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Agotada la vía interna, Kimel junto con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que su condena violaba la libertad de expresión.

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19 de abril de 2007: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra Argentina ante la Corte Interamericana, originada en la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La denuncia fue presentada el 6 de diciembre de 2000.

26 y 27 de abril de 2007: La demanda fue notificada al Estado y a los representantes. Durante el proceso, el Presidente de la Corte ordenó recibir declaraciones por affidávit (un documento legal que se utiliza para declarar hechos o información bajo juramento) y convocó a una audiencia pública para escuchar a las partes, la víctima y testigos.

23 de junio de 2007: Los representantes de la presunta víctima presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, alegando la violación de los derechos de libertad de expresión y garantías judiciales, conforme a los artículos 13, 8.1, 8.2.h) y 25 de la Convención Americana.

24 de agosto de 2007: El Estado contestó la demanda, asumiendo responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 13 (Libertad de Expresión) de la Convención.

4 y 11 de septiembre de 2007: La Comisión y los representantes presentaron sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad del Estado.

9 de octubre de 2007: Los representantes informaron sobre un acuerdo de solución amistosa con el Estado y desistieron de ciertos reclamos, renunciando a las declaraciones de testigos y peritos.

18 de octubre de 2007: En la audiencia pública en Bogotá, Colombia, se presentó un acta de acuerdo, donde el Estado ratificó su reconocimiento de responsabilidad.

27 y 29 de noviembre de 2007: La Comisión, el Estado y los representantes presentaron sus alegatos finales.

21 de enero de 2008: El Estado presentó observaciones al escrito final de los representantes, señalando una inexactitud en un párrafo del acuerdo, que fue posteriormente corregida.

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El caso Kimel contra el Estado Argentino surge a raíz de que el periodista e historiador Eduardo Kimel publicó el libro “La Masacre de San Patricio” sobre el asesinato de cinco religiosos durante la última dictadura cívico-militar argentina. En el libro, Kimel cuestionó las actuaciones judiciales llevadas a cabo para esclarecer la masacre y específicamente se refirió a la actitud “condescendiente” del juez federal de la causa, Guillermo Rivarola, con los militares. Por ese motivo, en 1991, el juez promovió una querella contra Kimel por calumnia y e injuria.

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tapa del libro La masacre de San Patricio

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Eduardo Gabriel Kimel  fue periodista y escritor argentino. Nació en Buenos Aires el 21 de octubre de 1952 y falleció el 10 de febrero de 2010.

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Para la fecha de los hechos el Código Penal argentino estipulaba:

-Calumnia: La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.

-Injuria: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año.

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MASACRE de SAN PATRICIO - 04/07/1976. El 5 de julio de 1976, se celebró en la iglesia de San Patricio una misa por los religiosos asesinados. A la misma se presentaron altas autoridades militares y más de tres mil fieles. En el sermón pronunciado por el padre asuncionista Roberto Favre, parcialmente publicado al día siguiente por el diario Clarín

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Masacre de San Patricio (4 de julio de 1976)
Durante la dictadura militar en Argentina, tres sacerdotes y dos seminaristas de la congregación palotina fueron asesinados en la iglesia de San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Este crimen, conocido como la masacre de San Patricio, fue de los mayores atentado contra la Iglesia católica argentina. Las víctimas fueron los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti.

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“[E]l Juez federal que conocía la causa] realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el [J]uez […] cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto” [par. 42].

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Convención Americana sobre derechos Humanos:

Art. 13 (Libertad de pensamiento y expresión)

Art. 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)

Art. 25 (Protección judicial)

Art. 8 (Garantías Judiciales)

Art. 109 y 110 del Código Penal de la Nación.

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Recorrido del caso Kimel vs. Argentina por las instancias nacionales

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Recorrido del caso Kimel vs. Argentina por las instancias nacionales

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Condena en primera instancia (1996)

El Tribunal de primera instancia condenó a Kimel por el delito de injurias, imponiéndole una pena de un año de prisión en suspenso y una multa de 20.000 pesos

Apelaciones (1997-1998)

Kimel presentó una apelación y la causa pasó a segunda instancia. La cámara VI ordenó fallar unanimamente en favor de Kimel alegando que no encontraban intención de deshonrar al Juez Rivarola y que la investigación era pertinente por tratarse de interés público.

Recurso extraordinario (1999)

El juez Rivarola recurrió a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario, el cual la Corte admitió y derivo el caso a la Cámara IV, quién fallo en favor de Rivarola, por Calumnias (delito de mayor gravedad).

Recurso extraordinario y en queja para llegar a la Corte Suprema (1999)

Kimel, presentó un recurso extraordinario y en queja para llegar nuevamente a la Corte Suprema pero esta lo rechazó.

Agotamiento de instancias internas (1999 - 2001)

Con la decisión de la Corte Suprema, Kimel ya no contaba más recursos en el ámbito nacional, lo que lo llevó a presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Kimel, determinando que el Estado violó su derecho a la libertad de expresión. El Estado argentino reconoció su responsabilidad por las violaciones a la libertad de expresión y las garantías del debido proceso en perjuicio de Kimel.

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El fallo de la Corte IDH obligó a la Argentina a modificar sus leyes sobre calumnias e injurias solo en casos de interés público, para no restringir la libertad de expresión.

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La Cámara de Casación anuló la condena por calumnias contra Eduardo Kimel

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El periodista había sido condenado, en 1999 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización al juez Guillermo Rivarola por haber criticado su desempeño en la investigación del asesinato de cinco religiosos palotinos en 1976.

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En el año 2009, el Poder Ejecutivo decidió impulsar un proyecto elaborado por el CELS para despenalizar las calumnias e injurias en casos de interés público y así adaptarse a los estandares internacionales.

Artículo 109 del Código Penal ahora establece que la calumnia —la imputación falsa de un delito— será sancionada con multas de $3.000 a $30.000, y aclara que no serán delitos las expresiones sobre asuntos de interés público o aquellas que no sean asertivas, es decir, cuando no afirmen hechos concretos y falsos con la intención de dañar..

El artículo 110, sobre injurias, impone multas de $1.500 a $20.000 y también excluye como delito los calificativos que, aunque sean lesivos del honor, se refieran a temas de interés público.

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La Corte estableció que la crítica formulada por Kimel era de interés público y que su libro se refería a las actuaciones de un juez en ejercicio de sus funciones. Al respecto, reiteró que los discursos sobre el Estado, sobre temas de interés público, funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, tienen un mayor grado de protección.

La Corte encontró que la ley en la cual se fundamentaba la sanción no respetaba el principio de legalidad y que, en todo caso, la sanción resultaba desproporcionada.

La Corte indicó que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que la Convención establece la posibilidad de imponer responsabilidades ulteriores a quienes abusen de este derecho y violen los derechos de terceras personas, como el derecho a la honra protegido por el artículo 11 de la CADH. No obstante, la Corte señaló que las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales y no pueden limitar su ejercicio de tal forma que se conviertan en un “mecanismo directo o indirecto de censura previa” [par. 54].

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De acuerdo con lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 13.2 de la CADH, la Corte indicó que para que una limitación a la libertad de expresión sea admisible, deberá cumplir con las siguientes condiciones básicas:

i) la limitación o restricción deberá estar consagrada en la ley.

ii) la restricción deberá perseguir una finalidad legítima y ser idónea para alcanzar dicha finalidad.

iii) la restricción deberá ser necesaria para alcanzar la finalidad perseguida; y la medida deberá ser proporcional para lograr los objetivos buscados.

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Requisitos de Legalidad y Restricción a la Libertad de Expresión

¿Cumplen los delitos de injuria y calumnia del Código Penal argentino con el requisito de estricta legalidad?

Conclusión:

El Estado reconoció que estos delitos no eran suficientemente precisos.

La Corte determinó que violaban los artículos 9 y 13.1 de la CADH.

Finalidad Legítima de Protección de la Reputación

¿Es la protección de la reputación de los jueces una finalidad legítima según la CADH?

Conclusión:

Sí, la protección de la honra y reputación es una finalidad legítima (Artículos 11 y 13.2 de la CADH).

El derecho penal puede ser una medida adecuada para proteger la honra y reputación, pero las sanciones en este caso fueron consideradas innecesarias y desproporcionadas por la Corte.

Necesidad y Proporcionalidad

¿Son las sanciones penales necesarias y estrictamente proporcionales?

Conclusión:

Las expresiones críticas sobre funcionarios públicos deben tener mayor protección.

La Corte encontró que la afectación a la libertad de expresión de Eduardo Kimel fue desproporcionada en relación con la afectación a la honra del juez.

Conclusión General

La Corte concluyó que la restricción a la libertad de expresión fue desproporcionada y no cumplió con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad según la CADH.

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La Corte Interamericana consideró que el Estado de Argentina vulneró el derecho a la libertad de expresión del señor Eduardo Kimel por utilizar en forma innecesaria y desproporcionada el poder punitivo del Estado. La Corte ordenó al Estado argentino, reformar la legislación penal sobre protección a la honra y a la reputación.

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Documental dirigido por Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta

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Documental dirigido por Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta

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Homenaje a Eduardo Kimel, un periodista comprometido con la verdad y la justicia

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La Masacre de San Patricio continua impune.

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La Masacre de San Patricio continua impune.

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La Masacre de San Patricio, en un limbo judicial de 47 años | No se define en qué expediente debe investigarse el crimen de los sacerdotes palotinos

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La investigación por el asesinato de cinco religiosos el 4 de julio de 1976 carece aún de responsables, partícipes o cómplices identificados. El colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia reclama definiciones para evitar la impunidad b…

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Reparación a Kimel: medidas de reparación y garantía de no repetición. 

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Reparación a Kimel: medidas de reparación y garantía de no repetición. 

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Parte Lesionada:

La Corte reconoció a Kimel como la única víctima de las violaciones a sus derechos, de acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención. Por lo tanto, es el único beneficiario de las reparaciones. Aunque los representantes y la Comisión mencionaron el sufrimiento de sus familiares, estos no fueron considerados víctimas directas en la demanda ni en los informes, por lo que no recibirán reparaciones.

Anulación de la sentencia penal:

El Estado debe dejar sin efecto la sentencia condenatoria contra el Sr. Kimel, incluyendo su condena por calumnia, la pena de un año de prisión en suspenso y la multa de 20.000 pesos argentinos.

Se debe eliminar el nombre del Sr. Kimel de los registros de antecedentes penales.

Indemnizaciones:

Daño material:

Kimel pidió compensación por los 16 años de litigio, incluyendo gastos como fotocopias, viáticos y difusión pública de su caso, además de una compensación por la pérdida de oportunidades laborales y el impedimento de publicar su libro

Daño inmaterial:

La Corte reconoció el daño emocional y profesional sufrido por Kimel, quien enfrentó angustia, depresión y desacreditación en su carrera. Como resultado, la Corte otorgó una indemnización económica por daño inmaterial.

Divulgación de la sentencia y acto público:

El Estado deberá publicar la sentencia en un medio de circulación nacional y llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad en un plazo de seis meses.