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El delito de gestión fraudulenta se configura como una infracción particular que implica a un individuo investido de responsabilidad dentro de una entidad (como un director o gerente general), al evidenciar el incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley General de Sociedades y el Código Civil.

Esto subraya la necesidad de proteger y mantener la integridad tanto de los intereses internos como externos del patrimonio de la empresa.

Por lo tanto, se tipifica la gestión fraudulenta cuando una persona, en calidad de administrador o representante legal de una entidad, lleva a cabo acciones que causan perjuicio tanto a la misma entidad como a terceros.

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Artículo 198.- Administración fraudulenta

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, el que, ejerciendo funciones de administración o representación de una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes:

1.     Ocultar la verdadera situación de la PPJJ, simulando balances que supongan aumento o disminución de partidas contables.

2.     Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.

3.     Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones.

4.     Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito.

5.     Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.

6.     Omitir, comunicar al directorio o similar la existencia de intereses propios que son compatibles con la PPJJ.

7.      Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica.

8.     Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.

9.     Utilizar cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

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La Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, discute la responsabilidad vicaria, limitada a personas naturales o jurídicas, dentro de su incorporación a la causa como tercero civil.

La sentencia del 17 de noviembre de 2021 anula una parte de la sentencia previa, ordenando un nuevo juicio oral para el tercero civil, Banco Continental BBVA, en relación con el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

Durante el proceso judicial se detalló acusaciones de apropiación ilícita y fraude, y la participación de funcionarios del Banco Continental en la aprobación de un crédito cuestionable.

Finalmente, La Corte Suprema declara fundado el recurso de casación del Banco Continental BBVA, confirmando la decisión de no responsabilidad civil del banco en el caso mencionado.

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/11/Casacion-470-2020-Arequipa-LPDerecho.pdf

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Los delitos relacionados con la propiedad industrial e intelectual constituyen transgresiones que vulneran los derechos legales asociados con la creación y utilización de marcas registradas, diseños industriales, derechos de autor y otros activos intangibles. Estas infracciones pueden manifestarse a través de actividades como la piratería, la falsificación, el plagio y la usurpación de marcas, entre otras, con repercusiones negativas en la recaudación tributaria.

El Estado interviene para prevenir estas prácticas mediante la sensibilización de la ciudadanía, promoviendo la protección de los intereses jurídicos y estableciendo medidas efectivas para su cumplimiento.

La protección de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones son aspectos esenciales para impulsar el progreso socioeconómico del país, generando oportunidades para un mayor desarrollo y crecimiento.

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Artículo 222.- Fabricación o uso no autorizado de patente

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quien, en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte: (…)

Artículo 223.- Uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial

Serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 inciso 4) tomando en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de las normas y derechos de propiedad industrial: (…)

Artículo 224.- Incautación preventiva y comiso definitivo

En los delitos previstos en este capítulo se procederá a la incautación preventiva de los ejemplares y materiales, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito y, de ser el caso, de los activos y cualquier evidencia documental, relacionados al ilícito penal.

De ser necesario, el Fiscal pedirá autorización al Juez para leer la documentación que se halle en el lugar de la intervención, en ejecución de cuya autorización se incautará la documentación vinculada con el hecho materia de investigación. (…)

Artículo 225.- Condición y grado de participación del agente

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 4: (…)

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Este caso involucra tres puntos de contención, a saber: la entrega voluntaria de firma en blanco, la prolongación del documento con contenido divergente al previamente acordado, y el perjuicio patrimonial sufrido por el otorgante o terceros. Se reconoce la salvaguarda de los derechos de autor y conexos referentes a obras literarias, científicas, técnicas, artísticas o prácticas. La conducta delictiva se focaliza en las obras en sí, excluyendo signos distintivos como las marcas.

Con relación al litigio contra José Alberto Salazar Soncco, acusado de ambos delitos perjudicando a Yarita Lizeth Yanarico Quispe, y la resolución de la Corte Suprema que parcialmente revocó la sentencia de vista.

La Corte Suprema declaró FUNDADO el recurso de casación, anulando la parte de la sentencia que eximió a Salazar Soncco del delito de abuso de firma en blanco, y dispuso un nuevo fallo al respecto. INFUNDO el recurso en cuanto al delito de falsa atribución de autor original.