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Situación legal de la prostitución en diferentes países

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Situación legal de la prostitución en diferentes países

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La ley francesa ha vuelto a encender el debate sobre la prostitución y si esta debe regularse o abolirse. Suecia y Francia apuestan por un nuevo modelo de abolicionismo, que en vez de penalizar a las prostitutas -a las que considera víctimas que no ejercen libremente- pretende acabar con el comercio sexual estrechando el cerco sobre los clientes; es decir, si no hay demanda, no habrá oferta. En el lado opuesto están las corrientes legalistas, que sostienen que el sexual es un trabajo que puede ejercerse de manera libre y que apuestan por regularlo; como Holanda, donde las trabajadoras del sexo pagan impuestos y obtienen prestaciones sociales, Dinamarca o Alemania.

En los últimos tiempos, es el llamado modelo sueco -o nórdico, ya que los primeros en copiarlo fueron algunos de sus vecinos del norte- el que está cobrando fuerza. Tras Suecia, la criminalización de los clientes de la prostitución se ha aprobado en Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte (desde 2015) y Francia. También en Noruega, con el añadido de que ese país también persigue a aquellos que hacen turismo sexual. Además, el Parlamento Europeo instó en 2014 a los Estados miembros a adoptar fórmulas similares y Bélgica, Irlanda y Escocia debaten actualmente proyectos de ley basados en el nuevo abolicionismo. Otros países, como Finlandia, han apostado por un sistema híbrido: castigan la compra de servicios sexuales, pero solo si la prostituta es víctima de las redes de trata.

Un vínculo, el de la prostitución con la esclavitud sexual que, según los partidarios del nuevo abolicionismo, es prácticamente indivisible. Los que defienden el modelo nórdico afirman que quien vende su cuerpo nunca lo hace libremente. Que o lo elige, sino que se ve obligada a ello. Bien por las redes de trata o explotación sexual o bien empujada por la pobreza u otro tipo de desigualdad.

"La ley se basa en que es vergonzoso e inaceptable que, en una sociedad con igualdad de género, los hombres obtengan relaciones sexuales casuales con mujeres a cambio de dinero", afirma Kajsa Wahlberg, directora de la unidad sobre temas de trata de la policía sueca, quien incide en que su ley envió una "señal" importante a otros países. Hoy, este nuevo abolicionismo se ha convertido en una parte importantísima de la política exterior sueca. Una 'marca' del país. "La prostitución produce un grave daño, tanto a los individuos como a la sociedad", argumenta la detective, que remarca que quien paga por sexo no solo atenta contra la dignidad de las mujeres, sino que también está contribuyendo a que esa arquitectura criminal prolifere.

Dos mujeres en un escaparate del barrio rojo de Ámsterdam en 2015. Horacio Villalobos Corbis

Wahlberg asegura que la ley ha funcionado: diez años después de que entrara en vigor, el número de compradores de sexo había descendido del 13,6% a menos del 8% de la población, según datos del Instituto Sueco. "La norma tiene un objetivo disuasorio sobre los potenciales compradores de sexo. También ha servido para reducir el interés de diversos grupos o individuos de establecer actividades organizadas de prostitución en Suecia", añade. Desde que entró en vigor, unas 6.600 personas -todos, salvo contadísimas excepciones, hombres- han sido detenidas por comprar sexo o intentar hacerlo. De ellos, aproximadamente la mitad han sido condenados (aunque aún no están disponibles los datos de sentencias de 2015). Eso sí, ninguno ha entrado en prisión. Para esquivar las rejas han pagado una multa de al menos un tercio de sus ingresos diarios durante dos meses.

Y esa, la falta de condenas graves es una de las principales críticas a la ley que, según las estadísticas, tiene una gran aceptación social en el país. Otra es que, en realidad, el sistema no acaba con la prostitución sino que la esconde y, por tanto, pone en una posición todavía más peligrosa y vulnerable a quien la ejerce.

Este es también el argumento fundamental de aquellos que se oponen a la nueva ley francesa. "La penalización del cliente no beneficia a las trabajadoras del sexo, sino que las expone más a las violencias --tanto las de las redes como de la policía- y al aislamiento", sostienen desde Strass, uno de los colectivos de prostitutas de Francia -donde cálculos de las entidades sociales estiman que hay entre 30.000 y 40.000 meretrices- que más se ha movilizado contra la norma. Esta tampoco ha convencido a organizaciones sociales como Médicos del Mundo, que reclama que el abolicionismo lleva a las prostitutas a la clandestinidad y las deja a merced del cliente o de las mafias, y sostiene que la red prevista para ayudar a las mujeres a salir de la prostitución es demasiado precaria.

"Este modelo legal aboca a las trabajadoras sexuales, sobre todo las de la calle, a trabajar a las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes", argumentan en Tampep, un colectivo europeo de trabajadoras del sexo, que opinan que la penalización del cliente socava la autodeterminación de las prostitutas, refuerza el estigma y la discriminación hacia ellas.

A la luz de las estadísticas, la detective Wahlberg tiene razón: estrechar el cerco sobre el cliente ha reducido la prostitución en Suecia; al menos visiblemente. Antes de la ley, unas 600 mujeres vendían sexo en las calles de Estocolmo, según la policía. Actualmente son menos de diez. Sin embargo, los burdeles y las aceras se encienden ahora en Internet. Un campo mucho más difícil de controlar.

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Prohibido pagar por sexo en Suecia, Francia y otros seis países

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La ley francesa ha vuelto a encender el debate sobre la prostitución y si esta debe regularse o abolirse. Suecia y Francia apuestan por un nuevo modelo de abolicionismo, que en vez de penalizar a las prostitutas -a las que considera víctimas que no ejercen libremente- pretende acabar con el comercio sexual estrechando el cerco sobre los clientes; es decir, si no hay demanda, no habrá oferta.

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La situación legal de la prostitución en España

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La situación legal de la prostitución en España

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En España hay al menos tres burdeles por cada hospital público. En uno de los países con más clientes de prostitución del mundo, el Gobierno quiere regular la trata y la explotación sexual con una nueva ley que proteja a las víctimas forzosas. Su inspiración es el modelo abolicionista sueco, que persigue a los clientes y presume de haber reducido la prostitución callejera a la mitad.

Hasta 40 millones de personas son prostituidas en el mundo, según informes internacionales. Tres de cada cuatro tienen entre 13 y 25 años de edad. Interior 'censó' a 14.000 prostitutas en España en 2017 aunque estima que son al menos el triple. Otros informes aluden a 100.000. La policía estima que el 80% de ellas son víctimas forzadas, aunque no existen cifras oficiales. Algunas, como Lucía, captadas por su propia familia.

"Nunca me he cruzado con ninguna mujer que quiera hacer esto", dice bajito Lucía (nombre falso), obligada a prostituirse por su hermana mayor. Viajó desde su país de origen, en América Latina, a España en 2016 con la promesa del oro de Europa. Tras un mes de empleada interna en una casa, se quedó sin trabajo. La hermana le insinuó que se acostara con hombres para saldar la deuda de 3.000 euros en su país. Ella se negó. La encerró en una habitación. La puerta solo se abría para que entrara un hombre nuevo. Y otro. Y otro. "Todos eran mayores", explica desde sus 22 años. "Ninguno me preguntó por qué estaba encerrada". Consiguió escapar una semana después. Tuvo suerte y acabó en un piso tutelado de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida ( APRAMP). Pasó un año oculta como víctima de trata y ahora es mediadora de la organización. Ella es la que visita los pisos clandestinos que escapan a los radares policiales y las callejuelas, como la céntrica Ballesta de Madrid, donde otras están atadas a una deuda y buscan clientes desde primera hora de la mañana.

La aprobación de un sindicato de prostitutas en el Boletín Oficial del Estado provocó la semana pasada la retractación inmediata del Gobierno y el relevo de la directora de Trabajo, Concepción Pascual. Al calor de la polémica, el presidente, Pedro Sánchez, anunció que España tendrá una ley contra la trata y la explotación sexual. El PSOE defiende sancionar "la demanda y compra de prostitución" como hace Suecia. Así lo recoge en su último programa electoral aunque el Ejecutivo no aclara aún si lo incluirán tal cual en un anteproyecto cuya elaboración acaba de arrancar.

Los países abolicionistas consideran la prostitución como un atentado contra la mujer, incompatible con la igualdad de género y los derechos humanos. Suecia ha multado a más de 7.600 hombres desde que empezó a perseguir al cliente en 1999, unos pocos hasta con penas de cárcel. Después se han sumado Noruega, Canadá o Islandia y, más recientemente, Francia o Irlanda, con multas de hasta 2.000 euros por pagar por sexo.

En el lado opuesto, están los países que la han legalizado y contemplan vender y comprar sexo como una actividad económica más. Es el modelo que siguen, entre otros, Dinamarca, Holanda o Alemania. El objetivo de la legalización era empoderar a las mujeres, terminar con la estigmatización y mejorar sus condiciones de trabajo. A falta de informes en profundidad, tanto el relator especial de Naciones Unidas sobre la trata de seres humanos como el Parlamento Europeo consideran que no han cumplido su objetivo. "Hasta el momento, la investigación muestra que donde la prostitución y las actividades relacionadas son legales, hay mayores entradas de tráfico en el mercado sexual", señala un informe del Parlamento de 2014, Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

Alemania, que liberalizó la prostitución en 2002, es hoy el gran burdel de Europa, con gigantescos locales con colas de clientes atraídos por la tarifa plana de sexo, cerveza y salchichas por 70 euros. Como hay más oferta, se han reducido las tarifas por encima del 20% y solo entre un 1 y un 5% de mujeres se han inscrito en el registro obligatorio de prostitutas.

España está en un tercer grupo con Italia donde la prostitución es alegal, aunque con matices. La Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, incluye sanciones leves por "exhibición obscena" y graves por ofrecer o pedir servicios sexuales en zonas públicas donde pueda haber menores. En tres años, de 2015 a 2017, han tramitado 1.250 sanciones por infracción grave y 597 leves, según datos del Ministerio de Interior, que no aclara cuántas fueron multas a clientes y cuántas a prostitutas. Además hay 51 ordenanzas municipales, según la antropóloga de la Universidad de Comillas Carmen Meneses, que la prohíben en lugares públicos. La mayoría, añade esta experta, persiguen a las mujeres.

"La demanda es de carne fresca, las que vienen ahora son niñas de 14 a 17 años que llegan a Europa buscando un sueño que no existe", explica Rocío Nieto, una de las responsables de APRAMP. Lleva 35 años en la asociación y asegura que en este tiempo ha visto como los clientes son cada vez más jóvenes y las peticiones "cada vez más perversas". Crecen los servicios en los que ellos piden que les laman el ano o mantener relaciones sin preservativo. Y "si tú no lo haces, lo hará otra". Nieto defiende una ley abolicionista, pero con suficiente presupuesto y alternativas de trabajo para que las prostitutas puedan salir de un mercado en el que el volumen de dinero negro llega a cifras mareantes.

La prostitución mueve hasta 160.000 millones de euros a nivel mundial, según datos de la web sobre el mercado negro Havocscope que cita el Parlamento Europeo en sus informes, un montante que supera el Producto Interior Bruto de Marruecos. En España son 22.800 millones anuales, la mitad del gasto educativo patrio.

Colectivos como Aprosex o Hetaira, que piden dar derechos a las prostitutas que ejercen por voluntad propia, han declinado hacer declaraciones en estos días tras la polémica por la aprobación del sindicato. Desde Hetaira advierten de que perseguir al cliente o multar a las mujeres con normativas municipales las destierran a lugares más peligrosos donde están más desprotegidas. La antropóloga Carmen Meneses, experta en el estudio académico de la prostitución, cree que el mejor camino para abordar este tema es crear cooperativas de mujeres y garantizarles derechos. Pide un debate social y político sosegado y "no criminalizar" a las mujeres. No cree que sea posible abolir la prostitución.

"Para que no haya oferta hay que acabar con la demanda", resume José Nieto, inspector jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF Central). Los agentes no persiguen a las que ejercen libremente pero, añade, "esas son minoría". "He visto muchísimas esclavas, nosotros sí las vemos", asegura. Pide la colaboración de los clientes -"yo prefiero llamarlos puteros", dice- para acabar con las redes de trata. "Si tan seguros están de que las chicas están ahí porque quieren, que las inviten a tomar un café fuera o a ir al cine, a ver si pueden. Si permanecen hasta las cinco de la mañana encima de un tacón, ¿de verdad lo hacen porque quieren? ¿Es eso un trabajo?".

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España enfila hacia la prohibición de la prostitución

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En España hay al menos tres burdeles por cada hospital público. En uno de los países con más clientes de prostitución del mundo, el Gobierno quiere regular la trata y la explotación sexual con una nueva ley que proteja a las víctimas forzosas.

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La polémica generada en España en torno al registro de un sindicato de prostitutas

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La polémica generada en España en torno al registro de un sindicato de prostitutas

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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha calificado como un "gol por la escuadra" la constitución oficial de un sindicato de prostitutas en Barcelona gracias al visto bueno de su departamento. "Es uno de los peores disgustos de mi vida política", ha afirmado este jueves Valerio en el Congreso antes de asegurar que ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo impugnar los estatutos de la organización por una cuestión de fondo.

Magdalena Valerio vivió una de las peores tardes de su larga carrera política el miércoles cuando se enteró de que su ministerio, sin que ella lo supiera, había autorizado la constitución de un sindicato de prostitutas, algo que ella rechaza rotundamente. Se pasó toda la tarde buscando responsables y hasta agarró una copia del papel donde se publica la autorización en el BOE y la hizo trizas, solo para liberar la rabia, y dio órdenes expresas a sus colaboradores de que movieran todo para revertir inmediatamente esa decisión que considera una afrenta.

La denominada Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) remitió su solicitud al ministerio y recibió el visto bueno de la directora general, Concepción Pascual, que publicó su decisión el día 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado. La entidad agrupa, sobre todo, a mujeres de Barcelona, pero su constitución es de ámbito nacional y también pretende representar a varones. Entre sus promotores hay dos hombres.

Tras conocer que Trabajo había autorizado esta organización, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, pidió al ministerio todos los detalles sobre el asunto. Calvo se ha declarado en varias ocasiones contra la prostitución. "La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia", escribió en marzo en un tuit. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, exigió al Ejecutivo "hacer lo que tenga que hacer para parar" el intento de "legalizar la prostitución, la trata y la explotación sexual" de las mujeres. Aunque no hay un consenso sobre el asunto, son varias las voces en el PSOE que asumen una postura abolicionista frente a la prostitución. Calvo y Valerio, además, coinciden en la premisa de que "la prostitución no es compatible con la igualdad entre hombres y mujeres", afirman fuentes del Ministerio de Trabajo. El episodio, de cualquier forma, ha levantado de nuevo el debate entre los grupos políticos y el movimiento feminista.

El ministerio se ha apresurado a afirmar que la aprobación del sindicato se realizó "como un mero acto administrativo", sin entrar en la esencia de la solicitud. "No avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista", aseguró la ministra. La prostitución en España no es legal ni ilegal y su ejercicio es libre. La ley sí castiga su contratación en espacios públicos, así como la prostitución coactiva y la trata.

La impugnación de los estatutos que ya estudia la Abogacía General del Estado se hará por "cuestiones de fondo", ya que el registro no contiene ningún error de forma que justifique su anulación. El Gobierno, según fuentes del ministerio, ha asumido este frente como una "posición política". Si reconoce un sindicato de prostitutas, las estaría reconociendo como trabajadoras de una actividad no legalizada.

La secretaria general del nuevo sindicato, Concha Borrell, forma parte de Aprosex, una asociación muy controvertida por dar cursos de formación y empoderamiento a prostitutas. Borrell ha calificado de "absoluta locura" la reacción del Gobierno. "No se puede coartar los derechos de todo un colectivo que actualmente carece del más mínimo derecho laboral. No hay contratos, con lo cual no hay pagas dobles, no hay vacaciones, no hay bajas por enfermedad ni laborales y, por supuesto, no hay jubilación", cuestionó Borrel, que es prostituta y terapeuta sexual. La organización, puntualizó además, incluye "un abanico de trabajo sexual" que incluye bailarinas, actores porno y masajistas.

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Trabajo busca cómo anular un sindicato de prostitutas

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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha calificado como un "gol por la escuadra" la constitución oficial de un sindicato de prostitutas en Barcelona gracias al visto bueno de su departamento.