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Durante el primer año del sexenio las relaciones entre México y Estados Unidos no sólo transcurrieron sin dificultades, sino que incluso el gobierno estadounidense favoreció la reestructuración de la deuda externa mexicana. Pero al año siguiente empezaron a manifestarse algunos desacuerdos entre los dos países, relacionados con los puntos de vista acerca de los conflictos políticos en Centroamérica, y con el proteccionismo estadounidense a los productos mexicanos.
Un asunto grave ocurrió en febrero de 1985, cuando en México fue asesinado Enrique Camarena Salazar, miembro de la agencia contra las drogas (DEA) de Estados Unidos. El gobierno estadounidense acusó a México de estar involucrado en el tráfico ilegal de drogas e incluso hizo referencia a la “corrupción gubernamental”. El asesinato del agente estadounidense provocó el aumento de reportajes de prensa en el país vecino, en los que se difundía una imagen negativa de México, a pesar de que en abril de ese mismo año fue aprehendido Rafael Caro Quintero, poderoso narcotraficante al que se acusaba de ser el autor intelectual del asesinato de Camarena.

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En el segundo semestre de 1985, a esa difícil situación se sumaron los sismos ocurridos en septiembre, los cuales, además de la gran pérdida de vidas humanas, sobre todo en la capital del país, tuvieron efectos directos sobre la balanza de pagos debido a la baja del turismo extranjero, la reducción de las exportaciones y mayores importaciones por motivo de la reconstrucción. Por otra parte, ocurrió una nueva caída de los precios del petróleo, que De la Madrid calificó como “terremoto económico”, que provocó un severo impacto en la economía mexicana, que dependía de dicho energético a pesar del aumento de las exportaciones no petroleras.22
En medio de los estragos sociales dejados por los sismos, un nuevo desplome de la econo- mía golpeó con fuerza a la sociedad.

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Los principales demandas de la derecha consistieron en: promover el incremento y la ampliación del capital nacional; eliminar las barreras al flujo del comercio y el capital, privatizar las empresas públicas; delimitar la intervención económica del sector público: excluir a la izquierda, y articular v contener las demandas de reivindicación social de los trabaiadores.

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Sus principales demandas se basaban en el argumento de que la política económica había implicado que las clases trabajadoras soportaran todo el peso de la crisis, al empeorar la situación del empleo y la distribución del ingreso, por lo que los que resultaban favorecidos eran los grandes monopolios y oligopolios.

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A partir de la puesta en marcha del PIRE, 1982, las organizaciones obreras manifestaron su inconformidad, cuyo costo social había sido reconocido por el propio gobierno. Esa inconformidad se debía a la política salarial, el aumento de precios y tarifas de los servicios públicos, la reducción de subsidios y la liberación de controles de precios de productos de consumo general.

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Se manifestó la inconformidad de algunos sectores sociales mediante críticas a la política económica para manejar la crisis, y la formulación de demandas urgentes para solucionarla.

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Para el cumplimiento del PIRE, De la Madrid delineó las estrategias que sintetizaban las pautas a seguir para atacar los puntos más vulnerables, los cuales eran:
a) renovación moral
b) planeación sistemática de la acción gubernamental
c) sanción jurídica de la rectoría económica del Estado
d) fortalecimiento del federalismo
e) democratización
f) descentralización.

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Al inicio de su presidencia, Miguel de la Madrid anuncio la puesta en marcha del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que buscaba y promovía la reducción del gasto público, protección al empleo, continuidad de la mayoría de los programas de inversión productiva, honestidad y eficiencia dentro del sector público,  protección y estímulos para los programas que proveyeran de productos básicos al sector popular, reformas fiscales para incrementar los ingresos gubernamentales, canalización del crédito hacia el desarrollo nacional y operación eficiente de los bancos nacionalizados, política cambiaria "realista", reestructuración del sector burocrático para volverlo más eficiente, y reformas constitucionales para reafirmar la rectoría del Estado dentro de la economía mixta.

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Ambos ex funcionarios fueron encarcelados. Para 1985, la Secretaría de la Contraloría de la Federación había aplicado sanciones a 163 funcionarios públicos.

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Por otra parte, ocurrió una nueva caída de los precios del petróleo, que De la Madrid calificó como “terremoto económico”, que provocó un severo impacto en la economía mexicana.

En medio de los estragos sociales dejados por los sismos, un nuevo desplome de la economía golpeó con fuerza a la sociedad.

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En el segundo semestre de 1985, a esa difícil situación se sumaron los sismos ocurridos en septiembre.
Hubo una gran pérdida de vidas humanas, sobre todo en la capital del país, tuvieron efectos directos sobre la balanza de pagos debido a la baja del turismo extranjero, la reducción de las exportaciones y mayores importaciones por motivo de la reconstrucción.

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Se expidió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual definía las obligaciones de los empleados públicos, así como las sanciones en caso de su incumplimiento.

Como evidencia del cumplimiento de esa ley, dos casos fueron de particular impacto en la opinión pública; en 1983 Jorge Díaz Serrano fue acusado de haber cometido un cuantioso fraude cuando era director de Pemex; al año siguiente, Arturo Durazo Moreno, jefe de la policía del Distrito Federal en el sexenio anterior, fue acusado de evasión fiscal, acopio de armas y extorsión.

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Este plan señalaba cuatro objetivos:
1) fortalecer las instituciones democráticas
2) vencer la crisis
3) recuperar la capacidad de crecimiento económico
4) iniciar los cambios cualitativos necesarios en las estructuras políticas, económicas y sociales de la nación.