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La explotación minera en colombia es un gran problema ambiental en colombia genera un impacto económico ya que contamina con tóxicos nuestra agua, mercurio cianuro, arsénico, el mercurio es un químico el cual genera envenamiento y causa mal formaciones en los bebes, enfermedades la minería contamina el aire, los ríos se secan las fuentes de agua desaparecen y solo representa el 1% de empleo es mas lo que se pierde que lo que se gana.

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la segunda causa de deforestacion en el país, acaban con la cobertura ambiental degrada el suelo el subsuelo degrada nuestras cuencas se hace con mercurio, gradas y retroescabadoras.
https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2016/06/mineria.jpg

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Con matemáticas, organización calcula el daño ambiental en Colombia

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Con matemáticas, organización calcula el daño ambiental en Colombia

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“El país de cierta manera en un futuro tendrá que asumir esos costos en salud pública”, concluye este científico al medir el impacto negativo en la economía que generan estas prácticas extractivas.
https://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-es-el-impacto-ambiental-de-colombia-segun-tnc/247976

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Solos No Podemos El Agua no es negociable la vida no es negociable.

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Solos No Podemos El Agua no es negociable la vida no es negociable.

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https://www.youtube.com/watch?v=g-KM5jx6SUY

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VIDEO PROHIBIDO PASAR EN LA TV COLOMBIANA Denunciando la Minería en Colombia

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http://www.actualidadambiental.pe/?p=22043

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Escriben Carmen Heck y Pedro Solano / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
En los últimos días, entre manifestaciones de mineros en vías de formalización, reportes periodísticos y debates sobre el tema, se ha evidenciado una corriente de opinión favorable a la búsqueda de una solución integral y definitiva que permita acabar con la minería ilegal y contemple el desarrollo de una minería pequeña y artesanal sostenible que genere beneficios al país. En esta deseable meta se han sumado esfuerzos para encaminar, de la forma más adecuada, el proceso de formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales inscritos en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso.

En los últimos años, el Gobierno ha iniciado una serie de acciones -incluidas la emisión de diversas normas, interdicciones y el inicio de procesos judiciales- que tienen como meta detener el avance de la minería ilegal, una actividad que opera contraviniendo los principios más elementales de un Estado de Derecho y que genera serios impactos ambientales y sociales, sin asumir ninguna responsabilidad por ello. Por otro lado, en el caso del proceso de formalización iniciado en abril del 2012, los avances han sido parciales debido a problemas estructurales que necesitan ser abordados por el Estado como: la necesidad de incluir a todos los actores afectados en el diseño de las estrategias de solución; la falta de definición de mecanismos concretos para los casos de superposición de derechos; los escasos recursos asignados a los gobiernos regionales para liderar el proceso de formalización y a las demás entidades con competencias para la fiscalización ambiental y en, general, la falta de presencia estatal en las zonas rurales que facilita la expansión de la informalidad.

En esa misma línea, es evidente que la responsabilidad no es solo del Estado, sino que también se requiere de la real voluntad de los mineros informales para hacer avanzar el proceso, voluntad que no ha sido suficientemente evidenciada por todos los gremios mineros, en buena parte, debido al interés de algunos de seguir lucrando con la informalidad.

En los últimos días, a raíz del Paro Nacional convocado por diversos gremios mineros, el Gobierno se ha reunido nuevamente con representantes de dichas agrupaciones. El resultado ha sido la firma de actas de compromiso que recogen la voluntad de ambas partes para continuar con el proceso de formalización. Este diálogo es, desde luego, saludable. Sin embargo, se requiere una mayor claridad respecto al alcance de los acuerdos y la manera en que estos serán implementados para saber, por ejemplo, qué sucederá con aquellos requisitos que de acuerdo al DS 032-2013-MEM deberían ser cumplidos al 19 de abril.

Estos acuerdos aún no han definido claramente cuál será la hoja de ruta a seguir, ya que los detalles, la asignación de responsabilidades, metas y plazos hasta el 2016, serán definidos en la Estrategia de Saneamiento del Proceso de Formalización, que será publicada el próximo 31 de marzo.

Consideramos que, para que la Estrategia de Saneamiento ayude a brindar una solución integral que ataque los problemas estructurales que desde hace años vienen arrastrándose para la formalización de la minería pequeña y artesanal, es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. No se debe permitir el ingreso de nuevos mineros en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos ya que esta etapa concluyó en diciembre del 2012, con la inscripción de casi 70 mil mineros. Estos mineros manifestaron su voluntad de formalizarse y el Estado viene evaluando si cumplen con todos los requisitos para operar como mineros pequeños o artesanales.
2. Es necesario establecer etapas claras dentro del proceso de saneamiento, con plazos y metas específicas, de forma que se pueda evaluar su progreso y asegurar que quienes puedan finalizar el proceso de saneamiento demuestren capacidad de desarrollar su actividad de forma sostenible como mineros artesanales o pequeños. Asimismo, deben señalarse claramente las consecuencias que derivan de no cumplir con una etapa del proceso dentro del plazo establecido.
3. El otorgamiento de derechos, por parte de los diferentes sectores del Gobierno, debe llevarse a cabo de una manera planificada y coordinada, para evitar que se sigan generando superposiciones de derechos, prestando atención a los procesos de ordenamiento territorial en curso.
4. Se debe establecer responsabilidades concretas en los distintos sectores e instituciones, con el fin de llevar este proceso a buen puerto. Esta es una labor que le compete no solo a los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, sino que requiriere además del trabajo proactivo de otros ministerios como el de Agricultura y el de Trabajo.
5. Se debe incluir el compromiso del gobierno de destinar los fondos necesarios y capacitar a los funcionarios de los gobiernos regionales y demás instituciones que tengan responsabilidades dentro del proceso, para que este pueda avanzar de forma adecuada y finalizar dentro de los nuevos plazos que se establezcan.
6. Es necesario definir mecanismos concretos para los casos de superposición de derechos, así como los instrumentos a través de los cuales se puedan plasmar los acuerdos de los titulares de los distintos derechos. En este sentido, se debe especificar en qué momento ha finalizado sin éxito un proceso de negociación entre el minero en formalización y el titular del área superficial, y establecer sus consecuencias.
7. Incluir en el proceso a los titulares de derechos sobre las tierras y los bosques (campesinos, concesionarios, reforestadores y más) con el fin de salvaguardar sus derechos a continuar con sus actividades y decidir sobre el destino de las áreas a su cargo.
8. Definir, a nivel nacional, las zonas que por su sensibilidad o por su alto valor para la conservación del patrimonio natural y cultural deban ser excluidas de la actividad minera.
9. El proceso de saneamiento no debe significar el relajamiento o flexibilización de los requisitos ya establecidos para la formalización, ya que ello significaría no cumplir con su objetivo. Las actividades mineras deben realizarse cumpliendo con normas de protección ambiental y social adecuadas y respetando los derechos de los ciudadanos.
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Foto: Archivo SPDA

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Minería ilegal: reflexiones para hacer frente al problema

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Escriben Carmen Heck y Pedro Solano / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental En los últimos días, entre manifestaciones de mineros en vías de formalización, reportes periodísticos y debates sobre el tema, se ha evidenciado una corriente de opinión favorable a la búsqueda de una solución integral y

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subcampeón mundial en el mercurio de la minería ilegal

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subcampeón mundial en el mercurio de la minería ilegal

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https://www.eltiempo.com/economia/sectores/mineria-ilegal-y-produccion-de-mercurio-en-colombia-85856

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Cómo pasa EL TIEMPO. Hace más de seis años, el 7 de diciembre de 2010, escribí en estas mismas páginas una crónica sobre el veneno de mercurio que la minería ilegal está arrojando sobre Colombia, matando gente, animales, plantas, cosechas, aire, mares, ríos, caños, lagos.

Pues resulta que, por causas que desconozco, en estos días, mientras el Congreso Nacional está debatiendo una nueva ley contra el uso del mercurio, aquella vieja crónica circula de nuevo por las redes sociales. Tampoco sé quién la envía, pero no debe ser una casualidad, ya que en la naturaleza no existen las coincidencias sino la armonía del universo, como decía Einstein tan sabia y bellamente.

(Vea aquí: Minería Ilegal: los cráteres que se devoran a Colombia)

En aquel escrito mencioné, de paso, el "mal de Minamata". Lo que se discute ahora en el Senado es, precisamente, la ratificación del Convenio de Minamata, que compromete a los países del mundo en la eliminación de emisiones de mercurio contra el medioambiente. Más adelantico les cuento, con cifras y detalles, la cantidad de víctimas colombianas que se han ido detectando en los últimos tiempos.

Todo empezó hace casi sesenta años en el Japón. En la ciudad de Minamata, a orillas del mar, se desató una peste causada por los desechos mercuriales que las industrias de las inmediaciones arrojaban al mar. Fue tan grave que en un solo año, 1956, murieron cincuenta personas. Y en los doce años siguientes se contabilizaron más de quinientos casos.

Los pájaros que bebían aquellas aguas se quedaban ciegos. Pescados y mariscos se contaminaban. Los niños morían con el cerebro destrozado. Las madres embarazadas abortaban de repente en medio de terribles dolores.

Hasta el año 2001 habían muerto 900 japoneses y 2.000 más estaban enfermos. Solo entonces el mundo se puso en marcha para remediar semejante tragedia y se inició una cruzada internacional contra el mal de Minamata.

Liderazgo retrasado

En el 2013, Colombia y 140 naciones más suscribieron el Convenio de Minamata. El liderazgo de nuestro país en esas negociaciones fue tan notable que ganó por ello varios premios internacionales otorgados por los ambientalistas. Por eso, uno no entiende que, casi cuatro años después, todavía no lo haya aprobado el Congreso, como lo mandan las leyes.

-Lo que ocurre -me dice el senador Luis Fernando Velasco- es que el Gobierno Nacional, que tiene la facultad exclusiva de hacerlo, se demoró en radicar el proyecto, y solo lo presentó a las cámaras en octubre de 2016.

Ello fue posible gracias a la labor de dos senadores que le insistieron al Gobierno, elaboraron el texto y convencieron a sus colegas. Luis Fernando Velasco, quien fue presidente del Senado y es oriundo del Cauca, asumió con entusiasmo la promoción de aquella ley. La senadora antioqueña Nidia Marcela Osorio lo acompaña en la ponencia. Hace veinte días comenzó su aprobación en la Comisión Segunda. Todavía falta por recorrer un largo camino.

El mapa del horror

Me puse a averiguar historias humanas y cifras sobrecogedoras sobre los daños que el mercurio le causa a Colombia. Según los informes más recientes de la Contraloría General de la República, en este momento hay 21 departamentos afectados por esa tragedia. Son el 66 por ciento de los departamentos, nada menos. Se calcula que 400 municipios padecen el mercurio.

(Lea aquí: Sin extraer un gramo de oro, el proyecto La Colosa frena en seco)

En los últimos cinco años se han detectado dos mil casos de envenenamiento con mercurio, un elemento químico que se utiliza para desprender el oro de las piedras a que está adherido. Las regiones más afectadas son Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar y Sucre. El mercurio es la principal amenaza sobre los ecosistemas del país.

La plaga mercurial, con sus secuelas venenosas, se está extendiendo como una metástasis por todo el organismo colombiano, no solo en áreas rurales sino, incluso, en grandes centros urbanos, a través del pescado de río y mar que llevan a los mercados, como sucedió recientemente con el atún. O de las frutas y verduras, gallinas y cerdos contaminados procedentes de esas regiones.

Según la Defensoría del Pueblo, me dice el senador Velasco, "en el 40 por ciento de los municipios del país hay minería ilegal, también conocida como minería tradicional o artesanal".

Subcampeones mundiales

El senador Luis Fernando Velasco se puso en contacto con Mercurywatch, el sistema mundial que monitorea el uso del mercurio en la minería de oro, y de allí le informaron que Colombia tiene hoy el doloroso título de ser el segundo país que más contamina por la emisión de esa sustancia. Se estima que hemos llegado a emitir, en un año, hasta 180 toneladas de mercurio.

Virgen Santísima: 180.000 kilos por año. El primero es China, con 440 toneladas, y es mejor que no nos pongamos a comparar el tamaño de las dos naciones. Y menos la población.

Por eso, agrega Velasco, es urgente lograr ya la aprobación parlamentaria del tratado. "Ese convenio nos brindará instrumentos concretos para proteger la salud humana y el ambiente, y, además, para legalizar y formalizar la minería artesanal".

Hasta este momento, el Instituto Nacional de Salud informa que no hay registros de la aparición del síndrome de Minamata en Colombia, pero sí los hay de personas, animales y plantas intoxicados con mercurio. Su gravedad varía según los casos.

En paz con la naturaleza

En septiembre del año pasado, hace siete meses, el Departamento de Planeación Nacional hizo una minuciosa investigación en diferentes regiones sobre la devastación ocasionada por el mercurio. Sus conclusiones son aterradoras. "También tenemos que hacer la paz con la naturaleza, porque el mercurio sigue causando estragos", dice Planeación.

Miren esto: según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, la situación empeora cada día. En solo dos años, entre 2013 y 2015, hubo 1.126 pacientes envenenados con mercurio en 18 departamentos, "pero estos datos pueden ser mayores teniendo en cuenta que solo abarcan la atención hospitalaria de intoxicaciones agudas". Quién sabe cuántos más se quedarán sin ir al hospital. Si es que hay hospital...

Las regiones más afectadas, en esos mismos dos años, fueron: Antioquia, con 312 casos; Chocó, con 218; Córdoba, con 206; Bolívar, con 167, y Sucre, con 143.
El mismo Sistema de Vigilancia agrega: "En el 60 por ciento de los municipios con minería ilegal se registran casos de intoxicación por mercurio".

¿Más desempleo y pobreza?

No hay nada, naturalmente, que pueda justificar un atentado semejante contra la humanidad y la naturaleza. Eso es peor que una bomba atómica. Pero también es cierto que, si la Ley va a prohibir desde el año entrante el uso del mercurio en la minería, entonces crecerán la pobreza y el desempleo en esos pueblos incontables.

El senador Velasco, que ha estudiado cuidadosamente esa materia, me dice:

-Numerosos estudios científicos proponen utilizar sustancias distintas al mercurio y el cianuro. Una de estas es el alcohol que se emplea en la fabricación de jabones y champús. Se ha comprobado que esos alcoholes son tan eficientes que pueden sacar a flote entre un noventa y un ciento por ciento del oro.

Es decir: se trata de nuevas tecnologías que permiten extraer más cantidad de oro a un costo muchísimo menor para el organismo humano y el medioambiente. Ya se están experimentando en algunas minas del Chocó.

Foros con los mineros

Ante este panorama, el otro día el senador Velasco le mandó una carta al ministro de Ambiente, en la cual le pedía que no se pierdan de vista las implicaciones sociales que va a tener la prohibición del mercurio.

-Se trata de comunidades económicamente muy vulnerables -me explica el senador-. La minería es su único medio de manutención. Por ello le propuse al Gobierno que, apenas aprobemos el Convenio de Minamata, se busque también la promoción de las nuevas tecnologías y la formalización de esas actividades de subsistencia en todo el país.

En ese sentido, ya se están planeando los primeros foros regionales entre el Ministerio y los mineros informales, para que conozcan los efectos del convenio, las nuevas técnicas de trabajo y los procesos de legalización.

El senador Velasco también piensa que, inclusive, y con la orientación gubernamental, en las poblaciones mineras se podrían organizar cooperativas que reduzcan los costos de trabajo, que sean amigables con la naturaleza y que instalen entables modernos (se llama 'entable' a la planta donde se separa el oro de la piedra y la arena).

Por fin despertó el Estado colombiano. Ya era hora. Por fin hay una luz de esperanza. No más destrucción ni muerte. Que los camarones no sigan naciendo sin patas, que las aguas no se pudran con tanta porquería industrial, que los plátanos vuelvan a ser pintones, que los ríos no parezcan un cementerio, que las madres no alumbren hijos de un solo ojo, que las hojas vuelvan a ser verdes, que las mujeres no aborten en la mitad de la calle, que los pescados no se mueran en los playones con la boca abierta. Que el agua de las acequias vuelva a oler a flores frescas y no a letrina química.

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

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Colombia: subcampeón mundial en el mercurio de la minería ilegal

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Cómo pasa EL TIEMPO. Hace más de seis años, el 7 de diciembre de 2010, escribí en estas mismas páginas una crónica sobre el veneno de mercurio que la minería ilegal está arrojando sobre Colombia, matando gente, animales, plantas, cosechas, aire, mares, ríos, caños, lagos.

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Es un tema que inquieta y duele porque la minería ilegal está devastando amplias zonas del territorio nacional

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Es un tema que inquieta y duele porque la minería ilegal está devastando amplias zonas del territorio nacional

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https://www.elpais.com.co/medio-ambiente/contraloria-revela-que-80-de-la-mineria-en-colombia-es-ilegal-y-esta-arrasando-el-pais.html

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Para el contralor General, Edgardo Maya Villazón, es alarmante el que hoy el 80% de la explotación minera en Colombia sea ilegal. "Es un tema que inquieta y duele porque la minería ilegal está devastando amplias zonas del territorio nacional", agregó Maya.

De acuerdo a un informe de la Contraloría que detalla el estado de los recursos naturales, la minería ilegal está arrasando distintas regiones de la geografía nacional, sin que haya una respuesta institucional efectiva.

"El Gobierno y los diversos programas no han dado una solución contundente a este fenómeno de la minería ilegal que amenaza con convertir en grandes desiertos amplios territorios, y secar ríos como sucedió con el río Sambingo en el Cauca. Esto demuestra la carencia de una política pública de Estado para enfrentar exitosamente este terrible fenómeno", manifestó el contralor.

El estudio sostiene que "el modelo extractivista bajo el cual se desarrolla la industria minera del país desconoce las realidades de las pequeñas y medianas explotaciones; no se armoniza con las políticas ambientales ni de ordenamiento territorial; omite las particularidades socioculturales de los territorios; favorece la existencia de minería ilegal e inevitablemente conduce a la conformación de pasivos ambientales que afectan el bienestar de la población en extensos territorios del país".

El contralor insistió en que mientras no se vea una eficaz acción del Estado para combatir la minería ilegal seguirá avanzando desaforadamente la generación de pasivos ambientales. "El gran desafío que representa enfrentar el problema está lejos de atenderse, en la medida en que las políticas mineras y las ambientales sigan caminos divergentes", afirmó Maya.

Lea también: Hallan 47 nuevas especies en la amazonía colombiana

En general, al evaluar el estado de los recursos naturales y del ambiente en el período 2016-2017, la Contraloría General encontró lo que podría catalogarse como un sombrío panorama", indica el documento.

El texto afirma además que se efectuó un examen a los recursos destinados para el gasto ambiental en la vigencia 2016 y se encontraron bajas ejecuciones presupuestales de una importante cantidad de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), beneficiarias de recursos de inversión tanto del Presupuesto General de la Nación como de recursos propios.

"Del análisis de los recursos comprometidos por las CAR para gastos de inversión en 2016 se evidenció una ejecución de tan solo el 43%, mientras que se constituyeron reservas presupuestales por el restante 57%", indica el informe.

El texto agrega que "no es congruente que este sector, que en materia presupuestal ha sido castigado por sucesivos gobiernos con bajas asignaciones presupuestales, no ejecute de la mejor manera lo que se le transfiere del Presupuesto General de la Nación, incluso que las corporaciones que dependen en gran medida de los recursos del Presupuesto General no ejecuten la totalidad de los recursos de inversión".

Lea también: "El país puede perder miles de hectáreas por el cambio climático": Santos

"Tampoco resulta coherente que en las arcas de las corporaciones autónomas más robustas reposen los recursos propios destinados a inversión, mientras sus regiones claman por soluciones urgentes al deterioro ambiental de ecosistemas estratégicos como páramos o humedales, para citar sólo dos de ellos", complementa el informe.

Ante este hecho, el contralor le pidió al Congreso definir la naturaleza jurídica y el alcance constitucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. "Es necesario que se adopte un estatuto presupuestal unificado y unas reglas claras para la gestión en esta materia. Hoy existen 33 estatutos presupuestales diferentes, uno distinto por cada corporación", indicó Maya.

El ente de control también hizo énfasis en el déficit de la implementación de la política dirigida a la protección y conservación de páramos.

"Es alarmante que la mayor parte de la superficie de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada, lo que equivale a cerca de 2 millones de hectáreas, de las cuales el 60% no cuentan con algún sistema de protección en el sistema de áreas protegidas", indica el texto.

"Esta situación resulta más grave si se tiene en cuenta que la superficie sin delimitar es la que tiene mayor presencia de actividades agropecuarias, así como títulos y/o actividades de minería e hidrocarburos, cercanas a las 367 mil hectáreas en 16 complejos de páramo sin delimitar", afirma la Contraloría.

Así mismo, el ente de control fiscal evidenció en su informe que las capacidades institucionales de las corporaciones, orientadas a la implementación de los Acuerdos de Paz, son limitadas para afrontar la agudización de los desafíos ambientales del posconflicto.

"La implementación de los Acuerdos de Paz es un proceso complejo que implica un cambio del entorno institucional y de los arreglos institucionales vigentes, sin embargo, las evidencias permiten concluir que estas entidades no son consideradas un actor relevante para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, prueba de ello, es que no está definido el rol que jugarán en la ejecución de los contratos paz ni en los programas de desarrollo con enfoque Territorial", dijo el contralor.

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80% de la minería en Colombia es ilegal, alerta la Contraloría

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Para el contralor General, Edgardo Maya Villazón, es alarmante el que hoy el 80% de la explotación minera en Colombia sea ilegal. "Es un tema que inquieta y duele porque la minería ilegal está devastando amplias zonas del territorio nacional", agregó Maya.

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https://www.youtube.com/watch?v=T0QwcLIqSFo

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https://www.elespectador.com/opinion/editorial/hacer-mineria-ilegal-articulo-385547

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La criminalidad se pega de esta nueva "gallina de los huevos de oro" para nivelar sus finanzas y, así, abusar de todas las personas que allí están involucradas; el medio ambiente se ve perjudicado en extremo, ya que este tipo de minería se hace sin ningún control ambiental, contaminando ríos y haciendo venenosa el agua sobre la que se vierten los materiales industriales, usados sin discriminación.

Hemos dicho con anterioridad que la locomotora minera de Juan Manuel Santos pareciera, en ocasiones, no tener rieles. Si esto es así, la ilegal está desbocada, no tiene ni siquiera frenos. La idea es ponerle uno. El problema de la minería ilegal, sin embargo, refleja dos padecimientos endémicos de este país: la falta de institucionalidad y la falta de estudios pertinentes que tengan un nivel de precisión aceptable.

Empecemos por lo segundo. Puede que suene a una exigencia de académicos recalcitrantes, pero hace alrededor de 10 años Colombia no ha podido diferenciar, en la práctica y con detalle, la minería ilegal -la que tiene permeabilidad de capitales non sanctos- de la artesanal -la que se hace por parte de pequeñas comunidades-. Esto es grave, sobre todo porque ya ha sido firmado un primer decreto (de los muchos que se vienen) en el que se dispone la destrucción de la maquinaria que se encuentre en actividades de "minería ilegal". ¿Cómo diferenciar la una de la otra? No hablamos de los casos claros, sino de los grises, en los que un policía cualquiera en una región cualquiera no sabría si aplicar el poder inmenso que le concede la ley. O, más bien, que lo aplicara, cometiendo una arbitrariedad que en parte no es su culpa. ¿Se verían perjudicados mineros artesanales, esos que el mismo gobierno quiere proteger y subir de "escala"?

El otro problema, el principal, es el de la institucionalidad. La falta de ella, mejor. Los pequeños mineros han quedado en una zona de penumbra desde hace muchos años. No se sabe quiénes son, no hay una línea divisoria clara entre ellos y los ilegales para poder aplicar de forma coherente una ley que castigue a estos últimos, como pronto va a suceder. Y lo mismo pasa cuando uno piensa suspicazmente en la corrupción -e influencia- que la minería ilegal puede tener en, digamos, las autoridades. Esto refleja, sobre todo, la debilidad del Estado para afrontar un problema que ha crecido a la sombra, pero que tiene una impronta innegable y demasiado fuerte.

Antes que tomar medidas represivas y expedir leyes que combatan sin tregua a la llamada "minería ilegal", el Gobierno debería pensar, más bien, en entender el fenómeno al que se está enfrentando. No sólo sabiendo distinguir bien los distintos tipos de minería para que su fuerza legal tenga claro a dónde ir a atacar, cometiendo el mínimo de errores, sino que también debería llenar de Estado los sitios ocupados por la marginalidad. Esto sólo se puede hacer dándoles papeles más protagónicos al Ministerio del Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Minería que, según lo que le dicen los expertos a este diario, sigue siendo una institución de papel.

La iniciativa es buena. Es hora de preocuparnos y estar pendientes de cómo se va a llevar a cabo. El freno de la minería ilegal es necesario. Pero debe hacerse de la forma adecuada.

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¿Qué hacer con la minería ilegal? | ELESPECTADOR.COM

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La criminalidad se pega de esta nueva "gallina de los huevos de oro" para nivelar sus finanzas y, así, abusar de todas las personas que allí están involucradas; el medio ambiente se ve perjudicado en extremo, ya que este tipo de minería se hace sin ningún control ambiental, contaminando ríos y haciendo venenosa el agua sobre la que se vierten los materiales industriales, usados sin discriminación.

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Colombiva - Lucha contra la Minería Ilegal - Emisión 18 Agosto 2013

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Minería en Colombia: 80 % en la ilegalidad

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Minería en Colombia: 80 % en la ilegalidad

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http://www.elcolombiano.com/colombia/el-crudo-panorama-medioambiental-NN7528179

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El 80 % de la explotación minera en Colombia es ilegal, el licenciamiento ambiental es cada vez menos eficaz, la mayor parte de páramos se encuentra sin delimitar y es ineficiente la gestión presupuestal de la Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.

Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el Informe Anual de la Contraloría General de la República, CGR, sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente que se presentó ayer, oficialmente, en Medellín.

El contralor Edgardo Maya Villazón indicó que la preocupación central del ente de control se centra en la "ineficaz acción del estado" frente a la explotación minera.

Frente al tema de la ilegalidad, Maya llamó la atención al indicar que en Colombia es más fácil ser "ilegal que legal" porque los empresarios mineros tienen demasiadas trabas para ejercer su actividad. De acuerdo con el informe la minería ilícita ocurre en 25 departamentos del territorio. Los minerales que concentran la mayor parte de la minería ilegal son: carbón (40%), materiales de construcción (60%) y metales preciosos (85%).

Otro dato preocupante tiene que ver con las sanciones. De acuerdo con la información suministrada por las Corporaciones entre 2010 y 2016 los procesos sancionatorios ambientales relacionados con la extracción ilícita de minerales fueron 2.630, de los cuales 398 (15%) tuvieron fallo.

"Los resultados de las acciones emprendidas para atacar la minería ilegal han demostrado, por décadas, ser ineficientes e ineficaces en la disminución de esta actividad y por tanto se han incrementado los pasivos ambientales, con consecuencias cada vez más documentadas sobre la pérdida de bienes y servicios que repercuten en la salud y la calidad de vida de las poblaciones", señala el informe.

Sobre los recursos apropiados para el gasto ambiental en 2016, la Contraloría encontró bajas ejecuciones presupuestales de las Corporaciones Autónomas beneficiarias de recursos de inversión tanto del Presupuesto General de la Nación como de recursos propios.

Indica el informe que en los presupuestos comprometidos por las CAR para gastos de inversión en 2016, se evidenció una ejecución del 43 %, mientras que se constituyeron reservas presupuestales por 57 %.

"No resulta coherente que en las arcas de las Corporaciones más robustas reposen los recursos propios destinados a inversión, mientras sus regiones claman por soluciones urgentes al deterioro ambiental de ecosistemas estratégicos como páramos o humedales, para citar sólo dos de ellos", señaló el contralor.

Por esa razón, Maya propuso definir, de una vez por todas, la naturaleza jurídica y el alcance constitucional de que gozan las Corporaciones y señaló la necesidad de que se adopte un "Estatuto Presupuestal Unificado" y unas reglas claras para la gestión en esta materia. Indicó que hoy existen 33 estatutos Presupuestales diferentes, uno distinto por cada corporación.

"Año tras año le estamos haciendo un control a las corporaciones y encontramos que los problemas son reiterativos. Hay un problema de logística: cada corporación tiene su propio reglamento y eso nos lleva a una mal llamada autonomía", dijo Maya.

También señaló que uno de los proyectos bandera del actual Plan de Desarrollo, la política de Crecimiento Verde, no está en nada y probablemente no se logren avances en este Gobierno: "se ha quedado en anuncios e intenciones", dijo.

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, indicó que para poder avanzar en muchos de los temas que están pendientes según la Contraloría, se requiere apoyo del Congreso. "Tenemos que detener el avance del deterioro de los recursos naturales. Desde octubre del año pasado presentamos un proyecto al Congreso para combatir la extracción ilícita de minerales, con el cual buscamos tener nuevas herramientas para combatirlo". Sin embargo, el proyecto está engavetado en la Comisión Primera de la Cámara.

También está a la espera de la aprobación del convenio de Minamata para fortalecer la política de disminuir el uso del mercurio. Y además está pendiente la aprobación del proyecto de cambio climático, el cual es necesario para generar incentivos a las empresas para disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

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Minería en Colombia: 80 % en la ilegalidad

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El 80 % de la explotación minera en Colombia es ilegal, el licenciamiento ambiental es cada vez menos eficaz, la mayor parte de páramos se encuentra sin delimitar y es ineficiente la gestión presupuestal de la Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.

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http://semanaeconomica.com/atajoabierto/2016/05/12/mineria-ilegal-como-solucionar-esta-problematica/

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Ocho medidas para atacar la minería ilegal de colombia

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Ocho medidas para atacar la minería ilegal de colombia

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https://www.dinero.com/pais/articulo/ocho-medidas-para-atacar-mineria-ilegal/112527

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Ocho medidas para atacar la minería ilegal

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Ocho medidas para atacar la minería ilegal

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Propuesta de Solucion ante el caso de la mineria ilegal

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Propuesta de Solucion ante el caso de la mineria ilegal

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PROPUESTA DE SOLUCIÓN ANTE CASO MINERÍA ILEGAL

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Remediacion y estrategias contra la minería ilegal 

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Remediacion y estrategias contra la minería ilegal 

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Al Quinto Día - Remediación y estrategias contra la minería ilegal