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La justicia ambiental en el Río Sonora (Conflicto)

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La justicia ambiental en el Río Sonora (Conflicto)

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Este conflicto se origino por el desecho de material contaminante, por parte de las compañías mineras en la region. Se discuten los mecanismos existentes en la legislación mexicana para que la población pueda acceder a la justicia ambiental, en el marco de la Ley de Responsabilidad Ambiental y las Acciones Colectivas. Se analizan tres casos de demandas de amparo interpuestas por habitantes de la cuenca del río Sonora, en materia de manejo de residuos peligrosos; de consulta y participación pública en la construcción de una nueva presa de jales; y de aplicación de la normatividad mexicana, que dispone parámetros de calidad del agua incongruentes con los estándares internacionales.

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Introducción

Los impactos sociales y ambientales que ha generado el crecimiento de la actividad minera en los últimos años, son aspectos que preocupan cada vez más a los habitantes de localidades en donde se llevan a cabo los procesos de extracción y beneficio del mineral, y afectan a la población de regiones vecinas.

Desde la década de 1990, los ajustes estructurales en los países de América Latina promovieron la inversión extranjera en el sector y el desarrollo de tecnología para la producción de oro, plata y cobre que conlleva sistemas de tajo a cielo abierto que implican la remoción de toneladas de tierra y el uso de procesos químicos de flotación o lixiviación por cianuro, mercurio y otros químicos altamente tóxicos. Los impactos incluyen la apropiación y despojo de tierras, agua y otros recursos naturales, y los impactos en muchos casos irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población en el mediano y largo plazo (Delgado, 2010).

Como consecuencia de lo anterior, los conflictos socioambientales relacionados con la minería son numerosos. A nivel mundial, de 1.560 casos reportados hasta agosto de 2015, 34% tuvo que ver con casos de exploración, residuos y procesamiento de minerales (Temper et al., 2015). Asimismo, la extracción minera es el sector industrial que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones a derechos humanos en el mundo, con 28% del total (ONU, 2008).

En América Latina destaca el grado de violencia y criminalización asociado a las compañías mineras canadienses. Entre 2000 y 2015, en 14 países, se documentaron 44 muertes, 403 personas heridas y 709 casos de criminalización. México fue el país con el mayor número de proyectos mineros vinculado con la violencia reportada (Imai et al., 2017).

En 29 casos de conflictos considerados de alto perfil en México, 25 son proyectos mineros impulsados por empresas extranjeras y 18 por empresas canadienses. Estos proyectos tienden a localizarse en municipios con altas tasas de pobreza. En 14 de los casos se trata de municipios con una incidencia de pobreza en más del 70% de la población (Tretreault, 2013).

En cuanto al medio ambiente, un estudio sobre las fallas en presas de jales en el mundo en el siglo XX, reveló que las razones principales de su presencia son las lluvias inusuales y la gestión deficiente. No obstante, su incremento en los años 2000 a 2009 indica cambios recientes en las condiciones climáticas y prisa por explotar recursos naturales comprometiendo los estándares de ingeniería (Azam y Li, 2010). Asimismo, otro estudio mostró que las fallas clasificadas como graves y muy graves (vertimiento superior a 100 mil metros cúbicos, desplazamiento superior a 20 kilómetros y pérdida de vidas) aumentaron su proporción en el lapso de 1990 a 2009, en relación con el periodo de 1940 a 1989 (Newland y Chambers, 2015).

El 6 de agosto de 2014, un derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, en el arroyo Las Tinajas, afluente del río Bacanuchi, a su vez afluente del río Sonora, afectó la parte alta de la cuenca. El origen del derrame fue en un represo de la Compañía Buenavista del Cobre (BVC), subsidiaria del Grupo México, cuya División Minera se ubica entre las más grandes productoras mundiales de cobre, molibdeno, plata y zinc.

El derrame provocó movilizaciones de protesta de la población afectada, la intervención gubernamental federal a través de la creación de un fideicomiso, la atención de la prensa local, nacional e internacional, debates sobre las ventajas y desventajas del auge minero en el estado, diversidad de posturas entre organizaciones sociales, actores políticos y agentes económicos, y una preocupación general por los efectos reales causados por el derrame en la población y la naturaleza. La defensa legal de los afectados siguió varios caminos, los procedimientos instaurados fueron promovidos desde diversos sectores y con distintos enfoques.

El objetivo de este trabajo es ofrecer un recuento de los acontecimientos principales ocurridos a tres años del derrame, así como mostrar la carencia de mecanismos jurídicos idóneos para que la población afectada ejerza su derecho de acceso a la justicia ambiental. Se hace especial énfasis en la construcción social que los afectados desarrollan asumiéndose como sujetos vulnerados, pero también activos, que deciden accionar las instancias jurisdiccionales, en aras de alcanzar la reparación del daño y su garantía de no repetición.

En particular, se señalan tres juicios de acción colectiva y se analizan tres juicios de amparo promovidos por los denominados Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS). Las fuentes de información empleadas son los documentos publicados en los sitios web del Fideicomiso Río Sonora y la Dirección General de Estadística Judicial, así como los expedientes y resoluciones de los juicios en curso. Esta información se complementó con la revisión del marco legal, la consulta de fuentes hemerográficas, la realización de entrevistas y recorridos de campo en la zona del derrame.

Antecedentes

En 2015 se reportaron 1.558 minas en operación y 1,156 proyectos en exploración en México. Sonora ocupó el primer lugar en el valor de la producción minera nacional, al aportar el 30% del total, con un monto de 65.790 millones de pesos. Esta entidad produjo el 31% del oro y el 81% del cobre en el país. Por lo que se refiere al cobre, el municipio de Cananea -en donde se ubica BVC- contribuyó con el 50% de la producción nacional (CAMIMEX, 2015).

Esta contribución es el resultado de una cuantiosa inversión de recursos económicos en BVC, cuyo programa de expansión por un monto de 3.500 millones de dólares fue aprobado en 2010 y concluido en 2017. El objetivo fue aumentar la capacidad de producción de cobre en 175%, para colocarla como la tercera mina de cobre a nivel mundial. Comprendió la planta ESDE III, la nueva planta concentradora y un sistema de trituración y bandas transportadoras para mineral lixiviable. Para la operación de la planta concentradora se requiere un nuevo depósito de jales, cuya construcción se dividió en varias etapas, la primera de ellas ya fue concluida. Al final de su vida (40 años) tendrá una capacidad total de almacenamiento de 1.700 millones de metros cúbicos y la cortina tendrá una longitud de 7 kilómetros (Grupo México, 2014, 2015, 2016 y 2017).

El derrame del 6 de agosto de 2014 interrumpió parcialmente el programa de expansión y ocasionó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentara ante la autoridad correspondiente una denuncia penal en contra de la empresa por su presunta responsabilidad y la probable comisión de delitos contra el ambiente (Fideicomiso Río Sonora, 18 de agosto, 2014).

La población afectada por la contingencia abarcó aproximadamente a 22 mil habitantes de 7 municipios (Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures). Después de recorrer 271 kilómetros en cuatro días, el derrame fue contenido en la presa El Molinito en las inmediaciones de la capital del estado: Hermosillo. Como medida preventiva, las compuertas de la presa fueron cerradas ya que el embalse es una de las fuentes de abastecimiento de agua a la ciudad (figura 1).

Para atender los efectos inmediatos del derrame, la Comisión Nacional del Agua activó los protocolos de emergencia, restringió el uso del agua en el río y en los 322 pozos y norias ubicadas a 500 metros en cada margen del río. Al mismo tiempo, apoyó con pipas, plantas potabilizadoras portátiles y tinacos las necesidades de agua de la población. Por su parte, el Grupo México repartió garrafones de agua. Dos meses después, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que, con base en los muestreos realizados, el agua de 22 pozos -de los 31 cerrados de manera preventiva- era apta para uso y consumo humano (FRS, 9 de octubre, 2014). Y un mes después, los gobiernos federal, estatal y municipal dieron por concluida la fase de emergencia en el río Sonora (FRS, 4 de noviembre de 2014).

La historia posterior al derrame

El derrame ocurrió en un escenario político caracterizado por un crispado ambiente pre-electoral previo a las elecciones de junio de 2015, señalamientos de actos de corrupción en el gobierno estatal emanado del Partido Acción Nacional (PAN), un gobierno federal surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y un conflicto laboral no resuelto con la sección 65 del sindicato de trabajadores mineros de Cananea después de una huelga que duró de 2007 a 2010. Para agravar la situación, un mes después del derrame se conoció públicamente la existencia de una presa propiedad del gobernador del estado, en el arroyo Manzanares afluente del río Bacanuchi, que afectaba el acceso al agua a la población situada aguas abajo. Todo ello representó un caldo de cultivo ideal para que se manifestara el conflicto social que se presentó en los meses siguientes.

Una parte de la historia fueron los bloqueos de carreteras, manifestaciones, plantones, toma de instalaciones hidráulicas, daños a instalaciones y transportes en los accesos de la mina, detención de tres participantes en un bloqueo y su envío a un penal. A ella se sumaron el cateo de la Procuraduría General de la República a las oficinas de Buenavista del Cobre, los reportajes y denuncias en los medios de comunicación local, nacional e internacional, la presencia de miembros de todos los partidos políticos en la región, y la muerte de una líder del movimiento Todos Unidos contra Grupo México, en un accidente automovilístico, y la de la cronista del municipio de Arizpe, asesinada con violencia en su domicilio.

Otra parte de la historia tuvo que ver con el Fideicomiso Río Sonora, creado el 15 de septiembre de 2014, para atender las afectaciones ocasionadas por el derrame y servir como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación o compensación de los daños al ambiente y a la salud humana. El fideicomiso se constituyó con recursos aportados por BVC y Operadora de Minas (empresas subsidiarias del Grupo México), su monto comprometido fue de 2.000 millones de pesos, y su Comité Técnico de cinco miembros fue presidido por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMARNAT).

Los pagos a los afectados sumaron 658 millones de pesos, mientras que los pagos por tinacos, pipas, rehabilitación de pozos, apoyo a organismos de agua municipales, estudios técnicos, servicios de salud y otros fueron de 545 millones de pesos. En total, 1.204 millones de pesos, es decir, 60% del estipulado en el contrato del fideicomiso. La conclusión de los denominados resarcimientos económicos se dio a conocer un año después de la contingencia (FRS, 4 de agosto, 2015).

Las inconformidades de los habitantes fueron por la falta de criterios para integrar las listas de beneficiarios, en las que la aprobación la daba el presidente municipal, la distribución diferenciada de los montos económicos, los pagos a dirigentes de partidos políticos y los testimonios de personas que viviendo en la región no aparecían en las listas (Rosagel, 2015). Otra inconformidad se presentó por la suspensión de los pagos durante tres meses en forma previa a la jornada electoral debido a las disposiciones de la ley en la materia.

En cuanto a las afectaciones a la salud, las autoridades confirmaron 360 casos, en donde el 80% fueron padecimientos en la piel (dermatitis, quemaduras e irritación). Los resarcimientos considerados en este caso como pérdida de productividad alcanzaron la suma de 7.8 millones de pesos, de los cuales 4.2 millones estaban pendientes de entregarse (FRS, 4 de agosto, 2015). Esto significó una compensación promedio de 21.800 pesos por afectado.

El problema en este rubro es que la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS) en la localidad de Ures, no ha sido concluida a pesar de haberse comprometido su apertura en el primer trimestre de 2015. El presupuesto estimado de construcción y equipamiento era de 279 millones de pesos con cargo a los recursos del fideicomiso. Se estimaba que su costo de operación mensual sería de 6 millones de pesos y operaría hasta el año 2029. Declaraciones recientes de funcionarios de la empresa y gubernamentales apuntan a que la unidad no será terminada.

Otro tema central fue el compromiso de las autoridades de construir plantas potabilizadoras de agua en las localidades principales aledañas al río. En enero de 2015, se informó que serían 37 plantas para eliminar metales para la protección de la población. A la fecha, solo se ha construido una en la localidad de Bacanuchi, que ha dejado de funcionar por la falta de pago de la energía eléctrica.

Estos incumplimientos motivaron un exhorto de la Comisión Especial Río Sonora del Congreso del Estado de Sonora al Grupo México y a la SEMARNAT, para que cumplan los acuerdos referentes a la construcción de la UVEAS y la instalación de 28 plantas potabilizadoras para suministrar agua potable a la población afectada (Congreso del Estado de Sonora, 4 de septiembre, 2016). En el mismo sentido, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, propuso un punto de acuerdo en el que expresaron su enérgico rechazo a la irresponsabilidad y desdén de Grupo México frente a su compromiso con las comunidades y familias afectadas por el derrame tóxico. En el punto 6 de las consideraciones, los diputados priistas señalaron: El gobierno de Sonora no cuenta con instrumentos legales ni financieros para obligar a que la mina resarza los daños, por lo que su gobernadora ha demandado la intervención de la federación (Cámara de Diputados, 13 de septiembre de 2016).

Un asunto relevante es el Programa de Remediación Ambiental del Río Sonora, propuesto por la empresa Buenavista del Cobre a la SEMARNAT el 27 de noviembre de 2014. Éste contempló las acciones a remediar en 5 zonas. El primer tramo de 0 a 30 kilómetros (denominado zona 1), se consideró como el más contaminado por fierro. Se propuso la remoción de un volumen de suelos de 2.818 m 3 y su disposición final en un sitio autorizado. En las otras cuatro zonas se propuso llevar a cabo un monitoreo de los sitios por un periodo mínimo de tres años.

En su opinión técnica al programa, la CONAGUA señaló que realizaba un estudio para evaluar los efectos en el medio abiótico, aguas superficiales, aguas subterráneas y sedimentos asociados al derrame del represo Tinajas 1. También indicó que no es posible todavía exonerar a la Minera Buenavista del Cobre, Grupo México, de configurar y llevar a cabo medidas de remediación en el agua y sedimento de toda la zona afectada" (SEMARNAT, 27 de enero, 2015).

A mediados de 2015 se comunicó que la zona 1 cumple ya con la normativa ambiental vigente (FRS, 5 de agosto, 2015) y en diciembre del mismo año el titular del fideicomiso, Rodolfo Lacy Tamayo, informó en entrevista que el programa de remediación había concluido (CNN, Expansión, 30 de noviembre de 2015).

Esta declaración en los hechos significó el carpetazo institucional a la contingencia ambiental. De ahí en adelante, el sitio web del fideicomiso no volvió a publicar ninguna noticia, ni documento al respecto. La única excepción fue la publicación de los avances del diagnóstico ambiental elaborado por el Instituto de Ecología de la UNAM (LANCIS, 2016), que estuvo disponible al público solo una cuantas horas entre el 10 y el 11 de julio de 2016. Esta falta de transparencia se evidenció también en el caso de tres resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (2015 y 2016) que instruyó a tres dependencias federales entregar a particulares: los estudios de valoración y riesgo ambiental (al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), el programa de remediación ambiental del río Sonora (a la SEMARNAT), y el número de personas afectadas en su salud (a la Secretaría de Salud). A la fecha, ninguna de las tres resoluciones se ha cumplido.

Otro incumplimiento corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien, el 11 de agosto de 2014, comunicó a través de su titular que inició una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos. Ordenó atender de inmediato las quejas de las personas afectadas, dar asesoría y acompañamiento en los trámites de denuncia. En el momento oportuno emitirá una determinación, dijo el responsable. Después de tres años, no se conoce públicamente determinación alguna.

Ante la actitud del Grupo México y el carpetazo del gobierno federal, el 20 de febrero de 2017, el gobierno del estado aprobó la Ley que crea la Zona Económica Especial para el Río Sonora (ZEERS). Esta ley busca impulsar el crecimiento económico sostenible para reducir la pobreza, proveer los servicios básicos y reactivar la economía, a través de beneficios fiscales -sin especificar- para la generación de empleos y la inversión productiva. Hasta el momento se desconoce cuál será la orientación de las actividades que se priorizarán en dicha zona. Cabe señalar que la ley federal en la materia establece como requisito encontrarse entre las 10 entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, lo que no es el caso de Sonora. Otro aspecto es que la ley incluyó al municipio de Bacoachi, que no se encuentra entre los 7 municipios afectados directamente por el derrame, aunque sí pertenece a la cuenca alta del río Sonora.

Los estudios posteriores al derrame han sido diversos, destacando los que tratan sobre la calidad del agua y la difusión y dilución de contaminantes (Gutiérrez y Romero, 2015), la evidencia de daños a los ecosistemas (LANCIS, 2016), y la falta de consistencia en la captura de los datos del monitoreo de la calidad del agua subterránea (Díaz et al., 2015). Otros estudios abordan los incumplimientos de la normatividad ambiental por parte de BVC (PODER, 2015) y la percepción del riesgo por contaminación en habitantes del río Sonora (Aragonés, et al., 2017).

Por lo que se refiere a las acciones legales en contra de la empresa minera, éstas iniciaron el mismo mes en que ocurrió el derrame. Tal fue el caso de la demanda de acción colectiva difusa en contra del Grupo México, Minera México y BVC presentada por Acciones Colectivas de Sinaloa, AC, ante la Jueza Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Otra demanda colectiva en sentido estricto en contra de BVC fue promovida por 50 habitantes de municipios del río Sonora ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Una demanda adicional la promovió la organización Defensa Colectiva.

A principios de 2015, los Comités de Cuenca del Río Sonora comenzaron su lucha con la presentación de demandas de amparo, con la asesoría de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Se conformaron 8 Comités, integrados por personas afectadas de las comunidades de Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, Sinoquipe, Bacanuchi y Bámori. Adicionalmente, se conformaron dos Comités más en las ciudades de Tucson y Phoenix, en Arizona (EUA), integrados por familiares, amigos y simpatizantes que apoyan moral y económicamente los objetivos de los mencionados Comités.

Los CCRS consideran importante esforzarse por buscar vías de acceso a la información que les permita conocer a fondo las afectaciones producidas por el derrame; asimismo, buscan fomentar una cultura de participación y defensa en la región del Río Sonora, propiciando espacios donde se informe y capacite a los habitantes de las distintas comunidades afectadas sobre los mecanismos que existen para accionar su defensa de una forma integral y activa, siendo partícipes en el proceso de remediación que todavía persiste, con el fin de buscar soluciones ante una problemática latente.

Los conceptos y la justicia ambiental

El sentido de identidad colectiva hace de éste un movimiento sociolegal, socioambiental, ajeno a acciones individuales, en la búsqueda de una restauración del entorno para disfrute de todos, apelando por una garantía de no repetición. Como en otros conflictos socioambientales, la apropiación de los recursos naturales y del medio ambiente en el que se desarrollaban sus habitan-tes, ha generado exclusión y expropiación, provocando reacciones como las que se han señalado con anterioridad, en respuesta a una percepción social generalizada consistente en la vulneración de sus derechos fundamentales, tales como la salud, el trabajo, su cultura y la preservación ambiental. Las problemáticas relacionadas con estos rubros se intensifican conforme pasa el tiempo, aumentando el grado o percepción de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas y la gravedad de los problemas de salud, que se presentan como el principal argumento de lucha para las comunidades y las distintas movilizaciones que convergen en la lucha (Firpo, 2009).

De ahí que, en la cuenca del río Sonora, sea factible advertir un movimiento por la Justicia Ambiental, pues los afectados protestan y resisten, defienden el medio ambiente como una fuente y condición para el sustento; no tanto por una preocupación por los derechos de las demás especies, sino por los humanos de hoy. Su argumento apela a una demanda de justicia social, contemporánea entre humanos, los cuales visibilizan conflictos ambientales por el uso del agua o sobre la desigual carga de la contaminación, sin hacer uso del lenguaje ambiental (Martínez Alier, 2004).

Los afectados hablan de "justicia", si bien es cierto este término hace referencia a la equidad, o a la desigual distribución de los perjuicios ambientales en las comunidades minoritarias, también conlleva una interpretación más amplia, que incluye cuestiones de reconocimiento, participación, funcionamiento, tanto en el plano individual como en el social. Asimismo, también presta atención a los procesos que construyen la mala distribución, pues aunque dicha temática es esencial, resulta por sí sola insuficiente; por ende, es necesario atender los factores sociales, culturales, económicos y políticos que generan dicha realidad. De ahí que, al hablar de justicia ambiental debe también incluirse el análisis del proceso que nos ha llevado a la actual situación; lo anterior, sin dejar de lado las cuestiones procesales, pues la participación política es una capacidad humana fundamental, que implicaría que las cosas son justas si mediante los procedimientos utilizados se pueden alcanzar acuerdos justos (Schlosberg, 2011).

En este sentido, Raúl Brañes (2000) considera que la justicia ambiental es

la posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente justos. (p.40)

De esta manera, la justicia ambiental se presenta como un paradigma complejo, que tutela el uso sustentable de los recursos naturales, vinculándolos a las políticas públicas, con aspectos de protección de los derechos fundamentales y de participación de los actores, para incidir en el proceso de toma de decisiones, que trascienda en la resolución de problemas ambientales (Ramírez, et al., 2015). Es decir, cuando nos referimos a justicia ambiental no aludimos solo a la judicialización de los conflictos y relaciones sociales, sino también a una cuestión ética, política, de ejercicio de la democracia y respeto de los derechos humanos (Firpo, 2009).

Dicho esto, es evidente la expresión multifacética de la justicia en los movimientos socioambientales: pluralista, flexible, integral; y es que la noción de justicia como distribución es la forma más obvia de hablar sobre ella, pero para el movimiento de justicia ambiental en el río Sonora, "justicia" significa también inclusión, reconocimiento y reivindicación; participación política, democrática, respetuosa, igualitaria e informada; ejercer su derecho a decir "No"; a tomar el control sobre el medio ambiente propio; a involucrarse en el diagnóstico de sus propias vulnerabilidades y en el diseño de las políticas públicas ambientales (Schlosberg, 2011).

En el afán de alcanzar la anhelada "justicia", los habitantes de la cuenca del río Sonora han decidido llevar a cabo diversas estrategias, pues reconocen que las afectaciones sufridas forman parte de un impacto generalizado ocasionado por políticas económicas que no resuelven los pasivos provocados sobre ellos, quienes desproporcionadamente continúan padeciendo las consecuencias adversas de la actividad minera.

Los mecanismos de defensa vigentes en el marco legal

En México, la legislación ambiental ha venido adoptando de forma paulatina diversos principios acordados universalmente como rectores del desarrollo sustentable, los cuales se han visto reflejados en la creación de normatividad especializada en la materia ambiental.

Una de las reformas sustanciales que ha impulsado estos últimos años el nuevo paradigma de justicia ambiental, es sin duda, la relativa al quinto párrafo del artículo 4°, el cual sostiene que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Haciendo especial énfasis en la inclusión de la garantía correlativa a dicho derecho, al establecer: El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Esta última adición, da forma al acceso a la Justicia Ambiental en México, pues sienta las bases para la resolución de los conflictos ambientales que se presentan, reconociendo que el daño y el deterioro producen una responsabilidad y por ende, debe garantizarse el debido ejercicio y he-rramientas para la exigencia de ésta.

No obstante, aún con la multiplicidad legislativa y la adopción del principio de que el que contamina, paga, no existe un marco jurídico idóneo para accionar tal disposición, aunque sí es posible identificar instrumentos jurídicos establecidos con el objeto de ejercer la debida protección de los individuos contra los riesgos ambientales; sin embargo, en la práctica los mismos resultan ser insuficientes, tal es el caso de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las Acciones Colectivas.

El juicio de responsabilidad ambiental

Por lo que hace a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no solo es insuficiente para ejercer el acceso a la justicia ambiental, sino incluso, condescendiente con quienes ocasionan un daño, pues fomenta que éstos asuman solo un costo económico respecto al impacto negativo que sus actividades provocan, e incluso, marca un límite reducido, pues la multa máxima asciende a solo 40 millones de pesos. Además, concede un amplio beneficio a quienes ocasionan el daño, cuando cuentan con certificados de cumplimiento en auditoría ambiental, dentro de los que se encuentran los certificados de industria limpia, que las mismas autoridades administrativas conceden incongruente e indiscriminadamente. Un ejemplo es la misma empresa BVC, pues aún con el reconocimiento del daño ambiental ocasionado en el río Sonora, con procedimientos administrativos ante PROFEPA que han determinado sus actividades irregulares, y ocasionado el peor desastre ambiental de la industria minera del país, sigue obteniendo por parte de las citadas autoridades certificados de industria limpia por desarrollar prácticas ambientales correctas.

Además, procesalmente esta legislación provoca un trato diferenciado, pues condiciona la reparación de los daños a la identificación del estado base; esto implica que debe probarse cuál era el estado previo al daño, para encontrarse en condiciones de determinar hasta qué punto se efectuó una afectación; situación que genera un costo que no se contempla en el Fondo de Responsabilidad Ambiental al que esta legislación alude, pues dentro de sus objetos no incluye el pago de este tipo de estudios e investigaciones cuando son requeridas por los afectados, sino únicamente cuando son requeridos por el juez.

Otra limitante trascendental de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental consiste en que excluye de la responsabilidad a los agentes contaminantes, cuando cuenten con permisos y autorizaciones. Esta disposición es errónea, pues la responsabilidad del sujeto causante del daño debe prevalecer independientemente de que la actividad que le dio origen haya sido autorizada; máxime que, dichas autorizaciones incumplen en gran medida tanto con la legislación vigente, como con los principios rectores de justicia ambiental y de ninguna manera deben servir para legitimar actividades violatorias de derechos humanos, ni para eximir de responsabilidad alguna.

En el caso del río Sonora, no se ha presentado ninguna demanda por responsabilidad ambiental, incluso la misma PROFEPA omitió su presen-tación; en su lugar, las autoridades optaron por un mecanismo alternativo, cuya negociación dio origen al citado Fideicomiso Río Sonora.

Las acciones colectivas

En cuanto a las acciones colectivas, se reconoce como un acierto el que posibiliten la inclusión del Poder Judicial Federal, en defensa del derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado, sin intermediaciones de la autoridad administrativa; sin embargo, los ciudadanos no cuentan con herramientas normativas para hacer valer sus pretensiones en materia ambiental, pues el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles en el que se contienen, establece que las acciones difusas, típicamente las de carácter ambiental, sólo permiten la reparación del daño causado a la colectividad, limitándose a vincular de nueva cuenta el daño, a la determinación del estado que guardaban las cosas antes de la afectación, lo cual por lo regular, resulta casi imposible. La otra opción de condena en las acciones colectivas se refiere al pago en dinero, como compensación del daño causado, cuyo monto se dirigirá a un fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, que en nada se relaciona con la compensación de los servicios ambientales que se pierden como consecuencia del daño a los elementos naturales.

Además de estas limitaciones relacionadas con los alcances de las acciones colectivas, existen también una serie de restricciones para su ejercicio, como la inadecuada disposición de determinar que dichas acciones no podrán accionarse por menos de 30 miembros, o el establecimiento de la prescripción, a saber, de su derecho a ejercer esta acción, en un plazo de 3 años 6 meses, contados a partir de la fecha del daño causado, sin considerar el conocimiento de los afectados.

Respecto a las exigencias procesales, lejos de proveer de elementos que posibiliten el acceso a la justicia, imponen requisitos formales más rigurosos que para las acciones individuales; mientras resaltan aspectos de inequidad procesal, pues consagra una serie de beneficios a favor del demandado. Incluso, contrario a los principios de inmediatez y precaución que deben regir en esta materia, la citada legislación fija términos para dar vista al demandado y pedir informe a las autoridades, antes de resolver la imposición de medidas cautelares, provocando con ello que las medidas precautorias pierdan su efectividad, pues no suspenden las afectaciones con inmediatez, aun cuando impliquen un riesgo latente.

Persistiendo las condiciones de desigualdad, se establece que cada parte asumirá los gastos y costos de la acción colectiva, dejando de lado que el objetivo de este tipo de acciones es precisamente propugnar por el acceso a la justicia de grupos que se ven afligidos ante entidades cuyo estatus político-económico es predominante; en consecuencia, no parece congruente que los afectados, tengan que contar con la capacidad económica necesaria para soportar tales gastos.

En el caso que nos ocupa, la asociación Acciones Colectivas de Sinaloa, también brindó su apoyo a diversos afectados de la cuenca y han logrado promover dos acciones colectivas respecto a este asunto: una difusa y una en sentido estricto.

La acción colectiva difusa se presentó desde el 28 de agosto de 2014, pero fue certificada hasta el 26 de marzo de 2015. En este proceso ha prevalecido la dilación, pues la empresa minera ha presentado recursos de apelación contra distintos acuerdos del juzgado, lo que ha provocado la suspensión del proceso en varias ocasiones.

Este procedimiento, desde inicios de 2016, se encuentra en periodo probatorio, mismo que también ha estado inmerso en diversos recursos, interpuestos por ambas partes, en razón de la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas.

Por su parte, la acción colectiva en sentido estricto, fue presentada desde el 17 de junio de 2015. La empresa minera ha participado de manera activa interponiendo constantemente recursos dilatorios al proceso.

La autoridad jurisdiccional consideró que no se demostró que las personas promoventes pertenecieran al grupo de individuos que fueron afectadas por el derrame y desechó la demanda, situación que fue advertida a su superior jerárquico, mediante recurso de apelación, pues el grupo probó mediante sus credenciales de elector, que su domicilio se encuentra en la región afectada por el derrame. Sin embargo, también el Tribunal Unitario resolvió que no se reunieron los requisitos para certificar la demanda como acción colectiva; por tal motivo se presentó un amparo directo contra dicha resolución en noviembre de 2016, mismo que fue turnado al Tribunal Colegiado en turno. En febrero de 2017, dicho tribunal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ejercicio de su facultad de atracción, resolviera el amparo directo promovido, argumentando su importancia y trascendencia; empero, una vez más, la Corte discrepó de este argumento y negó atraer el caso. El amparo se encuentra esperando la resolución del Tribunal Colegiado, si ésta se dicta bajo el criterio expuesto y se concede el amparo, implicaría que a más de dos años de su interposición, apenas se iniciará con el trámite de la demanda como acción colectiva contra Grupo México; si resuelve no concederlo, la denegación de justicia se materializará también respecto a esta vía.

A su vez, la asociación civil Defensa Colectiva también promovió una acción colectiva difusa el 1 de septiembre de 2014, misma que se certificó y desechó hasta el 5 de agosto de 2015, por considerar el juzgador que los promoventes carecían de legitimación activa. Ante tal desechamiento, también se interpuso un recurso de apelación, siendo confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito, el 26 de enero de 2016, ambas partes promovieron un juicio de amparo directo.

Curiosamente, en este caso -que tiene como origen común al anterior: el derrame; que se promueve, bajo la misma figura jurídica; que visibiliza problemas similares en la misma etapa procesal: la certificación- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí consideró que el caso reviste enorme importancia y trascendencia; y por lo tanto, en sesión de 5 de julio de 2017, resolvió ejercer su facultad de atracción, argumentando que el análisis permitirá establecer la debida interpretación de los requisitos de procedencia de las acciones colectivas en materia ambiental, especialmente tomando en cuenta lo novedosa de esta regulación.

Además, según el comunicado del máximo tribunal:

a partir del conocimiento del asunto se podrá establecer si la legislación federal limita injustificadamente o no el remedio judicial efectivo para las violaciones a derechos humanos cuya reparación se persiga por vía de la acción colectiva difusa, a la luz de los estándares interamericanos en la materia.

Este sería el mayor logro de las acciones colectivas promovidas hasta el momento: lograr que la Suprema Corte reconociera la importancia y trascendencia del asunto. Faltará ver cuántas de las limitaciones aquí expuestas para la efectividad de las acciones colectivas, pueden subsanarse mediante los criterios que la Primera Sala determinará durante el estudio de dicho juicio de amparo. Mientras tanto, se concluye que las acciones colectivas, tal como están establecidas en el sistema jurídico, no satisfacen las necesidades apremiantes de los grupos vulnerables, específicamente ante conflictos ambientales, pues se encuentran lejos de propiciar el acceso a la justicia, ya que todavía no son una herramienta procesal efectiva para proteger los derechos humanos vulnerados por actividades contaminantes, como las provenientes de la industria minera.

La estrategia legal: El juicio de amparo

Los procedimientos que a continuación se analizan son los promovidos por los miembros de los Comités de Cuenca del Río Sonora. Los comités eligieron el juicio de amparo por considerar que los demás mecanismos son insuficientes, dado que los objetivos de tales procedimientos (civiles, penales, administrativos) versan sobre la aplicación de sanciones y el pago de indemnizaciones y no sobre cuestiones tendientes a la restauración, a la determinación de violaciones a derechos humanos y sobre todo, poco aportan para concretizar la garantía de no repetición. Al 31 de agosto de 2017 se encuentran vigentes 11 juicios de amparo, respecto a diversas temáticas; los primeros 8, se detallan en la tabla 1.

Además de las señaladas en la tabla, en julio y agosto de 2017 los CCRS promovieron 3 nuevos juicios de amparo, los cuales por razones de espacio y tiempo no se incorporan en este documento, pero se considera importante mencionar los motivos que los originaron y los actos de autoridad que reclaman:

Juicio de Amparo contra el argumento del Delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, que desestima la necesidad de contar con la UVEAS y determina la disminución de plantas potabilizadoras en la zona afectada, aludiendo a que no son necesarias pues según los resultados de CONAGUA y COFEPRIS, ya disminuyeron los niveles de metales pesados en el río.

Juicio de Amparo contra la implementación de la ZEERS, que está siendo aprobada por los municipios de la zona afectada, sin la participación pública, sin información, sin consulta; e incluso, sin que se publicara en el plazo legal la Declaratoria de la ZEERS, en la cual debió darse a conocer también la orientación de la misma, es decir, cuáles son las actividades que se priorizarán y cuáles los beneficios fiscales, situación que hasta la fecha no ha ocurrido.

Juicio de Amparo contra las autoridades de salud: ISSSTESON, IMSS, Seguro Popular, solicitando se lleven a cabo los análisis y pruebas idóneas necesarias para determinar si los pobladores, sus derechohabientes, se encuentran afectados de intoxicación por metales pesados, pues hasta la fecha presentan incertidumbre respecto a su estado de salud.

Con el objetivo de evidenciar los obstáculos para alcanzar la justicia ambiental, se han seleccionado 3 juicios de amparo, relacionados con: la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos; la consulta pública y acceso a la información respecto a la autorización para la nueva presa de jales; y la normatividad aplicable para la determinación de los parámetros de calidad del agua, respecto a los cuales se ordenó la reapertura de los pozos en la zona afectada.

Juicio de Amparo en el que se reclama que la empresa BVC se mantiene en operaciones sin contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos

El 12 de mayo de 2015 se promovió un juicio de amparo, considerando a la empresa minera como autoridad responsable, en el marco de las modificaciones a la Ley de Amparo, que señalan que en materia de derechos humanos, las vulneraciones más importantes no sólo derivan de acciones u omisiones generadas por el Estado, sino que también provienen de particulares; por ende, ante la limitada protección de la que disponía el gobernado, para prevenir o reparar tales violaciones, es que se consideró necesario expandir el marco de autoridad.

Sin embargo, el Juez Noveno de Distrito a quien le tocó conocer del asunto, no aplicó tal criterio y se limitó a considerar a la empresa minera como tercera interesada a juicio, manteniendo con ello el estatus político-económico predominante de la citada minera, coartando la facultad de los afectados para hacer valer sus derechos directamente en contra de la trasnacional.

En consecuencia, se interpuso un recurso de queja para que su superior jerárquico revisara tal disposición. Tal determinación fue tan trascendente para el Tribunal Colegiado, que él mismo interpuso una solicitud de facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resolviera sobre el reconocimiento de la empresa minera como autoridad responsable, argumentando que:

Estamos frente a una problemática que implica definir los alcances del concepto de actos de autoridad realizados por un particular, bajo el esquema del nuevo paradigma que rige el juicio de amparo, lo cual hace de este asunto un tema de interés y relevancia importantes que amerita que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que defina el alcance en casos como el presente.

Incluso, el citado tribunal fue más allá reconociendo el carácter excepcional del asunto, en relación a su importancia y trascendencia, pues reconoció el interés preponderante de los habitantes del río Sonora, que interponían este juicio en razón del impacto ecológico que ha sufrido el medio ambiente en el que habitan y de las repercusiones de tal afectación en su salud.

Por ello, estimó necesario

abordar la resolución del presente asunto en el contexto social actual... sentando criterios progresivos relativos a problemas jurídicos que subyacen en el presente caso, analizando la posibilidad del desarrollo del juicio de amparo como el recurso judicial efectivo a falta de medios ordinarios de defensa o cuando los que existen han resultado insuficientes.

Pese a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no ejercer la facultad de atracción para conocer el aludido recurso argumentando indebidamente que el asunto no reviste características de importancia y trascendencia.

Dicha determinación derivó en que fuera el mismo Tribunal Colegiado quien analizara la consideración de la empresa minera como autoridad responsable; sin embargo, al hacerlo dejó de lado los múltiples argumentos aducidos por él mismo ante la SCJN, y concluyó que la empresa minera no tenía el carácter de autoridad, justificando su determinación en que operaba sobre la base de una concesión minera, otorgada por el Estado mexicano y que por ende, actuaba en un plano de subordinación respecto a las autoridades mineras y del medio ambiente.

A este respecto, señaló que en el caso de que sus actividades ocasionaran daños:

...no lo hace con imperio, ni en forma unilateral, sino en inobservancia de una obligación derivada de la concesión minera, y sujeta a la vigilancia de la autoridad ambiental, y a las consecuencias legales que pudieran derivar de sus actos u omisiones.

Es decir, no examinó que en una sociedad organizada alrededor de la predominación de los aspectos económicos, el poder de quien ostenta una preeminencia económica se impone al poder del individuo, creando situaciones de supremacía social, que conlleva que el poder se ejerza también dentro de la propia sociedad, entre particulares, permitiendo implícitamente la posibilidad de abusos, generando relaciones en que el principio de igualdad ante la ley es una falacia.

Por ende, el tribunal debió considerar que el fortalecimiento de ciertos grupos, como el de la industria minera, y específicamente la empresa responsable del derrame, propicia que asuman una posición dominante susceptible de afectar la esfera jurídica de los individuos, presentando situaciones de disparidad que no deben perderse de vista, pues esos grupos o particulares, según ha quedado señalado en criterio jurisprudencial:

...muchas veces también influyen en los cambios legislativos, en defensa de sus derechos. Estos grupos de poder, o simplemente otros ciudadanos particulares organizados o situados en una posición dominante, constituyen una amenaza incluso más determinante que la ejercida por los poderes públicos para el pleno disfrute de los derechos fundamentales.

Sin considerar lo anterior, el Tribunal Colegiado cambió su discurso, al argumentar que si le atribuyera a la empresa minera el carácter de autoridad responsable, se traduciría en que cualquier afectación unilateral por parte de un particular, sería un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No obstante, el tribunal desechó el carácter excepcional del asunto que nos ocupa, que él mismo enfatizó ante la SCJN, reconociendo en aquélla ocasión el interés preponderante de más de 22 mil habitantes del río Sonora, que han sufrido el impacto en su entorno y en su salud. También rechazó extender su criterio para adaptarlo al contexto social actual y sobre todo, evadió analizar la posibilidad de que fuera precisamente el juicio de amparo, el recurso judicial efectivo, ante la falta de medios ordinarios de defensa que, en su momento, el mismo tribunal reconoció como insuficientes.

En esta ocasión, al emitir su determinación, utilizó la existencia de tales medio de defensa como un argumento más para negar la determinación de autoridad responsable a la empresa minera, al concluir que las omisiones atribuidas a la transnacional, no pueden considerarse actos de autoridad porque esos mismos actos pueden serle atribuidos en su carácter de particular, al efectuarlos bajo el amparo de una concesión, y que para ello existen mecanismos para resarcir los actos que ocasionen daños al medio ambiente y a la salud, haciendo alusión a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y al Código Federal de Procedimientos Civiles, en que se establece la acción colectiva.

Y así, de nueva cuenta, recae la responsabilidad en las autoridades administrativas: en la Secretaría de Economía, cuyas determinaciones sobre las cancelaciones mineras permanecen ausentes aún ante conflictos con afectaciones ambientales ampliamente reconocidas; en la SEMARNAT, que permite que la empresa minera opere, con el conocimiento de que no cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, esperando desde 2012 que la empresa "subordinada" a sus regulaciones, decida concluir con su trámite de registro; o, en la PROFEPA, que durante todo este tiempo, no evidenció la falta de dicho instrumento de seguridad, ni tampoco las más de 50 irregularidades que ella misma detectó durante las múltiples inspecciones realizadas en la empresa minera, después del derrame, que advierten incumplimientos que versan desde manejo de lixiviados, de residuos peligrosos o de emisiones contaminantes que no fueron advertidos en su momento y que de no haber ocurrido el derrame, seguirían sin evidenciarse.

En este contexto, el argumento relativo a la subordinación de la empresa minera ante las autoridades administrativas desaparece en la realidad, pues incluso los instrumentos de regulación de su actividad son conferidos en atención a esa superioridad político-económica que ostenta ante los habitantes de las comunidades contiguas y las autoridades administrativas.

Juicio de amparo en el que se reclama la autorización emitida por SEMARNAT para BVC a fin de que construya y opere una nueva presa de jales, sin la consulta y participación pública

El 07 de abril de 2016 se admitió el juicio de amparo reclamando la autorización para que se construya y opere una nueva presa de jales en la ciudad de Cananea, donde la empresa BVC tiene sus instalaciones, respecto de la cual los habitantes de la comunidad vecina de Bacanuchi no tenían mayor conocimiento; de ahí que se reclama también la omisión por parte de la SEMARNAT de realizar la debida consulta pública que asegurase la participación de los afectados con dicha obra.

Después de casi 8 meses desde su presentación, de 8 diferimientos de audiencias constitucionales, de 4 diferimientos de audiencias incidentales y de 3 recursos de revisión relacionados con la determinación de negar la suspensión provisional, finalmente, el 25 de Noviembre de 2016, se celebró audiencia y se resolvió sobreseer el juicio de amparo, argumentando una causal de improcedencia, relativa a la falta de interés legítimo para reclamar.

El principal argumento para determinar dicho sobreseimiento fue que los promoventes no acreditaron su interés legítimo, pues según lo señala la autoridad jurisdiccional, es requisito indispensable para considerar éste, la existencia de una afectación indirecta a la esfera jurídica del individuo y aunque reconoce que los quejosos demostraron ser vecinos del municipio de Arizpe, Sonora, advierte que según la autorización, la construcción y operación de la nueva presa de jales, se realizará en la ciudad de Cananea; es decir, en otra ciudad diversa al lugar de residencia de los solicitantes del amparo, omitiendo considerar: en principio, que el derecho que se pretende tutelar es el derecho a un medio ambiente sano, y que las afectaciones que se producen en él no responden a una lógica territorial que las delimite, de ahí el carácter difuso del mismo. Además, con su apreciación incorrecta, afirma que ya que los promoventes no residen en el mismo municipio no serán afectados, lo cual es erróneo y revela la falta de conocimiento, o la búsqueda de justificaciones simplistas para no analizar a fondo el asunto, pues es un hecho cierto no sujeto a probanza alguna, el que la comunidad de Bacanuchi se localiza al sur de la ciudad de Cananea. De ahí que, por su ubicación geográfica, los hace más propensos a sufrir afectaciones, al encontrarse río abajo del lugar en el que se construye la citada presa de jales; situación que ya fue experimentada duran-te el derrame del 06 de agosto de 2014, en el que la población de Bacanuchi fue la más afectada, incluso más que la ciudad de Cananea.

No obstante lo anterior, el citado juzgador determinó que

para que se pudiera contar con el interés legítimo [...] se requería que la parte quejosa acreditara la afectación que le deparaban los actos reclamados, en concreto la construcción de la presa de jales, lo cual no ocurre en el caso, puesto que de [...] la resolución del proyecto minero "Nueva Presa de Jales Buenavista del Cobre" [...] se advierte que la construcción de la presa de jales, se autorizó para llevarse a cabo en el municipio de Cananea, Sonora, y no en el diverso municipio de Arizpe, Sonora, ni mucho menos en el poblado de Bacanuchi, Sonora, en donde residen los quejosos.

Aunado a lo anterior, el juzgador considera que los quejosos no pudieron demostrar su afecación aun cuando sí reconoce que demuestran su residencia en la comunidad de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, lo cual es incongruente con uno de los argumentos que él mismo señaló en su resolución, al aplicar, por analogía, la tesis que se titula Interés legítimo en el amparo. Para acreditarlo... deben demostrar que sus integrantes son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar donde se ocasionó el daño. En dicha tesis se sostiene que el interés legítimo también se demuestra con la comprobación de ser vecinos o habitar en comunidades adyacentes al lugar afectado; en consecuencia, siendo el caso que el juzgador sí reconoce que los promoventes son habitantes de la comunidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, es evidente que con ese hecho, se actualiza el supuesto requerido, pues dicha comunidad es adyacente al lugar de la construcción y operación de la nueva presa de jales, lo cual es un hecho notorio que no requiere probanza alguna, pues cualquier mapa lo advierte. Por tal razón, no se demuestra la causal de improcedencia y se debió proceder con el análisis de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo.

Como se aprecia en el análisis realizado a este procedimiento, en la práctica judicial se imponen los estándares más exigentes para los promoventes, en contra de la disposición constitucional del principio pro persona que precisa brindar la mayor protección para ellos, porque al determinar el citado sobreseimiento con base en los argumentos formulados, se advierte que no aplicó el criterio más favorable, sino que pretendió justificar el indebido sobreseimiento y con ello, denegar el acceso a la justicia.

Durante el juicio se negó también la suspensión provisional del acto reclamado, a saber, se permitió que la construcción y operación de la nueva presa de jales siguiera su curso, en contra del principio precautorio que debe prevalecer en la materia ambiental, lo cual atenta contra las reformas constitucionales que se han venido incorporando desde la normativa internacional, relativas al establecimiento de figuras jurídicas que operen como medida cautelar, es decir, que detengan las obras o actividades sujetas a análisis, mientras se resuelve si la realización de las mismas conlleva o no, una violación de derechos humanos fundamentales. Al no ser éste el proceder del citado juzgador durante todo este tiempo, la construcción y operación de la nueva presa de jales de la empresa minera BVC persiste, aun cuando por cuestiones procesales, ni siquiera se ha logrado que la autoridad jurisdiccional analice el fondo del asunto, realizando el estudio de los conceptos de violación que le fueron planteados desde hace más de un año.

Estas argumentaciones y algunas otras, han sido formuladas a manera de agravio por los promoventes, mediante el recurso de revisión que se interpuso contra la citada sentencia el 16 de diciembre de 2016, mismo que fue admitido casi 5 meses después, hasta el 11 de mayo de 2017, es decir, se encuentra en espera de resolución.

En cuanto al fondo del asunto, como se adelantó, todavía no ha sido analizado por la autoridad jurisdiccional, la demanda versa en mayor medida sobre la emisión de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, sin garantizar el acceso a la información y la consulta y participación pública.

Al respecto, el principio de publicación es sumamente relevante en materia de medio ambiente, pues promueve la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales sobre obras o actividades que regularán su en-torno; de ahí que sea necesario incorporar a la sociedad desde el proceso de gestión ambiental, brindando la información necesaria sobre las actividades sujetas a evaluación ante la autoridad.

En este sentido, Iván Lanegra Quispe (2009) afirma que:

la gestión ambiental no requiere solo de información técnica precisa, también necesita de espacios democráticos de participación y de discusión pública sobre los fines ambientales y sobre las prioridades de la sociedad respecto de los distintos bienes públicos y de los propios intereses particulares; no debe huir de los conflictos, sino aprovecharlos en su potencial renovador de la política, dichos espacios no pueden permanecer aislados de la discusión general sobre los fines de la sociedad.

Por tal razón, el acceso a la justicia ambiental debe incluir la disposición efectiva de la información técnica precisa y de la generación de espacios democráticos de participación y discusión pública de los proyectos ambientales sujetos a evaluación. No obstante, como se visibilizó en el asunto que nos ocupa, las comunidades aledañas al río Sonora han evidenciado, mediante diversos juicios de amparo, que han sido violados sus derechos relativos a que se les informe sobre los proyectos y ampliaciones de la empresa minera en la zona, violando su garantía de audiencia, de participación, de información, sin que hasta la fecha hayan sido resarcidos en tales prerrogativas.

Ahora bien, analizando la normatividad aplicada por la SEMARNAT, al emitir las autorizaciones a la empresa minera, con independencia de la problemática e incongruencias que presentan en lo particular cada una de ellas, es factible considerar que la legislación vigente es inconstitucional, pues no incorpora el derecho fundamental de audiencia, que equivaldría a que los artículos que regulan la materia de impacto ambiental en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,así como en su Reglamento, establecieran lineamientos normativos indispensables para el acceso de los gobernados a este derecho humano.

De esta manera se impide y hace ilusoria la posibilidad de que cualquier persona, que se encuentre en la zona de influencia de las obras o actividades del citado proyecto minero, que eventualmente pueda resultar perjudicada en sus propiedades o posesiones por el daño ambiental presente o inminente a los recursos naturales -flora, fauna, suelo y agua- a la salud pública o a la calidad de vida-, sea escuchado en defensa de sus intereses en la sustanciación del citado procedimiento de evaluación de impacto.

En ninguno de los preceptos de la citada legislación se prevé o instituye la obligación de la autoridad de que al inicio de ese procedimiento de evaluación, informe, a través de un acto de notificación personal al gobernado, que puede resultar afectado por la ejecución de las respectivas obras o actividades; es decir, no contiene el mecanismo idóneo para que los particulares que se ubiquen en la situación relatada se enteren de la iniciación de tal procedimiento, para estar en aptitud de defenderse; en consecuencia, se les priva de la oportunidad de emitir cualquier argu-mento en pro de la defensa de sus intereses.

Esto va en sentido contrario a la garantía de audiencia consagrada a nivel constitucional que, como se mencionó, presupone la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con la privación de derechos, tales como la salud o la calidad de vida, sean del conocimiento del particular a través del acto de notificación.

Esta condicionante de validez constitucional no existe en la legislación citada, aun cuando las autorizaciones emitidas por SEMARNAT constituyen actos privativos, no solo del derecho fundamental relativo al goce y disfrute de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, sino también de los derechos sustantivos de propiedad y posesión de quienes están ubicados en el área de influencia de las obras y actividades que comprende de-terminado proyecto; pues los propietarios y poseedores de inmuebles ubicados en la zona de influencia, resienten la disminución, menoscabo o suspensión definitiva de alguno de los citados derechos.

No subsana la deficiencia legal citada que la SEMARNAT publique las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta ecológica, pues dicha publicación no garantiza un adecuado y oportuno conocimiento y defensa, ya que dicho mecanismo no avala el conocimiento directo, exacto y completo de los hechos y datos en los que la autoridad se basa para evaluar el proyecto respectivo.

En consecuencia, es válido afirmar que la garantía de audiencia tratándose de actos administrativos debe ser previa, por lo que antes de emitirse tales actos debe escucharse a los gobernados; por lo tanto, aun cuando la normatividad que regula el impacto ambiental, no disponga la obligación de que se notifique a quienes pueden resultar afectados por la obra o actividad que se pretende ejecutar, la SEMARNAT no estaba exenta de darle a los habitantes de las comunidades aledañas a la empresa minera, la oportunidad de oírlos en defensa, de hacer efectivo su derecho a la participación y a la consulta pública, pues aún ante la ausencia de preceptos legales y reglamentarios, debió privilegiar y conceder los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso de los ciudadanos.

Juicio de amparo en el que se reclama la aplicación de la normatividad que hizo posible la apertura de pozos de agua después del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi

El 19 de junio de 2015 se admitió el juicio de amparo, en dicho procedimiento el motivo de reclamo de los promoventes, esencialmente radica en que con la aplicación de las normas mexicanas, en octubre de 2016, se determinó que la calidad del agua de las zonas afectadas por el derrame es apta para consumo humano y en consecuencia ordenó la apertura de pozos para el suministro del vital líquido, aun cuando esta normatividad es menos favorable que las Guías para la Calidad del Agua Potable de la Organización Mundial de la Salud. El argumento de los afectados consiste en que debe aplicarse el principio pro persona, es decir, el de la aplicación de la norma más favorable.

Después de casi 2 años desde su presentación, de 13 diferimientos de audiencias constitucionales, de 3 diferimientos de audiencias incidentales, de un recurso de revisión y uno diverso de queja, finalmente, el 6 de julio de 2017, se celebró audiencia y se resolvió, primeramente, negar el amparo solicitado respecto a la solicitud de modificación o ajuste total de la normatividad mexicana, para que sea congruente con la internacional. Se arguyó que el juicio de amparo adolece de un efecto general que pudiera impactar a todos los gobernados, lo cual sería consecuencia de una modificación de la normatividad. Sin embargo, en un resolutivo posterior, concedió el amparo solicitado, en contra de la COFEPRIS, pues de su análisis determinó que dos de los pozos liberados en octubre de 2014, mostraban niveles de contaminación superiores a los permitidos. Por ello, ordenó a la autoridad dejar insubsistente el dictamen de factibilidad de la calidad de agua y la orden de reapertura de dichos pozos; además, conminó a la autoridad a realizar un nuevo muestreo aplicando la normatividad que resulte de mayor beneficio, a fin de asegurar la salubridad del agua; y, finalmente, ordenó que si de tales mediciones se desprende que la contaminación de los pozos es superior a los niveles óptimos, realice las labores de saneamiento pertinentes, a fin de obtener niveles que aseguren el derecho al agua salubre de los usuarios.

En este procedimiento deben resaltarse diversos criterios positivos que se aplicaron por el juzgador:

Al momento de solicitar a las autoridades sus informes, en su mayoría negaron la existencia de sus actos; sin embargo, el juez desvirtuó esa negativa, considerando que de las constancias que existían en autos, así como de la información publicada por las mismas en las páginas electrónicas oficiales, ellas mismas han informado las acciones gubernamentales relacionadas con el derrame. Específicamente, la COFEPRIS, aun cuando negó la instrumentación del programa de monitoreo de liberación y apertura de pozos, el juez desvirtuó esa negativa con la respuesta a una solicitud de información que presentaron los promoventes, y con la información obtenida en la página electrónica del Fideicomiso Río Sonora, pues consideró como hecho notorio tal información, al estar publicada en una fuente oficial y de acceso público.

El juzgador consideró suficiente para re-conocer el interés legítimo colectivo de los promoventes, el que demostraran ser habitantes de alguno de los municipios afectados por el derrame, pues con ello se demuestra que el actuar de las responsables les genera un agravio diferenciado del resto de los demás habitantes de las localidades del estado que no fueron perjudicadas. De nueva cuenta, atrajo información publicada por las mismas autoridades para especificar los municipios que se advierten como afectados; incluso, en este punto, se advierte un "activismo judicial" al invocar la tesis Interés legítimo. Contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo..., con base en la cual funda su determinación, pues sí considera que los promoventes tienen interés legítimo, interpretando acorde a la na-turaleza y funciones del juicio de amparo la normatividad y criterios jurisprudenciales aplicables al caso particular, en aras de buscar la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.

Consideró aplicable el principio pro persona, reconoció el carácter vinculante de la Observación General número 15, del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en consecuencia, de las Guías para la Calidad del Agua Potable; incluso, al aplicar el citado principio, realizó un análisis comparativo entre las normas nacionales y la internacional, para determinar cuál maximiza el derecho humano protegido y ordenó la aplicación de la más eficaz para el caso concreto. Al hacerlo, determinó que al aplicar la normatividad internacional, en dos pozos (Sinoquipe y La Labor), se demuestran niveles de arsénico y manganeso superiores al máximo permitido.

Sin embargo, aun con los aciertos expuestos, esta resolución fue sujeta a revisión, por lo que hace a la negativa relacionada con la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas mexicanas, con lo cual se pretende que dichas normas no puedan ser aplicables; y, como consecuencia, se modifiquen. Lo anterior se considera necesario, pues si ya se ha advertido la falta de actualización de las mismas y la vinculación de la normatividad internacional, estas disposiciones deben ser congruentes entre sí y aportar también en la regulación nacional, los parámetros necesarios para garantizar el agua salubre y de calidad para todas las personas, no solo para aquellas que se vean inmersas en algún conflicto que ponga en duda su calidad. Este procedimiento de revisión, se encuentra en trámite ante el tribunal colegiado correspondiente.

Conclusiones

Este trabajo muestra el conflicto social y ambiental que genera la actividad minera en un caso de estudio en el norte de México, en el que ocurrió un derrame de sustancias tóxicas. Después de tres años, el conflicto sigue latente por la falta de atención a los compromisos asumidos por el gobierno federal y la empresa BVC, tales como la construcción de la unidad médica y las plantas potabilizadoras en las comunidades aledañas al río. La falta de información precisa y confiable sobre la calidad del agua que se consume en la actualidad es un tema que se agrega a la inconformidad de la población.

La continuación y conclusión de los trabajos del programa de expansión de BVC, a pesar del derrame y sus efectos, corrobora el poder que tiene este tipo de empresas de carácter trasnacional sobre las autoridades gubernamentales y locales. Las sanciones más severas conforme a la ley, fueron la suspensión parcial temporal de las operaciones en una parte de las instalaciones de la empresa y una multa de 23 millones de pesos.

A la atención inicial en la etapa de emergencia por parte de los tres niveles de gobierno siguió la etapa de la creación del fideicomiso para resarcir una parte de los daños a la población por parte del gobierno federal y la empresa, hasta llegar a la emisión del decreto de zona económica especial por parte del gobierno estatal. Esto significa que se busca una salida que no impida ni obstaculice la expansión de la actividad minera en la región.

Una parte de la población se ha organizado para defender sus derechos a través de la conformación de los Comités de Cuenca del Río Sonora, otros más optaron por promover demandas de acciones colectivas; sin embargo, como lo reveló el análisis efectuado en este artículo, a casi tres años del derrame, los asuntos enunciados se encuentran pendientes de resolución definitiva, pues han sido procedimientos repletos de excepciones dilatorias que han sido avalados por la autoridad jurisdiccional, quien al resolver los recursos, quejas y demás pronunciamientos, ha omitido incorporar algunos de los principios básicos de la justicia ambiental consagrados en el marco normativo, generando la continuidad de la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de la región del río Sonora.

En este nuevo paradigma existen cuestiones pendientes, muchas de las cuales se centran en aspectos de desigualdad, que obstaculizan el debido acceso a la justicia ambiental. Por un lado, aspectos de equidad procesal permanecen ausentes ante una determinación que niega que se considere a la empresa minera como autoridad responsable, argumentando que se encuentra subordinada a la concesión minera y a las autoridades administrativas. Por otro lado, se aprecia como esas mismas autoridades las promocionan como empresas sustentables; cuando dichas determinaciones provocan que los habitantes de las comunidades afectadas se enfrenten a una transnacional, con ganancias de 4,4 millones de dólares diarios, en igualdad de condiciones, sin fungir como contrapeso aun advirtiendo cómo sus relaciones políticas se extienden por todos los niveles de gobierno.

Los pobladores de las comunidades afectadas se encuentran limitados a ejercer acciones, por encontrarse sujetos a la realización de estudios técnico-científicos sobre el estado de los ecosistemas y los efectos producidos por los impactos ambientales, que por su esencia y el objeto tan diverso de estudio, son evaluaciones multidisciplinarias altamente costosas que no se encuentran a su alcance.

Todo esto, ante una autoridad jurisdiccional que busca causales de improcedencia en las cuales justificar su omisión de analizar el fondo del asunto, que omite pronunciarse en congruencia con este nuevo paradigma, en donde el bienestar de las personas, debería fungir como eje rector, ejerciendo su activismo judicial como una figura de contrapeso que actúe con un sesgo positivo ante la población menos favorecida, afectada por el citado derrame y sus consecuencias.

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Introducción Los impactos sociales y ambientales que ha generado el crecimiento de la actividad minera en los últimos años, son aspectos que preocupan cada vez más a los habitantes de localidades en donde se llevan a cabo los procesos de extracción y beneficio del mineral, y afectan a la población de regiones vecinas.

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Degradación de suelos en Sonora: el problema de la erosión en los suelos de uso ganadero

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Degradación de suelos en Sonora: el problema de la erosión en los suelos de uso ganadero

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El desarrollo agropecuario en Sonora se ha basado en la sobre explotación de los recursos naturales, como muestran los procesos de degradación de suelos asociados al desarrollo de este tipo de actividades: la erosión, asociada al uso ganadero, y la salinidad, presente en el desarrollo de las actividades agrícolas.

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Degradación de suelos en Sonora: el problema de la erosión en los suelos de uso ganadero

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Similares en SciELO Degradación de suelos en Sonora: el problema de la erosión en los suelos de uso ganadero Recibido en junio de 2000. Revisado en noviembre de 2000. La erosión es un problema presente en la mayoría de los suelos sonorenses y constituye un riesgo para la producción futura de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales del estado.

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En esta grafica se muestra el consumo de agua en mi vida cotidiana, estas son las actividades diarias donde utilizamos el agua, hasta antes de este modulo 20 sin poner total atención al consumo algunas veces pasando a lo desmedido. Sin embargo con lo aprendido en estas semanas se recapitulara significativamente en el consumo de agua en el hogar. También podemos darnos cuenta que estamos usando jabones, desinfectantes, shampoo, que contaminan y para nosotros es algo normal, si ver las consecuencias reales que se esta causando al ecosistema. En estas actividades nos ayudaran como ciudadanos a reflexionar sobre el uso desmedido de los recursos naturales, si bien es cierto que ya se cuidaban algunos detalles, aun nos falta mucho por hacer como sociedad, para tener un mejor planeta.

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Grafica de actividaes que utilizan agua.PNG

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Estas imágenes muestran la sobreexplotación de los recursos naturales, que se han presentado en nuestro estado. Así como la contaminación de los mantos acuíferos, por parte del ser humano, y la falta de sensibilidad que tenemos hacia el planeta.

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Acciones para la optimización del agua en nuestro entorno 

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Acciones para la optimización del agua en nuestro entorno 

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Entre las acciones que pueden ayudar a la optimización del agua  en nuestra vida cotidiana están:
1. Crear conciencia en los integrantes de la familia planteándoles lo aprendido en estas semanas.
2. Reducir el consumo, que esto ayudara a cuidar los recursos naturales, y también ayudara nuestro bolsillo.
3. Reutilizarla, para otras actividades, como la de regadera para el inodoro, la de lavadora para las plantas, y arreglar fugas en el hogar.
4. Evitar contaminar lo mas que se pueda, esto también ayudara a conservar los mantos acuíferos limpios.
5. Denunciar cualquier anomalía que nosotros veamos en nuestro entorno, ya sea contaminación, desperdicio, o cualquier cuestión que no sea correcta, y pueda ayudar al planeta.

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En nuestro estado de Sonora no es la excepción  que las actividades agropecuarias consumen la mayor cantidad de agua dulce, en México como en el mundo. Es por eso de la importancia de las leyes que aminoren la sobreexplotación en de este vital liquido. En México, la agricultura y la ganadería consumen el 76.3%. En el mundo, estas actividades consumen en promedio 70%. Los siguientes grandes consumidores son la industria y la generación de energía. En México consumen 13% del agua dulce; el promedio mundial es de 22%. como lo muestra el siguiente articulo de la legislación del agua en México.

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México dispone aproximadamente del 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica.

El agua es necesaria para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir y es un factor estratégico para el desarrollo del país.

México recibe alrededor de 1,489 mil millones de metros cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los cuales el 67% cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco), donde se recibe 49.6% de la lluvia.

De este total 73% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22% escurre por los ríos o arroyos y 6% se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, México tiene 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año y está considerado como un país con baja disponibilidad de agua.

Un aspecto importante a considerar en la disponibilidad de agua es el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. Según estimaciones de Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2012 y 2030 la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas. Además para 2030, aproximadamente 75 por ciento de la población estará en localidades urbanas. El incremento de la población ocasionará la disminución del agua renovable per cápita a nivel nacional.

En 2012, con una población de 117 millones de habitantes, la disponibilidad natural media por habitante se calculaba en 4,028 metros cúbicos por año. Se estima que para 2030, con el aumento de la población y el deterioro de los cuerpos de agua descenderá hasta 3,430 metros cúbicos por habitante por año.

Otro aspecto significativo es el incremento del consumo de agua per cápita: en 1955, cada mexicano consumía alrededor de 40 litros al día; se calcula que en 2012 el consumo aumentó a 280 litros por persona al día. Para enfrentar la disminución de la disponibilidad del agua por habitante en los próximos años será necesario:

Reducir la demanda mediante el incremento en la eficiencia de los sistemas de distribución de agua en las ciudades y de los sistemas de riego; e incrementar la oferta aumentando el volumen de agua pluvial recolectada y el reúso de agua residual tratada.

¿Cómo se usa?

En México los usos del agua se han clasificado en dos grandes grupos: el uso consuntivo, que en términos sencillos se refiere al consumo de agua por parte de los diferentes sectores, y el uso no consuntivo, que involucra el uso de la energía motriz del agua para producir electricidad (hidroeléctricas).

Año con año, la autoridad responsable de la administración del agua en México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emite un informe en el que analiza el volumen de agua autorizado por tipos de uso. Aún cuando estos son los datos oficiales, el volumen autorizado en una concesión no representa el volumen real de uso, pero sí permite hacer inferencias y comparaciones entre sectores y usos en el país.

En el último informe de Estadísticas del Agua en México 2016, el volumen total concesionado para usos consuntivos, a 85,664.6 hm3 se distribuyó de la siguiente manera:

Como se observa el uso agrícola ocupa el primer lugar con el 68.23% de este volumen, le siguen en importancia el uso público con el 14.52%, el uso industrial con el 7.41%, el uso múltiple con 6.50% y los demás usos que no alcanzan el 2%.

Adicionalmente, en el mismo año se concesionó un volumen de 180,895 hm3 para la hidroeléctrica (uso no consuntivo).

¿Quienes consumen más?

Las actividades agropecuarias consumen la mayor cantidad de agua dulce, tanto en México como en el mundo. En México, la agricultura y la ganadería consumen el 76.3%. En el mundo, estas actividades consumen en promedio 70%.

Los siguientes grandes consumidores son la industria y la generación de energía. En México consumen 13% del agua dulce; el promedio mundial es de 22%.

El uso doméstico al final: en México corresponde a 10% del agua dulce y en el mundo a un promedio de 8%.

¿Quienes desperdician más?

En México, el sector que más agua desperdicia es el que más la consume: el sector agropecuario (agricultura y ganadería). Las estimaciones de la Comisión Nacional del Agua mencionan que 57% del agua que consume se pierde por evaporación pero, sobre todo, por infraestructura de riego ineficiente, en mal estado u obsoleta. La superficie irrigada es de 6.3 millones de hectáreas y aporta el 42% de la producción agrícola nacional. Las pérdidas por infiltración y evaporación ascienden a más de 60% del agua almacenada y distribuida para fines agrícolas.

La ciudad mexicana que más agua desperdicia es la más grande del país; la Ciudad de México y su área metropolitana. Como abarca varias poblaciones, lo correcto sería definirla como una cuenca: la cuenca del valle de México. Aquí el desperdicio lo causan las fugas de la red hidráulica y, según las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, alcanza un 38%.

¿Quienes contaminan más?

La contaminación de los cuerpos de agua es producto de las descargas de aguas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, industrial, agrícola, pecuario o minero. A finales del año 2010, más de 70% de los cuerpos de agua del país presentaba algún indicio de contaminación (Estadísticas del agua en México, edición 2011). Las cuencas que destacan por sus altos índices de contaminación son la del Lerma-Santiago-Pacífico, la del Balsas y, sobre todas, la del Valle de México.

Si bien la industria autoabastecida sólo consume 4% del agua total (3.5 km³ anuales), la contaminación que genera en demanda bioquímica de oxígeno es tres veces mayor que la que producen 100 millones de habitantes. En 2009, los giros industriales con mayores descargas contaminantes sumaban un volumen total de 176 m³/s. La actividad con mayor volumen de descarga es la acuacultura, con 68 m³/s (39%), seguida por la industria azucarera 46 m³/s, la petrolera 12 m³/s, los servicios 11 m³/s y la química 7 m³/s (CNA, 2009). La industria azucarera es la que produce la mayor cantidad de materia orgánica contaminante y la petrolera y química las que producen los contaminantes de mayor impacto ambiental. El sector industrial compite por el uso del agua con otros sectores productivos, particularmente con el agrícola.

La sobreexplotación de los acuíferos ha ocasionado también el deterioro de la calidad del agua, sobre todo por intrusión salina y migración de agua fósil (la que de manera natural, después de siglos, contiene sales y minerales nocivos para la salud humana) inducidas por los efectos del bombeo y por contaminación difusa producida en las ciudades y zonas agrícolas. Por otra parte, el monitoreo de la calidad de los acuíferos es escaso y poco confiable.

Debido a las características propias del ciclo hidrológico, un río puede quedar limpio en un tiempo relativamente corto si la fuente de contaminación se suspende y si no queda atrapada una cantidad importante de contaminantes en el sedimento; sin embargo, cuando se contamina un acuífero, el problema puede durar decenas de años.

Algunos datos sobre el agua

El agua renovable por habitante en México es de 3,692 m3.

El agua renovable para el 2030 por habitante en México se estima que será de 3,250 m3.

Anualmente México recibe aproximadamente 1'449,471 millones de m3 de agua en forma de precipitación. De esta, se estima que el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.2% escurre por ríos o arroyos, y el 6.3% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

Se estima que al año 2030 en algunas de las regiones hidrológico-administrativas (RHA), el agua renovable per cápita alcanzará niveles cercanos o incluso inferiores a los 1,000 m3/hab/año, lo que se califica como una condición de escasez.

En México existen 653 acuíferos.

Al 31 de diciembre de 2015 se reportan 105 acuíferos sobreexplotados y 32 con presencia de suelos salinos y agua salobre y 18 con intrusión salina.

Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud. Entre estos destacan 51 ríos principales por los que fluye el 87% del escurrimiento superficial total del país y cuyas cuencas ocupan el 65% de la supericie territorial continental del país.

En México se extraen del ambiente 228,721 hm3 de agua, de este volumen el 83.5% corresponde a aprovechamientos superficiales, 14.6% a aprovechamientos subterráneos y 1.9% es de origen pluvial.

Tomando en cuenta los flujos de salida (exportaciones) y de entrada (importaciones) de agua con los países vecinos, México cuenta anualmente con 446,777 millones de m3 de agua dulce renovable.

México comparte ocho cuencas con los países vecinos: tres con los Estados Unidos de América (Bravo, Colorado y Tijuana), cuatro con Guatemala (Grijalva-Usumacinta, Suchiate, Coatán y Candelaria) y una con Belice y Guatemala (Río Hondo).

Superficie del territorio de México compuesta por humedales (deltas, ríos, arroyos, lagos, lagunas, pantanos, turberas, oasis, cenotes, marismas, esteros, manantiales, manglares, tulares, rías y charcas) equivale a 10 millones de hectáreas.

Del 2010 al 2015, 91,600 hectáreas de bosques cambiaron anualmente a otro uso de suelo en México.

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Visión general del Agua en México - Agua.org.mx

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México dispone aproximadamente del 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica. El agua es necesaria para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir y es un factor estratégico para el desarrollo del país.

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30/Julio/21