# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Un colegio de la provincia de Misiones deberá pagarle casi un millón de pesos a un docente que fue despedido hace seis años por su orientación sexual. El damnificado, Julián Björklund (38), dijo que el dinero será destinado a una ONG que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Misiones. Ocurrió en una escuela privada de Oberá.

En 2016, Björklund trabajaba como profesor en dos colegios de su ciudad natal y había decidido que era el momento de casarse con su pareja, Alejandro Cabrera.

Cuando comunicó a una de las instituciones que no iba a sumarse al campamento que anualmente realizaban los alumnos porque coincidía con su boda, la respuesta no fue la esperada.

"Cuando le avisé al rector, se mostró sorprendido. Me dijo que creía que iba a pesar mi buen desempeño como docente, y después me contactó el representante legal, un pastor, que me comunicó la desvinculación inmediata", recordó el hombre en comunicación con Clarín.

Julián es profesor de física y química, pero también es licenciado en criminalística. Actualmente se desempeña como rector de otro colegio de Oberá. Además, fue candidato a intendente de Oberá, donde tiene un emprendimiento comercial.

Al momento de la desvinculación, el representante legal del Instituto Privado Emanuel firmó un documento en el que se fijó el monto y modo de pago de la indemnización, pero allí también se asentó que Julián fue separado de su cargo "por el hecho de que la sexualidad del profesor no coincide con el ideario de institución", y que la decisión se tomó para evitar "conflictos".

Después que haber explicitado el motivo del despido, desde el colegio advirtieron que les podría generar un problema legal y convocaron nuevamente a Björklund.

Allí le ofrecieron adelantarle el pago de las cuotas de la indemnización a cambio de hacer una modificación en el documento. El docente no aceptó y acudió al Inadi por considerar que fue discriminado por su orientación sexual.

Cuando se conoció la noticia del casamiento del docente, el pastor que oficiaba de representante legal le cuestionó por no haber recurrido antes a la institución e incluso llegó a manifestarle que conocía personas que podrían haberlo ayudado a tratar su "problema", en referencia a su homosexualidad.

Tras seis años, la Justicia estableció que el despido de Julián fue una acción discriminatoria que debía ser reparada. Por tal motivo, se fijó en 992.074 pesos el monto resarcitorio por daño moral.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
discriminacion a un docente gay en misiones

# data[].attributes.attachment_link.title
Un colegio deberá indemnizar con casi un millón de pesos a un docente que echó por ser gay | Ciudadanos | La Voz del Interior

# data[].attributes.attachment_link.description
Un colegio de la provincia de Misiones deberá pagarle casi un millón de pesos a un docente que fue despedido hace seis años por su orientación sexual. El damnificado, Julián Björklund (38), dijo que el dinero será destinado a una ONG que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Misiones.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Desistir del uso de aranceles, sanciones comerciales, ayuda exterior y demás medidas para presionar a otros países a suscribir acuerdos como "terceros países seguros", sobre todo si estos países no están en condiciones de brindar protección jurídica o física efectiva a los solicitantes de asilo.

Cancelar la Norma Final Interina que se publicó en el Boletín Federal el 24 de marzo de 2020, así como la Orden de los CDC del 20 de marzo de 2020 sobre "Suspensión del ingreso de ciertas personas de países donde exista una enfermedad transmisible", y asegurar que toda reglamentación vinculada con la salud pública relativa al ingreso de personas extranjeras reconozca la obligación de EE. UU. de proteger a los refugiados de que regresen a un contexto donde puedan ser perseguidos o quedar expuestos a torturas o condiciones o castigos crueles, inhumanos o degradantes, o amenazas a la vida y la integridad física.

Retirar el proyecto de Norma sobre Obstáculos y Procesamiento relativos a Seguridad (Rule on Security Bars and Processing), que privaría de la posibilidad de asilo y de la suspensión de expulsiones a los "ciudadanos extranjeros cuyo ingreso suponga un riesgo de mayor propagación de enfermedades o condiciones infecciosas o altamente contagiosas, en razón de emergencias de salud pública declaradas en Estados Unidos o debido a condiciones en el país de origen o en el punto de embarque hacia Estados Unidos".

Cancelar el proyecto de norma federal que modificaría las reglamentaciones relativas a los estándares y procedimientos sobre asilo, suspensión de expulsiones, temor creíble y temor razonable.

Poner fin al Protocolo de Protección de Migrantes (PPM). Hasta tanto eso ocurra, adoptar reglamentaciones que aclaren que las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), cuya seguridad en México no puede garantizarse, están incluidas en los grupos vulnerables excluidos de tal protocolo.

Poner fin a la Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo (Asylum Claim Review, PACR) a fin de asegurar que todos los solicitantes de asilo, incluidas las personas LGBT, tengan la posibilidad de presentar sus solicitudes ante un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y puedan obtener asesoramiento legal.

Poner fin al sistema de "cupos (metering)" implementado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que limita la cantidad de personas que se permite que ingresen cada día en Estados Unidos para plantear su caso de asilo.

Poner fin a los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo con Guatemala, Honduras y El Salvador, al reconocer que ninguno de estos países cumple los criterios de tercer país seguro para los solicitantes de asilo, incluidos aquellos que son personas LGBT.

Priorizar los recursos de modo que en los puntos de ingreso en la frontera entre EE. UU. y México se puedan tramitar y considerar las solicitudes de asilo de manera justa y oportuna.

Poner fin a todas las detenciones innecesarias por motivos migratorios. En casos en los cuales la detención está justificada en función del riesgo o el peligro de fuga demostrado por el gobierno a un juez de inmigración, que debe revisarse con regularidad, ubicar a los inmigrantes detenidos en áreas más accesibles para sus familias, abogados y los servicios de apoyo comunitarios. Brindar a las personas que estén a disposición del ICE información redactada en su propio idioma, incluidas las órdenes de expulsión y otros documentos que se les pueda pedir que firmen.

Conceder los pedidos pendientes de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar la frontera entre EE. UU. y México con el fin de llevar a cabo la comunicación y el seguimiento de políticas y prácticas que afecten el derecho internacionalmente reconocido a solicitar asilo.

Brindar asistencia económica y técnica a mecanismos de rendición de cuentas en El Salvador, Guatemala y Honduras orientados a investigar y documentar delitos basados en prejuicios, incluso dentro del ámbito de las dependencias del Ministerio Público y las instituciones nacionales de derechos humanos.

Brindar apoyo económico y técnico a organizaciones lideradas por personas LGBT en el Triángulo Norte en todos los aspectos de su labor, incluidos los relativos a la documentación de violaciones de derechos humanos, incidencia, empoderamiento económico y provisión de servicios.

Hablar en forma pública en apoyo a los derechos de las personas LGBT en el Triángulo Norte e instar a los gobiernos del Triángulo Norte a adoptar políticas para combatir la violencia y la discriminación contra las personas LGBT.

Crear una institución especializada a la cual se encomiende trabajar para erradicar la discriminación contra las personas LGBT, promover políticas públicas inclusivas, asegurar el trato igualitario en la provisión de servicios e incrementar la concienciación y sensibilización con respecto a la orientación sexual y la identidad de género. El gobierno debe dotar a esta institución de un presupuesto operativo y recursos suficientes para lograr sus objetivos.

Tratar de manera directa con las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos de las personas LGBT para analizar las formas más eficaces de reforzar la protección de esos derechos.

Rescindir el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo firmado con Estados Unidos.

Asegurar el cumplimiento riguroso del Decreto 56 de 2010 que prohíbe la discriminación en el poder ejecutivo y exigir que todos los ministerios y otros organismos gubernamentales prohíban la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las acciones de selección, contratación y en todas las demás actividades, y adopten medidas para contrarrestar la discriminación sistémica contra las personas LGBT.

Aprobar leyes civiles integrales contra la discriminación que incluyan de manera expresa la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas y que abarquen a sectores como, entre otros, los de educación, empleo, salud y vivienda. Asimismo, asegurar que las leyes civiles contra la discriminación que ya existan también se apliquen a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Aprobar una ley sobre identidad de género que permita a las personas cambiar el componente sexo que figura en sus documentos oficiales a través de un proceso administrativo sencillo, como la presentación de una solicitud ante el Registro Civil. Para el reconocimiento legal del género no deben imponerse requisitos engorrosos que resulten violatorios de derechos, como la exigencia de someterse a divorcio, cirugías o evaluaciones psiquiátricas antes de que una persona pueda modificar el componente sexo.

En colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas LGBT, brindar capacitación a policías y otro personal del ministerio con respecto a su obligación de respetar y proteger los derechos de las personas LGBT.

Establecer servicios de asistencia destinados a personas jóvenes, incluidas niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, que sean expulsados de su hogar por motivos vinculados con la orientación sexual o la identidad de género, incluidas medidas de albergue, servicios de orientación, servicios educativos y capacitación para el empleo.

Asegurar el cumplimiento de políticas que exijan que todas las escuelas, públicas y privadas, no discriminen a los estudiantes por su orientación sexual, su identidad o expresión de género.

Asegurar el cumplimiento de políticas contra el acoso escolar que exijan que todas las escuelas adopten medidas para prevenir instancias de este tipo de acoso por la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, incluso por parte del personal y los docentes, y que respondan cuando estos hechos ocurran.

Asegurar que todos los planes de estudio, incluidos los contenidos sobre educación integral en sexualidad, abarquen la diversidad sexual y de género y favorezcan su aceptación.

Ofrecer a los estudiantes que hayan abandonado los estudios antes de terminar la escuela secundaria, incluidas las personas LGBT, oportunidades para concluir su formación de nivel secundario, y entablar contacto con las organizaciones de personas LGBT para que los adultos jóvenes de la comunidad LGBT tengan conocimiento de tales oportunidades.

Reanudar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil LGBT con respecto a la creación de programas para ofrecer oportunidades laborales y capacitación para el empleo a personas LGBT.

Asegurar que se recopilen datos sobre discriminación, marginación económica y exclusión social por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como datos sobre el impacto de dicha exclusión para el desarrollo económico y el bienestar individual.

Rescindir el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo firmado con Estados Unidos.

A través de la Secretaría de Planificación y Programación, formular políticas que promuevan la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas LGBT. Tratar de manera directa con las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos de las personas LGBT para analizar las formas más eficaces de reforzar la protección de esos derechos.

Cumplir el compromiso expresado en noviembre de 2012 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de establecer una política pública integral que garantice a las personas LGBT e intersexuales el goce de sus derechos.

Expresar apoyo en forma pública a la labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos orientada a propugnar la protección de los derechos de las personas LGBT.

Exigir que todos los ministerios y otros organismos gubernamentales prohíban la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las acciones de selección, contratación y en todas las demás actividades, y adopten medidas para contrarrestar la discriminación sistémica contra las personas LGBT.

Aprobar la Iniciativa de Ley 5674 de 2019 que propone prevenir y sancionar los delitos por prejuicio contra las personas LGBT.

Cancelar la consideración de la Iniciativa de Ley 5272 de 2017 sobre la "Protección a la Vida y la Familia."

Interrumpir los esfuerzos orientados a destituir al actual Procurador de los Derechos Humanos por la posición que este ha adoptado en respaldo de los derechos de las personas LGBT y el acceso al aborto.

Aprobar leyes civiles integrales contra la discriminación que incluyan de manera expresa la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas y que abarquen a sectores como los de educación, empleo, salud y vivienda, entre otros. Asimismo, asegurar que las leyes civiles contra la discriminación que ya existan también se apliquen a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Aprobar una ley sobre identidad de género que permita a las personas cambiar el componente sexo que figura en sus documentos oficiales a través de un proceso administrativo sencillo, como la presentación de una solicitud ante el Registro Civil. Para el reconocimiento legal del género no deben imponerse requisitos engorrosos que resulten violatorios de derechos, como la exigencia de someterse a divorcio, cirugías o evaluaciones psiquiátricas antes de que una persona pueda modificar el componente sexo.

Adoptar una reglamentación que prohíba de manera clara la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y asegurar que los agentes de aplicación de la ley que participen en este tipo de discriminación respondan por sus actos.

Trabajar en el monitoreo y la evaluación de los sistemas existentes para el seguimiento de los delitos motivados por prejuicios. Asegurar que a todos los funcionarios que reciben denuncias, incluidos policías y fiscales, se les brinde capacitación sobre orientación sexual e identidad de género, a fin de ayudarlos a identificar estos delitos. Asimismo, asegurar que pregunten de manera sistemática a las personas denunciantes si es posible que ellas (o las víctimas) hayan sido agredidas en razón de su orientación sexual o identidad de género.

Establecer servicios de asistencia destinados a personas jóvenes, incluidas niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, que sean expulsados de su hogar por motivos vinculados con la orientación sexual o la identidad de género, como medidas de albergue, servicios de orientación, servicios educativos y capacitación para el empleo.

Adoptar una política contra la discriminación que exija que todas las escuelas, públicas y privadas, no discriminen a los estudiantes en función de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.

Adoptar políticas contra el acoso escolar que exijan que todas las escuelas establezcan medidas para prevenir instancias de este tipo de acoso por motivos de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.

Asegurar que todos los planes de estudio, incluidos los contenidos sobre educación integral en sexualidad, abarquen la diversidad sexual y de género y favorezcan su aceptación.

Ofrecer a los estudiantes que hayan abandonado los estudios antes de terminar la escuela secundaria, incluidas las personas LGBT, oportunidades para concluir su formación de nivel secundario, y entablar contacto con las organizaciones de personas LGBT para que los adultos jóvenes de la comunidad LGBT tengan conocimiento de tales oportunidades.

· Lanzar una campaña pública para informar a empleadores y personas que buscan empleo que la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género es ilegal en Guatemala.

Asegurar que se recopilen datos sobre discriminación, marginación económica y exclusión social por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como sobre el impacto de dicha exclusión para el desarrollo económico y el bienestar individual.

Adoptar una reglamentación que prohíba de manera clara la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y asegurar que los agentes de aplicación de la ley y militares que participen en este tipo de discriminación respondan por sus actos.

Aprobar leyes civiles integrales contra la discriminación que incluyan de manera explícita la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas y que abarquen a sectores como, entre otros, los de educación, empleo, salud y vivienda.

Aprobar una ley sobre identidad de género que permita a las personas cambiar el componente sexo que figura en sus documentos oficiales a través de un proceso administrativo sencillo, como la presentación de una solicitud ante el Registro Civil. Para el reconocimiento legal del género no deben imponerse requisitos engorrosos que resulten violatorios de derechos, como la exigencia de someterse a divorcio, cirugías o evaluaciones psiquiátricas antes de que una persona pueda modificar el componente sexo.

Establecer servicios de asistencia destinados a personas jóvenes, incluidas niñas, niños, adolescentes, y adultos jóvenes, que sean expulsados de su hogar por motivos vinculados con la orientación sexual o la identidad de género, como medidas de albergue, servicios de orientación, servicios educativos y capacitación para el empleo.

En colaboración con las organizaciones de personas LGBT, realizar una investigación de alcance nacional sobre señalamientos de discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual e identidad de género, y sancionar a los empleadores que violen las leyes nacionales realizando acciones discriminatorias.

Llevar a cabo una campaña pública de mensajes para que empleadores y personas LGBT tengan presente la ley que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual e identidad de género.

El presente informe se elaboró a partir de investigaciones primerias realizadas en 2019 y principios de 2020 en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. La investigación se conceptualizó a comienzos de 2019, tras la llegada de varias caravanas de migrantes y solicitantes de asilo -las cuales iniciaban el recorrido en Honduras y pasaban por El Salvador, Guatemala y México antes de llegar a la frontera sur de EE. UU.- que dieron visibilidad a las violaciones específicas de derechos humanos que afectan a las personas LGBT del Triángulo Norte con tanta intensidad que hacen que muchas tomen la difícil y riesgosa decisión de irse de su país.

Ante las experiencias comunes de las personas LGBT solicitantes de asilo provenientes del Triángulo Norte, y las similitudes que hay entre sus países de origen con relación a las protecciones legales (o más bien, la falta de estas) y formas de violencia comunes, Human Rights Watch decidió investigar la violencia y la discriminación en los tres países.

Esta investigación tuvo dos objetivos principales. El primero fue contribuir a preservar o mejorar el acceso al asilo en Estados Unidos brindando información precisa y confiable, basada en testimonios directos, a quienes adoptan medidas en Estados Unidos y a los jueces y abogados inmigratorios con respecto a las condiciones en los países de los cuales huyen las personas LGBT procedentes del Triángulo Norte. El segundo fue utilizar el informe en la labor de incidencia que se desarrolla con organizaciones regionales, nacionales y locales de defensa de los derechos de las personas LGBT y otros derechos humanos en el Triángulo Norte para promover reformas en los países que pongan coto a la violencia y la discriminación.

Una investigadora de Human Rights Watch realizó entrevistas en El Salvador (San Salvador, La Unión y San Miguel) en mayo y julio de 2019; en Guatemala (Ciudad de Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Guastatoya y Quetzaltenango) en mayo y agosto de 2019; y en Honduras en mayo y agosto de 2019 (Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula y El Progreso). En estos lugares, entrevistó a personas LGBT que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos, a representantes de organizaciones LGBT y de otras organizaciones de derechos humanos, a funcionarios públicos y a funcionarios de las Naciones Unidas.

Los investigadores de Human Rights Watch también entrevistaron a solicitantes de asilo LGBT y miembros de organizaciones que les brindan representación legal y otro tipo de apoyo en México (Tijuana) y Estados Unidos (Los Ángeles y Washington D.C.), hablaron por teléfono con activistas LGBT del Triángulo Norte que habían intentado refugiarse en Suiza y España, y se comunicaron por teléfono y correo electrónico con un amplio abanico de organizaciones que trabajan en cuestiones vinculadas con las personas LGBT y con las personas refugiados en Estados Unidos.

Dos de las personas entrevistadas eran solicitantes de asilo o refugiadas a quienes Human Rights Watch entrevistó en México y Estados Unidos en diciembre de 2019 y enero de 2020.

La investigación se enfoca en la violencia y la marginación económica, que exponen a las personas LGBT a un mayor riesgo de violencia. Por tal motivo, el informe incluye casos de discriminación en la educación y el empleo, pero no incluye otras formas de discriminación como, por ejemplo, en los entornos médicos. Aunque sí se documentaron varios casos de este tipo de discriminación, como acoso sexual por parte de proveedores de atención de la salud por motivos de orientación sexual o identidad de género, estos incidentes no contribuían claramente a la marginación económica o la violencia física. La exclusión de estos incidentes no pretende sugerir que no sean violaciones graves de derechos humanos que ameritan una investigación y un análisis más exhaustivos.

Las personas entrevistadas que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos fueron contactadas con la ayuda de organizaciones nacionales de derechos de personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras, o con el apoyo de abogados inmigratorios y organizaciones que brindan servicios de apoyo a solicitantes de asilo y refugiados en México y Estados Unidos. Las entrevistas las realizaron en español por investigadores de Human Rights Watch que hablan ese idioma. La mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo en forma individual en espacios privados, aunque algunas se realizaron en grupos reducidos de personas que se conocían y que afirmaron sentirse cómodas hablando juntas. No se proporcionó a las personas entrevistadas ninguna compensación.

Aunque Human Rights Watch intentó entrevistar a personas de todo el espectro LGBT, la mayoría de los entrevistados fueron personas trans u hombres gais. Esto se debe a varias razones.

En primer lugar, buscamos deliberadamente identificar casos de violencia y, en muchas partes del mundo, las mujeres trans y los hombres gais suelen estar entre los más expuestos al riesgo de ser blanco de violencia por transgredir las normas de género. En segundo lugar, las mujeres lesbianas y bisexuales suelen estar menos conectadas con organizaciones de derechos de personas LGBT. Las organizaciones lideradas por mujeres queer reciben escasos fondos de donantes, es posible que las mujeres se sientan alienadas o excluidas por organizaciones dirigidas o dominadas por hombres y, además, las mujeres suelen tener mayores dificultades para obtener el grado de independencia de sus familias que les permita participar en organizaciones LGBT. La tendencia en las personas que integran nuestro grupo de entrevistados no debe llevar a pensar que las mujeres lesbianas y bisexuales en el Triángulo Norte no son víctimas de violencia y discriminación debido a su orientación sexual. Es posible que esa violencia ocurra en la esfera "privada", sea ejercida por familiares o parejas íntimas y no se denuncie nunca a la policía ni a organizaciones de derechos humanos.

Human Rights Watch también entrevistó a otras 93 personas que tenían conocimiento de violaciones de derechos humanos que afectaban a personas LGBT en el Triángulo Norte o durante el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, incluidos funcionarios públicos, funcionarios de las Naciones Unidas, activistas de derechos humanos, periodistas y abogados.

Asimismo, Human Rights Watch llevó a cabo un análisis de fuentes bibliográficas, como informes publicados por organizaciones LGBT en el Triángulo Norte y Estados Unidos, informes de órganos regionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agencias de las Naciones Unidas, informes del Departamento de Estado de EE. UU. y sentencias judiciales de países del Triángulo Norte y de Estados Unidos.

Human Rights Watch envió pedidos de información a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras en julio de 2019, en los cuales solicitó conocer datos sobre la cantidad de casos de violencia contra las personas LGBT que se habían denunciado a la policía, el número en el cual se habían iniciado acciones penales y la cantidad de condenas obtenidas, y nuevamente en septiembre de 2020, solicitando más información sobre los esfuerzos para combatir la violencia y la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual. Los tres gobiernos enviaron respuestas y en las secciones sobre países de este informe se brinda un análisis más detallado de la información proporcionada. Las respuestas también se incluyen en este informe como anexos. Durante la preparación de este informe, Human Rights Watch se comunicó además por correo electrónico con representantes gubernamentales que contestaron información sobre casos específicos.

Human Rights Watch no realizó investigaciones exhaustivas en México y, por lo tanto, no incluyó en este informe recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano. Sin embargo, muchas personas LGBT entrevistadas informaron sobre violaciones que se produjeron en México, tanto en el trayecto hacia Estados Unidos como en casos en los que personas LGBT del Triángulo Norte intentaron refugiarse brevemente en México, ya sea al pedir asilo formalmente o al vivir en México sin documentos, antes de regresar a sus países de origen.

La violencia en el Triángulo Norte está asociada con factores económicos. Lo mismo cabe decir con respecto a la violencia de pandillas, y también la violencia policial: Las entrevistas que mantuvo Human Rights Watch sugieren que algunos policías creen que pueden ser abusivos con las personas que viven en situación de pobreza u otro tipo de marginación, o ignorar sus necesidades, sin que haya consecuencias. Las personas LGBT en el Triángulo Norte pertenecen a distintos sectores económicos; sin embargo, algunas de ellas, sobre todo las personas trans y género no conforme, son empujadas a los márgenes sociales y económicos tras una vida de discriminación. Esta marginación sistemática suele empezar con el rechazo y el abuso por parte de sus familias: conforme se documenta en los capítulos siguientes, personas LGBT de los tres países indicaron a Human Rights Watch que sus padres y otros familiares las sometieron a agresiones físicas y las expulsaron del hogar.

En lo que respecta a proteger frente a la posibilidad de delitos, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras no han frenado la violencia de pandillas contra la población. Sin embargo, las personas LGBT pueden enfrentar un obstáculo adicional a la protección: en los tres países, las personas LGBT informaron ser estigmatizadas y discriminadas por policías cuando intentaron denunciar delitos, lo cual disuade a algunas personas LGBT que son víctimas de delitos de denunciar directamente los hechos, tal y como se muestra en las secciones II a IV de este informe.

Los tres países tienen procedimientos destinados a recopilar datos sobre delitos contra personas LGBT, pero en la práctica la recolección de esos datos es dispar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en toda América:

La insuficiente capacitación de agentes de policía, fiscales y autoridades forenses también puede producir registros imprecisos. Por ejemplo, cuando las víctimas que son personas trans son registradas según su sexo asignado al nacer, su identidad de género no es reflejada en los registros. Las mujeres trans con frecuencia son identificadas en los registros púbicos como "hombres vestidos con ropa de mujer".

En julio de 2019, Human Rights Watch escribió al Ministerio Público y las Defensorías del Pueblo de cada uno de estos países solicitando información sobre delitos. Las respuestas recibidas se incluyen en este informe como anexos.

Migración: Una vía para salir de la violencia

Entre enero de 2007 y noviembre de 2017, al menos 4.385 personas intentaron pedir asilo en Estados Unidos sobre la base de señalamientos de persecución vinculada con su identidad de género u orientación sexual, según datos que NBC News obtuvo a través de un pedido ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( United States Citizenship and Immigration Services) invocando la Ley de Libertad de Información . Los tres países donde se originaba el mayor número per cápita de solicitantes LGBT de asilo en Estados Unidos eran El Salvador (con 1.228 solicitantes de asilo que presentaron pedidos por motivos de orientación sexual o identidad de género en ese período), Honduras (651) y Guatemala (369) . Estos datos no resultan sorprendentes, si se toma en cuenta la violencia contra las personas LGBT que se manifiesta sin ningún freno en los países del Triángulo Norte y la proximidad con Estados Unidos. La red REDLAC, dedicada a temas migratorios, indica que para muchas personas LGBT del Triángulo Norte "el único mecanismo de adaptación es el desplazamiento interno o transnacional, e intentar solicitar asilo en Estados Unidos o México (aunque no todas las personas en situación de desplazamiento forzado piden asilo y muchas desconocen que tienen derecho a hacerlo)" .

Obstáculos al asilo en Estados Unidos

El 20 de marzo de 2020, en respuesta a la pandemia de Covid-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( Centers for Disease Control and Prevention, CDC) establecieron una cláusula de salud pública que autorizó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( Customs and Border Protection, CBP) de EE. UU. a expulsar en forma sumaria a migrantes no autorizados, incluidos solicitantes de asilo, niños y niñas, sin considerar si son elegibles para recibir protección conforme al derecho estadounidense . La orden se fundamenta en las facultades sobre cuarentena que tienen los CDC conforme al título 42 del Código de Reglamentaciones Federales, en vez del título 8, relativo a inmigración. Utiliza un criterio de cuarentena médica para revocar protecciones que el derecho estadounidense sobre inmigración reconoce a las personas refugiadas, y pasa por alto el derecho de los solicitantes de asilo a que se les conceda la oportunidad de presentar solicitudes o que estas se analicen . En los primeros cinco meses tras el dictado de la orden de los CDC, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza expulsó en forma sumaria a más de 105.000 personas de Estados Unidos invocando la medida . La orden de los CDC representa la primera vez, desde que se promulgó la Ley de Refugiados de EE. UU. en 1980, en que se ha devuelto en forma sumaria a solicitantes de asilo en la frontera, sin posibilidad de plantear su caso de asilo ni consideración del riesgo que pueden enfrentar en México u otros países de origen .

Incluso antes de que Estados Unidos cerrara del todo la frontera como parte de su respuesta al Covid-19, había múltiples obstáculos a la posibilidad de acceder al asilo. Estos se analizan brevemente aquí, y en mayor profundidad en la sección V de este informe.

Los cupos (metering) son una estrategia de "ralentización" que implementa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para limitar de manera artificial la cantidad de solicitantes de asilo que pueden entrar en Estados Unidos a través de los cruces fronterizos cada día. Incluso antes de que EE. UU. cerrara totalmente las fronteras como parte de su respuesta al Covid-19, el sistema de cupos obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en ciudades a lo largo de la frontera mexicana por hasta seis meses antes de poder siquiera completar el primer paso del proceso de asilo de EE. UU., que consiste en la entrevista sobre temor creíble . Esta táctica dilatoria tiene consecuencias particularmente perniciosas para las personas LGBT que solicitan asilo y que enfrentan discriminación y violencia en ciudades de la frontera mexicana debido a su identidad de género u orientación sexual.

El Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), también conocido como programa de "Permanencia en México ( Remain in Mexico)", obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se resuelven sus solicitantes de asilo en Estados Unidos. Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional exime a "personas de poblaciones vulnerables... según un análisis de cada caso en particular", lo que implica que tales personas pueden quedarse en Estados Unidos mientras se resuelve su solicitud. Sin embargo, el memorando no incluye a las personas LGBT como miembros de un grupo vulnerable, y Human Rights Watch ha recibido información de que hay personas LGBT en el programa de "Permanencia en México" . Las audiencias del PPM han estado suspendidas desde marzo de 2020, y esto ha prolongado el período de espera de los solicitantes de asilo.

El proceso de Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo (Prompt Asylum Claim Review, PACR), iniciado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en octubre de 2019, acelera los procedimientos de expulsión de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera de Estados Unidos. El proceso rápido crea condiciones que pueden desalentar a las personas que han sufrido un trauma de hablar abiertamente sobre el contexto de persecución del que han huido . El PACR se suspendió en marzo de 2020 tras la orden de los CDC que cerró la frontera a los solicitantes de asilo .

El Acuerdo de Cooperación sobre Asilo (ACA) con Guatemala, un acuerdo celebrado entre los gobiernos de EE. UU. y Guatemala en julio de 2019, habilita a Estados Unidos a expulsar en forma rápida a Guatemala a solicitantes de asilo que no sean guatemaltecos, sin permitirles plantear pedidos de asilo en Estados Unidos, y además deja a estas personas sin acceso a protección efectiva en Guatemala . Como resultado, muchas personas se sienten obligadas a desistir de sus solicitudes de asilo y regresar a sus países de origen, donde están expuestas a un riesgo real de sufrir graves daños . Para una persona salvadoreña u hondureña que ha huido de la brutalidad de las pandillas y, a veces, de las autoridades de su país de origen, ser transferida de manera forzosa a Guatemala, donde numerosos solicitantes de asilo temen enfrentar formas similares de persecución a las de sus países de origen, es un revés devastador. El riesgo de daños para los solicitantes de asilo enviados a Guatemala es tan grave que Human Rights Watch y Refugees International emitieron un informe conjunto en mayo de 2020, en el cual instaron a ambos gobiernos a dejar sin efecto completamente la política .

Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional incluso procuraron establecer una prohibición estricta del asilo en Estados Unidos para todos los solicitantes de asilo que hubieran pasado por algún otro país durante el trayecto hacia Estados Unidos, algo que se conoce como Norma de Asilo en Tercer País ( Third-Country Asylum Rule). La justicia federal invalidó la norma el 30 de junio de 2020 por cuestiones procesales .

Las personas LGBT que consiguen superar estos obstáculos y logran pedir asilo en la frontera de Estados Unidos siguen estando expuestas a violaciones de derechos humanos.

Muchas pasan meses, o incluso hasta un año, detenidas a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( Immigration and Customs Enforcement, ICE). A menudo, los funcionarios del ICE detienen a las mujeres trans junto con hombres . Human Rights Watch ha documentado abusos de mujeres trans bajo custodia del ICE, incluida la agresión sexual por parte de otros detenidos, ser obligadas a desnudarse para cacheos por guardias de sexo masculino, uso irrazonable de la reclusión en régimen de aislamiento y acceso inadecuado a la atención médica . En 2018 y 2019, se produjeron dos muertes de mujeres trans que estuvieron relacionadas con atención médica insuficiente en establecimientos del ICE. En enero de 2020, 45 miembros del Congreso pidieron que se liberara a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo transgénero, al sostener que el ICE no podía garantizar su salud ni su seguridad . Varias organizaciones también han documentado violaciones de derechos humanos de solicitantes de asilo gais bajo custodia del ICE .

Ya no podía tolerar esta situación. No podía continuar con esta vida. Porque eso no era vida. Sufría por culpa de mis vecinos, de las pandillas, de mi familia y de las autoridades de mi país.

-Pricila P., mujer trans de San Salvador, Los Ángeles, California, EE. UU., 11 de diciembre de 2019.

Antecedentes

Orientación sexual e identidad de género en El Salvador

Contexto legal y de políticas

En materia de leyes y políticas oficiales, El Salvador está en una posición más adelantada que la mayoría de los países de América Central en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. No obstante, en su entorno legal y de políticas aún faltan protecciones.

El artículo 246 del Código Penal prohíbe la discriminación laboral basada en "sexo, estado de gravidez, origen, estado civil, raza, condición social o física, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores de la empresa" . En algunas jurisdicciones de otras partes del mundo, se ha considerado que el término "sexo" comprende la orientación sexual e identidad de género; e incluso la Corte Suprema de Estados Unidos lo ha interpretado de este modo. No obstante, ni la jurisprudencia existente ni ninguna orientación legal autorizada en El Salvador define claramente si esos motivos se encuentran cubiertos por el artículo 246 El artículo 292 del Código Penal tipifica como delito la discriminación por parte de funcionarios del gobierno por motivos de "nacionalidad, raza, sexo, religión o por cualquier otra condición de una persona". De ese modo, deja abierta la posibilidad de persecución penal por motivos de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, la norma no cubre abusos por parte de actores no estatales .En respuesta a una solicitud de información de Human Rights Watch, la Fiscalía General de El Salvador afirmó que nunca nadie ha sido condenado por discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Además, el derecho penal, que históricamente ha sido utilizado de manera abusiva contra personas LGBT, no debería ser el marco primario que se utilice para ofrecer protección contra la discriminación y hacer que quienes cometen actos discriminatorios rindan cuentas por sus conductas. Entre las disposiciones contra la discriminación que no son de tipo penal se incluye el Decreto Ejecutivo 56 de 2010, que prohíbe toda política, actividad, acción u omisión del Poder Ejecutivo que tenga como resultado la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, y establece que deben revisarse todas las políticas para asegurar que cumplan con este decreto . Si bien constituye una medida importante, el decreto, que solamente se aplica al Poder Ejecutivo y no a otros actores públicos o privados, tiene una aplicación limitada. No existe una ley civil amplia que prohíba la discriminación por parte de actores públicos y privados.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador lleva un registro de los delitos contra personas LGBT, entre otras cosas, al incluir un casillero "LGBT" que se puede marcar en los formularios de denuncia. Esto debería brindar al Estado datos que ayuden a comprender los patrones y a mitigar esos delitos .No obstante, según un funcionario de la Fiscalía General de la República, los fiscales a menudo se sienten inhibidos de preguntar acerca de la orientación sexual o identidad de género de los denunciantes, lo cual probablemente se traduzca en cifras inferiores a las reales en los conteos .

En 2017, El Salvador estableció tribunales especializados para casos de violencia contra mujeres en San Salvador . Estos tribunales tienen competencia sobre el femicidio y una serie de otros delitos incluidos en la Ley Especial Integral, que incluyen la obstrucción del acceso a la justicia. También tienen competencia sobre delitos contemplados en el Código Penal, incluido el artículo 246, que tipifica la discriminación en el empleo (por motivos de sexo, pero sin abordar explícitamente la orientación sexual ni la identidad de género), y el artículo 292, que sanciona la discriminación por parte de funcionarios públicos por motivos de "nacionalidad, sexo, raza, religión o cualquier otra condición de una persona" . Dado que las mujeres transgénero no son legalmente reconocidas como mujeres, no resulta claro que puedan beneficiarse a partir de la existencia de estos tribunales. Incluso es posible que las lesbianas enfrenten actitudes de exclusión: Andrea Ayala, una activista de la organización ESMULES (. Espacio Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad), dijo que, en los dos casos en los cuales ESMULES intentó ayudar a la víctimas a obtener un recurso -uno relacionado con violencia doméstica y el otro, con discriminación en el empleo-, funcionarios del tribunal de violencia contra las mujeres manifestaron que no tenían jurisdicción sobre estos casos porque las mujeres eran lesbianas

Estigmatización social

La violencia y la discriminación tienen lugar en un contexto de rechazo familiar y estigmatización social que tienen un impacto negativo sobre el bienestar de las personas LGBT. Pese a que se han logrado algunos avances en las actitudes contra las personas LGBT en El Salvador, la estigmatización social no ha cedido.

Las personas entrevistadas por Human Rights Watch señalaron que los grupos de iglesias y las familias son fuentes significativas de estigmatización. Erika Q., una mujer trans de 39 años de San Salvador, destacó la influencia de las iglesias sobre las normas sociales en un país golpeado por la inseguridad y por un Estado de derecho sumamente frágil:

En algunos casos, las iglesias practican la terapia de conversión, que intenta cambiar la identidad de género o la orientación sexual de las personas. Ricardo S., un hombre gay de 28 años, describió una experiencia en un retiro religioso para jóvenes cuando tenía 17 años:

Octavio M., un hombre trans de 25 años, fue sometido a terapia de conversión, en su caso, en un centro de salud mental, por personal del orfanato de filiación cristiana donde creció:

Violencia contra personas LGBT en El Salvador

Siendo adulta, María volvió a ser violada, esta vez, por miembros de una pandilla, en 2015. Para ese momento, El Salvador ya contaba con una ley sobre delitos de odio, con severas penas para la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. Había establecido instituciones como la Dirección de Diversidad Sexual, que abrió sus puertas a personas que necesitan servicios como María, una mujer trans que, en algunas oportunidades, realizaba trabajo sexual para sobrevivir. Aun así, hasta donde María tiene conocimiento, aunque ella presentó una denuncia, nunca se detuvo a ninguna persona por la agresión.

No puede negarse que el país está marcado por altos niveles de violencia y criminalidad, que, además de generar restricciones sobre la libertad de las personas, también viola derechos fundamentales como el derecho a la vida y la integridad física. En términos generales, el país presenta altos niveles de exclusión social y vulnerabilidad, dentro de los cuales las prácticas culturales reproducen la violencia y la discriminación.

Las directrices del ACNUDH de 2016 para las solicitudes de asilo de salvadoreños señalaban que las personas LGBT "constantemente han sido objeto de ataques y asesinatos por parte de pandillas y otros sectores de la sociedad, entre ellos la policía y otras autoridades estatales" y que las pandillas de El Salvadorhan demostrado "odio virulento y los maltratos contra las personas por su orientación sexual y/o identidad de género percibidas", particularmente contra mujeres trans . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocupaciones similares .

Violencia doméstica

Para demasiadas personas LGBT en El Salvador, la violencia comienza en el hogar; en algunos casos, desde una edad muy temprana, especialmente para aquellos que transgreden las normas de género.

Michelle S., una mujer trans de 25 años que creció en una finca del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, dijo a Human Rights Watch que había sido gravemente golpeada por su padre cuando tenía cinco o seis años. Michelle manifestó:

Las golpizas se agravaron cuando Michelle tenía 11 o 12 años:

La respuesta del padre de Michelle fue atarla al portón para impedir que pudiera escapar a la casa de su abuela. Según manifestó Michelle, en dos oportunidades, su padre la golpeó con tanta fuerza que vomitó sangre y tuvo que buscar asistencia médica. Michelle contó a los investigadores de Human Rights Watch que les dijo a los médicos que se había caído, por miedo a que, si decía la verdad, su padre volviera a golpearla. Aproximadamente en esta época, como reacción a la violencia, Michelle comenzó a cortarse. Finalmente se escapó de su hogar a los 15 años y recurrió al trabajo sexual para poder sobrevivir, lo cual implicó una mayor vulnerabilidad a la violencia, tal como se analiza en mayor detalle más adelante .

María I., una mujer trans de San Salvador, manifestó haber sido golpeada por un tío cuando era niña:

Laura I., una mujer trans de 27 años, dijo que, cuando tenía 13 y comenzó a desarrollar una expresión de género femenina, su padre amenazó con matarla:

Violencia y acoso por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado

María I. habló con Human Rights Watch acerca de la vida de Díaz, y sobre su muerte a los 29 años. Según María I., Díaz se mudó a San Salvador a los 17 años, escapando de una familia que rechazaba su identidad de género e intentó "cambiarla" inscribiéndola en una institución militar. Díaz comenzó a hacer trabajos sexuales para mantenerse, y se hizo amiga de María I. Las dos mujeres huyeron a México juntas en marzo de 2016, y escaparon de un entorno violento en el cual pandilleros habían asesinado a otra amiga cercana, Mónica, habían violado a María y habían amenazado a Camila. Pero la vida en México les resultó peligrosa e insostenible desde el punto de vista económico, y entonces regresaron a El Salvador. Díaz volvió a escapar en 2017. En esta oportunidad, llegó a Estados Unidos y se entregó a las autoridades de inmigración en agosto. Pero en noviembre, fue deportada nuevamente a El Salvador. Volvió a realizar trabajo sexual. Catorce meses más tarde, estaba muerta.

Pricila P., una mujer trans de San Salvador, relató que, en febrero de 2018, al regresar a su hogar después del trabajo por la noche, cuatro policías la agredieron después de un "control de rutina" en el cual exigieron que todos los hombres descendieran de un minibús público y los revisaron en busca de drogas:

Cuando todos los demás volvieron a subir, a mí no me lo permitieron, y le dijeron al conductor que siguiera. Me preguntaron si era gay, y respondí que sí, porque nunca me gustó ocultarlo. Me dijeron: '¿No entiendes que eres un hombre?'.

Uno de los policías tomó mis testículos y los apretó. Le dije que me soltara. Él respondió: 'Te das cuenta de que eres un hombre porque sientes dolor. Si fueras una mujer, no sentirías dolor'. El dolor hizo que cayera al suelo. Uno de ellos se paró con su bota sobre mi mano. Me dijo que iba a hacerme hombre a la fuerza. Me golpearon y me dejaron allí.

Un activista de una organización de derechos trans acompañó a Pricila P. a la estación central de policía para hacer una denuncia, pero los policías se negaron a aceptarla, según dijo:

En noviembre de 2018, una patrulla policial interceptó a Pricila P. cuando volvía a su casa temprano por la mañana, y estaba maquillada. Los policías le preguntaron: "¿Por qué estás así? Eres un hombre" y le arrojaron una botella de agua en la cara, según dijo. Le quitaron su cartera donde llevaba la medicación antirretroviral. Según lo manifestó Pricila P.:

Pricila P. se quedó sin tratamiento antirretroviral durante dos meses después del incidente: le resultó difícil conseguir una cita para que le resurtieran la receta, y el hospital estaba en un vecindario controlado por una pandilla rival, peligrosa para los residentes de vecindarios controlados por la MS-13. Dijo a Human Rights Watch: "Mi salud se deterioró, el virus se volvió detectable por no tomar mis medicamentos durante dos meses" .

Activistas de organizaciones LGBT, incluidas Entre Amigos y Comcavis Trans, movilizaron la atención nacional e internacional hacia el caso de Aldo Peña, y atrajeron el apoyo de personas entre las cuales se encontraba el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele -actual Presidente- y la Primera Dama Margarita Villalta de Sánchez, lo cual finalmente tuvo como resultado la liberación de Peña . Después de haber sido hospitalizado por sus lesiones, Peña presentó una denuncia contra los policías, que avanzó hasta llegar a juicio . No fue fácil, según señaló: "La fiscal de mi caso sufría acoso por parte de sus colegas por estar en mi caso. Le decían que este era el caso de un marica, de una tortillera". El juez de instrucción también tenía una actitud hostil:. " El juez interino de Juzgado de Instrucción siempre se refería a mí como marica". Finalmente, Peña obtuvo un resultado infrecuente en El Salvador: dos de los policías que lo habían atacado fueron condenados a cuatro años de prisión

La experiencia de María I., por otro lado, demuestra por qué pocas víctimas trans de violencia policial se toman la molestia de presentar denuncias. María I., una mujer trans que vive en San Salvador, manifestó que, en 2016, una amiga la estaba llevando hasta su casa cuando la policía detuvo el automóvil en un puesto de control. María relató:

Le pidieron la documentación a mi amiga, cosas normales, y luego le preguntaron adónde iba. Ella respondió: 'Voy a llevar a mi amiga'. Uno de los policías me miró por la ventanilla y dijo: 'Ah, pero esta cosa no es una mujer'. Me hicieron salir del auto y querían que me desnudara en la calle para ver si era una mujer. Yo me negué y dije: 'Estás violando mis derechos'. Y él me respondió: 'Para mí, tus derechos están en la basura'. Me pidieron el documento de identidad y les dije que no lo tenía. Me dijeron que, si no tenía mi documento de identidad era, probablemente, porque era un delincuente, y empezaron a tomarme fotografías y a decir que iban a ponerlas en internet para ver si yo había cometido algún delito. Me sentí impotente; ellos, que tienen el uniforme, son la autoridad .

María I. habló con un amigo, quien la alentó a que presentara una denuncia.

Otras personas describieron amenazas, acoso y discriminación por parte de policías. Mario L., un hombre gay de 26 años, manifestó que policías lo habían amenazado en enero de 2018 cuando estaba parado en la calle con su novio.

Unos policías se acercaron a nosotros y nos preguntaron qué estábamos haciendo. Les dijimos que solo estábamos hablando. Ellos dijeron que alguien los había llamado [para decir] que estábamos cometiendo actos inmorales. Había cuatro policías... Nos preguntaron si éramos gais y dijimos que sí, pero que ni siquiera nos habíamos besado [en la calle]... Uno comenzó a enojarse y dijo 'Para curarlos de esto, hay que molerlos a palos'. ... Y agregó: '¿No les da vergüenza estar haciendo esto? ¿Realmente son gais o son pandilleros y están tratando de lavarnos el cerebro? Veamos si pueden darse un beso para demostrarnos que es verdad'. No lo hicimos. Y luego, dijeron que estábamos faltándoles el respeto y que teníamos que subir al auto [de la policía]...

Si bien la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch de violencia y discriminación por parte de agentes de las fuerzas de seguridad involucraban a policías, hubo tres casos relacionados con acoso por parte de soldados.

Nelson V., un hombre trans de 25 años, dijo que había sido detenido en la calle por soldados que buscaban a un pandillero. Cuando advirtieron su no conformidad de género, manifestó:

Violencia de pandillas

En numerosas ocasiones, las pandillas de El Salvador actuaron contra personas LGBT con violencia o amenazas de violencia, específicamente por su orientación sexual o identidad de género.

Ramón L., un hombre gay de 22 años, describió el asesinato de un amigo en Nuevo Guadalupe en 2015.

Nos encontrábamos en un cibercafé y nos gustaba jugar videojuegos juntos. Jugábamos a Capture the Fish, Mortal Combat.... Se acababa de graduar con un título en Psicología, había conseguido un empleo, estaba feliz. Era muy conocido como jugador de softball .

María I., una mujer trans de San Salvador, habló de la pérdida de una de sus mejores amigas, Mónica, en 2011. (El asesinato de su otra mejor amiga, Camila Díaz Córdova, por el cual han sido acusados policías, se ha relatado anteriormente). María I. dijo que, en 2006, pandillas obligaron a Mónica a irse del barrio Montreal en San Salvador, donde su madre tenía una casa: "Los pandilleros dijeron que no querían verla más allí". María I. supuso que el motivo era que Mónica era una persona trans. En 2011, Mónica dijo a María que volvería a mudarse con su familia. María I. relató: "Los pandilleros la habían obligado a irse, pero ella dijo que no tenía dinero para alquilar otro lugar. Le dije que no, que era peligroso".

En septiembre de 2015, María I. no pudo pagar durante algunas semanas. Comentó al respecto:

Sandra C., una mujer lesbiana de 24 años de San Miguel, describió cómo miembros de la MS-13 la sometieron a amenazas y extorsión después de haber asesinado al hermano del esposo de su tía, "Luis". La pandilla había matado a Luis en 2017 porque él también estaba siendo sometido a extorsión y no pagó lo exigido, relató Sandra C. El esposo de la tía de Sandra confrontó a los miembros de la MS-13 por la muerte de su hermano, y los amenazó con un machete. Poco después, él y la tía de Sandra, junto con su abuela, huyeron de El Salvador hacia México, y en enero de 2018, la pandilla centró su atención en Sandra, que tenía un pequeño comercio.

Sandra pagó mientras pudo, y nunca consideró la posibilidad de denunciar las amenazas que sufrió ante la policía:

Un peligro que enfrentan muchos salvadoreños que viven en vecindarios controlados por pandillas, pero que es particularmente importante en relación con las personas trans y algunas personas lesbianas, gais y bisexuales, es el reclutamiento forzado.

Cuando continuó negándose a trabajar con la MS-13, le dijeron que tendría que pagar el "impuesto" dos veces por mes:

Todos los días 1 y los días 16 del mes venían a mi casa. Muchas veces, no podía pagarles. Cuando no podía pagar, venían con un bate de madera. Al final de la comunidad había una casa grande y vacía. Me llevaron allí, me pusieron contra la pared y me golpearon. Decían que su bate era la ley. Me golpearon 13 veces, para representar el nombre de la pandilla. En muchas ocasiones, tuve que permanecer tirado allí, vomitando sangre, hasta que pude levantarme e ir a casa... No puedes pedir ayuda, porque obviamente las personas no se involucran, por su propia seguridad .

El 13 de febrero de 2019, Pricila fue testigo del secuestro, por parte de la MS-13, de un amigo gay, a quien la pandilla también había intentado reclutar. Vio cómo los pandilleros obligaban a su amigo a subir al auto y se alejaban. Más tarde esa noche, vinieron a buscar a Pricila.

Kiana C., una mujer trans de 30 años, también huyó de El Salvador debido a la violencia de las pandillas, acompañada por un trato discriminatorio por parte de la policía. Kiana C. dijo a Human Rights Watch que, en diciembre de 2018 y en enero de 2019, pandilleros de la MS-13 y la Barrio 18 amenazaron con matarla :

En su intento de denunciar las amenazas a la policía, con la asistencia de la organización trans COMCAVIS, se encontró con nuevos abusos:

No siempre está claro en qué medida la violencia en El Salvador está directamente relacionada con la orientación sexual o la identidad de género de una víctima, pero, en algunas ocasiones, las pandillas utilizaron estos aspectos para amenazar más gravemente a las personas.

Yésica N., una mujer trans de San Luis Talpa, relató una escalofriante historia del homicidio de tres de sus amigas cercanas -Daniela, Yasuri y Elizabeth, todas mujeres trans- cuando se negaron a vender drogas para una pandilla. No resulta claro si la exigencia de la pandilla estuvo relacionada con la identidad de género de las víctimas. Yésica N. dijo a Human Rights Watch:

Yadira Q., una mujer trans de La Unión, dijo que, si bien no había sufrido personalmente a causa de las pandillas, conocía a otras mujeres trans a quienes los pandilleros habían agredido sexualmente, y había recibido amenazas de violencia sexual:

Las personas LGBT que se ganan la vida a través del trabajo sexual enfrentan un alto nivel de exposición a la violencia ejercida por pandillas.

Erika no sabía dónde esconderse, o cómo confundirse con el resto de las personas, por ser una mujer trans visible en un país pequeño en el cual el poder es ejercido, en gran medida, por pandillas.

Cuando Lisa A., una mujer trans de 27 años de San Miguel, fue secuestrada por una pandilla, tuvo muy pocas posibilidades de recurso, especialmente porque la policía pareció adoptar un papel de complicidad en la violencia al devolverla a sus agresores después que ella pidió ayuda. Lisa A. paró un taxi para volver a su casa después una fiesta el 8 de noviembre de 2018. Luego, el conductor recogió a un hombre quien, según dijo, era un amigo a quien dejaría antes de llevar a Lisa a su lugar de destino. Pero en las afueras de la ciudad, el conductor detuvo el automóvil en una zona oscura y despoblada.

Sacó una pistola de su cinturón y me dijo: 'Te metiste con alguien con quien no deberías haberte metido'. '¿Quién?' Pregunté. Y él respondió: 'Te voy a dejar aquí con dos balas en el cuerpo'.

Lisa A. corrió hacia los cerros, se escondió entre los arbustos y llamó al 911. El operador le dijo que activara el GPS de su teléfono para enviarle su ubicación. Cuando llegó la policía 30 minutos más tarde, Lisa salió de su escondite y se acercó a los policías, quienes estaban hablando con los hombres que la habían amenazado; hombres que, según concluyó, debían de ser pandilleros. Según lo señaló Lisa:

Discriminación en El Salvador: Un camino hacia una vida en los márgenes

La pobreza en El Salvador no solo es un problema en sí mismo, sino que, además, las personas que viven en la pobreza se ven afectadas de un modo desproporcionado por la violencia. En la investigación que Human Rights Watch llevó a cabo en 2020 para el informe Deportados al peligro, se determinó que la violencia de pandillas está concentrada en vecindarios urbanos específicos, muchos de los cuales están completamente controlados por estas bandas .

Es probable que las personas LGBT, quienes son empujadas hacia los márgenes sociales y económicos por toda una vida de discriminación, tengan escasas opciones cuando se trata de elegir un lugar seguro para vivir. Las mujeres trans, que a menudo están empobrecidas y se ven obligadas a realizar trabajo sexual como resultado de la discriminación en el empleo, son incluso más propensas a enfrentar violencia por parte de pandillas, de la policía y de sus clientes. Erika Q., una mujer trans de 39 años de San Salvador, manifestó que había comenzado a realizar trabajo sexual para poder sobrevivir al no haber podido conseguir otro empleo:

Erika Q. había abandonado la escuela debido al acoso, y esto se convirtió en un impedimento para sus oportunidades futuras:

Otras personas LGBT fueron expulsadas de las clases o amenazadas con ser expulsadas de la escuela debido a la no conformidad de género. Nelson V., un hombre trans, dijo que, en cuarto grado, el vicedirector de su escuela primaria comenzó a acosarlo por el hecho de usar pantalones en lugar de una pollera. Según dijo, tuvo que repetir un grado después de haber sido expulsado de la clase muchas veces.

Su intención es eliminar lo que "no es normal".

-Juan Pablo Escalante, activista gay, Huehuetenango, Guatemala, 5 de agosto de 2019.

Antecedentes

Orientación sexual e identidad de género en Guatemala

Contexto legal y político

Guatemala no cuenta con leyes civiles integrales contra la discriminación que protejan de manera explícita de aquella que responde a motivos de orientación sexual e identidad de género. El artículo 202 bis del Código Penal prohíbe la discriminación por motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o "cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia" . En diciembre de 2019, la legisladora Karina Paz presentó un proyecto legislativo, que estaba en trámite cuando se elaboró este informe, para modificar el artículo 202 bis, de modo que incluya la orientación sexual y la identidad de género . En lugar de priorizar la extensión del derecho penal, que no debería utilizarse como instrumento principal para proteger contra la discriminación, los legisladores deberían concentrarse en adoptar leyes civiles integrales que prohíban la discriminación.

Estigmatización social

Para afrontar la inmensa presión familiar, algunos hombres gais y lesbianas acceden a matrimonios heterosexuales. Marco Antonio H., un activista gay de una pequeña localidad en Huehuetenango, dijo:

El rechazo social hace que algunos niños y niñas LGBT huyan de sus hogares. Miriam D., una mujer trans de 33 años en Quetzaltenango, dijo a Human Rights Watch:

Miriam D. contó que intercambia sexo por dinero desde que tenía 14 años. Las normas internacionales sobre los derechos de los niños y las niñas establecen claramente que la prostitución infantil es una de las peores formas de trabajo infantil. Los Estados deberían procesar a quienes utilizan de esta manera a los niños y las niñas, y brindarles asistencia a los niños y niñas que son sometidos a explotación sexual con fines comerciales.

Noelia A., una mujer trans de 42 años que lidera un colectivo de trabajadoras sexuales trans en la Ciudad de Guatemala, describió la marginación que conduce a muchas mujeres trans a dedicarse al trabajo sexual:

Marco Antonio H., el activista gay de Huehuetenango, describió el aislamiento que sufren las mujeres trans en el municipio conservador de 50.000 personas donde creció:

La combinación de rechazo familiar, animadversión religiosa, control de territorios por parte de pandillas y antipatía de la derecha contribuye a generar condiciones en las que las personas LGBT en general, y las personas trans en particular, experimentan discriminación y abuso.

Violencia contra personas LGBT en Guatemala

Human Rights Watch habló con varios amigos de Díaz, que no estaban seguros de por qué lo habían atacado. Cuando se preparó este documento, dos años más tarde, nadie había sido arrestado por el homicidio.

Sin embargo, Marlon González, un amigo de José Díaz, describió las dificultades que enfrentó al intentar que el caso de homicidio se registrara como un delito vinculado con una persona LGBT. Señaló que tuvo que pedir proactivamente a la persona que registró su denuncia que tomara nota de la orientación sexual de González, en calidad de denunciante, y que la funcionaria no estaba segura de dónde debía consignar esta información:

Incluso habiendo sistemas para hacer un seguimiento de los delitos de odio contra personas LGBT, muchas de ellas en Guatemala dijeron que la impunidad era algo común. En algunos casos, la impunidad se dio tras la discriminación o indiferencia policial. Noelia A., una activista trans de la Ciudad de Guatemala, indicó que llamó a la policía cuando una amiga trans fue agredida, por segunda vez en un corto período, por un conductor de taxi del vecindario que, anteriormente, la había golpeado con un bate de béisbol.

Violencia doméstica

Human Rights Watch entrevistó a tres personas LGBT que experimentaron graves abusos durante la infancia o al comienzo de la edad adulta en el hogar de sus padres. Basilio A., un hombre gay de 24 años, fue adoptado cuando tenía seis meses y creció en una zona rural cercana a la ciudad de Cobán, en el centro de Guatemala. Su padre adoptivo lo golpeó en varias ocasiones a lo largo de su infancia. Basilio se dio cuenta de que era gay alrededor de los 15 años y comenzó a tener contacto a través de los medios sociales con otras personas LGBT, algunas de ellas en Guatemala, pero la mayoría en México. En 2014, cuando Basilio tenía 18 años, su padre adoptivo se enteró de su orientación sexual al ver mensajes en su teléfono:

Carlitos B., una persona no binaria de 23 años de Chiquimula a quien le asignaron el sexo femenino al nacer, sufrió diversas formas de violencia y discriminación, incluidas agresiones sexuales por parte de un vecino, que se describen a continuación. La violencia familiar terminó convenciendo a Carlitos B. de que no estaría a salvo en Guatemala.

La segunda vez que Herman amenazó con agredir sexualmente a Carlitos B., Carlitos tenía 19 años.

Violencia por parte de pandillas y miembros del público

Cuando Kennedy W. logró dejar a quienes la explotaban y comenzó a dedicarse al trabajo sexual por su cuenta a los 25 años, miembros de pandillas y policías con nexos con pandillas la extorsionaban y, por lo general, se llevaban casi todo el dinero que ganaba. Kennedy dijo a Human Rights Watch:

Mynor E., una persona no binaria de Puerto Barrios, Izabal, que utiliza pronombres masculinos, dijo que, en mayo de 2019, miembros de pandillas lo atacaron e intentaron quitarle dinero mediante extorsión, lo cual lo llevó a huir a Estados Unidos y solicitar asilo:

Vine [a Estados Unidos] porque me amenazaron. Dos hombres me golpearon en la casa. Me llamaron 'maldito marica' [y dijeron], 'Vas a morir si no nos pagas'. No tenía el dinero que exigían y sabía que iban a matarme si no les pagaba. Había visto que esto les ocurrió a otras personas que fueron extorsionadas.

Dijeron que sabían dónde vivía y adónde iba; ya sabían todo. Pretendían que les diera 10.000 quetzales (alrededor de USD 1.300).

Alé D., una mujer trans de 32 años de la Ciudad de Guatemala, dejó Guatemala en 2018 debido a la extorsión y las amenazas -según cree, de miembros de pandillas- y por la respuesta insuficiente y discriminatoria que obtuvo de la policía. Contó lo siguiente:

En noviembre de 2018, Alé intentó presentar una denuncia en una dependencia policial en el vecindario El Trébol de la Ciudad de Guatemala.

Alé dijo que dejó de responder a las llamadas, pero la persona empezó a acosarla a través de un perfil de Facebook falso y siguió amenazando con matarla. Comenzó a hacer planes para irse de Guatemala.

Alé ya había sido víctima de violencia. En 2013, la atacaron tres hombres cuando se acercó hasta un Taco Bell por un bocadillo tarde en la noche, después de actuar en un espectáculo de transformismo, aún vestida con ropa de mujer.

Iván R., de 31 años, sobrevivió a un intento de homicidio en 2014 en Guastatoya, departamento de El Progreso. Iván R. contó a Human Rights Watch que "solía ser trans, pero ahora tengo miedo", y actualmente usa pronombres masculinos. De oficio esteticista, Iván había interpretado a Paquita La Del Barrio, una cantante mexicana que se ha convertido en ícono gay, en un espectáculo de transformismo en la ciudad de Usumatlán, departamento de Zacapa, después del festival de la ciudad. Cuando concluyó el espectáculo, alrededor de las 2:00 a.m., estaba esperando a unos amigos en una esquina cuando se detuvieron dos motocicletas, cada una con dos personas. Iván R. contó:

En ese momento, otras personas que se iban del festival se acercaron y los motociclistas huyeron.

Iván R. estuvo hospitalizado 10 días y lo sometieron a cirugía para quitar las balas. El dolor persistente en la pierna a causa de los disparos no le permite trabajar de pie. Además, Iván R. tenía miedo de salir de casa, y todo esto hizo que abandonara su salón de belleza.

Pasé dos años en casa, ni siquiera abría la puerta por temor. Sentía mucha ansiedad. Escuchaba constantemente el sonido del arma disparándose, alrededor de mí. Hacía tamales y chuchitos [tamales guatemaltecos sin relleno] en mi casa y mis hermanas me ayudaban vendiéndolos .

Estuardo Juárez, activista de la organización de derechos de personas LGBT Lambda, se refirió a un caso que había llegado a Lambda sobre un niño de 17 años a quien otros miembros de su comunidad, una aldea en San Juan Sacatepéquez, expulsaron del lugar al enterarse de que era gay. El niño se había trasladado a la localidad para vivir con sus abuelos porque sus padres no lo aceptaban. Según Juárez:

Carlitos B., una persona no binaria de 23 años, de Chiquimula, contó que un vecino le violó cuando tenía ocho años. La agresión tuvo las características de una violación "correctiva".

Violencia y acoso por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado

Human Rights Watch entrevistó a 10 personas que relataron incidentes en los cuales agentes de seguridad del Estado las golpearon, les exigieron mantener relaciones sexuales, las humillaron, las discriminaron o las acosaron por su presunta orientación sexual o identidad de género. La mayoría de los abusos no parecían responder a órdenes de superiores de que atacaran a personas LGBT, sino a actos de abuso de poder por parte de agentes de seguridad que sabían que era poco probable que tuvieran que responder por sus acciones.

Raya E. ya estaba familiarizada con la violencia policial. En 2017, estaba tomando un trago con una amiga trans en un bar, alrededor de las 11:30 p.m., cuando unos policías comenzaron a acosarlas.

Raya E. también había sido agredida por policías mientras estaba parada en la calle en compañía de otra amiga trans, en 2014 o 2015.

Juan C., un hombre gay de 24 años, describió haber sufrido agresión sexual a manos de policías en Huehuetenango.

Dávila también dijo que agentes de seguridad que formaban parte de un colectivo multisectorial, una unidad conjunta del Ministerio Público y el Ministerio de Salud que investiga infracciones de la ley de bebidas alcohólicas, habían abusado de su poder al acosar a personas en lugares orientados a personas LGBT. Mencionó un caso, de abril de 2019, en el que 14 patrulleros se hicieron presentes para una redada en un club gay. Los agentes usaban pasamontañas, portaban fusiles de asalto y tomaban fotografías de los clientes. Si bien no hicieron arrestos, las redadas intimidaron a las personas LGBT .

Discriminación en Guatemala: Un camino hacia una vida en los márgenes

Discriminación en contextos educativos

En una ocasión, el padrastro y los primos de una alumna agredieron a Carlitos B. en instalaciones de la escuela. Carlitos contó que le hicieron sentir que tenía la culpa del incidente:

Carlitos se cambió a otra escuela al año siguiente, pero esto no resolvió sus problemas. Allí, según señaló Carlitos, cuando intentaba usar ropa de niño "la directora de la escuela me dijo: 'No puedo aceptar esto por la reputación de mi escuela'" La política de uniforme discriminatoria, sumada al costo de la educación secundaria, llevó a Carlitos a abandonar la escuela .

Kennedy W., una mujer trans de Izabal, contó que desde que tenía 9 años había enfrentado intentos de agresión sexual y acoso escolar como resultado de su expresión de género. Abandonó la escuela a los 10 años y solo cursó hasta tercer grado:

Martín Y., un hombre trans de 18 años, también se vio obligado a abandonar la escuela por la transfobia:

En enero de 2018, mi madre y yo fuimos a hablar con la directora de mi escuela... [Mi madre] explicó que soy un chico trans, que estábamos procesando mi cambio de nombre y que quería que yo pudiera usar el uniforme masculino de la escuela. La directora se enfadó muchísimo y dijo que, si quería seguir yendo a la escuela, tenía que ir como mujer y con el uniforme femenino. Pregunté si podía tomarme un mes para pensarlo. Yo quería seguir estudiando. Entonces, en febrero de 2018, me reuní con la directora nuevamente y le dije que estaba bien, que continuaría usando el uniforme femenino. Pero nos dijeron que ya no había más lugar y que no podía matricularme. Sabía que no era verdad. Busqué otras escuelas, pero ninguna quiso aceptarme. Decían que debido a la "política de la escuela" no podían aceptarme.

Sin embargo, otras personas que siguieron asistiendo a la escuela soportaron tratos que comprometieron su derecho a la educación. Basilio A., un hombre gay de una zona rural cerca de Cobán, tenía 18 años cuando sus compañeros de clase y profesores se enteraron de su orientación sexual. El acoso en la escuela, sumado a la violencia por parte de su padre adoptivo, que se mencionó antes, lo llevaron a considerar la posibilidad de suicidarse.

Quería suicidarme... Me sentía aterrorizado, no sabía qué hacer. Estudiaba en el básico. Todos mis compañeros de clase me insultaban y mis profesores se reían de mí: ¿Qué, te gustan los hombres?'. Pensé en tirarme de un puente .

Raya E., una mujer trans de Chimaltenango que se identificó como gay cuando era estudiante, recordó la experiencia que tuvo con una psicóloga escolar cuando tenía 16 o 17 años.

Discriminación en el empleo

Geraldo R., un hombre gay de 23 años en Jalapa, contó a Human Rights Watch que cuando tenía 17 años, su supervisora en una cafetería no solo lo despidió tras descubrir que era gay, sino que, además, se lo contó a su madre.

Me despidieron por ser gay, en una cafetería. Un hombre gay vino y me dijo: '¡Hola, amiga!'. Mi jefa le preguntó al hombre: '¿Por qué lo llamó amiga?'. Le respondió que me llamaba así porque yo era gay. Ella me preguntó si era verdad, y dije que sí. Entonces, comenzó a tratarme mal. Esto ocurrió hace seis años, el 3 de junio de 2013. Lo recuerdo, porque fue un hecho que me afectó mucho. Me dijo que debía ir a la iglesia y llamó a mi madre .

Solicitó un empleo en un restaurante. El jefe me dijo: 'No puedo darle trabajo a una mujer trans. Las personas son sensibles, no les gusta que personas como usted toquen su comida, les disgustan las personas como usted'.

Noelia A., en la Ciudad de Guatemala, cree que le negaron varias oportunidades empresariales debido a la discriminación contra las personas trans. Noelia, una cocinera experimentada que había trabajado en restaurantes, ya había llegado a un acuerdo con el dueño de un inmueble que le interesaba alquilar para abrir su propio pequeño restaurante. Contó que, sin embargo, cuando se presentó a firmar el contrato, ocurrió lo siguiente:

Dolores F., una mujer trans con VIH en la Ciudad de Guatemala, indicó que sufrió sabotaje en sus actividades comerciales debido a prejuicios:

En el momento de las entrevistas con Human Rights Watch, Raya E., Noelia A. y Dolores F., se dedicaban al trabajo sexual para mantenerse.

Estoy considerando irme [de Honduras]. Pero no tengo los medios económicos para comprar un pasaje de avión. Tampoco quiero arriesgar mi vida [viajando por tierra]. Si me quedo aquí, al menos tendré un entierro digno. Pero, ¿qué pasará si termino en la calle?

-William Alejandro Martínez, hombre trans entrevistado en Tegucigalpa, Honduras, el 16 de mayo de 2019, que actualmente está en proceso de solicitar asilo en España

Antecedentes

La pobreza es uno de los factores que inciden en los desorbitados índices de violencia de Honduras . Las pandillas, incluida la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) y dos facciones de la Pandilla Calle 18 (Barrio 18), tienen mucho poder y cometen actos de violencia como homicidios, extorsión, secuestros, trata de personas e intimidación . En 2019, en Honduras se cometieron 41.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo . Organizaciones de derechos humanos y humanitarias locales han documentado casos de homicidios que no se denuncian a las autoridades porque las víctimas temen sufrir represalias -incluidas ejecuciones extrajudiciales- por parte de las organizaciones delictivas . Por otra parte, la gran mayoría de los incidentes de violencia denunciados quedan impunes: en febrero de 2019, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras indicó que la ausencia de investigaciones genuinas daba por resultado que el 90 % de los homicidios del país quedaran impunes .

Orientación sexual e identidad de género en Honduras

Contexto legal y político

Honduras no tiene leyes civiles integrales que prohíban la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. En 2013, Honduras adoptó un código penal que castiga la discriminación por diversos motivos, incluidas la orientación sexual y la identidad de género, así como el discurso público que incite a la "discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o ataques" por los mismos motivos con hasta cinco años de prisión. Se aplican sanciones adicionales si el responsable es un funcionario público . En respuesta a una solicitud de información de Human Rights Watch, la Fiscalía General declaró que cuatro personas han sido condenadas desde 2013 por cargos relacionados con discriminación anti-LGBT. En junio de 2020 entró en vigor un nuevo Código Penal, con penas más bajas y una categorización más estrecha de los tipos de discriminación contemplados, aunque en el momento de la redacción de este documento, un grupo de jueces había impugnado el nuevo código ante la Corte Suprema, con el argumento de que instituía la impunidad por abuso de poder, lo cual es inconstitucional .

La Ley de Policía y de Convivencia Social de 2001 de Honduras establece un mandato policial sobre "prevención y eliminación de las perturbaciones a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres" . Faculta a la Policía Nacional a arrestar a toda persona que "atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública... y al que por su conducta inmoral perturbe la tranquilidad de los vecinos" . La ley prevé sanciones contra grupos particulares de personas, incluidos "vagos", a los que define, entre otros, como "mendigos sin patente, los rufianes, prostitutas ambulantes, los drogadictos, ebrios y tahúres" . Human Rights Watch determinó en un informe de 2009 que la ley se utilizó arbitrariamente para justificar aprehensiones de mujeres transgénero .

Estigmatización social y discriminación

Experiencias negativas en la familia, en la escuela y durante las interacciones cotidianas en las calles y en establecimientos públicos contribuyen a la estigmatización y la discriminación que experimentan las personas LGBT en Honduras.

William Martínez, un hombre transgénero de 36 años procedente de Comayagüela señaló que primero se asumió como lesbiana y luego como hombre trans. A los 28 años, reveló su identidad a sus padres, que le dijeron "todo lo peor que se le puede decir a un homosexual" y luego lo echaron de la casa familiar. Martínez describió su vulnerabilidad después de ser expulsado por sus padres:

Juan Y., un hombre trans de 35 años que creció en el departamento de Francisco Morazán, explicó a Human Rights Watch que hay una relación directa entre la estigmatización y la discriminación, y el bienestar económico:

Violencia contra las personas LGBT en Honduras

Dada la predominancia de la criminalidad en Honduras en general, no es sorprendente que las personas LGBT también sean víctimas de violencia. Pero en algunos casos hay claros indicios de animadversión hacia las personas LGBT, incluso cuando no está claro quién cometió esos delitos.

· Adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans tomando en cuenta los estándares interamericanos en la materia;

· Adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para efectuar un diagnóstico adecuado sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas LGBT en Honduras y disponer una política integral de prevención y erradicación efectiva del mismo, atendiendo a sus causas estructurales;

Violencia doméstica

Human Rights Watch entrevistó a cuatro personas LGBT hondureñas que describieron haber vivido violencia doméstica o abandono a manos de familiares o parejas íntimas, o ambos. Una acudió a la policía para presentar una denuncia, pero allí solo enfrentó más abuso. Las otras tres no consideraron la posibilidad de presentar denuncias, pues suponían que la policía no les daría una respuesta.

Gabriela P., una mujer trans de 21 años que creció en el departamento de Cortés, experimentó graves situaciones de violencia doméstica en su infancia, que la condujeron a una vida en constante desplazamiento. La madre de Gabriela se fue de la casa cuando ella tenía un mes de vida, y fue criada por su padre. Le contó a Human Rights Watch cómo comenzó el abuso:

Cuando tenía ocho años, le dije a mi padre que no me comprara juguetes de varones, sino muñecas y vestidos. Le dije: 'Me siento una niña'. Me tomó del cabello y me golpeó con un palo de escoba. Me encerró en una habitación. Pasé días sin comer. Dijo: 'Si no quieres ser niño, vas a morir'.

Lucía P., una mujer trans de Comayagüela, experimentó violencia en forma de agresiones sexuales reiteradas por parte de un tío, desde los 7 hasta los 11 años. De adulta, también sufrió violencia. En 2017, una pareja íntima envió personas para que la agredieran tras tener una discusión con ella:

Scarlett, una mujer bisexual de 35 años, se fue de Honduras tras ser golpeada por una expareja de sexo masculino, que descubrió que Scarlett tenía una relación con una mujer.

Se dio cuenta de que estaba con una mujer y comenzó a decir insultos, a llamarme lesbiana, tortillera. Me empujó a la cama y me golpeó en la espalda. Mi hijo tenía 10 años, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y evitó que continuara.

Violencia y acoso por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado

Policía Nacional

Policía Militar

En mayo de 2019, William Alejandro Martínez, un hombre transgénero de 36 años, iba camino a su casa del trabajo en una organización de derechos de personas LGBT en Comayagüela cuando tres policías militares lo interceptaron y le pidieron su identificación. A continuación, lo agredieron sexualmente y amenazaron con arrestarlo porque su expresión de género no coincidía con el marcador de sexo femenino que figuraba en su documento de identidad.

Miraron mi documento y dijeron: 'Es una mujer' y me la arrojaron [la identificación]. Dije: 'Biológicamente, soy mujer, soy parte de la comunidad de diversidad sexual'. Uno de ellos me tomó la mano y dijo que me iban a llevar con ellos. '¿Qué carajos eres?', dijo. Me tocó los senos y me metió la mano en los genitales. Le advertí: 'No me toques, soy defensor de derechos humanos'. El otro me apuntó con el fusil y dijo: 'Me importa un carajo lo que eres'.

Allí, me quedé helado. Estaba paralizado. Creí que iban a matarme. Vi mi vida pasar delante de mis ojos. En ese momento pasó una camioneta blanca y grité: '¡Ayúdenme, van a matarme!'. El conductor asomó la cabeza por la ventanilla y preguntó: '¿Qué sucede?'. El policía que me sujetaba tomó mi teléfono de mi bolsillo y dijo: 'Te vamos a encontrar'. El otro, con el fusil, dijo: 'Vete de aquí, maldita tortillera, cuando te encontremos, vamos a meterte esto' y señaló el fusil.

Me mató, tener un fusil en la cara... Cuando llegué a casa lloré como; nunca. Lo más doloroso es que si me hubieran matado, solo sería un número más, y un homosexual menos. Un motivo de vergüenza menos para mi familia, 'muerto el perro, se acabó la rabia'.

Violencia por parte de pandillas

Fui violada por nueve miembros de la pandilla MS-13 en 2017. Volvía de trabajar, era estilista a domicilio, tenía muchos clientes. Esa noche me interceptaron con pistolas, me arrancaron la ropa e hicieron todo lo que pudieron con mi cuerpo. Me dejaron llena de moretones en los brazos. No presenté una denuncia porque dijeron que si hablaba iban a matar a mi madre y a mi hermana.

Noé E., un hombre trans de Comayagua, describió el ataque del que fueron objeto tres amigos gais por parte de miembros de pandillas, y la posterior inacción policial.

Alberto G., un hombre gay de 34 años del departamento de Colón, comenzó a tener problemas con miembros de pandillas en noviembre de 2011.

Estaba sentado en un parque en Tocoa, Colón. Se acercaron cuatro o cinco hombres, de entre 23 y 25 años aproximadamente. Sabía que eran miembros de pandillas por sus tatuajes y porque hacían señas de pandillas con los dedos. Dijeron: 'Qué haces aquí, marica pedazo de mierda. ¡Vete de aquí!'. Dije: 'Pero es un parque público'. A esto me contestaron: 'Muévete antes de que te matemos, o te violemos'.

Pocos días después, Alberto comenzó a temer haberse puesto en riesgo por responderles a los miembros de la pandilla. Huyó a México por un corto tiempo, pero fue deportado ese mismo mes.

En febrero de 2012, Alberto se encontró con los mismos pandilleros en una calle poco iluminada.

Iba caminando a casa, por una calle oscura. Allí, me rodearon, los mismos que me habían amenazado. Me dijeron: 'Hoy vas a morir, marica'. Les pedí que me dejaran en paz. Uno de ellos me empujó, luego me dispararon en la espalda. Grité lo más que pude.

En febrero de 2018, Alberto G. estaba caminando en Tocoa cuando se topó con tres o cuatro jóvenes que, según él creía, eran miembros de una pandilla, y que estaban "bebiendo, fumando y actuando de manera descontrolada". Relató sobre lo ocurrido:

Lucía P., una mujer transgénero de 25 años de Comayagüela, contó a Human Rights Watch que se fue de Honduras a Estados Unidos debido a las amenazas de la MS-13:

Violencia por parte de miembros del público

Entrevistas realizadas por Human Rights Watch revelaron que la violencia cotidiana, no necesariamente vinculada con pandillas, afecta a muchas personas LGBT en Honduras. Como sucede con otras formas de violencia contra personas LGBT, son varios los factores que impiden el acceso a la justicia, como el temor a las consecuencias o el escepticismo ante la probabilidad de un resultado positivo que desalienta a las víctimas a presentar denuncias, actitudes reales o percibidas contra las personas LGBT por parte de la policía y un sistema judicial fallido y corrupto.

Juan Y., un hombre trans de 35 años que se crió en el departamento de Francisco Morazán, contó a Human Rights Watch que, en 2013, el hombre a quien consideraba su mejor amigo, junto con otros hombres, lo abordaron cuando estaba caminando solo por la calle y lo violaron en grupo.

Discriminación en Honduras: Un camino hacia una vida en los márgenes

Siete personas entrevistadas contaron a Human Rights Watch que habían experimentado acoso escolar y discriminación en ámbitos educativos. Describieron que sufrían ataques de compañeros, docentes y administradores. Algunas dijeron que, como resultado, se sintieron obligadas a dejar la escuela, lo que redujo sus oportunidades en la vida y las situó en un camino de fuerte inseguridad económica.

Discriminación educativa y acoso escolar

Personas entrevistadas describieron la escuela como un espacio inseguro, en especial para quienes son visiblemente de género no conforme. En el caso de dos personas trans entrevistadas por Human Rights Watch, el acoso escolar generalizado las llevó a abandonar la escuela.

Noé E. no fue la única persona que sufrió suspensiones o expulsiones a causa de su expresión de género. Juan Y., un hombre trans de 35 años que se crió en el departamento de Francisco Morazán, contó a Human Rights Watch que fue expulsado de la escuela media: "Dijeron que era porque era lesbiana. Dijeron que no podía quedarme allí porque arruinaba el entorno de la escuela. En la escuela secundaria, Juan dijo que el director lo envió a ver a un psicólogo después de que se enteró de que tenía novia, y que llevaron un pastor para darles un sermón a los estudiantes sobre la homosexualidad:

Lucía P., una mujer transgénero de 25 años oriunda de Comayagüela, enfrentó discriminación y agresión sexual cuando era estudiante:

Kendra Jordany, una mujer transgénero de 31 años y activista de San Pedro Sula dijo que su escuela secundaria la derivó a un psicólogo que intentó "cambiarla". Más tarde, entre 2011 y 2012, mientras estudiada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, se quejó de un profesor que la discriminó.

Kendra Jordany fue la única persona LGBT entrevistada por Human Rights Watch que obtuvo alguna forma de recurso por discriminación en un ámbito educativo.

Discriminación en el empleo

Las personas LGBT en Honduras experimentan discriminación tanto durante la búsqueda de empleo como en el lugar de trabajo. De las 25 personas LGBT hondureñas entrevistadas por Human Rights Watch, ocho, incluidas siete personas trans y un hombre gay, describieron experiencias de discriminación en el empleo.

Juan Y., un hombre trans de 35 años, le dijo a Human Rights Watch que enfrentó discriminación en el mercado laboral, agravada por el hecho de que sus documentos de identidad no coincidían con su identidad de género:

Hay muchas fábricas. Piden que se haga una fila de mujeres y una de hombres. Cuando ven el currículum dicen: 'Esta no es la fila de mujeres. Tiene que venir otro día'. Cuando fui un día para mujeres, me rechazaron. Preguntaron: '¿Dónde lo pondremos?'. Cuando dije: 'En cualquier parte, no importa', respondieron: '¿Qué baño usará?'.

JLo Córdova, una activista trans de 30 años, indicó a Human Rights Watch que el trabajo sexual puede ser el único empleo viable para las mujeres transgénero:

Anabel H., una mujer trans de 29 años de Tegucigalpa, también intercambia sexo por dinero debido a la discriminación en el empleo.

Castigados por buscar seguridad

Las personas que huyen del Triángulo Norte para buscar seguridad en Estados Unidos, al final de un viaje a través de México que suele ser arduo, se enfrentan a una confusa multiplicidad de obstáculos jurídicos, burocráticos, procesales y de las fuerzas de seguridad que hacen cada vez más difícil que las personas que solicitan asilo provenientes de todos los contextos, incluidas las personas LGBT, ingresen a Estados Unidos, presenten una solicitud de asilo y se les otorgue la condición de refugiadas. Estos obstáculos, impuestos entre 2016 y 2020, y su impacto sobre las personas LGBT que solicitan asilo se analizan más abajo. No obstante, al momento de la redacción de este informe, el acceso al asilo en la frontera sur ha sido suprimido casi por completo en virtud de una orden del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ( Centers of Disease Control and Prevention, CDC) que, en la práctica, cierra la frontera en respuesta a la pandemia de Covid-19, oportunidad que el gobierno aprovechó para restringir aún más la migración.

La orden del CDC, dictada el 20 de marzo de 2020, suspende el ingreso en las fronteras terrestres de EE. UU. para la mayoría de las personas, sin excepciones para quienes solicitan asilo . Una regla final provisoria emitida en simultáneo por el CDC autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( Customs and Border Protection, CBP) a expulsar de forma sumaria a los migrantes, incluidas las personas que solicitan asilo y los menores sin acompañantes, sin considerar si reúnen los requisitos para recibir protección en virtud del derecho estadounidense . La orden se fundamenta en las facultades sobre cuarentena que tiene el CDC conforme al título 42 del Código de Reglamentaciones Federales; no se basa, en cambio, en el Título 8, que se refiere a la inmigración. Emplea el argumento de la cuarentena médica para cancelar las protecciones que la legislación estadounidense sobre inmigración reconoce a los refugiados y pasa por alto el derecho de quienes solicitan asilo a presentar o lograr que se analicen sus solicitudes . En los primeros cinco meses posteriores al dictado de la orden del CDC, la CBP expulsó en forma sumaria de EE. UU. a más de 105.000 personas invocando de dicha orden . Human Rights Watch presentó un comentario en el que insta a que la orden se deje sin efecto debido a que pone en grave riesgo las vidas de quienes solicitan asilo y podría dar lugar a violaciones de las obligaciones legales de EE. UU. de no enviar de regreso a las personas refugiadas a contextos de riesgo .

Siguen vigentes otras normas que imponen obstáculos al asilo, a pesar de que la pandemia de Covid-19 ha afectado su implementación, y algunas restricciones han sido desbancadas por la orden del CDC que impide que la mayoría de las personas que solicitan asilo siquiera intenten iniciar el proceso de asilo. Entre ellas se incluyen los instrumentos que se describen a continuación.

Acuerdo de Cooperación sobre Asilo con Guatemala

Se trata de un Acuerdo de Cooperación sobre Asilo (ACA), firmado entre los gobiernos de EE. UU. y Guatemala en julio de 2019, que habilita a Estados Unidos a expulsar en forma expeditiva hacia Guatemala a personas solicitantes de asilo que no sean guatemaltecas, sin permitirles que presenten solicitudes de asilo en Estados Unidos, pero que también las priva de acceder a protección efectiva en Guatemala. En consecuencia, en la práctica, muchas de esas personas se ven obligadas a abandonar sus solicitudes de asilo y, al parecer, algunas personas que tienen un temor fundado de persecución están regresando a sus países de origen, donde se enfrentan a un riesgo real de sufrir graves daños.

Guatemala -que, según la propia evaluación del Departamento de Estado de EE. UU., está "entre los países más peligrosos del mundo"- cuenta con un procedimiento de asilo rudimentario y complicado y, tal como quedó demostrado en los primeros meses de vigencia del ACA, no está lista para acoger a miles de solicitantes de asilo . Tan solo 20 de las 939 personas trasladadas -aproximadamente un 2 %- solicitaron asilo en Guatemala . Hasta septiembre de 2020, a ninguna de ellas se le concedió el asilo . Tal como argumentaron Human Rights Watch y Refugees International en un informe de mayo de 2020, Guatemala no brinda acceso a un procedimiento de asilo integral y justo, ni ofrece protección efectiva a los solicitantes de asilo. Por lo tanto, Estados Unidos incumple sus obligaciones nacionales e internacionales de no devolución al no examinar las peticiones de asilo de los solicitantes provenientes de Honduras y El Salvador antes de su traslado a Guatemala .

Durante las entrevistas que Human Rights Watch y Refugees International realizaron en Guatemala, en febrero de 2020, a 30 personas a las que se aplicó el ACA, solo una afirmó que estaba solicitando asilo en Guatemala. Varias sostuvieron que no tenían familiares ni redes de apoyo en Guatemala y que temían por su seguridad en dicho país. Muchas indicaron que regresarían a El Salvador y Honduras a pesar de que seguían temiendo sufrir persecución allí.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. ( Immigration and Customs Enforcement, ICE) trasladó a Guatemala a solicitantes de asilo prácticamente sin considerar si se enfrentaban a un riesgo de persecución en ese país, incluso por motivos de orientación sexual o identidad de género. Para una persona LGBT salvadoreña u hondureña que ha huido de la violencia y de la indiferencia u hostilidad de autoridades homofóbicas o transfóbicas en busca de seguridad, enfrentarse al traslado forzoso a Guatemala, donde existe la posibilidad de que deba hacer frente a formas parecidas de persecución y a una indiferencia u hostilidad similar por parte de las autoridades guatemaltecas, constituye un revés devastador.

En Tijuana, Human Rights Watch consultó a personas LGBT solicitantes de asilo provenientes de Honduras y El Salvador que estaban esperando en México para tener su entrevista sobre temor creíble en el marco del programa de cupos (que se describe más abajo) sobre sus sentimientos respecto de ser trasladadas a Guatemala. Marina T., una solicitante de asilo transgénero de 28 años proveniente de Honduras que escapó de su país luego de ser violada en grupo por miembros de la MS-13, dijo lo siguiente:

Felicia J., una mujer trans de Tegucigalpa, Honduras, a quien Human Rights Watch entrevistó en Tijuana, afirmó haber huido de dicho país luego de que miembros de una pandilla la amenazaran por su identidad de género. Viajó a través de El Salvador, Guatemala y México, y estuvo en Guatemala dos semanas. Al ser consultada por un investigador de Human Rights Watch sobre si consideraría solicitar asilo en Guatemala en virtud del ACA, expresó lo siguiente:

Michelle, quien afirmó que llevaba habitualmente un cuchillo desde que experimentó episodios de violencia, relató que logró cortar a uno de los hombres y salir raudamente del auto; mostró a Human Rights Watch una cicatriz en la frente sufrida como consecuencia de haber caído en la calle. Asimismo, agregó:

Carlos Valdés, director ejecutivo de la organización guatemalteca de derechos Lambda, adelantó que sería casi imposible que las personas LGBT salvadoreñas y hondureñas trasladadas a Guatemala en virtud del ACA pudieran encontrar empleo formal estable. Valdés ya había intentado ayudar a personas LGBT solicitantes de asilo en Guatemala para que encontraran trabajo, pero no tuvo éxito:

Programa de cupos (metering)

Mientras aguardan a que toque su número, las personas que solicitan asilo se ven obligadas a esperar en México, donde a menudo permanecen en localidades fronterizas en las que es muy difícil obtener empleo y asistencia humanitaria adecuada y donde hay altas tasas de violencia, incluidos secuestros, violaciones sexuales y homicidios por parte de bandas delictivas.

Marina T., una mujer trans de Honduras entrevistada por Human Rights Watch en Tijuana en enero de 2020, dijo lo siguiente:

Kiana C., una mujer trans de El Salvador, describió situaciones de acoso por parte de la policía mexicana:

Programa de "Permanencia en México"

Una vez que una persona solicitante de asilo que proviene del Triángulo Norte (así como de otros países hispanohablantes) cruza físicamente la frontera y registra su intención de solicitar asilo ante un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la CBP puede decidir aplicarle el denominado Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), mejor conocido como el Programa "Permanencia en México ( Remain in Mexico)", lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en enero de 2019. Human Rights Watch presentó un reclamo ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional en relación con las condiciones precarias y, en ocasiones, potencialmente fatales a las que se somete a las personas como resultado de esta política y ha investigado e informado en repetidas oportunidades sobre las violaciones de derechos humanos que causa .

Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo (PACR)

En octubre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. puso a prueba dos nuevos programas de "expulsión acelerada", diseñados para limitar el derecho de asilo, en el cruce fronterizo de El Paso.

En virtud de la Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo ( Prompt Asylum Claim Review, PACR), aplicable a las personas de países que no sean México, y el Proceso de Revisión de Asilo Humanitario ( Humanitarian Asylum Review Process, HARP), un programa idéntico aplicable a los nacionales de México, la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detenía a solicitantes de asilo luego de capturarlos en la frontera, en lugar de transferirlos a la custodia del ICE. Los agentes de la CBP, y no los funcionarios del ICE, eran quienes llevaban a cabo las entrevistas sobre temor creíble (entrevistas que marcan el umbral para determinar si se reúnen los requisitos para el asilo). Antes de la PACR y el HARP, Human Rights Watch había documentado que la CBP incumplía las leyes estadounidenses al evaluar a solicitantes de asilo . En febrero de 2020, el comisionado interino de la CBP declaró ante el Congreso que el Departamento de Seguridad Nacional había ampliado los programas más allá de El Paso para abarcar la mayoría de los cruces fronterizos del sur y que había asignado a más de 3.700 migrantes a los programas de deportación acelerada HARP y PACR .

Cambios propuestos a la definición de refugiado

El 15 de junio de 2020, el gobierno de Trump propuso una nueva norma sobre asilo que modificaría radicalmente las definiciones y los estándares establecidos desde hace tiempo conforme a las leyes estadounidenses sobre asilo . Entre otros cambios que probablemente tendrían un impacto extremadamente negativo sobre la posibilidad de las personas LGBT solicitantes de asilo de presentar sus solicitudes y obtener una decisión justa, se incluye una disposición que excluiría las pruebas en respaldo de las solicitudes de asilo si quien está a cargo de tomar la decisión considera que promueven un estereotipo cultural contra un país o una persona . Esta disposición (así como otras partes de la norma propuesta) pretende codificar un dictamen del entonces Fiscal General, Jeff Sessions, en Matter of A-B- y Matter of A-R-C-G-, en el que Sessions criticó a la Junta de Apelaciones de Inmigración por haber promovido el "estereotipo cultural negativo" de que Guatemala tiene "una cultura de machismo y violencia familiar" . Esto significa que podrían excluirse las pruebas de persecución -en particular, cuando la persona solicitante brinda pruebas de intención persecutoria- por temor a que pudiera percibirse que "promueven estereotipos culturales".

La disposición podría utilizarse para impedir que las personas perseguidas por razones de género, orientación sexual, raza o religión puedan plantear sus argumentos. Por ejemplo, Fernanda Vallejo, una mujer transgénero de San Pedro Sula, Honduras, narró lo siguiente a Human Rights Watch en 2009 respecto de la persecución que experimentó:

Mi padre era un verdadero macho. Cada una de mis acciones femeninas era reprimida con golpizas, por lo que, en lugar de recibir amor, yo recibía golpizas (...). Aunque él [mi papá] me maltrataba, yo amaba a mi padre. Lo entendía. Para él, su apellido significaba trabajo y respeto y, en mi cabeza, me sentía culpable y preguntaba, 'Dios, ¿por qué me hiciste así?'. No quería avergonzar a mi padre".

Vallejo se refiere a su padre como "macho" y habla de una cultura de vergüenza. Si un juez considera que dicho testimonio promueve estereotipos culturales, podría desestimar las pruebas que demuestran la intencionalidad de su agresor y de la sociedad que tolera ese abuso.

Riesgos para los y las solicitantes de asilo LGBT en México

Cuando Sandra C., una mujer lesbiana de 24 años de El Salvador, se vio forzada a abandonar su país debido a amenazas y extorsión por parte de la MS-13 en marzo de 2018, en un primer momento solicitó asilo en México. Se le otorgó la condición de refugiada en julio o agosto, según afirmó, y encontró trabajo como vendedora de tacos en Tapachula. Sin embargo, en septiembre, cuatro hombres acorralaron a Sandra y dos de ellos la violaron:

Basilio A., un hombre gay de 24 años proveniente de Guatemala, también tuvo la intención de permanecer en México cuando huyó en 2017, después de que su padre lo golpeara por ser gay. Nunca solicitó formalmente asilo, pero pasó dos años en Tapachula trabajando en ventas de tortillas y atendiendo mesas. Pero, luego, también fue víctima de violación. Human Rights Watch lo entrevistó en Tijuana en enero de 2020, donde relató lo siguiente:

Nunca pensé en venir aquí. Pero, en una ocasión, después de salir del trabajo alrededor de las 9 p.m., vi un auto negro y la chica que lo manejaba me dijo, '¿Qué tal? ¿A dónde vas?'. Se ofreció a llevarme a mi casa. Le dije, 'no te conozco'. Ella respondió, 'vamos, te daré un aventón'.

Entré al auto y vi que había dos personas más. El auto tenía vidrios oscuros. Ella dijo que eran sus amigos. Me dijeron que sus nombres eran Brian y José. Entonces, me cubrieron la nariz con un trapo y perdí el conocimiento.

Otras mujeres trans dijeron a Human Rights Watch que las denuncias de altas tasas de "transfemicidios", o asesinatos selectivos de mujeres trans, las disuadían de permanecer en México. Kiana C., de El Salvador, a quien Human Rights Watch entrevistó en Tijuana después de haber pasado ocho meses en México a la espera de cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo, dijo que "México no es seguro para las mujeres trans. Veo todas las noticias sobre asesinatos de mujeres trans" . Tanto Kiana C. como Felicia J., una mujer trans de Honduras entrevistada por separado en Tijuana, hicieron referencia a las noticias sobre homicidios de mujeres trans en el estado de Veracruz, donde asesinaron a Alaska Ponce Contreras en 2018 . Felicia J. manifestó lo siguiente en relación con estos casos de violencia contra mujeres trans: "Todas estamos traumatizadas. Me despierto llorando por las noches" .

Carlitos B., una persona no binaria de 23 años proveniente de Guatemala que logró llegar a Los Ángeles y solicitó asilo, expresó que se sentía más libre en Estados Unidos que en México.

Algunas personas de la caravana permanecieron en México y pidieron asilo allí. Yo vine aquí [a Estados Unidos] porque en México también hay gente que no acepta a las personas LGBT. Sí, hay algunos lugares donde las están aceptando, pero son pocos. Aquí, existen leyes que ayudan a las personas LGBT. Al menos eso es lo que creo. Se puede ser un poco más libre aquí [485].

Obligaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras de abordar la violencia y la discriminación contra las personas LGBT

El sistema interamericano se encuentra entre los sistemas regionales de derechos humanos más desarrollados en lo que se refiere a la articulación de los fundamentos de derechos y garantías relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Tal como ha manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

La Corte ha determinado que el derecho a la vida establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, en conjunción con el artículo 1.1, comprende obligaciones tanto negativas como positivas . Los Estados no solo deben garantizar que ninguna persona sea privada de la vida. Además, deben adoptar todas las medidas que correspondan para "prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad" .

En ese sentido, la corte ha sostenido que para proteger el derecho a la vida es necesario:

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, al velar por que los Estados cumplan con el PIDCP, hace hincapié en que las obligaciones positivas de los Estados:

Conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, los Estados Parte tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para combatir la violencia contra la mujer . La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que la Convención de Belém do Pará, que define "violencia contra la mujer" como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer", es aplicable a las mujeres transgénero .

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que, al llevar adelante investigaciones y juzgamientos de casos de violencia, en los procesos judiciales se debe prestar atención a las vulnerabilidades específicas de las personas LGBT. En marzo de 2020, en Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú, un caso sobre violencia sexual y otras formas de tortura contra una mujer trans en la cárcel, la Corte sostuvo que, al investigar actos violentos, las autoridades estatales "tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para develar si existen posibles motivos discriminatorios". Tal investigación no puede omitir hechos que puedan ser indicativos de violencia motivada por discriminación; la falta de investigación de los posibles móviles discriminatorios puede constituir en sí misma una forma de discriminación, contraria a la prohibición establecida en el artículo 1(1) de la Convención Americana .

En los Principios de Yogyakarta también se exhorta a los Estados a garantizar todos los derechos humanos sin discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género, incluidos los derechos a trabajar y a la educación . Instan a los Estados a garantizar que existan procedimientos mediante los cuales la identidad de género autodefinida de una persona pueda indicarse en todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que incluyan marcadores de género .

En consecuencia, a fin de contrarrestar la discriminación sistémica, es fundamental que los Estados den prioridad a la adopción de leyes civiles y administrativas integrales que prohíban la discriminación. Aunque la aplicación del derecho penal se encuentra justificada cuando la discriminación se manifiesta de maneras especialmente graves, como actos de violencia o incitación a la violencia, la centralidad que esta rama del derecho asigna a la intencionalidad delictiva, que debe demostrarse más allá de toda duda razonable, resulta inadecuada para receptar y sancionar un amplio espectro de comportamientos discriminatorios. Esto se verifica en especial cuando la discriminación se generaliza como parte de políticas y prácticas. En contraposición con ello, los marcos legales civiles y administrativos están mejor diseñados que el derecho penal para dar más importancia a las consecuencias de determinados actos y pueden ayudar a abordar y sancionar acciones y prácticas nocivas que afecten a grupos o grandes cantidades de personas de manera que se promuevan políticas y sistemas positivos.

Además, los Estados están obligados a adoptar políticas sociales y económicas sólidas en diversas áreas -educación, salud y empleo, entre otras- a fin de contrarrestar la discriminación social y sus efectos nocivos, y garantizar de manera afirmativa la igualdad de derechos de los grupos vulnerables, como las personas LGBT en el Triángulo del Norte.

Obligación de Estados Unidos de no enviar de regreso a refugiados

De conformidad con el derecho estadounidense y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, del que Estados Unidos es parte, ese país no puede enviar de regreso a los solicitantes de asilo a contextos donde sus vidas o libertad se encuentren amenazadas: 1) sin brindarles la oportunidad de solicitar asilo o protección contra la amenaza de tortura; y 2) sin analizar de manera completa y razonable esas solicitudes.

Desde que Estados Unidos suscribió el Protocolo de 1967 de la Convención de Refugiados de 1951, tiene la obligación de respetar las principales disposiciones de ese instrumento . El gobierno de Estados Unidos sancionó la Ley de Refugiados ( Refugee Act) de 1980 para adaptar las leyes internas a los términos de la Convención sobre Refugiados y su Protocolo, e incorporó en el derecho estadounidense la definición de "refugiado" proporcionada en la Convención (persona con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas) y el principio de no retorno (también llamado "de no devolución"), que prohíbe la devolución de aquellos cuya vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas .

Sin embargo, las políticas instauradas por el gobierno de Trump que se analizan en la sección V, incluida la orden de expulsión sumaria de los CDC, el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo con Guatemala, el sistema de cupos, el Protocolos de Protección de Migrantes, la Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo y el intento por prohibir a gran escala el asilo para quienes cruzan a través de terceros países, prácticamente han vaciado de contenido el derecho de pedir asilo. Cada una de estas políticas, de manera individual, pero también en conjunto, genera un importante riesgo de devolución de refugiados, ya que, de acuerdo con las políticas existentes, las autoridades estadounidenses no pueden evaluar la solicitud de asilo de cada persona, que es el medio por el cual puede identificarse a los refugiados y se los puede proteger de tener que regresar a un contexto donde podrían sufrir persecuciones u otros daños graves.

En el marco del Acuerdo de Cooperación sobre Asilo con Guatemala, algunas personas que tienen un temor debidamente fundado de ser perseguidas aparentemente están abandonando sus solicitudes y regresando a sus países de origen, donde se encuentran en riesgo real de sufrir daños graves. Dado que Guatemala no se encuentra en situación de brindar protección efectiva, y ante el riesgo de que algunas personas LGBT hondureñas y salvadoreñas que sean transferidas a Guatemala en virtud del acuerdo puedan sufrir daños graves en ese país o al regresar a sus países de origen, Estados Unidos incumple sus obligaciones internas e internacionales sobre no devolución, al no considerar los pedidos de asilo de personas LGBT hondureñas y salvadoreñas que envía de manera forzosa a Guatemala. Dado que las condiciones de seguridad para las personas LGBT son insuficientes y que el sistema de asilo en El Salvador y en Honduras presenta falencias, es probable que se violen las mismas obligaciones de derechos humanos si Estados Unidos transfiere a solicitantes de asilo a Honduras y a El Salvador en virtud de los acuerdos de cooperación sobre asilo suscriptos, pero no implementados, con esos países .

Las personas LGBT solicitantes de asilo provenientes del Triángulo Norte a quienes Human Rights Watch entrevistó en Estados Unidos y en México sueñan con un futuro mejor: un futuro en el que se las trate con respeto y dignidad independientemente de su orientación sexual o identidad de género; un futuro sin violencia; un futuro en el que puedan estudiar y trabajar sin temor a ser discriminadas. Para muchas personas que han solicitado asilo, en especial, para aquellas que quedan atrapadas en una situación indefinida en México mientras el gobierno de Trump dicta una sucesión interminable de políticas que restringen aun más sus opciones, la posibilidad de cumplir esos sueños todavía se encuentra fuera de su alcance.

Muchas personas LGBT que solicitan asilo y que han logrado ingresar a Estados Unidos manifestaron que estaban ansiosas de integrarse y establecerse. Carlitos B., una persona no binaria de Guatemala, contó a los investigadores de Human Rights Watch durante una entrevista en Los Ángeles en 2019:

Marina T., una mujer trans de Honduras que estaba esperando que llamaran su número de cupo en Tijuana cuando Human Rights Watch la entrevistó, dijo:

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras son responsables de generar o de tolerar esas condiciones que obligaron a personas como Carlitos B. y Marina T. a huir de sus países. Deben actuar con rapidez para poner coto a la violencia y a la discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género, de manera que los cientos de miles de personas LGBT que permanecen en el Triángulo del Norte puedan aspirar a una vida en la que no tengan que elegir entre arriesgarse a sufrir actos de violencia y discriminación o abandonar su hogar.

Estados Unidos debería garantizar que una vez que personas como Carlitos B. y Marina T. llegan a la frontera sur, se les dé la oportunidad de acceder a un espacio seguro que les permita cumplir sus sueños.

Este informe fue preparado por Neela Ghoshal, investigadora sénior del programa de Derechos de LGBT de Human Rights Watch, con la colaboración de Cristian González Cabrera, investigador de dicho programa. Se elaboró sobre la base de investigaciones realizadas por Neela Ghoshal, Cristian González Cabrera y Mirte Postema, exinvestigadora del programa de Derechos de las Personas LGBT. El informe fue revisado por Graeme Reid, director del programa sobre Derechos de las Personas LGBT; Danielle Haas, editora sénior; Bill Frelick, director de la División de Refugiados y Migrantes; Alison Leal Parker, directora gerente del Programa sobre EE. UU.; Ariana Sawyer, investigadora de la situación en la frontera de EE. UU.; Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina de la División de las Américas; Tyler Mattice, investigador sobre México; Paula Ini y Martina Rápido Raggozino, asistentes de investigación en la división de las Américas; Amanda Klasing, codirectora interina de la división de Derechos de la Mujer; Michael Bochenek, investigador sénior en la división de Derechos del Niño; y María McFarland Sánchez-Moreno y Aisling Reidy, asesoras legales sénior.

Anjelica Jarrett, coordinadora del programa sobre Derechos de las Personas LGBT, colaboró con aspectos editoriales y de producción, así como con el formato del informe. También ayudaron con la producción Travis Carr, coordinador digital, y Fitzroy Hepkins, gerente administrativo sénior.

Agradecemos la asistencia de numerosas organizaciones y personas que nos ayudaron de distintas formas, como ponernos en contacto con personas entrevistadas, compartir información y análisis en forma periódica, revisar borradores del informe y responder las preguntas que teníamos. Quisiéramos agradecer específicamente a las siguientes organizaciones y personas, y pedimos nuestras más sinceras disculpas si hemos omitido alguna:

En El Salvador: ASPIDH, COMCAVIS Trans, Entre Amigos, Estrellas del Golfo, Estudiantes LGBTI+ UES, HT El Salvador y Paula Rosales.

En Guatemala: Asociación Lambda, Colectivo de Mujeres Trans Trabajadoras Sexuales de la Zona 11 del Trébol, Diversidad Jalapaneca, Gente Positiva, OTRANS Reinas de la Noche, Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS), La Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala (REDNADS), Trabajando Unidos y Visibles.

En Honduras : Arcoíris, Artemisa, Asociación Lésbica Cattrachas, Colectivo Violeta y Kukulcán.

: Al Otro Lado, Casa Arcoíris, Casa de Luz, El Jardín de las Mariposas y Transgender Law Project Border Butterflies.

En Estados Unidos: Carecen, Casa Ruby, Human Rights First, Immigration Equality, LA LGBT Center y TransLatin@ Coalition.

Agradecemos en particular a Mirte Postema por continuar brindando apoyo y comentarios mucho después de haber concluido su período de trabajo en Human Rights Watch.

Agradecemos a la Fundación Arcus por su generoso apoyo a esta investigación.

Por último, expresamos nuestro inmenso agradecimiento a todas las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras o provenientes de esos países que hablaron con nosotros. Tendremos siempre presentes las experiencias que nos transmitieron, y la perseverancia que han demostrado ante numerosos obstáculos es una gran fuente de inspiración para nosotros. Sin esas personas, este informe no habría sido posible.

# data[].attributes.attachment_link.description
Resumen Camila Díaz Córdova, una mujer transgénero de 29 años, intentó durante años escapar de la violencia que había marcado su vida en El Salvador. Llegó a Estados Unidos en 2017 con la intención de pedir asilo, pero tras cuatro meses en detención inmigratoria, en noviembre de ese año fue deportada a El Salvador, donde encontraría la muerte.

# data[].attributes.attachment_link.title
Atacaron a gitanos en París y lo subieron a Snapchat tras falsos rumores sobre una “combi blanca” que secuestraba niños

# data[].attributes.attachment_link.description
“Llevaban bombas molotov y nos tiraban piedras. Querían matarnos”, dijo una de las víctimas. Detuvieron a veinte personas por las agresiones.

# data[].attributes.attachment_link.title
Un colegio de Pilar dejó sin vacantes a 8 alumnos con discapacidad | Denuncian discriminación en un establecimiento privado

# data[].attributes.attachment_link.description
Madres, padres y docentes realizarán un abrazo simbólico este jueves, bajo la consigna “Basta de discriminación”, en la puerta de un colegio privado ubicado en la localidad de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, tras denunciar ante el...

# data[].attributes.attachment_link.title
Una comunidad mapuche de Villa Mascardi denunció el apoyo del Estado a los grupos violentos que protagonizan las tomas

# data[].attributes.attachment_link.description
La Lof Wiritray, reconocida y presente desde hace años en la zona, planteó que es víctima de la “delincuencia organizada” y apuntó contra el Codeci, la Coordinadora del Parlamento Mapuche y el INAI

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La nueva normativa permite la incorporación de grupos vulnerables no contemplados hasta el momento. Foto: 123RF.

Las personas travesti/trans mayor de 35 años y las mujeres víctimas de violencia de género podrán acceder a pensiones no contributivas en la provincia de Santa Fe, a partir de la sanción de una norma que las incluye, junto a otros grupos, en la ley que regula el otorgamiento de esos beneficios.

"Celebramos la sanción de este proyecto que viene a reconocer y reparar esta demanda histórica", dijo la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad santafesina, Nerea Tacari.

La funcionaria señaló que "el gobierno de la provincia de Santa Fe siempre va a estar atento y comprometido con los avances en derechos de las personas más vulnerables".

La norma, que fue aprobada en la última sesión de la Cámara de Senadores de esta provincia, debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia, informaron fuentes legislativas.

El senador justicialista Alcides Calvo, autor de la iniciativa junto al radical Rodrigo Borla, valoró que con los cambios en el sistema de pensiones Ley 5.110 "vamos incorporar el concepto de diversidad de género".

"Esta Cámara, que a veces nos tildan de muy conservadores, peo hoy damos un paso realmente importante", sostuvo el senador justicialista del Departamento Castellanos.

La norma tuvo media sanción del Senado y el mes pasado la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones, por lo que regresó a la Cámara alta provincial para su sanción definitiva.

La norma sancionada

La misma modifica en varios artículos la Ley 5.110, que regula el sistema de pensiones no contributivas de Santa Fe, que permiten la incorporación de personas o grupos vulnerables no completados hasta el momento.

Entre otras, podrán acceder a una pensión provincial víctimas de delitos que padezcan incapacidad parcial o total para trabajar, mayores de 60 años que sufran una invalidez del 66% (antes era del 75%) y jóvenes con discapacidad de entre 18 y 25 años, explicaron fuentes parlamentarias.

Además, la modificación incluye por primera vez al colectivo travesti/trans, cuya expectativa de vida promedia los 40 años.

"Sin dudas este logro es gracias al trabajo conjunto que se llevó a cabo con la militancia de las organizaciones travesti/trans de nuestro territorio, como por ejemplo Comunidad Trans de Rosario", dijo en su cuenta de Twitter la subsecretaria Tacari.

"Ahora las personas travesti/trans mayores de 35 años y las mujeres víctima de violencia serán beneficiaras de la pensión en el marco de la Ley 5.110", abundó la funcionaria.

En el caso de las mujeres que padecen violencia de género, la pensión se otorgará por el plazo de un año.

El senador Calvo dijo durante la sesión que "se incorporaron a aquellas mujeres que han sido sometidas a violencia de género, que muchas veces determinaba que no podían tomar decisiones porque no tenían un sustento. Por un año tendrán esta pensión, creo que se ha ampliado el espectro".

Al darle media sanción al proyecto, en septiembre, la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, había señalado que es importante "adaptar el instrumento (de las pensiones) a las transformaciones que la sociedad va viviendo y a la problematización que la sociedad va haciendo en relación a los sectores vulnerables".

Entonces remarcó que también hay que comprender las modificaciones a la norma "desde una perspectiva de reparación" ya que "se incorpora a que accedan al beneficio víctimas de violencia de género, personas travesti/trans de más de 35 años, entendiendo las situaciones de profundas vulnerabilidad que viven estas poblaciones".

# data[].attributes.attachment_link.title
Las personas travesti/trans tendrán una pensión no contributiva a partir de los 35 años

# data[].attributes.attachment_link.description
También podrán acceder al beneficio las víctimas de delitos que padezcan incapacidad parcial o total para trabajar, mayores de 60 años que sufran una invalidez del 66%, jóvenes con discapacidad de entre 18 y 25 años y mujeres víctima de violencia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El 25 de septiembre pasado, durante una manifestación de 5.000 chilenos, quemaron un campamento de venezolanos en situación de calle. Foto: AFP

Las recientes manifestaciones en Chile volvieron a poner en primera plana la crítica situación que atraviesa buena parte de los alrededor de seis millones de emigrados venezolanos en cinco de los ocho principales países receptores de esa migración.

Los principales países receptores son Colombia (1,7 millones), Perú (un millón), Estados Unidos (465.200), Chile (457.300), Ecuador (451.100), España (415.000), Brasil (261.400) y la Argentina (173.200), según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

En general no se reportaron inconvenientes para los venezolanos en Estados Unidos y España, situación que algunos expertos consultados por Télam atribuyeron a las condiciones más rígidas que esos países imponen al ingreso de inmigrantes.

Tampoco en la Argentina, donde la lejanía y la diferencia de clima con Venezuela operan como barreras a la hora de decidir la mudanza, y además -según el coordinador del Observatorio Diáspora Venezolana, Tomás Páez- los sucesivos Gobiernos dieron "facilidades" al establecimiento de venezolanos.

Colombia

Colombia es el mayor receptor y pasó de hospedar a menos de 100.000 venezolanos hace cinco años a 1,7 millones en la actualidad.

Aquella primera migración, compuesta esencialmente por profesionales y técnicos petroleros despedidos de la estatal Pdvsa y empresarios afectados por las expropiaciones, se convirtió en una mucho más masiva, integrada en su mayoría por personas que "se mueven entre la urgencia y la necesidad", según un reciente informe del diario madrileño El País.

Ni el Estado colombiano ni las ciudades "estaban preparados" y "la ciudadanía tampoco", lo que "ayuda a entender que dos tercios de la población se mantengan en una posición de rechazo frente a los recién llegados", agregó el periódico.

En ese contexto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López -del partido progresista Alianza Verde-, dijo en marzo pasado, tras el asesinato de un policía, que no era "la primera vez" que se registraban "actos muy violentos de migrantes venezolanos" que "primero asesinan y luego roban".

Cinco meses después, López propuso la creación de un comando policial especial para la identificación de inmigrantes.

Colombia, el mayor receptor, pasó de hospedar a menos de 100.000 venezolanos hace cinco años a 1,7 millones en la actualidad.

Perú

En Perú, el tema de la inmigración venezolana pasó "a segundo plano con la pandemia", aunque "volvió a figurar en las noticias a comienzos de febrero de 2021 debido a la militarización de la frontera entre Perú y Ecuador, la cual buscaba evitar la entrada de personas venezolanas 'ilegales'", dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en un informe de marzo pasado.

Periodistas de los principales diarios limeños -El Comercio, La República y Perú 21- consultados para ese estudio admitieron que la cobertura mediática del tema "ha sido prejuiciosa" y que había "muchos aspectos por cambiar, especialmente en cuanto a las narrativas y/o términos utilizados".

Antes, en enero de 2020, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra había creado la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera, un cuerpo de élite de la Policía Nacional del Perú (PNP), pocos días después de que fueran capturadas 144 personas (venezolanas, colombianas y peruanas) integrantes de una organización llamada Los Venecos y dedicada a la prostitución, el sicariato y otros delitos.

El mandatario de Venezuela, Nicolás "Maduro nos inundó de delincuentes venezolanos", justificó el entonces ministro del Interior, general retirado de la PNP Carlos Morán. Tanto Maduro como el líder opositor Juan Guaidó hicieron pública su preocupación por la creación de esa brigada.

Más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo son niños y niñas...

...como Sofía, una niña venezolana solicitante de refugio en el Perú.

¿Con qué sueña Sofía💭? 👇 pic.twitter.com/ifRr6RmqIn
- Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) May 2, 2021

Chile

Chile fue uno de los países que facilitó la llegada de venezolanos, pero este año endureció su política, sobre todo desde que las autoridades detectaran que solo en enero habían ingresado más de 2.000 inmigrantes sin papeles -de varias nacionalidades- a través de pasos no habilitados en la frontera con Bolivia.

Entre febrero y agosto de este año, el Gobierno expulsó a cientos de inmigrantes -la gran mayoría, venezolanos- en al menos cinco operativos espectaculares en los que fueron llevados hasta el avión vestidos con mamelucos blancos con capucha y mascarillas, esposados y acompañados cada uno por un policía.

Las imágenes causaron el repudio de organizaciones internacionales, pero también exacerbaron el rechazo de muchos chilenos a la llegada de venezolanos, lo que quedó de manifiesto el 25 de septiembre pasado en la ciudad de Iquique.

Ese día, unas 5.000 personas protestaron con consignas tales como "Fuera ilegales" y "No más migrantes", y quemaron un campamento de venezolanos en situación de calle.

Entre febrero y agosto de 2021, el Gobierno chileno expulsó a cientos de inmigrantes en al menos cinco operativos. Foto: AFP

Ecuador

Ecuador, por su parte, recibió a más de 1,5 millones de venezolanos, pero la mayoría siguió hacia el Sur y solo se afincaron poco más de 451.000. El país ofrece "alto nivel de protección legal y asistencia social" a inmigrantes y refugiados, que incluyen "acceso libre a la educación y atención médica", según un informe del Banco Mundial.

No obstante, los venezolanos "frecuentemente son culpados por tomar los trabajos de la población de acogida" y de que "sobrecargan el uso de los servicios del Estado, especialmente en lo que concierne a educación y salud" aun cuando "no existe evidencia" de ello, continuó el trabajo.

Asimismo, las mujeres "están expuestas a una alta vulnerabilidad" y enfrentan problemas tales como "la discriminación laboral", mientras "las niñas y adolescentes venezolanas, en especial, están expuestas desproporcionalmente a altos riesgos de trabajo infantil y ausentismo escolar", agregó.

El presidente Guillermo Lasso afirmó hace un mes que estaba elaborando un plan de "regularización con integración" para 450.000 venezolanos, tras haber hecho anuncios similares en abril -cuando ya había sido electo pero aún no había asumido- y en junio.

Imagina tener que huir de tu país.👣
Imagina llegar a otro país y ni siquiera poder ir a la escuela.🏫

Aquí 5 cosas que tu país puede hacer para garantizar que todos los niños y niñas refugiados tengan acceso a la educación. pic.twitter.com/SjweOw6zYf
- Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) October 8, 2021

Brasil

Brasil, por otra parte, ofrece asistencia social a los extranjeros sin importar su condición migratoria y la cantidad de venezolanos que recibe ayuda financiera mediante programas sociales se triplicó desde el comienzo de la pandemia y alcanzaba a 18% de los inmigrantes de esa nacionalidad, según un artículo que la ONU de mayo pasado.

No obstante, los venezolanos "enfrentan obstáculos en el acceso a servicios sociales, el mercado laboral formal y el sistema educativo", muchos de ellos derivados de "barreras lingüísticas" y de la dificultad de certificar estudios o competencias profesionales, continuó.

Por ese motivo, añadió, los venezolanos tienen 64% menos de probabilidades de obtener un empleo que los brasileños, 30% menos chances de registrarse para recibir subsidios y, en el caso de los niños, 53% menos de probabilidades de asistir a la escuela.

# data[].attributes.attachment_link.title
Los emigrantes venezolanos, con problemas en cinco de los ocho países que más los acogen

# data[].attributes.attachment_link.description
Las recientes manifestaciones en Chile volvieron a poner en primera plana la crítica situación que atraviesa buena parte de los alrededor de seis millones de emigrados venezolanos en cinco de los ocho principales países receptores de esa migración.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pueblos Originarios prevén llegar caminando Buenos Aires | Ante la falta de respuestas, comenzó la 2ª Marcha Histórica

# data[].attributes.attachment_link.description
Desde el lunes hasta ayer mantuvieron protestas en Orán. Voceros del gobierno afirman que propusieron reunirse con algunos referentes pero que los manifestantes se negaron a esa posibilidad.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Brecha salarial

La diferencia entre los salarios de hombres y mujeres es un tema abordado desde diferentes ámbitos. Estudios indican que la brecha salarial no disminuye como consecuencia de distintos factores discriminatorios hacia las mujeres. Griselda Astudillo plantea los lineamientos ante esta realidad desde la economía feminista.

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la diferencia existente entre salarios de hombres y mujeres en el mercado laboral existe en todo el mundo con una clara dimensión sexista. Por lo general, las mujeres ganan un porcentaje menor al de los hombres por el mismo trabajo, cargo o función. Existen, sin embargo, distintos aspectos que componen el salario que están por fuera del ámbito laboral y que contribuyen a la diferencia de salarios. Griselda Astudillo, integrante del Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM), habló sobre este tema en su columna "Feminismo para armar" en Radio Universidad.
Brecha salarial en Argentina
"Hay un organismo que es la Organización Internacional de Trabajo que genera datos respecto a esto y en Argentina lo que dice la OIT es que las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres, ahora vamos a ver esto como se construye. Esto es un promedio, un hombre gana en doce meses de trabajo lo que las mujeres tardaríamos quince meses en ganarlo, esto quiere decir este dato. Estas estimaciones que hace la OIT lo que dicen es que si se continúa con este ritmo de políticas intentando reducir esta brecha tal vez se pueda lograr cerrar esta brecha en el 2086. A parte es una estimación y que las políticas públicas están atravesadas por un montón de dimensiones entre ellas que los gobiernos tengan decisión de que es perspectiva atraviese las políticas efectivamente".
Ley de contrato de trabajo
"La brecha salarial entonces es una diferencia media entre el salario de hombres y mujeres. Esto es un promedio de lo que ganan hombres y mujeres en un momento y lugar específico, es una medición. Esto es importante aclararlo para entender que es un dato que se construye de diferentes factores que trascienden el ámbito laboral. En Argentina hay una ley de contrato de trabajo, en su artículo Nº 172, y las modificaciones que ha sufrido a lo largo de los años, establece que en Argentina las mujeres tenemos derecho a ganar el mismo salario que los hombres por igual trabajo. Que una ley lo tenga que establece, hemos hablado un montón de veces que se trata de una discriminación o acción positiva, cuando existe una desigualdad hay que generar, hay que poner esto es una ley. Diríamos 'que loco que una ley tenga que decir que tenemos que ganar lo mismo'".
Discriminación positiva
"Esto es importante ponerlo en cuestión y reflexionar con las personas que nos están escuchando, con ustedes, con la sociedad, que cuando muchas veces surge por ahí en el relato cotidiano, de sentido común: '¿para qué hay un día de las mujeres? Se están discriminando a ustedes mismas. ¿Para qué hay un día del orgullo? Están discriminando sus orientaciones.' Porque hay un sector que históricamente no han accedido de la misma manera y han tenido desigualdades. Entonces a eso se lo llama una acción o discriminación positiva. Tiene que estar mencionado e impulsado porque sino no sucede y concretamente existe la desigualdad".

"Entonces los salarios, para calcular esta brecha, se componen por diferentes ítems que trascienden el ámbito laboral:

Por ejemplo hay algunos salarios que cuentan con un pago por presentismo, vos estas en una situación de trabajos registrados, vamos a hablar de trabajo registrado y no registrado. Entonces qué quiere decir el presentismo, cobras más cuando no faltas. Esto impacta diferente entre las personas que se hacen cargo en el hogar del cuidado de los niños, niñas y personas enfermas, que mayoritariamente somos las mujeres. Entonces ahí es probable que no podamos alcanzar un pago por presentismo y ahí ya estaría empezando a abrirse esa brecha".

"Otra cuestión que tiene que ver con la construcción de esta brecha es la cantidad de horas destinadas al trabajo remunerado fuera del hogar. Si no está esta distribución equitativa de las tareas domésticas las mujeres solemos tomar trabajos con menos carga y por ende tendríamos menor remuneración para poder cumplir con las otras tareas. Es una cuestión cultural, tiene que ver con factores culturales de los que es difícil desligarse".

"Las mujeres estamos menos representadas en la punta de la pirámide ocupacional de diferentes espacios. Las feministas hemos elaborado, construido dos conceptos para poder referencias esto que es el 'techo de cristal', que es como un techo que no se ve, obstáculos invisibles que llevan a que no lleguemos a esos lugares y que tienen que ver con nuestra condición de género. Otro concepto son los 'pisos pegajosos' que son barreras que hacen que quedes en escalones más bajos".

"Después tenemos segregación horizontal que es otro factor que constituye a esta brecha salarial, se refiere a la distribución de trabajadores en sectores en relación a la división sexual del trabajo. A trabajos que son considerados femeninos o masculinos y los femeninos tienen que ver con los de cuidados".

"Y también hay un ítem que tiene que ver con la brecha que es específicamente distinto pago por igual calificación, hay posibilidades de que dos personas exactamente iguales en cuanto a características objetivas que requiere un puesto de trabajo, todo esto en la misma situación pero ganan distinto. Hay técnicas para construir este dato, hay una brecha que no está explicada y tiene que ver justamente con solamente por pertenecer a un género".

"La idea de la brecha salarial tiene que ver con entender que esos espacios, lo importante de avanzar, en este caso en las ciencias económicas, que son las que construyen estos datos que ha emitido esta dimensión, que la ha sesgado. Y empezar a pensar desde las ciencias, que es un poco también lo que nos toca como equipo dentro de la facultad y poder transmitirlo a toda la sociedad tiene que entender que esta perspectiva tiene que atravesarlo para poder avanzar, analizar cuáles son las relaciones de poder y que tiene que ver el género en esas relaciones junto a otras dimensiones por supuesto y poder avanzar hacia políticas que disminuyan esas desigualdades".

# data[].attributes.attachment_link.title
"En Argentina las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres"

# data[].attributes.attachment_link.description
Brecha salarial Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la diferencia existente entre salarios de hombres y mujeres en el mercado laboral existe en todo el mundo con una clara dimensión sexista. Por lo general, las mujeres ganan un porcentaje menor al de los hombres por el mismo trabajo, cargo o función.