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Después de la masiva protesta de los docentes y la comunidad educativa en la Marcha Federal, PáginaI12 dialogó con los referentes de las principales organizaciones estudiantiles universitarias sobre su posicionamiento ante las políticas del Gobierno, el ajuste al sistema científico y el conflicto abierto con maestros y profesores. Salvo Franja Morada, el resto de las fuerzas advierte que hay una avanzada contra la educación pública y aboga por trabajar en unidad para enfrentar al macrismo.

"Mejor distribución". "El año pasado dimos una pelea muy fuerte para que (Juan Cruz) Ávila, el productor de Fantino, no sea el secretario de Políticas Universitarias; marchamos el 12 de mayo -argumentó Ezequiel Marín, vicepresidente de la FUA por Franja Morada-. Pero entendemos que también ha habido avances, como es la mejor distribución del presupuesto universitario; hace 10 años un ministro de Educación no recibía al movimiento estudiantil, y Esteban Bullrich sí lo hizo. Apoyamos la lucha docente y las medidas legítimas de los docentes, pero tenemos algún reparo en cuanto a una burocracia sindical enquistada. Nosotros contra Cristina nos movilizábamos, pero denunciábamos cuando veíamos intentos desestabilizadores. Con la misma responsabilidad, no vamos a formar parte de una campaña desestabilizadora contra este Gobierno. Hay algunas cosas buenas, pero hay muchos desafíos, la sociedad no la está pasando bien".

"Por el triunfo docente". "Hoy estamos peleando por el triunfo de los docentes, porque su triunfo cambiaría el escenario -planteó desde la conducción de la FUBA Julián Asiner, del Partido Obrero-. Defendemos una FUBA independiente y de lucha, porque es la única forma de ejercer una defensa consecuente de los docentes, en oposición a la FUA macrista, que los ataca. Las diferencias que tenemos con los kirchneristas pretendemos resolverlas frente a los estudiantes. Buscamos pegar al movimiento estudiantil con el movimiento obrero, para frenar el ajuste de Macri y los gobernadores, apoyar con fuerza el paro del 6."

"Políticas neoliberales". "El conjunto de medidas que tomó el Gobierno, que son políticas neoliberales de ajuste, hoy generan pobreza, desguace de la industria nacional, desfinanciamiento del sistema científico", señaló Mateo Compagnucci, presidente de la FULP por el Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil. "Apoyamos la defensa del salario y el trabajo, entendemos que eso está ligado con la educación. Si se ataca la educación, se afecta la permanencia y el egreso de los estudiantes, lo que genera un camino de elitización meritocrática. Vamos a luchar por reformar la Ley de Educación Superior, que toma la educación como servicio y no como derecho. Los cambios se consiguen en el marco de la unidad, de articulación en términos heterogéneos, allí radica el potencial estratégico para defender los derechos que hemos conquistado y frenar al neoliberalismo."

"Aunar fuerzas". "En estos 15 meses, cada día quedó más evidenciado cuál es el lugar que este Gobierno le quiere dar a la educación pública, que está relegada", dijo Pablo Móbili, presidente del centro de estudiantes de Ciencias Sociales (UBA), por La Cámpora. "¿Qué podemos esperar de un Presidente que ni sabe cuánto cobra un jubilado? Es importante seguir organizando al movimiento estudiantil bajo la lógica de la unidad, de aunar fuerzas. Que las contradicciones secundarias no nos tapen el bosque. En la Marcha Federal logramos conformar una gran columna de estudiantes, seguiremos trabajando en esa tónica. Hace unas semanas 35 representantes estudiantiles, con adhesión de más de 200 consejeros y presidentes de centros y federaciones, fueron a brindarle apoyo a Milagro Sala, porque no queremos retroceder en nuestros derechos. La Franja Morada y el radicalismo son el furgón de cola del PRO".

"Segunda reforma". "Vemos una avanzada contra la educación pública, acentuada principalmente en la universidad pública -señaló Juan Silvero, secretario ejecutivo de la FUA por el MNR (Partido Socialista)-. El ajuste a la educación no comenzó con Macri, pero sí pegó un salto en la profundización. El mapa político y estudiantil se está reconfigurando. La marcha del 12 de mayo del año pasado es un ejemplo de cómo confluir. Nosotros hace tiempo criticamos el rumbo de la educación, hay fuerzas que antes lo hacían y hoy no; la carta de la presidenta de la FUA contra el paro docente fue repudiada hasta por su agrupación, Franja Morada. La consigna actual parece amplia, pero es real: defensa de la educación pública. Sin el apoyo de los estudiantes, sin su protagonismo, no hay verdadera posibilidad de transformación, no sólo en el ámbito universitario, sino en la política en general. Estamos para empujar y encabezar. Queremos caminar hacia la segunda reforma universitaria."

"Programa político". "Cambiemos tiene la tarea de cambiar una correlación de fuerzas sociales y políticas a favor de los sectores dominantes, pretenden una ofensiva neoliberal. Gobiernan para el 1 por ciento del país", advirtió Gabriel Domínguez, presidente de la FUC por La Mella. "El PRO puede hacer pasar su ajuste, que su plan sea exitoso y aplicarle una derrota decisiva al pueblo; otra hipótesis es que su ajuste no triunfe, creemos que esta es la más cercana hoy. Marcha Federal, movilizaciones, 8M, paro general: el nivel de movilización de masas pone en aprietos su plan de ajuste. El camino para enfrentarlo es la unidad, pero queremos discutir contenido y orientación, un programa político. El 2017 es un año bisagra, para ver si esa bronca va a expresarse en las urnas. Se gana con propuesta política y el movimiento estudiantil debe aportar en esa construcción. En este sentido dialogamos con organizaciones que vienen del kirchnerismo, pero con un programa que supere sus límites estructurales."

"Con la juventud sindical". "Quisieron poner a un productor de TV, alguien del espectáculo, a cargo de la SPU, eso es bastante ejemplificador de cómo piensa el macrismo. Bullrich ni siquiera fue a la universidad pública, es muy difícil que entienda el ámbito -sostuvo Constanza Bossio, secretaria general de la FUA por la JUP-. Siempre nos plegamos a la lucha de los docentes, porque cuando se ve la escuela pública, cómo dan clases nuestros docentes, no se puede ser hipócrita. Es totalmente legítima su lucha y la campaña del Gobierno es para desprestigiarla, contra el movimiento obrero en general. Nosotros tenemos una relación con el movimiento obrero histórica, que estamos fortaleciendo ahora. Con la juventud sindical marchamos el martes 7; buscamos la unidad en concreto, en la calle".

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"Frenar al neoliberalismo" | El movimiento estudiantil después de la masiva Marcha Federal

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Después de la masiva protesta de los docentes y la comunidad educativa en la Marcha Federal, PáginaI12 dialogó con los referentes de las principales organizaciones estudiantiles universitarias sobre su posicionamiento ante las políticas del Gobierno, el ajuste al sistema científico y el conflicto abierto con maestros y profesores.

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AGCE Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación

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Boletín 5 de AGCE! Para compartir, debatir y pensar críticamente! Editorial: Cinthia Wanschelbaum La lucha político sindical: Rogelio De Leonardi El segundo hogar la segunda madre: Rubén Cucuzza...

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Silvia Andrea Vázquez[1]

La paritaria nacional de los docentes (en adelanta PND), conquista de la organización de los trabajadores y expresión de la voluntad política de los gobiernos kirchneristas de jerarquizar el lugar de los sindicatos docentes en el diseño de las políticas educativas, se debate hoy entre el cinismo de un gobierno nacional que justifica el incumplimiento de la Ley de Financiamiento repitiendo el eslogan menemista de "un ministerio sin escuelas", el discurso belicista del gobierno de Vidal, las amenazas cobardes al Secretario General de SUTEBA y cierto desconocimiento de buena parte de la docencia de esta herramienta sindical.

Quienes hemos trabajado en los espacios de formación sindical de CTERA sabemos que instalar la idea de la discusión paritaria entre los docentes, acostumbrados a que las regulaciones de su trabajo las definen los legisladores a través de la sanción de los estatutos, ha sido un proceso largo y no lineal. Proceso íntimamente vinculado a la construcción de la identidad de trabajadores de la educación que hasta aquí podemos decir que tiene un nivel de consolidación "desigual y combinada".

Por eso creemos apropiado historizar el surgimiento de la PND en un contexto de recuperación de la centralidad del Estado Nacional en el diseño y sostenimiento del sistema educativo argentino, centralidad que hoy parece querer desplazarse.
Recuperación de la responsabilidad del Estado Nacional en el financiamiento educativo
Durante la década del noventa del siglo XX y en los primeros años del nuevo siglo un sector de la clase trabajadora y de las organizaciones sindicales con mayor representatividad y capacidad de movilización llevaron adelante una fuerte resistencia al conjunto de políticas neoliberales impulsadas desde mediados de los setenta y consolidadas durante el menemato: el desguace del Estado, la enajenación del patrimonio nacional y de las empresas estatales, la flexibilización laboral, la desinversión en políticas sociales y la consecuente precarización de derechos. En particular los docentes debieron resistir en el terreno educativo a la desresponsabilización del Estado Nacional en educación plasmada en la transferencia educativa y la Ley Federal de Educación.

Por compromisos asumidos ante el FMI y con la impronta de políticas "bancomundialistas", el gobierno menemista transfirió a las provincias los servicios educativos, sin garantizar la continuidad de los recursos financieros correspondientes. Bajo al discurso de la descentralización, se produjo un feroz recorte de los fondos destinados a la escuela pública cuando el Estado Nacional dejó de pagar salarios y de sostener edificios escolares en las provincias. Al mismo tiempo se expandió la matrícula escolar; al tener que sostener más alumnos con menos presupuesto se inició un proceso de ajuste y achatamiento de las remuneraciones docentes, que fue acentuándose a medida que el peso de la crisis económica limitó la capacidad presupuestaria de las provincias. Los recortes salariales y el pago en negro produjeron la caída en picada de las remuneraciones y la pulverización de la carrera docente en base al achatamiento que niveló hacia abajo los ingresos del sector.

La provincialización profundizó las desigualdades existentes llevándolas a límites históricos que nunca habíamos conocido en la Argentina. Esto también se reflejaba en los salarios docentes: la remuneración bruta de un maestro de jornada simple con 10 años de antigüedad de algunas provincias patagónicas (Tierra del Fuego $938 o Santa Cruz $953) duplicaban y más a las del NEA (Chaco $424 o Formosa $425)[2]

La multiplicidad de movimientos sociales surgidos en la resistencia, que se condensaron en el estallido social del 2001 y que transitaron la profundización de la crisis de los años posteriores logró poner en cuestión las políticas neoliberales, pero careció de la fortaleza que da organicidad política como para instalar un modelo diferente. Se requirió de la llegada de un gobierno que hiciera lugar a las demandas populares organizadas
Ley de financiamiento educativo
El Fondo de Incentivo Docente (FONID) fruto de la lucha de la Carpa Blanca era una herramienta de financiamiento precaria, una ley acotada a cinco años (que perdía vigencia en abril de 2005).

La asunción de Néstor Kirchner en el 2003 y sus primeras medidas en el gobierno comenzaron a mostrar que se iniciaba un proceso de recuperación de derechos a partir de la centralidad de la acción estatal, donde las demandas sociales y la voluntad política gubernamental parecían confluir. No por muy conocido deja de tener un altísimo grado de significatividad el hecho que el segundo día de su mandato el presidente junto a su Ministro de Educación, Daniel Filmus, viajara a la provincia de Entre Ríos a intentar solucionar la situación de los docentes que llevaban varios meses sin cobrar sus salarios. El acuerdo salarial que resolvió el conflicto fue firmado públicamente por dicho Ministro de Educación y Marta Maffei, por entonces Secretaria General de CTERA; todo un signo de cambio de época.

En este contexto la CTERA planteó la necesidad de "definir una ley de financiamiento educativo que apunte otra vez a reposicionar al Estado Nacional como corresponsable del sostenimiento de la educación en todo el país junto con las provincias. Una ley de financiamiento que no solamente plantee la continuidad del Incentivo como parte del salario sino pisos de inversión que obliguen en todo el país a tomar la educación como una política de Estado" (Yasky, 2004)

La conjunción entre las políticas de gobierno y la correlación de fuerzas construida desde la base social de los docentes permitió a inicios del 2005, antes de que se aprobase la Ley de Financiamiento Educativo, establecer un piso salarial unificado de 700 pesos, donde el Estado Nacional concurrió en apoyo de las provincias con mayores dificultades económicas aún sin tener todavía un marco legal que lo cubriera. Como señalara el Ministro Filmus, la decisión de la ley de financiamiento educativo fue tomada por el propio Presidente.

La discusión de la Ley de Financiamiento ocupó todo ese año, incluyó un paro nacional de la CTERA con movilización y concluyó con la sanción de una ley que, si bien no contenía todos los puntos planteados por esta organización sindical, significó un hito sustancial en la recuperación de la inversión educativa. Al crearse un Fondo Nacional de compensación de desigualdades salariales, esta ley quebraba la lógica de la deresponsabilización del Estado Nacional sobre la educación pública que había intentado imponerse en los 90. Simultáneamente las provincias estuvieron obligadas a invertir en educación una parte sustancial de la coparticipación federal, priorizando salarios, designación de nuevos cargos y formación permanente de los docentes.

En el 2006, primer año de aplicación de esta Ley, se estableció un nuevo piso salarial que implicó en un incremento superior a la pauta de aumento salarial fijada por el gobierno nacional para el conjunto de los trabajadores. A partir del piso salarial, los sindicatos docentes han podido conquistar importantes mejoras en la recomposición de sus estructuras salariales. Para todas estas luchas y negociaciones fue imprescindible habilitar, a través de la reglamentación del artículo 10 de esta ley un proceso de instalación de acuerdos colectivos en el sector docente.
La paritaria docente nacional y las provinciales
El gremio docente ha sido uno de los últimos sectores del trabajo en organizarse sindicalmente y durante el siglo XX osciló mayoritariamente entre una identidad de apóstol y de profesional, lo que significaba una permanente diferenciación con el resto de las formas de lucha y organización del movimiento obrero. El debate sobre la condición de trabajador de los maestros y profesores empezó a cobrar intensidad a partir de fines de los años sesenta y se plasmó en el nombre de la Confederación Nacional fundada en el 73, la CTERA. Quince años después y tras atravesar la dictadura sufriendo los mismos golpes que el conjunto de la clase trabajadora, los docentes organizados en CTERA protagonizaron una gran huelga nacional de más de 40 días que concluyó en la memorable Marcha Blanca de 1988, que fue recibida en la Plaza de Mayo por el Secretario General de la CGT. Allí por primera vez se planteó la unificación salarial en el marco del aumento del presupuesto educativo y la necesidad de una paritaria nacional. El Congreso Nacional sancionó en el año 1989 la Ley 23.929 de Convenciones Colectivas del sector docente, que nunca llegó a tener alcance nacional ya que no logró la adscripción de las 12 provincias que se requería. La docencia organizada comenzaba a sentirse parte del movimiento obrero; sin embargo tanto la identidad de clase como la pertinencia de las formas de organización y lucha del sindicalismo nunca dejaron de estar en debate.

El arrasamiento de las conquistas laborales ocurrido durante los años noventa, impactó en la docencia a través de la destrucción de los básicos salariales, el aumento de sumas "en negro" y la instalación de formas contractuales precarizadas, situación que se tornó crítica en los primeros años del nuevo siglo.

El progresivo empobrecimiento de los trabajadores de la educación frente a gobiernos cuya única respuesta era redoblar el ajuste constituyó una de las condiciones necesarias, aunque no suficiente, para re-instalar el debate sobre la pertinencia o no de las paritarias para el sector docente. Sin embargo para que la docencia - o una parte de ella - y el conjunto de sus organizaciones sindicales asumieran la importancia de las convenciones colectivas como herramienta de defensa y avance en el plano de los derechos laborales se requería un determinado contexto. Como lo expresaba el entonces Secretario General de CTERA "Estamos en un proceso en el que luchar por la posibilidad de volver a tener al Estado Nacional como co-garante del financiamiento de la educación, nos habilita a volver a discutir un salario unificado a nivel nacional (...). Una paritaria nacional antes de esta unificación en torno al financiamiento y al nuevo papel del Estado nacional hubiese sido más una expresión de voluntarismo que una práctica real para discutir condiciones laborales y salariales dignas"(Yasky; 2005).

Los sindicatos docentes, recurrieron a los espacios de formación de sus cuadros dirigentes conscientes de que era necesario recorrer un camino para la construcción de un pensamiento común que superara la tradición de depositar en el estatuto la regulación de derechos y obligaciones de los docentes, y desde allí interpelar a los maestros y profesores. Estas experiencias, sin ser determinantes, muestran de qué modo se fueron construyendo condiciones subjetivas que pudieran impulsar y sostener las acciones sindicales para la concreción tanto de una nueva ley de financiamiento como convenciones colectivas de trabajo.

La Ley de Financiamiento contenía un artículo - el art 10 - que pudo ser aprovechado a tal fin, ya que su texto propiciaba que el Ministerio de Educación conjuntamente con el Consejo Federal y las entidades gremiales docentes con representación nacional: "acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente" (Ley 26.075/05). Con su reglamentación en el año 2007 se crea una instancia nacional de negociación colectiva para definir en acuerdos marco que serán vinculantes para las provincias: pisos salariales, condiciones de trabajo, formación permanente en servicio, nuevos puestos de trabajo, derechos previsionales, estabilidad laboral, etc. El hecho de haber podido definir un piso salarial unificado para todos los docentes que se inician, posibilitó que en muchas jurisdicciones se lograran mejoras en la composición salarial, incremento de los básicos, eliminación de sumas en negro, presentismos, y tickets canasta que distorsionaban las escalas y perjudicaba a los jubilados.

En diciembre del mismo año se constituyó formalmente el comienzo de las paritarias, y a principio del año siguiente luego de duras negociaciones se estableció un piso salarial de 1040 pesos que implica un 23,8 de aumento salarial en el sueldo inicial, porcentaje muy superior a los cierres salariales del resto de los sindicatos. Al mismo tiempo los acuerdos marco nacionales promovieron la negociación colectiva en provincias que no tenían ni instrentos legales ni práctica sostenida en esta cuestión. "Arribar a acuerdos paritarios implica para los trabajadores de la educación, constituirse como sujetos históricos que legislan sobre su régimen laboral y no quedar presos de las mayorías circunstanciales de los poderes legislativos de cada jurisdicción que modifican a conveniencia del poder político de turno nuestras condiciones de trabajo"(Maldonado, 2008).

Esta conquista generó la reprobación de los sectores más reaccionarios de las provincias por el esfuerzo de inversión que implicaba, sectores que con argumentos de inconstitucionalidad intentaban sostener en nombre del "federalismo" las peores prácticas de desinversión educativa de las políticas de ajuste de los 90. Así se manifestaban desde la visión conservadora de la Academia Nacional de Educación "La facultad de legislar sobre los salarios de los docentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un poder no delegado por las provincias al Gobierno Federal. De ahí que, el art. 10 de la Ley 26.075 es violatorio de los arts. 121 y 122 de la Constitución Nacional." (Silva, 2007)

Al cabo de un par de años lograron sancionarse normas que regulan las convenciones colectivas en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego, La Rioja, La Pampa, entre otras, que se suman a las que ya funcionaban antes de la reglamentación del artículo 10 de la ley de financiamiento (Río Negro, San Juan y Mendoza). Aún en las provincias donde no logró sancionarse leyes de paritarias, las comisiones de negociación del salario y las condiciones laborales se hicieron mucho más sistemáticas y estables.

La agenda de negociación de la PND no se redujo a cuestiones salariales estableciendo comisiones técnicas de trabajo para avanzar en mejoras de las condiciones laborales. En el 2009 se acordó un proceso de titularización de más de 200.000 trabajadores/as de todos los niveles y modalidades que llevaban años de injusta inestabilidad en sus puestos de trabajo. Casi simultáneamente la comisión técnica de salud y medioambiente de trabajo, se ratificaron doce puntos de Recomendación de Prevención para Establecimientos Educativos que obliga al Estado a garantizar condiciones básicas de infraestructura para que un establecimiento escolar funcione y permite generar dispositivos de prevención de accidentes de trabajo.
En el camino hacia la profundización volver a luchar por resguardar las conquistas
La dinámica de la negociación paritaria a nivel nacional sufrió un relativo estancamiento por lo cual en 2012 y 2013 el incremento del piso salarial fue definido unilateralmente por el gobierno nacional, resolución que aún siendo legal fue sin duda la más resistida por las organizaciones sindicales. Esta situación significó un aumento de la conflictividad docente en distintas provincias donde la expectativa de recomposición salarial se vio afectada por la estipulación de pisos salariales menores a los esperados. En esta situación intervinieron factores económicos, políticos y sociales; frente a un menor crecimiento económico nacional la política oficial buscó contener la suba de precios a partir de la reducción de las pautas salariales. Por su parte algunos sectores del gobierno evaluaban que los resultados educativos no eran acordes con el esfuerzo de inversión. Y finalmente habría que mencionar que se fue exacerbando la demanda sectorial de los docentes sin que la PND estuviera suficientemente consolidada.

Pero a pesar de estos desencuentros es justo reconocer que tanto los gobiernos kirchneristas como los sindicatos docentes hicieron enormes esfuerzos por sostener esta experiencia de negociación sindical democrática, aún a costa muchas veces de resquemores entre sus propios funcionarios y/o representados, cuya "cultura profesional" se sentía invadida por un mecanismo de negociación tan claramente vinculado a la lógica sindical.

Hacia fines del 2015, a instancias de la CTERA, el bloque del FPV de la cámara de diputados presenta un proyecto de una nueva Ley de Financiamiento. Este proyecto, que buscaba sostener los espacios de negociación colectiva y a la vez promover el aumento de la inversión en educación al 10% del PIB (otorgando porcentuales específicos para las universidades y para el desarrollo científico tecnológico), no llegó a instalarse en la agenda educativa pública por lo que los sindicatos docentes tuvieron que generar un proceso de difusión y amplificación del debate en las escuelas durante el primer año del nuevo gobierno, en el marco de un aumento exponencial de los conflictos con los trabajadores de la educación.

El fin del ciclo de gobiernos kirchneristas, probablemente inesperado para propios y ajenos, dejó en evidencia la precariedad institucional de ciertas conquistas, tal el caso de la PND, que dependía de la reglamentación del art. 10 de una Ley de financiamiento que, como vimos, había cumplido sus metas de inversión.

La primera experiencia durante el gobierno de Macri se inició con una controversia entre los propios funcionarios respecto de la pertinencia del porcentaje acordado entre los sindicatos docentes y el Ministro Esteban Bullrich. Hubo tensiones pero se llegó a un acuerdo paritario y las clases empezaron normalmente en la mayoría de las jurisdicciones. En la negociación de 2016 se asentó por escrito que el salario inicial de los docentes debía estar siempre un 20 % por encima del salario mínimo vital y móvil, enunciado que el gobierno quiere convertir arteramente en una cláusula de aumento automático, violando absolutamente la ley de financiamiento aún vigente. Como bien afirma Mario Wainfeld esa "cláusula gatillo" no deroga la ley ni suple a la PND. El oficialismo manipula y distorsiona un avance virtuoso transformándolo en un retroceso".

Con inexplicable tozudez y con una notable cuota de impunidad el ministro Bullrich, a una semana de empezado el ciclo lectivo, se niega a convocar la PND, regando el país de conflictos educativos e impidiendo el normal funcionamiento de las clases. Diálogo, trabajo en equipo, consenso, república, institucionalidad, federalismo, revolución educativa, esfuerzo conjunto, conceptos repetidos hasta el hartazgo por los funcionarios, hoy son apenas, frases de campaña, palabras huecas, devaluadas por el accionar de esos mismos funcionarios. Resulta asombroso tener gobernantes democráticamente elegidos que se niegan a cumplir las normas democráticamente sancionadas.

Frente a la maquinaria de confusión mediática organizada por los gerentes de marketing gubernamental es importante detallar algunos incumplimientos legales de la actual gestión Macri-Bullrich:

Desconocen la asignación específica de recursos coparticipables, que establece el art. 7 de la Ley de financiamiento, cuya finalidad es garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional.

Hacen desaparecer el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, creado por el art.9 de la misma Ley, cuyo objetivo es contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente desde el Ministerio de Educación Nacional.

Se niegan a sostener la denominada Paritaria Nacional Docente, creada por el Decreto 457/2007 que reglamenta el art. 10 de la Ley de Financiamiento. Ámbito en el cual el Ministerio de Educación, junto al Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán las pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. En dicho decreto se establece que:

Vencido el término de vigencia del convenio marco se mantendrán subsistentes las cláusulas del mismo, hasta tanto comience a regir un nuevo convenio. (art 10 del decreto)

El Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación del presente y en ejercicio de sus funciones estará facultado para disponer la celebración de las audiencias que considere necesarias para lograr un acuerdo.(art. 13 del decreto)

Los preceptos del presente decreto se interpretarán de conformidad con el Convenio 154 de la OIT sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado por la Ley Nº 23.544. (art. 14 del decreto)

Por lo expuesto el reclamo cada vez más unánime es y debe seguir siendo: "que el gobierno cumpla con la ley". Si no lo hace, el daño a la institucionalidad democrática de los funcionarios de la gestión actual de Cambiemos requerirá de mucha fortaleza y organización popular para ser revertido.

Una entrañable profesora de Política Educacional de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Norma Paviglianiti, nos enseñaba en los durísimos años 90 que las políticas neoliberales iban a llegar hasta donde las dejáramos llegar. Hoy es importante recuperar esa premisa y desde las calles y desde las aulas abrazar las reivindicaciones de los trabajadores de la educación que son las reivindicaciones de todos los trabajadores, acompañar la pelea por el derecho de todas y todos a una educación pública de calidad que es la pelea por todos los derechos conquistados por las mayorías populares.
Bibliografía
Balduzzi, Juan (2006) D esigualdad y exclusión en la educación secundaria de adolescentes y jóvenes; Informes y estudios Nº1; IIPMV-CTERA.

CTERA (2005) P rograma nacional de formación de delegados paritarios 2005 - 2006. "La dignidad de las condiciones para enseñar y aprender".

Maldonado, Stella (2006) Conferencia pronunciada en la Jornada Pedagógica Regional "20 años de lucha, pasión y proyectos". La Plata. 16 de junio.

Maldonado, Stella (2007) "La pelea por el financiamiento: una lucha histórica"; Revista La educación en nuestras manos Nro 78

Lavini, Clelia (2004) "El poder de la representación colectiva". En SUTEBA. Cuadernos de Formación Sindical Nro 1.

Silva, Luis Ricardo (2007) "El artículo 10 de la ley de financiamiento educativo"; Boletín Nro 68 de la Academia Nacional de Educación.

Vázquez, Silvia Andrea (2004) Prioridades para la construcción de políticas educativas públicas. Informes y estudios Nº1; IIPMV-CTERA

Vázquez, Silvia Andrea (2005) Paritaria: conquista y derecho de los trabajadores. Ed. CTERA. Bs As.

Wainfeld, Mario, "El contexto del paro a largo plazo"; Pagina 12; 05-02-2017

Yasky, Hugo (2004), Cash suplemento de Página 12. Domingo, 14 de marzo

Yasky, Hugo (2005) "Distribución de la riqueza, financiamiento educativo y paritaria docente". En Vázquez, Silvia. Paritaria: conquista y derecho de los trabajadores. Ed. CTERA. Bs As.

[1] Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Luján. Asesora del bloque FPV de la Cámara de Diputados.

[2] Fuente: Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo SsCA-MECyT

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La Paritaria Nacional Docente y la fuerza de la Ley

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Silvia Andrea Vázquez[1] La paritaria nacional de los docentes (en adelanta PND), conquista de la organización de los trabajadores y expresión de la voluntad política de los gobiernos kirchneristas de jerarquizar el lugar de los sindicatos docentes en el diseño de las políticas educativas, se debate hoy entre el cinismo de un gobierno nacional que...

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En abril de 2016 iniciamos este espacio con nuestras primeras lecturas sobre el escenario educativo después del cambio de gobierno. A un año, queremos compartir miradas y preocupaciones sobre la orientación de las políticas educativas del gobierno nacional encabezado por la Alianza Cambiemos.

El gobierno de Mauricio Macri marcó fuertes rupturas con las políticas públicas del ciclo anterior en muchos ámbitos, y en particular en el campo educativo. La política de "tierra arrasada" con la excusa de la "pesada herencia" del kirchnerismo y de un supuesto "fraude educativo" ha sido una de las características distintivas de la acción de gobierno en su primer año de gestión.

Detrás de la venta de ilusiones mágicas (cambiaremos, sacudiremos este sistema obsoleto, la promesa de una "revolución educativa"), la pretensión del gobierno es arrasar con las políticas desplegadas durante la década anterior, que reposicionaron el papel del Estado, con sus logros democratizadores y sus deudas pendientes. Espejitos de colores encubren decididas intenciones de desmantelamiento de un sistema educativo que, aún con dificultades, comenzaba a articularse a partir de una serie de políticas.

Para ello se pusieron en juego diversas estrategias en el Ministerio Nacional: la desarticulación de los equipos de trabajo, el despido de trabajadorxs que acumulan sólida formación y experiencia en prácticas de acuerdos comunes, el cierre y/o la reorientación de programas nacionales y la sub-ejecución del presupuesto 2016. El traspaso de programas y de dinero a las provincias bajo un supuesto respeto del federalismo nos retrotrae a la lógica de la reforma educativa de los ´90, aunque en una coyuntura diferente, que vuelve a descargar sobre las jurisdicciones toda la responsabilidad de generar las condiciones para materializar el derecho a la educación.

Las decisiones políticas se llevan adelante sin importar los argumentos y reparos que manifiestan distintos actores, desde sindicatos, universidades, colectivos de escuelas, institutos de formación docente, investigadoras/es: no hay ningún intento de diálogo más que con su propio círculo. Se apunta al vaciamiento de los programas e instituciones que buscaron, con todos sus logros y limitaciones, afianzar derechos y ampliar la cobertura para los sectores más postergados. Con un cinismo activo, el gobierno postula con descaro la necesidad de la unión de los argentinos, a la par que avanza con decretos de necesidad y urgencia. ¿De quién es la necesidad? ¿De quién es la urgencia?

Se trata de una gestión productora de eufemismos. Como sabemos, parte del éxito de este gobierno y su acatamiento se deben a la aceptación de una ficción política que otorgaría protagonismo a las provincias.

Es sobre esa base que el Ministerio Nacional ha avanzado en girar recursos para que cada jurisdicción haga lo que considere mejor, lo que hace prever (entre otras cuestiones) un incremento de la fragmentación, la desigualdad y el desarrollo disímil de la educación como resultado próximo. Para lograrlo, se acude a volver más informales y menos colectivos y previsibles los vínculos entre el gobierno central y las jurisdicciones: "a río revuelto, ganancia de pescadores". En lugar de acuerdos institucionales, se combinan arreglos precarios, más dependientes de las voluntades individuales, bajo la apelación a "atender a las necesidades particulares de cada uno", desarmando una trama institucional que buscaba consolidar un sistema nacional sobre bases federales.

Entendemos que la no convocatoria a la paritaria nacional para establecer el salario mínimo docente común para todo el país (tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo) es una expresión más de lo que denominan un "nuevo federalismo" que enmascara la convicción de que hay provincias "inviables", que deben quedar libradas a la propia desventaja en el marco de una desigualdad creciente.

Estamos a las puertas, además, de un nuevo esquema ministerial. Se ha desarmado la estructura, se han disgregado y expulsado equipos y aún se desconoce el nuevo diseño del gobierno educativo nacional. Algunas cosas están claras: los cambios buscan producir una transformación profunda que arrase con lo existente, reorientando el presupuesto del 2017 para otorgarle centralidad a la evaluación y a los operativos "aprender" como modos de disciplinamiento.

En ese marco se incorporan funcionarios provenientes del sector privado, gerentes o directores de empresas. Bajo un lenguaje que alude a estrategias del mundo digital y empresarial ( e-learning, coaching, emprendedurismo, emprendizaje, etc.), se busca acoplar el sistema educativo a las demandas del mercado y abrirlo a los negocios del sector privado bajo la meta de la "modernización" del sistema.

También las políticas impulsadas por el INFOD, junto con desconocer los acuerdos paritarios sobre el Plan de Formación Permanente, evidencian un giro importante, desplegando una visión instrumental y homogeneizadora de la formación. La resistencia de docentes de todo el país y de las trabajadoras y trabajadores del Programa Nuestra Escuela han permitido sostener algunas de las propuestas de formación que se venían desarrollando. Sin embargo, el gobierno busca desandar y reorientar la agenda de la formación expulsando de ella problemáticas tales como los Derechos humanos, las Pedagogías latinoamericanas, la Educación Sexual Integral y la Educación Intercultural Bilingüe (entre otros).

Esta reorientación de las políticas en materia de formación se sustenta en un discurso de desvalorización y culpabilización de los docentes por el supuesto fracaso de la escuela pública, medido por los resultados de las pruebas PISA que el propio gobierno busca desconocer (cuando los mismos contradicen su relato de fraude educativo), tal como aconteció con los resultados NO publicados en el año 2016.

La producción sistemática de saberes, la acumulación de experiencia y las innovaciones consolidadas colectivamente, van siendo reemplazadas por encargos millonarios a empresas para que elaboren "enlatados" digitales destinados a la formación docente, textos o materiales para salas de primera infancia, etc.

Es importante poder dimensionar que no se trata simplemente del retorno de un anacronismo, de una nueva expresión de fuerzas arcaicas e irracionales, sino de una generalización de una perspectiva de "postpolítica". En ese marco lo político es planteado como algo caduco e improductivo al tiempo que se lo contrapone con una noción de sociedad consensual y sin ideologías.

Sin embargo, lo mejor de la tradición de la educación pública de la Argentina se asentó sobre la idea de distribución, de derecho, de reciprocidad. El Estado y las políticas públicas han sido los lugares en los que se generan las condiciones para que los derechos sean logros cotidianos. Si esa intermediación de la política estatal no está, nos quedamos a la intemperie, a merced de los poderosos, a sobrevivir en el sálvese quien pueda.

Cuando se estaba transitando un camino (no sin deudas y dificultades) sobre la convocatoria y acogida de niños y jóvenes a un sistema educativo ampliado, atento a las problemáticas sociales, generacionales y genéricas particulares, sobrevino una interrupción del proceso de cambio cultural y se produjo un giro del discurso que deslegitima la inclusión. Se produce entonces una impugnación velada, cuando se pretende contraponerla al logro de la "calidad" de la educación.

Hoy se presenta como posible salida reglamentar el respeto a los docentes, evaluar los aprendizajes, bucear en las emociones y en la materialidad de las neuronas y los genes de niñas, niños y adolescentes, y sustituir a la docencia con voluntarios ficticios. Sabemos que el respeto no se reglamenta, que a diferencia de la obediencia, es efecto del mutuo reconocimiento, que los procesos de enseñanza y aprendizaje desbordan las ficciones positivistas y que maestra/os y profesora/es son sujetos con oficio y derechos que no pueden ser sustituidos por convocatorias provocadoras. Avizoramos un incremento de los conflictos y el malestar docente; pero también una respuesta activa de los docentes que aún en medio de tanta contrariedad, no se resignarán a tirar por la borda tanta experiencia acumulada.

Sin dejar de dar batalla por los problemas señalados, invitamos a construir nuestra propia agenda. Abrir conversaciones que consideramos necesarias, haciéndonos eco de las situaciones, demandas y deseos que nos atraviesan a todxs y buscando compartir nuestros puntos de vista. Retomaremos entonces algunas cuestiones que planteamos en nuestra primera editorial (el gobierno del sistema educativo, las políticas de evaluación, la transmisión de la historia reciente) a la vez nos planteamos abordar:

- las perspectivas sobre Género y Educación y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer trabajadora, en un momento histórico amenazante para las conquistas de los gremios docentes y los movimientos feministas

- la educación bilingüe intercultural (EBI), y con ella, la obligación imprescriptible del Estado de asegurar el derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete sus concepciones, idiomas y prácticas culturales y de generar condiciones para un diálogo intercultural fecundo entre todas las tradiciones culturales que habitamos la Argentina

- las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes y su incidencia en el campo educativo: el caso de la baja de edad de imputabilidad; la ausencia de políticas para la primera infancia; el desmantelamiento de las políticas hacia el sector salud, entre otras.

- las perspectivas sobre neurociencias y educación emocional: las miradas reduccionistas como pretendido sustento de las políticas educativa en el caso de las políticas curriculares y de las orientaciones para la enseñanza y los aprendizajes; e l impacto en los criterios de evaluación; la ilusión para el abordaje del malestar educativo.

Nos proponemos desplegar nuestras conversaciones en un doble movimiento: pronunciarnos contra el vaciamiento educativo, el cinismo activo y el disciplinamiento en la educación a la par que, sumándonos a la multiplicación de las voces críticas en la esfera pública, esperamos aportar a la recuperación y socialización de experiencias acumuladas y a la apertura de nuevas preguntas y búsquedas que gesten mejores escenarios y horizontes para la educación argentina.

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Ante las estrategias de vaciamiento del sistema educativo, cinismo activo y disciplinamiento docente, más educación, más política y más conversaciones necesarias.

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En abril de 2016 iniciamos este espacio con nuestras primeras lecturas sobre el escenario educativo después del cambio de gobierno. A un año, queremos compartir miradas y preocupaciones sobre la orientación de las políticas educativas del gobierno nacional encabezado por la Alianza Cambiemos. El gobierno de Mauricio Macri marcó fuertes rupturas con las políticas públicas...

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-Neoliberalismo

-2do año de gobierno

-Reflexión sobre el rol de la mujer. (NiUnaMenos;Paro de mujeres)

-1A: marcha sabática para apoyar al macrismo

-Precarización laboral

-Desempleo

-Cierre de empresas, fábricas y negocios

-En el debate en torno a la Educación muchos opinan con poco argumento

-Circo político

-Marcha federal educativa.

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-Conflicto y paro docente
-Desmotivación laboral
-Conquistas sociales/cuestionamientos

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-Conflicto y paro docente
-Desmotivación laboral

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-Conflicto y paro docente

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-Conflicto y paro docente
-indi

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-Tensión social
-Predominio de lo privado sobre lo publico
-Aumento de la pobreza

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-Argentina marzo 2017
-Búsqueda de una despolitización de la sociedad
-Ausencia del Estado en cuestión de políticas públicas
-Retroceso económico/desindustrialización
-Desvalorización de las profesiones vínculadas a lo social