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Recurso que sustenta la definición de diversidad.

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Recurso que sustenta la definición de diversidad.

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Gilberto Daza | Tu Diversidad | Videoclip Oficial -  4k

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Un lugar donde las personas con síndrome de Down, autismo y otras condiciones realizan proyectos de creación junto a diseñadores, artistas y estudiantes. Eso es Casa de Carlota. No es una fundación ni una iniciativa sin ánimo de lucro. Es una empresa, una en la que estas personas tienen un contrato laboral con sus respectivas prestaciones sociales.

El talento mezclado de sus integrantes es parte fundamental en los procesos de diseño.

Llevan dos años de creación en el país y han trabajado para empresas como Maaji Swimwear, alcaldía de Medellín, Bancolombia y Éxito-Viva.

No solo eso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contó con ellos para el desarrollo de la imagen del evento 'IncluyeTech: Innovación para la Inclusión de Personas con Discapacidad', que se realizará el próximo jueves en Washington, Estados Unidos.

Además de conceptualizar la pieza creativa, el equipo de Casa de Carlota asistirá a dicho evento, en el que participará en una conferencia enfocada en prácticas innovadoras para la inclusión de personas con discapacidad en la vida social y económica de América Latina y el Caribe.

Nelson Correa, director del estudio de diseño, contó que en ese espacio hablarán de cómo este modelo de negocio ha logrado romper paradigmas y prejuicios en Colombia.

El objetivo de la conferencia, según la gerencia del BID, es doble. En primer lugar, se presentarán mejores prácticas de proyectos de integración de personas con discapacidad en áreas como intermediación laboral, accesibilidad en ciudades, tecnologías disruptivas para la inclusión, como mapas y herramientas de visualización o audición, educación y otras.

"En segundo lugar, el evento servirá para facilitar una discusión entre el personal del banco sobre cómo aprovechar mejor el talento de las personas con discapacidad y desarrollar políticas internas y externas de apoyo a este colectivo", dice la carta de invitación firmada por Marcelo Cabrol, gerente del Sector Social del banco.

Para el director creativo de la Casa de Carlota, más allá del orgullo de que la empresa sea considerada un ejemplo a nivel latinoamericano de inclusión laboral a nivel profesional e intelectual, quiere aprovechar la oportunidad para la creación de estas políticas y enviar un mensaje a las familias de personas con discapacidad.

Y más que un discurso, es una realidad en Casa de Carlota. Simón es ilustrador, Santi es tipógrafo, Manuela trabaja con lettering y tipografía, Juan David es ilustrador y Sebastián es líder de comunicaciones.

Este último será el encargado de acompañar a Nelson y a Sara, directora creativa, a la conferencia en tierras americanas.

No es el primer viaje que hacen. El modelo de empresa socialmente responsable les ha valido para presentarse ante la ONU, en Nueva York, participar en congresos de Diseño en Panamá y realizar conferencias ante más de 1.200 personas.

"Una de las cosas más bonitas de Casa de Carlota es que todas las experiencias las tomamos con la misma tranquilidad, frescura y espontaneidad. Los miedos quedan a un lado y de las grandes enseñanzas que estos chicos nos han dejado es que todos somos iguales sin importar el lugar donde estemos o el nivel de profesionalismo que se tenga", opinó el director.

Por eso, aunque 'Sebas' es el único de los compañeros con síndrome de Down que viajará al evento, la emoción la siente todo el grupo, saben que en una próxima oportunidad serán todos lo que saquen la cara por este modelo de inclusión laboral.

Sobre Casa de Carlota

Esta iniciativa nació en España en 2013. Uno de los socios de la compañía en ese país tuvo una hija con síndrome de Down, a quien llamó Carlota, y pensando en cómo incluir a las personas con esta condición, se inició un proyecto piloto que ha resultado muy bien en el país ibérico, donde Correa llegó a laborar en 2014 y luego replicó en Medellín.

Entre los servicios que ofrece el estudio, sobresale el diseño de empaques, merchandising, diseño de páginas web y aspectos relacionados a imagen corporativa.

El director de Casa de Carlota reconoció que en esta iniciativa ha sido vital la alianza con Casa Taller Artesas, una ONG local que l e permitió empezar a trabajar con 30 jóvenes con condiciones especiales para perfilar a aquellos más interesados en aportar desde el arte y los procesos gráficos. Así, empezó el proceso de selección de sus nuevos creativos.

"Queremos demostrarle a todo el público asistente y al continente en general, que las personas con discapacidad cognitiva tienen muchas capacidades creativas que pueden expandirse a todo tipo de niveles", aseguró Correa.

David Alejandro Mercado
Redactor de EL TIEMPO
davmer@eltiempo.com
En twitter @AlejoMercado10

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Empresa paisa, reconocida en EE. UU. como ejemplo de inclusión laboral

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Un lugar donde las personas con síndrome de Down, autismo y otras condiciones realizan proyectos de creación junto a diseñadores, artistas y estudiantes. Eso es Casa de Carlota. No es una fundación ni una iniciativa sin ánimo de lucro. Es una empresa, una en la que estas personas tienen un contrato laboral con sus respectivas prestaciones sociales.

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La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplirá el próximo miércoles 10 de junio cuatro años de implementación. Es hora de hacer un balance. A nivel mundial, se trata del proyecto de reparación más generoso, más ambicioso y más complejo que cualquier otro programa de reparación, como concluyó un estudio de la Universidad de Harvard hacia finales del año pasado. Se reconocen más formas de victimización por un período más largo que cualquier otra ley y se ha hecho énfasis en la integralidad de la respuesta del Estado, en clara alusión a la combinación de estrategias económicas, simbólicas, psicológicas, educativas y políticas en la atención a la población sujeta de reparación. Según las cifras, 14% de la población colombiana actual puede considerarse víctima del conflicto armado y, por consiguiente, con derecho a reparación.

La ley recogió y transformó muchos de los legados que en materia de reparación había inaugurado la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005 y dio así una continuidad institucional de ya casi una década al tema de la reparación en Colombia. El andamiaje institucional en el que se apoya la implementación de la Ley de Víctimas ha logrado desarrollar presencia en múltiples regiones colombianas, consta de un proceso eficaz de registro y atención, y ha logrado sistematizar la información de las personas que se declaran víctimas, lo cual permite hacer un cercano monitoreo a la implementación. Al amparo de la ley se ha desarrollado una importante capacidad técnica, que abarca desde la atención psicológica hasta la asesoría en la inversión de los recursos de la reparación en las diversas comunidades que lo requieren.

Más notable, quizás, es la decisión política de no hacer depender la reparación de la verificación de los hechos victimizantes. Con ello se le dio un respaldo sin precedentes en la historia nacional a la necesidad de reconocer a las víctimas, declarar inaceptables los hechos que sufrieron y, sobre todo, agilizar el desarrollo de proyectos y desembolsos. En contraste con otros países, en los que los gobiernos se han resistido de múltiples maneras a este reconocimiento, el Estado colombiano ha mostrado claramente la voluntad política de promover y adelantar las tareas relacionadas con la reparación de las víctimas, confiriéndole respaldo legal y músculo financiero. En Colombia ha habido reparación debido al (y no a pesar del) Estado.

Hasta ahora, la ley goza de un amplio consenso y apoyo popular en torno a su validez moral y política. Sin embargo, la política enfrenta diversos retos que vale la pena señalar. El primero se refiere a la sostenibilidad fiscal. En el documento Conpes 3712 de diciembre de 2011 se fijó un plan de financiación de $54,9 billones, que deben cubrir sus diez años de vigencia. Muchos de los supuestos en los que se basa este cálculo han sido ya excedidos y dependen de que se mantenga el desempeño económico actual y que se materialice el dividendo de la paz para la economía colombiana.

Por otro lado, es claro que, así como el proceso de paz actual ha sido diseñado "por los colombianos para los colombianos", los costos de la implementación de los acuerdos, así como el mantenimiento de la actual estructura de construcción de esa paz, dependerá del bolsillo de los ciudadanos y de su voluntad de asumir muchos de los costos que esta paz implica. En algún momento habrá que priorizar entre las tareas de la construcción de la paz. Es entonces cuando se pondrá a prueba el consenso público y el apoyo popular a favor de la causa de las víctimas. Será el momento en el que se escucharán las voces señalando el oportunismo de algunas víctimas y la inviabilidad financiera del esquema de reparación.

Un tercer reto se refiere a la generación de expectativas que se han desarrollado en torno a la política de reparación. Ya en la actualidad la demanda excede la capacidad de respuesta por parte de las autoridades estatales. Según el universo presente de víctimas, más del 90% está pendiente de reparación. Sin importar cuan bien dotadas estén las oficinas y cuan calificados los equipos -o quizás especialmente por eso- la impaciencia con respecto a las promesas formuladas y las expectativas generadas se incrementa. Las tomas de sedes y las tutelas contra funcionarios podrían aumentar con el tiempo, no disminuir, buscando generar presión para lograr atención y desembolsos. En la competencia que puede surgir entre víctimas por la limitada atención estatal se puede extraviar el espíritu reparador de esta política pública.

Finalmente, la existencia de la ley y la apuesta a la reparación plantea una pregunta más de fondo sobre su efectividad. Más allá de montos y proyectos debemos preguntarnos, y preguntarles a las víctimas, cuándo se sienten reparadas, cuál será el punto de cierre de este proceso, en qué medida esta ley va a contribuir a la reconciliación nacional. Es importante no ocultar ni despreciar la magnitud de las atrocidades cometidas en el conflicto colombiano. Pero un efecto perverso del reconocimiento de sufrimientos diversos es que perpetuemos en vez de superar las divisiones y los agravios. El espíritu generoso, innovador y reconciliador de la ley requiere que se conozcan estos retos y que se prevengan o superen. La reconciliación nacional, por su parte, requerirá, además de este esquema de reparación, un fuerte impulso a esfuerzos de educación a nivel nacional y de superación de las muchas otras brechas que atraviesa la sociedad colombiana.
Las cifras de la reparación
14% de la población colombiana ha sido víctima del conflicto armado.

503 mil colombianos han sido reparados bajo el paraguas de la Ley de Víctimas.

7,1 millones de personas se han inscrito en el Registro Único de Víctimas.

3,1 billones de pesos ha invertido el Estado en indemnizar a 503.716 víctimas.

85 mil hectáreas han sido restituidas a tan sólo 11 mil víctimas, de las 7,1 millones. Claro está, no todas ellas son sujetos de restitución.

33% es la cifra de pobreza extrema en víctimas de desplazamiento. En 2010 estaba en el 74%.

* Directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (Conpaz) del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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ley de víctimas y restitución de tierras

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reparación a víctimas del conflicto armado

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Ley de Víctimas: logros y retos | ELESPECTADOR.COM

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La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplirá el próximo miércoles 10 de junio cuatro años de implementación. Es hora de hacer un balance. A nivel mundial, se trata del proyecto de reparación más generoso, más ambicioso y más complejo que cualquier otro programa de reparación, como concluyó un estudio de la Universidad de Harvard hacia finales del año pasado.