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Los lentos procesos Judiciales en Colombia acuerdo con un informe del Banco Mundial, son los de los más lentos
es por esto que aumenta la desesperación ciudadana, debido a que la justicia  se convierte en un proceso angustioso y agobiante, sin embargo con el proyecto de Inteligencia Artificial en el sistema Jurídico expuesto por el presidente Ivan Duque se ha decrecido el nivel de lentitud en los procesos, pero para mayor eficacia es necesario educar a la ciudadanía para su adecuada participación y su debido procedimiento para obtener agilidad en la respuesta requerida.

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Desde hace dos años el Gobierno y la Rama Judicial pretenden cambiar la que es una imagen recurrente en los juzgados de Colombia: las inexpugnables montañas de papel que atiborran los despachos. En virtud de esa campaña contra el papel, las autoridades acaban de conseguir una gran victoria: el primer proceso judicial tramitado en su totalidad por medios virtuales; es decir, el primer proceso cero papel. Se trata de una sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Especializado de Restitución de Tierras de Ibagué con el que se restituyó el predio Amapolas 2 en la vereda Balsillas, zona rural del municipio de Ataco (Tolima).

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de evitar el uso del papel en este proceso, la Judicatura y la Unidad de Restitución de Tierras "conformaron un grupo interdisciplinario integrado por magistrados, jueces, abogados e ingenieros de sistemas de ambas instituciones, diseñando e implementado procedimientos que lograran la integración e interoperatividad de los sistemas de información de las entidades para la recepción de la demanda y el trámite judicial a través de correos electrónicos, con las medidas de seguridad que permiten la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información".

De la misma forma, esa entidad recalcó que este primer proceso cero papel "marca el inicio del litigio en línea y representa un avance significativo en la transformación cultural, el incremento de la eficiencia y eficacia de las decisiones judiciales, además del fortalecimiento de la capacidad institucional. Lo anterior redundará en el oportuno acceso a la justicia de los ciudadanos en cumplimiento de los principios de acceso a la justicia y publicidad, además de marcar un importante hito en la entrada de la justicia a los medios electrónicos".

Eso sin contar los beneficios para el medio ambiente como son el ahorro de papel y la reducción de los residuos. De la misma forma, la disminución del consumo de recursos naturales empleados en la fabricación del papel, de la contaminación producida por los materiales con los que se blanquea el papel, de la energía empleada en imprimir y fotocopiar y de los residuos contaminantes como el toner y los cartuchos de tinta. Desde el 3 de abril de 2012 hay una directiva presidencial en la que se ordena "sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos". De esta forma, la Rama Judicial empieza a cumplir con esta meta que, se espera, beneficie a los usuarios de uno de los sistemas judiciales más lentos del mundo.

En septiembre de 2013, el Ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Diego Molano, le dijo a El Tiempo que "la gran mayoría de entidades se están transformando rápidamente. Mire la transformación de las notarías: todo se maneja con huella digital. Mire la Contraloría: todos son documentos digitales. Con el Consejo Superior de la Judicatura tenemos un plan en desarrollo para hacer el expediente judicial electrónico. Todo electrónico. Tenemos una política de 'cero papel' en el Estado. Y esa política, que es una realidad, nos conducirá a ser el primer Estado digitalizado del continente". ¿Será el fin de los juzgados atiborrados de papeles? ¿Será el fin del papel?

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Redacción Judicial

Judicial

Un proceso judicial en Colombia sin papeles

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Un proceso judicial en Colombia sin papeles | ELESPECTADOR.COM

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Desde hace dos años el Gobierno y la Rama Judicial pretenden cambiar la que es una imagen recurrente en los juzgados de Colombia: las inexpugnables montañas de papel que atiborran los despachos. En virtud de esa campaña contra el papel, las autoridades acaban de conseguir una gran victoria: el primer proceso judicial tramitado en su totalidad por medios virtuales; es decir, el primer proceso cero papel.

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Nuestro objetivo es solucionar la problemática existente en la Universidad con respecto al tema de ubicar ciertos puntos de interés. Estos incluyen, edificios, bancos, cafeterías, etc.. Esto con la visión de facilitar la movilidad de los estudiantes en las distintas áreas y espacios del campus.

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El dialogo entre el gobierno Colombiano y diversas agrupaciones armadas ilegales es de suma importancia y es interesante ya que podemos ver el conflicto desde un punto de vista integral en donde se pretende establecer un acuerdo y podemos estudiar el trasfondo de la historia.

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La salud mental en Colombia es un tabú para la sociedad. Por ese motivo, infelizmente, es negligenciada, y cuidarla es algo que muchas de las personas que lo necesitan no hacen.
Además, el propio sistema de salud colombiano ignora esa sección tan fundamental de la persona humana, y sus pacientes psiquiátricos no reciben el adecuado tratamiento.
Conociendo esas fallas, y teniendo en cuenta la importancia del paciente psiquiátrico como persona, decidimos la salud mental como base de nuestro proyecto.

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Dentro de los múltiples problemas que tiene el sistema de salud de los colombianos, uno que no se discute con la necesaria frecuencia y profundidad es el de la salud mental. Se trata de un tema plagado de prejuicios, desconocimiento y obstáculos para el tratamiento, que produce padecimientos muchas veces silenciados. Es momento de dar un debate nacional sobre la salud mental de quienes viven en Colombia.

Hace poco, El Espectador publicó un especial digital que relata las experiencias de varias personas con varias enfermedades mentales. Aunque cada historia tiene sus particularidades, son varias las conclusiones que se pueden generalizar a partir de los testimonios recogidos: se trata de enfermedades que son difíciles de comprender y explicar, causan serios problemas en las familias de quienes las padecen, dificultan el acceso a espacios laborales, están marcadas por los estigmas que empeoran toda la situación y el sistema de salud colombiano no está preparado para atender de manera humana estas aflicciones.

Según el Estudio Nacional de Salud Mental, en Colombia el 40,1 % de la población que se encuentra entre los 18 y los 65 años ha sufrido o sufrirá alguna vez en la vida un trastorno mental. Si se observan los datos mundiales, este tipo de aflicciones vienen en aumento; en parte, gracias a que hemos aprendido a diagnosticarlas, pero también a la manera en que las sociedades se están organizando.

Se trata, entonces, de un problema que no va a desaparecer. ¿Por qué muchas personas prefieren ignorarlo?

Un artículo publicado en Cromos hace poco entrevistó a decenas de personas que lidian con diversas enfermedades mentales, en particular la depresión. La abrumadora mayoría contó cómo la reacción de su entorno, cuando tuvieron un diagnóstico, fue la incredulidad. Muchos colombianos siguen creyendo que la depresión es un capricho. No entienden que de por medio hay un montón de factores complejos, incluyendo desbalances químicos en el cerebro, y que necesitan tratamiento especializado. Ese desconocimiento lleva a que muchas personas sufran en silencio.

Y no son pocos quienes sufren, por cierto. El 4,7 % de los colombianos sufren de depresión, un porcentaje más alto que el promedio mundial. Dos de cada 100 colombianos padecen trastorno afectivo bipolar y, de esos, el 25 % son niños y adolescentes. En algún momento de sus vidas, el 80 % de los colombianos han presentado entre uno y tres síntomas de depresión. Todos son datos contenidos en la Encuesta Nacional de Salud Mental.

El otro gran reto es el acceso. La Organización Mundial de Salud ha denunciado que, en todo el mundo, hay escasez de psiquiatras, enfermeras y psicólogos. En Colombia, la salud mental, cuando se trata por la medicina privada, tiene costos prohibitivos, y cuando se atiende en el sistema público, afronta un número enorme de obstáculos.

Por todo esto, preguntamos: ¿y para cuándo la salud mental en Colombia?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]

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[email protected]
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El Espectador

Editorial

¿Y la salud mental para cuándo?

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¿Y la salud mental para cuándo? | ELESPECTADOR.COM

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Dentro de los múltiples problemas que tiene el sistema de salud de los colombianos, uno que no se discute con la necesaria frecuencia y profundidad es el de la salud mental. Se trata de un tema plagado de prejuicios, desconocimiento y obstáculos para el tratamiento, que produce padecimientos muchas veces silenciados.

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La violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.

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Discriminación y violencia a niños y mujeres que se encuentran en zonas vulnerables del país

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Hanna Eljach Forero

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Importancia de el dialogo del gobierno con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia para llegar a la paz.

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los problemas sociales en la guajira

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Después de decenas de debates, informes, mesas de trabajo y reuniones sobre la crisis humanitaria en La Guajira, que en lo corrido del año suma otros 11 niños muertos por desnutrición -en 2015 murieron 37 y 48 en 2014- hay dos conclusiones centrales.

Primero, que este es un problema originado por múltiples causas que unidas han llevado a esta región a vivir su época más difícil y, segundo, que la solución debe ser estructural, de fondo y permanente en el tiempo.

A pesar de que se conoce plenamente cómo debe abordarse la crisis, esta ha aumentado desde que EL HERALDO en marzo del 2014 dio a conocer una histórica tutela interpuesta por César Arismendy Morales, entonces director del departamento administrativo de Planeación de La Guajira y secretario técnico del Consejo de Política Social, contra el Estado colombiano para exigirle la protección de los derechos de los niños y niñas guajiras, especialmente de las etnias wayuu, wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo.

En el proceso impetrado ante el T ribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el funcionario aseguró que entre 2008 y 2013 murieron oficialmente 2.969 menores de cinco años, de los cuales 278 sufrían desnutrición y el resto, 2.691, otras patologías asociadas a la falta de una buena alimentación.

"Nosotros los wayuu no estamos dejando morir a nuestros hijos, como han querido dar a entender, el problema es que no tenemos fuentes de empleo, hemos estado abandonados por el Estado y además sufrimos una grave sequía", dice la gobernadora Oneida Pinto.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional frente a la crisis, contra la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a la población vulnerable -la reacción de las administraciones departamental y municipales ha sido cuestiona por ser casi que inexistente- hay cinco grandes causas vigentes:

Sequía extrema que lleva tres años
La gobernadora Oneida Pinto señala que en la Alta Guajira hay 3.122 jagüeyes totalmente secos debido a que hace tres años no llueve en esa zona, lo cual ha impedido que la población dispersa wayuu tenga acceso al agua. El Departamento ha sido declarado en "calamidad pública" y de acuerdo con la información del Ideam solo lloverá después de junio.

Al respecto, el Programa Mundial de Alimentos ha manifestado que "la disminución de lluvias en los últimos años (en La Guajira) ha tenido graves efectos en los niveles de seguridad alimentaria y en la salud de la población". Y ha señalado que "el desabastecimiento de agua y alimentos ha afectado a más de 63.000 personas, la mayoría de ellas concentradas en los municipios de Riohacha, Uribia y Manaure".

Paralelo a esa afectación natural, la organización ambientalista Censat Agua Viva denuncia en un informe que las multinacionales carboneras han acaparado y controlado el agua, lo cual ha agravado la escasez. "Aquí también es importante desmitificar el discurso creado para legitimar la sed de La Guajira como producto de un fenómeno de escasez que se quiere presentar como natural, cuando el surgimiento de esta condición es el resultado del despojo de las fuentes y su utilización en actividades contrarias a las necesidades de la vida humana, animal y vegetal", indica la organización.

Como ejemplo señala que Cerrejón usa 17 millones de litros de agua cada día y explica que estos son extraídos del río Ranchería para regar las vías por las que transitan las volquetas, a fin de aplacar el polvo que levantan. Mientras esto sucede, el consumo promedio diario de una persona en la Alta Guajira, según datos del PNUD, es de 0,7 litros de agua no tratada.

Las familias wayuu en su mayoría viven en la miseria.

El abandono del Estado
En un informe sobre la crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo reconoce que "La Guajira ha sido objeto de un constante e histórico abandono por parte del Estado y de los organismos de control, incluida la misma Defensoría".

Dice que, a través de la historia, esta región se ha acostumbrado a la desidia y al abandono, hasta el punto de que las cifras ya no asombran, ni alarman a la comunidad.

El antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo asegura que en la crisis "hay una gran responsabilidad nacional" y considera que con una "voluntad decidida" se podría erradicar el problema, porque el país "sí tiene los recursos para invertir".

Así opina también el líder wayuu Javier Rojas Uriana, uno de los peticionarios de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rojas afirma que el Estado ha sido "responsable" de las muertes de los niños. "Están acabando con nuestra comunidad y necesitamos que haga más presencia en el territorio indígena". Otra líder wayuu asegura que en la Alta Guajira hay comunidades donde solo conocen el nombre del presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. "Es decir, no han visto acciones de los presidentes que han pasado hasta la fecha, ya que solo tienen conocimiento de los molinos y jagüeyes que se hicieron en el gobierno de Rojas", añade.

Sin embargo, hace menos de dos semanas, el presidente Juan Manuel Santos aseguró, en una nueva visita, que ningún gobierno había invertido tanto en La Guajira como el suyo. Aunque le reconocen sus acciones, muchos piensan que hay "muchísimo más para hacer" para que el Departamento se recupere.

La creciente corrupción
Un común denominador que ha surgido es que la muerte de los niños wayuu es atribuida a la corrupción administrativa. Desde 1995 hasta 2015 La Guajira recibió por regalías del carbón y el petróleo 4,8 billones de pesos, pero hoy la Gobernación prepara una petición para entrar a la Ley 550 o de quiebra porque las deudas que encontró suman cerca de $360 mil millones y no puede atenderlas con el presupuesto de $400 mil millones para la vigencia de 2016.

¿Qué se hicieron todos esos billones recibidos?, es la pregunta que aflora en medio de la creciente crisis humanitaria. Al respecto, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en una de sus visitas recientes, sostuvo que "el verdadero problema de La Guajira no es la sequía: es la corrupción, porque se robaron las regalías y no hicieron las obras que se necesitaban para afrontar los episodios de la naturaleza".

Hace poco, el médico Spencer Rivadeneira aseguró que la sociedad es culpable de lo que sucede porque "aquí todo mundo sabe dónde es que venden las cajitas de leche del ICBF y no denuncian". Manifestó que la politiquería debe salir de esta institución para que pueda funcionar como debe ser.

La misma directora nacional del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, se ha referido a la corrupción interna, ha hablado de "mafias" e incluso ha presentado denuncias ante la Fiscalía que dejan varias capturados por graves irregularidades en el suministro de alimentos de niños, pese a contratos que suman cerca de $140.000 millones. El obispo de Riohacha, monseñor Héctor Salah Zuleta, aseguró a EL HERALDO que la corrupción "es la principal calamidad del Departamento, ya que han usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene esta región".

La corrupción se da en todos los niveles, incluso al interior de las mismas comunidades wayuu. Un informe de la Contraloría General de la República, en el que evaluaron la vigencia de 2012 cuando se manejaron $57.621 millones, manifiesta que se vulneraron los derechos de participación de miembros de las comunidades, beneficiando a pequeños grupos, lo que conllevó a la mala inversión y desviación de recursos.

Planeación Departamental también encontró que hubo dificultad para llevar control y evaluar los proyectos porque son ejecutados, en su mayoría, sin especificaciones técnicas, no se fijan objetivos ni se sabe cual es la población beneficiaria. Es decir, no se formulan los proyectos de manera que puedan ser medidos en sus metas y en la calidad de sus productos de bienes o servicios.

La frontera con Venezuela fue cerrada desde septiembre de 2015.

Cierre de la frontera con Venezuela
La Gran Nación Wayuu está conformada por unos 600 mil indígenas de Colombia y Venezuela. Para ellos no hay fronteras, por lo que el cierre ordenado por el Gobierno venezolano desde septiembre del 2015 los ha afectado porque muchas comunidades no tienen alimentos que antes conseguían en el vecino país.

Zoe María Curvelo, del clan Ipuana de Puerto Estrella, dice que antes se alimentaban con productos venezolanos y de Panamá, Aruba, Bonaire y Curazao que entraban a través de Puerto López, Puerto Estrella y Bahía Portete, tres puertos que fueron cerrados para evitar el contrabando y por la presencia de grupos al margen de la ley.

En un informe, la Defensoría del Pueblo indica que La Guajira de los wayuu en esa época no se alimentó de productos colombianos: la canasta básica familiar estaba conformada por quesos holandeses, leches norteamericanas, aceites y arroz venezolanos. "Este contrabando se acabó con la apertura económica de los años 90", asegura.

Weildler Guerra manifiesta que Venezuela era el destino habitual de parte de la producción artesanal, agrícola y pecuaria wayuu. "Numerosos trabajadores indígenas del lado colombiano laboraban en granjas y haciendas venezolanas. Pero la devaluación del bolívar recortó estos ingresos y la situación actual de la economía de ese país ha llevado al retorno de trabajadores wayuu y sus familias al lado colombiano", explica.

Subraya que el desabastecimiento en Venezuela redujo drásticamente el flujo de víveres hacia La Guajira, lo que hizo evidente la dependencia de nuestro país que, con la frontera cerrada, no ha asumido el papel de abastecedor de alimentos a La Guajira, lo cual ha sido "factor determinante" en la crisis que se está viviendo.

Por la geografía del departamento, los wayuu deben caminar largos tramos.

Población dispersa y aspecto cultural
El departamento de La Guajira tiene, según el Dane, aproximadamente 902 mil habitantes, de los cuales 162.362 están en Uribia. En ese Municipio se encuentra la mayor cantidad de wayuu, pero de manera dispersa en 22 mil puntos poblados, dice la gobernadora Oneida Pinto.

En Manaure son 7.900 los puntos poblados, en Maicao 5.900 y en Riohacha 4.900 agrega.

Esta situación, destaca la mandataria, es una "gran dificultad" para llegar a cada una de las rancherías y poder ayudar a la población en crisis.

Por ejemplo, argumenta, el municipio de Uribia mide 7.900 kilómetros cuadrados, igual que el departamento de Caldas y dos veces el Atlántico.

La Defensoría del Pueblo asegura que además no hay una caracterización real de la población wayuu por lo que el "subregistro en desnutrición es alarmante".

Adicional a esto, los líderes indígenas se quejan de que ninguno de los programas que se diseñan aplica el enfoque diferencial con su etnia, por lo que siempre hay dificultades a la hora de trasladar a los menores a los centros asistenciales para que reciban la atención que necesita.

La Asociación de IPS Indígenas de La Guajira sostiene que la construcción del nuevo modelo de salud que anunció el Ministerio de Salud para esta zona del país debe dar una participación activa a los médicos tradicionales, trabajar desde el contexto del espíritu y mente wayuu y con los sabedores de la tradición medicinal ancestral.

Además se debe contratar con personal bilingüe y tener en cuenta a las autoridades tradicionales de cada comunidad.

La realidad política, administrativa, social y económica de la península indica que lo que viven sus comunidades más vulnerable no tendrá solución si no se ponen en marcha planes de inversión permanentes y vigilados. De lo contrario los niños seguirán muriendo.

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Cinco causas de la crisis humanitaria en La Guajira

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Después de decenas de debates, informes, mesas de trabajo y reuniones sobre la crisis humanitaria en La Guajira, que en lo corrido del año suma otros 11 niños muertos por desnutrición -en 2015 murieron 37 y 48 en 2014- hay dos conclusiones centrales.

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Crisis de la salud en Colombia en

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Crisis en el sistema de salud colombiano: cómo la Ley 100 de 1993 impactó en los colombianos, llevando a la salud de los ciudadanos a ser un "lujo" y no un derecho fundamental.

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Los problemas sociales en la Guajira

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Después de decenas de debates, informes, mesas de trabajo y reuniones sobre la crisis humanitaria en La Guajira, que en lo corrido del año suma otros 11 niños muertos por desnutrición -en 2015 murieron 37 y 48 en 2014- hay dos conclusiones centrales.

Primero, que este es un problema originado por múltiples causas que unidas han llevado a esta región a vivir su época más difícil y, segundo, que la solución debe ser estructural, de fondo y permanente en el tiempo.

A pesar de que se conoce plenamente cómo debe abordarse la crisis, esta ha aumentado desde que EL HERALDO en marzo del 2014 dio a conocer una histórica tutela interpuesta por César Arismendy Morales, entonces director del departamento administrativo de Planeación de La Guajira y secretario técnico del Consejo de Política Social, contra el Estado colombiano para exigirle la protección de los derechos de los niños y niñas guajiras, especialmente de las etnias wayuu, wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo.

En el proceso impetrado ante el T ribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el funcionario aseguró que entre 2008 y 2013 murieron oficialmente 2.969 menores de cinco años, de los cuales 278 sufrían desnutrición y el resto, 2.691, otras patologías asociadas a la falta de una buena alimentación.

"Nosotros los wayuu no estamos dejando morir a nuestros hijos, como han querido dar a entender, el problema es que no tenemos fuentes de empleo, hemos estado abandonados por el Estado y además sufrimos una grave sequía", dice la gobernadora Oneida Pinto.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional frente a la crisis, contra la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a la población vulnerable -la reacción de las administraciones departamental y municipales ha sido cuestiona por ser casi que inexistente- hay cinco grandes causas vigentes:

Sequía extrema que lleva tres años
La gobernadora Oneida Pinto señala que en la Alta Guajira hay 3.122 jagüeyes totalmente secos debido a que hace tres años no llueve en esa zona, lo cual ha impedido que la población dispersa wayuu tenga acceso al agua. El Departamento ha sido declarado en "calamidad pública" y de acuerdo con la información del Ideam solo lloverá después de junio.

Al respecto, el Programa Mundial de Alimentos ha manifestado que "la disminución de lluvias en los últimos años (en La Guajira) ha tenido graves efectos en los niveles de seguridad alimentaria y en la salud de la población". Y ha señalado que "el desabastecimiento de agua y alimentos ha afectado a más de 63.000 personas, la mayoría de ellas concentradas en los municipios de Riohacha, Uribia y Manaure".

Paralelo a esa afectación natural, la organización ambientalista Censat Agua Viva denuncia en un informe que las multinacionales carboneras han acaparado y controlado el agua, lo cual ha agravado la escasez. "Aquí también es importante desmitificar el discurso creado para legitimar la sed de La Guajira como producto de un fenómeno de escasez que se quiere presentar como natural, cuando el surgimiento de esta condición es el resultado del despojo de las fuentes y su utilización en actividades contrarias a las necesidades de la vida humana, animal y vegetal", indica la organización.

Como ejemplo señala que Cerrejón usa 17 millones de litros de agua cada día y explica que estos son extraídos del río Ranchería para regar las vías por las que transitan las volquetas, a fin de aplacar el polvo que levantan. Mientras esto sucede, el consumo promedio diario de una persona en la Alta Guajira, según datos del PNUD, es de 0,7 litros de agua no tratada.

Las familias wayuu en su mayoría viven en la miseria.

El abandono del Estado
En un informe sobre la crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo reconoce que "La Guajira ha sido objeto de un constante e histórico abandono por parte del Estado y de los organismos de control, incluida la misma Defensoría".

Dice que, a través de la historia, esta región se ha acostumbrado a la desidia y al abandono, hasta el punto de que las cifras ya no asombran, ni alarman a la comunidad.

El antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo asegura que en la crisis "hay una gran responsabilidad nacional" y considera que con una "voluntad decidida" se podría erradicar el problema, porque el país "sí tiene los recursos para invertir".

Así opina también el líder wayuu Javier Rojas Uriana, uno de los peticionarios de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rojas afirma que el Estado ha sido "responsable" de las muertes de los niños. "Están acabando con nuestra comunidad y necesitamos que haga más presencia en el territorio indígena". Otra líder wayuu asegura que en la Alta Guajira hay comunidades donde solo conocen el nombre del presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. "Es decir, no han visto acciones de los presidentes que han pasado hasta la fecha, ya que solo tienen conocimiento de los molinos y jagüeyes que se hicieron en el gobierno de Rojas", añade.

Sin embargo, hace menos de dos semanas, el presidente Juan Manuel Santos aseguró, en una nueva visita, que ningún gobierno había invertido tanto en La Guajira como el suyo. Aunque le reconocen sus acciones, muchos piensan que hay "muchísimo más para hacer" para que el Departamento se recupere.

La creciente corrupción
Un común denominador que ha surgido es que la muerte de los niños wayuu es atribuida a la corrupción administrativa. Desde 1995 hasta 2015 La Guajira recibió por regalías del carbón y el petróleo 4,8 billones de pesos, pero hoy la Gobernación prepara una petición para entrar a la Ley 550 o de quiebra porque las deudas que encontró suman cerca de $360 mil millones y no puede atenderlas con el presupuesto de $400 mil millones para la vigencia de 2016.

¿Qué se hicieron todos esos billones recibidos?, es la pregunta que aflora en medio de la creciente crisis humanitaria. Al respecto, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en una de sus visitas recientes, sostuvo que "el verdadero problema de La Guajira no es la sequía: es la corrupción, porque se robaron las regalías y no hicieron las obras que se necesitaban para afrontar los episodios de la naturaleza".

Hace poco, el médico Spencer Rivadeneira aseguró que la sociedad es culpable de lo que sucede porque "aquí todo mundo sabe dónde es que venden las cajitas de leche del ICBF y no denuncian". Manifestó que la politiquería debe salir de esta institución para que pueda funcionar como debe ser.

La misma directora nacional del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, se ha referido a la corrupción interna, ha hablado de "mafias" e incluso ha presentado denuncias ante la Fiscalía que dejan varias capturados por graves irregularidades en el suministro de alimentos de niños, pese a contratos que suman cerca de $140.000 millones. El obispo de Riohacha, monseñor Héctor Salah Zuleta, aseguró a EL HERALDO que la corrupción "es la principal calamidad del Departamento, ya que han usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene esta región".

La corrupción se da en todos los niveles, incluso al interior de las mismas comunidades wayuu. Un informe de la Contraloría General de la República, en el que evaluaron la vigencia de 2012 cuando se manejaron $57.621 millones, manifiesta que se vulneraron los derechos de participación de miembros de las comunidades, beneficiando a pequeños grupos, lo que conllevó a la mala inversión y desviación de recursos.

Planeación Departamental también encontró que hubo dificultad para llevar control y evaluar los proyectos porque son ejecutados, en su mayoría, sin especificaciones técnicas, no se fijan objetivos ni se sabe cual es la población beneficiaria. Es decir, no se formulan los proyectos de manera que puedan ser medidos en sus metas y en la calidad de sus productos de bienes o servicios.

La frontera con Venezuela fue cerrada desde septiembre de 2015.

Cierre de la frontera con Venezuela
La Gran Nación Wayuu está conformada por unos 600 mil indígenas de Colombia y Venezuela. Para ellos no hay fronteras, por lo que el cierre ordenado por el Gobierno venezolano desde septiembre del 2015 los ha afectado porque muchas comunidades no tienen alimentos que antes conseguían en el vecino país.

Zoe María Curvelo, del clan Ipuana de Puerto Estrella, dice que antes se alimentaban con productos venezolanos y de Panamá, Aruba, Bonaire y Curazao que entraban a través de Puerto López, Puerto Estrella y Bahía Portete, tres puertos que fueron cerrados para evitar el contrabando y por la presencia de grupos al margen de la ley.

En un informe, la Defensoría del Pueblo indica que La Guajira de los wayuu en esa época no se alimentó de productos colombianos: la canasta básica familiar estaba conformada por quesos holandeses, leches norteamericanas, aceites y arroz venezolanos. "Este contrabando se acabó con la apertura económica de los años 90", asegura.

Weildler Guerra manifiesta que Venezuela era el destino habitual de parte de la producción artesanal, agrícola y pecuaria wayuu. "Numerosos trabajadores indígenas del lado colombiano laboraban en granjas y haciendas venezolanas. Pero la devaluación del bolívar recortó estos ingresos y la situación actual de la economía de ese país ha llevado al retorno de trabajadores wayuu y sus familias al lado colombiano", explica.

Subraya que el desabastecimiento en Venezuela redujo drásticamente el flujo de víveres hacia La Guajira, lo que hizo evidente la dependencia de nuestro país que, con la frontera cerrada, no ha asumido el papel de abastecedor de alimentos a La Guajira, lo cual ha sido "factor determinante" en la crisis que se está viviendo.

Por la geografía del departamento, los wayuu deben caminar largos tramos.

Población dispersa y aspecto cultural
El departamento de La Guajira tiene, según el Dane, aproximadamente 902 mil habitantes, de los cuales 162.362 están en Uribia. En ese Municipio se encuentra la mayor cantidad de wayuu, pero de manera dispersa en 22 mil puntos poblados, dice la gobernadora Oneida Pinto.

En Manaure son 7.900 los puntos poblados, en Maicao 5.900 y en Riohacha 4.900 agrega.

Esta situación, destaca la mandataria, es una "gran dificultad" para llegar a cada una de las rancherías y poder ayudar a la población en crisis.

Por ejemplo, argumenta, el municipio de Uribia mide 7.900 kilómetros cuadrados, igual que el departamento de Caldas y dos veces el Atlántico.

La Defensoría del Pueblo asegura que además no hay una caracterización real de la población wayuu por lo que el "subregistro en desnutrición es alarmante".

Adicional a esto, los líderes indígenas se quejan de que ninguno de los programas que se diseñan aplica el enfoque diferencial con su etnia, por lo que siempre hay dificultades a la hora de trasladar a los menores a los centros asistenciales para que reciban la atención que necesita.

La Asociación de IPS Indígenas de La Guajira sostiene que la construcción del nuevo modelo de salud que anunció el Ministerio de Salud para esta zona del país debe dar una participación activa a los médicos tradicionales, trabajar desde el contexto del espíritu y mente wayuu y con los sabedores de la tradición medicinal ancestral.

Además se debe contratar con personal bilingüe y tener en cuenta a las autoridades tradicionales de cada comunidad.

La realidad política, administrativa, social y económica de la península indica que lo que viven sus comunidades más vulnerable no tendrá solución si no se ponen en marcha planes de inversión permanentes y vigilados. De lo contrario los niños seguirán muriendo.

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Cinco causas de la crisis humanitaria en La Guajira

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Después de decenas de debates, informes, mesas de trabajo y reuniones sobre la crisis humanitaria en La Guajira, que en lo corrido del año suma otros 11 niños muertos por desnutrición -en 2015 murieron 37 y 48 en 2014- hay dos conclusiones centrales.

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Pobreza en Colombia

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Consumo de cigarrillo en estudiantes universitarios y su efecto en el ambiente académico para los otros estudiantes

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Bautista-Pérez - 2014 - Prevalencia del consumo de cigarrillos y otras formas de tabaco

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Importancia del cuidado integral a los niños de la primera infancia menores de 6 años y los efectos socioeconómicos de Colombia que afectan este desarrollo

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La salud mental en Colombia y las acciones empleadas por el Estado. Los casos en Colombia aumentan cada año, muchas veces siendo uno de los factores principales de mortalidad; y como comunidad debemos estar informados de cómo reconocer los síntomas y sobretodo, saber cómo actuar en caso de que se presente en un contexto muy cercano, y al mismo tiempo conocer las estrategias de prevención.

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La importancia del cuidado integral de los niños de la primera infancia y los factores socio-económicos que afectan el correcto desarrollo de ellos. Aplicándolo a fundaciones donde se puede llevar este conocimiento.

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El año rural

En Colombia el servicio social obligatorio (SSO), conocido como año rural, es para los médicos un momento de incertidumbre. El proceso de selección lo puede arrojar a una de las temidas zonas rojas, donde la violencia es una constante o en algún otro lugar con terribles condiciones para trabar y vivir.

Los antecedentes de este problema son la corrupción que ha acabado al sistema de salud y el conflicto interno que ha dejado a grupos armados y a narcos al mando de lugares donde no llega el gobierno.

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Memoria Histórica
El Plebiscito de 1957

El plebiscito de 1957 fue sin duda una de las reformas constitucionales más aclamadas por la población Colombiana de aquella década.
Aquél plebiscito, que de carácter asemeja en gran medida a un referendo, no solo fue el comienzo de la tan esperada paz entre Partido Liberal y Partido Conservador - en lo que posteriormente se llamariá Frente Nacional - sino que también fue la inauguración de la igualdad de genero, con la posibilidad de voto del genero femenino.
Por estas y muchas más razones, considero que el Plebiscito de 1957 tiene que ser sometido a un análisis para así crear conciencia histórica.

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Dentro de los conflictos sociales que se encuentran en Colombia, uno de los mas importantes es la calidad del servicio de salud que se ofrece en el país.

La atención en el sistema de salud EPS sigue presentando problemas como la falta de recursos para atender casos específicos y los largos tiempos de espera para recibir atención o recibir aprobación para procedimientos, inclusive para personas con enfermedades de alto riesgo.

A diario se presentan miles de tutelas y quejas por por la vulneración del derecho a la salud.

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La Defensoría del Pueblo publicó hoy su informe anual sobre el Derecho a la Salud en Colombia, que corresponde a 2018. Según el documento, la situación de la salud en Colombia sigue presentando problemas que impiden la materialización del derecho fundamental a la salud. "Es así como aún persisten las amenazas y vulneraciones a los derechos de los ciudadanos que acceden a los servicios de salud, la falta de capacidad resolutiva de los diferentes actores, la no garantía de los beneficios contemplados en el Plan de Beneficios de Salud (PBS), la falta de oportunidad en la atención, entre otros".

Estos problemas se reflejan en el número de quejas y tutelas que a diario se presentan en el país por la vulneración del derecho a la salud. Solo el año pasado, se registraron 607.308 acciones por presuntas violaciones a un derecho fundamental, lo que significa que, en 2018, cada 52 segundos se interpuso una tutela en Colombia.

De las 607.308 acciones interpuestas, el 26% (es decir 158.746), fueron impugnadas. Según el informe presentado al Congreso por la Rama Judicial en 2018, el 28% del total de los ingresos a la Rama Judicial corresponde a acciones de tutela. (Vientos de reforma para el derecho a la tutela)

Por otro lado, año tras año se interponen más tutelas. Mientras que en 1997 las acciones de tutela solo correspondían al 3%, en 2018 este porcentaje alcanzó el 28%. Según el informe, se demuestra que "no solo la acción de tutela se ha convertido en un mecanismo de amplio uso por la ciudadanía para hacer valer sus derechos, sino que gran parte de los jueces se encamina a la protección de los derechos fundamentales de todos los colombianos".

De hecho, del total de tutelas interpuestas en Colombia, el 34.21% invocaron el derecho a la salud. Le sigue el derecho al debido proceso (11.45%); el derecho al mínimo vital (6.74%); a la ayuda humanitaria (4.17%) y a la seguridad social (3.27%) y a la vida (2.89%).

Según la Defensoría, las tutelas por derecho de petición y ayuda humanitaria continúan en descenso con respecto a 2017 gracias a dos importantes razones: primero, por las medidas implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), mediante las cuales se ha logrado el reconocimiento oportuno de las indemnizaciones; y segundo, por los Acuerdos de Paz. Esto ha permitido brindar respuestas más rápidas".
Tutelas contra las EPS
La cuarta entidad con el mayor número de tutelas en el país durante 2018 fue Medimás/Cafesalud/Saludcoop con 31.468 acciones, cifra inferior en 33,54% a la observada en 2017. Esta variación está directamente relacionada con la disminución de afiliados a la entidad, que fue alrededor de 500.000.

En el quinto lugar se ubicó Coomeva con 31.217 tutelas, cifra que representó un incremento del 14,3% con relación al año 2017. Los derechos más invocados en estas tutelas fueron: salud (73,3%), mínimo vital (22,5%), vida (%) y petición (4,5%). El informe aquí.

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- Redacción Vivir

Salud

Cada 52 segundos radican una tutela contra el sistema de salud en Colombia

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Cada 52 segundos radican una tutela contra el sistema de salud en Colombia | ELESPECTADOR.COM

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La Defensoría del Pueblo publicó hoy su informe anual sobre el Derecho a la Salud en Colombia, que corresponde a 2018. Según el documento, la situación de la salud en Colombia sigue presentando problemas que impiden la materialización del derecho fundamental a la salud.

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¿Cómo afecta la crisis en el Sector Salud a los colombianos?

Es bien conocido por los colombianos que el Sector Salud se ha venido denigrando desde hace muchos años; las personas tienen que esperar meses para recibir atención por parte de un especialista, los medicamentos no son cubiertos por sus EPS, no son atendidos en los hospitales por los problemas económicos que presentan las EPS a las que están afiliados, no reciben la atención adecuada, y pagan por un servicio obligatorio, el cual no cumple el rol que debería. ¿cómo se estan viendo afectados los colombianos?, ¿hace cuanto inició este problema?, ¿quienes han sido afectados?, ¿qué se está haciendo al respecto?, ¿han habido problemas relacionados en la Salud anteriormente (en Colombia)?

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El sistema de salud en colombia es un problema fundamental para cada persona debido a que es uno de los derechos fundamentales, pero que en en nuestro país está poniendo en juego la vida de muchas personas, que en varios casos pertenecen a un estrato socioeconómico por debajo del nuestro (características que no debería importar a la hora de necesitar ayuda).
Considero que este problema debe ser escuchado por todo colombia, pero si empezamos por la población estudiantil se puede generar pequeños pasos para mejorar el sistema ya que se generará más respeto y consciencia por parte de la ciudadanía hacia este problema.

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POBREZA EN COLOMBIA:  La pobreza en Colombia es uno de los factores mas impactantes e importantes que debemos tener en cuenta, ya que día a día aumentan mas los niveles de pobreza haciendo que miles de familias sean  afectadas y llegar al punto de la muerte debido a la desnutrición y la baja calidad de vida.El 27% de la población en Colombia es pobre, así lo afirmó el DANE en su más reciente informe. Ésta entidad destacó que durante el año 2017 el indicador de pobreza en el país, pasó de 26,9 por ciento a un 27 por ciento.Estas cifras dejan ver que en el último año, 190 mil personas ingresaron a las estadísticas de pobreza en el país.

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Así es el mapa de la pobreza en Colombia que debe sortear Iván Duque

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El presidente empezará su segundo año de gobierno con 13,07 millones de personas en la pobreza monetaria

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NARCOTRAFICO EN COLOMBIA: El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país; también como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto tanto de grupos insurgentes (FARC y ELN) como de grupos paramilitares (AUC) y de la delincuencia organizada (carteles de la droga y Bandas Criminales). Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con grupos de narcotraficantes y/o grupos armados ligados al narcotráfico para ganar poder político y económico.

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Participacion politica de integrantes de las FARC en el senado y la camara de representantes en Colombia.

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1. ¿Qué busca el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo político, lo económico y lo social?
El proceso de reincorporación busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general a la vida civil.
2. ¿Cuándo nace exactamente el nuevo partido o movimiento político que surja de las FARC? ¿Participarán en política durante el proceso de dejación de armas?
El nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

La personería así reconocida se conservará de conformidad con las reglas aplicables a los demás partidos y la perderán si incurren en las faltas previstas en la ley, tales como estimular la formación de asociaciones ilegales, utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral, entre otras. Sin embargo, durante el período de transición, no se exigirán los requisitos relacionados con obtener votos en elecciones de Congreso y acreditar un determinado número de afiliados.

Mientras estén en armas, los integrantes de las FARC no podrán participar en política.
3. ¿Qué condiciones y requisitos deberán cumplir las FARC para hacer su tránsito de una organización armada a un partido o movimiento político?
Como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas. De igual manera, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley, excepto el haber obtenido un número determinado de votos en elecciones de Congreso.
4. ¿Se le asignarán curules en Senado y Cámara al partido político conformado por integrantes de las FARC? ¿Cómo? ¿Cuántas?
No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso, sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional.
5. ¿Cómo serán las vocerías en Senado y Cámara de Representantes del nuevo movimiento que surja de las FARC?
Se trata de ciudadanos en ejercicio, es decir personas que no tienen suspendida la ciudadanía como consecuencia de condena penal o sanción disciplinaria, y que no se encuentren en armas.

Los voceros serán designados por la agrupación política con el objeto de que participen, exclusivamente, durante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016, en los debates que se surtan en el Congreso de la República, pudiendo intervenir con las mismas facultades que tienen los Congresistas, excepto el voto.
6. ¿Qué medidas de reincorporación económica y social tendrán los integrantes de las FARC?
Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los excombatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con:

- Atención a los derechos de cada excombatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros.

- Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad

- Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMÚN)
7. ¿Qué tipo de seguimiento hará el Gobierno Nacional para asegurar que los integrantes de las FARC cumplan con las condiciones de reincorporación y no vuelvan a delinquir?
Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación, que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, la cual tiene como uno de sus objetivos realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de esa guerrilla. De igual forma, se crearán Consejos Territoriales de la Reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación a nivel territorial.
8. ¿Cómo se hará seguimiento a la implementación del Acuerdo Final?
Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la "Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias", integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social.

Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos.

No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados.
9. ¿Cómo se verificará que se cumpla con la implementación?
Para hacerle seguimiento a la implementación de los Acuerdos, acordamos crear un Mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional y cuyo propósito es comprobar su estado y avances, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación.

El mecanismo de verificación estará compuesto por:

- Dos notables: serán dos personas de representatividad internacional, elegidas una por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC
- Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile)
- Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances.

Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva.

Esta misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las partes consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario.
10. ¿Cómo será el acompañamiento internacional a la implementación de los Acuerdos?
El acompañamiento internacional se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos.

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Redacción Paz

Posconflicto

Así será la participación política de las Farc y su reincorporación a la vida civil

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Así será la participación política de las Farc y su reincorporación a la vida civil | ELESPECTADOR.COM

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Para poder transformarse en partido político deberán haber dejado las armas. Tendrán una representación asegurada en el Congreso, con cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, por dos períodos, participando en las elecciones con un umbral especial. Y se creará un Consejo Nacional de Reincorporación.

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Participación política de integrantes de las FARC en el senado y la cámara de representantes en Colombia

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Como si los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz no fueran suficientes, un nuevo debate jurídico y, si se quiere, político, le surgió a uno de los puntos fundamentales de lo pactado con la ya desarmada guerrilla de las Farc: su participación en política. Ahora resulta que, por asuntos de interpretación, ninguno de sus miembros podría lanzarse al ruedo electoral de cara a los comicios del año entrante y, en ese sentido, el anuncio de listas al Congreso y de candidatura presidencial que hizo esta semana el naciente partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común quedaría hecho trizas.

Lea: Participación política de Farc estaría en vilo

¿La razón? Ayer se reunió por primera vez la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, de la que hacen parte, entre otros, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría, la Contraloría y el Consejo de Estado, y la conclusión a la que llegó fue contundente: "La inscripción de candidatos requiere de entrega de certificados y antecedentes disciplinarios con mención de carencia de inhabilidades y de suspensión de derechos políticos por parte de la Procuraduría", según dijo el registrador nacional, Juan Carlos Galindo.

Palabras más, palabras menos, lo anterior significa que los miembros de la Farc -al menos aquellos sobre quienes pesan condenas por delitos de lesa humanidad- no podrían inscribirse como candidatos a Senado y Cámara de Representantes, ni proponer a ninguno de sus miembros como candidato para la Presidencia de Colombia.

Lo que debe saber del punto 2: Participación Política​

El motivo tiene que ver con que el procurador, Fernando Carrillo, defiende la tesis de que el acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sobre el cual se pronunciará la Corte Constitucional en los próximos días, no da claridad respecto a las inhabilidades en las que incurrirían los excombatientes, pese a que la justicia ordinaria dejó en suspenso sus condenas. Y, bajo esa premisa, dicho ente de control no podría otorgarles el certificado que indica que no existen inhabilidades sobre los candidatos que se harán contar en las urnas el año entrante, como Rodrigo Londoño, Timochenko, Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Jesús Santrich.

Una postura que se contradice con la del Gobierno. Fuentes consultadas por este diario argumentan que "lo principal arrastra lo accesorio". Es decir, que al estar suspendidas las condenas impuestas a los responsables de los crímenes más graves, automáticamente se suspenden las inhabilidades y sus efectos, y en ese sentido quedarían libres para participar en política.

Otros sectores, entretanto, buscan hallarle una quinta pata al gato trayendo a colación, de manera taxativa, el artículo 20 del acto legislativo de la JEP, según el cual "la imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política". Si se toma de manera literal este artículo, dicen algunos, habría que esperar a que quienes aspiran a participar en política como exguerrilleros se sometan realmente a la justicia transicional, un mecanismo que aún no está funcionando y que evidentemente no estará listo antes de las elecciones de marzo de 2018.

(Le puede interesar: El feminismo en el partido político de las Farc)

Curiosamente, el "salvavidas" de este tejemaneje jurídico está también en manos de la Procuraduría. De hecho, el jefe del Ministerio Público ya envió una solicitud a la Corte Constitucional para que, en el fallo que está próximo a salir sobre el acto legislativo que creó la JEP, precise si la suspensión de las condenas que recaen sobre los jefes guerrilleros trae como consecuencia directa la suspensión de las inhabilidades para participar en política.

Otra de las salidas también se relaciona con que Fernando Carrillo desista de su tesis y diga que lo principal lleva lo accesorio y, entonces, por esa vía se levanten las inhabilidades. Y la tercera salida, pero, al mismo tiempo, la más compleja, está en la reforma política que actualmente se debate en el Capitolio. Allí sería incluido un artículo en el que se aclarara la situación electoral de los miembros de la Farc. El problema es que a estas alturas, y con unos tiempos tan apretados, sería un riesgo enorme llevar nuevos debates al Congreso para demorar aún más la votación de la iniciativa, que todavía tiene artículos pendientes por aprobar en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Lo cierto es que esa definición debe quedar establecida cuanto antes. El 11 de noviembre se abren las inscripciones de candidaturas a Congreso y la Farc tiene pensado llevar listas al Congreso el año entrante. Pero, además, por derecho adquirido desde la firma del Acuerdo de Paz, tiene garantizadas, como mínimo, 10 curules, y será fundamental para el naciente partido comenzar haciendo política con sus miembros más representativos, como Márquez y Santrich, cabezas de listas a Senado y a la Cámara en Atlántico, respectivamente. Lo que no puede ocurrir es que dicho debate quede abierto y sin reglamentarse, pues, eventualmente, las candidaturas que presente la Farc al escrutinio de los colombianos quedarán en un vacío jurídico susceptible de innumerables demandas.

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Lorena Arboleda / @lorenaarboleda8

País

La incertidumbre sobre la participación en política de la Farc

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La incertidumbre sobre la participación en política de la Farc | ELESPECTADOR.COM

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La Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, que sesionó el viernes por primera vez, dejó en evidencia el vacío jurídico en el que se encuentra la exguerrilla para poder participar en política: no hay claridad sobre inhabilidades. Corte Constitucional tiene la palabra.

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Salud mental en el territorio Colombiano.

Hoy día, la salud mental es un tema quizá un poco tabú en nuestro país,  pero que en los últimos años ha cobrado muchas vidas. A raíz de esto hemos decidido proporcionar información y herramientas que puedan ayudar a identificar estas enfermedades para proporcionar un tratamiento efectivo.

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Dentro de los múltiples problemas que tiene el sistema de salud de los colombianos, uno que no se discute con la necesaria frecuencia y profundidad es el de la salud mental. Se trata de un tema plagado de prejuicios, desconocimiento y obstáculos para el tratamiento, que produce padecimientos muchas veces silenciados. Es momento de dar un debate nacional sobre la salud mental de quienes viven en Colombia.

Hace poco, El Espectador publicó un especial digital que relata las experiencias de varias personas con varias enfermedades mentales. Aunque cada historia tiene sus particularidades, son varias las conclusiones que se pueden generalizar a partir de los testimonios recogidos: se trata de enfermedades que son difíciles de comprender y explicar, causan serios problemas en las familias de quienes las padecen, dificultan el acceso a espacios laborales, están marcadas por los estigmas que empeoran toda la situación y el sistema de salud colombiano no está preparado para atender de manera humana estas aflicciones.

Según el Estudio Nacional de Salud Mental, en Colombia el 40,1 % de la población que se encuentra entre los 18 y los 65 años ha sufrido o sufrirá alguna vez en la vida un trastorno mental. Si se observan los datos mundiales, este tipo de aflicciones vienen en aumento; en parte, gracias a que hemos aprendido a diagnosticarlas, pero también a la manera en que las sociedades se están organizando.

Se trata, entonces, de un problema que no va a desaparecer. ¿Por qué muchas personas prefieren ignorarlo?

Un artículo publicado en Cromos hace poco entrevistó a decenas de personas que lidian con diversas enfermedades mentales, en particular la depresión. La abrumadora mayoría contó cómo la reacción de su entorno, cuando tuvieron un diagnóstico, fue la incredulidad. Muchos colombianos siguen creyendo que la depresión es un capricho. No entienden que de por medio hay un montón de factores complejos, incluyendo desbalances químicos en el cerebro, y que necesitan tratamiento especializado. Ese desconocimiento lleva a que muchas personas sufran en silencio.

Y no son pocos quienes sufren, por cierto. El 4,7 % de los colombianos sufren de depresión, un porcentaje más alto que el promedio mundial. Dos de cada 100 colombianos padecen trastorno afectivo bipolar y, de esos, el 25 % son niños y adolescentes. En algún momento de sus vidas, el 80 % de los colombianos han presentado entre uno y tres síntomas de depresión. Todos son datos contenidos en la Encuesta Nacional de Salud Mental.

El otro gran reto es el acceso. La Organización Mundial de Salud ha denunciado que, en todo el mundo, hay escasez de psiquiatras, enfermeras y psicólogos. En Colombia, la salud mental, cuando se trata por la medicina privada, tiene costos prohibitivos, y cuando se atiende en el sistema público, afronta un número enorme de obstáculos.

Por todo esto, preguntamos: ¿y para cuándo la salud mental en Colombia?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]

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[email protected]
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El Espectador

Editorial

¿Y la salud mental para cuándo?

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¿Y la salud mental para cuándo? | ELESPECTADOR.COM

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Dentro de los múltiples problemas que tiene el sistema de salud de los colombianos, uno que no se discute con la necesaria frecuencia y profundidad es el de la salud mental. Se trata de un tema plagado de prejuicios, desconocimiento y obstáculos para el tratamiento, que produce padecimientos muchas veces silenciados.

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La salud. Desde cuando la salud se ha vuelto en un privilegio, en vez de un derecho? Lastimosamente estamos en una sociedad y en tiempos difíciles, en los cuales una buena calidad de servicio en el sector de salud es para la minoría de los habitantes. De pronto podemos pensar que es algo que esta pasando actualmente pero en realidad es algo que ido evolucionando y conforme más tiempo vaya pasando más ira avanzando y progresando este problema.

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sobre las necesidades de los estudiantes en la universidad de la sabana. nace de la necesidad de ubicarse en un espacio tan grande como lo es la universidad, y encontrar con facilidad algunos puntos tales como, banco, edificios, restaurantes, etc...

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Me gustaría trabajar acerca de la vida estudiantil en la universidad de la sabana. por ejemplo muchas veces pasan años en la universidad y uno no ha logrado explotar o utilizar todas las herramientas que nos brinda la universidad.

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Cerca de un mes completa la situación de crisis de la gasolina en el departamento de La Guajira, debido al incremento atípico por el desabastecimiento de combustible venezolano, que es el que cubre la mayor parte de la demanda.

En Riohacha, desde tempranas horas del día, los conductores vienen realizando largas filas para tanquear sus vehículos, debido a que el combustible que llega con beneficios tributarios por parte del Ministerio de Minas y Energía no es suficiente para suplir la demanda.

Pese al esfuerzo de la Secretaría de Gobierno Distrital, de realizar inspección y verificación en las estaciones de servicio para garantizar el abastecmiento e informar ante el Ministerio las irregularidades que se puedan presentar con aquellas estaciones que se verifiquen y que cuentan con la disponibilidad del cupo, esto no se ha hecho efectivo y tampoco se ha demostrado su venta al público.

En las últimas horas, el Secretario de Gobierno Distrital Ronal Gómez, se reunió con miembros asociados de Ayatawaccop y su representante legal para analizar y evaluar cada una de las situaciones presentadas en la ciudad sobre los cupos, horario de ventas, disponibilidad de cupos y de las estaciones de servicio para vender este producto al público.

Según Gómez, se estima que para el próximo martes se acaben los cupos, por lo que emprendieron gestiones para que el Ministerio de Minas amplié los cupos de acuerdo a la necesidad del consumo de la ciudad.

Según los expendedores en La Guajira se requieren 3 millones de galones de combustible al mes, sin embargo el cupo aprobado es de 1.700.000 galones. Por lo que todos los 15 de cada mes toca gestionar la ampliación.

En días pasados la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, había anunciado que revisaría y estudiaría con el ministerio de Hacienda la solicitud realizada para la ampliación de un cupo adicional en el mes de junio, teniendo en cuenta la temporada de vacaciones y la llegada de turistas.

ELIANA MEJÍA
PARA EL TIEMPO
RIOHACHA

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En tres días varios municipios de La Guajira se quedarían sin gasolina

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Cerca de un mes completa la situación de crisis de la gasolina en el departamento de La Guajira, debido al incremento atípico por el desabastecimiento de combustible venezolano, que es el que cubre la mayor parte de la demanda.