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El caso González y otras vs México mejor conocido como “Campo algodonero” cuya sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) el 16 de noviembre de 2009, representa un antes y un después para el Estado mexicano cuando de violencia de género se habla.
En dicha sentencia la Corte IDH condena al Estado mexicano como responsable en la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.
El análisis y estudio de esta sentencia cobra relevancia jurídica y social, ya que en los argumentos esgrimidos por la Corte IDH se determina lo que debemos entender por violencia  de género, sus causas, características, consecuencias y las medidas que el Estado mexicano debe de adoptar para evitarla y castigarla. El caso campo algodonero debe constituirse como un recordatorio constante y permanente de la existencia de la violencia de género en nuestro país y de las irreparables consecuencias de no adoptar a tiempo las medidas necesarias para su erradicación

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-Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.
-Familiares de las victimas
-Agresores
-Autoridades
-Abogados
-Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Laura Berenice Ramos Monárrez, era una estudiante de preparatoria de 17 años de edad cuyo último contacto fue el 22 de septiembre de 2001 consistente en una llamada telefónica a una de sus amigas. La denuncia de su desaparición se realizó el 25 de septiembre de 2001.

Claudia Ivette González, era trabajadora en una empresa maquiladora al momento de su desaparición tenía 20 años de edad. Desapareció el 10 de octubre de 2001, día que no se le permitió el ingreso a la maquiladora por haber llegado tan solo un par de minutos tarde. El motivo, haber ayudado a su hermana con el cuidado de su hija.

Esmeralda Herrera Monreal, desapareció el 29 de octubre de 2001 al salir de la casa donde laboraba como empelada doméstica, tenía 15 años de edad y solo había cursado hasta el tercer grado de secundaria.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron localizados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

La Corte IDH en sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009 encontró al Estado Mexicano responsable de la violación de los siguientes derechos De la Convención
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.)
Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad)
Artículo 19 (Derecho de niño)
Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)
Artículo 25 (Protección Judicial)
Artículo 4 (Derecho a la vida)
Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal)
Artículo 8 (Garantías Judiciales)
Por lo que hace a la Convención Belém do Pará
Artículo 7

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Es un caso indignante a pesar que ya exista sentencia no se logro la captura de los responsables, las familias se muestran insatisfechas con el resultado y se ven seriamente afectadas.
Según la auditoria realizada por el instituto chihuahuense de la mujer de 1993 a julio del 2003 fueron asesinadas 321 mujeres en Ciudad Juárez:
- 45 por venganza
-30 por riña
-24 por narcotráfico
-18 por violencia intrafamiliar
-13 accidentales
-90 por agresiones sexuales
-26 se desconoce la causa
De todos los casos mencionados solo llegaron 3 casos a la  Corte IDH.
Actualmente hay más de dos feminicidios al día en México.

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 Identificación de problemas y/o controversias.

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 Identificación de problemas y/o controversias.

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Sus familiares presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones. Días después, el 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez: presentaban signos de agresión sexual. A pesar de los recursos interpuestos por sus parientes, no se investigó ni sancionó a los responsables. En consecuencia, el 6 de marzo de 2002 se presentó ante la Comisión la petición inicial del caso[3]. Después, la Corte presentó un informe donde realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano; este último se comprometió a adoptarlas, y en un primer informe reportó su cumplimiento parcial, argumentando que para poder cumplirlas en su totalidad era necesario que la Comisión IDH le aumentara el plazo para dar resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al ver la disposición del Estado mexicano, tomó la decisión de otorgarle dos meses más. Sin embargo, durante este periodo el Gobierno de México se preocupó muy poco por cumplir en su totalidad con las recomendaciones realizadas por la Comisión IDH

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la Corte concluyó que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, sobre las cuales no existe firmeza, afirmó que es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo aceptó el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos.

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En este caso el Tribunal declaró que el Estado violó los derechos humanos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como los de sus familiares, por lo que serán considerados como “parte lesionada” y beneficiarios de las reparaciones ordenadas en la sentencia fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, entabló una demanda en contra del Estado mexicano ante la Corte IDH, por su presunta responsabilidad en la desaparición y ulterior muerte de tres mujeres.

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Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)

Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad)

Artículo 19 (Derecho de niño)

Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)

Artículo 25 (Protección Judicial)

Artículo 4 (Derecho a la vida)

Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal)

Artículo 8 (Garantías Judiciales)

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En respuesta a esta condena, en México se ha reformado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de diversas normas, como la Norma Mexicana en igualdad Laboral y No Discriminación: con ella se busca promover el acceso y permanencia de las mujeres al mercado laboral con igualdad de oportunidades. Asimismo, se fortaleció al Instituto Nacional de la Mujer que cuenta con programas de asistencia social y jurídica para las víctimas de violencia y discriminación. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el cual pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad, progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación.