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El Convenio de Colaboración Administrativa establece las formas en que los gobiernos estatales y municipales colaboran con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la administración de impuestos federales. En el Convenio se precisan las facultades y obligaciones que asumen los gobiernos locales, así como las reglas del Sistema de Compensación de Fondos y Rendición de Cuenta. El Convenio ha sido adicionado con una serie de Anexos que lo complementan. En México, estos convenios, en materia fiscal, son regulados a través de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México, es uno de los instrumentos mediante el cual se ejerce el Federalismo mexicano, el que, para el caso del país, se puede concebir como el acuerdo en el que las Entidades Federativas, por voluntad propia, ceden a la federación porciones de su poder para constituir una unión nacional.

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En el año de 1925, los funcionarios de hacienda de los niveles de gobierno Federal y Estatal, quienes plantearon la separación de las fuentes impositivas, propuestas por técnicos norteamericanos e ingleses, sobre la base de una distribución equitativa de ellas; y la eliminación de prácticas alcabalatorias en la imposición local.

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Durante 1933, se retomaron los argumentos y proposiciones fijados en la primera convención, haciendo énfasis en el problema de la "concurrencia impositiva" y en las "guerras económicas para captar recursos" entre los tres niveles de gobierno.

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En apoyo a las recomendaciones formuladas en las dos Convenciones Nacionales, nuevamente, la Federación promovió reformas constitucionales, prosperando únicamente la modificación al artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica, con lo que los impuestos sobre esta fuente pasaron a ser exclusivos del gobierno federal.

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En 1942, se adicionó al artículo 72, fracción X, la facultad al Congreso de la Unión para legislar sobre: industria de tabacos en rama y elaborados, y determinar la cuota y el porcentaje de impuestos correspondiente a las entidades federativas y los municipios.

Se adicionó también al artículo 73, la fracción XXIX.

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Con el propósito de dar solución al aspecto de la distribución de competencias de los niveles de gobierno en materia fiscal, y al problema de la concurrencia lícita, se realizó la Tercera Convención Nacional Fiscal en 1947, en la cual se lograron los siguientes acuerdos y resultados.

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En los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los cuales se definen como el instrumento jurídico de coordinación tributaria entre las entidades federativas y la Federación, se acuerda entre cada entidad y la SHCP que los estados recibirán porcentajes fijos de todos los impuestos federales a cambio de la suspensión de los impuestos estatales y municipales que contraríen las limitaciones señaladas en las leyes sobre impuestos que sólo puede establecer la Federación de acuerdo con la Constitución.

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Para 1979 el sistema se tornó estático, pues la legislación especial en lo relativo a la coordinación se volvió obsoleta y el sistema de participaciones e impuestos federales era complejo e irregular, lo que condujo a la necesidad de crear el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal mediante la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal, que entró en vigor en 1980, con excepción de lo referente a los Organismos en Materia de Coordinación, que iniciaron funciones desde 1979.

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El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) está integrado por:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que designa a los representantes del SNCF.

La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

La Junta de Coordinación Fiscal.

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La armonización y simplificación fiscal son procesos que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar la doble imposición.

La armonización fiscal consiste en establecer normas y criterios uniformes en materia fiscal entre diferentes jurisdicciones.

La simplificación fiscal implica adoptar decisiones de orden jurídico y administrativo para sistematizar y racionalizar el régimen legal de la materia. Dicho de otra forma, implica la fácil comprensión y aplicación de la legislación tributaria.

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La distribución de las participaciones fiscales se realiza a través del SNCF, el cual establece cómo se reparten los recursos que recauda el gobierno federal entre los municipios y las entidades federativas. Los criterios para fijar el importe de estas transferencias dependen del tipo de fondo de que se trate.

Los ingresos de los estados que provienen de las participaciones del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y de las participaciones en ciertos impuestos, no están condicionados en cuanto a su gasto. Pero los ingresos que provienen de los fondos de aportaciones federales sí están condicionados.

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Las aportaciones federales se distribuyen a través de fondos como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones Múltiples, entre otros.

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Normatividad para la operación de organismos

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Normatividad para la operación de organismos

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Son las que establecen las bases jurídicas y normativas para la integración y operación de los organismos del SNCF, así como para la creación, funcionamiento y extinción de los Comités y Grupos de Trabajo.

Dentro de estas se encuentra, en primer lugar, la Ley de Coordinación Fiscal, seguida por el Reglamento Interior de los Organismos del SCNF, Reglas de Integración y Operación de los Grupos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Reglamento del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales, entre otras.

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Son los ordenamientos que establecen las bases constitucionales, jurídicas y normativas del SNC, así como de la coordinación y colaboración intergubernamental en otras materias hacendarias: Coordinación de Ingresos, Coordinación de Gasto, Disciplina Financiera, Contabilidad Gubernamental, Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas.