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El expresidente de Perú, Ollanta Humala, condenado a 15 años de cárcel por lavado de capitales

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El expresidente de Perú, Ollanta Humala, condenado a 15 años de cárcel por lavado de capitales

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El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional sentenció a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión por recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez durante las campañas electorales de 2006 y 2011. Además, se les impuso una reparación civil de 10 millones de soles. El hermano de Heredia, Ilán Heredia, también fue condenado a 12 años por su participación en la legitimación de dinero ilícito.

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Este caso refleja la vigencia del Estado de Derecho en Perú, donde incluso altos funcionarios y exmandatarios son sometidos al sistema judicial y sancionados conforme a la ley. Las garantías constitucionales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, fueron respetadas durante la investigación y el juicio, que se extendieron por más de una década. El juicio se desarrolló en el marco de las garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso, lo que refuerza la legitimidad de la condena. La condena a Humala y Heredia subraya el compromiso del sistema judicial peruano con la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza en las instituciones democráticas y en la aplicación imparcial de la justicia.​ Aplicar la ley sin distinción de jerarquías fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y consolida la idea de que nadie está por encima de la Constitución.

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1. Principio de legalidad

Este principio garantiza que ninguna persona puede ser procesada ni sancionada sin una ley previa que defina el delito y la pena. En este caso, Humala fue juzgado y condenado por lavado de activos, un delito tipificado en el Código Penal peruano, respetando lo establecido por la ley.

2. Principio de igualdad ante la ley

El juicio demuestra que todas las personas son iguales ante la ley, sin importar el cargo que hayan ocupado. Que un expresidente sea condenado muestra que el poder no otorga inmunidad ni privilegios frente a la justicia.

3.Principio de debido proceso

Durante el proceso judicial, se respetaron las garantías del debido proceso, como el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, la presunción de inocencia y el acceso a pruebas. Todo esto asegura que el juicio fue justo y transparente.

4. Principio de responsabilidad

Este principio establece que toda persona que infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos, sin importar su estatus político o social. La condena es una expresión clara de que se está cumpliendo con el deber de hacer justicia.

5. Principio de juicios públicos.

El proceso judicial fue público y seguido por los medios, lo cual garantiza la transparencia en la administración de justicia. Esto refuerza la confianza ciudadana en que los procedimientos legales no se hacen en secreto ni de forma arbitraria.