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Parte (a): Objetivo del articulo original.

Parte (b): Objetivo de la propuesta de investigación.

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RED 2022 - Capítulo 2. Las múltiples dimensiones de la movilidad social: diagnóstico para América Latina y el Caribe

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This edition of the Report on Economic Development (RED 2022) analyzes the problem of persistent inequality from a new perspective, which makes it ...

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(Parte a) Objetivo del articulo original

Determinar la influencia que ejercen los gastos de gobierno en salud y educación en el crecimiento de la economía panameña a través de datos de corte longitudinal para los años 1996 a 2019.

(Parte b) Objetivo de la propuesta de investigación

Establecer los factores determinantes de la eficiencia del gasto publico en salud a nivel departamental para Colombia

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El gasto público en salud y educación y su influencia en el crecimiento económico en Panamá, 1996-2019 – DOAJ

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El objetivo principal de la investigación consistió en determinar la influencia que ejercen los gastos de gobierno en salud y educación en el crecimiento de…

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Link 1: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340982003

Link 2: https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23502

(Parte a) Objetivo articulo original 1:

Busca evaluar la posibilidad de implementar un sistema de pensión universal proporcional para México. Principalmente, se plantea como una alternativa para poder incentivar la formalización, ampliar los ingresos de aquellos que no lograron cumplir los requisitos para la pensión normal y disminuir el gasto publico. Para ello, se plantea un modelo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para 2010.

(Parte a) Objetivo articulo original 2:

Analizar el sistema de pensiones en el Ecuador y las características generales de este. Específicamente, busca señalar las principales variables sociodemográficas que determinan la probabilidad de estar cotizando en el sistema provisional del IESS.

(Parte b) Objetivo de la propuesta de investigación:

Realizar un análisis del caso pensional colombiano para poder establecer la capacidad para acceder a una pensión en el futuro (basado en la cotización y posible ingreso próximo) y analizar la viabilidad de un sistema de pensión universal proporcional para Colombia. Con ello se busca evaluar la cobertura del sistema actual y un posible sistema alternativo.

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programas asistenciales para adultos mayores

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PENSIÓN UNIVERSAL PROPORCIONAL. Una propuesta para México

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Contributory pension system coverage has been historically low. High mobility between formal and informal sector results in low contribution density which does not guarantee a minimum pension. The state has created cash transfer programs, which can disincentive formality. This paper proposes a proportional pension for formal employees, which replaces the fixed cash transfer, following the experience of Chile (2008).

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(Parte A) Objetivo del artículo original

Este documento busca visibilizar la importancia que tiene las mujeres pobres para la creación de políticas que tienen como objetivo la superación en niveles de seguridad alimentaria. Evidenciar que la participación de las mujeres en cualquier área social ha sido bastante eficaz para promover los cambios culturales y sociales y así erradicar las desigualdades

(Parte B) Objetivo de la propuesta del artículo

Identificar y explicar los determinantes que limitan la participación de las mujeres en las esferas sociales los cuales generan la pobreza y de desigualdad de género. Lo anterior, enfocado en el impacto del desplazamiento forzado como un determinante de pobreza en las mujeres. De esta manera brindar una base hacia las políticas que deben ejecutarse para la disminución de la desigualdad de género a corto, mediano y largo plazo.

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Similares en SciELO

Dossier: Crisis alimentaria: abundancia y hambre

Entre las desigualdades de género: un lugar para las mujeres pobres en la seguridad alimentaria y el combate al hambre

* Doctora en Antropología Social por la Université Laval, Québec. Profesora–investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Para entender hasta qué punto es nociva la desigualdad de género,
tenemos que ver más allá de la difícil situación de las mujeres y
examinar los problemas que el trato asimétrico contra ellas origina
también para los varones. Los distintos tipos de inequidades tienden,
por último, a alimentarse unos a otros, y debemos ser conscientes de
sus conexiones.

El presente trabajo analiza las condiciones de inequidad y desigualdad social a las que una gran parte de las mujeres pobres de los países del hemisferio Sur en lo general y en específico las mujeres rurales de México, se enfrentan para poder sortear una serie de obstáculos impuestos por una violencia estructural y lograr satisfacer las necesidades alimenticias de sus familias y/o evitar el hambre. A partir de tres fenómenos de la desigualdad: explotación, discriminación y exclusión, este documento explora cómo estas mujeres pobres van cobrando visibilidad en varias dimensiones políticas del desarrollo social, en las cuales se diseñan programas de combate a la pobreza y al hambre. Se concluye que la seguridad alimentaria y el género son temas insolubles frente a las violencia estructural que mantiene relaciones de poder, asimetrías y jerarquías en los proceso locales sometidos a reglas de procesos más amplios y globales.

Palabras clave: desigualdades sociales, género, pobreza, seguridad alimentaria, hambre.

This paper analyses the inequality that women face under poverty and structural violence conditions. Women struggle to provide food to their family or prevent family from hunger. The study focuses on women of the South in general, and on women from rural areas in Mexico, in particular. In spite of inequality conditions which are reflected in women's explotation, discrimination and exclusion, women are becoming visible in policies to combat poverty and hunger. Food security and gender problems cannot be solved under a structural violence which supports power relations, social asymmetries and hierarchies which are immersed on global processes.

Key words: social inequality, gender, poverty, food security.

Este ensayo tiene como finalidad identificar cómo las mujeres pobres del Sur, han logrado cierta presencia en las políticas de desarrollo social que pretenden combatir la pobreza y el hambre, que con un gran componente de desarrollo humano y sustentable se pretende ser parte de una estrategia nacional de seguridad alimentaria a nivel de los hogares. Una vez incorporadas en los discursos globales y nacionales del desarrollo de las últimas dos décadas, al final de este trabajo se toman como eje de reflexión los programas latinoamericanos que intentan mitigar las desigualdades sociales y de género a través de transferencias directas condicionadas a las familias más pobres para que éstas tengan acceso a la alimentación, a la educación y a la salud; ejes sustantivos para combatir el hambre y ampliar las capacidades para salir de la pobreza (PNUD, 1997).

Cabe señalar que gran parte de las experiencias empíricas que dan sustento a nuestros argumentos provienen de estudios realizados en México en lo particular y en América Latina en su dimensión regional, lo cual no excluye algunas experiencias extraídas de países africanos y asiáticos.

LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

Para entender las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres se debe partir del hecho de que se trata de un proceso histórico y complejo de relaciones sociales, basado en la creencia de que las diferenciaciones sexuales, donde lo femenino es inferior a lo masculino, justifican y legitiman relaciones de dominación y privilegios de unos (hombres) sobre otras (mujeres) en todos los referentes sociales: simbólicos, materiales, jurídicos, morales y éticos. Todos ellos apuntalan normatividades que construyen el orden social, las que a su vez justifican ampliamente la distribución inequitativa de las riquezas y del poder. Se trata de una forma primaria de relaciones de poder justificadas por estas normatividades (Scott, 1996).

Estas desigualdades sociales implican, por lo tanto, relaciones de poder que se traducen en procesos de aniquilamiento de la condición humana, las que en sociedades sometidas al colonialismo y poscolonialismo se conciben en procesos históricos más amplios de dominación (Rama, 2001). Para Fernández Enguita (1999) se trata de un conjunto de fenómenos sociales, económicos y políticos diferenciados, como son la explotación (utilización del otro como un medio); la discriminación (desigualdad de oportunidades en cuanto a privilegios y restricciones); y la exclusión (invisibilidad absoluta) (Arzate, 2004).

El género puede ser entendido a partir de las diferenciaciones ideológicas de lo público–masculino sobre lo privado–femenino, así como una categoría generada por desigualdades sociales que restringen el acceso, propiciando el desgaste de la condición humana (Vizcarra, 2005). De esta manera, la explotación como mecanismo de control de una clase sobre otra no sólo se refiere en su dimensión materialista de los procesos de acumulación de riquezas, sino que interioriza entre las clases, los microprocesos que conllevan a la diferenciación social basados en la división sexual del trabajo. En esta diferenciación, el trabajo doméstico femenino que garantiza la reproducción de las fuerzas productivas (trabajo y capital), no es social y económicamente valorado y, por lo tanto, es implícitamente invisible dentro del mismo fenómeno de explotación, lo que comúnmente se denomina la doble explotación (Carrasco, 1999).

A través de procesos históricos coloniales y poscoloniales, la desvalorización del otro(a) se ha fundamentado por posturas etno, andro y egocentristas, dando lugar a la discriminación. En este sentido, las restricciones y arbitrariedades relacionadas con las creencias e ideas que construyen simbólicamente lo masculino con un sesgo superior, prestigio, privilegio y de mayor valor social que lo femenino por estar relacionado a la esfera doméstica o privada, se amplifican, acumulan y multiplican según sean las etiquetas de desvalorización social que se le acuñan a una persona (mujer, pobre, indígena, envejecida, con diabetes, etcétera).

Además de la desvalorización de lo femenino derivado de la división sexual del trabajo, la discriminación que sufren las mujeres por su propia condición de género es más perjudicial que la de los hombres, particularmente en ciertos ciclos de vida doméstica (embarazo, lactancia, vejez); en los procesos de cambio familiar (mono–parentales); en la precariedad del empleo; en las desigualdades salariales entre hombres y mujeres; en la restricción al acceso a la propiedad y al control de los recursos, y en la falta de control sobre sus propios cuerpos en cuanto a sexualidad y reproducción (López y Salles, 2000).

Para superar la vulnerabilidad de las mujeres ante estos fenómenos discriminatorios, así como para evitar la victimización derivada de la explotación doméstica, del mercado de trabajo y de sus cuerpos sexuados, habría que dejar de excluirlas de la toma de decisiones políticas que proponen su inclusión al desarrollo (Rocheleau et al. 1995). A pesar de que en las últimas dos décadas las mujeres que sufren discriminaciones y doble explotación han tomado cierta presencia en los discursos, en los programas y en la institucionalización del género, aún continúan excluidas como actoras sociales y sujetos libres, autónomos y autoreconocibles, puesto que ellas siguen apareciendo sin posibilidad de corregir la posición subordinada en la que se encuentran.

Se puede decir que las desigualdades sociales son generadoras de poblaciones vulnerables, a medida que se construyen necesidades legítimas frente a las carencias de ciertas poblaciones, de tal modo que requieran de una intervención institucional para satisfacerlas. Para Escobar (1995), una vez enclavado el dispositivo de poder del desarrollo, difícilmente las mujeres pobres consiguen escaparse de su construcción social institucional. En este nivel discursivo, las pobres son vistas como carentes de poder y libertades, cuyas incapacidades para incorporarse por sí mismas a sectores productivos, las convierten en sujetos vulnerables que requieren de asistencia y compensación, convirtiéndose de esta manera en población–objetivo (beneficiarias) de programas y proyectos asistenciales, que por su génesis política, no logran resolver las causas que conciben dichas desigualdades en sus tres concomitantes: explotación, discriminación y exclusión.

UN LUGAR PARA LAS MUJERES POBRES

Asimismo, estos estudios tratan de entender cómo y cuándo estas diferenciaciones sexuales se convirtieron en relaciones de poder y por qué las mujeres sufren relativamente más que los hombres el fenómeno de la pobreza y las hambrunas, aun cuando hay fenómenos comunes de marginación, desastres naturales, crisis económicas, discriminación, exclusión, desplazamientos originados por guerras e injusticia social (Barquet, 1997; Gimtrap, 1994; González, 2001; López y Salles, 2000; Salles y Tuirán, 1999).

Por su parte, Bravo (1998) señala que la presencia de las mujeres está relacionada con la función biológica de la procreación, cuya proyección funcional en la reproducción social, condiciona su capacidad para decidir sobre el uso de su tiempo y fuerza de trabajo. En particular, las mujeres rurales indígenas —cuando son madres y esposas–invierten gran cantidad de horas al día para realizar el trabajo doméstico y reproductivo asignado en sus sociedades y que van aprendiendo desde la infancia (Vizcarra y Marín, 2006), como son quehaceres del hogar, la crianza de los niños, el cuidado de la salud de los enfermos y los ancianos del hogar, la preparación de alimentos, las actividades agrícolas de traspatio, el acarreo de agua y leña, el cuidado de los bienes patrimoniales de los hombres, cuando éstos emigran, entre otras tantas responsabilidades que van adquiriendo con la organización tradicional de la comunidad (González y Vizcarra, 2006), y con los programas gubernamentales diseñados para ellas (Pineda et al., 2006; Vizcarra, 2007).

Según Kabeer (1992) la transmisión intergeneracional de la privación y vulnerabilidad es uno de los mecanismos causantes y circulares que reproducen y agudizan la pobreza de las mujeres, por lo que las desigualdades de género, particularmente las referidas al acceso y a la satisfacción de necesidades básicas, no pueden ser comprendidas desde el enfoque holístico de "la pobreza", porque se diluyen las asimetrías de género históricas, presentes y futuras.

Por otro lado, debido a que las responsabilidades domésticas y reproductivas no han disminuido, los sesgos discriminatorios de género, clase, etnia y raza tienden a someterlas casi sin escapatoria a las regulaciones de los diferentes mercados de trabajo (menor salario, inseguridad contractual, reducidas prestaciones, etcétera). La pobreza femenina tiende a multiplicarse en la globalización y, al mismo tiempo, agudiza las desigualdades sociales entre las regiones y los países (Núñez et al., 2004). Aun con programas diseñados para mitigar dichas desigualdades, las mujeres pobres siguen sometiéndose a relaciones de poder que subyugan sus libertades.

En efecto, el lugar que se ha dado a las mujeres al menos en los discursos mundiales o en declaraciones de las cumbres de los diferentes organismos de la ONU o del Banco Mundial, es técnicamente el de sujetos en tanto que se difunde su agencia de cambio, pero a la vez son la población–objetivo cuando se ejecutan las acciones de control como la ayuda alimentaria y el control demográfico para reducir la tasa de fecundidad en zonas reprimidas, pobres y vulnerables (Vizcarra, 2007).

Incluso considerando que la relación entre pobreza y género tiene un efecto multiplicador y transmisor hacia los niños y niñas que viven en esos hogares, las políticas de combate a la pobreza y al hambre continúan ignorando las relaciones de poder que someten a las mujeres a una condición de inferioridad. Por el contrario, generalmente estas políticas creen que para romper el círculo de la pobreza es necesario incorporarlas a los procesos de desarrollo a partir del incremento de oportunidades de acceso, pero sin que descuiden sus roles tradicionales (mismos que las sujetan a una relación de inferioridad), al considerarlas como indispensables para mejorar la situación de pobreza que viven sus familias.

Para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, y basados en "experiencias exitosas" de su incorporación a microfinanciamientos, proyectos productivos y cajas de ahorros, todas las propuestas para combatir a la pobreza venidas de Naciones Unidas y de organismos mundiales financieros como el Banco Mundial, impulsaron programas con perspectiva de género. Por un lado, estos programas pretenden proveer ciertas capacidades a las mujeres al mejorar su salud y aumentar sus niveles de instrucción escolar y, por otro, a ellas se les diseñan planes de préstamos y subsidios en proyectos que tuviesen el fin de generar ingresos o bien de mejorar la salud y nutrición familiar (Pineda et al., 2006). Asimismo, los gobiernos locales obtienen préstamos públicos, privados, nacionales e internacionales, para poner en práctica estrategias de inversión en infraestructura y servicios básicos, como son equipos sanitarios, vivienda y educación (Moser, 1991). Algunos estudios revelan que estos programas no verán sus resultados a corto tiempo en términos de beneficio social, pues en sus etapas de realización y ejecución inicial, se constata que éstos conllevan una carga extra de trabajo para las mujeres pobres, porque se comprometen a llevar a cabo los programas por ser ellas las poblaciones objetivo, sin abandonar las tareas asignadas por su condición de género (el trabajo doméstico o reproductivo). En muchos casos, al convertirse en jefas de hogar, esta sobrecarga ha empeorado su situación de pobreza y su estado relativo y absoluto de nutrición y salud, precisamente por la falta de tiempo para dedicarse a ellas (Nussbaum, 2002; Molyneux, 2006; Vizcarra, 2007).

Teóricas del género plantearon que el poder o el empoderamiento de las mujeres iba más allá de la independencia económica, o de la visualización de las mujeres como clave del bienestar familiar y por ende de sus localidades (Moser, 1991; Cleeves, 1993; Alberti, 1995; Batliwala, 1997; Kabeer, 1992, 1997; Rowlands, 1997 y Sen, 1998). El esfuerzo ha sido paulatino, y en casos específicos se ha demostrado que el desarrollo de capacidades a partir de acciones individuales o colectivas conscientes de las mujeres, puede aumentar la libertad, el poder y el bienestar de todos, pues además tiende a ampliar el alcance del interés y la preocupación por los problemas sociales (Sen, 2002; Nussbaum, 2002). Pese a estas importantes aspiraciones de la teoría de género, las desigualdades sociales que afectan directamente la vida de las mujeres, no sólo siguen reproduciéndose sino se complejizan colocándolas en situaciones de mayor desventaja, marginación y pobreza.

Entre estas situaciones existe una que nos da herramientas suficientes para analizar las necesidades de asegurar alimentos que permitan a todos los miembros del hogar, gozar de una vida digna que no coloque en riesgo la condición humana de ellas ni de ningún miembro del hogar y comunidad: el hambre.

Se afirma por lo tanto que el hambre no es consecuencia de la carencia de alimentos, sino de desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos y que la pobreza no sólo es la consecuencia de la concentración del ingreso, sino también de la falta de libertades y capacidades de unos y unas para acceder a mejores condiciones de vida (Sen, 1982). Dado que la falta de capacidades o libertades para alimentarse y no sufrir de hambre está estrechamente relacionada con la pobreza, se presume una responsabilidad política del Estado para desarrollar dichas capacidades. Sin embargo, no es suficiente la voluntad política que intenta resolver los problemas de la pobreza con intervencionismos institucionales; se requiere al mismo tiempo una amplia participación ciudadana y una gran comprensión de la compleja dimensión social de comer sin discriminaciones ni privaciones y con libertad (Portier, 1999).

Desde esta perspectiva, es difícil observar el hambre y el fenómeno de las hambrunas desde la óptica técnica. Su explicación multicausal va más allá de las definiciones del hambre momentánea, aguda o crónica. Por un lado, porque intervienen factores culturales, sociales, políticos, geográficos y económicos (Andrien y Beghin, 2001) y por otro, porque cuando el hambre tiene una corelación directa con la pobreza (aunque no unidireccional) refleja desigualdades sociales (Martínez, 2006; Behrman et al. 2004). Se ha reiterado que no todo individuo pobre sufre de hambre, ya que muchas carencias no sólo se expresen en alimentos, sino que pueden hacerse patentes en ingresos, en bienes patrimoniales y en capacidades (Sen, 1999),7 pero poco se ha mencionado de las consecuencias desfavorables que sufre el género femenino ante el mismo fenómeno del hambre.

Por las mismas razones que se conceptualiza la feminización de la pobreza, se ha llegado a proponer la feminización del hambre, la cual cobra relevancia para explicar la tensión que sufren las mujeres frente al hambre familiar, local y/o regional (Kelleher, 1997). La literatura al respecto no es abundante, aunque cada vez cobra más interés en los estudios de género cuando se amplían los análisis hacia las dimensiones de la alimentación y la nutrición (Pérez y Diez–Urdanvia, 2007). En la mayoría de ellos se demuestra que tanto el problema de la desnutrición como el del hambre se viven de diferente manera entre hombres y mujeres en el mismo hogar, en la misma clase, o a pesar de vivir un mismo desastre natural, económico y/o bélico.

Cualquiera que sea el caso, cuando la alimentación diaria no es adecuada a las necesidades nutricionales de cada individuo según su edad, sexo y actividad física, difícilmente el individuo logra mantener un buen funcionamiento del organismo (saludable y reproductible), así como tampoco puede alcanzar el sostenimiento de sus actividades cotidianas en una vida prolongada (Behrman, et al., 2004). En este sentido, cada grupo de edad y cada sexo requieren distintos aportes nutricionales para funcionar saludablemente. Para estos cálculos, los expertos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación y los de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas (FAO/OMS/NU, 1973) consideraron en la década de 1970 el trabajo doméstico de las mujeres como una actividad sedentaria. Después de una década de generación de conocimientos sobre las mujeres rurales del Tercer Mundo, los expertos corrigieron esta mala apreciación del trabajo doméstico. Por ejemplo, gracias a los estudios de la mujer en la década de 1980, se supo que en muchas regiones del mundo las mujeres dedicaban al trabajo doméstico 14 horas al día en promedio, de las cuales 5 horas las invertían en recolectar leña, acarrear agua, recoger plantas y hongos y pastorear pequeños rebaños, otras 4 horas en preparar alimentos y el resto distribuido en trabajos de "ayuda" a la agricultura de subsistencia, lavar ropa, cuidar a los menores y ancianos, preparar ceremonias y ritos comunitarios, entre otras actividades propias de cada región y cultura (véanse los trabajos de Braidotti et al., 1994; y Hombergh van Den, 1992).

Con la nueva clasificación de actividades humanas —ocupacionales (productivas) y discrecionales (improductivas)— se hubiera esperado un justo reconocimiento del trabajo femenino en las zonas rurales; sin embargo, las labores domésticas opcionales fueron comparadas con el ocio y, a pesar de que éstas se subtipifican en ligeras, moderadas y pesadas o intensas, las correcciones no cambiaron la creencia de que el trabajo doméstico requiere de un gran gasto energético, por consiguiente y de nueva cuenta, la actividad doméstica femenina volvió a ser clasificada como discrecional/ opcional/ligera (FAO/OMS/NU, 1985). Desde el punto de vista socionutricional, el marcaje ideológicos de la división sexual del trabajo ignoró en aquella época el desgaste energético que hacen las mujeres rurales de todas edades al realizar las múltiples actividades domésticas y extradomésticas (agrícolas) durante largas jornadas de trabajo, además de que las niñas se incorporan al trabajo doméstico a muy temprana edad y terminan cuando la vida se les agota.

Para evitar tener una sola medida de actividades moderadas, algunos expertos han explorado varias técnicas para diferenciar el promedio requerido de macronutrientes por sexo, estado socioeconómico, región y etnicidad y hasta tratan de integrar los cambios en los estilos de vida frente al mundo globalizado; sin embargo, las recomendaciones de ingesta energético–proteínica para las mujeres siguen siendo inferiores con respecto a las actividades que realizan cotidianamente, a excepción de los requerimientos de las madres embarazadas y lactando (por los suplementos necesarios para la formación de tejidos) (véase, FAO/OMS/UN, 2004). Es verdad que los requerimientos entre los sexos y entre las edades deben ser diferentes forzosamente, pues el desgaste de energía depende también de la masa corporal, pero lo que aquí se discute es cómo estas disconformidades se han convertido en efectos negativos a largo plazo para toda las poblaciones de bajos recursos, y específicamente para las mujeres rurales del Sur que tienen sobrecargas de trabajo, pues los programas de salud y alimentarios para mejorar el estado nutricional de las familias pobres y rurales, son diseñados a partir de los supuestos de mínimos de bienestar, entre los que destacan los requerimientos nutricionales para las mujeres (Sen, 2002).

Las desigualdades entre los géneros provienen precisamente de la creencia de que los hombres son la fuerza de trabajo que da sustento a la familia, y dado que su trabajo se considera como productivo, se tiende a alimentar en primera instancia a los hombres para que sigan proveyendo el sustento (Pottier, 1999). Por lo general estas creencias se concretan en prácticas discriminatorias en la distribución sexual alimentaría, que a la larga trae consigo consecuencias graves para ambos sexos. Por ejemplo, varios estudios de poblaciones indígenas en México han observado claras diferencias antropométricas entre niños y niñas, donde la prevalencia en la desnutrición infantil es mayor en las segundas que en los primeros (Cedillo–Nakay et al., 2002; Monárrez y Martínez, 2000; Vázquez et al., 2005; Vizcarra et al., 2005; Ensanut, 2006). De no corregirse la desnutrición femenina en esta etapa de la vida, en la edad reproductiva puede generarse desnutrición materna, la que a su vez trae al mundo niños con bajo peso al nacer (sin importar el sexo) (Sesia, 2005). La baja ingesta de nutrientes es sin duda un referente de hambre crónica que al perpetuarse de generación en generación, merma y debilita las estructuras sociales de la población, principalmente porque pone a las poblaciones desnutridas o malnutridas desiguales para obtener capacidades y libertades orientadas a mejorar sus vidas.

A primera vista, las desventajas parecen reproducirse de generación en generación, y en el curso de la vida, las diferencias en el estado nutricional entre niños y niñas se van acortando, aunque no igualando. Por ejemplo, varios estudios muestran una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en las madres con hijos menores de 5 años en estado de desnutrición (Raphäel et al., 2005), y sin embargo su consumo diario de kilocalorías está por debajo de lo recomendado (Conzuelo, 2008). Existe la hipótesis de que este comportamiento se debe a que las poblaciones que sufrían hambre crónica, desarrollaron un genotipo ahorrador (Neel, 1962), el cual con los cambios de estilo de vida y con el fácil consumo de hidratos de carbono de absorción rápida, alimentos con elevado índice glucémico, grasas saturadas, dejó de costar esfuerzo para conseguir alimentos. En estas condiciones, el genotipo ahorrador, al someterse a unas condiciones muy alejadas del diseño para el que se desarrolló, se convirtió en promotor de enfermedad y en especial se acrecentó la tendencia a la obesidad y con ello a las enfermedades crónico–degenerativas (Campillo, 2004). Aunque no existen investigaciones que demuestren esta hipótesis, podemos encontrar evidencia de que la obesidad se relaciona cada vez más con la pobreza y la inseguridad alimentaria, afectando más a las mujeres y a los niños y niñas (Gotthelf et al., 2004; Dobson, 2005; Rodríguez, 2007).

GÉNERO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Mientras que en los países desarrollados la seguridad alimentaría considera a los excedentes alimentarios como una táctica de mercado con fines de control de éstos y este control lo traducen en libertades sobre la elección nutricional y la seguridad sanitaria e inocua de sus alimentos a consumir, para una gran mayoría de los países deficitarios del Sur, la seguridad alimentaria "está asociada a un problema de vulnerabilidad social, provocada por problemas de accesibilidad a los alimentos cuyo origen está en las asimetrías del desarrollo" (Torres, 2003:11).

¿Qué significa que el acceso a los alimentos se haya convertido en el eje conceptual de la seguridad alimentaria? Probablemente se debe a las consecuencias sociales que trajo pensar la seguridad alimentaria como un problema técnico y económico, de oferta global y de revolución tecnológica en la producción agroalimentaria y no como un problema político sobre la distribución social de los alimentos, siendo afectada por ello, una gran parte de la humanidad. Con la crisis humanitaria de Bangladesh y en el norte de la India registrada en 1981, donde miles de personas murieron de hambre a pesar de la disponibilidad de alimentos, los expertos de la FAO se vieron obligados a centrar el debate en reconceptualizar de seguridad alimentaria, la cual, hasta finales de la década de 1970, se fundamentaba en el aumento de la disponibilidad de granos derivada de la oferta mundial (Molina, 1995). Constatar que la falta de ingresos de la mayoría de la población de los países del Sur impidió tener acceso a los alimentos disponibles en los mercados, generó un cambio cualitativo del concepto. Con algunas variaciones, ahora la seguridad alimentaría se considera cuando todas las personas tienen en todo momento acceso material y económico a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias culturales para llevar a cabo una vida activa y sana (FAO, 1996).

Pero ¿qué lugar real toman las mujeres rurales en la nueva conceptualización sobre seguridad alimentaria? Para responder a esta interrogante tomamos como eje de análisis las aportaciones que los antropólogos Maxwell y Frankenberger (1992) hacen sobre la seguridad alimentaria a partir de cuatro componentes: a) comer para vivir: una alimentación suficiente para que la población considerada lleve una vida activa y sana tal como es definida localmente; b) trabajar para comer: el acceso a esta alimentación será principalmente por la vía de la producción o por la compra y en un segundo plano por la ayuda alimentaria; c) vivir para existir: la reducción de la vulnerabilidad al riesgo de la pérdida o degradación de los medios de existencia; y d) hoy comemos, mañana también: la necesidad de considerar la satisfacción alimentaria tanto a largo como al mediano y corto plazo. Cada uno de estos cuatro componentes, los confrontaremos con el reconocimiento institucional que hace la FAO para integrar a las mujeres al de la seguridad alimentaría:

En la agricultura: las campesinas en particular, son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y producen entre 60% y 80% de los alimentos en la mayoría de los países en desarrollo. Las campesinas son las productoras principales de los cultivos básicos de todo el mundo —el arroz, el trigo y el maíz—, que proporcionan hasta 90% de los alimentos que consumen los pobres de las zonas rurales (FAO, 1996).

Históricamente en casi todas las culturas del mundo, es reconocido que una responsabilidad social atribuida a las mujeres por su género, es la alimentación de la familia. Para su cabal cumplimiento no basta con asignarles esta responsabilidad, ellas deben realizar diversas actividades y estrategias para contar con alimentos todos los días. Entre esas actividades destaca o destacaba la producción de más de la mitad de los alimentos que consumen sus familias, para esto incluyen la caza y la recolección. Adicionándole la preparación de los alimentos y su distribución en casa y en los lugares de trabajo de sus esposos e hijos, ellas requieren de más tiempo pero sobre todo de seguridad ante la adversidad medioambiental, económica y política (Messer, 1984; Meigs, 1988).

Con las tecnologías dependientes de altos insumos, con el deterioro de la tierra por el abuso de los agroquímicos, sin el respaldo de políticas rurales que protejan y promuevan sus modus vivendis, con la liberación de los precios de los granos básicos, frente a la introducción de granos y alimentos baratos foráneos al mercado doméstico de dudosa calidad nutricional y sanitaria, con el cambio climático aunado a los desastres naturales y, con las consecuencias sociales derivadas de conflictos políticos, bélicos y raciales: de no compartir la responsabilidad alimentaria, las mujeres tienen un gran desafío para garantizar alimentos de calidad a sus hijos, nietos, esposos, padres, amigos y a veces a los agentes del desarrollo que las visitan para poner en práctica programas de desarrollo.

Para no abandonar su responsabilidad, muchas mujeres han optado por dar de comer lo que disponen sin pensar en la calidad de los alimentos ni en el daño en la salud humana y en el ambiente inmediato que les rodea. Si la calidad de vida está directamente relacionada con la calidad alimentaria, los escenarios que emergen en el medio rural de los países del Sur son desalentadores. En ellos se revelan escenarios consecuentes del desarrollo, la globalización y del modelo neoliberal (Davids y Van Driel, 2001); donde hoy en día cada vez es más difícil procurarse una alimentación idónea, producida localmente y descentralizada de los mercados dominantes, lo que sí se observa con frecuencia, son poblaciones dependientes de los alimentos provistos del proceso de globalización y de la centralización de la producción y la distribución de cadenas agroalimentarias consolidadas verticalmente por firmas trasnacionales.

Los escenarios son más agudos cuando las mujeres se enfrentan solas o encabezan hogares; esto es originado generalmente por tres razones: viudez temprana; es decir, muerte prematura del esposo cuando los hijos se encuentran pequeños o son menores de edad; migración temporal o permanente (abandono) de sus esposos y/o hijos; y por ser madres solteras (Chant, 2003). Y en menor medida, existen mujeres jefas de hogar por decisión propia, al separase o abandonar a sus esposos. En cualquiera de los casos, la presencia mayoritaria de mujeres en el campo ha dado lugar al fenómeno de la feminización de la agricultura, la cual está estrechamente relacionada con el de la feminización de la pobreza.

La "feminización de la agricultura" se pone de manifiesto en el aumento considerable del número de hogares encabezados por mujeres. Los problemas a que se enfrentan esas familias varían en función de su grado de acceso a los recursos productivos. La falta de mano de obra masculina, no obstante, puede obligar a las mujeres con un volumen de trabajo mayor a producir cultivos que exigen menos mano de obra —y que a menudo son menos nutritivos (FAO, 1996).

En contextos de migración masculina en comunidades rurales que subsisten principalmente del autoconsumo o de su pequeña producción agropecuaria destinada al comercio e intercambio local, si bien la división sexual del trabajo en estas actividades, es asimétrica, jerárquica y desvaloriza las asignaciones femeninas, al menos mantiene una cierta producción que permite acceder (en condiciones de desigualdad) a alimentos para la familia. Cuando los hombres se ven obligados por múltiples factores a emigrar en busca de trabajo, mejores ingresos y oportunidades para seguir manteniendo su papel de proveedor en el hogar, muchas mujeres se encuentran ante diversas situaciones que les exigen tomar decisiones y responsabilizarse parcial o totalmente de las actividades agrícolas que antes se compartían o eran exclusivas del género masculino (Loza et al., 2007). Esta sobrecarga adicional no ha sido de lo más conveniente para el hogar, como lo ejemplifica el campo mexicano, pues con las mismas desventajas que obligaron a los hombres a emigrar (falta de empleos y salarios dignos, abandono del Estado en políticas que impulsen la producción rural y alimentaria), aunadas a las restricciones tradicionales que las mujeres tienen a los recursos, ellas se ven prácticamente imposibilitadas (por sí mismas) para seguir produciendo alimentos destinados al sustento como es el maíz (uno de los alimentos más castigados por los programas de ajustes estructurales y las políticas de corte neoliberal).

Sobre la nutrición: se acepta que las mujeres y los niños son la población más vulnerable a la desnutrición. La mejora de los conocimientos en materia de nutrición y de seguridad alimentaria por parte de las mujeres puede prevenir enfermedades, problemas fisiológicos y muertes prematuras. Asimismo, las mujeres en buena salud pueden contribuir de manera más eficaz al desarrollo económico (FAO, 1996).

En estas circunstancias, ellas se ven forzadas a depender cada vez más de un ingreso mínimo para comprar alimentos baratos sin importar su valor nutritivo (alto en hidratos de carbono, grasas y azúcares), que junto con los cambios culturales en las preferencias y gustos alimenticios, han ocasionado problemas de salud aparentemente antagónicos pero relacionales entre sí en los contextos de marginación y pobreza. Uno de ellos ya mencionado en párrafos anteriores, es la coexistencia de obesidad y desnutrición en un mismo hogar pobre, y la presencia cada vez mayor de enfermedades crónico–degenerativas como las cardiovasculares y la diabetes meillitus (Gotthelf et al., 2004; Dobson, 2005).

Los escenarios son más graves si se observan los escasos y en ocasiones deficientes servicios públicos de salud o médicos locales a los cuales tienen acceso estas poblaciones, y aunque cuenten con el conocimiento tradicional de la medicina, muchas de estas enfermedades son nuevas y no se logran remediar.

Nuestros estudios muestran que una gran parte de los ingresos que reciben las mujeres y las familias —vía remesas, ayudas gubernamentales o producto de sus estrategias de reproducción— es destinada a cubrir grandes cantidades de gastos en materia de consultas médicas (incluyendo el transporte), medicamentos y hasta hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas mayores. Muchos de estos hogares y en particular donde las mujeres son jefas de familia, contraen deudas para cubrir los gastos y para pagarlos se someten a presiones económicas, sociales y emocionales. Por ejemplo, ellas tienen acceso limitado a los recursos como la tierra, donde pudieran sacar provecho de su producción, o bien, llegan a perder sus pocos bienes patrimoniales (Vizcarra, 2006).

En otro panorama no ajeno a México, se encuentran las familias campesinas e indígenas que emigran a otros campos de cultivo y se contratan como trabajadoras agrícolas asalariadas. Una gran parte de ellas dejan temporalmente sus tierras empobrecidas para insertarse en estos mercados de trabajo precarizado. Para ahorrar ingresos y regresar a hacer "mejoras" a sus parcelas y hogares de origen, trabajan casi todos los miembros del hogar. Con ese afán, sacrifican la alimentación de calidad y para satisfacer su desgaste calórico, combinan alimentos propios de su cultura, con alimentos y bebidas procesados disponibles en los centros de abasto cercanos. Después de las largas jornadas en el campo, algunas mujeres deben continuar con el segundo turno doméstico en los campamentos donde se asientan los trabajadores con sus familias. Otras mujeres ajustan sus horarios levantándose antes, y/o lo interrumpen para llevar los almuerzos a los campos agrícolas semitecnificados o tecnificados. Por lo general, ellas preparan el nixtamal, muelen a mano y echan la tortilla, preparan sopas y distribuyen los alimentos, con las mismas costumbres discriminatorias de su lugar de origen, pero con la salvedad de que no están en sus cocinas y se encuentran apartadas de las redes sociales que cumplen con funciones de ayuda mutua. Ahí se encuentran compartiendo con otros hogares el fogón, la estufa o el anafre, pero además conviven con enfermedades asociadas con la explotación de la mano de obra y el uso inadecuado de agroquímicos. Estas localidades transeúntes no limitan la reproducción de relaciones de género asimétricas y jerárquicas, por lo contrario, permiten que las mujeres y los niños sean más vulnerables al maltrato (Lara, 2003 y Velasco, 2000).

Los ingresos y créditos de inversión para las mujeres a corto, mediano, y largo plazo son un eje importante para mejorar la economía rural. En los países en desarrollo las mujeres, incluso en los casos en que hacen las veces del cabeza de familia, no gozan de plena personalidad jurídica, que les habilitaría para la obtención de créditos. Este acceso limitado, cuando no totalmente inexistente, a los servicios financieros rurales dificulta los esfuerzos de la mujer por mejorar o ampliar sus actividades agrícolas a fin de obtener ingresos en efectivo (FAO, 1996).

Se sigue insistiendo en que la falta de acceso a los recursos productivos es la causa principal de la inseguridad alimentaria, y que esta limitación afecta más a las mujeres porque deben seguir alimentando a su familia con tan sólo el control del 5% de los recursos productibles (Freitas, 2006). Sin embargo, tener acceso a los recursos tampoco es garantía de superar el hambre y la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en el caso de México, se sabe que 17% de los posesionarios de parcelas ejidales son mujeres, pero eso no significa que tienen el control sobre las parcelas ni sobre su usufructo, pues más de la mitad de las posesionarias son mayores de 60 años, cuya edad las limita para gestionar créditos y otros recursos productivos (Vázquez, 2001), y además se sabe que a pesar de su posesión, muchos productos obtenidos del trabajo en las parcelas son habitualmente vendidos por los hombres (Vizcarra, 2002).

Depender de ingresos o recursos monetarios para acceder a los alimentos a partir de la compra en comercio global, antes que el autoabastecimiento, la producción local y nacional, en definitiva no puede llamarse seguridad alimentaria, precisamente porque no existe la capacidad para decidir libremente sobre qué comer y cómo proveer la comida sin arriesgar otras necesidades. Se trata de llegar a la vida con suficiencia, y no de luchar por una vida en condiciones de subsistencia.

Los conocimientos especializados de las mujeres en relación con los recursos genéticos aplicados a la agricultura y la alimentación hacen de ellas custodias esenciales de la diversidad biológica. La FAO invita a las instituciones a reconocer la utilidad de aprender de los conocimientos locales de las mujeres con miras a proteger y mantener el medio ambiente, tal y como lo recomienda la Agenda 21 en su apartado de Mujer en el desarrollo sustentable, pues el agua, el bosque, la tierra y la biodiversidad están presentes en muchos niveles de la vida de las campesinas (FAO, 1996).

En su trabajo, Velázquez (2005) muestra cómo el uso y manejo de los recursos forestales de las selvas y bosques tropicales, están determinados por las relaciones de género socialmente construidas en las comunidades forestales, donde las mujeres ven reducidas las posibilidades de subsistencia familiar debido a su limitado acceso a lo recursos, mientras que los hombres ven reducidas las posibilidades de la explotación de los recursos maderables cuando sus comunidades quedaron ubicadas en áreas naturales protegidas. Por su parte, Vázquez (2002) menciona que la desigualdad cultural de los géneros es un mecanismo efectivo en la regulación del acceso y control de los recursos críticos para la subsistencia familiar en la Zona de Protección Forestal de Los Tuxtlas. Su eficiencia se basa principalmente en la legitimación de la posesión de la tierra, donde los hombres han tenido claras ventajas, aunque limitadas también en cuanto al libre uso de ellas. En ambos casos, se observa que son pocas las posibilidades de tener acuerdos de reciprocidad e igualdad en el acceso a los recursos entre los géneros y que éstos se complican cuando ambos géneros se someten a las mismas limitantes legales, dándose así cabida a competencias desleales que afectan a los medios de subsistencia y por consiguiente a todas las poblaciones que habitan estas áreas.

En áreas protegidas o no, cada vez más lo hogares dependen también de los ingresos extra–agrícolas para comprar alimentos básicos y/o complementarios. Con la entrada de ingresos al hogar y a las comunidades, también se ha generado el establecimiento de tiendas que abastecen a la localidad de alimentos y menesteres domésticos industrializados. El consumo de éstos ha traído entre otras consecuencias, la generación de basura no biodegradable, la cual se ha incorporado al paisaje rural y conurbano. En algunos casos esta basura es usada como combustible, expidiendo gases tóxicos, pero mucha de ella —como plásticos y latas de aluminio— se va incorporando al paisaje rural, en las parcelas, en los caminos, en los ríos y lagos, en las casas. A estos contaminantes habrá que agregarle los residuos de pesticidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes que no son incorporados debidamente a las parcelas. De lo anterior cabría preguntarnos ¿qué significa proteger la biodiversidad y la diversidad cultural ante las contingencias restrictivas en todas sus dimensiones (globales, regionales, nacionales y locales) para asegurar los medios de la reproducción? Es obvio que para salir del pesimismo necesitamos más respuestas integrales, que no vean la realidad fragmentada ni como reducto de pobreza. Pero al menos sabemos que las prohibiciones o restricciones a unos afectan a todos en su conjunto.

d) Hoy comemos, mañana también

Al igual que el PNUD (1997) y el DWAN (1992), la FAO (1996) declara que ninguna de las acciones para incorporar a las mujeres a las políticas de seguridad alimentaria, puede funcionar sin una adecuada y sostenible educación y capacitación de las mujeres. Por lo que se propone una amplia campaña de educación/extensión/comunicación, que incluye alfabetización, instrucción sobre métodos de autogestión, además que será parte de la investigación participativa. Con estas acciones y junto con un paquete de salud básico (vacunas, seguimiento antropométrico, suplementos alimenticios, control de la natalidad, etcétera) se presume que habrá a mediano y largo plazo, una mejora sustancial en la salud y alimentación de ellas y sus familias.

Con la creencia de que el trabajo doméstico–agrícola femenino es extensible y de fácil acomodo, muchos programas sociales y de desarrollo rural proponen proyectos productivos con amplios objetivos que ocupan un tiempo valioso de las mujeres, generando con ello que estas mujeres realicen hasta triples jornadas (en el caso de que estén encargadas de otras responsabilidades comunitarias). El resultado es un recurrente fracaso de los programas que absorben mucho más tiempo y responsabilidad del que las mujeres puedan comprometerse. Son fracasos anunciados porque los programas ofertados vienen desde arriba y no de la base femenil quien conoce sus limitantes y necesidades reales (Pineda et al., 2006).

PROGRAMAS SOCIALES PARA ALIVIAR EL HAMBRE Y LA POBREZA

Desde finales de la década de 1990, la política social de los países del Sur, asumió que la inseguridad alimentaria asociada a la pobreza, tenía que ser atendida en el marco de la economía neoliberal. Es decir, dejar libre el terreno de la producción, transformación, distribución y consumo alimentario a los grandes consorcios mundiales que regulan los mercados globales. En ese sentido, la seguridad alimentaria se redujo a la protección social de los más pobres de los efectos emanados de las políticas de ajuste y liberación. Entre los programas que emergen de esta política se encuentran los asistenciales o compensatorios, los cuales tienen como objetivo apoyar a las familias para que puedan ampliar las oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y por consecuencia se asume que superarán las crisis de hambre e inseguridad alimentaria.

Así, bajo un esquema de superación de la pobreza y del hambre por medio del aumento de los indicadores de desarrollo humano (escolaridad, salud, nutrición, esperanza de vida, fecundidad e ingresos), los programas de asistencia social en América Latina han diseñado mecanismos que atienden únicamente a las poblaciones más pobres, siendo algunos de ellos el de transferencias monetarias directas condicionadas, y el de la responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y los beneficiarios. Estos programas pretenden además tener una cobertura amplia empleando una metodología (todavía imprecisa) de focalización de la población objetivo (Villatoro, 2005). De esta manera, con las transferencias monetarias (50–80 dólares mensuales por hogar), estos programas tratan de mejorar el consumo alimentario de los hogares que viven en extrema pobreza (con menos de un dólar al día) y/o se encuentran desempleados (por lo general estos hogares se ubican en el medio rural y en las zonas periurbanas).

Su carácter condicional se centra en dos componentes obligatorios: educación y salud. El primero consiste en becas en efectivo destinadas a niños de primaria, en ocasiones se extiende hasta la escuela secundaria, y en algunos programas se da una mejor beca a las niñas, para que asistan regularmente a la escuela y no abandonen sus estudios. Si bien la matrícula escolar ha aumentado, en los hogares donde las niñas tienen una importante presencia en las actividades domésticas, su inserción escolar las ha obligado a realizar desde temprana edad la doble jornada, pues sus deberes no desaparecen por el hecho de asistir a la escuela (Villatoro, 2005 y Villareal et al., 2008). Otro aspecto que se revela en las evaluaciones de estos programas de transferencia condicionada es que la educación que reciben las/los beneficiarios en las escuelas de las poblaciones rurales y pobres ha sido de dudosa calidad, comparada con las escuelas donde asisten niños y niñas con mejores niveles de ingreso se observan claras diferenciaciones sociales. A mediano y largo plazo, estas diferencias se traducirán en reducidas oportunidades de empleo bien remunerado para los pobres ya escolarizados (Veras, 2007; Veras y Britto, 2008; Villareal et al., 2008). Esta situación puede provocar que estas generaciones continúen accediendo a los empleos precarios que sus padres tenían sin escolaridad, y de no cambiarse el mercado laboral segmentado por género será más punible para los trabajos de las mujeres.

El componente salud está asociado con el de nutrición, el cual consiste en llevar un cuadro básico de salud a partir de sus visitas médicas de revisión del crecimiento y desarrollo a los menores de cinco años, vacunación; exámenes para la detección de enfermedades sexuales transmisibles y cáncer cérvico–uterino, suplemento nutricional y alimenticio a las madres embarazadas y lactantes, y atención especial a la población infantil que presenta desnutrición; algunos programas exigen también el control natal para recibir los beneficios. Para el caso del programa Progresa–Oportunidades, las mujeres–madres además deben asistir a una serie de pláticas que dicta el programa sobre: higiene y sanidad, salud reproductiva y preventiva, alimentación y nutrición, equidad de género, entre otras (Vizcarra y Guadarrama, 2007).

Para acceder a los bonos, becas y transferencias, deben cumplirse cabalmente los compromisos contraídos con los programas: asistencia regular a las escuelas, tener notas aprobatorias; llevar el paquete básico de salud y participar en todas las pláticas. El incumplimiento de alguno de estos compromisos puede provocar la suspensión temporal o definitiva del programa para las familias beneficiadas.

Otra característica que tienen en común estos programas, son las beneficiarias. En efecto, son las mujeres jefas o no del hogar y madres quienes son asignadas, responsables y receptoras de las transferencias, ya sea por que lo dicta una regla del programa o porque se asume en la práctica su papel de responsable del bienestar familiar. Esto implica que deben cumplir las obligaciones contraídas con el programa. Bajo estas presiones, difícilmente muchas de ellas tendrán tiempo para realizar actividades que le contribuyan a obtener seguridad alimentaría por la vía de la producción, de la reactivación de la agricultura campesina y del ingreso propio, fruto de su trabajo (Molyneux, 2006).

CONSIDERACIONES FINALES

La necesidad de considerar la satisfacción alimentaria tanto a largo como a mediano y corto plazo no puede ser posible sin una reforma estructural de la economía política y de las relaciones de poder y dominación, porque al perpetuarse en los hogares, fracturan la sociedad y el ambiente. De un lado, es insuficiente tener políticas emergentes y asistenciales porque éstas otorgan soluciones a corto plazo. Cierto, actúan como paliativos para mitigar los efectos de la pobreza pero no logran eliminar los problemas de origen (concentración de la riqueza, mala distribución del ingreso, falta de prioridad a políticas agropecuarias para la mayoría de los productores de subsistencia o de bajos ingresos). Por otro lado, limitarse sólo a políticas emergentes, compensatorias y asistenciales, tampoco es conveniente, pues al continuar con los modelos neoliberales no se detendrá el desempleo, la concentración del ingreso y el deterioro ambiental, por lo que no sólo la pobreza prevalece sino que sus consecuencias se multiplican en las desigualdades sociales y de género.

Por lo general, estos programas no logran acoplarse con políticas de seguridad alimentaria ni de bienestar social, si bien suelen cubrir algunos servicios básicos no se concentran en la inversión del capital humano. Ofrecen servicios limitados y condicionados que obstaculizan el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos y el desarrollo de capacidades. A la par, en estos programas no se discuten ni se tienen espacios de debate y reflexión sobre los cambios en las dimensiones subjetivas de la vida de las mujeres cuando son receptoras de las transferencias y coresponsables del éxito de los programas. Por el contrario, la presencia social que se les otorga a las mujeres pobres en estos programas, no sólo vuelve a colocarlas en los roles tradicionales de la división sexual del trabajo, sino que además son sometidas a las nuevas relaciones de sujeción impuestas por las instituciones de corte patriarcal al contraer otras responsabilidades con el Estado mediante sus programas. Todo ello reduce las posibilidades de que las mujeres sean reconocidas como actoras sociales, obteniendo así el estatus ideal para el logro de su empoderamiento; es decir, del acceso al poder por la vía de la autonomía, libertad, autoafirmación y reconocimiento social.

Para la perspectiva de género es importante tener una visión no androcéntrica del trabajo productivo y reproductivo dentro de las políticas sociales de combate a la pobreza, pues las desigualdades sociales que generan la sobrecarga de trabajo y las responsabilidades de las mujeres pobres, así como su participación marginal en la agencia política para salir de su condición desigual, no pueden ser comprendidas sin tomar en consideración aquellas interacciones dinámicas que existen entre el trabajo remunerado (mercado de trabajo formal e informal) y no remunerado (trabajo doméstico ampliado) (Carrasco, 1999). En primera instancia, porque son las mujeres quienes distribuyen su tiempo entre ambas actividades o se desplazan continuamente de una a otra, modificando relativamente las relaciones de género en el hogar. Al dimensionar estas dinámicas cotidianas en el terreno de las desigualdades sociales (distribución desigual de cargas y penurias), se tendrá una comprensión más cercana a la realidad sobre los procesos sociales que estructuran el acceso a determinados niveles de ingreso, derechos, y capacidades para enfrentar las carencias materiales y no materiales.

En segundo lugar, se sabe que la participación activa de las mujeres y el aumento de su poder, no sólo a partir de educación y empleo remunerado, sino sobre todo por medio de su participación o agencia en la política pública y en las organizaciones civiles, así como en los logros de su acción, han sido bastante eficaces para promover los cambios culturales y sociales y así erradicar las desigualdades (Sen, 2002). Por ello, una visión no androcéntrica de las desigualdades sociales debe proponer acciones públicas para reducir las asimetrías entre los géneros, pero no sólo expresadas en falta de oportunidades para acceder a recursos económicos (productivos), culturales (capital humano), sociales (bienestar) y políticos (toma de decisiones), sino sobre todo en términos de acceso desigual al poder derivado del proceso de la segregación simbólica entre hombres y mujeres que concurren en un desgaste de la condición humana. Es decir, a medida de que se reproduzcan las desigualdades entre los géneros, las diferencias entre ambos seguirán existiendo; sin embargo, las penalidades hacia las mujeres, se extenderán o desencadenaran hacia los hombres, trastocando el bienestar social de ambos con sus significativas desventajas para las mujeres.

Las desigualdades sociales y de género no dejan de ser los problemas a vencer, las mujeres siguen viviendo explotación en todas sus formas, domésticas, sexuales, económicas y hasta políticas. Se pude decir que la exclusión basada en la visibilidad social y en la invisibilidad política (negación de presencia y de participación) es una de las formas más perversas de las desigualdades sociales que imposibilitan el cambio social.

Conzuelo, Vanesa V. (2008), "Variables socionutricionales de hogares mazahuas integrados por preescolares desnutridos con madres con obesidad y sin obesidad", tesis de maestría en Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de México, México. [ Links ]

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ONU (Organización de las Naciones Unidas) (1980), "Report of the World conference of the United Nations. Decade for women. Equality, development and peace", Copenhagen, 14 al 30 de julio. [ Links ]

–––––––––– (2005), Informe Anual 2005 ( http://www.undp.org/annualreports/2005/espanol/). [ Links ]

Veras Soares, Fabio (2007), " La evaluación de resultados de los programas de transferencia monearais en Brasil", Documento de trabajo de Internacional Poverty Centre de PNUD, Brasilia ( www.undp–povertycentre.org/cct.htm), recuperado en septiembre de 2007. [ Links ]

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¹ Clasificar los países en dos hemisferios geopolíticamente ideológicos: países del Norte (Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos) y países del Sur (Asía, América Latina y África), sólo tiene la intención de retomar la nominación que se le da a las mujeres rurales que no viven en países desarrollados en los discursos aún vigentes en algunas cumbres mundiales. En ocasiones, este documento se referirá también al Tercer Mundo para ser consecuentes con los discursos y programas que le dan visibilidad a las mujeres pobres.

² El género se refiere al constructo social basado en relaciones de poder que designan lo que es ser mujer y ser hombre en un contexto específico. Acerca de la construcción social y cultural del género, véase a De Barbieri (1992), Lamas (1996) y Lagarde (1990).

³ Este fenómeno comenzó a inquietar a las estudiosas feministas cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1980) dio a conocer que a finales de la década de 1970, 50% de la población mundia eran mujeres, que 60% de las horas de trabajo, a escala mundial, es realizada por mujeres; que sólo devengan 10% de la renta mundial, que las mujeres sólo poseen 1% de la propiedad a escala mundial, entre otros indicadores que demostraban las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. A casi tres décadas, estas cifras parecen reforzar la pobreza femenina en lugar de erradicarla. Según el informe del PNUD (2005), de los 1 300 millones de personas que viven en extrema pobreza en el mundo, 70% son mujeres; 66% de las personas adultas analfabetas, son mujeres. En Asia, 50% del analfabetismo es femenino, mientras que en África 70% de analfabetas son mujeres; Similares porcentajes se aprecian en el campo de la educación infantil: dos terceras partes de quienes desertan antes de finalizar los estudios básicos, son mujeres; 80% de los refugiados en el mundo son mujeres con familia a su cargo, sobre todo personas mayores, niños y niñas. También se destaca que el trabajo femenino es menos valorado y peor pagado que el de los hombres y que en América Latina, de 100 horas trabajadas, las mujeres hacen 67 y, sin embargo, disponen sólo del 9.4% de los ingresos.

⁴ Núñez et al., enlistan las siguientes desigualdades para las mujeres que inciden en una mayor pobreza y vulnerabilidad social: la negación al acceso a los recursos y bienes (tierra, vivienda, créditos, poder); asignación de trabajos a mujeres en función de su sexo (doméstico, cocineras, costureras, cuidadora de niños, prostitución), así como las condiciones que se enfrentan a ellos; las remuneraciones que perciben por estos trabajos son las más bajas y están determinadas por su valor social; las responsabilidades femeninas de no descuidar a los niños, discapacitados y adultos mayores; falta de acceso a la educación y a la salud; la escasa participación política y la limitada autonomía personal, así como la violencia familiar y sexual de la que son objeto (2004:23).

⁶ La momentánea se refiere a un deseo normal por comer, es la sensación provocada por la privación de alimento en un periodo corto y que desaparece en el momento de ingerir alimentos. El hambre aguda es la urgencia de alimentarse, e implica un gran apetitito donde la ingesta de alimentos nunca es suficiente para satisfacer el deseo. El hambre crónica se refiere a la deficiencia energética en el consumo diario de alimentos (Monteiro, 2003).

⁷ El trabajo de Sen que le valió el premio Nobel de Economía en 1998, se basa en que la pobreza no se limita a su medición en las carencias esenciales o de primera necesidad como es la alimentación, sino sobre todo a las capacidades que tiene todo ser humano para poder decir y ejercer su elección personal de cómo vivir. Según Sen (1999), las capacidades se enfocan en la libertad positiva, es decir la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo al vivir, en cambio la libertad negativa, la que es común en toda economía, se centra simplemente en la no interferencia. Así por ejemplo, en la hambruna de Bengala, la libertad negativa de los campesinos para comprar alimentos no se vio afectada, pero murieron de hambre porque no eran libres (positivamente) para hacer cualquier cosa para alimentarse, ni escapar de la muerte. Para ampliar más ejemplos prácticos del concepto de capacidades, véase el trabajo de Nussbaum (2002).

⁸ La desnutrición se define como un estado patológico de distintos grados de severidad y diversas manifestaciones clínicas, ocasionado por la asimilación deficiente de los alimentos por el organismo (Gómez, 1987). La mala nutrición que resulta del consumo deficiente de alimentos o nutrimentos se conoce genéricamente como desnutrición, la cual involucra determinantes biológicas, socioeconómicas y culturales (UNICEF, 1998). La desnutrición se puede deber a la falta de ingesta de micronutrientes (vitaminas y minerales) y no así de macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y lípidos), o a la insalubridad en el manejo de los alimentos y/o a la presencia de enfermedades infecciosas y crónicas gastrointestinales y respiratorias (Monteiro, 2003).

⁹ El estudio de Vaughan (1987) es uno de los pioneros que incorpora la perspectiva de género para mostrar cómo las mujeres en Malawi sufrieron discriminadamente las hambrunas de su país en diferentes procesos históricos. Vaughan concluye que sin esta perspectiva, difícilmente se hubieran observado las consecuencias reales de las hambrunas sobre las estructuras sociales, productivas y políticas del país.

10 Por ejemplo, Hernández Triana (2004) calcula que para América Latina las recomendaciones de ingesta de energía diaria para mayores de 18 años con actividad moderada deben ser, para hombres, 3 067 kcal., y para mujeres, 2 403 kcal. A diferencia de la recomendada para todos los individuos del mismo grupo por el Comité de Expertos de la FAO/OMS/UN de 2 944 kcal. para hombres y para las mujeres 2 640.

¹¹ Las necesidades calóricas o de energía son definidas como la dosis de energía que compensa el gasto energético, manteniendo una composición corporal y un grado de actividad compatible con un estado duradero de buena salud (evitando el déficit y el exceso) (FAO/OMS/NU, 1985).

¹² La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de tejido adiposo (Mancha, 2002), que condiciona la existencia de otros trastornos metabólicos y se relaciona con importantes riesgos para la salud (Suskind et al., 2000).

¹⁴ Una gran parte de los hogares rurales pobres han venido dependiendo gradualmente del ingreso extra–agrícola para acceder cada vez más a nuevos bienes de sustento, pero también es cierto que la agricultura campesina aportaba alimentos valiosos a su dieta, como el maíz, el frijol, habas, hortalizas, hongos arvenses, aves de corral y otros derivados. Alimentos que provenían de actividades femeninas (Vizcarra, 2002).

¹⁵ Ente los trabajos pioneros sobre ecofeminismo, véase a Mies y Shiva (1992). Sobre mujer, desarrollo sustentable y medio ambiente referirse a las obras de Braidotti (1994) y Hombergh van Den (1992), sobre la propuesta de la ecología política feminista véase Rocheleau et al. (1996).

16 Para mayor información de cada uno de los programas, consúltese para Oportunidades [ http://www.sedesol.gob.mx]; para Bolsa Familia de Fome Zero [ http://www.brasil.gov.br]; para Argentina [ http://www.trabajo.gov.ar], para Ecuador [ http://www.pps.gov.ec], y para Chile [ http://www.chilesolidario.gov.cl].

¹⁸ Para ampliar la información sobre diferentes resultados de estos programas de transferencia monetaria a las familias para reducir su pobreza, así como para observar sus alcances en el ámbito de la educación infantil, véase Villatoro (2005), el trabajo compilado por Cohen y Franco (2006), así como el trabajo de Handa y Davis (2006).

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Entre las desigualdades de género: un lugar para las mujeres pobres en la seguridad alimentaria y el combate al hambre

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Similares en SciELO Dossier: Crisis alimentaria: abundancia y hambre Entre las desigualdades de género: un lugar para las mujeres pobres en la seguridad alimentaria y el combate al hambre * Doctora en Antropología Social por la Université Laval, Québec. Profesora-investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de México.

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(parte a) Objetivo del artículo original

Caracterizar prácticas de turismo sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Jardín (Colombia) y Tepotzotlán (México) con el fin de proponer estrategias para gestionar el turismo sostenible en estos territorios

(parte b) Objetivo de la propuesta de investigación

Caracterizar prácticas de turismo sostenible en el municipio de Socorro (Santander) con el fin de proponer directrices para el desarrollo del turismo sostenible en el territorio.

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Visor Redalyc - Prácticas de turismo sostenible desde la gobernanza en las mipymes de Jardín (Colombia) y Tepotzotlán (México) en el período 2019-2021*

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https://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v39n2/art06.pdf

(Parte a) Objetivo del artículo original: El objetivo de este estudio fue evaluar el desempeño de la escala de percepción de la seguridad alimentaria y la escala Latinoamericana y Caribeña como tecnología diagnóstica para establecer la seguridad alimentaria en hogares colombianos de diferentes estratos socioeconómicos y zonas geográficas, utilizando el modelo Rasch.

(Parte b) Objetivo de la propuesta de investigación:

Analizar los efectos del conflicto armado en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales en Colombia, con el fin de identificar las principales causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria.

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(Parte a) Objetivo del artículo original: trata de comprender cómo difieren las fuentes de financiación de las empresas según el grado de innovación de la empresa. Esta investigación se enmarca en Colombia y usó como fuente de información una muestra de 8651 empresas de los sectores de servicio y comercio que respondieron la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, entre 2016 y 2017. Por último, ahonda en cómo las empresas usan estos recursos.

(Parte b) Posible objetivo: Identificar las fuentes de financiación de las empresas según ciertas características (tamaño, antigüedad, sector, etc) y la forma en que se invirtió ese dinero. Se usará la Encuesta de Micronegocios-2022, realizada por el DANE

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Recepción: 14 Abril 2021

Aprobación: 13 Mayo 2022

DOI: https://doi.org/10.22430/24223182.1968

Resumen: Actualmente, la innovación, basada en el conocimiento, es considerada un motor para potenciar el progreso, la productividad y la competitividad de las empresas, así como el desarrollo económico de las naciones. Sin embargo, el acceso a recursos para financiar las actividades de innovación representa una de las principales dificultades que afrontan las empresas. El objetivo de esta investigación fue analizar cómo las decisiones de financiación para las actividades de innovación difieren según el grado de innovación de las empresas en Colombia. El estudio se enmarcó en un diseño transversal con alcance descriptivo y correlacional usando técnicas cuantitativas no paramétricas. La muestra estuvo conformada por 8651 empresas pertenecientes a los sectores servicios y comercio que respondieron la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Colombia, para el período 2016-2017. Los resultados confirmaron que las fuentes de financiación para las actividades de innovación difieren de acuerdo con el grado de innovación de las empresas; además, los recursos propios representan la fuente de financiación prioritaria para estas actividades. El estudio genera contribuciones importantes que pueden representar pautas para orientar la gestión y el establecimiento de políticas públicas que permitan el acceso ágil y efectivo a recursos para la financiación de la innovación.

Palabras clave: innovación empresarial, tipos de innovación, grado de innovación, fuentes de financiación para la innovación, Clasificación JEL: G30, O32, M10.

Abstract: Nowadays, knowledge-based innovation is considered a driver of companies' progress, productivity, and competitiveness, as well as countries' economic development. However, one of the main challenges that companies face when they try to innovate is difficult access to resources to fund their innovation activities. Therefore, this study analyzed how the funding decisions for innovation activities made by Colombian companies differ according to their degree of innovation. This study adopted a cross-sectional design with a descriptive and correlational scope, using non-parametric quantitative techniques. The sample was composed of 8,651 answers to the 2016-2017 Survey of Development and Technological Innovation in Colombia by companies in its services and commerce sectors. The results confirm that companies' sources of funds for innovation activities differ according to their degree of innovation. Furthermore, their own resources are the main source of funds for these activities. This paper makes important contributions that can represent guidelines for establishing and managing public policies that enable a fast and effective corporate access to resources for funding innovation.

Keywords: Business innovation, innovation typology, degree of innovation, sources of funds for innovation, JEL classification: G30, O32, M10.

Highlights

Las decisiones de financiación para las actividades de innovación difieren según el grado de innovación de las empresas.

Los recursos propios son la principal fuente de financiación para las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Los recursos de la banca privada nacional son utilizados principalmente para el desarrollo de innovaciones en procesos de producción o distribución.

Los recursos públicos son utilizados principalmente para el desarrollo de innovaciones en bienes y servicios nuevos y mejorados para la empresa, en el mercado nacional e internacional.

Highlights

The innovation funding decisions made by Colombian companies differ according to their degree of innovation.

These companies' own resources are the main source of funds for their science, technology, and innovation activities.

The resources of Colombia's private banking sector are mainly used to develop innovations in manufacturing or distribution processes.

Public resources are mainly used to develop innovations in new and improved goods and services for the company in the national and international market.

1. INTRODUCCIÓN

La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son reconocidas como uno de los principales inductores de la productividad y la sostenibilidad de las empresas ( Anadon et al., 2016), así como un medio esencial para el crecimiento económico y la prosperidad de los países a largo plazo ( Azar y Ciabuschi, 2017; Gómez Vieites y Calvo González, 2010; Giovannini y Roure, 2017; Robledo Velásquez, 2010).

Lo anterior sugiere que los sistemas nacionales de innovación deben contar con financiamiento suficiente y estable ( Cirera y Maloney, 2017). Sin embargo, en el caso de Colombia, la inversión en ACTI ha sido insuficiente. Para el año 2018, solo el 21 % de las empresas de manufactura y el 19 % de las del sector servicios y comercio, incluidas en la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), fueron clasificadas como innovadoras en sentido amplio, y menos del 1 % de las empresas fueron consideradas innovadoras en sentido estricto, ratificando la debilidad existente en el país en el desarrollo de ACTI ( Consejo Privado de Competitividad [CPC], 2020).

Por lo tanto, en Colombia, no se han logrado los propósitos definidos en materia de innovación en los últimos años, debido a que los recursos destinados a las ACTI representan menos del 1 % del PIB (0,74 % en 2019), ubicándose por debajo de las metas del país y del promedio de la región ( CPC, 2020). Adicionalmente, no existen lineamientos concretos para la utilización de estos recursos, y los instrumentos de política pública orientados a CTI están atomizados entre entidades y sectores, dificultando los procesos de fortalecimiento y generación de capacidades, por lo que en el país es necesario establecer una política de Estado de CTI con una visión a largo plazo que garantice la financiación de las ACTI ( CPC, 2020).

De esta forma, existen varios factores que pueden explicar las dificultades para acceder a la financiación, entre estos se destacan: (1) limitada destinación de recursos del presupuesto nacional para invertir en actividades de investigación y desarrollo. (2) Escasa asignación de recursos del Sistema Nacional de Regalías para el desarrollo de la CTI. (3) Falta de incentivos para la inversión de recursos privados en ACTI ( Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018). Sumado a lo anterior, las empresas cuentan con bajas capacidades en la gestión financiera ( Vesga et al., 2017).

De esta forma, se ha comprobado que existe una relación de doble vía entre las barreras para acceder a la financiación y los bajos indicadores de innovación, debido a que los insuficientes recursos financieros restringen las posibilidades de las empresas para innovar, limitando su fortalecimiento y crecimiento; esto, a su vez, genera barreras para acceder a nuevo financiamiento ( Gálvez-Albarracín et al., 2021).

Desde el punto de vista teórico y empírico se generan dos contribuciones. La primera es facilitar una mayor comprensión sobre las fuentes de financiación utilizadas por las empresas en Colombia para las ACTI. La segunda, es aportar evidencia empírica sobre cómo las fuentes de financiación para las actividades de innovación difieren de acuerdo con el grado de innovación de las empresas.

Además, los resultados de la presente investigación aportan lineamientos que pueden servir como pautas para la toma de decisiones relacionadas con la inversión y la financiación de las ACTI, así como el establecimiento de políticas que faciliten el acceso a recursos para financiar estas actividades que comprometan tanto a las empresas como a los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI), el Estado y la banca privada.

2. MARCO TEÓRICO

Innovación

La innovación es un concepto que se relaciona con el desarrollo e implementación de nuevas ideas que surgen a través de la interacción organizacional en un horizonte de tiempo, implicando para la gestión centrarse en factores claves de éxito, tanto internos como externos, además del reto de la comprensión e integración de estos ( Băjenescu, 2017).

El concepto de innovación puede ser entendido como el núcleo del proceso de renovación de cualquier organización ( García-Flores y Martos, 2019). En ese sentido, y a partir de la propuesta de Shumpeter (2017), en la literatura se han propuesto diferentes definiciones de innovación, como las de: Băjenescu (2017); Gómez Vieites y Calvo González (2010); Freeman (1975); Gee (1981); Nelson y Winter (2002); Pavón Morote y Goodman (1981); Sandri y Widodo (2020); Sandven y Baratte (1999). Para la mayoría de estos autores este concepto está relacionado con aspectos como la tecnología y la mejora sustancial de los procesos de la organización. Se hace evidente que no hay un uso homogéneo del concepto de innovación, generando dificultades para la comparación entre diferentes estudios empíricos ( Turriago Hoyos, 2014).

Con el propósito de homologar la definición y facilitar la comparación entre estudios, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) desarrolla el manual de Oslo como una guía que permite, no solo ampliar el panorama teórico de la innovación, sino utilizar algunas prácticas para la recolección, tratamiento e interpretación de la información sobre innovación ( Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico [OECD], 2005, 2018).

A partir de ahí, la innovación no solo les compete a los países desarrollados, sino que es una prioridad en la agenda global para el desarrollo de las naciones ( Maldonado Gómez, 2010). En este sentido, es de interés para los países disponer de herramientas para la comparabilidad con el entorno internacional, respecto a factores que inciden directa o indirectamente los procesos de desarrollo económico y transformación organizacional que son impulsados por las innovaciones ( DANE, 2020).

En relación con lo anterior, el manual de Oslo OECD (2018) define la innovación como "un producto o proceso nuevo o mejorado que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso)" (p. 34).

En línea con lo anterior, en la Tabla 1 se presentan los tipos de innovación más recurrentes abordados en la literatura, la definición general y algunos referentes.

En la presente investigación se asume la clasificación y definición de los tipos de innovación propuesta por el DANE (2019), que, a la vez, es coherente con la guía propuesta por en el Manual de Oslo:

Servicio o bien nuevo: producto cuyas características fundamentales revisten novedad con relación a productos anteriores producidos por la empresa. Servicio o bien significativamente mejorado: servicio o bien existente cuyo desempeño ha sido mejorado o perfeccionado en gran medida. Procesos: adopción de métodos de producción o de distribución nuevos o mejorados en gran medida. Organizativa: introducción por primera vez de cambios en las formas de organización y gestión de la empresa, en la organización y administración del proceso productivo, incorporación de estructuras organizativas modificadas significativamente y la implementación de orientaciones estratégicas corporativas nuevas o sustancialmente modificadas. Comercialización: nuevos métodos de comercialización que conlleve a cambios significativos en el diseño de un bien o servicio sin modificar las características funcionales del mismo, así como su posicionamiento y promoción (p.43-44).

Grado de innovación de la empresa

Por lo anterior, el Manual de Oslo, OECD (2018) propone medidas alternativas para la novedad y el impacto económico de la innovación que son adecuadas para los períodos de observación de estas encuestas, como se observan en la Tabla 2.

En esta misma línea que orienta la clasificación de las empresas con base a su grado de innovación, el DANE (2018) establece la clasificación que se presenta a continuación:

Innovadoras en sentido estricto (EST): empresas que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado en el mercado internacional. Innovadoras en sentido amplio (AMP): empresas que obtuvieron al menos un servicio o bien nuevo o significativamente mejorado en el mercado nacional o para la empresa, o que implementaron un proceso productivo nuevo o significativamente mejorado o una forma organizacional o de comercialización nueva. Potencialmente innovadoras: (POT) empresas que reportan tener un proceso o haber abandonado un proceso de innovación No innovadoras: empresas que en un periodo de análisis no obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener en proceso, o haber abandonado algún proyecto de innovación (p.9).

Sistemas de Innovación

Diferentes autores como Freeman (1975), Lundvall (1985), Patel y Pavitt (1994), Nelson (1971), Metcalfe (1995) e instituciones como la Fundación Cotec para la Innovación ( Fundación Cotec, 1998), entre otros, han propuesto una definición de lo que es un SI. Es de anotar que la mayoría de ellos lo definen como el conjunto de instituciones que interactúan para desarrollar, difundir, transferir y aplicar conocimientos y tecnología ( Gómez Vieites y Calvo González, 2010; Jurowetzki et al., 2018; Quintero, 2015; Turriago Hoyos, 2014).

El Manual de Oslo, OECD (2018), propone un marco institucional de medición de la innovación donde interactúan los siguientes elementos constitutivos como un sistema: los sistemas educativo, universitario y de formación técnica, la base científica y de investigación, el conocimiento catalogado (publicaciones, normas técnicas, de gestión y medioambiental), las políticas de innovación, el marco legislativo y macroeconómico, la infraestructura de comunicaciones, las instituciones financieras, la accesibilidad al mercado y la estructura industrial.

Es de anotar, que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) de Colombia está conformado por los sectores público, productivo, financiero, tecnológico y científico en una interrelación dinámica entre ellos ( Quintero, 2015).

Proceso de Innovación

En línea con lo anterior, el modelo de proceso lineal de innovación se concebía como una sucesión de etapas y no consideraba otros factores influyentes como el referente institucional, el comportamiento del mercado, la orientación estratégica y el carácter cultural de las empresas ( Gómez Vieites y Calvo González, 2010; López et al., 2009).

Los modelos más recientes son el integrado y en red. El modelo integrado considera como aspecto clave para la estrategia la velocidad de respuesta y el tiempo, dado que cada vez el ciclo de vida de los productos es más corto, por lo tanto, se convierte en un impulsor de los procesos de innovación integrando, en su mayor parte, los participantes de la cadena de valor, como proveedores y clientes. Entre tanto, el modelo en red se soporta en la idea de que el conocimiento se genera tanto dentro y fuera de la empresa y esto permite establecer estrategias competitivas frente a la velocidad de respuesta y el tiempo, considerando la innovación como un proceso esencialmente en red, soportado en las plataformas digitales ( López et al., 2009).

Innovación en los sectores servicios y comercio

Los sectores servicios y comercio están dedicados a la producción de bienes inmateriales (finanzas, turismo, transporte, educación, entre otros) teniendo un auge en el mercado mundial debido a los sistemas de integración económica, impactando el bienestar de los consumidores, convirtiéndose en un factor clave para el desarrollo económico de los países, de las actividades científico-tecnológicas y como potenciador del empleo y la globalización ( Cardona et al., 2017; Castiblanco-Moreno et al., 2017).

Plantean Gallouj y Savona (2008) que el debate actual se enfoca en considerar si las empresas de servicios y comercio son rezagadas en innovación o simplemente adoptan pasivamente tecnología o, en el mejor de los casos, se consideran el impulsor de una nueva tecnología basada en conocimiento. Este planteamiento lo soportan debido a las diferencias en la definición y medición del impacto de la innovación con respecto al sector de manufactura.

En este sentido, según los resultados en Colombia en cuanto a la innovación, las empresas han sido clasificadas en cuatro grados de innovación: innovadoras en sentido estricto, amplia, potencial o no innovadora. Esta clasificación abarca los resultados de las empresas de los sectores servicios y comercio ( DANE, 2019). Para el primer trimestre del año 2018, los sectores servicios y comercio en Colombia aportaron al incremento del PIB nacional en un 5,5 % en promedio, sobre todo, las actividades de servicios financieros y seguros, la administración pública y defensa, además de los subsectores de actividades científicas y técnicas e información y comunicaciones, mostrando la influencia de estos sectores en la economía ( DANE, 2018).

Financiación de la innovación

Con respecto a la financiación de las ACTI, se identifican dos enfoques. El primero, plantea que la participación de la deuda debe ser mínima y, por lo tanto, se privilegia el uso de recursos propios. El segundo, destaca el efecto positivo de la deuda y reconoce una mayor disposición de fuentes externas para financiar las actividades de innovación de la empresa ( Barona-Zuluaga et al., 2015; García Pérez de Lema et al., 2013).

Al respecto, algunos estudios proponen que el endeudamiento es una fuente de financiación menos costosa, ya que genera beneficios tributarios por concepto de gastos financieros ( Auerbach, 1985; Hall, 2002). Por su parte, desde el enfoque de la teoría de la jerarquía financiera (Myers y Majluf, 1984), la selección adversa orienta a las empresas a preferir la financiación interna, sin embargo, en algunos casos, es posible optar por la deuda, considerando criterios de calidad y costos financieros, como primera opción de financiación, dada la limitada disposición de recursos, la política de dividendos y la volatilidad de utilidades ( Alarcón Pérez, 2017; Barona-Zuluaga y Rivera-Godoy, 2012; Casson et al., 2008).

Entre los factores que dificultan el acceso a la financiación de proyectos de innovación se destacan: (1) la incertidumbre de los procesos de innovación, lo que genera un alto nivel de riesgo en la recuperación de la inversión destinada a estos proyectos ( Hall y Lerner, 2010; Kerr y Nanda, 2015), en este sentido, las instituciones financieras son reacias a invertir en proyectos de I+D por el alto nivel de incertidumbre, comparativamente con otros proyectos más tradicionales ( Cincera y Marques Santos, 2015). (2) las ACTI, en su mayoría, son intensivas en activos intangibles como el conocimiento, integrado al capital humano de los empleados ( Hall y Lerner, 2010), lo que implica que no siempre generan como resultado productos tangibles que representen una garantía para respaldar el endeudamiento ( García Pérez de Lema et al., 2013; Kerr y Nanda, 2015). (3) el alto grado de incertidumbre que caracteriza las ACTI, dificulta la estimación de las inversiones requeridas y afecta los resultados e impactos, comparativamente con otro tipo de inversiones ( Barona Zuluaga et al., 2015; Kerr y Nanda, 2015). (4) existe una diferencia significativa entre la rentabilidad esperada por los empresarios que invierten sus recursos propios para financiar ACTI y la rentabilidad requerida por los inversionistas externos, lo que genera una brecha que obstaculiza la financiación de estos proyectos ( Hall y Lerner, 2010).

En el caso de Colombia, aunque los estudios son limitados, se evidencia que la financiación pública tiene una participación escaza respecto al total de los recursos destinados a ACTI, además se ha evidenciado ineficacia en su asignación ( Barona-Zuluaga et al., 2015).

De acuerdo a los resultados de la EDIT VI, en Colombia las empresas enfrentan diferentes obstáculos para acceder a recursos públicos para la financiación de inversiones en ACTI, entre estos se destacan: el tiempo de trámite excesivo, la dificultad para cumplir con los requisitos exigidos, el desconocimiento de las líneas de financiación, la falta de información sobre requisitos y trámites, las condiciones de financiación poco atractivas, la demora en la intermediación entre la banca comercial y las líneas públicas de crédito (DANE, 2018).

Lo anterior permite concluir que para incentivar el desarrollo de ACTI en las empresas, se hace necesario disponer de instrumentos de financiación sólidos y estructurados, que combinen recursos de financiación públicos y privados acordes a las condiciones de incertidumbre y complejidad que caracterizan los proyectos de innovación, esto con el fin incrementar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas ( Seidl da Fonseca y Pinheiro-Veloso, 2018).

Estudios previos sobre innovación y fuentes de financiación

La literatura previa revela estudios que han analizado la relación entre la innovación y las fuentes de financiación, entre los más recientes se destacan los siguientes.

Barona Zuluaga et al. (2015) examinan si las empresas innovadoras y no innovadoras difieren en los patrones de financiación de sus proyectos de innovación. Los resultados del estudio concluyen que las empresas innovadoras utilizan fuentes de financiación diferentes a las de las empresas no innovadoras; las empresas innovadoras se financian principalmente con recursos propios y deuda bancaria.

Por su parte, Mazzucato y Semieniuk (2017), plantean que, en el caso de la innovación, las políticas exitosas que dan lugar a innovaciones radicales se han centrado en la conformación y creación de mercados a través de la financiación pública directa. El estudio aporta evidencia sobre el impacto de la inversión pública a lo largo de toda la cadena, para favorecer los procesos de innovación.

Asimismo, Seidl da Fonseca y Pinheiro-Veloso (2018) estudian a los diferentes instrumentos e incentivos disponibles para mejorar la financiación de la innovación por parte de los gobiernos. Este estudio concluye que el campo de CTI es cada vez más complejo, colaborativo y basado en redes, lo que exige soluciones de financiación más sólidas que combinen los recursos públicos y privados.

Posteriormente, Gálvez-Albarracín et al. (2021) analizan las prácticas de financiamiento y los resultados de innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Colombia, y concluyen que estas utilizan prioritariamente los recursos propios para financiar sus inversiones en innovación. Además, el financiamiento interno influye positiva y significativamente en los resultados de la innovación en productos/servicios, procesos productivos y gestión.

Recientemente, Nylund et al. (2020) investigaron la relación entre la financiación interna y externa y el grado de innovación en las empresas europeas. El estudio encuentra que el impacto de la rentabilidad sobre la innovación varía según los sectores económicos, y es moderado por el financiamiento a través de deuda externa. Además, la deuda externa reduce el enfoque de la innovación en las empresas rentables.

A manera de síntesis, la literatura demuestra avances importantes en materia de financiación de las ACTI, sin embargo, no se ha logrado un consenso al respecto por lo que es necesario aportar mayor evidencia empírica con relación a las fuentes de financiación utilizadas por las empresas para las ACTI, según el grado de innovación.

De los anteriores argumentos, surgen las hipótesis a contrastar en la presente investigación:

1. H1: La financiación de las ACTI con recursos propios difiere según el grado de innovación de las empresas.

2. H2: La financiación de las ACTI con recursos de la banca privada nacional difiere según el grado de innovación de las empresas.

3. H3: La financiación de las ACTI con recursos públicos difiere según el grado de innovación de las empresas.

3. METODOLOGÍA

Diseño del estudio

El presente estudio se enmarca en un diseño transversal, con alcance descriptivo y correlacional, utilizando una metodología cuantitativa ( Hernández Sampieri et al., 2010).

Población y muestra

La población está conformada por 8651 empresas colombianas de los sectores servicios y comercio que respondieron la EDIT VI, aplicada por el DANE para el período 2016-2017. Según el DANE (2020), la EDIT tiene como objetivo: "Caracterizar la dinámica tecnológica y las actividades de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas de los sectores de servicios y comercio de Colombia" (p. 6).

La distribución de la muestra por grado de innovación se presenta en la Tabla 3.

La muestra considerada en la presente investigación estuvo conformada por 1928 empresas colombianas de los sectores servicios y comercio, que representan el 22 % de la población, clasificadas como: innovadoras en sentido estricto, innovadoras en sentido amplio y potencialmente innovadoras ( DANE, 2019).

Variables y medidas

Con relación a las variables consideradas en el análisis, se conservó la unidad de medida definida originalmente en la base de datos de la EDIT (ver Tabla 4).

Métodos de análisis de datos

En coherencia con el diseño del estudio, y debido a que las variables analizadas son categóricas (no métricas), el análisis de los datos se realizó utilizando las técnicas de tablas de contingencia y la medida de residuos tipificados corregidos (RTC). Estas técnicas son comúnmente utilizadas en la literatura científica para el análisis bivariado entre variables de naturaleza categórica, como es el caso del presente estudio ( Hair et al., 2010).

Adicionalmente, para contrastar las relaciones entre las variables, se utilizaron los estadísticos ji al cuadrado (χ2) y prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton. Estas pruebas de hipótesis comparan la distribución observada con la esperada de los datos. Si la significancia es menor al 5 % (p < 5 %), se rechaza la hipótesis nula (Ho), que plantea independencia entre las variables, esto significa que existe una relación de dependencia entre las variables estudiadas ( Hair et al., 2010).

Para el tratamiento de los datos se utilizó el software IBM SPSS 22, ampliamente utilizado por la comunidad académica y científica para realizar análisis estadísticos.

4. RESULTADOS

Financiación de las ACTI con recursos propios

Con relación a la financiación con recursos propios, el análisis refleja que se presentan diferencias en cuanto a la proporción de empresas que se financian con estos recursos dependiendo del grado de innovación, es así como las empresas con grado de innovación estricto y grado de innovación amplio, se financiaron en mayor proporción con recursos propios para el desarrollo de las actividades de innovación, lo que se evidencia en los resultados de los RTC (2,0 y 8,4), mayores a 1,96, así como la significancia de la prueba χ2 (0,000) y la prueba de Fisher (0,000). Por su parte, las empresas con grado de innovación potencial utilizan en menor proporción los recursos propios como fuente de financiación para sus actividades de innovación, como se refleja en el resultado negativo y significativo de los RTC (-9.1). Lo anterior permite confirmar la H1, tal como se presenta en la Tabla 5.

Fuente: elaboración propia. Nota: RT: residuos tipificados, RTC: residuos tipificados corregidos, gl: grados de libertad.

Adicionalmente, los análisis realizados evidencian que existen diferencias significativas en la financiación con recursos propios cuando la empresa introduce innovaciones en bienes y servicios nuevos y mejorados para la empresa y para el mercado nacional (RTC: 2,9; 2,2; 4,9 y 2,2), prueba χ2 (0,004; 0,030; 0,000; 0,030) y la prueba de Fisher (0,004; 0,030; 0,000; 0,030). Para el caso de las innovaciones en bienes y servicios nuevos y mejorados para el mercado internacional, no se presenta una asociación con la financiación a través de recursos propios (RTC: 1,8; 0,9), como se presenta en la Tabla 6.

Financiación de las ACTI con recursos de la banca privada nacional

Con respecto a la financiación con recursos de la banca privada nacional, se presentan diferencias con relación a la proporción de empresas que se financian con estos recursos, dependiendo del grado de innovación. De esta forma, las empresas con grado amplio de innovación accedieron en mayor proporción a esta fuente para financiar el desarrollo de las actividades de innovación, como se puede observar en los resultados de los RTC (3,0), mayor a 1,96, así como la significancia de la prueba χ2 (0,010) y la prueba de Fisher (0,006). Por su parte, las empresas con grado de innovación potencial utilizan en menor proporción esta fuente de financiación, como se refleja en el resultado negativo y significativo de los RTC (-3). Lo anterior permite confirmar la H2, como se presenta en la Tabla 7.

Además, en los resultados se encontró evidencia de asociación entre la financiación con recursos de la banca privada nacional y el desarrollo de innovaciones en procesos de producción o distribución (RTC: 3,3; p=0,001), prueba χ2 (0,001) y la prueba de Fisher (0,001). Caso contrario a lo que ocurre con las innovaciones en métodos organizativos y en técnicas de comercialización, donde no se evidencia asociación con la financiación a través de recursos de la banca privada nacional (RTC: 1,8; -1,4), como se presenta en la Tabla 8.

Financiación de las ACTI con recursos públicos

Con referencia a la financiación con recursos públicos, se presentan diferencias con respecto a la proporción de empresas que se financian con estos recursos dependiendo del grado de innovación; es así como las empresas con grado de innovación estricta accedieron en mayor proporción a esta fuente para financiar el desarrollo de las actividades de innovación, como se presenta en el resultado de los RTC (12,1), mayor a 1,96, así como la significancia de la prueba χ2 (0,000) y la prueba de Fisher (0,000). Además, las empresas con grado de innovación potencial utilizan en menor proporción esta fuente de financiación, como se refleja en el resultado negativo y significativo de los RTC (-2,5). Lo anterior permite confirmar la H3 (ver Tabla 9).

Asimismo, se encontró que existe asociación entre la financiación con recursos públicos y el desarrollo de innovaciones en bienes y servicios nuevos y mejorados para la empresa en el mercado nacional e internacional (RTC: 8,5; 6,6; 9,6; 5,2; 7,7 y 7,7; p<0,05), prueba χ2 (0,000) y la prueba de Fisher (0,000), en todos los casos, como se presenta en la Tabla 10.

Fuente: elaboración propia. Nota: RT: residuos tipificados, RTC: residuos tipificados corregidos, gl: grados de libertad.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente estudio confirman que las decisiones de financiación para las actividades de innovación de las empresas de los sectores servicios y comercio en Colombia difieren según el grado de innovación de las empresas. Además, se evidencia que los recursos propios son la principal fuente de financiación para las ACTI. Estos resultados son consistentes con estudios previos como se detalla a continuación.

Los recursos internos o propios representan la fuente de financiación prioritaria para la innovación, por lo que la mayoría de las empresas analizadas (aproximadamente 86 %), que están clasificadas como innovadoras en sentido estricto y en sentido amplio, optaron como primera opción por esta fuente de financiación. Lo anterior está en coherencia con los postulados de la teoría de la jerarquía financiera, o pecking order theory, que plantea que la primera opción de financiación de las empresas son los recursos propios y en segundo lugar la deuda ( Myers y Majluf, 1984).

Adicionalmente, este resultado coincide con estudios previos en los que se identifican los recursos internos como la fuente de financiación más importante para las actividades de innovación, ( Barona-Zuluaga et al., 2015; Barona-Zuluaga y Rivera-Godoy 2012; Gálvez-Albarracín et al., 2021). Además, son las empresas más innovadoras las que utilizan de forma más intensiva esta fuente de financiación ( Barona Zuluaga et al., 2015). Estas decisiones de financiación obedecen principalmente a los obstáculos para acceder al mercado financiero externo ( Gálvez-Albarracín et al., 2021), debido al grado de incertidumbre que representan este tipo de inversiones, su naturaleza intangible, la dificultad para estimar las inversiones y analizar los resultados e impactos ( Cincera y Marques Santos, 2015; Hall y Lerner, 2010; Kerr y Nanda, 2015).

La financiación a través de recursos de la banca privada nacional fue utilizada como segunda alternativa de financiación por las empresas AMP que representan el mayor porcentaje de las empresas colombianas de los sectores servicios y comercio (85 %). Lo anterior cobra sentido debido a que el uso del endeudamiento resulta ser una fuente de financiación menos costosa que los recursos propios por los beneficios tributarios que genera ( Auerbach, 1985; Hall, 2002). Además, estudios previos han resaltado la importancia del uso de los recursos de la banca para financiar ACTI ( Barona-Zuluaga et al., 2015; Barona Zuluaga et al., 2015). Debido a que no siempre es posible acceder a recursos internos, la deuda puede representar la primera opción de financiación para las ACTI ( Barona-Zuluaga y Rivera-Godoy, 2012; Casson et al., 2008).

En cuanto a los recursos públicos, que incluyen líneas de crédito y líneas de cofinanciación, solo fueron utilizados por las EST, que representan un mínimo porcentaje del total de empresas analizadas (menos del 1 %). La baja utilización de los recursos públicos como fuente de financiación para la innovación se explica debido a los obstáculos que enfrentan las empresas para acceder a estos recursos ( DANE, 2018). Este resultado coincide con lo propuesto por Barona Zuluaga et al. (2015), quienes resaltan que los recursos públicos no son una fuente de financiación utilizada frecuentemente por las empresas y que, además, los pocos recursos públicos utilizados no han sido asignados de manera eficaz.

A lo anterior se suma que el acceso a la financiación para los proyectos de innovación está relacionado con el perfil de riesgo de las empresas; de esta forma, las empresas en etapa temprana, con altos niveles de riesgo, generalmente se financian con capital semilla proveniente de recursos propios; de forma similar, las empresas en etapa temprana de financiación, pueden acceder a mecanismos del mercado financiero no tradicional como ángeles inversionistas, capital de riesgo y redes de financiación colectivas; entre tanto, las empresas que enfrentan bajos niveles de riesgo obtienen con mayor facilidad recursos de la banca comercial ( Cincera y Marques Santos, 2015).

Los resultados obtenidos en la investigación son de gran utilidad debido a que aportan al desarrollo de la literatura en cuanto a la comprensión sobre cómo las decisiones de financiación para las actividades de innovación difieren según el grado de innovación de las empresas. Además, proporcionan elementos de análisis y decisión tanto para las empresas como para el SNCTI en Colombia, en cuanto a la orientación de las gestiones para acceder a los recursos de manera eficiente y oportuna, así como la definición de políticas internas de reservas y apropiaciones de recursos para financiar las ACTI.

Igualmente, se generan implicaciones prácticas para el Estado, debido a que los resultados sugieren la necesidad de desarrollar políticas que garanticen una oferta eficiente de líneas de financiación para las ACTI, además del establecimiento de incentivos tributarios y financieros para el desarrollo de estas actividades. Con respecto a la banca privada, los resultados de este estudio invitan a desarrollar programas de financiación acordes con las características de incertidumbre e intangibilidad propias de las inversiones en actividades de innovación.

6. CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación proporcionan una visión general sobre las fuentes de financiación utilizadas por las empresas de los sectores servicios y comercio en Colombia para las ACTI. De esta forma, los resultados permiten concluir que las decisiones de financiación para las ACTI difieren de acuerdo el grado de innovación de las empresas analizadas, confirmando las hipótesis propuestas.

La mayor parte de las empresas colombianas de los sectores servicios y comercio (85 %, aproximadamente) son consideradas innovadoras en sentido amplio, lo que significa que el mayor porcentaje de las innovaciones en el país están orientadas a la introducción de bienes nuevos o significativamente mejorados para la empresa o en el mercado nacional, así como también, implementaciones o mejoras en los procesos productivos, organizacionales o comerciales. Solo un mínimo porcentaje de empresas que representa menos del 1 %, se consideran innovadoras en sentido estricto, es decir, que han desarrollado innovaciones para el mercado internacional.

Los resultados sugieren que el comportamiento de la financiación de las ACTI depende del grado de innovación de las empresas de los sectores servicios y comercio en Colombia. En ese sentido, las empresas estrictamente innovadoras se financian principalmente con recursos propios y, como segunda alternativa, con recursos públicos. Las innovadoras en sentido amplio, grado en el que están incluidas el mayor porcentaje de las empresas analizadas, financian sus ACTI principalmente con recursos propios, seguidos de recursos de la banca privada nacional.

Adicionalmente, para las empresas de los sectores servicios y comercio de Colombia, se encontró que las innovaciones en bienes y servicios nuevos y mejorados para la empresa y el mercado nacional son financiadas tanto con recursos propios como con recursos públicos. Mientras que las innovaciones en bienes y servicios nuevos y mejorados para el mercado internacional se financian con recursos públicos. También, los recursos obtenidos a través de la banca privada nacional se destinan principalmente a financiar innovaciones en procesos.

En Colombia cada vez se hace necesario fortalecer las interrelaciones entre los actores de los sistemas de innovación (nacional, regional y sectorial) que propicien el desarrollo de políticas públicas, el establecimiento de alianzas público-privadas, el trabajo basado en redes, la transferencia efectiva de conocimientos, la articulación del Estado y el sector financiero; de tal forma que se puedan minimizar las dificultades que enfrentan las empresas para acceder a recursos y potenciar el desarrollo de las ACTI.

La incertidumbre que caracteriza los resultados de las actividades asociadas al proceso de innovación implica altos niveles de riesgo, generando limitaciones para el acceso a recursos externos, por lo que cobra importancia la integración eficaz de los participantes de la cadena de valor que conduzcan a la adopción de mejores prácticas e intercambio de conocimientos, tanto internos como externos, reflejándose la innovación como un proceso interactivo que posibilite generar ventajas competitivas.

El estudio presenta algunas limitaciones. Primera: el estudio está enmarcado en un diseño transversal, por lo tanto, futuras investigaciones podrían realizar análisis longitudinales que permitan revisar las tendencias en cuanto a los esquemas de financiación de las actividades de innovación.

Segunda: de acuerdo con los objetivos planteados, la presente investigación se desarrolló utilizando técnicas cuantitativas no paramétricas, por lo tanto, en futuros estudios se pueden abordar análisis utilizando otras metodologías, tanto cualitativas como los estudios de casos, así como también cuantitativas, como los modelos de ecuaciones estructurales que permitan profundizar en el estudio de un tema tan estratégico como la financiación de las actividades de innovación.

Tercera: la investigación se enfocó en las empresas de los sectores servicios y comercio de forma general sin realizar análisis particulares por subsectores, por lo que futuros estudios podrían analizar este fenómeno considerando los comportamientos particulares de los diferentes subsectores, además, el caso de las empresas del sector manufacturero que posibilite identificar diferencias y semejanzas con respecto a los patrones de financiación identificados en la presente investigación.

Cuarta: se realizaron análisis considerando variables de caracterización de las empresas disponibles en la encuesta EDIT, como sector y tamaño, sin embargo, los hallazgos no fueron significativos, por lo tanto, no se incluyeron en los resultados del artículo; futuras investigaciones podrían realizar análisis que incluyan variables como: tamaño, sector, edad, entre otras.

Quinta: los análisis realizados hacen referencia a las principales fuentes de financiación para la innovación en Colombia, como son: recursos propios, recursos públicos y banca privada nacional; futuros estudios podrían analizar otras fuentes como: cooperaciones, donaciones, recursos de otras empresas del grupo y fondos de capital privado, así como mecanismos del mercado financiero no tradicional como: ángeles inversionistas, capital de riesgo y redes de financiación colectivas.

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Notas

Los autores declaran que no presentan conflictos de interés financiero, profesional o personal que pueda influir de forma inapropiada en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

- CONTRIBUCIÓN DE AUTORES

Para el desarrollo de este proyecto todos los autores han realizado una contribución significativa especificada a continuación:

Carlos Gilberto Restrepo-Ramírez: Investigador principal del proyecto, concepción y diseño de la investigación, preparación de la base de datos, tratamiento y análisis de los datos y resultados, revisión de literatura, redacción del artículo, respuesta a las recomendaciones de los evaluadores de la revista y al editor.

Claudia Inés Sepúlveda-Rivillas: Coinvestigadora del proyecto, concepción y diseño de la investigación, preparación de la base de datos, tratamiento y análisis de los datos y resultados, revisión de literatura, redacción del artículo, respuesta a las recomendaciones de los evaluadores de la revista y al editor.

Juliana Uribe Castro: Joven investigadora, revisión de literatura, redacción del artículo, respuesta a las recomendaciones de los evaluadores de la revista y al editor.

* Este artículo se deriva del proyecto de investigación "Análisis de las actividades de innovación realizadas por las empresas colombianas: Un enfoque desde las fuentes de financiación y los impactos generados", financiado por el Centro de Investigaciones y Consultorías (CIC) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.

Información adicional

Cómo citar / How to cite: Restrepo-Ramírez, C. G., Sepúlveda-Rivillas, C. I., Uribe Castro, J. (2022). Fuentes de financiación para la innovación, según grado de innovación de las empresas de los sectores servicios y comercio en Colombia. Revista CEA, v. 8, n. 18, e1968. https://doi.org/10.22430/24223182.1968

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fuentes de financiación para la innovación

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Fuentes de financiación para la innovación, según grado de innovación de las empresas de los sectores servicios y comercio en Colombia*

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Nowadays, knowledge-based innovation is considered a driver of companies' progress, productivity, and competitiveness, as well as countries' economic develop...

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Objetivo del articulo

Investigar aquellos factores que incidieron y caracterizaron el empleo informal en la época del Covid-19 y realizar una comparación frente a los datos presentes para los años previos a la pandemia en México. Además, mostrar la relación presente con las empresas de menor dimensión (Pymes) y el genero.

Posible Objetivo

Analizar la incidencia que tuvo la crisis del Covid-19 en la informalidad en Colombia, observando la relación con las pequeñas y medianas empresas (Pymes) entre los años previos y posteriores a la pandemia. Además, se indagará en la incidencia del genero en el empleo no formal.

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El efecto de la pandemia COVID-19 en el empleo informal en las empresas de menor dimensi

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The effect of the COVID-19 pandemic on informal employment in smaller companies The objective of this research is to find the factors that explain and characterize informal employment (excluding it from other informal activities), during the pandemic period compared to previous years, and its relationship with the smaller company (SME) and the gender.

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Vista de La tasa natural de desempleo en Colombia 2001-2018: evolución y estimaciones | Entramado (unilibre.edu.co)

Objetivo del artículo:

El objetivo es calcular la Tasa natural de desempleo para Colombia durante el  período  2001-2018  y  comparar  los  resultados  de  este  estudio  con  los  resultados de los estudios que lo preceden y que son referenciados en dicho trabajo. Para lograr este objetivo se recurre la revisión de los estudios anteriores y para la estimación se emplean datos trimestrales de desempleo de  la  Gran  Encuesta  Integrada  de  Hogares  (GEIH)  del  DANE  y  los  datos  trimestrales  anualizados  para el período 2001-1 a 2018-4.

Posible objetivo:

Realizar un análisis de la tasa de desempleo en los principales departamentos de Colombia entre el periodo 2015-2022 para conocer la influencia de la crisis de la pandemia en el mercado laboral y relacionar dicha tasa con los niveles de educación, esto es realizado con el fin de conocer la afectación en la movilidad social.

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Vista de La tasa natural de desempleo en Colombia 2001-2018: evolución y estimaciones | Entramado

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Santiago Corredor Ortiz y Angie Pinilla 

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Santiago Corredor Ortiz y Angie Pinilla 

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Link:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2419792

(Parte a) El objetivo principal del trabajo

Identificar los determinantes del rendimiento académico en Colombia, mediante el análisis de los resultados de las áreas de lenguaje y matemáticas en las pruebas saber 11 del segundo semestre de 2009, áreas que son consideradas como fundamentales en el aprendizaje

(Parte b) Objetivo de la propuesta de investigación

Identificar si calidad y/o formacion profesionar de los docentes es determinante en los resultados de las pruebas ICFES saber 11 en Santander

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33 Pages Posted: 4 Apr 2014

Date Written: April 25, 2011

Abstract

Spanish Abstract: En este trabajo se utilizan los resultados obtenidos por los estudiantes en las áreas de matemáticas y lenguaje de las pruebas ICFES Saber 11º del segundo semestre de 2009, como medio para identificar los determinantes del rendimiento académico en Colombia. Para ello, se utiliza el modelo Logit Ordenado Generalizado. Los resultados obtenidos enseñan la relevancia que tienen las variables socioeconómicas en el desempeño para ambas áreas. En particular, las variables nivel de ingreso y nivel de escolaridad de los progenitores, las cuales presentan un impacto positivo y significativo en el resultado de las pruebas. Igualmente se encuentra un impacto significativo de la jornada académica; los bachilleres de jornada completa obtienen puntajes más altos comparados con los estudiantes pertenecientes a otras jornadas. Este resultado debe tomarse en consideración a la hora de establecer políticas de cobertura fundamentadas en la partición de la jornada, y no en la creación de nuevas instituciones.

English Abstract: In this paper, we use the results obtained by students in math and language test ICFES Saber 11th of the second half of 2009, the aim is to identify the determinants of academic performance in Colombia. We use the Generalized Ordered Logit estimation procedure, and find a great relevance of socioeconomic variables in the performance for both areas. In particular, the income and the education level of parents have a significant positive impact on the outcome of the test. Additionally, it was found that the time in the school is statistically significant. Specifically, full-time students get better performance in the test than part-time students. This is very important in order to determine coverage education policies based on reducing the time of students in school rather than creating new institutions.

Note: Downloadable document is in Spanish.

Keywords: rendimiento académico, calidad en la educación, factores socioeconómicos, Logit Ordenado Generalizadod

JEL Classification: C35, I20, I21

Chica Gómez, Sandra and Galvis Gutiérrez, Diana and Ramirez Hassan, Andres, Determinantes Del Rendimiento Académico En Colombia: Pruebas ICFES Saber 11, 2009 (Academic Performance Determinants in Colombia: ICFES Saber 11, 2009 Exam) (April 25, 2011). Center for Research in Economics and Finance (CIEF), Working Papers, No. 11-5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2419792 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2419792

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determinantes del rendimiento académico en colombia: pruebas icfes saber 11

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2009 (academic performance determinants in colombia: icfes saber 11

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Determinantes Del Rendimiento Académico En Colombia: Pruebas ICFES Saber 11, 2009 (Academic Performance Determinants in Colombia: ICFES Saber 11, 2009 Exam)

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Spanish Abstract : En este trabajo se utilizan los resultados obtenidos por los estudiantes en las áreas de matemáticas y lenguaje de las pruebas ICFES S

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(Parte a) Objetivo del artículo

Identificar las similitudes y diferencias entre los programas que han surgido en la ola de difusión de los programas de transferencias condicionadas en Chile, Paraguay y Colombia durante los años 2000 a 2012.

(Parte b) Posible objetivo

Determinar el impacto del programa Familias en Acción sobre el consumo de los hogares.

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programas de transferencia condicionada frente a frente: los casos de chile

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Programas de transferencia Condicionada frente a frente: Los casos de Chile, Paraguay y Colombia (2000-2012)

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Autorías: Cecilia Osorio Gonnet, José Miguel Vergara Hermosilla. Localización: Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal: DAAPGE. Nº. 32, 2019. Artículo de Revista en Dialnet.

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Link: https://www.redalyc.org/journal/4795/479575008007/

(parte a) Objetivo del articulo de investigación

Identificar las variables relacionadas con el capital humano que influyen en el crecimiento económico de ocho países de Sudamérica, para ello utiliza dos indicadores para determinar que factores mayor importancia al momento de representar un aumento en los índices de crecimiento económico.

(parte b) Objetivo de la propuesta de investigación

Analizar la inversión extranjera directa en el crecimiento económico de América latina y el caribe a través de una metodología de datos panes, utilizando para ello la base de datos de la CEPAL.

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Link: Paridad del poder adquisitivo en el tipo de cambio colombiano (redalyc.org)

Parte a

El articulo se centra en determinar la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA) en Colombia teniendo como referencia el patron del tipo de cambio con el dolar estadounidense. Para esto, utilizó datos mensuales y trimestrales de enero de 1959 a diciembre de 2015. Se modelizó el comportamiento a largo plazo del tipo de cambio real usando un modelo bivariado de cointegración. Se encontró que para el caso de Colombia no se cumplió la teoría de PPA, ya que el dolar y el peso no están cointegrados.

Parte b

Determinar la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA) en Colombia para el periodo de enero del 2016 a diciembre de 2022. Se utilizará datos mensuales y/o trimestrales. Se busca determinar si existe un comportamiento de cointegración entre las dos monedas (dolar estadounidense y peso colombiano).

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Yuly Vanesa Garavito Garcés y Monica Melissa Gómez Parada

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Yuly Vanesa Garavito Garcés y Monica Melissa Gómez Parada

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Parte a (Objetivo del artículo)

Analizar la calidad de la tierra en términos de la fertilidad del suelo, o de la capacidad de éste para germinar gran cantidad de tipos de cultivo, con relativamente poca inversión en términos del tiempo de crecimiento de las plantas y en términos de los requerimientos de fertilizantes.

Parte b (Posible objetivo)

Efectos del desplazamiento rural sobre la productividad agrícola durante las últimas dos décadas en Colombia.

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Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-22653-3_14

(Parte a) Objetivo del artículo:

El artículo tiene la intención de cuantificar mediante un modelo CGE de la economía Colombiana (Equilibrio General Computado) el cual lo que busca básicamente es representar de forma computable a una economía compuesta por agentes económicos que se comportan de acuerdo con los principios de la optimización microeconómica, los impactos de los cambios en la PTF en sus sectores manufactureros. Además de como los shocks de productividad en el sector manufacturero se propagan entre los sectores y regiones de Colombia.

(Parte b) Posible objetivo:

Estudiar el impacto de la PTF en el principal sector económico manufacturero de Bucaramanga y como esto afecta la desigualdad regional.

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Abstract

This chapter evaluates the impacts of changes in total factor productivity (TFP) in the manufacturing sectors, classified according to technological intensities, in each Colombian department to understand how productivity shocks propagate across the country. Mapping regional TFP elasticities brings additional insights into the role played in the Colombian economy by regional-specific policies related to manufacturing activities. From the simulation results, it is possible to identify potential trade-offs between regional equity and efficiency. It is also possible to analyze the existing patterns of regional competition and complementarity. Insights driven by the results presented here can help guide Colombian incentive policies for investment in more efficient technologies and changes in institutional aspects.

Hardcover Book

USD 179.99

Price excludes VAT (USA)

Author information

Authors and Affiliations

1. Banco de la República, Cartagena, Colombia

Gerson Javier Pérez-Valbuena

2. Federal University of São Carlos, São Carlos, Brazil

Carlos Eduardo Campos

3. University of São Paulo, São Paulo, Brazil

Ademir Rocha & Eduardo A. Haddad

Corresponding author

Correspondence to Ademir Rocha .

Editor information

Editors and Affiliations

1. Department of Economics, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil

Eduardo A. Haddad

2. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Banco de la República, Cartagena, Colombia

Jaime Bonet

3. Regional Economics and Applications Laboratory, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA

Geoffrey J. D. Hewings

Copyright information

© 2023 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG

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Pérez-Valbuena, G.J., Campos, C.E., Rocha, A., Haddad, E.A. (2023). The Geography of Manufacturing Productivity Shocks in Colombia. In: Haddad, E.A., Bonet, J., Hewings, G.J.D. (eds) The Colombian Economy and Its Regional Structural Challenges. Advances in Spatial Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22653-3_14

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The Geography of Manufacturing Productivity Shocks in Colombia

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This chapter evaluates the impacts of changes in total factor productivity (TFP) in the manufacturing sectors, classified according to technological intensities, in each Colombian department to understand how productivity shocks propagate across the country. Mapping...

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Trabajo infantil y desigualdad territorial en Argentina

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Link:

(Parte a) Objetivo del articulo original. Estimar, georreferenciar y analizar el riesgo

de trabajo infantil y adolescente en los departamentos censales de Argentina para los años 2016-2017. Se busca identificar cuáles son los factores

de riesgo y los factores de protección en cada departamento y analizar las particularidades del fenómeno en cada uno de ellos.

(Parte b) Objetivo de la propuesta de la investigación.

Identificar los factores socioeconómicos que inciden en la proporción de niños, niñas y adolescentes de Colombia en situación de empleabilidad. Asimismo, observar y analizar el comportamiento del fenómeno en Santander a través del módulo de trabajo infantil de la GEIH 2022 y la Encuesta Nacional Uso del Tiempo.

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http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-

36202020000600246&script=sci_arttext&tlng=pt

(Parte A) Objetivo del articulo original.

Establecer la posible relación entre el estilo de vida y la calidad de vida de los estudiantes de la Universidad Autónoma Altoandina de Tarma-Perú durante la época de la pandemia COVID-19.

(Parte B) Objetivo de la propuesta de investigación.

Determinar la relación entre la informalidad laboral y los factores que conforman la calidad de vida en la población del Área Metropolitana de Bucaramanga durante la pandemia Covid-19.