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Los medios de defensa son mecanismos legales que las personas utilizan para proteger sus derechos ante posibles violaciones por parte de autoridades o terceros. Algunos de estos medios incluyen el juicio de amparo, recursos como la revisión, apelación y casación, así como procedimientos administrativos como quejas y recursos de reconsideración. Estos recursos varían según el sistema legal de cada país y pueden ser utilizados para impugnar decisiones judiciales o actos administrativos que se consideren injustos o ilegales.

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Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

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El recurso de revocación es un medio para que los particulares soliciten la revisión de una resolución administrativa desfavorable. Se presenta ante la misma autoridad que emitió la resolución, pidiendo que reconsidere su decisión. Es un proceso administrativo, no judicial, y debe presentarse dentro de un plazo específico después de conocer la resolución.

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El juicio de nulidad es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de los actos o resoluciones de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal que le causen algún perjuicio en su esfera jurídica, por violación al ordenamiento jurídico aplicado o por falta de aplicación en la disposición debida. Es presentando ante las salas competentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA), de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA).

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El juicio de amparo indirecto en México es un proceso legal utilizado para proteger los derechos fundamentales contra actos específicos u omisiones de las autoridades, que no constituyen normas generales. Se interpone ante un juez de distrito y puede ser solicitado por cualquier persona que considere que sus derechos han sido vulnerados. En este juicio, las partes involucradas son el quejoso, la autoridad responsable y, en algunos casos, terceros interesados. El trámite incluye la presentación de una demanda, la posibilidad de solicitar la suspensión del acto reclamado, una audiencia constitucional para evaluar pruebas y argumentos, y finalmente la emisión de una sentencia que determina la constitucionalidad del acto impugnado. Existe la opción de interponer recursos contra las decisiones del juez.

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El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario.

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-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ART. 8, 14, 16, 49, 103, 104, 105, 106, 107,133

-Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

ART. 10, 13, 34, 38, 42, 42ª, 43, 44, 45, 46,46ª, 48, 53, 117, 134, 137,169

-Ley Federal de Derechos del Contribuyente.

ART. 2, 5, 6, 12, 23, 24

-Ley Aduanera y su Reglamento.

Título Octavo ART 176 AL 202 Y 203

-Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

ART. 2,3,4,5,8,9,10, 14, 15, 16, 22, 28, 43, 44, 51, 52

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"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."

La frase que mencionas es parte de los principios fundamentales del derecho, comúnmente conocida como el principio de irretroactividad de la ley. Esta regla establece que una ley nueva no puede aplicarse para afectar situaciones o derechos que surgieron antes de que la ley entrara en vigor. En pocas palabras, una ley no puede hacer que algo que era legal en el pasado de repente se convierta en ilegal, ni puede imponer sanciones retroactivamente por acciones que no eran consideradas delito en el momento en que ocurrieron.

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Explicación de derecho de petición

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🇲🇽 ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL DERECHO DE PETICIÓN EXPLICACIÓN

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Conjunto de actos previstos en la Ley Aduanera la finalidad de determinar las contribuciones omitidas e imponer las sanciones que correspondan en materia de comercio exterior, respetando al particular su derecho de audiencia.

El motivo principal que genera el PAMA, es que se realiza el embargo precautorio (privar durante el tiempo que dure el procedimiento la libre circulación de las mercancías, mismas que quedarán depositadas físicamente en un recinto fiscal para su manejo, guarda y custodia) de la mercancía, motivo de la presunción de irregularidades o infracciones, en este caso aunque los medios en que se transporte la mercancía no estén involucrados, quedan también bajo embargo precautorio para “garantizar el interés fiscal” y en algunos casos la autoridad puede realizar también el “embargo precautorio del resto del embarque”.

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Explicación del PAMA

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¿QUE ES UN PAMA? | LOGISTICA | COMERCIO EXTERIOR | IMPORTACIONES  SG

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1. Levantamiento de un escrito o acta de Irregularidades

2. Elaboración del acta de inicio de PAMA

3. Periodo para la presentación de alegatos y pruebas

4. Periodos para que la autoridad dicte la resolución al procedimiento

5. Emisión del documento con el que pone fin al procedimiento

Cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que quede integrado el expediente.

10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acta de inicio

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"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Esta ley establece que nadie puede ser molestado o privado de sus derechos fundamentales, como su integridad personal, su familia, su hogar, sus documentos o sus posesiones, a menos que exista una orden escrita emitida por una autoridad competente que especifique la causa legal del procedimiento. Esto significa que las autoridades no pueden actuar arbitrariamente ni sin justificación legal para interferir en la vida de las personas.

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Aquí empieza la unidad 2 de Medios de Defensa

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Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), establecido por la Ley Aduanera. Su propósito es determinar si se han omitido contribuciones y aplicar las sanciones correspondientes en el contexto del comercio exterior, mientras se garantiza el derecho de audiencia del individuo implicado. El PAMA puede iniciarse cuando se sospecha que hay irregularidades o infracciones aduaneras. En tales casos, se puede aplicar un embargo precautorio sobre las mercancías involucradas. Esto significa que las mercancías quedan temporalmente restringidas de circular libremente y se depositan en un recinto fiscal bajo la custodia y manejo adecuados. Este embargo precautorio también puede extenderse a los medios de transporte y, en algunos casos, a todo el embarque, como medida para proteger el interés fiscal.

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El PAMA, al ser un proceso administrativo, conlleva una serie de fases, mismas que se dividen en:

1. Levantamiento de un escrito o acta de Irregularidades

2. Elaboración del acta de inicio de PAMA

3. Periodo para la presentación de alegatos y pruebas (10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acta de inicio)

4. Periodos para que la autoridad dicte la resolución al procedimiento (Cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que quede integrado el expediente.)

5. Emisión del documento con el que pone fin al procedimiento

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Similar a las fases que conlleva en PAMA para su ejecución y resolución, este precisa de una serie de pasos para poder llevar a cabo su propia elaboración y posterior aplicación. Tales pasos se clasifican en:

1. Levantamiento de un escrito de irregularidades: Identificación y documentación de las violaciones o incumplimientos.

2. Elaboración del acta de inicio: Formalización del inicio del procedimiento administrativo, detallando las irregularidades y las partes involucradas.

3. Apertura del periodo para elaboración de alegatos y aportación de pruebas: Notificación a las partes afectadas para que presenten sus argumentos y evidencias en su defensa.

4. Emisión y notificación de la resolución: Decisión final de la autoridad competente, incluyendo sanciones o medidas correctivas, comunicada a todas las partes involucradas.

Estos pasos aseguran un proceso ordenado y justo para resolver las irregularidades detectadas.

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Ejemplo Practico incluido en Moodle

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Según lo establecido en el artículo 203 de la Ley Aduanera, se puede iniciar el recurso de REVOCACIÓN contra las decisiones finales emitidas por las autoridades aduaneras, conforme al Código Fiscal de la Federación. Es importante tener en cuenta que este recurso es facultativo, antes de recurrir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante el Juicio Contencioso Administrativo, también conocido como Juicio de Nulidad.

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El recurso de REVOCACIÓN es un medio de defensa contra la resolución final de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Debe ser presentado por la persona afectada en su interés legal y solo procede si la resolución no ha sido impugnada previamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se debe presentar un escrito ante la autoridad competente dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la resolución definitiva impugnada.

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Es posible que el interesado presente un Juicio de Nulidad contra las resoluciones de la autoridad administrativa que han sido objeto de recurso de revocación. En este juicio se busca demostrar la legalidad de las acciones de las autoridades fiscales administrativas. La demanda debe ser presentada por escrito ante la Sala Regional competente dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada.

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El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, comenzando desde el día siguiente a la notificación legal al quejoso de la Sentencia que concluya el Juicio Contencioso Administrativo, o desde que tuvo conocimiento de la misma o de su ejecución si se desea interponer contra el inicio del procedimiento, o desde que se reconoció tener conocimiento de estos hechos.

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Art. 1 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Art. 1 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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El artículo establece que los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa seguirán las disposiciones de esta Ley, con consideración a los tratados internacionales de los cuales México sea parte. En ausencia de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre y cuando no contradiga las normas que regulan el juicio contencioso administrativo federal según esta Ley. Además, cuando una resolución administrativa impugnada en un recurso no satisfaga al recurrente, éste puede impugnarla simultáneamente en el juicio contencioso administrativo federal, incluso respecto a aspectos no mencionados en el recurso inicial.

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Art. 2 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Art. 2 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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El artículo establece que el juicio contencioso administrativo federal se puede interponer contra resoluciones administrativas definitivas según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También procede contra actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general que sean autoaplicativos o cuando se impugnen junto con el primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal pueden impugnar resoluciones administrativas favorables a particulares si consideran que son contrarias a la ley.

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Art. 3 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Art. 3 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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El artículo establece que las partes en el juicio contencioso administrativo son:

I. El demandante.

II. Los demandados, que pueden ser:

a) La autoridad que emitió la resolución impugnada.

b) El particular beneficiado por la resolución que la autoridad administrativa desea modificar o anular.

c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, el titular de dependencias u organismos desconcentrados o descentralizados que sean parte en juicios que disputen resoluciones de autoridades federativas coordinadas bajo convenios o acuerdos de coordinación, en materias competentes del Tribunal.

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede intervenir como parte en juicios que involucren intereses fiscales federales, dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada.

III. También puede ser parte un tercero que tenga un derecho opuesto a la pretensión del demandante.

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Art. 4 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Art. 4 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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El artículo establece que toda presentación ante el tribunal debe incluir la firma autógrafa o firma electrónica avanzada del promovente; de lo contrario, se considerará no presentada. En casos de juicios tradicionales, si el promovente no puede firmar, puede usar su huella digital y otra persona firmará en su nombre en el mismo documento.

Las personas morales tienen la opción de presentar demandas o cualquier solicitud usando su firma electrónica avanzada o la de su representante legal. En el primer caso, la persona moral será la titular del certificado de firma. Cuando una resolución afecta a varias personas, cada una debe firmar la demanda y designar un representante común entre ellas. Si no lo hacen, el Magistrado Instructor nombrará a uno de los interesados como representante común al admitir la demanda.

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Art. 5 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Art. 5 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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El artículo establece lo siguiente:

1. No se permite la gestión de negocios ante el Tribunal.

2. Quien actúe en nombre de otro debe demostrar que tiene la representación legal al momento de presentar la demanda o contestarla.

3. La representación de los particulares debe ser otorgada mediante escritura pública, carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario o secretarios del Tribunal, según la legislación de profesiones. Para menores de edad, la patria potestad ejerce la representación; para otros incapaces, sucesiones y ausentes, se necesita la resolución judicial correspondiente.

4. Se presume que las presentaciones electrónicas con la firma electrónica avanzada de una persona moral fueron hechas por su Administrador Único o Presidente del Consejo de Administración, según el cargo ocupado al momento de la presentación, salvo prueba en contrario.

5. Las autoridades serán representadas por las unidades administrativas responsables de su defensa jurídica, según lo establecido por el Ejecutivo Federal, su reglamento o la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Para autoridades de Entidades Federativas coordinadas, se aplicarán las disposiciones locales correspondientes.

6. Los particulares o sus representantes pueden autorizar a un abogado para recibir notificaciones y realizar diversas acciones procesales. Las autoridades también pueden designar delegados con estos fines. Otras personas pueden ser autorizadas solo para recibir notificaciones y conocer los autos, sin otras facultades procesales.

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Art. 13 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Art. 13 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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El artículo establece que el demandante puede presentar su demanda de dos maneras:

1. Mediante juicio en la vía tradicional, presentando un escrito ante la sala regional competente.

2. En línea, a través del Sistema de Justicia en Línea. El demandante debe elegir su opción al momento de presentar la demanda y esta elección no podrá ser modificada posteriormente.

Cuando la autoridad actúe como demandante, la demanda siempre se presentará en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. Si el demandante no especifica su opción al momento de presentar la demanda, se entenderá que ha elegido tramitar el juicio en la vía tradicional.

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El artículo permite al demandante presentar su demanda de dos maneras:

1. Por escrito ante la sala regional competente, optando por el Juicio en la vía tradicional.

2. En línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, debiendo elegir esta opción al momento de presentar la demanda y sin posibilidad de cambiarla posteriormente.

Cuando la autoridad actúe como demandante, siempre deberá presentar la demanda en línea mediante el Sistema de Justicia en Línea.

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Etapas del Juicio de Nulidad (Contestación)

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Etapas del Juicio de Nulidad (Contestación)

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Una vez admitida la demanda, se notificará al demandado para que conteste dentro de los treinta días siguientes al emplazamiento. Si se amplía la demanda, el demandado deberá contestar en un plazo de diez días desde la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no contesta dentro del plazo o la contestación no aborda todos los hechos precisos imputados por el demandante, se considerarán ciertos estos hechos.

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Después de completar la sustanciación del juicio y si no hay cuestiones pendientes que lo impidan, el Magistrado Instructor notificará a las partes. Estas tendrán cinco días para presentar por escrito sus alegatos sobre lo probado. Los alegatos presentados dentro del plazo serán considerados en la sentencia, pero no pueden ampliar los términos de la disputa establecidos en los acuerdos de admisión de la demanda o su ampliación.

Una vez vencido este plazo de cinco días, con o sin alegatos, la instrucción del juicio se considerará cerrada sin necesidad de una declaración expresa. A partir del día siguiente comenzarán a contar los plazos establecidos en el artículo 49 de esta Ley.

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Etapas del Juicio de Nulidad (Sentencia)

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Etapas del Juicio de Nulidad (Sentencia)

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La sentencia será emitida por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días posteriores al cierre de la instrucción del juicio. El Magistrado Instructor preparará el proyecto de sentencia en un plazo máximo de treinta días después del cierre de la instrucción. En casos de sobreseimiento según lo establecido en el artículo 9 de esta Ley, no se requiere que la instrucción esté cerrada para dictar la resolución correspondiente.

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La visita domiciliaria es un acto de fiscalización realizado por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados. Este procedimiento se basa en las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Las autoridades fiscales pueden realizar visitas al domicilio fiscal de los contribuyentes para revisar su contabilidad, bienes o mercancías, y determinar posibles omisiones de contribuciones o créditos fiscales, así como la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades.

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Para llevar a cabo una visita domiciliaria, es necesario emitir una orden que debe cumplir con ciertas formalidades: estar escrita, indicar la autoridad emisora, fecha y lugar de emisión, estar fundada y motivada, contener la firma del funcionario competente, señalar el lugar de la visita, identificar a los visitadores, y especificar el objeto de la visita. Esta orden debe notificarse al contribuyente, o en su ausencia, a su representante legal. Si no se encuentran, se deja un citatorio para el día siguiente y, de no atenderse, la orden se notifica a quien se encuentre en el domicilio.

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Ejemplo sin llenar de Citatorio de Visita Domiciliaria

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Ejemplo Practico de Orden de Visita Domiciliaria

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Existen dos tipos de amparo en el sistema jurídico mexicano: indirecto y directo. El amparo indirecto se presenta ante el Juzgado de Distrito y se usa para impugnar normas generales y actos de autoridad. En contraste, el amparo directo se presenta ante el Tribunal Colegiado de Circuito y se utiliza contra sentencias, laudos o resoluciones que concluyen un juicio.

Para presentar una demanda de amparo indirecto, se debe proporcionar información detallada sobre el quejoso, la autoridad responsable, y el acto o norma impugnada, así como los hechos y derechos humanos violados. La suspensión del acto reclamado, que se solicita aparte, se concede si no perjudica el interés social ni infringe el orden público.

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Ejemplo Practico de Formato de promoción de un Juicio de Amparo Indirecto

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Historia e Importancia del Juicio de Amparo

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Historia e Importancia del Juicio de Amparo

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El juicio de amparo, fundamental en el derecho mexicano, protege los derechos individuales frente a actos de autoridad desde su origen en 1841. Se formalizó en la Constitución de 1917 y también ha influido en otros países. Su importancia radica en defender derechos fundamentales, mantener el equilibrio de poderes, y ofrecer acceso a la justicia. En el ámbito aduanero, el amparo ayuda a proteger a importadores y exportadores de decisiones arbitrarias y multas excesivas, permite la suspensión de sanciones, y revisa la constitucionalidad de normas. A pesar de sus desafíos, sigue siendo una herramienta clave para garantizar justicia y legalidad.

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Esquema de Proceso de Juicio de Amparo Indirecto

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Esquema de Proceso de Juicio de Amparo Indirecto

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Esquema grafico del proceso de juicio de amparo indirecto en base a sus 2 tipos de documentos

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Tipo de expedientes en el Juicio de Amparo Indirecto

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Expediente del Tribunal de Justicia Administrativa

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Expediente del Tribunal de Justicia Administrativa

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Ejemplo de Expediente del Tribunal de Justicia Administrativa

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Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federacion

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Merry Go Round - Joe Hisaishi

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Joe Hisaishi - Merry-Go-Round of Life (from Howl’s Moving Castle)