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Por medio de esta concepción se determinaba la existencia de un derecho natural, el cual se proponía conseguir en el orden social. Representando la base teórica fundamental sobre el cual se elaboran las doctrinas jurídico-penales.

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Es aquella parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas por medio de las cuales el Estado prohíbe o impone determinadas acciones y establece penas para la desacato de dichas normas.

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El derecho venezolano a través de la carta magna, como norma suprema, consagra una serie de artículos que puntualizan los derechos fundamentales de las personas, estableciéndose de esta manera las pautas generales sobre donde descansan las diversas instituciones, así generándose una estrecha relación con los principios fundamentales del sistema democrático.

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Los principios generales del Derecho Penal se proponen como guía para la interpretación del conjunto de normas rectoras que integran el ordenamiento jurídico-penal. Orientándose así hacia la legalidad, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, como elementos generales e instituciones del delito.

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Conocido bajo el axioma “nullum crimen, nulla poena sine lege”, asimismo por el medio del cual apunta hacia la garantía de libertad y seguridad para el ciudadano y del otro. Prohíbe las penas sin ley y sin ley previa escrita y estricta, es decir, prohíbe por tanto declara ilícitas, ilegítimas las penas de hecho impuestas por cualquier autoridad, las penas retroactivas o sea las creadas ad hoc y, en todo caso, después de la realización del hecho, las que pudieran dimanar de la costumbre y las que se pudieran aplicar por una integración analógica de la Ley.

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La ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, encontrándose fuera del ámbito temporal de aplicación de una nueva ley, aquellas situaciones que se originaron, consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma.

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Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos.

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Este principio señala que para que una conducta determinada se configure como delito, primero debe de existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido. Por tanto, para que un interés personal y/o social se pueda considerar como bien jurídico protegido, este debe de estar reconocido como tal por la ley y asimismo debe de estar protegido por ésta.

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establece los parámetros sustantivos de la punición tanto generales como especiales.  Los criterios que informan la determinación de las penas en el Código Penal venezolano, se fundamentan en una concepción clásica del delito

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Toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos.

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Alberto Arteaga Sánchez. Abogano Penalista