La hora de La 1.

"Este proyecto de ley nace acompañado de mucha falsificación. Muchas fake news. Una de ellas ha sido esta. Otra ha sido el cierre de la concertada, una cuestión absolutamente falaz", afirma la ministra.

Asociaciones de la escuela concertada, privada y católica y las derechas han atacado la nueva ley de educación con bulos o medias verdades. En este sentido, uno de los bulos difundidos es que se van a cerrar los centros de educación especial, pero el proyecto de ley establece un plan de diez años para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

"La libertad de enseñanza está consagrada y contemplada en el artículo uno del proyecto de ley", ha defendido la ministra durante la entrevista, donde aconseja a los padres que "lean la disposición adicional cuarta, donde se dice que se va a proveer de recursos suficientes a los centros ordinarios". "Aquellos padres que quieren llevar a los niños con discapacidad a un centro ordinario, muchas veces no pueden. Y no pueden porque no existen los recursos".

Este bulo sobre los centros de educación especial también ha sido difundido por personajes públicos como el presentador y cantante Bertín Osborne a través de un vídeo. "No sé quién habrá sido el iluminado al que se le haya ocurrido hacer este cambio", criticaba Osborne. Alertaba de que "el cariño y los cuidados" que recibe un alumno en un centro de educación especial, en colegio ordinario se va a convertir "en bullying", pese a que es falso que se vayan a cerrar estos centros.

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Celaá desmiente el cierre de centros de educación especial: "Esos centros son necesarios para el sistema"

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La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha desmentido este lunes el cierre de los centros de educación especial. "Esos centros no se van a cerrar porque esos centros son necesarios para el sistema", ha explicado durante una entrevista en el programa de TVE La hora de La 1.

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Discapacidad intelectual: criterios médicos

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La discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria.

El término " retraso mental", utilizado anteriormente, ha adquirido un estigma social indeseable, por lo que los profesionales de la salud lo han reemplazado por el término " discapacidad intelectual ".

La discapacidad intelectual (DI) no es un trastorno médico específico, como lo son la neumonía o la faringitis, y tampoco es un trastorno de la salud mental. Las personas afectadas tienen un funcionamiento intelectual significativamente bajo, lo que suficientemente grave para limitar su capacidad para afrontar una o más actividades de la vida diaria (habilidades adaptativas) de tal manera que requieren ayuda permanente. Las habilidades adaptativas se pueden clasificar en varias áreas

Las personas con discapacidad intelectual presentan diferentes grados de deterioro que pueden ir desde de leves a profundos. Aunque el deterioro está causado fundamentalmente por el funcionamiento intelectual disminuido (que habitualmente se mide por medio de pruebas estandarizadas de inteligencia), el impacto sobre la vida de la persona depende más de la cantidad de apoyo que la persona requiere. Por ejemplo, una persona que solo presenta un leve deterioro según una prueba de inteligencia puede tener tan pocas habilidades de adaptación que requiera un amplio apoyo.

El Apoyo se clasifica como

Si nos basamos solo en las puntuaciones obtenidas en las pruebas de coeficiente intelectual (CI), cerca del 3% de la población total presenta discapacidad intelectual (un CI inferior a 70). Sin embargo, si la clasificación se basa en la necesidad de apoyo, solo alrededor del 1% de la población presenta discapacidad intelectual significativa.

Niveles de discapacidad intelectual

Valores de coeficiente intelectual (CI)

Capacidad intelectual en la edad preescolar (desde el nacimiento hasta los 6 años)

Habilidades adaptativas en la edad escolar (6 a 20 años)

Apoyo requerido en la edad adulta (21 años en adelante)

La discapacidad intelectual puede tener su origen en una amplia variedad de circunstancias médicas y ambientales. Algunas enfermedades son genéticas. Algunas están presentes antes o en el momento de la concepción, y otras se producen durante el embarazo, durante el parto o después del nacimiento. El factor común es que algo afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Incluso con los últimos avances en genética, en especial las técnicas de análisis de los cromosomas, a menudo no se puede identificar una causa específica de la discapacidad intelectual.

Algunas causas que pueden ocurrir antes de la concepción o durante ésta incluyen

Algunas causas que pueden producirse durante el embarazo son

Algunas causas que pueden producirse durante el nacimiento son

Algunas causas que pueden producirse después del nacimiento son

Algunos niños con discapacidad intelectual pueden presentar anomalías evidentes al nacer o poco después. Dichas anomalías pueden ser físicas o neurológicas, e incluyen características faciales inhabituales, tamaño de la cabeza muy grande o muy pequeño, malformaciones en las manos o en los pies y otras anomalías diversas. A veces estos niños tienen un aspecto normal pero presentan otros signos de enfermedad grave, como convulsiones, letargo, vómitos, olor anómalo de la orina y trastornos en la alimentación y en el crecimiento normal. Durante su primer año de vida, muchos niños con discapacidad intelectual más grave tienen un desarrollo motor tardío y son lentos para rodar sobre sí mismos, sentarse y levantarse.

Sin embargo, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual (DI) no presentan síntomas perceptibles hasta el periodo preescolar. Los síntomas se manifiestan a edad temprana en los más gravemente afectados. Por lo general, el primer problema que notan los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Los niños con discapacidad intelectual son lentos para usar palabras, unir palabras y hablar con frases completas. Su desarrollo social es a veces lento debido al deterioro cognitivo y a las deficiencias del lenguaje. Los niños con discapacidad intelectual pueden ser lentos para aprender a vestirse y a alimentarse por sí mismos. Algunos padres no consideran la posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño está en la escuela o en un centro preescolar y se demuestra una incapacidad para mantener las expectativas normales para su edad.

Los niños con discapacidad intelectual son más propensos que otros a tener problemas de comportamiento, como crisis explosivas, rabietas y comportamiento físicamente agresivo o autolesivo. Estas conductas se relacionan frecuentemente con situaciones frustrantes específicas, desencadenadas por la incapacidad de comunicarse y de controlar los impulsos. Los niños mayores, que suelen ser ingenuos y crédulos para su edad, son fácilmente víctimas de otros que se aprovechan de ellos o se dejan llevar a comportamientos y conductas improcedentes.

Entre el 20 y el 35% de las personas con deficiencia intelectual (DI) también presentan trastornos de la salud mental. Son frecuentes sobre todo la ansiedad y la depresión, especialmente en los niños que son conscientes de ser distintos de sus compañeros o que son acosados y maltratados debido a su discapacidad.

Se pueden realizar pruebas de cribado antes del nacimiento (cribado prenatal) para determinar si el feto presenta ciertas anomalías, incluyendo ciertos trastornos genéticos, que pueden causar discapacidad intelectual.

Desde el nacimiento, el crecimiento y desarrollo, incluyendo la capacidad cognitiva, se evalúan de forma rutinaria en las visitas de niño sano.

Cuando los médicos sospechan una discapacidad intelectual, los niños son evaluados por equipos de profesionales, incluyendo personal de intervención temprana o personal escolar, un médico de atención primaria, un neurólogo pediátrico o un pediatra del desarrollo, un psicólogo, un logopeda, un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta, un educador especial, un trabajador social o un profesional de la enfermería. Cuando existe sospecha de discapacidad intelectual, estos profesionales evalúan al niño mediante pruebas de funcionamiento intelectual y búsqueda de una causa.

Aunque la causa de la deficiencia intelectual del niño sea irreversible, la identificación del trastorno causante permite predecir la futura evolución del niño, evitar otras pérdidas de habilidades, planificar cualquier intervención que pueda aumentar el nivel de funcionamiento y asesorar a los padres por si existe riesgo de tener otro hijo con el mismo trastorno.

Durante el embarazo se realizan ciertas pruebas, como ecografía, amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas y diversos análisis de sangre, como el cribado cuádruple, con el fin de identificar enfermedades que a menudo dan lugar a una discapacidad intelectual. Frecuentemente se practica una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriónicas a las embarazadas de más de 35 años de edad porque presentan un riesgo elevado de tener un bebé con síndrome de Down; estas pruebas también se practican con frecuencia a las embarazadas con antecedentes familiares de trastornos metabólicos. La prueba cuádruple es una prueba que se realiza a la mayoría de las mujeres embarazadas. Se realiza para medir las concentraciones de cuatro sustancias en la sangre de una mujer. Los resultados de esta prueba ayudan a los médicos a evaluar si el feto presenta un riesgo mayor de sufrir ciertas afecciones, como síndrome de Down, trisomía 18 o defectos del tubo neural.

La medida de la concentración de alfafetoproteína en la sangre materna es una prueba de cribado eficaz para la previsión de las anomalías congénitas del tubo neural, el síndrome de Down y otras alteraciones. El cribado prenatal no invasiva (NIPS) detecta pequeñas cantidades de ADN del feto en la sangre de la madre y lo utilizan para diagnosticar trastornos genéticos en el feto, como la trisomía 21 (síndrome de Down), la trisomía 13 o la trisomía 18 y algunos otros trastornos cromosómicos.

Dado que los padres no siempre se aperciben de los problemas de desarrollo leves, los médicos realizan de forma sistemática pruebas de cribado del desarrollo durante las revisiones pediátricas de rutina. Para ello se utilizan cuestionarios sencillos que deben cumplimentar los padres, o inventarios de los hitos característicos del desarrollo infantil para evaluar de forma rápida las habilidades cognitivas, verbales y motoras del niño. Los padres han de ayudar al médico a determinar el nivel de funcionamiento del niño completando una prueba de evaluación de su estado evolutivo. A los niños que, en estas pruebas de cribado, muestran un nivel bajo para su edad, se les aplican otras pruebas más formales y específicas.

La prueba formal consta de tres partes:

Entrevistas con los padres

Cuestionarios en los que se compara el rendimiento del niño con el obtenido por muchos otros niños de la misma edad

Algunas pruebas, como el test de inteligencia de Stanford-Binet y la Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV (test de WISC-IV, por sus siglas en inglés), se realizan para la capacidad intelectual. Otras, como las Escalas de conductas adaptativas de Vineland, se realizan para valorar áreas tales como la comunicación, las habilidades de la vida diaria y las destrezas sociales y motrices. En general, estas pruebas formales comparan con precisión las habilidades intelectuales y sociales de un niño con el segmento de población de su misma edad (llamadas pruebas normativas). Sin embargo, los niños con un origen cultural diferente, los que proceden de familias que no hablan el idioma del país y los que tienen una posición socioeconómica muy baja son más propensos a obtener un resultado bajo en estas pruebas. Por esta razón, el diagnóstico de discapacidad intelectual requiere que el médico integre los datos de la prueba con la información obtenida de los padres y con una observación directa del niño. Un diagnóstico de discapacidad intelectual es oportuno solo en los casos en que tanto la capacidad intelectual como la adaptativa están significativamente por debajo del promedio.

Los recién nacidos con anomalías físicas u otros síntomas sugestivos de una afección asociada a discapacidad intelectual a menudo necesitan ciertas pruebas.

Se realizan pruebas de diagnóstico por la imagen, como la resonancia magnética nuclear (RMN), para detectar problemas estructurales en el cerebro. El electroencefalograma (EEG), que registra la actividad eléctrica del encéfalo, se usa para valorar la posibilidad de convulsiones en el niño. Las radiografías óseas también pueden ayudar a descartar las posibles causas de la discapacidad intelectual.

Las pruebas genéticas, como el análisis de micromatrices cromosómicas, pueden ayudar a identificar trastornos. Los médicos recomiendan pruebas genéticas a las personas que tienen un miembro de la familia u otro hijo con un trastorno hereditario conocido, especialmente los relacionados con la discapacidad intelectual, como la fenilcetonuria, la enfermedad de Tay-Sachs o el síndrome del cromosoma X frágil. La identificación de un gen asociado a un trastorno hereditario permite a los consejeros genéticos ayudar a los padres a comprender el riesgo de tener un hijo afectado.

Se realizan otros análisis de orina y de sangre dependiendo de cuál sea la causa que sospechan los médicos.

Algunos niños con retraso en el aprendizaje del lenguaje y en el dominio de las habilidades sociales tienen enfermedades diferentes de la discapacidad intelectual. Por lo general, se lleva a cabo una evaluación auditiva, ya que los problemas de audición afectan al desarrollo social y del lenguaje.

Los problemas emocionales y los trastornos del aprendizaje también se confunden con la discapacidad intelectual. Los niños que han sido gravemente privados de cariño y de atención (ver Introducción al maltrato y negligencia infantil) durante largos periodos de tiempo puede parecer que sufren discapacidad intelectual. Un niño que tarda en sentarse y en caminar (habilidad motriz gruesa) o en manipular objetos (habilidad motriz fina) puede sufrir un trastorno neurológico no asociado con la discapacidad intelectual (DI).

Una persona con discapacidad intelectual leve tiene una esperanza de vida relativamente normal, y la atención sanitaria está mejorando los pronósticos de salud a largo plazo para las personas con todo tipo de discapacidades intelectuales. Muchas personas con discapacidad intelectual atienden a su cuidado personal, hacen vida independiente y pueden ser empleados con éxito en trabajos que cuentan con el apoyo adecuado.

Dado que la discapacidad intelectual coexiste en ocasiones con graves problemas orgánicos, la esperanza de vida de estas personas suele verse disminuida, según el problema de que se trate. Las personas con discapacidad intelectual más grave suelen necesitar apoyo vitalicio. En general, cuanto más grave es la discapacidad cognitiva y cuantos más problemas orgánicos tenga la persona, menor es su esperanza de vida.

Los trastornos del espectro alcohólico fetal constituyen una causa muy frecuente y totalmente evitable de discapacidad intelectual. March of Dimes Muchas asociaciones se ocupan de la prevención de este efecto y orientan muchos de sus esfuerzos a alertar a las mujeres de las graves consecuencias de consumir alcohol durante el embarazo.

Las mujeres que planean quedarse embarazadas deben recibir las vacunaciones necesarias, especialmente contra la rubéola. Las que son vulnerables a trastornos infecciosos que pueden ser perjudiciales para el feto, como la rubéola y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), deben hacerse pruebas antes de quedarse embarazadas.

El cuidado prenatal adecuado reduce el riesgo de tener un hijo con discapacidad intelectual (DI). El consumo de un suplemento vitamínico denominado ácido fólico antes de la concepción y al comienzo del embarazo, ayuda a evitar ciertos tipos de anomalías cerebrales, especialmente los defectos del tubo neural.

Los avances en los trabajos de parto y en el alumbramiento, así como en los cuidados de los prematuros, han ayudado a reducir el índice de discapacidad intelectual relacionado con el parto prematuro.

Durante el embarazo se pueden tratar algunas enfermedades, como la hidrocefalia y la incompatibilidad de Rh grave. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades no tienen tratamiento, y la identificación precoz sirve solo para preparar a los padres y permitirles que consideren la opción del aborto.

La mejor atención para un niño con discapacidad intelectual es la que proporciona un equipo multidisciplinario compuesto por:

Otros profesionales también pueden formar parte del equipo si es necesario. Junto con la familia, estas personas desarrollan un programa amplio e individualizado para el niño, que debe comenzar tan pronto como se sospeche el diagnóstico de discapacidad intelectual. Los padres y los hermanos del niño también necesitan apoyo emocional y, en ocasiones, orientación. Toda la familia debe ser una parte íntegra del programa.

Hay que tener en consideración el conjunto global de aspectos débiles y fuertes de la persona para determinar el tipo de apoyo necesario. Deben tenerse en cuenta todos los factores relativos a la discapacidad física, problemas de personalidad, enfermedad mental y habilidades interpersonales. Los personas con discapacidad intelectual y afectadas por problemas de salud mental concomitantes, como depresión, han de recibir medicación apropiada en dosis similares a las administradas a personas sin discapacidad intelectual. De todos modos, administrar medicamentos a estos niños sin proporcionarles terapia conductual y sin realizar cambios en su entorno no suele ser eficaz.

Todos los niños con deficiencia intelectual sacan provecho de la educación especial. El Acta Federal para la Educación de Personas con Discapacidades [ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] establece que los niños y adolescentes con discapacidad intelectual u otros trastornos del desarrollo tienen derecho a una educación gratuita y apropiada impartida en las escuelas públicas. La educación debe impartirse de la forma menos restrictiva posible y en ambientes no excluyentes, es decir, donde los niños tienen la oportunidad de interaccionar con compañeros no discapacitados, con igual acceso a los recursos de la comunidad. La Americans with Disability Act (Ley para los estadounidenses con discapacidad) y la Section 504 of the Rehabilitation Act (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación) también proporcionan alojamiento en escuelas y otros lugares públicos.

Generalmente, para el niño con discapacidad intelectual es mejor vivir en su hogar. Sin embargo, algunas familias no pueden proporcionar cuidados en el hogar, especialmente a los niños con discapacidades graves y complejas o con problemas de comportamiento. Esta decisión es difícil y requiere ser tratada a fondo por la familia y el equipo profesional de asistencia. La familia puede necesitar apoyo psicológico. Los trabajadores sociales pueden organizar servicios para ayudar a la familia. Los cuidados y la ayuda pueden ser proporcionados por centros de atención diaria (guarderías), por las personas que conviven en el hogar, por los cuidadores del niño y por centros de atención alternativos (como los centros de respiro familiar). La mayoría de los adultos con discapacidad intelectual viven en residencias que suministran los servicios apropiados a las necesidades individuales, así como la oportunidad de realizar actividades de trabajo y recreativas.

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individuals with disabilities education act

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escalas de conductas adaptativas de vineland

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Discapacidad intelectual - Salud infantil - Manual MSD versión para público general

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La discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa limitaciones para llevar a cabo las actividades normales de la vida diaria.

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Discapacidad mental y salud mental. Guía práctica

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Discapacidad mental y salud mental. Guía práctica

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Guía de orientación laboral para familias

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Guía de orientación laboral para familias

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UNIR Revista

Desde UNIR proponemos diferentes actividades para trabajar la discapacidad en el aula para todos aquellos docentes de Educación Especial que necesiten inspiración.

El aprendizaje es un proceso en el que no todos los niños y niñas siguen el mismo ritmo. Una de las responsabilidades de los profesores es detectar posibles necesidades educativas, derivadas de condiciones personales especiales o de distintos tipos de discapacidad, para asegurarse de que sus alumnos progresan y se sienten integrados en su aula. Desde UNIR proponemos diferentes actividades para trabajar la discapacidad en el aula para todos aquellos docentes de Educación Especial que necesiten inspiración.

Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) requieren un conjunto de medidas pedagógicas para compensar las barreras que encuentran en su aprendizaje. Estas medidas pueden ser temporales o permanentes, en función de las necesidades de cada alumno, y pueden consistir en adaptaciones curriculares individualizadas o en la adaptación de materiales y del entorno para facilitar el aprendizaje.

Los docentes deberán trabajar e implementar las medidas oportunas para garantizar la integración de todos los niños con necesidades especiales en el grupo al que pertenecen, independientemente del grado de discapacidad . Se trata de una cuestión de relevancia en la que se tendrá en cuenta el ciclo educativo (Infantil, Primaria o Secundaria). En general, los docentes y pedagogos diseñarán y pondrán en práctica una serie de actividades y juegos destinados al estímulo intelectual y de la motricidad, desarrollo de la comunicación y de las competencias emocionales.

Cómo trabajar la discapacidad en el aula

Los juegos y las actividades individuales y grupales serán una herramienta clave para el trabajo de la discapacidad en el aula. Estos son algunos ejemplos:

Educación infantil (de 0 a 6 años)

Canciones y juegos que trabajen la motricidad o las emociones. Indicados para que los más pequeños desarrollen la coordinación, los vínculos con los adultos y aprendan tareas cotidianas, como vestirse, bañarse o ponerse el babi.

Juegos para el refuerzo de vocabulario. Pueden utilizarse tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de palabras o herramientas multimedia para facilitar el aprendizaje de palabras y favorecer la inclusión incluyendo su traducción al lenguaje de signos y braille. El Pequeabecedario es un software orientado a esto y está disponible tanto para dispositivos Android como iOS .

Educación Primaria (de 6 a 12 años)

Enseñanza y utilización de un diccionario bimodal que facilite la relación y aprendizaje de niños con dificultades en el lenguaje oral. Un ejemplo es este diccionario o la web pictotradraductor.com .

Herramientas multimedia que permitan a los niños y niñas -con o sin discapacidad auditiva, visual o cognitiva- entender el mundo de la informática. Un ejemplo es la aplicación Pequén Lee Todo .

Educación Secundaria (de 12 a 18 años)

Talleres y juegos para el aprendizaje del lenguaje de signos. Aborda las necesidades de las personas con discapacidad auditiva y/o del habla y permite al grupo aprender las herramientas para comunicarse en cualquier circunstancia.

Proyección de vídeos y dinámicas de grupo para aprender a relacionarse con personas con trastornos del espectro autista -como el Síndrome de Asperger -. También pueden utilizarse estas herramientas para trabajar en el refuerzo de la confianza y capacidades de los alumnos.

Los docentes de Educación Especial y aquellos que deseen profundizar en esta materia encontrarán información de gran utilidad en la Guía de Atención a la diversidad de Proyecto EDIA, que cuenta con recursos educativos abiertos con experiencias, conocimientos y fuentes de referencia para la atención a la diversidad en el aula. Si deseas especializarte en este ámbito, infórmate sobre nuestro Máster Universitario en Educación Especial .

En la actualidad, la transformación digital en educación ha pasado de ser una necesidad para convertirse en una urgencia.

¿Sabes qué oposiciones para informáticos existen en España? En UNIR abordamos a qué puestos públicos pueden optar los titulados en informática.

Los trastornos en el desarrollo infantil pueden ocasionar situaciones de ansiedad en quien lo padece y su familia que requieran aplicar la psicoeducación.

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Actividades para trabajar la discapacidad en el aula | UNIR

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UNIR Revista El aprendizaje es un proceso en el que no todos los niños y niñas siguen el mismo ritmo. Una de las responsabilidades de los profesores es detectar posibles necesidades educativas, derivadas de condiciones personales especiales o de distintos tipos de discapacidad, para asegurarse de que sus alumnos progresan y se sienten integrados en su aula.

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Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación

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Desde ARASAAC nos gustaría agradecer tanto a Carmen Basil como a Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) su colaboración en la redacción de este apartado de nuestro sitio web.

¿Qué son los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC)?

La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con los demás, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedad y hoy en día, gracias a estos sistemas, no deben verse frenados a causa de las dificultades en el lenguaje oral. Por esta razón, todas las personas, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, que por cualquier causa no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, necesitan usar un SAAC.

Entre las causas que pueden hacer necesario el uso de un SAAC encontramos la parálisis cerebral (PC), la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista (TEA), las enfermedades neurológicas tales como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la esclerosis múltiple (EM) o el párkinson, las distrofias musculares, los traumatismos cráneo-encefálicos, las afasias o las pluridiscapacidades de tipologías diversas, entre muchas otras.

¿Qué recursos se utilizan?

La Comunicación Aumentativa y Alternativa incluye diversos sistemas de símbolos , tanto gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras) como gestuales (mímica, gestos o signos manuales) y, en el caso de los primeros, requiere también el uso de productos de apoyo . Los diversos sistemas de símbolos se adaptan a las necesidades de personas con edades y habilidades motrices, cognitivas y lingüísticas muy dispares.

Sistemas de símbolos

En líneas anteriores hemos dividido los sistemas de símbolos para la CAA en gestuales y gráficos. En ambos casos encontramos una gradación desde sistemas muy sencillos, que se adaptan a personas con déficits cognitivos y lingüísticos de diversa consideración, hasta sistemas complejos que permiten niveles avanzados de lenguaje signado (basado en signos manuales) o asistido (basado en signos gráficos).

Productos de apoyo para la comunicación

Podemos dividir los productos de apoyo para la comunicación en básicos y tecnológicos. Los tableros de comunicación son productos de apoyo básicos que consisten en superficies de materiales diversos en las que se disponen los símbolos gráficos para la comunicación (fotografías, pictogramas, letras, palabras y/o frases) que la persona indicará para comunicarse. Cuando los símbolos se distribuyen en varias páginas hablamos de libros de comunicación .

Las versiones para Plaphoons con pictogramas ARASAAC en castellano y en catalán son de acceso libre y gratuito. El resto de versiones son también de libre acceso pero requieren disponer de los programas y/o sistemas de símbolos comerciales correspondientes.

Los productos de apoyo para la comunicación

Para indicar los símbolos gráficos en los comunicadores, tableros y libros de comunicación existen cinco estrategias fundamentales, a saber:

Selección directa : consiste en señalar o pulsar las teclas directamente, con el dedo, con la mirada o con otras partes del cuerpo, para indicar los pictogramas, palabras o letras que se quieren comunicar. Los punteros de distinto tipo son ejemplos de productos de apoyo que puede facilitar la selección o acceso directo.

Selección con ratón : solamente para productos electrónicos, consiste en acceder con un ratón a teclados o cuadrículas con símbolos para la comunicación en pantalla. Se puede usar una gran variedad de ratones adaptados, en forma de joystick, trackball, así como el ratón facial (controlado con movimientos de la cabeza), el ratón controlado con la mirada o el multimouse, consistente en cinco teclas o conmutadores.

Exploración o barrido dependiente : solamente en tableros o libros, consiste en que el interlocutor vaya señalando, uno en uno o por grupos, filas y columnas, los símbolos o letras a comunicar, hasta que el hablante asistido indique con un gesto que se ha dado con el que quería comunicar.

Exploración o barrido independiente : solamente para productos electrónicos, en este caso es el comunicador u ordenador el que presenta las diferentes opciones a comunicar hasta que el hablante asistido selecciona la que le conviene pulsando un conmutador. Existen muchos tipos de conmutadores que se pueden activar con diferentes partes del cuerpo.

Selección codificada : en este caso cada símbolo o letra tiene un código, por ejemplo un número de dos o tres cifras o un color y un número, de manera que el hablante asistido indica de forma directa o por barrido este código para transmitir el símbolo o letra. De esta forma con pocas teclas o casillas puede acceder a un gran número de símbolos.

Gracias a las diferentes estrategias y productos de apoyo para el acceso, por muy restringida que se encuentre la movilidad de una persona, casi siempre es posible encontrar una solución para que pueda acceder a la comunicación, así como a otras actividades, tales como la movilidad asistida, el control del entorno o el acceso al ordenador para la escritura, el dibujo, el juego o la comunicación a través de la red.

¿Cómo podemos fomentar el éxito de la intervención con SAAC?

Los sistemas y productos de apoyo para la CAA son solamente un medio o una condición necesaria para que la persona con discapacidad del habla pueda comunicarse, desarrollar sus capacidades y participar en el mundo que la rodea, pero no resultan nunca suficientes. Lo verdaderamente importante es el proceso de educación, habilitación y asesoramiento que debe acompañarlos.

La habilitación y la deben dirigirse tanto a la persona como a su entorno, incluyendo todos los contextos en los que participa o desea participar, así como todas las personas significativas de estos contextos, incluyendo profesionales y, sobre todo, familiares, compañeros y amigos. Esta enseñanza debe llevarse a cabo en entornos educativos y terapéuticos pero también en entornos naturales, en un enfoque de 24 horas que garantice que la persona se verá inmersa en un buen ambiente de lenguaje, rodeada de interlocutores sensibles y competentes, e implicada en actividades interesantes y enriquecedoras.

Para fomentar el éxito de la intervención con SAAC lo más importante es conseguir que la persona con discapacidad de habla tenga cosas interesantes para comunicar a los demás, sepa cómo hacerlo y cuente con interlocutores que quieran escucharle y sepan entenderle. Este objetivo no debe dejarse en manos del azar sino que se debe conseguir a través del esfuerzo y el acierto de profesionales competentes, apoyados por una sociedad cada vez más concienciada y libre de prejuicios.

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Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (AAC) tienen como objetivo aumentar o compensar las dificultades de comunicación y del lenguaje de las personas con discapacidad.

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Plena Inclusión 915 567 413

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La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares.

La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades, y por ello, su discapacidad parecerá menor.

A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse.

La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia.

Es importante señalar que:

La discapacidad intelectual no es una enfermedad mental.

Las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas como el resto.

Cada una de estas personas tienen capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares. Como cualquiera de nosotros.

Todas las personas con discapacidad intelectual tienen posibilidad de progresar si le damos los apoyos adecuados.

Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual. Algunos se originan antes de que un bebé nazca, otros durante el parto y otros a causa de una enfermedad grave en la infancia. Pero siempre antes de los 18 años.

En España hay casi 300.000 personas con discapacidad intelectual.

Existen personas con discapacidad grave y múltiple (limitaciones muy importantes y presencia de más de una discapacidad) que necesitan apoyo todo el tiempo en muchos aspectos de sus vidas: para comer, beber, asearse, peinarse, vestirse, etc.

Sin embargo una buena parte de las personas con discapacidad intelectual tiene gran autonomía, y no necesita muchos apoyos para llevar una vida normal.

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La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno.

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Se trata de un centro integral para la atención de adultos con discapacidad intelectual que dispone de un total de 76 plazas; de atención residencial con atención diurna para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, de atención en Centro de Día para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y de atención en Centro ocupacional, de formación, oportunidades e inserción laboral.

El centro de atención a personas con discapacidad intelectual Majadahonda de la Comunidad de Madrid, y gestionado por DomusVi, se encuentra en la localidad madrileña, en un barrio residencial, con fácil acceso por carretera y transporte público, y cercano a todos los servicios, para que los residentes sigan conectados con el entorno y puedan recibir la visita de sus familiares.

Partiendo de un modelo de atención centrada en la persona, el Centro se concibe como un recurso de atención especializada abierto a la comunidad, cuya finalidad fundamental es contribuir a la mejora del bienestar subjetivo y la calidad de vida de cada persona, desde la escucha de sus intereses y demandas y promoviendo la autodeterminación y la vida independiente.

La organización para la prestación del servicio se articula a través de los Planes de Apoyo Individualizados (PAI) de cada persona usuaria. Los objetivos son promover la participación social y laboral de las personas con discapacidad por medio de la gestión y apoyo en oportunidades significativas; transmitir al entorno sociofamiliar y laboral el potencial de las personas con discapacidad intelectual como miembros activos de la sociedad; fomentar el establecimiento y/o mantenimiento de vínculos sociales de las personas usuarias con personas allegadas

Accesos: Autobuses 561, 563, 651, 658, 658 y 627.
Por carretera desde Madrid, A-6 salida 18.

40 plazas residenciales con atención diurna para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. Disponibles plazas de atención en Centro de Día para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y plazas de atención en Centro ocupacional.

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Centro de atención a personas con discapacidad intelectual Majadahonda - Residencias DomusVi

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Se trata de un centro integral para la atención de adultos con discapacidad intelectual que dispone de un total de 76 plazas; de atención residencial con atención diurna para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, de atención en Centro de Día para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y de atención en Centro [...]

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Estudio de competencias en función de los perfiles profesionales desarrollados por trabajadores con discapacidad intelectual
José Manuel Araque
Coordinador de ECA, Zona Noreste
Begoña Escobar
Fundación Síndrome de Down de Madrid
La complejidad de la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual justifica la necesidad de planificar un conjunto de acciones formativas centradas principalmente en las habilidades y competencias pre-laborales. Para acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario son necesarias una preparación y formación adecuadas que permitan al trabajador con discapacidad adquirir las estrategias, habilidades y competencias personales y profesionales necesarias para responder a este nuevo entorno.

La incorporación al mercado de trabajo ya no sólo valora la posesión de un título académico. Son otro tipo de competencias, las llamadas competencias transversales, las que ayudarán al trabajador a desarrollar de manera más eficaz su actividad socio - laboral.

Partiendo de esta base, nuestro estudio pone de manifiesto que la discapacidad no es un obstáculo para adquirir determinadas habilidades sociolaborales y, en los casos en los que exista una interferencia negativa, es posible superarla potenciando otras complementarias que facilitarán a las personas con discapacidad intelectual el acceso al mercado ordinario de trabajo.

Integrarse en un puesto de trabajo que les prevenga de la exclusión social requiere, por tanto, de un proyecto que apueste por las capacidades y potencialidades del sujeto a través de sistemas metodológicos y didácticos que han demostrado ser eficaces en la intervención con sujetos con necesidades educativas, y que favorecen el desarrollo de aprendizajes, habilidades y destrezas que mejoren su "perfil de empleabilidad".

Por ello, y con el fin de detectar de forma exhaustiva cuáles son las necesidades formativas de nuestros usuarios, hemos realizado un estudio cualitativo sobre los perfiles profesionales desarrollados por los trabajadores con discapacidad intelectual con objeto de extraer las competencias básicas o más significativas que son necesarias, tanto para el proceso formativo previo, como para desempeñar con éxito un puesto de trabajo en la empresa ordinaria.

El estudio que aquí presentamos es fruto de un trabajo iniciado hace ya 13 años en la Fundación Síndrome de Down de Madrid a través del Proyecto Stela y del Proyecto ECA de la Zona Noreste, subvencionado por la Comunidad de Madrid, desde donde se llevaron a cabo las inserciones sociolaborales en entornos normalizados.

Para realizar este estudio analizamos más de 130 puestos de trabajo con sus correspondientes perfiles profesionales (auxiliar de oficina, reponedor, mozo de almacén, manipulador de alimentos, etc.) y hemos extraído aquellas competencias comunes a todos ellos (competencias cognitivas, funcionales, sociales y actitudinales) que marcarán y orientarán el proceso previo a la inserción laboral y nos permitirán diseñar de forma más adecuada los planes de entrenamiento laboral. Los perfiles profesionales se han seleccionado, bien por su frecuencia dentro de la Comunidad de Madrid, bien por su novedad ya que pueden convertirse en nuevos yacimientos de empleo para los trabajadores con discapacidad intelectual.

Uno de los perfiles profesionales más demandados desde los Servicios de Inserción Laboral de la Fundación Síndrome de Down de Madrid es el de Auxiliar de Oficina (incluimos en este perfil el de "Ordenanza" y "Bedel") ocupando un 42% del total de inserciones realizadas.

Los puestos de trabajo de Auxiliar de Oficina suelen ser perfiles muy variados en tareas y muy flexibles, es decir, frecuentemente son puestos difíciles de estructurar y con poca supervisión por parte de la empresa, por lo que va a requerir que el trabajador desarrolle competencias muy variadas. Generalmente, para desempeñar este tipo de trabajos se requiere el desarrollo de competencias elevadas a nivel cognitivo. Se hace imprescindible la capacidad para adaptarse a los cambios ya que se trata de puestos de trabajo flexibles, buena capacidad para clasificar, un alto nivel de lectoescritura e incluso una elevada capacidad numérica. Asimismo, se hace necesaria la adquisición por parte del trabajador de unas buenas habilidades sociales ya que muchas de las tareas se realizan en equipo y suele haber mucho contacto con clientes o con los propios compañeros de trabajo. Además, al tratarse de un puesto de trabajo con poca supervisión resulta imprescindible que el trabajador tenga suficiente control de su conducta, adecuada capacidad para resolver problemas y, en definitiva, seguridad y autonomía para desempeñar su trabajo.

Es importante tener en cuenta que, con el paso de los años, el mercado laboral está siendo cada vez más competitivo y complejo por lo que el nivel de exigencia para nuestros trabajadores también va siendo cada vez más elevado.

Lo mismo ocurre con los trabajadores que actualmente están empleados como Auxiliares de Comercio (Reponedores / Vendedores), ocupando el 21% de las inserciones realizadas en los Servicios de Inserción Laboral de nuestra Fundación.

Son perfiles en los cuales las personas con discapacidad intelectual tienen que poner en práctica muchas de sus competencias cognitivas, además de poseer un buen repertorio de habilidades sociales por tratarse de un puesto donde el contacto con el cliente es muy frecuente.

Ambos perfiles profesionales nos han otorgado, desde un primer momento, dar una respuesta a las demandas de las familias y usuarios ya que nos han permitido realizar una mayor adaptación de sus tareas y funciones.

Además, desde los Servicios de Inserción Laboral se han ido analizando un amplio rango de perfiles profesionales que den respuesta a los diferentes grados de "empleabilidad" de los adultos/trabajadores de la Fundación, buscando puestos de trabajo que se adapten a sus distintas necesidades de apoyo y les proporcione un desarrollo profesional adaptado a sus características. De esta manera, y con el paso de los años, son varios los perfiles profesionales en los que hemos ido incorporando a nuestros trabajadores obteniendo un nivel de satisfacción muy alto por parte de las empresas, las familias y los trabajadores.

Hablamos de perfiles profesionales como Auxiliar de Office / Tienda (7%), Mozo de Almacén (8%), Operario de Limpieza (5%), Manipulador de Alimentos, Ayudante de producto terminado de Pastelería y Auxiliar de Cocina / Pinche (3%), por último, Peón de Lavandería, Auxiliar de Laboratorio, Personal de Vestuario y Ballet (1%), siendo estos últimos perfiles profesionales futuros yacimientos de trabajo para los usuarios de nuestros servicios.

En los cuadros siguientes, se recogen las tareas específicas de los diferentes perfiles que presentamos, así como las competencias cognitivas, funcionales y de actitud que requieren de acuerdo con los niveles bajo (B), medio (M) y Alto (A).

Para poder establecer un criterio significativo de los resultados obtenidos, haremos especial énfasis en aquellos ítems que con independencia del puesto, se dan con mayor frecuencia y, por tanto, han obteniendo una puntuación mayor (Tabla 1).

Para poder establecer un criterio significativo de los resultados obtenidos, haremos especial énfasis en aquellos ítems que con independencia del puesto, se dan con mayor frecuencia y, por tanto, han obteniendo una puntuación mayor (Tabla 1).

Tal y como mencionamos anteriormente, a la hora de formar al futuro trabajador con discapacidad intelectual, debemos prestar especial atención a sus competencias básicas ya que nos guiarán no sólo en el entrenamiento in situ en el puesto de trabajo sino en las fases de orientación, evaluación y formación previa.

Dentro de las competencias cognitivas, podemos destacar por su alta puntuación la necesidad de ejercitar en los trabajadores la atención selectiva (8), o la capacidad para centrar voluntariamente la atención sobre un estímulo concreto y procesar la información omitiendo los estímulos irrelevantes (p.e.: discriminar para un reponedor 30 marcas de yogures diferentes o para un auxiliar de oficina trabajar con un archivo numérico y/o alfabético).

Asimismo, se hace imprescindible trabajar la atención sostenida (7) o capacidad de mantener la atención en una tarea y poder desempeñarla por un periodo de tiempo prolongado, sobre todo para aquellos puestos rutinarios y mecánicos que por sus características requieren un alto nivel de concentración y resistencia a la fatiga ante tareas repetitivas (p.e.: puesto de manipulados en fábricas y centros de producción).

La detección de errores (7) se convierte en una de las competencias fundamentales y comunes a todos los perfiles profesionales, ya que si es importante que los trabajadores adquieran las habilidades necesarias para desempeñar sus tareas, también se hace indispensable desarrollar estrategias que les permitan detectar los errores cometidos y poder así evaluar la calidad de su ejecución.

De igual modo, cobra especial importancia la comprensión de instrucciones verbales (7) ya que nuestros trabajadores ejecutarán adecuadamente las tareas en la medida en que interioricen dichas consignas y las conviertan en autoinstrucciones que guíen planificadamente dichas tareas.

Por otro lado, el potencial de aprendizaje (8) se configura como una competencia esencial para seguir adquiriendo nuevos conocimentos fundamentales para desempeñar un trabajo en un entorno ordinario, más complejo y exigente que los entornos protegidos a los que las personas con discapacidad suelen estar habituados. Además, deben poner en práctica la aplicación de estrategias (7) adquiridas durante la fase de formación y la fase de entrenamiento en el puesto de trabajo ya que favorecerán la sistematización y ejecución adecuada de sus tareas.

Finalmente, dentro de los aspectos cognitivos, la capacidad numérica (7) y espacial (8) pone de manifiesto que un buen entrenamiento en dichos componentes facilitará la adquisición, adaptación y mantenimiento de diversos puestos de trabajo.

En relación a las competencias funcionales cabe destacar la motricidad gruesa (10) y la fuerza (9), sobre todo para aquellos perfiles como; reponedor, mozo de almacén, auxiliar de office/tienda, operario de limpieza y auxiliar de pastelería, siendo unos de los indicadores significativos para realizar la compatibilidad entre el puesto de trabajo y la selección del candidato.

El ritmo y la flexibilidad (10), la capacidad para sistematizar las tareas (8) y la resistencia ante tareas repetitivas (8), son competencias básicas y necesarias para acceder a puestos de trabajo tanto de carácter cognitivo como manipulativo. Poder establecer un orden, secuenciar las tareas, mantener un ritmo de trabajo adecuado y estructurar la jornada laboral serán para el trabajador indicadores fundamentales para conseguir la adaptación al puesto de trabajo con independencia del perfil profesional.

Por último, la calidad y la limpieza (10) resultan vitales ya que gran parte de nuestros puestos se desarrollan en el sector servicios donde el contacto con el cliente es muy directo y la calidad del producto imprescindible.

Para finalizar, cabe hacer referencia a las competencias sociales y actitudinales siendo claros predictores del éxito del trabajador en el puesto de trabajo. La experiencia pone de manifiesto que no es suficiente con que el trabajador posea unas buenas habilidades cognitivas y funcionales; es preciso que desarrolle un adecuado repertorio de habilidades sociales así como una actitud positiva ante el trabajo.

Dado que generalmente las personas con discapacidad intelectual realizan trabajos de carácter auxiliar, por lo que dependen de las instrucciones que reciban de sus compañeros, jefes o supervisores para ejecutar de forma adecuada sus tareas, la relación con los profesionales (9) adquiere un importante papel para una integración socio - laboral satisfactoria.

La actitud ante el error (11) y la aceptación de críticas (11) facilitará o interferirá su proceso de aprendizaje. Si el trabajador atribuye sus errores a causas externas (compañeros, jefes, el azar, etc.) no se responsabilizará de los mismos y no hará el esfuerzo por mejorar y modificar una situación laboral que a largo plazo se hará insostenible con la consecuente pérdida del puesto de trabajo.

Por otro lado, el grado de seguridad y autonomía (9) que alcance el trabajador en la ejecución de sus tareas será valorado por parte de sus compañeros como un indicador de independencia y eficacia en el desempeño de su puesto de trabajo.

Para finalizar, es preciso destacar la importancia de trabajar previamente la aceptación de la autoridad (11) ya que nuestros trabajadores tendrán jefes y supervisores directos que tratarán de enseñarles y mediarán en la ejecución de sus tareas y, en ocasiones, les indicarán aspectos que deben modificar o ser realizados con mayor calidad.

En general, y al margen de las competencias específicas que cada puesto requiera, existe un repertorio de habilidades básicas que deben ser entrenadas prioritariamente y, por ello, incorporarse en los planes formativos previos a cualquier integración laboral.

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Tipos de trabajos para las personas con discapacidad intelectual

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Estudio de competencias en función de los perfiles profesionales desarrollados por trabajadores con discapacidad intelectual José Manuel Araque Coordinador de ECA, Zona Noreste Begoña Escobar Fundación Síndrome de Down de Madrid La complejidad de la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual justifica la necesidad de planificar un conjunto de acciones formativas centradas principalmente en las habilidades y competencias pre-laborales.

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Antares nació el día 6 de abril de 1999 en la zona norte de Madrid, por iniciativa de un grupo de padres y madres con hijo/as con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo.

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Comité Español de Personas con discapacidad

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Comité Español de Personas con discapacidad

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Organos de gobierno, cargos sociales y equipo humano

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Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad

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Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

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Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

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COCEMFE lamenta profundamente el fallecimiento de Encarni Rodríguez, secretaria de Mujer e Igualdad de COCEMFE, quien ha fallecido este jueves tras 34 años de lucha en favor del reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad física y orgánica.

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COCEMFE - Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

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COCEMFE es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad.

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Ángeles Blanco, responsable de derechos y asesoría jurídica de Confederación ASPACE, abordará la regulación del Ingreso Mínimo Vital y su incidencia práctica en las personas con parálisis cerebral.

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Ángeles Blanco, responsable de derechos y asesoría jurídica de Confederación ASPACE, abordará la regulación del Ingreso Mínimo Vital y su incidencia práctica en las personas con parálisis cerebral.

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La Confederación SALUD MENTAL España nace en 1983 para la adopción de todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida.

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Muchas veces la discapacidad intelectual va acompañada de enfermedades raras

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Detalles

Categoría: Feder, Últimas Noticias

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) a través de la Delegación de la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) ha participado en un Consejo Informal de Ministros de Salud celebrado los días 20 y 21 en Malta, que preside actualmente el Consejo de la Unión Europea.

A través de este Consejo, FEDER ha tenido la oportunidad de representar al colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes y transmitir así sus prioridades en materia de enfermedades raras. Prioridades que se han centrado en tres ejes centrales: "actualizar las recomendaciones orientadas a asesorar a los Estados Miembros y a la Comisión Europea sobre el abordaje de las ER, considerar las Redes Europeas de Referencia como una herramienta para las rutas de derivación y buscar fórmulas colaborativas que permitan integrar la investigación en enfermedades poco frecuentes dentro de la estructura de estas redes" explica Alba Ancochea, Directora de FEDER y su Fundación.

La primera de estas propuestas se basa en la necesidad de actualizar las recomendaciones impulsadas por la Comisión Europea en 2008. El objetivo de las mismas era crear una estrategia comunitaria global para apoyar a los Estados miembros a fin de dar reconocimiento, prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados e investigación eficaces y eficientes a las enfermedades raras en Europa.

Dichas recomendaciones "se traducen en nuestro país con la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras y, más recientemente, con nuestra participación en 17 de las 23 Redes Europeas de Referencia (ERNs) que se están conformando y que ya se planteaban entonces como respuesta ante la necesidad de acceso a la atención sanitaria de alta calidad en enfermedades raras" explica Ancochea.

Las ERNs como respuesta a los problemas de derivación e investigación

Las ERNs han adquirido un papel protagónico en este encuentro pudiendo establecerse y fijar los próximos pasos de este proyecto que, en palabras de Ancochea, pasa por "fijar y dejar claros los parámetros y las pautas sobre cómo accederán los pacientes a los recursos y beneficios de las ERNs".

A este respecto, los pacientes instan a "considerar las Redes Europeas de Referencia como una herramienta para las rutas de derivación, eliminando las barreras geográficas actuales a través de la creación de itinerarios clínicos a nivel continental".

De forma paralela, han puesto de manifiesto la necesidad de "buscar fórmulas colaborativas que permitan integrar la investigación en enfermedades poco frecuentes dentro de la estructura de estas redes nutriéndose de una base documental común relativa a estudios epidemiológicos, ensayos clínicos o estudios de prevalencia".

Investigación y acceso a medicamentos huérfanos

Junto a este encuentro informal donde se han dado cita las máximas autoridades de la Administración sanitaria de los países que integran la UE, también se han desarrollado dos jornadas de trabajo que han querido ahondar sobre el estado de la investigación en enfermedades poco frecuentes y sobre el acceso a medicamentos huérfanos.

En ellas se han abordado las iniciativas actuales en materia de investigación, trasladado datos actuales de proyectos claves, tales como Orphanet o RD Action. Además, se ha contado con la presencia de representantes de principales proyectos europeos en materia investigadora, tales como Irene Norstedt, Jefa del Sector de Investigación en Salud de la Comisión Europea y Jaroslaw Waligora, (DG Sante. Comisión Europea).

En el marco de esta jornada se han presentado las líneas de trabajo que se quieren potenciar desde la Unión Europea, poniéndose de relieve: "la necesidad de potenciar las convocatorias de investigación colaborativas frente a las actuales competitivas".

Para ello, y entre las principales conclusiones se ha destacado la importancia de "dar continuidad a los proyectos actuales, pero incorporando cambios en la fórmula de gestión de la financiación y dotando de un mayor protagonismo a los pacientes y a los países miembro".

En este sentido, se ha trasladado que "la excelencia no debe ser el único criterio de financiación si lo que buscamos es obtener la participación y datos de todos los países, que han de participar activamente promoviendo las políticas en enfermedades raras dentro de la Comisión Europea". Además se ha puesto de manifiesto la necesidad de que "la investigación y la asistencia han de generar un ciclo de retroalimentación continua, optimizando recursos y aprovechando las oportunidades que ofrecen las Redes Europeas de Referencia (ERNs)" explica Ancochea.

Última actualización: 22/03/2017.

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Federación Española de Enfermedades Raras

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Detalles Categoría: Feder, Últimas Noticias La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) a través de la Delegación de la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) ha participado en un Consejo Informal de Ministros de Salud celebrado los días 20 y 21 en Malta, que preside actualmente el Consejo de la Unión Europea.

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CEDD - Centro Español de Documentación sobre Discapacidad

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El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad es un servicio que el Real Patronato sobre Discapacidad ofrece a entidades, profesionales y/o cualquier persona interesada en el campo de la discapacidad. Cuenta con una biblioteca abierta al público especializada en discapacidad y a través de la web se puede acceder a las bases de datosde legislación, bibliografía, hemeroteca, agenda y catálogo.

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Riberdis, el Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidad, recopila y difunde la producción científica en formato digital y de acceso libre que se produce en el ámbito iberoamericano en relación a los temas afines a la discapacidad.

Riberdis está gestionado por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad. El principal objetivo de Riberdis es contribuir a la mejora de la difusión y del acceso al conocimiento mediante la organización, la preservación y la difusión de contenidos relativos a la discapacidad.

Los contenidos del repositorio se agrupan en comunidades temáticas y en subcomunidades geográficas. Estas subcomunidades, a su vez, clasifican los recursos en diferentes colecciones en función de su tipología: artículos de revistas, informes, tesis doctorales, capítulos de libros, ponencias y comunicaciones, etc.

Riberdis está adscrito al movimiento internacional Open Access Initiative, por lo que todos los documentos incluidos en él son de libre acceso. El repositorio utiliza también el protocolo de interoperabilidad del Open Archives Initiative (OAI), lo que permite incrementar la visibilidad de los documentos al ofrecerse conjuntamente con otros repositorios internacionales.

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Todos los documentos en Riberdis están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

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Riberdis, el Repositorio IBERoamericano sobre DIScapacidad, recopila y difunde la producción científica en formato digital y de acceso libre que se produce en el ámbito iberoamericano en relación a los temas afines a la discapacidad. Riberdis está gestionado por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad.

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La Revista Española de Discapacidad (REDIS) es una revista electrónica que recoge artículos académicos, científicos y profesionales sobre discapacidad.

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Esmeralda Valderrama tiene una pasión: bailar con personas con discapacidad intelectual. Por eso fundó Danza Mobile, una escuela y compañía que pone en valor la diversidad. Gracias a su calidad y al talento de sus bailarines ha conseguido transformar la mirada de público y de profesionales acerca de la discapacidad

Jordi Mayals ha creado L'estoc, una cooperativa social que diseña y produce mobiliario a partir de materiales reciclables y muebles en desuso con el objetivo de mejorar y dignificar la situación de las personas con discapacidad intelectual.

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Esmeralda Valderrama tiene una pasión: bailar con personas con discapacidad intelectual. Por eso fundó Danza Mobile, una escuela y compañía que pone en valor la diversidad.

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Servicio de Información sobre Discapacidad

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Servicio de Información sobre Discapacidad

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La caracterÃstica esencial de la discapacidad intelectual es una capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio (Criterio A) que se acompaÃ±a de limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes Ã¡reas de habilidades: comunicaciÃ³n, cuidado de sÃ mismo, vida domÃ©stica, habilidades sociales/interpersonales, utilizaciÃ³n de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades acadÃ©micas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad (Criterio B). Su inicio debe ser anterior a los 18 aÃ±os de edad (Criterio C). El retraso mental tiene diferentes etiologÃas y puede ser considerado como la vÃa final comÃºn de varios procesos patolÃ³gicos que afectan el funcionamiento del sistema nervioso central.
Ver toda la informaciÃ³n disponible en el SID sobre Discapacidad Intelectual
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servicio de informacion sobre discapacidad

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servicio de informaciã³n sobre discapacidad

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Servicio de Informacion sobre Discapacidad - sid@sid.usal.es - https://sid.usal.es

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La caracterÃ­stica esencial de la discapacidad intelectual es una capacidad intelectual general significativamente inferior al promedio (Criterio A) que se acompaÃ±a de limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes Ã¡reas de habilidades: comunicaciÃ³n, cuidado de sÃ­ mismo, vida domÃ©stica, habilidades sociales/interpersonales, utilizaciÃ³n de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades acadÃ©micas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad (Criterio B).