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Por Ramón López

El modelo ultra neoliberal que impera en nuestro país está en su ocaso debido a su propia insuficiencia para atender las necesidades más básicas de la población. Somos el país pionero y cuna de un modelo que tiene sus raíces a fines de los años 70, y que posteriormente ha sido imitado en distintos grados por países latinoamericanos, europeos e incluso EE.UU. En cierta medida, esta imitación se basó en la percepción de un aparente éxito del modelo, el llamado "milagro chileno", y también en la atracción ideológica que siempre un sistema ultra neoliberal ha ejercido sobre los economistas canónicos, cuyo poder de persuasión sobre los políticos en Chile y en otros países es muy alto.

Pero ¿a qué se debió este aparente éxito? La década del 90 ha sido considerada una de las épocas más prósperas del capitalismo chileno. Los gobiernos democráticos hicieron muy poco para cambiar los parámetros del sistema económico-social impuesto en dictadura; de hecho, se profundizó a través de nuevas privatizaciones, desregularización de los mercados, imposición o mantención de las restricciones a la participación del Estado como inversionista y expansión de la asignación gratuita de una gran cantidad de recursos naturales a unas pocas grandes empresas o individuos (como los recursos hídricos, cuotas pesqueras, subsidios forestales, etc.). Además, se evitó el uso de royalties sobre la extracción de recursos naturales, incluso durante el gran boom del cobre y otros productos primarios de exportación.

Ilustración: Fabián Rivas.

Durante las tres décadas de democracia el Estado se mantuvo en niveles relativamente minúsculos, alcanzando menos del 21% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual restringió significativamente la inversión del Estado en bienes públicos y sociales. Eso tiene que ver con la recalcitrante negativa de los poderes políticos al aumento de los impuestos. Más aún, la política tributaria dio gran espacio a impuestos indirectos que son socialmente regresivos, como el IVA, en lugar de impuestos directos a las altas rentas, que son progresivos. Las razones de esto son ideológicas y de economía política, basadas en el empeño de los políticos por proteger los intereses de las élites.

Con una explotación casi sin restricciones de los recursos naturales renovables, el deterioro medioambiental se intensificó. La población ha presionado su control y el gobierno ha implementado algunas medidas regulatorias para mitigar parte de las más nefastas consecuencias de la creciente toxicidad ambiental. Esto, a la larga, también ha hecho aumentar los costos de producción de los sectores más dependientes de estos recursos. El crecimiento económico tan aplaudido no era sostenible y, peor aún, generó una deuda ambiental que continúa pendiente.

La miniaturización del Estado generó un desbalance entre la creciente oferta de bienes privados y la lenta expansión de bienes sociales y públicos que sólo el Estado puede ofrecer, como educación, salud, vivienda social, protección social, pensiones, inversión en tecnología y otros, lo que aumentó la vulnerabilidad social. Este desequilibrio generó que las clases medias y bajas aumentaran sus niveles de consumo, en parte vía endeudamiento, con el riesgo de caer nuevamente en la pobreza al no existir una red de protección social frente a shocks que puedan afectar su capacidad de generar ingresos.

Solamente una pequeñísima fracción de la población, los súper ricos, han disfrutado de la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico. Lo cierto es que el 1% más rico se lleva alrededor del 30% del ingreso total, lo cual representa la más alta concentración del ingreso entre todos los países para los cuales esta participación se ha medido. Así, el aparente crecimiento económico no fue, tampoco, socialmente sustentable.

Las consecuencias de la manera en que se ha implementado el modelo son varias. Entre ellas está un sistema de salud pública (del que depende casi el 80% de la población) que ha sido muy deficitario en proveer los servicios más esenciales y una educación pública de bajísimo nivel, que tiene como base la forzada migración desde la educación pública municipal a colegios particulares subvencionados, el alto costo de la educación terciaria y la falta de regulación de la educación privada. A esto se suma un sistema de pensiones que ha sumido en la pobreza a la mayor parte de la población en edad de retiro; uno de los niveles más bajos de investigación y desarrollo de los países miembros de la OCDE, que explica los bajos niveles de productividad que exhibe la economía; insuficiencia crónica en las políticas de vivienda social que ha causado hacinamiento y marginalización geográfica y una falta de regulación y de protección medioambiental que ha ocasionado un notable y progresivo deterioro ambiental en muchas ciudades, originando las llamadas "zonas de sacrificio".

Por otro lado, la economía sigue siendo monopolizada en la mayor parte de las industrias, donde dos o tres empresas tienden a concentrar más del 80% de las ventas, mientras que los trabajadores tienen grandes dificultades legales e institucionales que impiden una sindicalización efectiva, lo que ha causado que la tasa de sindicalización sea muy baja. Hoy alcanza a menos del 12% de la fuerza laboral.
Bases para un nuevo modelo de desarrollo
Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarrollo económico inclusivo con un Estado que concentre recursos por apenas el 21% del PIB, mientras que la experiencia internacional muestra que los países hoy desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso per cápita de Chile en la actualidad, obtenían recursos tributarios de más del 33% del PIB. Un desarrollo justo y sostenible es posible, pero para ello se debe lograr una
participación del Estado en la economía que le permita promover un desarrollo económico diversificado y equilibrado. Una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr estos objetivos es un programa de mediano plazo que permita al Estado alcanzar por lo menos un 30% del PIB a partir de una reforma que aumente los recursos tributarios gradualmente en un periodo de cuatro años. Esto implica una reforma tributaria que:

"Aunque ciertamente Chile no se transformará en Dinamarca o Suecia, sí debería considerarse el modelo escandinavo como una alternativa adecuada para generar un horizonte de largo plazo hacia el cual el país debiera moverse".

(i) Reduzca drásticamente la evasión y elusión tributaria que en la actualidad es muy alta y beneficia fundamentalmente a los sectores más ricos. También deben eliminarse muchas exenciones tributarias que no tienen justificación alguna y deben restablecerse los impuestos a las ganancias de capital. También es necesario terminar con el sistema de semi integración tributaria, el que no se justifica en una economía pequeña y abierta como la chilena. Se deben restringir los "loopholes", que incluyen la falta de fiscalización de las transferencias de riqueza en vivo entre familiares, que, entre otras válvulas de escape, impiden una recaudación significativa al momento de colectar los impuestos de herencia. Finalmente, el Estado debiera evaluar los programas existentes, evitar la duplicación de ellos y eliminar los que no cumplan sus objetivos Estos mecanismos deberían proveer alrededor de cuatro a cinco puntos del PIB en mayores recursos tributarios para fines sociales y productivos.

(ii) Se necesitan nuevos impuestos que minimicen los efectos negativos sobre los incentivos a la inversión y sobre la eficiencia económica, dirigidos a los sectores de más altos ingresos y/o riqueza. Tal vez un mecanismo adecuado sería el uso de impuestos patrimoniales a los súper ricos. Adicionalmente, se debe implementar un royalty significativo para todas las actividades extractivas de recursos naturales y utilizar de una manera mucho más intensiva los impuestos verdes. Estos tributos pueden alcanzar tres a cuatro puntos porcentuales del PIB.

Los mayores recursos públicos logrados por los medios recién descritos deben ser destinados a subsanar las enormes carencias económicas y sociales según estas prioridades:

* Mejorar significativamente la inversión en salud para acercarnos a los países de la OCDE. Reforzar el sistema Fonasa de forma de que el seguro de salud pública vaya gradualmente sustituyendo a las Isapres, las cuales pueden permanecer como un seguro de salud
complementario.
* Elevar todas las pensiones a un nivel mínimo equivalente al salario mínimo, el cual debe aumentar a $500.000 mensuales. Transferir los recursos hoy acumulados en las AFP a un fondo único nacional respetando los recursos individuales hasta hoy acumulados.
* Crear un sistema de seguridad social que proteja el ingreso de las familias, de tal forma que ninguna reciba un ingreso menor al nuevo salario mínimo.
* Aumentar la inversión en la calidad de la educación pública para acercarnos a los niveles de Portugal o Uruguay. Se debe prestar particular atención a la educación preescolar, que es donde se determina la capacidad cognitiva futura de los niños.
* Instalar un programa de vivienda social que subsane los déficits que se arrastran históricamente.
* Aumentar la inversión en la protección del medio ambiente para reducir los efectos nocivos de la polución. Además, es necesario invertir en la protección de los recursos naturales renovables.
* Incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) a través de un programa del Estado en conjunto con las universidades, para lograr un aumento del 0,4% del PIB actual (INE, 2019) al 1,5%. Este gran aumento de la inversión en I+D todavía dejaría al país por debajo de los países OCDE que menos invierten en este ítem.
* Aumentar gradualmente la inversión pública en la promoción de la diversificación industrial hacia actividades cada más intensivas en capital humano y tecnología.

Este programa debiera reducir significativamente la desigualdad y eliminar la pobreza extrema, y aunque ciertamente Chile no se transformará en Dinamarca o Suecia, sí debería considerarse el modelo escandinavo como una alternativa adecuada para generar un horizonte de largo plazo hacia el cual el país debiera moverse.

Hoy se necesita un compromiso formal y solemne de todas las fuerzas políticas para que un eventual gobierno progresista implemente cambios estructurales que vayan en la dirección de eliminar el sistema ultra neoliberal y sustituirlo por un modelo mucho más consistente con una mejora real del bienestar de las grandes mayorías. De lo contrario, la desesperada situación que viene gestándose desde el año pasado puede desembocar en un proceso social caótico cuyas consecuencias son difíciles de prever.

Por Andrés Fielbaum

La pandemia ha vuelto a relevar las desigualdades que se viven en nuestro país. Las extremas diferencias de ingresos se traducen en nuevas y disímiles realidades al enfrentar una emergencia, desde las condiciones del hogar para vivir un encierro hasta los ahorros, el tipo de empleo y la seguridad laboral para subsistir sin asistir presencialmente al trabajo. Esto último se ha mostrado especialmente grave para un grupo de trabajadores muy precarios, pero que a su vez ha resultado fundamental para la manera en que nuestra sociedad ha sobrellevado la crisis: los repartidores y conductores de plataformas digitales.

De su precariedad ya se conocía bastante antes de la pandemia. Trabajadores disfrazados como "socios" por compañías que niegan todo tipo de responsabilidad laboral, desligándose de la necesidad de contratos, seguros para los más que probables accidentes, derechos a vacaciones y a no ser despedidos, entre otras cosas. Más aún, personas que se ven enfrentadas a una doble o triple precariedad, pues a lo dicho se le suman muchas veces endeudamientos por estudiar (en el caso de los conductores de Uber, los análisis muestran que más de un 60% de ellos cuenta con estudios superiores), además de créditos o arriendos irregulares y abusivos para poder acceder a un vehículo que les permita trabajar.

Los meses de encierro y de riesgos de contagio han vuelto a estos trabajadores vitales (quizá literalmente), al tiempo que han extremado su precariedad. Esta paradojal situación ocurre además con el aval del Estado, que ha tardado al menos un lustro en regular la situación de estas plataformas y sus trabajadores, pero que de inmediato les reconoció su carácter "esencial" cuando requirió que bicicletas y motocicletas recorrieran la ciudad para abastecer a quienes pueden pagar por estos servicios. Los riesgos de estos trabajos en este contexto son obvios: los trabajadores se exponen cotidiana y permanentemente al contagio, un riesgo que se extiende también a quienes reciben los productos.

"Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego "parchar" con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado puede ser aún peor para el resto de los habitantes".

Sobre la base de esta situación, caben al menos dos preguntas hacia el futuro. Por un lado, respecto al futuro del trabajo, ¿cómo regular de manera efectiva, a nivel nacional, empleos que dependen de aplicaciones internacionales sin un rostro claro en el país y con tendencia a la automatización? Por el otro, respecto al futuro de las ciudades, ¿es posible imaginar sistemas de transporte de pasajeros y de bienes que hagan uso de las nuevas posibilidades tecnológicas sin descansar sobre las espaldas de quienes conducen?

Para la primera pregunta ya existen luces. Lo demuestran procesos políticos y judiciales en diversos lugares del mundo donde estas plataformas han aprovechado vacíos legales para expandirse, como es el caso de California, donde la justicia acaba de exigir a las plataformas contratar a sus trabajadores; o las incipientes organizaciones protosindicales de trabajadores y repartidores que han levantado movilizaciones en diversos países del mundo como Argentina, India, Holanda y recientemente también Chile. Pero los trabajadores de estas plataformas valoran positivamente la flexibilidad para decidir sus horarios, así como el poder trabajar allí mientras encuentran un empleo más estable. De este modo, las legislaciones tradicionales, basadas en jornadas de trabajo fijas, no son directamente aplicables, lo que en ningún caso excluye la posibilidad misma de reglamentar. Por ejemplo, reconocer la relación de subordinación entre empresas y trabajadores permitirá formalizar las incipientes organizaciones sindicales, equilibrando las relaciones de poder y permitiendo así que los propios procesos de negociación puedan pulir la manera de regular.

Constatada la explotación de conductores y la falta de regulación y de pago de impuestos, es ineludible preguntarse por las razones del éxito de estas plataformas. ¿Existe algún valor agregado en la manera de asignar online oferta y demanda, o es simplemente un aprovechamiento de la alegalidad actual? Si bien las empresas sacan ventaja de la falta de regulación, existe suficiente evidencia para sostener que la capacidad de coordinar de manera masiva y en línea aumenta de manera significativa la eficiencia del sistema. En el caso del transporte de pasajeros, el tiempo que el vehículo conduce sin pasajeros logra ser disminuido de manera relevante. En el caso del transporte de bienes, coordinar cientos de tiendas y proveedores es fundamental para recortar las distancias entre el origen y el destino de un producto.

Conocidos son los problemas endémicos asociados al transporte que sufren la mayoría de las ciudades en el mundo. Congestión y contaminación son las más mencionadas, pero el uso de espacio público para infraestructura dedicada es también muy relevante. Si bien hay problemas tanto o más importantes que no resuelven sólo las políticas de transporte -como las largas distancias a recorrer por miles de personas que viven muy lejos de sus trabajos-, construir sistemas de transporte más eficientes e igualitarios es un desafío ineludible. Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego "parchar" con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado de mediano-largo plazo puede ser aún peor para el resto de los habitantes (como las autopistas en Santiago, gracias a las cuales más personas deben desplazarse a trabajar en lugares alejados y recientemente poblados), fomentando además que nuevos usuarios abandonen el transporte público para comprarse automóvil, agudizando el problema original.

De este modo, el diseño de sistemas de transporte público que integren estas nuevas tecnologías resulta tan relevante como una regulación que priorice efectivamente el transporte público por sobre los medios privados.

Para lo primero se requieren concepciones más amplias de lo que se entiende por transporte público. Si bien medios masivos como el metro o los buses seguirán siendo fundamentales por su capacidad, otros medios de mayor flexibilidad pueden ser un complemento importante, incluyendo servicios eléctricos compartidos que funcionen online y otros no motorizados, como las bicicletas compartidas. El carácter de transporte público se alcanza cuando se sirve a toda la ciudad por igual, garantizando una disponibilidad similar de vehículos a lo largo de la ciudad -en lugar de una presencia que segrega según nivel socioeconómico por perseguir fines lucrativos-, y cuando la manera de asignar pasajeros a vehículos se decide de acuerdo a criterios que consideren a todos los actores involucrados.

"Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada".

Para regular los medios privados, es crucial limitar su uso en los contextos de mayor congestión, con criterios que no se basen en el poder adquisitivo del usuario. Diversos investigadores han estudiado la posibilidad de reemplazar la tenencia privada de automóvil por estos sistemas integrados, ahorrando espacio de estacionamiento y el costo económico y ambiental de construir miles de automóviles. Y es que por naturalizada que tengamos la posesión de automóviles, su ineficiencia resalta al notar que suelen estar sin uso (estacionados) durante más del 90% del tiempo.

Con todo, es la distribución de bienes lo que ha experimentado un mayor auge durante la pandemia. Es también donde la precariedad ha sido más evidente, al tiempo que un número creciente de personas ha disfrutado la comodidad de resolver varios asuntos y compras sin necesidad de desplazarse. El debate en torno a la regulación de las plataformas, y en particular las propuestas gubernamentales al respecto, han estado marcadas por una ideología que ve a los ciudadanos como consumidores y no como trabajadores, por lo que las app's parecen ser solamente beneficiosas y los conductores quedan fuera de la discusión. Pero no es necesario tener plataformas que impongan tiempos máximos de reparto y obliguen a los conductores a arriesgar sus vidas: los beneficios de un sistema masivo y coordinado pueden mantenerse sin necesidad de un intermediario que extraiga utilidades.

Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada. Esto puede hacerse fortaleciendo Correos para que asuma una repartición masiva y gratuita de bienes, como es el caso en diversos países europeos para entregas que tardan unos pocos días, o con aplicaciones ad hoc para reparto inmediato, en las que los repartidores sean realmente controladores, pudiendo decidir democráticamente las reglas que busquen un equilibrio entre nivel de servicio (demora en la entrega) y condiciones laborales dignas.

Las lógicas neoliberales han sobredeterminado la utilización de las nuevas tecnologías en transporte, convirtiéndolas en modelos del mal empleo. Sin embargo, estas mismas capacidades tecnológicas pueden abrir la puerta a sistemas en los que el transporte público sea prioritario y ofrezca un mejor servicio, así como a una expansión de los servicios de reparto hacia el conjunto de la ciudadanía.

En Mi diccionario del bullshit, el último libro de Guy Sorman, conocido intelectual francés de derecha, se acusa al autor de Vigilar y castigar de haber cometido, supuestamente, actos de pedofilia. El truco de Sorman es conocido: consiste en engrosar un escándalo haciendo uso de las síntesis temporales con las que trabajan habitualmente los medios, de forma que el veneno quede flotando en la corriente revuelta de las redes y el linchamiento colectivo.

Por Federico Galende

Nuestra época es de frases cortas, flechazos que condensan en pocas palabras una parte de la polución colectiva y denuncias vertidas en resumideros que se propagan a toda velocidad por las redes sociales. Todo esto reemplazó hace tiempo a los debates de ideas y las formas dramáticas con que se pesaban antes los grandes dilemas del pensamiento. Ahora le tocó a Foucault; se lo funó semanas atrás en las redes sociales y algunos medios aprovecharon la ocasión para situar el reciente libro de un intelectual de derecha al centro de una discusión sobre la compleja herencia del humanismo. Se trata del Mi diccionario del bullshit, de Guy Sorman, en uno de cuyos apartados finales, el de la Pedofilia, se rememora la carta que en 1977 Foucault (filósofo al que debemos nada menos que uno de los legados críticos más contundentes del siglo XX) firmó junto a otras y otros intelectuales: Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Gilles Deleuze, Roland Barthes, etcétera.

La carta en cuestión apuntaba a modificar la edad legal de consentimiento de menores para las relaciones sexuales, y por supuesto que ni Sorman ni los medios que lo promocionaron (en la entrevista que le hizo cinco días atrás Clarín, el autor se despacha entre muchos otros a Barthes y a Deleuze, quienes con Fragmentos de un discurso amoroso o El abecedario trazaron en el pasado alfabetos bastante más consistentes que los de este nuevo diccionario de lugares comunes) se tomaron el trabajo de recordar el contexto en que aquella carta fue firmada: el de las luchas de los movimientos feministas, juveniles y homosexuales por volver un poco menos retrógrada la sociedad de su tiempo. Tampoco explican, por ejemplo, que la edad legal para consentir relaciones sexuales en aquella época discriminaba entre heterosexuales y homosexuales, fijando respectivamente en 18 y 21 años la edad para consentir el vínculo.

El truco de Sorman es conocido: consiste en engrosar un escándalo haciendo uso de las síntesis temporales con las que trabajan habitualmente los medios, de forma que el veneno quede flotando en la corriente revuelta de las redes y el linchamiento colectivo. Para encender la mecha, al autor del diccionario le bastó con anudar la firma de aquella carta con los hipotéticos merodeos de Foucault en 1969 por una plaza tunesina llena de adolescentes árabes. Se supone que estos le prestaban servicios sexuales en el cementerio de Sidi Bou Saïd. No sabemos cómo vio eso, ¿o acaso siguió al autor de Las palabras y las cosas por vericuetos de bóvedas nocturnas sobre las que se recostaba con mancebos indefensos? Irrita que nada sea más fácil por estos días que anudar en una misma puntada la requisitoria contra alguien que no tiene cómo defenderse (los hechos a los que refiere el libro ocurrieron hace más de cincuenta años) con las nuevas tecnologías de las redes sociales, donde la materia viva es devorada por el canibalismo anónimo de los fogonazos virales.

El autor del diccionario finge asombro por el efecto que ha causado su libro, uno que -según dice- "se inscribe en una trayectoria mía muy antigua de distinguir la verdad de la mentira". ¡Vaya proyecto! Aunque si consideramos la última columna de Edgardo Castro (de quien no se podría decir que no estudió al filósofo francés de manera acuciosa), la distinción está llena de imprecisiones, pues Foucault dejó Túnez en 1968: en 1969 ya no residía en Sidi Bou Saïd, de donde se marchó tras la persecución de las autoridades locales por su participación activa en los movimientos estudiantiles. Los pocos testigos que quedan de aquella época, y a quienes nadie entrevistó, señalan según Castro que el filósofo sí coqueteaba con jóvenes, solo que estos eran muchachos de entre 17 y 18 años.

En fin, puede ser cierto o no, así como puede que Foucault haya sido un pedófilo. No corresponde a los propósitos de esta nota defenderlo o ponerle una lápida conclusiva, sino tocar el tema de la asequibilidad con que los antiguos expedientes de la reflexión crítica empiezan a ceder terreno a operaciones que cruzan el meme con el emoticón a la hora de fomentar la opinología furiosa y el sálvese quien pueda. Hoy más que nunca se puede tirar por la borda cualquier forma de pensamiento contestatario pegoteando un texto alarmante bajo la foto de un rostro sumariado. Es peligroso, sobre todo porque lo que resulta de esto es un mundo en el que las esperanzas se cierran sobre anhelos cada vez más individualistas, que parecen haber destrozado definitivamente los tejidos solidarios y los intercambios colectivos de ideas sobre los que estas esperanzas se fundaban. Si se trata de una nueva fe vulgar, es precisamente porque carece de los cimientos de la caridad.

Así, Sorman puede traer al presente la instantánea de chicos abusados por filósofos tachados de libertinos o de indecentes, dejando de lado las luchas que sus mismas filosofías emprendieron contra la crueldad de un sistema que, como el neoliberal, captado y despiezado minuciosa y tempranamente por el propio Foucacult, produce chicos como esos todos los días, en series que se ramifican por el planeta y desgarran el corazón. Curiosamente, es el sistema que Sorman suscribe y que, acompañado de una afinada orquestación de derecha, con sus conocidos carnavales de hipocresía y sus certeras tramas recónditas, simula bajo la mantilla del moralista intachable que traza prontuarios con los escupitajos del inquisidor impune. Perturba que no se note, y que el MeToo, cuyas causas no hace falta decir que son totalmente justas, decepcione a ratos derrapando con la reacción ciega de algoritmos mal programados.

Esos algoritmos, abandonados en telarañas de éticas mecanizadas, pasan por alto el hecho de que Sorman no está solo en esta cruzada; lo acompañan el Banco Mundial, el FMI y una élite financiera (a ellos sí podemos aplicar el epíteto de "casta blanca") que hace tiempo quiere liquidar lo que queda de la tradición crítica en nuestras universidades para instalar un preparado que conjuga la jerga ingenieril de la innovación con la erudición incauta de un sistema profesoral que, como ocurre en la academia norteamericana, no sueña ya con cambiar el mundo, sino al director del departamento de lenguas comparadas.

No he sido jamás un defensor, y cualquiera que me haya leído lo sabe, de las reliquias iluministas heredadas de la revolución burguesa y la odiosa sapiencia milenaria del colonialismo europeo (la palabra intelectual me interesa desapropiada, como una acción colectiva y sin nombres propios que la acaparen), pero de ahí a aprobar que el botón del se cancela/no se cancela lo maneje una derecha que tiene la bajeza de emplear el MeToo para defenestrar a filósofos que, como Foucault, lucharon por la sublevación palestina, unieron el pensamiento universitario a la intervención pública y escribieron obras monumentales sobre los desquicios del capitalismo, hay más de un paso. Hiere ver que los debates de ideas han alcanzado en la actualidad estos niveles tan pedregosos.

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Hacia un nuevo modelo económico para Chile

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Por Ramón López El modelo ultra neoliberal que impera en nuestro país está en su ocaso debido a su propia insuficiencia para atender las necesidades más básicas de la población. Somos el país pionero y cuna de un modelo que tiene sus raíces a fines de los años 70, y que posteriormente ha sido imitado en distintos grados por países latinoamericanos, europeos e incluso EE.UU.