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El Consenso de Washington surge en 1989 como respuesta a la crisis de la deuda de los años 80 en América Latina, retomando la lógica de los organismos de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial) y buscando instaurar un modelo económico abierto, estable y liberalizado.

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Incluye diez medidas centrales como disciplina fiscal, reordenación del gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera y comercial, tipo de cambio competitivo, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, desregulación y aseguramiento de los derechos de propiedad.

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El CW promovió la reducción del rol del Estado y el fortalecimiento del sector privado, bajo la premisa de que la apertura comercial y financiera generaría crecimiento económico y reducción de la pobreza.

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Aunque trajo cierta estabilidad macroeconómica en los 90, sus políticas priorizaron problemas financieros y dejaron de lado aspectos sociales, laborales y de distribución de ingresos, lo que generó mayor desigualdad y crisis recurrentes en la región.

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Ante las limitaciones del modelo inicial, en los 2000 se planteó un “post-Consenso” que incorporó la importancia de las instituciones, la lucha contra la corrupción, la flexibilidad laboral y las redes de protección social, aunque siempre bajo la influencia de organismos internacionales y de los intereses de los países desarrollados.