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Declararon inconstitucional la ley que permite incinerar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CABA

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Declararon inconstitucional la ley que permite incinerar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CABA

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Después de un año y tres meses de que se dejara en suspenso la aplicación de la reforma de la ley de Basura Cero que permite la termovalorización de residuos en la ciudad de Buenos Aires, la justicia declaró ese proceso nulo e inconstitucional. El fallo, firmado hace dos días por la jueza Elena Liberatori, además exhortó al gobierno y a la Legislatura a tomar en cuenta el principio precautorio para la evaluación de proyectos o tecnologías que pudiera generar un daño al ambiente y a la salud en sentido integral.

La norma N° 5.966 fue aprobada el 3 de mayo de 2018 por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley modificó la denominada ley de Basura Cero a efectos de autorizar en la ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización) con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios. También modificó sin decirlo explícitamente la Ordenanza N° 39.025 "Código de Prevención de la Contaminación Ambiental que prohíbe la instalación de incineradores por parte del GCBA.

Los FUNDAMENTOS de la sentencia son los siguientes:

1. La ley N° 5.966 ha sido sancionada sin el procedimiento constitucional de la doble lectura y consecuente audiencia pública,

2. Violación del Principio de congruencia. "El gobierno no tuvo en cuenta los presupuestos mínimos contenidos en la Ley General del Ambiente ni las disposiciones de la Ley Nacional de Residuos Domiciliarios que autorizan en la etapa de tratamiento la valorización de residuos entendida como el reciclaje en todas sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización y no menciona ni autoriza la termovalorización de basura, no constituyendo este un método adecuado de reciclaje".

3. Asegura que se viola el principio de progresividad y el principio de no regresión aplicable en la protección del derecho a un ambiente sana y equilibrado, y del derecho a la salud, reconocido en la la ley general del ambiente y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Implica una regresión normativa al autorizar la combustión de residuos e implementa un método de tratamiento de los residuos que no resulta adecuado y es una regresión en relación al paradigma de la Economía Circular adoptado por la Ley N° 1.854. Además, viola los principios de prevención y precaución.

La acción de amparo colectivo ambiental a efectos de pedir la nulidad y la inconstitucionalidad de la reforma fue presentada por: la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina.

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Declararon inconstitucional la ley que permite incinerar en la Ciudad

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Después de un año y tres meses de que se dejara en suspenso la aplicación de la reforma de la ley de Basura Cero que permite la termovalorización de residuos en la ciudad de Buenos Aires, la justicia declaró ese proceso nulo e inconstitucional.

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Otorgaron la prisión domiciliaria para Facundo Jones Huala

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Otorgaron la prisión domiciliaria para Facundo Jones Huala

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La Cámara de Casación Federal convalidó el rechazo a la excarcelación de Facundo Jones Huala, pero le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. El tribunal ordenó que el líder mapuche, detenido en el marco de la causa en la cual se tramita su extradición a Chile, deje con celeridad la de la Unidad 14 de Esquel, donde está detenido, y sea trasladado a un domicilio.
Por Página 12
Con su decisión, la Sala II de la Cámara de Casación Federal hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa de Jones Huala. Además, actuó de conformidad con lo plateado por el fiscal Javier De Luca, quien se había pronunciado a favor de la concesión del arresto domiciliario. El rechazo de la excarcelación, en tanto, seguirá en apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No todos los jueces que integran la Sala II de la Cámara de Casación Federal coincidieron en otorgarle el beneficio a Jones Huala. Alejandro Slokar y Ana María Figueroa se expidieron en ese sentido. Eduardo Riggi, en cambio, se manifestó en contra.

El acuerdo fue liderado por Slokar, quien se basó en la obligatoriedad del dictamen fiscal favorable, a la vez que consideró imperativo y superior a las leyes el Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que establece que "deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento". El camarista también utilizó como fundamento la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En esa línea, el beneficio de la domiciliaria de la mayoría del tribunal se fundó en obligaciones internacionales propias del derecho de los pueblos originarios. Así lo sostuvo también la jueza Ana María Figueroa, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CSJN, en un fallo sobre los derechos de los pueblos indígenas en Salta, ya había dicho que el Convenio 169 de la OIT era supralegal, o sea, de obligación superior a las leyes. Slokar ponderó imperativo ese fallo del máximo tribunal en la causa "Eben Ezer" fundado en el Convenio OIT y afirmó ineludible la derivación domiciliaria de Jones Huala en razón del dictamen fiscal.
* Por Página 12 / Imagen: La Retaguardia
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Otorgaron la prisión domiciliaria para Facundo Jones Huala | La tinta

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Por Página 12 Con su decisión, la Sala II de la Cámara de Casación Federal hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa de Jones Huala. Además, actuó de conformidad con lo plateado por el fiscal Javier De Luca, quien se había pronunciado a favor de la concesión del arresto domiciliario.

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Fallo Amarras: la justicia puso un freno inmobiliario y crea precedentes en la protección de humedales

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Fallo Amarras: la justicia puso un freno inmobiliario y crea precedentes en la protección de humedales

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El día 15 de Octubre del año en curso, la justicia en los autos caratulados “Majul Julio C/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros S/ acción de amparo ambiental” a través del  Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos (STJER) condenó reparar el daño ambiental ocasionado por la empresa ‘Altos de Unzué SA’, causado por el mega emprendimiento inmobiliario conocido como “Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú” por considerarlo de impacto negativo en el medio ambiente. El Tribunal entendió que la empresa llevó a cabo acciones que dañaron significativamente y que por su magnitud podrían ser de imposible o muy difícil reparación ulterior, alegando la necesidad revertir daños inminentes con la recomposición de la polución ambiental ya causada y de prevenir daños graves a futuro para los ciudadanos de Gualeguaychú y toda la comunidad.

La resolución apunta contra el proyecto inmobiliario, llevado adelante por la mencionada firma, que se  encuentra ubicado en el Municipio de Pueblo General Belgrano en la ribera del Río Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, al margen del río perteneciente al municipio mencionado, que pretendía desarrollar en una fracción de terreno en 445 lotes, la  construcción de 200 unidades departamentales, 110 lotes residenciales con frentes náuticos y un hotel de 150 habitaciones.

Ello pese a que en el año 2006, la mencionada zona fue declarada por el Poder Legislativo entrerriano, a través de la ley Nº 9718, como Área Natural Protegida por poseer montes nativos con diversidad de flora y fauna, la existencia de la denominada "Reserva de los Pájaros y sus Pueblo Libres" y el reconocimiento por la composición de humedales, en este contexto la ley provincial dispone en su primer artículo; “Decláranse “Área Natural Protegida” a los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, incorporándose al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas conforme lo normado en la Ley Provincial Nº 8967”.

A nivel nacional , Argentina adhirió mediante las leyes  23. 919 y 25.335 a la Convención Relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, firmada en Ramsar el 2 de febrero de 1971, modificada según el Protocolo de París del 3 de diciembre de 1982 y las enmiendas de Regina del 28 de mayo de 1987, que expresa que “se denomina humedales a las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea bajo no exceda de seis metros”

Pese a la normativa existente, la empresa llevó adelante el proyecto realizando desmontes y construyendo terraplenes dando inicio de obra en el área preservada. Los hechos devengaron en reclamos administrativos del Municipio de Gualeguaychú, quien solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo que otorgó aptitud ambiental.

Por parte de los vecinos, en función de los derechos garantizados constitucionalmente por los artículos 41 y 43 de nuestra nación, se interpuso un recurso de amparo a la provincia de Entre Ríos con legitimidad de interesado en preservación del medio ambiente ante un daño inminente en tutela de un bien colectivo, demandando a la Municipalidad de Pueblo de General Belgrano y la Empresa “Altos de Unzué”.

El presente Amparo obtuvo sentencia favorable de primera instancia y resolvió el cese de la obra y la recomposición del daño de manera solidaria entre la empresa ‘Altos de Unzué SA’ y el Municipio de General Belgrano. Sostuvo que la empresa había comenzado sin las autorizaciones necesarias tareas de desmonte que  destruyeron montes nativos, causando daños a la flora y al ambiente, y llevando a cabo el levantamiento de enormes diques originando evidentes perjuicios futuros a

la población de Gualeguaychú, así como también amenazando seriamente a los habitantes de las zonas cercanas al Río Gualeguaychú posibilitando crecidas e inundaciones en cuanto repunte la altura del río en razón de los terraplenes erigidos.

La resolución fue recurrida y dió lugar a un primer fallo del  STJER, que rechazó la demanda por cuestiones formales, argumentando la existencia de un proceso administrativo (reclamo administrativo del Municipio de Gualeguaychú) con anterioridad a la interposición del amparo que se encontraba pendiente de resolución, tal contexto llevaba a desestimar la idoneidad del amparo requiriendo para su procedencia agotar la vía administrativa latente, concluyendo que debía resolverse en sede municipal.

La parte actora interpuso recurso de queja ante el Tribunal Máximo de la Nación (CSJN) quien resolvió revocar el fallo y dejar sin efecto la sentencia apelada por considerarla arbitraria, por incurrir en una apreciación meramente ritual e insuficiente al omitir considerar el derecho a vivir en un ambiente sano (art. 41 de la Constitución Nacional y art. 22 de la Constitución Provincial) y el deber del Estado de garantizar la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad (art. 83 Constitución de la Provincia). Agregando que el fallo en análisis no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. Entendiendo que los humedales cumplen una función fundamental en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes; destacó además, que los humedales cubren sólo el 2,6% de la tierra, registrándose actualmente una pérdida global de los mismos debido a la actividad antrópica del 54%. Finalmente CSJN entendió que el amparo era más amplio que el reclamo administrativo iniciado en el municipio de Gualeguaychú, por ende, era justo dar proceso al mismo.

Al volver las actuaciones al Tribunal STJER este resolvió rechazar la apelación de las demandadas y ordenó reparar el daño ocasionado en el plazo de ciento ochenta (180) días, teniendo en cuenta el grado de avance de los trabajos efectuados, para el cumplimiento de la condena, bajo supervisión de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como autoridad de control de ejecución. Además impuso la sanción de prevención al apoderado de la firma Altos de Unzué S. A.

Conclusiones:

Nuestros tribunales han ido aceptando cada vez con mayor amplitud criterios objetivos de atribución en materia de responsabilidad por daño ambiental.

El comentado fallo de la CSJN es un precedente porque introduce novedosos principios ambientales que sentarán precedente judicial, estos son la aplicación de los conceptos “in dubio pro natura” y el principio “in dubio pro aqua” .

La “Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental” llevada a cabo en Brasil en el año 2016, desarrolla el concepto “in dubio pro natura” y declara: “En caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente,....”. En el año 2018, se conoció la  “Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica” en el marco del Foro Mundial del Agua, la misma formula: “Principio 6 – In dubio pro aqua: En congruencia con el principio In dubio pro natura, en caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante las cortes deberán resolverse, y las leyes aplicables interpretarse, de la manera en la cual sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados”

En síntesis, el mencionado fallo de la CSJN reafirma estos principios de manera que resalta la importancia de preservación y cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales ante una tendencia mundial de disminución de los mismos, entendiendo que configuran un recurso fundamental en nuestro hábitat, siendo vitales  para la supervivencia humana por sus servicios ecosistémicos, biodiversidad y fuente de agua.

En correlación con la sentencia del TSJER, se desprende del proceso la promoción de jurisprudencia provincial y nacional que impone nuevos límites a los proyectos de construcción inmobiliaria que atenten contra los humedales o sean perjudiciales para el medio ambiente, generando una mayor prevención y consolidación en la proyección urbanística-ambiental en nuestro país.

A su vez, la condena reafirma conceptos progresivos en la  material, al ir más allá de la mera reparación del daño, que ocasionalmente responde a una lógica punitiva librada a la voluntad del responsable, sino que invoca un criterio más amplio ordenando la recomposición del daño ocasionado y futuro, en su estado -in natura-.

Luisina Ciacia.

Fuentes:

Declaración de los Jueces sobre Justicia Hídrica:

Ley Provincial Entre Ríos Nº 9718

Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental

Convención sobre los Humedales Ramsar

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FALLO AMARRAS: LA JUSTICIA PUSO UN FRENO INMOBILIARIO Y CREA PRECEDENTE EN LA PROTECCIÓN DE HUMEDALES

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FALLO AMARRAS: LA JUSTICIA PUSO UN FRENO INMOBILIARIO Y CREA PRECEDENTE EN LA PROTECCIÓN DE HUMEDALES El día 15 de Octubre del año en curso, la justicia en los autos caratulados "Majul Julio C/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros S/ acción de amparo ambiental" a través del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos (STJER) condenó reparar el daño ambiental ocasionado por la empresa 'Altos de Unzué SA', causado por el mega emprendimiento inmobiliario conocido como "Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú" por considerarlo de impacto negativo en el medio ambiente.

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Quedó firme la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros en Sastre

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