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¿En qué consiste la responsabilidad penal?

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¿En qué consiste la responsabilidad penal?

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La responsabilidad penal es el deber de hacer frente a las consecuencias penales de un delito, y corresponde a las personas que lo han cometido. Es decir, una persona será responsable penalmente por aquellos hechos que haya llevado a cabo y que sean constitutivos de delito.

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Para que exista responsabilidad penal, la ley exige que concurran cuatro requisitos. Son los siguientes:

Imputabilidad. Es la capacidad que tiene una persona de entender que está realizando un acto ilícito con consecuencias jurídicas, siendo consciente de que puede ser castigada con la correspondiente pena establecida en la ley.

Tipicidad. La acción u omisión realizada por la persona tiene que estar tipificada como delito en el Código Penal.

Antijuridicidad. El acto tiene que provocar un daño en la sociedad que lesiona el bien jurídico protegido.

Culpabilidad. El sujeto tiene que realizar la acción con dolo o por imprudencia.

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¿Cuándo se puede excluir la responsabilidad penal?

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¿Cuándo se puede excluir la responsabilidad penal?

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Básicamente, las causas que eximen la responsabilidad penal de un hecho, aluden a cuando el sujeto actúa bajo alguna de estas circunstancias:

Defensa.

Estado de necesidad.

Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

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Regulación legal de la responsabilidad penal

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Regulación legal de la responsabilidad penal

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La regulación de la responsabilidad penal la encontramos en el Código Penal, en los siguientes artículos:

Artículo 1 del Código Penal

Establece que no se castigará ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración, y que las medidas de seguridad se podrán aplicar solo cuando concurran los presupuestos legalmente establecidos de forma previa.

Como vemos, el Código Penal contempla que solo se podrá incurrir en responsabilidad penal por los delitos previamente tipificados. De esta manera, el artículo 1 establece el principio de irretroactividad de las leyes penales, que tiene su base a su vez en el artículo 9.3 de la Constitución Española, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

Así pues, una persona solo puede ser responsable penalmente por un delito que estuviera contemplado como tal en el momento en que cometió los hechos, y no por uno que se tipificara con posterioridad.

Artículo 5 del Código Penal

El artículo 5 del Código Penal establece que no hay pena sin dolo o imprudencia. Por lo tanto, regula también los casos en los que se puede atribuir responsabilidad penal a una persona.

Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que un conductor llega a un paso de peatones, y se dispone a frenar. Sin embargo, el freno falla sin haber dado señales de estar estropeado hasta ese momento, y un peatón había comenzado a cruzar ya, por lo que el coche lo arrolla y le produce unas lesiones.

En este caso no se puede apreciar dolo, porque el conductor no tenía la intención de atropellar al lesionado, y tampoco imprudencia, porque aquel no sabía que el freno tenía un problema. Así pues, no se puede imputar un delito de lesiones, y el conductor no incurriría en responsabilidad penal.

Artículo 27 del Código Penal

Este artículo 27 establece quiénes son responsables criminalmente de los delitos: los autores y los cómplices en los mismos.

Para saber quiénes son unos y otros, tenemos que acudir a los siguientes preceptos del Código Penal. Así pues, en virtud del artículo 28, son autores los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También son autores de un delito quienes inducen de forma directa a otro u otros a ejecutarlo, o los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Esta última es la figura conocida como cooperador necesario.

El concepto de cómplice lo encontramos en el artículo 29, que contempla como tal a quienes, no hallándose comprendidos en el artículo 28 (es decir, no siendo autores ni siquiera en concepto de cooperador necesario), cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Por lo tanto, el cómplice es un cooperador no necesario.

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Casos en que se extingue la responsabilidad penal

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Casos en que se extingue la responsabilidad penal

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La muerte del reo.

El cumplimiento de la condena.

La remisión definitiva de la pena, según lo establecido en el artículo 187, en sus apartados primero y segundo.

El indulto.

El perdón del ofendido, tratándose de delitos leves que solo pueden ser perseguidos a instancias del agraviado o cuando así lo prevea la ley.

El cumplimiento de la condena

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Los menores de edad son responsables penalmente

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Los menores de edad son responsables penalmente

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Las personas menores de edad pueden incurrir en responsabilidad penal pero no con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, como establece el mismo en su artículo 19, sino conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta norma es de aplicación a los mayores de 14 y menores de 18 años.

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se entiende por responsabilidad penal a la que se adquiere cuando se comete un delito, es decir, cuando se lleva a cabo una acción punible por ley, tipificada en alguna ley penal. Quienes atentan contra algún bien protegido por el ordenamiento jurídico vigente en un país, como la vida, la integridad física, el orden público o los patrimonios ajenos, deberán enfrentar una responsabilidad penal administrada por el Estado.

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cuando el delito cometido puede ser cometido por cualquier individuo de a pie, o sea, cuando se trata de delitos comunes, como el robo, el abuso sexual o el homicidio.

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cuando el delito cometido puede ser cometido únicamente por el sujeto en cuestión, dado que requiere de algún tipo de posición o poder especial, como es por ejemplo ser funcionario público, como es el caso de la malversación de fondos públicos (peculado) o la prevaricación.

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es la ley que establece el sistema penal en Colombia. Esta ley define los delitos, las penas correspondientes y los procedimientos para el enjuiciamiento de los mismos. La Ley 599 abarca una amplia gama de aspectos relacionados con la responsabilidad penal, incluyendo la tipificación de delitos, las circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad penal, las penas aplicables y los derechos y garantías de las personas involucradas en procesos penales.

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Responsabilidad por actuar nombre de otro

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Responsabilidad por actuar nombre de otro

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El Artículo 29 del Código Penal Colombiano establece que aquel que actúe en nombre de una entidad jurídica, aunque no tenga todos los requisitos para ser considerado autor, puede ser responsable penalmente si comete un delito en representación de esa entidad.

Esto se aplica tanto a personas autorizadas oficialmente como a aquellas que actúan como representantes de hecho, es decir; si alguien comete un delito en nombre de una empresa, esa persona puede ser considerada culpable, incluso si no tiene todas las características requeridas para ser considerada como autor del delito.

Esta disposición amplía la responsabilidad penal a personas no calificadas que actúan en nombre de entidades calificadas.

Esta responsabilidad se aplica especialmente en delitos económicos y empresariales, donde los órganos de dirección y representación de las entidades pueden ser responsables individualmente.

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El Sistema Jurídico en Iberoamérica clasifica la responsabilidad penal de las personas en tres grupos: Autores, Inductores y Cómplices.

Algunos delitos económicos son considerados especiales y solo pueden ser cometidos por personas cualificadas "experto".

Determinar quién es Responsable, especialmente en el caso de administradores o directivos de empresas.

Para culpar a una Corporación, debemos examinar quiénes están involucrados en la toma de decisiones y ejecución de acciones relacionadas con el delito.

La Prevención de delitos empresariales requiere que las empresas fomenten una cultura de legalidad.

El Derecho Penal necesita medidas específicas para investigar, procesar y sancionar a las empresas, diferentes de las aplicadas a individuos.

El Derecho Administrativo no es suficiente para prevenir estos delitos.

En la Comisión de un delito corporativo, la Responsabilidad Penal puede recaer en autores, determinadores y cómplices.

Es necesario establecer el grado de Responsabilidad de cada individuo, ya sea por acción directa o indirecta, con conocimiento y voluntad, o imprudencia según lo establecido en la legislación.

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La figura del actuar por otro en Colombia: elementos y condiciones de aplicación

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La Responsabilidad Penal de ciertos individuos en corporaciones, quienes tienen la obligación de proteger bienes jurídicos específicos según el derecho penal. Si estos individuos no cumplen con sus deberes asignados, pueden ser responsables penalmente por omisión.

El artículo 25 del Código Penal de Colombia establece que esta responsabilidad se basa en una relación directa entre el sujeto y el bien jurídico, equiparando la omisión con la acción positiva en la comisión por omisión. Sin embargo, esta equiparación puede ser problemática ya que la conexión entre la omisión y el resultado del delito puede ser hipotética.

Los administradores de empresas pueden ser responsables por no ejercer un control adecuado sobre las fuentes de peligro asociadas a la actividad empresarial, lo que puede llevar a la imputación de delitos cometidos por sus subordinados.

Para determinar la responsabilidad penal de los garantes, se requiere la existencia de un deber jurídico concreto y la conexión entre la omisión de ese deber y el resultado del delito.

Los empresarios tienen diversas obligaciones relacionadas con la Seguridad, el Medio Ambiente, los Derechos de los Trabajadores y Consumidores, entre otros.

La implementación de programas de cumplimiento (Compliance) puede servir como defensa para demostrar una debida diligencia en el control y supervisión de los riesgos penales de una organización.

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https://www.youtube.com/watch?v=b6vf4fEIItY

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La Responsabilidad de la persona jurídica en el derecho administrativo sancionador

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La Responsabilidad de la persona jurídica en el derecho administrativo sancionador

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La Ley 1778 de 2016 en Colombia establece que las personas jurídicas también pueden ser responsables administrativamente, especialmente en casos de soborno transnacional. Esto significa que las empresas deben implementar programas de transparencia y ética empresarial, como lo indica la Circular Externa 100-000003 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades.

Recientemente, la Circular 100-000011 de agosto de 2021 cambió los requisitos para estos programas, exigiendo la presencia de un oficial de cumplimiento y enfocándose más en la identificación y gestión de riesgos de corrupción.

El Incumplimiento puede llevar a sanciones administrativas considerables, pero tener programas efectivos puede reducir estas multas.

Estos Programas complementen la evaluación individual de riesgos que cada empresa debe realizar y son esenciales para prevenir, detectar y corregir comportamientos corruptos dentro de las empresas en Colombia.