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1) Fortalecer una economía que estimule la inversión privada, incrementar la capacidad de recaudar impuestos por parte del Estado y contrarrestar las fuerzas del narcotráfico. 2) Reposicionar la imagen de Colombia en los mercados internacionales.

3) Buscar la paz.

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El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica, del país; también como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto tanto de grupos paramilitares, guerrillas y delicuencia organizada (carteles de drogas y grupos armados organizados).

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EL NARCOTRÁFICO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA

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EL NARCOTRÁFICO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA

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El narcotráfico en Colombia ha creado un profundo vínculo con el desarrollo social ya que desde sus inicios algunos integrantes de estos grupos tenían sus raíces en familias de escasos recursos, como es el caso del extinto narcotraficante Pablo Escobar lo que ha llevado a incluir a los traficantes de drogas en sus organizaciones a personas de bajos recursos económicos, los cuales son utilizados como elemento base en la cadena de producción y distribución que en algunos casos son enviados al exterior con drogas dentro de su cuerpo a los cuales se les denomina “mulas”, otros de estos jóvenes son utilizados para actividades terroristas como el sicariato, el secuestro y el desplazamiento forzado. Según lo señala Alejandro Reyes Posada, los narcotraficantes "se enfrentan a un doble reto: establecer por sí mismos la dominación social, al legitimarse como élite que reorganiza las relaciones sociales del campo; y modernizar la producción agropecuaria, mejorando el nivel de vida a los trabajadores rurales y abasteciendo los mercados internos y externos".

El gran flujo de efectivo ilícito en las décadas de los 80´s fue un factor jalonador de la economía Colombia que estallo en la crisis económica de 1993, después de la muerte del “Lider” Pablo Escobar Gaviria y la Detención de los hermanos Rodríguez Orejuela y Fabio Ochoa, ya que dentro de los negocios ilícitos muchos de ellos consistía en el lavado de activos y empresas fachada, que permitían dar empleo a gran cantidad de Colombianos que sin saber la procedencia de dichos dineros, se beneficiaban económicamente por medio de su salario.

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El narcotráfico en Colombia, especialmente desde los años 80, ha generado una cultura propia, marcada por la búsqueda de dinero fácil y la ostentación. Esta "cultura mafiosa" no solo promueve la obtención de poder y reconocimiento a través de actos ilícitos, sino que también influye en la sociedad, especialmente en jóvenes que ven en figuras como Pablo Escobar un modelo a seguir.

El fenómeno ha llevado a una "cultura del atajo", caracterizada por la ilegalidad, corrupción y clientelismo, y afecta a todas las clases sociales, incluso a funcionarios públicos que buscan beneficiarse al ignorar sus deberes. Esta cultura ha cambiado la percepción del éxito, desligándolo del esfuerzo y vinculándolo a la violencia y al narcotráfico, deteriorando valores como el cumplimiento de la ley y la justicia.

A su vez, la sociedad colombiana ha mostrado cierta tolerancia hacia estos actos, en parte por miedo y en parte por los beneficios indirectos que reciben de actividades ilícitas.

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Protegen derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y similares reglados por la ley o los que originan daño a un número plural de personas. Característica: Judicial Ordenará bajo aprecios su cumplimiento, Pretende protege derechos consagrados en la ley y en especial a los tercera generación .

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"Hemos sido una nación víctimas de la corrupción y la maldad, pero eso NO representa la hermosa calidad humana de la mayoría de los Colombianos"

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"Hemos sido una nación víctimas de la corrupción y la maldad, pero eso NO representa la hermosa calidad humana de la mayoría de los Colombianos"

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“Sin importar lo oscuro del panorama. Siempre lucharemos contra esta plaga del Narcotráfico que no podrá opacar la belleza de un hermoso país como los es Colombia”

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Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011)

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Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011)

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Hola, Daniela. Al leer tus publicaciones en este padlet, coincido en que esta problemática ha sido una de las más importantes en Colombia en los últimos años, impactando significativamente a las comunidades rurales y el conflicto armado. Los grupos dedicados al narcotráfico suelen causar desplazamientos forzados, controlar territorios y amenazar a quienes se oponen a sus actividades. Esto hace que las víctimas necesiten atención especial y garantías de seguridad para poder retomar sus vidas en paz.

Acción de Cumplimiento para la Protección de Derechos de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos:

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011)

La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es una legislación clave en Colombia que reconoce, protege y repara a las víctimas del conflicto armado. Esta ley oficializa el daño sufrido por quienes han sido afectados por violencia como desplazamiento forzado, desapariciones, homicidios, tortura y otras violaciones de derechos humanos, en gran parte causadas por el conflicto armado y actividades ilegales como el narcotráfico.

Mediante una acción de cumplimiento, los afectados pueden exigir al Estado la implementación de medidas de seguridad efectivas.

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Una acción ciudadana que promueve los mecanismos de protección de derechos en contra del narcotráfico es la formación de comités de vigilancia comunitaria para denunciar actividades ilícitas y proteger los derechos colectivos de seguridad y paz en sus territorios, así como la colaboración con autoridades y organizaciones de derechos humanos para implementar programas de prevención y educación sobre los efectos del narcotráfico en la comunidad.

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Una acción ciudadana que promueve los mecanismos de protección de derechos en contra del narcotráfico es la formación de comités de vigilancia comunitaria para denunciar actividades ilícitas y proteger los derechos colectivos de seguridad y paz en sus territorios, así como la colaboración con autoridades y organizaciones de derechos humanos para implementar programas de prevención y educación sobre los efectos del narcotráfico en la comunidad.

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Los narcotraficantes buscaron muy pronto protección política y judicial, por lo que compraron campañas políticas y operadores de la justicia, así como militares. Usaron sus ejércitos privados para defender sus intereses a sangre y fuego. Esos cuerpos privados podían ser fácilmente movilizados, dado que, desde 1965, la ley de Defensa Nacional permitía a las unidades militares armar a civiles.

Según el expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) en conversación pública con la Comisión de la Verdad, la financiación de las campañas con dineros del narcotráfico se incrementó a partir de 1974.

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El cultivo de dichas drogas puede afectar negativamente al suelo y al agua debido al uso masivo de fertilizantes y pesticidas. Además, las etapas finales de procesamiento, incluidos los tratamientos químicos y los residuos, también pueden contaminar el aire. Por último, algunos métodos de riego pueden acelerar la salinización del suelo, es decir, la acumulación excesiva de sales en el suelo. Por último, cabe señalar que la huella de carbono del cultivo de cannabis en interiores es considerablemente mayor que la del cultivo en exteriores (entre 16 y 100 veces mayor).

La huella de carbono por kilo de cocaína producido es significativamente mayor que la de los cultivos legales: por ejemplo, es 30 veces mayor que la de los granos de cacao y 2.600 veces mayor que la de la caña de azúcar. Esta huella está determinada principalmente por el cultivo del arbusto de coca (60 %), la extracción de alcaloides (24 %) y la eliminación de residuos (14 %).

A nivel mundial, las emisiones totales vinculadas a la fabricación de cocaína se estiman en 8,9 millones de toneladas de carbono equivalente al año, lo que corresponde a las emisiones medias anuales de más de 1,9 millones de vehículos de combustión interna.

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El poder económico de las organizaciones constituidas para la producción de estupefacientes en Colombia, ha logrado permear la política y desfigurar su noble labor de hallar solución a las principales problemáticas que aquejan a nuestro territorio. Es imperioso establecer mecanismos que garanticen la integridad ética de los principales actores políticos en nuestro país, para retornar a la construcción de una sociedad digna, moralmente valiosa y próspera materialmente.