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Funciones del Tribunal Supremo de Elecciones

El Artículo 102 de la Constitución Política de 1949 indica que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones:

1. Convocar a elecciones populares.

2. Nombrar los miembros de las Juntas Electorales.

3. Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral.

4. Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y las Juntas Electorales.

5. Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas.

6. Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas.

7. Ejecutar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes;

8. Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la votación y en el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios, citados en el inciso anterior.

Funciones del Registro Civil.

1. Llevar el Registro Central del Estado Civil y resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones para recobrarla.

2. Expedir cédulas de identidad y formar las listas de electores.

3. Las demás atribuciones que le señalan la Constitución y las leyes.

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Funciones Del Tribunal Supremo De Elecciones

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Los siguientes elementos constituyen la guía de actuación que debe inspirar la gestión y rectitud de los actos de los funcionarios de la CGR:

Excelencia
Búsqueda de la máxima calidad y desempeño en el trabajo diario.

Respeto
Valorar los derechos y formas de pensar de los demás.

Justicia
Dar a los demás lo que les corresponde de acuerdo con sus derechos y deberes.

Integridad
Es realizar todas las acciones con rectitud.

Compromiso
Es sentirse identificado con la Contraloría General y así dar el máximo esfuerzo.

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Contraloría General de la República | Costa Rica

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Contraloría General de la República | Costa Rica

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Somos el órgano constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

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El gobierno de Costa Rica está conformado por cuatro poderes, separados e independientes entre sí: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral.

El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República, sus dos vicepresidentes (uno en materia económica y otro en materia social) y los ministros de gobierno. El cargo de presidente es elegido mediante elección popular y no puede ser modificado a la libre, a diferencia de los ministros de gobierno y los diplomáticos los cuales el presidente puede remover a su gusto durante su Administración.​

El poder legislativo de Costa Rica está conformado por 57 diputados que se reúnen diariamente en la Asamblea Legislativa (conocida también como parlamento, congreso o cámara de diputados). Ellos son electos mediante voto popular por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de ser reelectos inmediatamente. Se encargan de redactar, discutir, reformar, derogar y aprobar o no, diferentes proyectos de ley presentados por algún diputado, el poder ejecutivo o por iniciativa popular. Los diputados también nombran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al defensor y defensor adjunto de los habitantes de la Defensoría de los Habitantes y al contralor y subcontralor de la Contraloría General de la República. Las últimas dos instituciones son órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa, mientras que la Corte forma parte del poder judicial.​​​

El poder judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez es constituida por cuatro salas (Sala I, Sala II, Sala III y Sala Constitucional o IV). 22 magistrados propietarios y 22 magistrados suplentes conforman las tres primeras salas, mientras que en la Sala IV o Constitucional existen 12 magistrados suplentes. Los magistrados propietarios se distribuyen cinco en cada sala, a excepción de la Sala Constitucional que tiene siete. Ellos son nombrados por los diputados de la Asamblea Legislativa por periodos de ocho años con probabilidad de ser reelectos.​

El poder electoral lo conforma el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), creado por la Constitución Política de 1949. Aunque en un inicio se le otorgó el rango de institución autónoma, por ley n.º 5704 del 5 de junio de 1975 se le otorgó al TSE el rango e independencia de los otros poderes del Estado, con lo cual pasó formalmente a ser el cuarto poder de la República.​ Lo integran tres magistrados propietarios y seis suplentes, sin embargo un año antes y hasta seis meses después de la fecha de las elecciones generales dos de los suplentes pasan a ser propietarios, para integrar un Tribunal de cinco miembros. Los Magistrados son nombrados por la Corte Suprema de Justicia por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus votos, y su período es de seis años, pudiendo ser reelectos.​

El poder ejecutivo está conformado por el presidente, dos vicepresidentes y los ministros de gobierno. Los dos primeros cargos se escogen mediante voto directo, secreto y universal cada cuatro años sin posibilidad de ser reelectos de manera inmediata, mientras que los ministros y diplomáticos son nombrados y removidos a libre criterio del presidente de la República.​

Para ostentar el cargo de Presidente o vicepresidente de Costa Rica se debe cumplir con lo estipulado en el artículo 131 de la Constitución Política: pertenecer al Estado seglar (solo aplica para la iglesia católica, según fallo de la Sala Constitucional), ser mayor de treinta años y ser costarricense por nacimiento. Puesto que en Costa Rica la reelección inmediata es ilegal, el presidente no puede ser candidato presidencial y en caso de que alguno de sus vicepresidentes desee ser candidato presidencial, deberá renunciar doce meses antes de realizarse las elecciones. Esta norma también aplica para los magistrados de la Corte, policías y otros funcionarios públicos.​

El Presidente y el resto de su gabinete se reúne semanalmente en lo denominado "Consejo de gobierno", donde posteriormente emiten una conferencia de prensa dando a conocer a la opinión pública los puntos tratados durante la reunión, a excepción de los temas que se consideran secreto de Estado.

Por mandato constitucional, el Presidente debe rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa detallando sus labores en el año de legislatura y el estado en que se encuentra el país, además debe avisar a los diputados cuando se disponga a salir del país y finalmente, se le encarga firmar y ejecutar las leyes que los diputados del congreso envíen una vez finalizado el proceso en la asamblea.​

También es función del presidente remitir a la Asamblea Legislativa la propuesta de presupuesto para cada año de legislatura, la cual debe quedar completamente aprobada a más tardar el 30 de noviembre. Antes de ese plazo, los diputados y el mismo gobierno podrán realizar modificaciones a las partidas contenidas en la propuesta de presupuesto.​

En Costa Rica no existe la derogatoria de mandato, pese a que han existido iniciativas populares para implementar esta medida.

En Costa Rica existen diversos ministerios, cada uno de ellos encargados de un área especializada.

Instituciones autónomas

Las instituciones autónomas tienen autonomía económica pero no administrativa. En ellas existe una junta directiva en la que el Gobierno participa sin embargo, su presupuesto en lugar de ser analizado por la Asamblea Legislativa, se envía a la Contraloría General de la República.

El poder legislativo de Costa Rica está conformado por 57 diputados que se agrupan en la Asamblea Legislativa, donde se dedican a proponer, modificar, derogar y discutir leyes que serán enviadas al Presidente para que las firme o en su defecto las vete.​​

Los diputados de Costa Rica trabajan de lunes a jueves y se agrupan en diferentes comisiones legislativas, encargadas de analizar proyectos y emitir un criterio afirmativo o negativo sobre ellos, para luego enviarlo al Plenario (lugar donde se reúnen los 57 diputados) e iniciar su discusión y votación. Estas comisiones son conformadas anualmente por el Presidente de la Asamblea Legislativa, el cual se escoge mediante voto de los diputados cada 8 de mayo en una sesión especial. Existen diversos tipos de comisiones, entre ellas hay tres que tienen potestad de aprobar leyes tal y como se realiza en el plenario; además hay comisiones especializadas en temas como ambiente, fiscalización del gasto, derechos humanos, mujer y comisiones regionales que tratan problemas específicos de cada provincia.​

Para poder sesionar en el plenario, debe haber al menos 38 diputados presentes en el salón de sesiones. En caso de que no haya quórum el presidente de la Asamblea Legislativa deberá anunciarlo y dar cinco minutos para que se restituya y poder continuar la sesión. Si pasados los cinco minutos no se reunió el mínimo necesario para poder continuar con la sesión, los ujieres deberán cerrar las puertas del salón de sesiones y el directorio del congreso pasará lista para realizar el rebajo en el salario de los diputados ausentes.​

Estructuración de la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa está conformada por las diversas fracciones legislativas (partidos políticos), los cuales se agrupan 57 curules ubicadas en el salón de sesiones del plenario. A cada partido se le asignan oficinas dentro del edificio legislativo, asesores electos a su uso y vehículos oficiales. Además existen comisiones parlamentarias especializadas en diversas áreas a excepción de tres de ellas que funcionan con potestad plena (pueden aprobar o no proyectos de ley como el Plenario). También es común que se conformen comisiones especiales que se encargan de analizar irregularidades, todas ellas deben ser aprobadas mediante el voto de los diputados en el Plenario y luego serán conformadas por el presidente de la Asamblea Legislativa.​

El plenario de la Asamblea Legislativa está estructurado por 57 curules, una mesa del directorio legislativo, una mesa para sus asesores y otra para la secretaría del directorio. Las fracciones legislativas mediante previo acuerdo deciden cuales lugares del plenario ocuparán, siendo común que los diputados se agrupen entre fracciones o bloques para facilitar el intercambio de opiniones o documentos.

La mesa del directorio la conforma el presidente del congreso y dos secretarios electos mediante voto secreto de los 57 diputados cada 1 de mayo. El presidente del congreso se encarga de conformar igualmente las comisiones legislativas cada año. Es función de los secretarios a su lado leer las comunicaciones que envíe el presidente de la República y las mociones que presenten los diputados o cualquier documentación que sea remitida para el plenario.​​

Dinámica de las sesiones en el Plenario

La sesión del Plenario inicia a las 14:45 de lunes a jueves y finaliza a las 18:00 horas o después de esa hora en caso de que haya acuerdo de los legisladores. Sus acciones durante la sesión están regladas por una agenda previa (conocida como orden del día) la cual estructura la sesión en dos partes: la primera que se dedica a discutir y aprobar el acta de la sesión anterior, suspender derechos o garantías establecidos en la Constitución Política, reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa, tiempo de control político y otros temas como conocimiento de comunicaciones, informes u otros. Por otra parte, la segunda parte de la sesión que inicia a las 16:00 horas es exclusiva para discusión y aprobación de proyectos de ley.​​

Para aprobar un proyecto y convertirlo en ley de la República, el interesado debe redactar la propuesta y enviarla a la secretaría del directorio de la Asamblea Legislativa, donde tras un análisis rápido se le asigna un número de expediente y una comisión para que inicie su análisis, discusión y emita un dictamen que puede ser afirmativo o negativo al proyecto. En esas sesiones los diputados podrán proponer modificaciones al proyecto de ley (conocidas como mociones), las cuales serán sometidas a conocimiento de los diputados miembros de la comisión que podrán acogerlas o rechazarlas. Una vez dictaminado, el proyecto se envía con el o los dictámenes al plenario, donde pasará a ocupar parte de la agenda legislativa a la espera de que la misma sea sometida a discusión y votación por los diputados. Sin embargo existe un plazo para que los diputados presenten mociones de reiteración (mociones vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa), vencido este plazo se podrá iniciar el conocimiento del proyecto.​

En los segundos debates, que se conocen de primero en las órdenes del día en la segunda parte de la sesión, los diputados tendrán hasta 15 minutos cada uno para hablar por el fondo del proyecto antes de someterlo a votación. De igual manera, para aprobarlo se necesitan dos tercios de los votos del total de diputados presentes, al obtenerlos el proyecto se aprueba y se le envía al poder ejecutivo para que lo firme y sea publicado en el diario oficial La Gaceta para que entre en vigencia o vetarlo, enviándolo de regreso a la Asamblea Legislativa para que los diputados analicen el por qué del veto y poder subsanar o no lo alegado por la presidencia.​​​

Los períodos de sesiones son los espacios en los que la Asamblea Legislativa puede válidamente reunirse para desarrollar sus funciones. Sus sesiones ordinarias duran seis meses, divididas en dos períodos: del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de septiembre al 30 de noviembre.​

El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias en los períodos intermedios, es decir, del 1 de agosto al 31 de ese mismo mes, o bien, del 1 de diciembre al 30 de abril.​

El poder judicial de Costa Rica lo conforma la Corte Suprema de Justicia la cual a su vez está estructurada en cuatro diferentes salas, Sala I, II, III y COnstitucional y el resto de los tribunales existentes en Costa Rica.

Su estructura organizativa obedece a tres factores: la materia de los asuntos a resolver, el territorio donde tienen lugar y la cuantía (monto de dinero que está involucrado en el asunto), que son los que determinan en qué despachos se debe resolver.

La Corte está integrada por 22 magistrados propietarios, 25 magistrados suplentes en las tres primeras Salas y 12 magistrados suplentes en la Sala Constitucional, y se distribuyen de la siguiente manera: cinco en cada una de las tres Salas de ordinarias y siete en la Sala Constitucional. Los mismos son nombrados por la Asamblea Legislativa por períodos de ocho años.

Son funciones del poder judicial de Costa Rica:

Informar a los otros Poderes del Estado en los asuntos en que la Constitución o las leyes determinen que sea consultada y darle su opinión cuando sea requerida acerca de los proyectos de reforma a la legislación codificada o que afecten la organización o funcionamiento del Poder Judicial.

Proponer las reformas legislativa y reglamentarias que juzgue convenientes para mejorar la administración de la justicia.

Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual una vez promulgado por la Asamblea Legislativa, podrá ejecutar por medio del Consejo.

Nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones.

Resolver las competencias que se susciten entre las Salas de la Corte, con excepción de los dispuesto por la ley respecto de la Sala Constitucional.

Designar en votación secreta, al Presidente y Vicepresidente de la Corte por períodos de cuatro años y dos años respectivamente, quienes podrán ser reelectos por períodos iguales.

Promulgar por iniciativa propia o a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial, los reglamentos internos de orden y de servicio que estime pertinentes.

Conocer los recursos de casación y de revisión de las sentencias dictadas por las Salas Segunda y Tercera, cuando éstas actúen como tribunal de juicio o de única instancia.

La Corte Suprema se compone de cuatro salas que tratan diferentes temas.

En esta sala se tratan los temas civiles. Está conformada por cinco magistrados, uno de ellos Presidente de Sala. Le competen los asuntos:

De los recursos de casación y revisión que procedan, en las materias Contencioso Administrativa, juicios ordinarios civiles, comerciales y agrarios, cuyas cuantías sean iguales o mayores a 750.000 colones.

Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, con arreglo a los tratados y leyes vigentes.

De las competencias que surjan entre los Tribunales Superiores Civiles, Agrarios y Contencioso Administrativo.

Se encarga de los temas laborales. Las conforman cinco magistrados con su Presidente de Sala y conoce de los siguientes asuntos:

Recursos de casación y revisión que procedan con arreglo de la ley, en juicios ordinarios o abreviados de familia o de Derecho sucesorio y juicios universales, o en las ejecuciones de sentencias en que el recurso no sea de conocimiento de la Sala Primera. La cuantía del asunto no debe exceder de los 750.000 colones.

De la tercera instancia rogada en asuntos de jurisdicción de trabajo, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley. La cuantía del asunto laboral debe ser más de 2.000.000 colones, según sesión n.º 33-07, celebrada el 17 de diciembre de 2007, artículo XXXVI, de conformidad con lo que preceptúan los incisos 13 y 1 4, del artículo59, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De las demandas de responsabilidad civil contra los jueces integrantes de los tribunales colegiados de cualquier materia, excepto los de trabajo de menor cuantía.

De las cuestiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción laboral, cuando no corresponda resolverlos a otros tribunales de esa materia.

De las competencias entre jueces civiles que pertenezcan a la circunscripción de tribunales colegiados de diferente territorio, en cualquier clase de asuntos cuando no corresponda a resolver la cuestión a la Sala Primera.

Se encarga de los temas penales. Está conformada por cinco magistraturas de entre las que se elige su presidente de Sala. Le competen los asuntos:

De los recursos de casación en materia penal, aunque no se trata de una casación ortodoxa sino de una muy particular (precedentes contradictorios y por violación a la ley) creada en 2011 y en donde la gran mayoría de los asuntos son declarados inadmisibles.

De la instancia en las causas penales contra los miembros de los Supremos Poderes del Estado y otros funcionarios equiparados.

De los procesos de revisión por causales específicas en todos los asuntos.

Le competen los asuntos constitucionales, la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los demás instrumentos de Derecho internacional ratificados por Costa Rica, con el cumplimiento efectivo de sus normas.

Es el máximo órgano judicial de Costa Rica, su jurisprudencia y precedentes son vinculantes salvo para sí misma. Esta disposición es importante dado que lo resuelto por la Sala es vinculante para los demás órganos públicos, tanto administrativos como judiciales, así como para todos los particulares.

Existen diferentes tipos de tribunales según la materia que les corresponde resolver.

El Tribunal de Familia.

El Tribunal I y II de Civil.

El Tribunal de Notariado.

El Tribunal Penal.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal.*

El Tribunal Contencioso Administrativo.*

El Tribunal de Juicio y Penal Juvenil.*

El Tribunal de Mayor y Menor Cuantía de Trabajo.*

El Tribunal Agrario.*

(*) Solamente existen en algunos circuitos (II Circuito de San José, Cartago, II Circuito de Alajuela y Guanacaste).

Los Juzgados al igual que los tribunales están estructurados según su competencia, según la materia, la cuantía y el territorio. Los diferentes órganos que administran justicia lo hacen dentro de un determinado territorio o plano geográfico delimitado y dentro de una materia. Esto sucede sin perjuicio de que existan juzgados que se dediquen a varias materias, esto porque la población es muy reducida, no resulta práctico ni conveniente tener un juzgado por cada una de ellas.

Juzgados de Menor Cuantía y Contravencionales

Estos juzgados son:

Juzgados de Menor Cuantía en Materia Civil.

Juzgados de Menor Cuantía en Materia de Trabajo.

Juzgados Contravencionales en Materia Penal.

Juzgados Contravencionales en Materia de Tránsito.

Juzgados Civiles de Hacienda y Asuntos Sumarios.

Juzgados de Pensiones Alimentarias.

Juzgados de Mayor Cuantía y Penales

Estos juzgados son:

Juzgados Civiles.

Juzgados Penales.

Juzgados Penales Juveniles.

Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Juzgados de Familia.

Juzgados de Trabajo.

Juzgados Agrarios.

Juzgados de Ejecución de la Pena.

Véase también

Bibliografía

Agüero Salazar, Ricardo (1995). El proceso de formación de la ley en Costa Rica. san José, Costa Rica: Asamblea Legislativa. p. 29.

Carazo Zeledón, Mario (1999). Experiencia legislativa. Asamblea Legislativa. p. 415. .

Chacón Valverde, Alexander; Chavarría B., Alexander; McGowan, Kathleen (1995). La Asamblea Legislativa de Costa Rica y sus diputados. Programa para el Desarrollo Legislativo. p. 84. .

García Álvarez, Mario Alberto (1998). El proceso de formación y publicidad de la ley. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica (Tesis). p. 90.

Karpinsky de Murillo, Rose Marie; Castillo Víquez, Fernando; Trejos Chacón, José Adrián (1989). Reflexiones sobre el poder legislativo costarricense. San José, Costa Rica: Asamblea Legislativa. .

Martínez Castro, José Alejandro. Disoluciones del Congreso en la historia de Costa Rica. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica (Tesis). p. 176.

Obregón Loría, Rafael (1966). El Poder Legislativo en Costa Rica. San José, Costa Rica: Asamblea Legislativa.

Educación Cívica XII. Ediciones Magisterio, Costa Rica. 1998.

Instituciones de Derecho Público Costarricense. EUNED, Costa Rica. 2001. VI Edición.

Costa Rica: su historia, tierra y gentes. Tomos I y II. Grupo Océano, España. 1987.

Constitución Política de Costa Rica. Editec Editores, Costa Rica. 2002.

Cartilla Histórica de Costa Rica. EUNED, Costa Rica. 1664.

Historia del Derecho. EUNED, Costa Rica. 1957. III Edición.

Historia del Derecho costarricense. Juricentro, Costa Rica. 1997.

Historia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Editorama, Costa Rica. 2000

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Gobierno de Costa Rica - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El gobierno de Costa Rica está conformado por cuatro poderes, separados e independientes entre sí: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República, sus dos vicepresidentes (uno en materia económica y otro en materia social) y los ministros de gobierno.

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El poder legislativo en Costa Rica recae en la Asamblea Legislativa (también conocida como el Parlamento Nacional o el Congreso de los Diputados) que es el órgano unicameral encargado de la aprobación de las leyes. Está compuesta por 57 legisladores, quienes son elegidos por voto popular, de acuerdo con la proporción de la población en las provincias. Se mantienen en el ejercicio de sus cargos por un periodo de cuatro años que comienza el 1 de mayo siguiente a la elección. Son electos al mismo tiempo que el Presidente de la República y de conformidad con la Constitución de 1949, no pueden ser reelegidos en forma sucesiva.

Entre sus funciones destacan el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de comisiones diputadles encargadas de estudiar los proyectos de ley, además de aprobar cada mes de noviembre el Presupuesto de la República, levantar la inmunidad diplomática a los miembros de los Supremos Poderes, reformar la Constitución Política, aprobar o rechazar convenios y tratados internacionales y llamar a funcionarios públicos o ciudadanos para rendir cuentas en los casos que se amerite. El presidente del directorio legislativo podrá asumir la presidencia de la República en ausencia del presidente y de sus vicepresidentes. Este cargo se renueva anualmente con el cambio de legislatura, mediante votación directa en el plenario. Actualmente se desempeña en el puesto la diputada Silvia Hernández Sánchez.

Además, la Asamblea Nacional cuenta con dos órganos auxiliares: la Contraloría General de la República, la cual fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano, y la Defensoría de los Habitantes, la cual vela porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes de Costa Rica siempre estén protegidos y resguardados por la constitución.

La Constitución Política dice en su artículo 105

La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.

En Costa Rica es usual denominar a este órgano como " Cuesta de Moras " en alusión al nombre que tiene el lugar donde se ubica la sede desde 1958 hasta la actualidad.

Las cámaras legislativas han tenido diversos nombres a lo largo de la historia, de conformidad con las distintas constituciones. Así mismo, la historia parlamentaria de Costa Rica a oscilado entre el unicameralismo y el bicameralismo.

Durante la época de la Monarquía española previa a las Cortes de Cádiz, en las cuales se promulga la Constitución española de 1812, el poder de crear leyes residía en el Rey. En 1812 esta Constitución es promulgada por las Cortes Generales y en ella se establece que les corresponde proponer y decretar las leyes en conjunto con el Monarca, así como interpretarlas y derogarlas en caso necesario. Rigió para Costa Rica entre su jura el 19 de marzo de 1812 y la vuelta al trono de Fernando VII de España a mediados de 1814. De nuevo estuvo vigente a partir de los primeros meses de 1820 al 1 de diciembre de 1821. Algunas partes de su texto fueron incorporadas en las primeras constituciones de Costa Rica ya independizada de España. Se elegía un diputado por cada 70.000 habitantes en una Provincia. Costa Rica tuvo como su representante ante las Cortes al presbítero Florencio del Castillo.​

En el momento de la independencia de España en 1821, se promulga el Pacto Social Fundamental Interino de la Provincia de Costa Rica, conocido también como Pacto de Concordia, que rigió desde 1 de diciembre de 1821 al 19 de marzo de 1823. Contemplaba la anexión al Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En el Pacto de Concordia se establece una Junta de Gobierno Provisional compuesta de siete vocales elegidos popularmente, correspondiéndole asumir la autoridad de la Capitanía General de Guatemala, el mando político, la diputación provincial y en consecuencia podía expedir y dictar providencias necesarias para gobernar.​

Para el año 1823 se promulga el Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica (rigió del 19 de marzo al 16 de mayo de 1823) y el Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica (rigió del 16 de mayo de 1823 al 6 de septiembre de 1824). En este período estaba en formación la alianza para formar parte de las Provincias Unidas del Centro de América. En ambos Estatutos se estipulaba que el gobierno de la provincia lo ejercería a una junta de tres personas llamada Diputación de Costa Rica que duraría mientras se consolidaba la Federación. Le correspondía formar los reglamentos necesarios para la buena marcha de los negocios de la provincia y tenía un Reglamento interior que regulaba su funcionamiento. También se le llamó "Congreso".​

En 1823 Costa Rica pasa de provincia a Estado, se une a la Federación y aprueba el texto de las Bases de Constitución Federal de 1823, vigente en Costa Rica de marzo a noviembre de 1824. En esta constitución contemplaba la separación de poderes y delegando la aprobación de las leyes en el Poder Legislativo, que residiría en una sola cámara, denominada Congreso Federal, compuesto de representantes a razón de uno por cada 30 000 habitantes, renovable por mitades cada año. También se regulaba el Senado, compuesto por dos miembros elegidos popularmente por cada uno de los Estados y renovable por tercios cada año, al que correspondía dar o negar la sanción a las leyes. Le corresponderían además funciones de consejero forzoso del Poder Ejecutivo y algunas potestades contraloras.​

La Constitución de la República Federal de Centroamérica se emite en Guatemala el 22 de noviembre de 1824, pero rige en Costa Rica hasta mediados de enero de 1825 y se dejó de acatar al instaurar una Asamblea constituyente el 14 de noviembre de 1838. Mantiene el sistema bicameral, en el cual el Congreso aprueba las leyes y un Senado solamente las sanciona, sin capacidad de iniciativa legislativa. La forma de conformar la representación de ambas cámaras se mantiene.​

La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica se emite en San José, el 21 de enero de 1825. Estuvo vigente hasta el 27 de mayo de 1828, con el golpe de estado de Braulio Carrillo Colina. Volvió a cobrar vigencia entre julio y diciembre de 1842 por decreto de la Asamblea Constituyente de 1842. Fue sustituida por la Constitución de 1844. Se establece el Poder Legislativo en un Congreso no menor a 11 ni mayor a 21 diputados. También establece un Poder Conservador, compuesto de no menos de 3 ni más de 5 miembros electos popularmente. Entre otras funciones, le correspondía sancionar las leyes.​

Durante el gobierno de Braulio Carrillo Colina se emite el Decreto de Bases y Garantías, que rige del 8 de marzo de 1841 al 6 de junio de 1842 (aunque ya estaba suspendida desde la caída de Carrillo el 12 de abril de 1842) con el golpe de estado que le dio Francisco Morazán Quesada. En esta ley se establece un "Poder Supremo del Estado", a la cabeza de un Jefe inamovible, asistido por un Consejo Consultivo y un Consejo Judicial. El Consejo Consultivo es presidido naturalmente por el Jefe y conoce solo de los asuntos que este convoque.​

La Constitución Política de 1844 se emite el 9 de abril de 1844 y termina su vigencia con el golpe de estado de 7 de junio de 1846. En esta constitución se establece un sistema bicameral con iniciativa y sanción recíprocas, una cámara compuesta de representantes electos directamente y un Senado de no menos de 5 miembros, también electos por sufragio.​

La Constitución Política de 1847 rige desde el 21 de enero de 1847 y es sustituida en parte en 1848. El Poder Legislativo reside en un Congreso compuesto de 10 diputados y del Vice jefe de Estado, que lo preside. Este sistema se mantiene invariable en la Constitución Política de 1848, que rige desde el 30 de noviembre de 1848 al 14 de agosto de 1859, pero se denomina "Cámara de Representantes".​

De vuelta al sistema bicameral, en la Constitución Política de 1859 (rigió de 26 de diciembre de 1859 al 2 de noviembre de 1868) y en la Constitución de 1869 (rigió del 18 de febrero de 1869 al 27 de abril de 1870), se establece una Cámara de Senadores compuesta de dos senadores por cada provincia y la Cámara de Representantes. Ambas cámaras contaban con iniciativa en la formación de la ley.​

La Constitución Política de 1871 fue emitida y sancionada el 7 de diciembre de 1871. Quedó sin efecto el 11 de septiembre de 1877 con el golpe de estado de Tomás Guardia Gutiérrez. Se volvió a poner en vigencia el 26 de abril de 1882. Dejó de regir durante la vigencia de la Constitución Política de 1917 y volvió a entrar en vigencia una vez más hasta el 8 de mayo de 1948. Establecía el poder de legislar en el Congreso Constitucional, integrado por 43 diputados propietarios y 18 suplentes, electos proporcionalmente por provincias a razón de un propietario por cada 15.000 habitantes con un sistema de residuos.​

Después del golpe de estado de Federico Tinoco Granados al presidente Alfredo González Flores, se convoca a una nueva asamblea constituyente y se promulga la Constitución Política de 1917, que rige del 8 de junio de 1917 al 3 de septiembre de 1919, al caer el gobierno por la revolución encabezada por Julio Acosta García. Esta constitución que duró dos años en vigencia, fue redactada por los expresidentes Bernardo Soto Alfaro, Rafael Iglesias Castro, Ascensión Esquivel Ibarra, Cleto González Víquez y Carlos Durán Cartín. José Joaquín Rodríguez Zeledón se excusó por estar muy enfermo y Ricardo Jiménez Oreamuno alegó que estaba en su finca. Establecía un poder legislativo bicameral, basado en una Cámara de Diputados y un Senado, ambos de elección popular. Cada provincia elegía un diputado por cada 20.000 habitantes y tres Senadores propietarios y un suplente.​

Con la Guerra Civil de Costa Rica de 1948 que depuso el gobierno de Teodoro Picado Michalski queda roto el orden constitucional y asume el mando la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer. Se convoca a una asamblea constituyente y se promulga la Constitución Política de 1949, vigente en 2021. En esta constitución se mantiene el sistema unicameral de 1871 y se fija el número de diputados en 45, con la disposición de que al superar la población 1.350.000 habitantes, se elegiría un nuevo diputado por cada 30 000 o residuo. También se disponía que cada tres diputados propietarios, se elegiría un suplente. Posteriormente, mediante la Ley N°2741 de 12 de mayo de 1961 se reformó el texto constitucional para dejar fijo el número de diputados en 57.​

A lo largo de la historia de Costa Rica, los primeros gobernantes interinos ( 1821- 1825) tuvieron facultades legislativas y las tuvieron o se las atribuyeron otros gobiernos provisorios o de facto:​

De conformidad con la Constitución Política de Costa Rica de 1949 vigente en 2021, la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no puede ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho internacional.​

La misma Constitución Política reconoce que el pueblo también puede ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes o reformas parciales de la Constitución. Para ello se requiere una convocatoria por al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que corresponde hacerla al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. También puede ser hecha por el Congreso, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo, junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.​

En estos casos, el referéndum no procede si los proyectos son relativos a las siguientes materias:

En Costa Rica solo se ha celebrado el Referéndum sobre el TLC, en el año 2007 y durante el año 2010, el Tribunal Supremo de Elecciones conoce una solicitud para determinar si es convocado un Referéndum sobre las Uniones Civiles entre personas del mismo sexo, sin embargo, fue suspendido por la Sala Constitucional, por tratarse de una decisión acerca de un grupo minoritario.​

En la Asamblea Legislativa se conformarán tantas fracciones parlamentarias como partidos políticos estén representados en ella. Los diputados se considerarán integrados a la Fracción del partido por el cual resultaron electos y ninguno podrá pertenecer a más de una fracción.

El cargo de diputados es elegido por provincia El Parlamento se compone de cincuenta y siete legisladores, todos propietarios. Cada vez que se realiza un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica reasigna a las provincias las diputaciones correspondientes, en proporción a la población de cada una de ellas.​​

Duran en sus cargos cuatro años y no pueden ser reelectos en forma sucesiva.​ Solamente existen tres requisitos para optar por el cargo:​

1. Ser ciudadano en ejercicio;

2. Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;

3. Haber cumplido veintiún años de edad.

No pueden ser elegidos diputados, ni inscritos como candidatos para esa función:

1. El presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección;

2. Los Ministros de Gobierno;

3. Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia;

4. Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, y el director del Registro Civil;

5. Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia;

6. Los gerentes de las instituciones autónomas;

7. Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.

Los parlamentarios no pueden aceptar, después de juramentados, bajo pena de perder su credencial, ningún cargo o empleo en los otros Poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea Nacional al cesar en sus funciones.

La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular. Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente, o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.

El congresista no es responsable por las opiniones que emita en el Plenario Legislativo. Durante las sesiones no puede ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la propia Asamblea Legislativa o que el diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad parlamentaria no surte efecto en el caso de Delito flagrante, o cuando el diputado la renuncia. Sin embargo, el legislador que haya sido detenido por flagrancia, será puesto en libertad si el Congreso lo ordena. Tiene similitud con el llamado privilegio parlamentario del Sistema Westminster inglés.

Es posible para un diputado elegido por un partido político, separarse de la fracción parlamentaria de ese partido y fungir como diputado independiente, sin embargo los diputados que se acogen a esta figura no pueden unirse a otra fracción legislativa, solamente a aquella por la que fueron electos, tal como se contempla en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. No es posible de acuerdo a la legislación vigente, que un ciudadano se postule al cargo de diputado independiente de forma directa sin la representación de un partido político. ​ ​

Convertirse en diputado independiente está amparado en virtud del Artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica, en el que los diputados al igual que cualquier ciudadano, tienen libertad de asociación y no se les puede obligar a permanecer en un partido político específico y pueden unirse a otra agrupación política.

ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.

No obstante, como ha observado el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en reiteradas ocasiones, los puestos de diputados al ser un cargo de elección popular se deben hacer a través de un partido político ​​​​​ ya que en el marco del ordenamiento jurídico vigente, los partidos políticos tienen el monopolio en la nominación de los candidatos a diputados de acuerdo al Código Electoral.​

Por lo tanto, los diputados independientes no pueden actuar en representación de otro partido por el que no fueron elegidos dentro del directorio legislativo, solamente de forma independiente, así como tampoco son considerados una fracción, o un "bloque", figura que tampoco existe dentro del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Otras actividades que les pertenecen a las fracciones legislativas o jefes de fracción tampoco les son permitidas, como incluir proyectos de ley en la agenda.

Ante consultas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de diputados que han acogido actuar de forma independiente ​ ​ ​, en las que solicitan el reconocimiento de jefe de fracción o de los recursos financieros de una fracción, en contradicción con el reglamento, este tribunal ha manifestado: ​

Efectivamente, no es posible bajo ninguna circunstancia, pretender que cualesquier parlamentario que se separe de la Fracción a la que pertenece, sea declarado como una nueva Fracción Política, con todas las atribuciones y deberes inherentes a esta condición, tanto por la existencia de una disposición reglamentaria que define y restringe el concepto de "Fracción Parlamentaria", así como por un aspecto básico de sentido común, que busca establecer los límites necesarios para lograr los mecanismos organizativos idóneos que permitan a su vez, un desarrollo efectivo y eficaz de las labores legislativas.

La eventual separación posterior de un diputado del partido político por el que resultó electo, no significa que el parlamentario pierda su condición de tal, siendo que en todo momento mantiene las facultades, derechos y deberes inherentes a su puesto; pero lo anterior no implica que su separación le faculta para adquirir, de oficio y pleno derecho, las competencias que son propias de una figura expresamente dispuesta en el Reglamento, con deberes y derechos particulares y pensada para ser representante de un grupo de diputados electos bajo una misma bandera política.

En el período legislativo 2018-2022 ocurre que diputados electos por Partido Restauración Nacional y Partido Integración Nacional se declararon independientes y dieron luego su adhesión personal en "bloque" o individualmente a partidos que no fueron electos, esto, en concordancia con los reglamentos, constituye una afiliación personal, y no implica que esos partidos posean representación como fracción parlamentaria, por lo que dentro del directorio son reconocidos cómo independientes.​​​

El parlamento es un órgano unicameral de 57 diputados cuyo número está constitucionalmente fijado y que son electos en listas cerradas postuladas por los partidos políticos en razón de un sistema proporcional. Distintos expertos han recomendado el aumento en el número de diputados como una necesidad urgente para mejorar la representatividad, pero dicha propuesta es altamente impopular entre la población y genera reacciones de rechazo.​ Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica recomendó aumentar el número de legisladores a 82,​ la Universidad Northwestern de Chicago que realizó recomendaciones para más de 100 países recomendó que el parlamento costarricense tuviera 115 diputados según su población (en 1999),​ la Junta de Notables para la Reforma del Estado convocada por la presidenta Laura Chinchilla durante su administración recomendó aumentarlos a entre 75 y 85,​ el Movimiento Poder Ciudadano Ya por otro parte propone aumentarlo a 84 y reducir drásticamente el número de asesores legislativos (actualmente 12) para evitar un incremento muy grande en salarios.​ Por otro lado la propuesta del libro Aplicación del modelo alemán a la elección de diputados en Costa Rica del abogado Diego González sugiere aumentar el número a 143 haciendo uso, como el título indica, de un sistema electoral similar al germano.​

La Asamblea Legislativa de Costa Rica posee un ciclo de funcionamiento, de manera que se renueva cada cuatro años, a fin de asegurar los principios de temporalidad y alternancia en el poder, lo que permite al pueblo determinar, a intervalos regulares, su composición. Esto se llama "período legislativo".

El período legislativo en Costa Rica es de cuatro años y comienza el 1 de mayo del año en que se celebran las elecciones y finaliza el 30 de abril del año en que se vuelven a celebrar nuevos comicios. El período legislativo se divide en cuatro "legislaturas".

Cronología

Cada legislatura dura un año y comprende la totalidad de las sesiones ordinarias y las extraordinarias que se celebren entre el 1 de mayo y el 30 de abril del año siguiente.

Los períodos de sesiones son los espacios en los que el Congreso de los Diputados puede válidamente reunirse para desarrollar sus funciones. Sus sesiones ordinarias duran seis meses, divididas en dos períodos: del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias en los lapsos intermedios, es decir, del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de noviembre al 31 de enero.​ En éstas no se conocerá de materias distintas a las expresadas en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea Legislativa, o de las reformas legales indispensables.

Una de las características de la Asamblea Nacional de Costa Rica es la conformación de distintas comisiones legislativas integradas por sus diputados, que tienen diferentes funciones con respecto a la legislación.​ De ellas la más importante es el Plenario Legislativo, es decir, cuando los 57 congresistas se reúnen en sesión ordinaria todas las semanas, de lunes a jueves, y realizan los debates correspondientes a la aprobación de todas las leyes y reformas que se encuentran en la corriente de la agenda.​

Luego, le siguen las Comisiones Permanentes Ordinarias conformadas cada una por un grupo de diputados. Estas son una instancia preparativa, dedicada a algún área en específico y donde los distintos proyectos de ley (según su clasificación) son estudiados, corregidos o directamente rechazados antes de poder discutirse en el Plenario. Las categorías en las que se dividen estas comisiones son: Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, Asuntos Económicos, Gobierno y Administración, Asuntos Hacendarios, Asuntos Jurídicos y Asuntos Sociales.​​

La "instalación" de la Asamblea Legislativa es el acto por el que se inicia un período legislativo, se tiene por reunida oficialmente y se eligen los titulares de sus órganos. El primer paso que se debe dar es el nombramiento del Directorio, lo cual le permite desplegar sus facultades y ejercitar sus funciones.

El Directorio provisional es el que debe actuar en la primera sesión de la primera legislatura de un período constitucional (cada cambio de gobierno por la celebración de elecciones). Estará compuesto de forma idéntica al Directorio definitivo, pero con los seis parlamentarios de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas. El mayor ejercerá la presidencia y los que lo sigan en edad, de forma decreciente, ocuparán los otros órganos. Estará vigente hasta que se establezca el oficial, mediante votación en el Plenario.

El Directorio de la Asamblea Legislativa se compone de dos órganos principales: el presidente y las secretarías.

Presidente

Para ser Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se debe cumplir con los mismos requisitos que el presidente de la República, es decir, ser costarricense por nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser del estado seglar y mayor de 30 años.

Es el Presidente quien abre, suspende o da por terminadas las sesiones del Plenario. Pero sus funciones no se agotan aquí, también se mencionan las siguientes:

1. Nombra las Comisiones permanentes, procurando que en ellas participen todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea.

2. Dirige las discusiones que se refieran al Reglamento Interno.

3. Indica a la Asamblea el punto o los puntos sobre los cuales debe recaer la votación.

4. Concede la palabra a los diputados, en el orden en que la soliciten, salvo que se trate de una moción de orden, en cuyo caso le concederá la palabra al autor de la moción, inmediatamente después de que haya terminado su intervención quien esté en el uso de la palabra en ese momento.

5. Recibe la votación corriente y declara si hay aprobación o rechazo de un asunto. Asimismo, debe declarar el resultado de las votaciones nominales o secretas. Antes de proceder a recibir las votaciones correspondientes, anunciará el número de diputados presentes en el salón de sesiones.

6. El Presidente debe firmar, junto con los Secretarios, las actas, leyes y demás disposiciones legislativas.

7. El Presidente nombra a los secretarios ad hoc, en los casos de ausencia de los Secretarios y Prosecretarios.

8. Es él quién debe llamar al orden al diputado que, en el uso de la palabra, no se concrete al tema que se discute o se desvíe de él, haga alusiones injuriosas a un compañero, a los miembros de los otros Supremos Poderes o a personas extrañas; o al que, de cualquier modo, falte al debido respeto a la Asamblea. Si el diputado insiste en su conducta irregular, le suspenderá inmediatamente el uso de la palabra.

9. Ordena que se despeje la barra, cuando por sus signos de aprobación o desaprobación, como gritos, silbidos, golpes o cualquier otra demostración desordenada, se interrumpa la labor de la Asamblea.

10. Poner el visto bueno en las listas de servicios que expida la Secretaría para el pago de los emolumentos de los diputados y del personal administrativo, y en las órdenes de pago por gastos de oficina, autorizados por la Asamblea Legislativa.

Este funcionario tiene la facultad de conceder a los diputados permisos para no asistir a las sesiones. Si una solicitud de permiso es denegada, el diputado interesado puede apelar ante el Plenario de la Asamblea Legislativa, el cual resolverá en forma definitiva.

Secretarías

En el Directorio Legislativo se encuentran la primera y segunda secretaría, que en teoría pueden llevar a cabo las mismas funciones.

Sin embargo, la costumbre es asignarle al primer secretario los asuntos relacionados con el personal, mientras el segundo se encarga del servicio administrativo para los diputados. Si se ausentan temporalmente, son sustituidos por un prosecretario. Durante las sesiones parlamentarias, apoyan la labor del Presidente, pero también tienen otras tareas específicas:

1. Ellos deben tener redactada el acta de la última sesión, una hora antes de la sesión siguiente y ordenar que se coloque una copia en la curul de cada diputado.

2. Dan cuenta de la correspondencia oficial, de las peticiones y las proposiciones dirigidas a la Asamblea.

3. Reciben las votaciones nominales o secretas, realizan el escrutinio respectivo y anuncian su resultado.

4. Ordenan que se numeren, por orden de presentación, todos los asuntos que se sometan a la consideración de la Asamblea; y que se tramite cada uno de ellos en un expediente separado.

5. Llevan la correspondencia de la Asamblea.

6. Devuelven toda petición presentada irregularmente o que esté planteada en términos impropios.

7. Firman, junto con el Presidente, las actas, las leyes y las demás disposiciones de la Asamblea.

8. Anotan la ausencia de los diputados y empleados subalternos, expiden y firman las listas de servicio para el pago de emolumentos y de las órdenes de pago por gastos de oficina, acordados por la Asamblea.

9. Revisan, junto con el Presidente, los decretos, acuerdos y resoluciones que emita la Asamblea, una vez entregados por la Comisión de Redacción.

El día 1 de mayo de cada año, el Parlamento celebrará dos sesiones. La primera sesión se realizará a las nueve horas, para tomar al juramento a todos los diputados e instalar la Asamblea, abrir las sesiones y elegir al Directorio definitivo.

La segunda sesión se iniciará a las quince horas o a una hora posterior, según lo determine el presidente, si la primera sesión no hubiera concluido antes de las quince horas. A esta segunda sesión se invitará a los miembros de los Supremos Poderes, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y al Subcontralor General de la República, a los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de la Iglesia Católica. En esta sesión se presentará el mensaje anual del Presidente de la República y en ella ningún legislador podrá hacer uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea Legislativa.

En la jerga política costarricense, se conoce como Mayo Negro a aquellas ocasiones en que el candidato oficialista a presidir el Congreso de Costa Rica es derrotado por una alianza de oposición en la elección del directorio legislativo que se realiza cada 1 de mayo. El término se utilizó por primera vez tras la derrota en 1985 de la diputada Matilde Marín Chinchilla del Partido Liberación Nacional que entonces presidía el país mediante la administración de Luis Alberto Monge gracias al voto disidente de diputados liberacionistas aliados con su rival el Partido Unidad Social Cristiana.​​ A la fecha ha habido tres Mayos Negros solamente; el caso de Marín en 1985, la elección de Juan Carlos Mendoza García del Partido Acción Ciudadana en 2011 gracias a la llamada Alianza por Costa Rica conformada por la ideológicamente variopinta oposición de entonces durante la administración de Laura Chinchilla Miranda (PLN) y en 2017 con la elección de Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense de la Alianza Opositora Nacional durante la gestión de Luis Guillermo Solís (PAC).​

De acuerdo con el Código Electoral de Costa Rica los ciudadanos de cada provincia votan por las listas de candidatos de cada partidos político y tras un cálculo de cocientes y subcocientes se le asignan cantidades de diputados a cada partido político de manera proporcional al porcentaje de votos recibidos por el partido. En caso de renuncia, muerte o destitución de un congresista, el candidato que seguía en la lista asume el cargo en orden descendente.

De los doce legisladores independientes, seis eran originalmente del Partido Restauración Nacional, y para setiembre de 2021 conforman el auto-denominado bloque afín al Partido Nueva República, el cual no es reconocido como fracción dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que sus miembros son reconocidos como independientes.​ Erick Rodríguez Steller, originalmente del Partido Integración Nacional, se declaró independiente y dio su adhesión al Partido Nueva Generación, no obstante dentro del directorio legislativo ejerce como independiente, mismo caso de Shirley Díaz originalmente del PUSC.​

La actual Asamblea se reunió, por 62 años, en el Edificio Central localizado en el centro de San José. Se inició su construcción en 1937 con el fin de ser en principio, la Casa Presidencial.

Muchos de los materiales de construcción fueron importados de Alemania y Checoslovaquia, sin embargo, con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial puso un alto al proyecto. No se reiniciaron dichas obras sino hasta el año 1957, pero para la nueva legislatura de 1958 fue quien ocupó finalmente el edificio.

En marzo de 2018 inició la construcción de un nuevo edificio, que sería la sede central de todo el Poder Legislativo. El proyecto consiste en una torre de 21 pisos localizada también en Cuesta de Moras, al costado norte de la Plaza de la Democracia. El inmueble tendría algunos niveles subterráneos, y albergaría desde el Plenario del Congreso hasta todo tipo de oficinas y despachos. Se esperaba que estuviese listo a principios de 2020.​ La primera sesión en el nuevo edificio se realizó el lunes 19 de octubre de 2020.

Desde 1990 Centroamérica ha tenido un llamado Parlamento Centroamericano, con representación de todos los países de la región. Costa Rica junto con Belice, es uno de los dos países en no tener representación en esta cámara. En el 2011 el presidente del Parlacen visitó Costa Rica junto a una delegación de diputados reuniéndose con representantes de la Cancillería y la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea. Tanto el gobierno como los principales partidos de oposición se manifestaron en contra del ingreso del país al Parlacén y a la Corte Centroamericana de Justicia ​​

Esta norma es un resabio de la Constitución de 1871, que sirvió de base a la actual. El artículo 12 del texto constitucional vigente dice: "Se proscribe el Ejército como institución permanente".

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Asamblea Legislativa de Costa Rica - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El poder legislativo en Costa Rica recae en la Asamblea Legislativa (también conocida como el Parlamento Nacional o el Congreso de los Diputados) que es el órgano unicameral encargado de la aprobación de las leyes. Está compuesta por 57 legisladores, quienes son elegidos por voto popular, de acuerdo con la proporción de la población en las provincias.