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1. INTRODUCCIÓN AL PERIODO

En septiembre de 1868 estalló en Cádiz una revolución cuyo desarrollo y triunfo precipitó la caída de la monarquía de los borbones en España y condujo al establecimiento del primer sistema democrático de la historia española.

A lo largo del reinado de Isabel II (1833-1868) había ido consolidándose en España los principios liberales, al tiempo que la sociedad experimentaba una profunda transformación.

El desarrollo industrial, aunque su éxito se limitó a ciertos puntos de la zona septentrional española, impulsó el crecimiento económico y la aparición de nuevos grupos sociales como la burguesía urbana y el proletariado industrial.

En el campo, los cambios impulsados en la propiedad y tenencia de la tierra hicieron que las antiguas formas de explotación señoriales desaparecieran, al menos desde un punto de vista jurídico, al tiempo que surgía una nueva clase burguesa agraria de grandes propipetarios así como el proletariado agrario, una enorme masa de campesinos sin tierras cuyo peso fue especialemte importante en la mitad meridional española. La aplicación de los principios liberales habían generado profundos cambios sociales, al menos desde un punto de vista jurídico. La antigua sociedad estamental había dado paso a una nueva sociedad de clases. Sin embargo en la práctica las condiciones de vida de los sectores económicamente menos pudientes no solo no mejoraron, sino que en muchos casos empeoraron considerablemente. Empezó de este modo a gestarse en España un grave problema social que ha marcado la historia reciente de este país.

Los liberales moderados (conservadores) controlaron casi en exclusiva el poder político en España durante el reinado de Isabel II, en parte gracias al decidido apoyo que les prestó esta reina. El desplazamiento de estos del centro del poder terminó arrastrando consigo no sólo a la reina, sino también a la dinastía de los borbones, estrechamente vinculada con los sectores más conservadores del liberalismo, que obstaculizaban continuamente el avance y la modernización del país y excluían de la política a la práctica totalidad de la sociedad española.
En el plano económico hay que destacar la fuerte crisis heredada de los últimos años del régimen isabelino así como la falta de confianza en el sistema político y económico del Sexenio surgida entre los inversores, lo cual tuvo unos efectos nefactos sobre la economía, acentuándose la crisis y sus consecuencias.

En el plano político cabe destacar el estallido de la Guerra de los Diez Años de Cuba y la III guerra carlista, así como la el conflicto entre las tendencias federales y unitarias a la hora de concebir la organización de la República, que condujo a los conflictos cantonalistas. La situación de crisis generalizada dio lugar a la sucesión de diversos regímenes políticos ( Regencia, monarquía de Amadeo I de Saboya y Primera República), todos ellos incapaces de solucionar la profunda crisis que atravesaba el país y de mantener el orden.

La incapacidad para controlar la situación terminó conduciendo a un temprano fracaso de la experiencia democrática. Los sectores liberales más conservadores retomaron a partir de 1874 el control político, apoyados en el ejército y en la instauración de un nuevo sistema político de carácter conservador vinculado a la restauración de la dinastía de los Borbones, personificada en Alfonso XII, hijo de Isabel II.

2. LA GLORIOSA

2.1. Causas y gestación de la revolución

El triunfo y consolidación del liberalismo durante el reinado de Isabel II (1833-1868) impulsó la modernización del país y el crecimiento económico. Sin embargo a partir de 1860 la expansión industrial y económica experimentó un frenazo. La crisis comenzó en el sector ferroviario, cuya falta de rentabilidad terminó hundiendo a las entidades que lo habían estado financiando, provocando a su vez la falta de crédito un fuerte retroceso industrial.
Frente al régimen moderado se fue gestando un movimiento subversivo que terminó aglutinando a todas las fuerzas políticas y que terminó desembocando en un estallido revolucionario que provocó el destronamiento de Isabel II y la salida del poder de los moderados. Tras La Gloriosa, que es como fue denominada por los contemporáneos la revolución iniciada en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, se abrió paso una nueva fase de la historia de España que es conocida por la historiografía como El Sexenio Democrático o Revolucionario que abarca desde 1868 hasta 1874.

Se trata este de un período de gran complejidad, a pesar de su brevedad temporal, plagado de numerosas e intensas convulsiones políticas:

En el plano social destaca la penetración y desarrollo de nuevas ideas políticas en España, amparadas por el sistema de libertades asociado al nuevo régimen democrático constitucional, que dieron un fuerte impulso al obrerismo, asociado a las nuevas tendencias anarquistas y comunistas.

Hay que tener en cuenta que aunque España necesitaba una infraestructura básica que permitiera el desarrollo industrial, en un principio no hubo una gran demanda de transporte, ni por parte de la industria, debido a su modesto desarrollo, ni por parte de pasajeros. Además, el trazado de las primeras líneas férreas respondieron más a intereses políticos que económicos, ya que se trató ante todo de conectar Madrid con su periferia, reforzando así el control efectivo del territorio nacional por parte de la capital, más que de conectar las áreas industrialmente más dinámicas e impulsar de este modo su crecimiento.

A estos factores de orden interno que explican la situación de crisis económica hay que sumar otros de orden externo, como las nefastas consecuencias sobre el sector textil catalán que tuvo la Guerra de Secesión norteamericana, guerra que hizo disminuir la producción de algodón en Estados Unidos, lo cual provocó un aumento considerable del precio de la materia prima en los mercados internacionales.

Esta situación generalizada de crisis hizo aumentar los precios de los alimentos básicos. Los sectores más populares fueron los que sufrieron con más virulencia las consecuencias de la crisis. El hambre y la desesperación se extendieron entre la población a la vez que crecía la tensión y la conflictividad social.

El descontento se extendía entre la población y cualquier señal de protesta era duramente reprimida por las autoridades. Destaca en este sentido la represión de la protesta estudiantil de Madrid de abril de 1865, conocida como los sucesos de la Noche de san Daniel, y la del

La revolución la inició el brigadier Topete el 17 de septiembre de 1868 con el pronunciamiento que protagonizó desde la fragata Zaragoza, que se encontraba anclada en Cádiz. En los días siguientes llegaron a esta ciudad andaluza otros militares, como Prim, que secundaron el levantamiento y se pronunciaron públicamente. Los militares sublevados firmaron un manifiesto conjunto titulado España con honra, que fue difundido a partir del 19 de septiembre. En él se exhortaba a todos los españoles a acudir a las armas en defensa de la justicia, negando la obediencia al gobierno de Madrid y reclamando un sistema representativo plural asentado en el sufragio universal y el respeto a una constitución.

Topete, al mando de tres fragatas, consiguió a lo largo de los días siguientes al pronunciamiento el apoyo de importantes ciudades mediterráneas como Málaga, Almería y Cartagena. Isabel II trató de hacer frente a los sublevados enviando contra ellos un ejército leal a la corona que fue derrotado por el general Serrano en Alcolea (Córdoba). Ante el imparable avance de los revolucionarios Isabel II se vio forzada a huir de España.

Para el triunfo de la revolución fue muy importante el apoyo prestado a los sublevados por los sectores populares. En muchas ciudades españolas se constituyeron juntas revolucionarias que reclamaban libertad, la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de las quintas, el sufragio universal, la abolición de los consumos, la convocatoria a Cortes Constituyentes, el reparto de la propiedad e incluso la proclamación de la República.

3. EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1869 motín de los oficiales del cuartel de San Gil de junio de 1866, que terminó con el fusilamiento de todos los oficiales que habían participado en la rebelión.

El gobierno, monopolizado por los moderados, no mostró intención alguna de proceder con la reforma de un sistema que marginaba del juego político la práctica totalidad de la sociedad española. En 1866 el Partido Progresista, dirigido por el general Prim, y el Partido Demócrata, firmaron un acuerdo conocido como el Pacto de Ostende (Bélgica), planteándose como objetivos inmediatos destronar a los borbones y convocar unas cortes constituyentes mediante sufragio universal. A finales de 1866, después de la muerte de O'Donnell, leal a la reina, se sumaron al pacto los unionistas. Tras la suma de este partido, los moderados y la reina quedaron completamente aislados.

2.2. Estallido y triunfo revolucionario

Sin embargo, y a pesar de la excitación popular, ni los unionistas ni los progresistas, los principales promotores de la revolución, estaban de acuerdo con la mayor parte de las propuestas que se hacían desde estas juntas revolucionarias. Derrocada la reina y espantados los moderados procedieron con la formación de un gobierno provisional centrista que no tuvo en cuenta a las juntas revolucionarias. El general Serrano se convirtió en regente y el general Prim en presidente de un gobierno integrado únicamente por progresistas y unionistas, marginándose al resto de fuerzas políticas.

El gobierno provisional puso en marcha un programa político reformista con el que pretendían impulsar la modernización de España. En el plano económico cabe destacar la adopción de un nuevo sistema monetario basado en la peseta. En el plano político y social destaca el establecimiento de la libertad de imprenta, el derecho de asociación y el sufragio universal.

Pronto se convocaron unas elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino. Los resultados dieron el poder a una coalición formada por progresistas, unionistas y parte de los demócratas. Otros partidos políticos, como los carlistas, los republicanos y los moderados tuvieron una representación minoritaria.

Estas cortes procedieron con la elaboración de una nueva constitución, la de 1869, de carácter liberal-demócrata. Algunas de sus principales características son:

Proclama la Soberanía Nacional.

Confirma el sufragio universal masculino.

Incluye una amplísima declaración de derechos y deberes individuales: libertad de prensa, de residencia, de enseñanza, de culto. Además se garantiza la inviolabilidad del correo.

Establece como sistema político para España la monarquía parlamentaria, con una estricta separación de los poderes: el legislativo, que correspondería exclusivamente a las cámaras (Congreso y Senado); el ejecutivo, en manos del rey, aunque con un poder limitado, ya que lo ejercería a través de los ministros; y el judicial, competencia exclusiva de los jueces.

4. LA MONARQUÍA DE AMADEO I DE SABOYA (1870-1873)

Amadeo I, recién llegado a España, ante el cadáver de Prim

La Constitución de 1869 establecía como sistema de gobierno la Monarquía Parlamentaria. Sin embargo, en España no había monarca que ocupara el trono. Para solucionar esta situación se le encargó al general Prim la tarea de encontrar un rey que ocupara la vacante, pero debía de tratarse de alguien que respaldara los proyectos modernizadores del gobierno. Mientras, se estableció una regencia ocupada por el general Serrano.

La lista de
Amadeo I reinó poco más de dos años, en un clima de constante inestabilidad política y social. Los principales problemas a los que tuvo que hacer frente fueron los siguientes: aspirantes al trono fue muy amplia. En ella destacan personalidades como los generales Espartero y Prim, Leopold von Hohenzollern, el
Finalmente, la coalición gubernamental formada por unionistas, demócratas y progresistas terminó desintegrándose, quedando el monarca sin apoyos políticos para hacer frente a la difícil situación en la que se encontraba el país. El 11 de febrero de 1873, Amadeo I, falto de todo apoyo, presentó su renuncia al trono. duque de Montpensier (Antonio de Orleans) Alfonso de Borbón (el hijo de Isabel II) y Amadeo de Saboya, duque de Aosta (hijo del rey de Italia Víctor Manuel II). Fue la candidatura de Amadeo la que logró imponerse finalmente, gracias al decidido apoyo de Prim y los demócratas. El nuevo monarca, de conocida tendencia liberal democrática, fue elegido por las Cortes en diciembre de 1870.

Días antes de que Amadeo de Saboya llegase a España para tomar posesión de su cargo, el general Prim, su principal valedor, fue asesinado. Perdía de este modo su principal apoyo y conexión con la realidad política española. El nuevo rey tuvo que hacer frente a una fuerte oposición: por un lado estaban los republicanos y gran parte de los sectores populares, reticentes al sistema monárquico; por otra parte estaban los ultraconservadores carlistas, partidarios de un trono en manos de Carlos VII, cuyas aspiraciones terminaron conduciendo al estallido de la III Guerra Carlista (1972-1873), que se concentró en la zona vasco-navarra y catalana.

Desde un principio había quedado descartada la restauración borbónica, ya que esta dinastía había constituido a lo largo del siglo XIX un freno para el desarrollo del liberalismo en España, y lo que se pretendía era encontrar un monarca comprometido con la causa liberal. Sin embargo, Cánovas del Castillo, líder de los moderados, comenzó a formar un partido alfonsino para defender los derechos sucesorios del hijo de Isabel II. Cánovas presentó a la monarquía borbónica como única garantía de estabilidad y orden frente a los desequilibrios y cambios generados como consecuencia de la instauración de un sistema democrático. Poco a poco fue recabando el apoyo de:

Los unionistas y sectores de los progresistas.

La Iglesia, que se había declarado desde un principio contraria al sistema democrático y a los principios constitucionales de 1869.

La gran burguesía de los negocios, cuyos intereses se estaban viendo seriamente dañados como consecuencia de la inestabilidad política, lo cual contribuía a amentar considerablemente el riesgo a asumir por los inversores, alejando los capitales y acentuándose de este modo la crisis y sus consecuencias. Además este sector también se estaba viendo perjudicado por muchas de las leyes que se estaban aprobando en el contexto democrático, como la abolición de la esclavitud y la regulación del trabajo infantil, que provocaban una disminución de sus ganancias.

Se desató la III Guerra Carlista, focalizada en la zona vasco-navarra y catalana.

Se había iniciado en Cuba la llamada Guerra de los Diez Años o Guerra Grande (1868-1878), dirigida por una élite criolla que reclamaba el sufragio universal, la liberación gradual de los esclavos y la independencia de Cuba. El gobierno de España intentó abolir la esclavitud y prometió emprender reformas políticas en la isla, aunque tuvo que hacer frente para ello a la oposición de los sectores con intereses económicos en Cuba.

Las clases obreras, influidas por los ideales internacionalistas, respaldaron insurrecciones en las que reclamaban un sistema republicano federal.

5. LA LLEGADA DE LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1873-1874)

Ante la renuncia de Amadeo I, las Cortes sometieron a votación el establecimiento de un sistema republicano para España, proyecto que consiguió el voto favorable de la mayoría de la cámara. El 11 de febrero de 1873 fue proclamada en las Cortes La República Española. Inmediatamente después de la aprobación de la República, el Ministerio de Gobernación envió una circular a todos los gobernadores de provincias informando del nuevo orden político. Pronto se establecieron algunos de sus principales símbolos y su bandera.

La experiencia republicana nació y se desarrolló en un contexto de crisis general. Su principal defensor con representación en Cortes era el Partido Demócrata Republicano Federal liderado por Francisco Pi y Margall. Este era un grupo, que se había escindido del Partido demócrata hacia 1868, que defendía un sistema de gobierno republicano creado a partir de pactos establecidos entre las distintas regiones o pueblos españoles. Además defendía un estado completamente laico y quería conseguir que el Estado regulase las condiciones laborales, para de este modo mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y campesina.

La República fue acogida con gran entusiasmo por las masas, pues se creía que ésta solucionaría los graves problemas que acosaban a España y a los españoles. Inmediatamente después de que las Cortes proclamaran oficialmente el establecimiento de la república se constituyeron juntas revolucionarias por todo el país que reclamaban la abolición de los consumos y las quintas. Los consumos eran unos impuestos que gravaban los productos de primera necesidad. Las quintas era el sistema de reclutamiento de soldados. Era denominado así porque se llamaba a filas a un joven de cada cinco. Este sistema era muy impopular, ya que ofrecía la posibilidad a los seleccionados de librarse del servicio militar a cambio del pago de una importante suma de dinero. De este modo los ricos se libraban de contribuir personalmente al ejército y condenaba a las clases más humildes a cargar con todo el peso de la defensa de la patria.
El Estado Republicano tuvo que seguir haciendo frente a los numerosos problemas existentes en España:

El gobierno republicano procedió de inmediato con la disolución de las juntas revolucionarias, pues las aspiraciones populares, excesivamente subversivas, se alejaban en gran medida de los objetivos políticos perseguidos por los partidos que habían promovido la revolución. Fue designado presidente
Pi i Margall (presidente de 11 de junio a 18 de julio), que sucedió en el gobierno a Estanislao Figueras, decidió dimitir después de verse desbordado por los acontecimientos políticos, que desembocaron en las revueltas cantonalistas. Algunas regiones españolas, al considerar demasiado lento el proceso político hacia el federalismo, empezaron a declararse cantones independientes, con su propia política, policía e incluso moneda. Accedió entonces a la presidencia (presidente entre 18 de julio y 7 de septiembre) el cual, después de planificar una enérgica reacción militar contra los cantones, se vio moralmente obligado a dimitir debido a los problemas de conciencia que le generaron la firma de penas de muerte contra los principales líderes cantonalistas. Tras Salmerón fue nombrado presidente del gobierno (presidente de 7 de septiembre de 1873 a 3 de nero de 1874), representante de los sectores más conservadores del republicanismo. Éste no tenía suficientes apoyos en las Cortes, por lo que, ante el miedo de ser destituido por ellas, decidió suspender las sesiones parlamentarias y comenzó a gobernar de un modo autoritario, otorgando grandes atribuciones al ejército para que garantizara el mantenimiento del orden público.

Las Cortes, tras lograr el derrocamiento de Castelar, trataron de establecer un gobierno de centro-izquierda. Para evitar esto el general Pavía dio un golpe de estado, invadiendo el Congreso de los diputados con la guardia civil, tras lo cual procedió con la disolución de la Asamblea. Una coalición de progresistas y unionistas se hizo con el poder y convirtió al general Serrano en nuevo presidente de la República, que en la práctica se había convertido en una dictadura militar.

El 1 de diciembre de 1874 el príncipe Alfonso firmó el llamado Manifiesto de Sandhurst, elaborado por el principal defensor de la causa alfonsina, Cánovas del Castillo. A través de este manifiesto defendía una monarquía dialogante, constitucional y católica, garantizadora del orden social, al tiempo que expresaba su voluntad de aceptar buena parte de las transformaciones producidas durante el Sexenio Democrático y respetar el sistema político liberal.

A finales del mes de diciembre de 1874, los generales Martínez Campos y Jovellar se pronunciaron en Sagunto a favor de la Monarquía borbónica. El gobierno no opuso resistencia y dimitió. Cánovas formó entonces un gabinete de regencia y comunicó a Alfonso su proclamación como rey de España.

Finalizaba de este modo la primera experiencia democrática de la historia de España, que se había extendido desde Alcolea hasta Sagunto , y se abría un nuevo y extenso período al que la historiografía ha denominado La Restauración, que va desde 1874 hasta 1923, año en el que Primo de Rivera pone fin a un sistema decrépito mediante un golpe de estado. Estanislao Figueras (presidente de 11 de febrero a 11 de junio de 1873), cuyo principal cometido fue convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes que fueron ganadas por los republicanos. Estas cortes empezaron de inmediato a redactar una nueva Constitución, la de 1873, (no promulgada) cuyas principales características eran:

La soberanía reside en todos los ciudadanos.

Estable el sufragio universal masculino.

El poder se reparte entre instituciones autónomas: el municipio, el estado regional y el estado nacional.

Reconoce quince estados federales, más cuba y Puerto Rico.

La III Guerra Carlista, que como consecuencia del establecimiento del nuevo sistema de gobierno se intensificó, extendiéndose por la zona catalana (hasta estos momentos sólo se había localizado en la zona vasco-navarra)

En Cuba la guerra continuaba y la República no pudo hacer nada para solventar el conflicto, entre otras cosas porque las autoridades españolas en la isla fueron reacias a acatar las órdenes del gobierno republicano.

Hubo asimismo zonas en las que el triunfo del republicanismo impulsó revoluciones que desembocaron en el estableciendo cantones independientes. Entre los principales cantones surgidos destacan: Cartagena, Sevilla, Cádiz, Torrevieja, Almansa, Granada, Castellón, Málaga, Salamanca, Valencia, Bailén, Andújar, Tarifa, Algeciras y Alicante.

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Tema 5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano

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1. INTRODUCCIÓN AL PERIODO En septiembre de 1868 estalló en Cádiz una revolución cuyo desarrollo y triunfo precipitó la caída de la monarquía de los borbones en España y condujo al establecimiento del primer sistema democrático de la historia española.

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Documental sobre El Sexenio Revolucionario (1868-1874)

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Eje cronológico de El Sexenio Revolucionario

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