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La problemática del desempleo juvenil, es una problemática social significativo y caracterizada en Ibagué Tolima, por las altas tasas de desempleo entre jóvenes de 15 a 28 años, superando el promedio nacional. Hay muchos jóvenes se ven forzados a empleos informales o de baja de calidad, sin estabilidad y ni beneficios laborales. En esta situación no solo repercute el bienestar económico de los jóvenes, sino también en su desarrollo personal y profesional, en esto generan frustración, la baja autoestima y, en algunos casos el desplazamiento hacia las actividades informales e ilegales. Y, además, el desempleo juvenil tiende a perpetuar ciclos de pobreza y exclusión social, ya que los jóvenes que no tengan suficientes ingresos, tienen menos probabilidades de acceder a la educación superior o de mejorar sus condiciones de vida.

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¿Qué mecanismo de protección de derecho podría aplicar en la problemática seleccionada?

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¿Qué mecanismo de protección de derecho podría aplicar en la problemática seleccionada?

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El mecanismo de protección aplicable al desempleo juvenil es la acción popular, que aquellos defienden los derechos colectivos, como el derecho al trabajo y la igualdad de oportunidades. Este recurso permite exigir que las autoridades implementen políticas públicas que favorezcan el desempleo juvenil. Además, usando las herramientas como es desarrollo de petición pueden solicitar información o acciones por parte del gobierno y la acción de tutela, puede usarse si se vulneran derechos fundamentales, como la igualdad o el acceso al trabajo digno para los jóvenes.

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Frases que expresen acciones ciudadanas que promuevan las mecanismos de protección de los derechos 

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Frases que expresen acciones ciudadanas que promuevan las mecanismos de protección de los derechos 

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· Nos unimos para interponer una acción de tutela que proteja nuestro derecho a la igualdad y a un empleo digno.

· Presentamos una acción popular para que el Estado cumpla con su deber de ofrecer oportunidades de trabajo digno para los jóvenes.

· Exigimos a las autoridades locales políticas públicas que fomenten el empleo juvenil y garanticen condiciones laborales justas.