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En el video se dan a conocer los cuatro principales objetivos para la Jornada Única escolar en el gobierno de Colombia, tomado de los lineamientos para dicha Jornada, y publicados por el MEN.
Con base a estos se tomaran los criterios de acuerdos y desacuerdos por los cuales fue creada la Jornada Única.

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COMPROMISOS DEBE ASUMIR EL DOCENTE PARA QUE AL ARTICULAR LAS TIC SE IMPACTE DE MANERA POSITIVA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA JORNADA ÚNICA Y EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TU ENTORNO LOCAL 

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COMPROMISOS DEBE ASUMIR EL DOCENTE PARA QUE AL ARTICULAR LAS TIC SE IMPACTE DE MANERA POSITIVA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA JORNADA ÚNICA Y EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TU ENTORNO LOCAL 

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Como seres humanos debemos entender que los medios son cambiantes, por ejemplo a través de los tiempos una simple herramienta agrícola, se llega a transformar en gigantescos tractores para facilitar las producciones, así por el estilo muchas cosas cambian y la educación no es la excepción, lo podemos ver en los sistemas tradicionales, donde el maestro solo utilizaba tablero y tiza en el mejor de los casos, en la actualidad nos encontramos con un sin número de herramientas que se pueden llevar al aula, entre ellas las mismas TIC. Con lo anterior se puede decir que el docente debe asumir el compromiso de estar en constante interacción con las herramientas TIC y de manera constante actualizar sus conocimientos con respecto a estas, ya sea con educación formal e informal.

Hay algo que todo docente debe tener presente y es la esencia de serlo, que implica esto, medianamente entender nuestro rol, que al final de cuentas es lograr transmitir una enseñanza o aprendizaje a otros individuos, por lo general son jóvenes y niños, que a su vez se convierten en el relevo generacional de nuestro medio o contexto; esto quiere decir que estamos educando a las nuevas generaciones las cuales les dejamos la responsabilidad de administras el medio en el que convivimos.

Se debe tener muy presente la labor docente desde el contexto colombiano, sus implicaciones, si bien desde el gobierno de santos se le apunto tanto a estrategias TIC, como jornada única, ambas estrategias son un éxito, claro desde el papel, aunque sus lineamientos aplicados, desde mi punto de vista, nos colocarían a la par con sistemas educativos con resultados significativos ósea podríamos hablar de educación de alta calidad, los docentes que como yo estamos en la práctica, tenemos la certeza de decir que no todo es como esta en el papel, ósea no tenemos infraestructura educativa, no hay dotación de computadores, no hay conexión a la red internet, entre muchos otros aspectos que menciona el papel. Desde este punto de vista seria otra labor del docente, gestionar a través del directivo y la misma comunidad los recursos necesarios para que se cumplan estas dos iniciativas que le van a aportar a la calidad de la educación de su región; la solicitud de estos recursos en primera instancia es obligación del gobierno nacional MEN, luego acudir a los entes territoriales, tanto gobernación como alcaldía, es de anotar que no esta dentro de las funciones formales de un docente, pero el contexto lo obliga hacerlo.

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ACUERDOS  RESPECTO A LOS OBJETIVOS POR LOS QUE FUE CREADA LA JORNADA ÚNICA.

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ACUERDOS  RESPECTO A LOS OBJETIVOS POR LOS QUE FUE CREADA LA JORNADA ÚNICA.

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Envigado es un claro ejemplo de una buena aplicación de la Jornada Única escolar en Colombia, donde se puede asegurar que se cumplen con los cuatro principales objetivos de esta, es decir, primero se ha aumentado el tiempo de permanencia de los jóvenes en ambientes escolares, en un municipio donde los estudiantes están expuestos a malos hábitos, como la la drogadicción, el vandalismo entre otras. segundo, fortalecer las áreas fundamentales, para este caso, ingles, educación física y artística. Tercero mejorar la calidad educativa, las instituciones son dotadas con herramientas tecnológicas direccionadas al quehacer pedagógico, es necesario mejorar la infraestructura de las IE, además se le garantiza a los estudiantes la alimentación escolar y por tener mayor permanencia en las sedes educativas se ve la necesidad del almuerzo, factor que de una u otra manera ayuda en el bolsillo de la familia del educando y cuarto, favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos educativos permite promover la formación en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la protección del ambiente.
El éxito en la implementación de esta estrategia también da como resultado altos resultados en las pruebas SABER, como no lo muestra el ranking de colegios del año 2021 en Antioquia.
Desde un contexto social dentro de estos mismos municipios se logra cerrar las brechas que hay entre los colegios de las ciudades principales o municipios de la zona metropolitana en comparación a IE de orden privado, se podría hablar de casi que una igualdad educativa ya que se le están brindando por parte del estado muchas garantías a las nuevas generaciones en condición de vulnerabilidad.
Como lo vemos en este tipo de colegios ciudades principales y zonas metropolitanas, se cumplen los criterios de la estrategia a como se encuentra en el papel; esto también lleva a que los docentes sean competentes para los desafíos de las nuevas formas de la educación que se encuentra en simbiosis con las TIC.

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Beneficios de la jornada única en Envigado

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DESACUERDOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS POR LOS QUE FUE CREADA LA JORNADA ÚNICA.

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DESACUERDOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS POR LOS QUE FUE CREADA LA JORNADA ÚNICA.

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Este video es solo uno de los miles de casos que se presentan en las IE de Colombia con respecto a la inversión de infraestructura educativa.
Como le menciona la revista SEMANA en el 2019, El gobierno de Juan Manuel Santos estimó que para poder cumplir con la implementación de la jornada única, era necesario construir 50.000 aulas en todo el país, sin embargo, se propuso entregar solo 30.000 durante su mandato y dejar el resto al gobierno que le seguía. Para esto se estimaba un presupuesto total de 4,5 billones de pesos. Los objetivos de la Jornada Única, se convierten para el gobierno una justificación necesaria para la construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, en el video se menciona que de la construcción de las 50.000 aulas el gobierno nacional solo ha entregado 1.310, hecho que llamo la atención de la Contraloría general de la nación  y da inicio a un informe que ellos llaman "El carrusel de las escuelas", que muestra un panorama no muy satisfactorio de los recursos utilizados del fondo de financiamiento de infraestructura educativa, el cual podemos decir que fue un fracaso (corrupción).
Al mismo tema de corrupción se pueden mencionar el de las MINTIC, la iniciativa de los centros digitales, el cual busca conectar a las IER que donde difícil hacer una conexión a internet, para lo cual se realizó una inversión de 2,1 billones de pesos. Al inicio todos los Colombianos logramos observar por los medios de comunicación y quizás gracias a la pandemia que esta iniciativa presento serios problemas, por contratos que no se cumplieron.
Para dar cumplimiento con los objetivos de la Jornada Única, también es necesario garantizar la alimentación de los estudiantes, la implementación de nuevas tecnologías o herramientas TIC que se puedan aplicar en la educación por ejemplo tabletas, portátiles, televisores Smart, software educativos, entre otros. Desde mi experiencia docente y desde mi contexto IER San Rafael, no se cuentan con este tipo de garantías y no es solo la realidad de nuestra IE, es la de miles de instituciones que hay en Colombia.
Lo que ha echo el gobierno con los casos de éxito de la JU es aumentar las brechas de desigualdad que hay en el sistema educativo de Colombia, debido a que las primeras inversiones se aplican a las IE de las principales ciudades del País y por ultimo las zonas rurales más alejadas que en muchos de los casos no llegan esos recursos.
Para dar cumplimiento de calidad educativa no solo los estudiantes deben tener garantías, los docentes deben tener otras, como por ejemplo se habla de nuevas formas de la educación en donde es necesario el uso de las nuevas nuevas tecnologías para las cuales el docente debe tener ciertas competencias, desde el papel se menciona capacitación para los docentes, aunque está no es efectiva, el gobierno nacional debería de tener programas donde se exija al docente actualizar sus conocimientos en las TIC y por ende financiar estos estudios del docente.

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El fracaso de la Jornada Única en Colombia.

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Desde la realidad del contexto colombiano, ¿Cómo hacer posible lo manifestado por Cepal (2012)?

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Desde la realidad del contexto colombiano, ¿Cómo hacer posible lo manifestado por Cepal (2012)?

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Para hacer posible lo mencionado por CEPAL es necesario llevar las TIC a este tipo de poblaciones de niños y niñas que viven en sectores alejados, tienen alguna discapacidad o pertenecen a una población especial accedan a una educación formal, para ellos es necesario tener unos lineamientos, conexión a internet de buena calidad, dotación de herramientas TIC en las aulas y un personal docente capacitado en las nuevas formas de la educación. Para cumplir con lo anterior se necesitan recursos monetarios en otras palabras inversión en educación a población muy vulnerable, estos se pueden encontrar en diferentes fuentes de financiación, las principales son:

gobierno de Colombia y en su representación MIN educación y MINTIC, estos dos ya tienen unos lineamientos claros para mejorar la calidad educativa en estas regiones ósea ya esta en el papel, cuentan con recursos los mas visibles son 4 billones que se destinaron para infraestructuras educativas y 2 billones aproximadamente para centros digitales

Tenemos los entes territoriales, que en su representación están las alcaldías y gobernaciones, en teoría con las estrategias de financiación donde el gobierno nacional aporta un 70% y los entes territoriales un 30%, por ejemplo, solo de los 6 billones que sabemos que ha destinado el gobierno nacional, fácilmente se convierten en 8,6 billones, es mucho lo que se puede lograr con estos recursos, sin mencionar otros tipos de recursos que destinan para el sector educación.

Por ultimo se tiene las instituciones educativas, que cuentan con menos recursos, pero algo tiene, entre ellos los del COMPES, con los cuales se pueden sumar año tras año, para invertir en la adquisición de herramientas TIC.

Es primordial que los docentes se capaciten con estudios, como el que ofrece esta Maestría de la Universidad de Cartagena, ya que los docentes jugamos un papel muy importante, nos convertimos en los facilitadores de los procesos de enseñanza.

Desde mi concepto y como podemos ver las condiciones están dadas para lograr lo manifestado por CEPAL, es cuestión de que esos recursos sean destinados en su verdadera finalidad y no en los bolsillos de unos cuantos contratistas corruptos, en conclusión la corrupción que se maneja en nuestro país no permite que tengamos una educación de alta calidad y equidad en todo su territorio y en final de cuentas los que mas pierden son las poblaciones mas vulnerables, los cuales no alcanzan a tener una educación formal y si lo logran son pocos los que llegan a un nivel de pregrado.

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Representantes del sector e industria TIC, delegados de entidades territoriales, medios de comunicación y ciudadanía en general asistieron a la presentación oficial del nuevo proyecto de conectividad rural denominado Centros Digitales.

La presentación estuvo a cargo del director de infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Camilo Jiménez, quien explicó a los asistentes el alcance del proyecto de conectividad más grande en la historia de Colombia: conectar 10.000 comunidades rurales y apartadas del país a través de espacios que tendrán la operación garantizada hasta el año 2030.

Esto será posible a través de la instalación de Centros Digitales, los cuales estarán ubicados, en su mayoría, en sedes educativas rurales, así como comunidades indígenas, parques naturales y puestos de salud.

Estos lugares brindarán el servicio de Internet gratuito a través de dos puntos de acceso inalámbrico (uno dentro de las instalaciones -indoor- y otro para uso externo -outdoor-), con los cuales será posible beneficiar tanto a la comunidad educativa como a la población aledaña.

En este espacio, los interesados también conocieron el detalle de las especificaciones técnicas; requisitos habilitantes del proponente y de experiencia; cronograma del proceso de contratación y de instalación de la primera meta, (la cual estima instalar 2.990 Centros Digitales); velocidades; indicadores de calidad, entre otros aspectos del proyecto.

Jiménez invitó a los interesados en participar en el proceso licitatorio FTIC-LP-01-2020 a seguir el protocolo para solicitar reuniones del proyecto, establecido en la plataforma de contratación pública SECOP II o escribir al correo: accesorural@mintic.gov.co, indicando el objeto de la reunión, asistentes y la manifestación de interés en participar como proponente, o miembro de proponente plural.
Consulte la presentación con la información de los Centros Digitales.

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mintic socializó el nuevo proyecto que conectará a 10.000 comunidades rurales

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ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones

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MinTIC socializó el nuevo proyecto que conectará a 10.000 comunidades rurales - MinTIC socializó el nuevo proyecto que conectará a 10.000 comunidades rurales

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Representantes del sector e industria TIC, delegados de entidades territoriales, medios de comunicación y ciudadanía en general asistieron a la presentación oficial del nuevo proyecto de conectividad rural denominado Centros Digitales.

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Escándalo. Corrupción. Politiquería. Colombia ha presenciado el desarrollo de un caso que tiene varios protagonistas: a una ministra muy criticada desde cuando asumió su rol porque no tenía la formación técnica necesaria para liderar uno de los renglones de la economía más importantes justo en medio del uso de internet como vehículo para poder educarnos, trabajar, comprar en línea, pagar servicios públicos o comunicarnos de la manera más básica; por otro lado, a unos contratistas con $70.000 millones, del Estado, en su poder y con graves deficiencias en el cumplimiento de sus compromisos; un banco internacional, con operación en nuestro país, que dice no tener velas en este entierro; un intermediario asegurador que se mueve para salvar su propio pellejo, entes de control investigando y buscando a responsables, pero sobre todo a una Colombia rural engañada, que sigue confiando, por obligación y necesidad, en las buenas labores de los políticos que prometen y prometen pero no cumplen.

Así que para entender todo esto con hechos, en qué va el caso que nos debería preocupar a todos porque son recursos de todos, escribimos este boletín de noticias en donde las redacciones de Economía, Judicial e Investigación nos entregaron todos los artículos que han escrito y que les dejaremos a lo largo del texto, con muchos hipervínculos, a donde les recomendamos entrar para entender al detalle cada uno de los puntos relevantes. Comencemos.

Era 15 de agosto de 2020. Ese día el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, publicó el borrador del pliego de condiciones del proyecto Centros Digitales para recibir comentarios de los interesados. ¿De qué se trataba? De "garantizar el acceso gratuito al servicio de Internet inalámbrico WiFi para hasta 10.000 comunidades rurales con una operación a largo plazo y sin interrupciones", nos decía este primer artículo en donde también nos contaban que "para lograrlo sería necesaria una inversión de $2,1 billones".
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1′300.000 estudiantes serían beneficiados. 7800 metros cuadrados de cobertura de alcance tendría cada punto para conectarse con dispositivos con Wifi.

Valeria Cortés, nuestra colega de Economía, hizo una radiografía de cómo nos conectábamos, para ese momento, los colombianos a internet, con la información más reciente posible. En nuestro país "internet no es considerado un servicio público. Al igual que la televisión por cable, llega solo a donde pueden pagar por él", nos recordaba. A finales de 2019, cuando se asomaba la pandemia en los titulares, el total de accesos a internet móvil en Colombia alcanzaba los 30,9 millones, superando con creces los accesos fijos, que fueron de 6,96 millones. Y se definió la velocidad de la banda ancha en 25 Mbps de bajada mínimo para la descarga de datos y 5 Mbps de subida para cargar los archivos. Pero la realidad es que el promedio de descarga en Colombia era del 18,9 Mbps, muy por debajo de lo necesario.

Para el 27 de noviembre estaba citada la adjudicación de la operación de los 10.000 sitios que, en línea con la lógica de las necesidades, serían instalados en escuelas públicas y las comunidades aledañas con este proyecto que el Gobierno denominaba el de "conectividad rural más grande en la historia del país". El proyecto se dividió en dos: una región contemplaba 16 departamentos y la otra, 17 (contando a Bogotá como departamento). Se trataba de dejar conectadas, también, a 45.000 sedes educativas públicas que hay en el país, garantizando el servicio a 10 años. Para ese momento la ministra de TIC, Karen Abudinen, fue clara en su postura: "Dejar a todo el mundo contento es muy difícil, pero el que más centros, tiempo y velocidad ofrezca será el que podrá tener mayor oportunidad en el proceso. Estoy tranquila porque lo hemos hecho a conciencia". Según el Mintic, el proceso venía contando con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.

Ese día, el viernes, cuando ya se sabía qué empresas estaban compitiendo por el millonario contrato, fue aplazada la adjudicación. ¿Por qué? Porque uno de los proponentes, Unión Temporal (UT) Red Iris, aseguró que el informe de evaluación de las propuestas no había sido publicado sino hasta la medianoche anterior y que no se tuvo el tiempo suficiente para leerlo y adelantar el debido proceso. Las cosas no comenzaban bien. El lunes se aplazó de nuevo porque era obligatorio dar respuestas a las observaciones hechas al informe de evaluación, pero nuevamente se aplazó porque el país se enteró, en medio de la audiencia, de que un asesor de la ministra TIC era, a su vez, apoderado de uno de los proponentes. "El motivo de la controversia es que el apoderado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES Inred, conformada por SES Telecomunicaciones de Colombia y Red de Ingeniería), el abogado Camilo Valencia, presta servicios de asesoría jurídica a la ministra TIC, Karen Abudinen, en el marco de un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año", nos contaba la sección de Economía en este artículo que resume todos los detalles. Quedó entonces el proceso detenido hasta tanto se resolviera una recusación contra la ministra.

Dos días después nos enteramos de la respuesta del consejo de ministros a dicha recusación, para el nueve de noviembre fue público que Claro se quedó con la región A, y la Unión Temporal Centros Poblados se hizo a la región B, los dos como adjudicatarios del gran contrato. Aunque el proceso siguió su curso, para ese momento se inició indagación preliminar por parte de la Procuraduría con la finalidad de entender si hubo o no conductas indebidas. Con el camino despejado, hablamos de lo que significa en un país como Colombia llevar internet al campo donde incluso muchos niños tuvieron que educarse sin esta herramienta en medio de la pandemia:
Economía Rechazan recusación contra ministra TIC por presunto conflicto de interés en licitación Economía Tras licitación del Mintic buscarán conectar a internet más de 14.000 sitios rurales Economía Inician indagación preliminar por supuesto conflicto de interés en licitación del Mintic Tecnología El reto de llevar internet a las veredas durante la pandemia Tecnología Conectados, pero sin internet
Contamos, entonces, la historia de San Pablo, en una vereda de Cundinamarca, donde la comunidad campesina había logrado tener acceso a internet pero gracias un grupo de universitarios y no por cuenta de un proyecto del Gobierno o de los operadores. "El campo siempre nos da a nosotros de comer y lo mínimo que podemos hacer por ellos es darles ayuda para que tengan la oportunidad de conectarse", decía uno de los estudiantes que lideró el trabajo conjunto.

Comienza el escándalo de Centros Poblados

Pasaron seis meses y para mediados de junio estalló el escándalo. Según varias revelaciones periodísticas, el avance de obra no se estaba cumpliendo, para el 30 de abril no se había instalado ni un solo de los puntos digitales de los 750 que deberían estar listos en igual número de escuelas. Y, para sumar, esto permitió que Paola Herrera, de W Radio, revelara también que el contrato valorado en $1,07 billones había sido adjudicado usando garantías bancarias falsas. Ah, y un adicional: el Gobierno ya le había girado $70.000 millones a la Unión Temporal Centros Poblados. Ante la evidencia inocultable, el Ministerio, ya para finales de junio, denunció al contratista por la falsedad revelada por la prensa.

Para el 3 de julio el país se enteraba, medio asombrado medio acostumbrado, de este acto de corrupción. Entonces María Alejandra Medina, de la sección de Economía, se preguntaba de quién fue la culpa de que a un contrato millonario le metieran documentos falsos. Sí, por increíble que parezca. Para no ir tan lejos, el contratista dice que fue asaltado en su buena fe, pero todos los detalles están en este nutrido y contextualizado artículo.

"Le confirmo que el banco Itaú Corpbanca Colombia S. A. no está legitimado para obrar como garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto la garantía bancaria N° 2020-1156-01002 no fue expedida por el banco": Claudia Mercedes Cifuentes, representante legal de Itaú, en comunicación escrita al Gobierno.

El caso fue tomando más fuerza porque el país le exigía explicaciones al Gobierno, al Ministerio que estaba detrás de la estructuración del proyecto y, por supuesto, a los contratistas. "Unas garantías bancarias falsificadas, un anticipo de $70.243 millones que en su mayoría salió del país, una solicitud de caducidad, un contrato incumplido, un contratista diciendo que ha sido traicionado en su buena fe, una interventoría que parece no haber hecho su trabajo y un Ministerio en medio de una crisis enorme entrando al último año de la administración del presidente Iván Duque". De esta forma resumía el editorial de El Espectador la situación comenzando agosto, el mes en el que todos empezaron a pasarse la pelota. Bien lo decía el mismo texto: "Lo fundamental y urgente es recuperar el dinero y entender qué ocurrió; después de eso, las responsabilidades penales y políticas tendrán que ser contundentes". Difícil entender que nadie se diera cuanta de algo tan básico. Solo bastaba con hacer una llamada para verificar la autenticidad de los documentos.

Tres días después, tras una avalancha mediática, el contratista envió un comunicado de prensa para tratar de apaciguar el escándalo."No es cierto que el anticipo recibido por valor de $70.000 millones esté embolatado o esté perdido como lo han manifestado algunos medios de comunicación, haciendo eco de la desinformación que ha incurrido MinTic, toda vez que dicho anticipo se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarios para la ejecución del contrato", decía la carta. Aseguraban que ya se había hecho despliegue de infraestructura y compra de equipos tecnológicos.

Ese mismo día el ministerio TIC confirmó la decisión de terminar el contrato con Centros Poblados porque, según la entidad, el contratista incumplió sus obligaciones y habría presentado "garantías inexistentes". Nos decía el equipo de Investigación de El Espectador que "según el Mintic, Centros Poblados incumplió obligaciones que afectan la ejecución del contrato y pueden conllevar a su paralización. El principal factor que llevó a esta conclusión fue la inexistencia de garantías porque, aunque el contratista presentó tres expedidas por el banco Itaú, esta entidad financiera negó haberlas expedido. Por ende, la justicia penal ahora tendrá que verificar si se trata de una falsificación".

Entonces se empezó a hablar de demandas contra el Estado, contra la ministra Abudinen; indagamos sobre a dónde fueron a parar los $70.000 millones, qué tenía que ver en todo esto un grupo empresarial de Barranquilla; de la falsificación de formatos bancarios y comunicaciones de entidades financieras, y de las acciones del contralor Córdoba, quien dirigió el caso a la unidad anticorrupción de la entidad, en donde se encuentran los funcionarios, peritos e investigadores más capacitados:
Tecnología "No tengo miedo a que me demanden": Abudinen sobre contrato de Centros Poblados Investigación Metro de Bogotá: han saqueado 200 de los predios adquiridos para la primera línea Economía Abren proceso de responsabilidad fiscal por cuestionado contrato de Mintic Economía Contrato Mintic: empresario asegura que existe otra suplantación en un anticipo Economía Mintic embargó bienes y cuentas por $70.000 millones a cuestionado excontratista
El debate de la moción de censura

El 20 de agosto la Superfinanciera despertó ante tamaña telaraña y expidió una circular que ordenaba facilitar los procesos para verificar la autenticidad de garantías y que las entidades públicas lleven a cabo esa validación. Una vez más, increíble, pero cierto, y más aún cuando se trata de recursos públicos que debemos cuidar entre todos. El ente de control pidió a las entidades vigiladas "disponer de un punto de contacto telefónico o virtual para que las entidades del Estado puedan solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean pertinentes".

Cuatro días después en un debate de control político, en la Comisión Sexta de Senado, Karen Abudinen anunció que, tras la caducidad, ETB asumirá la conexión de las escuelas rurales y calificó a los contratistas de la Unión Temporal Centros Poblados como "delincuentes". Sí, ETB, justo había resultado en segundo lugar después de que le adjudicaran el millonario contrato a Centros Poblados. ETB emitió un comunicado en el que señalaba que, junto con Skynet, mantiene su oferta y está dispuesta a asumir el contrato.

La Procuraduría apareció en escena. Como ente de control, su labor estaba enmarcada en la apertura de una investigación en contra de la ministra Karen Abudinen por las irregularidades en los contratos celebrados para la construcción de centros digitales. Perola Red de Veedurías Ciudadanas Bien Común recusó a la procuradora Margarita Cabello porque, advirtió, Cabello tenía una relación personal con la ministra. "Que se separe de forma inmediata de todo lo concerniente a esta investigación", detallaba el documento de 11 páginas.

Con la Contraloría y la Procuraduría haciendo lo suyo, esta última ya había abierto una indagación preliminar que "actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación", también contamos qué estaba haciendo la Fiscalía: "la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía realizó en la tarde del martes 24 de agosto, una inspección en la sede de Mintic para recaudar la documentación relacionada con el contrato suscrito entre Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados. Según explicó el ente investigador, la inspección se extendió por varias horas y en el trascurso de esta fueron entregados documentos físicos y material en medio magnético", nos contaron nuestros colegas de la sección Judicial.

Al día siguiente pasó otra decisión judicial que, por el fondo y por la forma, también era noticia nacional. El mismo juez de tutela del Atlántico que había suspendido la caducidad del contrato, tomó una nueva decisión: rechazó la tutela presentada por la Unión Temporal Centros Poblados y le entregó el expediente a otro juez. Se trata del Juzgado 1° de Puerto Colombia quien entregó el expediente de tutela al Juez Octavo Civil de Circuito de Barranquilla, el competente natural para resolver el debate.

Mientras el país veía este lleva y trae de la justicia colombiana, el Gobierno aseguró que el contratista, con por lo menos cuatro tutelas, está dilatando todos los procesos que se adelantan en el marco de la investigación. Aparecieron responsabilidades contra la interventoría, quien también está rindiendo cuentas ante el Ministerio. Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y el apoderado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci, en una rueda de prensa aseguraron que la caducidad no era procedente y que el Mintic había prejuzgado. La Procuraduría le mandaba mensajes al juez de Barranquilla, y apareció también, públicamente, el banco Itaú para aclarar que las garantías bancarias en el contrato tenían un contenido, forma, numeración y firmas que no corresponden a las usadas por la entidad en este tipo de procesos:
Economía "La culpa es de Ud. como cabeza del Mintic": citante al debate de control político Economía Centros Poblados no descarta demanda contra el Estado Judicial Caso MinTIC: Procuraduría pide a juez de tutela no hacerle caso a Centros Poblados Economía Banco Itaú insiste en que garantías del contrato de Centros Poblados eran falsas
El 27 de agosto apareció en medio de todo este debate la agencia de seguros que estuvo en la mitad de todo esto. Rave, como se llama, afirmaba que no tramita ese tipo de documentos ( garantía bancaria ) y que no conoce a Jorge Molina, el intermediario mencionado por el contratista (Unión Temporal Centros Poblados) acusado de presentar la garantía falsa para quedarse con el contrato que supera el billón de pesos. "La compañía no emite, nunca ha emitido, ni intermediado en la expedición de garantías bancarias", decía en el comunicado de prensa.

Pocos minutos habían pasado cuando la Procuraduría abrió un nuevo capítulo: las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados tienen, además, ocho contratos con el Estado que estarían en alto riesgo de afectación. Centros Poblados está conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%). Todos los detalles de esta denuncia están aquí.

La ministra ha sido enfática en que gracias a su gestión y a sus adelantadas acciones es que se logró evidenciar los problemas de este contrato y las consecuencias graves que todo esto ha traído para el país. A decir verdad, es que esa es su labor, velar porque los recursos de los colombianos estén bien invertidos. Y eso implica no sólo buscar el flotador cuando el barco se está llenando de agua, sino saber navegar el barco para no estrellarse y averiar el casco para que se meta el agua y nos ahoguemos todos. Lo dijo también otro editorial de El Espectador: La negligencia no se borra con una diligencia tardía. Allí decía: "¿Nadie en el Mintic responderá por esa incapacidad para proteger los recursos de los colombianos? ¿Con qué cara se le presentan al país y le aseguran que algo así no ha ocurrido en el pasado ni volverá a pasar? No, no basta con tratar de recuperar el dinero; ni siquiera con recuperarlo en verdad, lo cual hoy no parece sencillo. La negligencia del proceso no se borra con remiendos tardíos".

El domingo 29 de agosto la sección de Economía habló con Ernesto Matallana, apoderado de la interventoría, y Eliécer Mora, representante legal del consorcio, quienes dijeron contar con evidencia aportada por Centros Poblados con la que se probaría que 840 centros digitales han sido instalados (aunque la Unión Temporal afirma que son 1.002). Ese mismo día, porque no se tenía una declaración de ellos antes, recordaron que la diligencia en contra de Centros Poblados, en la que se reveló el asunto de la garantía tachada de falsa, surgió de un incumplimiento por parte del contratista pues el 30 de abril tendría que haber reportado, con fotos, videos y documentación, 773 puntos instalados. ¿Pero qué pasó? Que no reportaron ninguno, pidieron un nuevo plazo para cumplir la meta argumentando una situación de fuerza mayor, pero según el análisis del interventor, no era procedente". Le pidieron al Mintic hacer una inspección física para comprobar que el dinero del anticipo no se "perdió", pero el ministerio ya declaró la caducidad del contrato y la revisión de la tutela que podría cambiar esa situación sigue en manos de un juez en Barranquilla.

Para la primera semana de septiembre, como lo dijo el Ministerio, por la declaración de caducidad del contrato y la entrega del mismo a la ETB, se archivó el proceso contra Centros Poblados. ¿Eso qué quiere decir? "Que las eventuales multas y el seguimiento al cumplimiento del contrato aplican cuando este está vigente. Sin embargo, caducado el contrato, este se considera terminado y por lo tanto ya no se puede exigir cumplimiento de las obligaciones contractuales ni multar para apremiar la ejecución de estas". Por el lado judicial, se esperaba la decisión del juez de Barranquilla, las actuaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Y entonces llegó el debate de moción de censura, hicimos análisis políticos sobre la respuesta del Gobierno a este tipo de escándalos, del mensaje que uno de los congresistas le envío a sus colegas por el manejo que se le estaba dando a este caso y hasta del reclamo de la misma ministra TIC porque dijo ser víctima de matoneo digital y le pidió explicaciones a la Real Academia, instándola a desmentir que su apellido sea un sinónimo de 'robar' o 'estafar':

Política
https://www.elespectador.com/politica/abudinen-y-carrasquilla-los-apoyos-de-un-gobierno-resignado/
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https://www.elespectador.com/politica/en-vivo-debate-de-mocion-de-censura-contra-la-ministra-karen-abudinen/
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https://www.elespectador.com/politica/la-leccion-de-gabriel-santos-a-su-partido-y-a-la-mintic-en-la-mocion-de-censura/
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https://www.elespectador.com/politica/karen-abudinen-a-la-rae-mi-apellido-no-puede-ser-utilizado-para-degradarlo/
En la edición del domingo pasado, María Alejandra Medina nos contaba en reportaje hecho en terreno lo que se había encontrado en varios de los puntos en los que debían existir puntos de internet incluidos en el ya sonado contrato. Lo tituló: "Error 404: en el corazón de los Centros Digitales del Mintic" Y lo resumió de manera sencilla y contundente: "Recorrimos cuatro de las sedes educativas asignadas al excontratista hoy investigado: Centros Poblados. Equipos instalados y prendidos, y otros botados y olvidados, el común denominador en esta historia sin internet".

Dos días después el país se enteró de la renuncia de Adriana Meza y Sandra Orjuela, la secretaria general y subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, respectivamente. Las dos lideraron la audiencia de adjudicación del proceso. Dos salidas que se sumaron a la de Camilo Jiménez Santofimio, quien trabajaba como director de Infraestructura y quien además fue supervisor de este cuestionado negocio. No hay que olvidar, por ejemplo, que este contrato se lo ganó Centros Poblados sin tener la experiencia más sólida y demostrada en el sector TIC, y que este 8 de septiembre la Procuraduría radicó una acción popular para el reembolso de los $70 mil millones.

Les contaremos todos los detalles de lo que viene sobre este caso en www.elespectador.com y, al final, sobre quién asume la responsabilidad de este lamentable hecho que entra a sumarse a la larga lista de casos de corrupción que vivimos denunciando a diario en Colombia siempre tratando de proteger los recursos de todos. Por ahora ya se rumora la renuncia de la ministra Karen Abudinen, pero no ha salido la información oficial de Casa de Nariño.

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Edwin Bohórquez Aya Periodista. Gerente Digital de El Espectador, @EdwinBohorquezA ebohorquez@elespectador.com

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La historia del escándalo del Mintic, Karen Abudinen y Centros Poblados

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Un caso que puso al descubierto el fallido contrato de Centros Poblados y que hoy tiene en el ojo del huracán al Mintic y a la ministra Karen Abudinen.

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El pasado 28 de marzo la Contraloría General de la República reveló una investigación preliminar sobre los retrasos que se están presentando en los proyectos de infraestructura educativa en varios municipios del país. "Los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan además, en algunos casos, costos exagerados", dice el comunicado de prensa.

El costo que se estimó en promedio para construir un aula escolar es de 146 millones de pesos, sin embargo, la investigación de la Contraloría señala que hay varios casos donde se evidencia un gran desfase. Por ejemplo, en la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, se construyeron tres aulas con un promedio de mil millones de pesos, seis veces más de lo presupuestado inicialmente. Así mismo ocurre en Atlántico, donde el costo promedio por aula supera los 500 millones de pesos.
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La Contraloría buscar determinar si hay un desfalco al erario, pues los recursos que se utilizan para la construcción de estas obras se encuentran en un fondo del Ministerio de Educación (FFIE) el cual recoge dineros de los municipios y del gobierno nacional.

Desde el 18 de enero el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrate, declaró el impacto nacional de los hechos y desde eso las denuncias han aumentado. Además, el organismo de control ha recibido órdenes de jueces de tutela que le han pedido que intervenga para hacer las debidos verificaciones. Sin embargo, este es un tema para coger con pinzas y, por el momento, es difícil hablar de un 'carrusel de las escuelas'.

El tema es complejo y la maleza es mucha. Las diferentes partes implicadas se echan la pelota caliente entre sí y nadie asume responsabilidades. Los municipios aseguran haber hecho el aporte al fondo de financiamiento, mientras el Ministerio de Eduación dice que está investigando el estado en que el gobierno anterior dejó las obras.

Mota Engil, el contratista con más cantidad de adjudicaciones dice que sí tiene la capacidad financiera para cumplir con los 252 colegios que tiene a su cargo y que los atrasos se deben "a un conjunto de situaciones, algunas ajenas al contratista, y también a dificultades operacionales y logísticas", dijo el contratista a SEMANA. En el caso del FFIE, SEMANA ha intentado comunicarse con el gerente pero hasta la fecha no ha sido posible.
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Los que es real es el atraso que sufren 7 de cada 10 colegios en obra en el país que hacen parte del plan de Jornada Única que implementó el gobierno pasado y son los estudiantes los que sufren directamente las consecuencias. ¿Cómo se llegó a esto?
Jornada Única
En 2015 el Ministerio de Educación atendió al llamado del Presidente Juan Manuel Santos para crear lo que se conoce como la jornada única en los colegios públicos del país. "Menos tiempo en la calle y más tiempo en el colegio", así se resumen el propósito de alargar el tiempo de la jornada escolar en este plan de gobierno.

Para lograr esto fue necesario la creación del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) el cual recogería el dinero para la construcción de los 'mega colegios'. El acuerdo firmado entre cada municipio y el FFIE, establecía que las Entidades Territoriales deberían aportar el 30% de los recursos y el Ministerio de Educación, a través del Fondo, el 70%.
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El gobierno de Juan Manuel Santos estimó que para poder cumplir con la implementación de la jornada única, era necesario construir 50.000 aulas en todo el país, sin embargo, se propuso entregar solo 30.000 durante su mandato y dejar el resto al gobierno que le seguía. Para esto se estimaba un presupuesto total de 4,5 billones de pesos
El cambio de gobierno
Con la llegada de a la Casa de Nariño, la administración del FFIE también cambió. Con el propósito de mirar qué había dejado el gobierno anterior y constatar en qué estado iban las obras, el MEN realizó una evaluación a 424 de los 531 colegios que se estaban adelantando en 235 municipios del país.

Los resultados arrojaron que 369 de 531 colegios tienen grandes atrasos en su construcción. Tan solo 73 fueron terminados y entregados antes de acabar el 2018. En término de aulas, esto se traduce a 1.310 salones de los 30.000 que esperaba entregar la administración Santos antes de terminar su periodo.

De esos 369 proyectos, 162 tienen un nivel de riesgo medio, esto significa que el atraso en su ejecución es menor al 10 % de lo programado. 57 presentan un nivel de riesgo medio-alto, lo que significa un atraso entre el 11% y el 20%. Finalmente, la cifra que más preocupa es la de 352 colegios que tienen un nivel alto de riesgo, con graves problemas de ejecución (el texto continúa abajo).

Además, el gobierno actual llama la atención sobre una concentración del 63% de los 531 proyectos contratados en sólo dos firmas constructoras. Una de ellas ejecuta 252 y la otra 87 contratos.

Frente a estos resultados el MEN asegura que está realizando varias acciones para "llevar las obras a feliz término". Por ejemplo, ha iniciado 108 procesos jurídicos por incumplimiento contra los contratistas y ha aprobado 25 cesiones de obra a nuevos contratistas para que las obras se puedan reactivar.

Además, se han modificado los procedimientos y políticas del FFIE para así cambiar la manera en que se adjudican las obras a ciertos contratistas, "esto permitirá que no se asignen obras a los contratistas que han demostrado un desempeño contractual", dice la cartera.

Las voces críticas no dudan en calificar este acto como un frenazo a las obras que se venían adelantando, que si bien sí tenían retrasos, parar el proceso para revisar cada uno de los proyectos, dilata aún más la entrega de resultados.
Consecuencias

Los retrasos en las construcciones en cada municipio han generado diversas contingencias, pero en términos generales, los directamente afectados son los estudiantes cuyos colegios ya han sido demolidos y aún están a la espera de recibir las nuevas aulas. Para la muestra, dos casos particulares.

Al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) le corresponden 36 colegios en total, es decir, 1.000 aulas nuevas y mejoradas. - Envigado (Antioquia): Para esto era necesario que cada municipio aportara el 15% y el AMVA el otro 15% de los recursos necesarios para las obras. Esto significó un total de 41.000 millones de pesos. El FFIE tuvo que aportar el 70% que corresponde a 133.000 millones de pesos para acumular un total de 223.000 millones de pesos.
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De esos 36 colegios solo hay uno finalizado en el municipio de Barbosa, 14 están en fase de construcción, 17 están demolidos y con el terreno listo para construir y cuatro aún están en trámite para la licencia de construcción. Para medir el termómetro de la situación, SEMANA habló con la administración de Envigado, a quien le corresponden tres proyectos, de los cuales solo uno ha iniciado su construcción. Hay dos grandes preocupaciones por parte de las autoridades.

En primer lugar, los alumnos de las dos instituciones educativas demolidas (Normal Superior de Envigado y Jose Miguel de la Calle) están distribuidos en otras dos escuelas del municipio. Esto ha generado que lo estudiantes visitantes tengan su jornada en la tarde mientras que los alumnos de casa acortan su jornada diurna para compartir sus aulas con los alumnos que llegan después de almuerzo.

"Los padres de familia tuvieron que cambiar sus horarios. Los niños que antes entraban a las 6:30 am y salían a las 2:30 pm, ahora tienen que entrar a las 12 del medio día y salir a las 6:00 pm. Esto es un inconveniente no solo para los estudiantes, sino para todo el cuerpo directivo, profesores y padres de familia que tienen que cambiar sus agendas para ajustarse a la nueva jornada", dijo el secretario encargado de Educación de Envigado, Bernardo Gutiérrez Muñoz.

En segundo lugar la secretaria de obras públicas manifiesta que se han presentado algunos sobrecostos mientras se atiende la contingencia, pues para poder atender la llegada de casi mil estudiantes más en cada institución se tuvo que hacer algunos ajustes a las aulas y un mantenimiento general. Además, tener un colegio funcionando casi 12 horas los cinco días de la semana, lo que genera un recargo en la cuenta de los servicios. Esta contingencia ha generado la deserción de varios estudiantes que han optado por matricularse en otros colegios del municipio.

En este caso, el municipio ya cumplió con los requisitos básicos para que la obra se pueda realizar, esto significa hacer el aporte correspondiente al Fondo de Financiación de Infraestructura Escolar y la demolición de las antiguas escuelas. Sin embargo, aún están a la espera de que el FFIE dé la orden para iniciar la construcción.

la capital vallecaucana está entre la espada y la pared.- Cali: "La autoridad nacional ha manifestado que el retraso es culpa del contratista quien dicen que no tiene capacidad financiera para cumplir con las obras. Por su parte el contratista (Mota Engil) manifiesta que tiene toda la capacidad para cumplir con las obras, que el retraso se debió al proceso de empalme con Graña y Monetero y que ahora no ha podido arrancar con las obras debido a que el FFIE no les ha otorgado permiso para iniciar", señaló la secretaría de Educación de Cali.

Aquí también hay más dudas que certezas. Lo cierto es que son los estudiantes los que sufren las consecuencias más directas mientras se construyen los colegios. En el caso de Cali ha sido necesario alquilar otras instituciones educativas para enfrentar la contingencia, sin embargo hay "niños padeciendo de hacinamiento, en varias de esas instituciones les ha tocado compartir espacios que no cumplen estándares oficiales de calidad para atender a niños, niñas y adolescentes", asegura la entidad.

Hablar de un 'carrusel de las escuelas' es un poco apresurado, sólo la Contraloría podrá establecer si existe un verdadero descalfo a los dineros públicos. Mientras tanto, se espera que el ministerio de Educación haga efectivos todos los mecanismos que tiene a su disposición para acelerar los procesos y cumplir con las metas presentadas desde el gobierno anterior.

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¿Es posible hablar de un "carrusel de las escuelas"?

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El pasado 28 de marzo la Contraloría General de la República reveló una investigación preliminar sobre los retrasos que se están presentando en los proyectos de infraestructura educativa en varios municipios del país. "Los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan además, en algunos casos, costos exagerados", dice el comunicado de prensa.

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