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Ley General de la Administración Pública

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Ley General de la Administración Pública

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Texto Completo acta: 15D74

1

LIBRO PRIMERO
Del Régimen Jurídico
TITULO PRIMERO
Principios Generales
CAPITULO UNICO

°(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6 de la Ley "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología" N° 9046 del 25 de junio de 2012. El artículo 11 de la ley afectante m odifica además la denominación del Ministerio en la forma vista)
(*) (Nota de Sinalevi: Según el dictamen C-023 de 31 de enero 2007, de la Procuraduría General de la República, este inciso se encuentra derogado parcialmente en forma tácita por la Ley Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico, No. 7800 de 30 de abril de 1998, en lo que respecta a "Deportes", en este caso debe leerse "Cultura y Juventud").
n) Planificación Nacional y Política Económica;
(Así adicionado el inciso ñ por el artículo 104 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Nº 7169 del 26 de junio de 1990.)
(El párrafo 1 de este artículo, referente a la enumeración de las carteras ministeriales, fue así reformado por el artículo 11 de la Ley de Reestructuración del Poder Ejecutivo, Nº 6812 de 14 de setiembre de 1982)

ñ) Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones

2. (El inciso 2, que trataba de la creación de ministerios sin cartera, fue derogado tácitamente por el artículo 11 de la Ley de Reestructuración del Poder Ejecutivo No.6812 de 14 de setiembre de 1982. En este sentido, véase el dictamen

Artículo 28.-

1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio.

2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:

a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;

b) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones atribuidas a su Ministerio;

c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el Presidente de la República, los proyectos de ley a que se refiere el inciso anterior;

d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley que desconcentre dicha potestad;

e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos de su Ministerio;

f) Plantear los conflictos de atribuciones con otros Ministerios o con las entidades descentralizadas.

g) Disponer los gastos propios de los servicios de su Ministerio, dentro del importe de los créditos autorizados, e instar del Ministerio de Hacienda el trámite de los pagos correspondientes;

h) Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de su Ministerio;

j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.

a) Los de remoción de directores de entidades autónomas;

b) Los que correspondan a las atribuciones señaladas por los incisos 1) y 2) del artículo 147 de la Constitución Política, en este último caso cuando haya de apartarse de la recomendación de la Corte Suprema de Justicia; y

c) (Derogado este inciso por el inciso 2) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 del 28 de abril de 2006)

CAPITULO SEGUNDO

1. El Presidente de la República podrá nombrar Viceministros.

2. Los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los Ministros y tendrán las atribuciones que señalen esta ley y el respectivo Ministro.

3. Los Viceministros sustituirán en sus ausencias temporales a los respectivos Ministros, cuando así lo disponga el Presidente de la República.

4. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el personal del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto.

5. El Ministerio de Hacienda tendrá dos viceministros:

uno encargado de la Sección de la Administración del Gasto y otro de la Sección de Ingresos y Recursos Financieros.

En ausencia del Ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos viceministros.

Las atribuciones asignadas a los viceministros en esta Ley, serán ejercidas por cada uno dentro de sus respectivas áreas de acción.
Así adicionado el inciso 5) anterior por el artículo 1º de la ley Nº 7444 de 2 de noviembre de 1994)
6. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes tendrá un viceministro de juventud y aquellos otros que nombre el presidente de la República.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 31(actual 36) de la Ley General de la Persona Joven, N° (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 48 aparte b) de la Ley de (Así reformado el inciso 7) anterior por el artículo 6° de la Ley "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", N° 9046 del 25 de junio de 2012) (*)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 9046 del 25 de junio de 2012) Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", N° 9046 del 25 de junio de 2012) (*)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 9046 del 25 de junio de 2012) N° 8660 del 8 de agosto de 2008) 8261 del 2 de mayo del 2002)
7.- El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)(*) tendrá dos viceministros: uno encargado del sector ambiente y uno encargado del sector energía. En ausencia del ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos viceministros. Las atribuciones asignadas en esta ley a los viceministros serán ejercidas por cada uno, dentro de sus respectivas áreas de acción.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones(*) tendrá un Viceministerio de Telecomunicaciones y aquellos otros que se designen de conformidad con el inciso 1) del presente artículo.

CAPÍTULO TERCERO

Artículo 49.-

1. Cada órgano colegiado tendrá un Presidente nombrado en la forma prescrita por la ley respectiva o en su defecto por lo aquí dispuesto.

2. Salvo norma contraria, el Presidente será nombrado de entre los miembros del órgano colegiado, por la mayoría absoluta de ellos y durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto.

3. El Presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada;

b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función;

c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de las labores del órgano;

d) Convocar a sesiones extraordinarias;

e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de antelación;

f) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad;

g) Ejecutar los acuerdos del órgano; y

h) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.

Artículo 56.-

1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio.

3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto disidente.
(Nota de Sinalevi: Mediante el numeral 2° de la 4) Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros que hubieran hecho constar su voto disidente.") Ley para mejorar el proceso de control presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública, N° 10053 del 25 de octubre de 2021, se reformará este artículo. De conformidad con el transitorio único de la ley antes referida dicha afectación entrará a regir un año después de su publicación, es decir el 11 de noviembre de 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto del artículo 56 será el siguiente:" Artículo 56-

CAPITULO SEGUNDO

SECCION PRIMERA

Artículo 71.-

1. Los conflictos de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo ente deberán ser resueltos de conformidad con las Secciones II y III de este Capítulo, y no podrán ser llevados, en ningún caso, a los Tribunales.

2. Con igual limitación que la señalada en el párrafo anterior, los otros conflictos administrativos entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo ente, se resolverán por el superior jerárquico común de los órganos en conflicto, aplicando en lo demás las disposiciones de la Sección IV de este Capítulo.

3. Los conflictos, incluso de competencia entre entes, serán resueltos de conformidad con la Sección IV de este Capítulo, en la vía administrativa, pero cada parte conservará su derecho a la acción contenciosa pertinente.

4. Queda a salvo lo dispuesto en la Sección V de este Capítulo para los conflictos con los interesados.

CAPITULO TERCERO

SECCION PRIMERA

Artículo 83.-

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento.

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda:

a) Avocar competencia del inferior; y

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte.

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa.

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su favor.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 49, sub inciso f), de la Ley Marco de Empleo Público N° 10.159 del 8 de marzo de 2022, se reformará el inciso anterior. De conformidad con el transitorio XV de la ley afectante, dicha modificación entrará a regir doce meses después de su publicación, por lo que, a partir de dicha fecha, el nuevo texto será el siguiente: (Así reformado por el artículo 3° aparte c) de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, "Reforma Procesal Laboral".) 5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todas las personas servidoras públicas que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley 2, Código de Trabaje, de 27 de agosto de 1943.")

Artículo 127.-Cuando el agotamiento de la vía administrativa se produzca en virtud del silencio o de algún acto presunto, la Administración siempre estará obligada a dictar la resolución de fondo, de manera expresa y motivada, sin perjuicio de los efectos del silencio para fines de impugnación jurisdiccional, de conformidad con el Código Procesal Contencioso-Administrativo.

Artículo 173.-

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.

4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo,caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.

5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y la Administración estará obligada,además,al pago por daños, perjuicios y costas;todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199.

6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados entre sí,pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso d) del artículo 26 de esta Ley.

7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda.

( Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo)

Artículo 179.-

1. Los plazos y legitimación para impugnar el acto relativamente nulo en la vía administrativa serán los que indique esta ley.

Artículo 182.-

1. El Juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo que se trate de infracciones sustanciales relativas al sujeto, al procedimiento o a la forma, casos en los cuales deberá hacerlo.

2. Para efectos de este artículo el sujeto se entenderá como elemento comprensivo de la existencia del ente y su capacidad, de la existencia del órgano y su competencia, de los requisitos necesarios para el ejercicio de ésta y de la regular investidura del servidor público.

4. La incompetencia relativa no podrá ser declarada ni hecha valer de oficio.

Artículo 229.-

1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le oponga.

Cuando no se trate de la primera notificación del procedimiento ni de otra resolución que deba notificarse personalmente, las resoluciones se podrán notificar por correo electrónico, fax o por cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de comunicación. Para tal efecto, las partes indicarán, en su primer escrito, el medio escogido para recibir las notificaciones posteriores. Cuando se utilicen estos medios, las copias de los escritos y de los documentos quedarán a disposición de las partes en la administración respectiva.

Artículo 261.-

1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o petición del administrado, salvo disposición en contrario de esta Ley.

2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto definitivo habrá el término de un mes contado a partir de la presentación del mismo.

Artículo 264.-

1. Aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán realizarse por éstos en el plazo de diez días, salvo en el caso de que por ley se fije otro.

CAPITULO SEGUNDO

Artículo 293.-

1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados acompañarán toda la documentación pertinente o, si no la tuvieren, indicarán dónde se encuentra.

2. Deberán, además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren procedentes.

CAPITULO TERCERO

Artículo 296.-

1. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de presentación.

2. La infracción de lo anterior dará lugar a la responsabilidad del funcionario que la hubiere cometido.

Artículo 326.-

1. El órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario el procedimiento, por razones de complejidad e importancia de la materia a tratar.

este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación del superior.

3. El trámite de conversión no podrá durar más de seis días.

Artículo 344.-

1. No cabrán recursos dentro del procedimiento sumario, excepto cuando se trate del rechazo ad portas de la petición, de la denegación de la audiencia para concluir el procedimiento y del acto final.

4. La revocatoria o apelación, cuando procedan, se regirán por las mismas reglas aplicables dentro del procedimiento ordinario.

Artículo 345.-

1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente contra el acto que lo inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto final.

3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento.

Artículo 366.-

1. El Libro Segundo regirá, a partir de su vigencia, para todo procedimiento administrativo, aun aquellos que se encuentren pendientes de resolución o recurso, con las salvedades y limitaciones del artículo 371(*).

2. No obstante, los términos o plazos para trámites pendientes o para la resolución final, se contarán a partir de la vigencia de esta ley, mientras ello no implique una prórroga o ampliación de los establecidos en la legislación anterior, en cuyo caso regirán estos últimos.

Artículo 367.-

1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o regulen procedimientos administrativos de carácter general, o cuya especialidad no resulte de la índole de la materia que rijan.

2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo:

a) Las expropiaciones;

b) Los concursos y licitaciones;

c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley;

d) La materia tributaria que lo tenga establecido por ley;

e) Lo concerniente al personal, tanto público como laboral, regulado por ley o por reglamento autónomo de trabajo, en su caso, salvo en cuanto a los funcionarios excluidos de esas disposiciones por motivos de rango o confianza;

f) Los procedimientos en materia de Registros Públicos;

g) Los procedimientos relativos a la aprobación, ejecución y liquidación de presupuestos, y los demás de fiscalización financiera y contable por parte de la Contraloría General de la República, cuando estén regulados; y

h) Los demás que el Poder Ejecutivo determine por decreto, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de esta ley, cuando existan motivos igualmente justificados que los de los incisos anteriores, y siempre que estén regulados por ley.

3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos especiales.

Artículo 368.-

1. Se mantienen vigentes, pero como complementarias y subordinados a ésta, las demás leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes para materias especiales, a condición de que sean necesarios por razón de la índole propia de tales materias, conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo.

2. Igualmente, se mantienen vigentes las disposiciones de procedimiento administrativo contenidas en el Código Procesal Contencioso-Administrativo(

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Sistema Costarricense de Información Jurídica

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Texto Completo acta: 15D74 1 LIBRO PRIMERO Del Régimen Jurídico TITULO PRIMERO Principios Generales CAPITULO UNICO °(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6 de la Ley "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología" N° 9046 del 25 de junio de 2012.

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Texto Completo acta: 26C15

1

LEY ORGANICA DEL AMBIENTE

DE COSTA RICA
Disposiciones Generales

Artículo 10.- Sesiones de los Consejos. Los Consejos Regionales Ambientales se reunirán, en forma ordinaria, una vez al mes y, en forma extraordinaria, cuando sean convocados. Los miembros no percibirán ningún tipo de remuneración, su labor en el Consejo será ad honórem, durarán en sus cargos dos años y podrán ser reelegidos.
(Nota de Sinalevi Ver artículo 12 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996, en relación a las sesiones de los Consejos Regionales Ambientales)

a) Hayan sido financiadas total o parcialmente por el Estado.

b) Se realicen en terrenos o instalaciones estatales.

c) Se lleven a cabo mediante instituciones u organizaciones nacionales e internacionales apoyadas por el Estado.

a) Promoverá la investigación científica permanente en materia de epidemiología ambiental.

b) Velará por el control, la prevención y la difusión de los factores físicos, químicos, biológicos y sociales que afecten el bienestar físico, psíquico y social de la población y el equilibrio ambiental.

c) Propiciará el establecimiento de áreas verdes comunales y de recreación, necesarias para el disfrute sano y espiritual de los residentes en los asentamientos humanos.

CAPITULO VII

a) Reservas forestales.

b) Zonas protectoras.

c) Parques nacionales.

d) Reservas biológicas.

e) Refugios nacionales de vida silvestre.

f) Humedales.

g) Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.

Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.

Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998)
Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995.

CAPITULO IX

a) La protección y la conservación de los ecosistemas naturales, la diversidad de las especies, la diversidad genética en el territorio nacional y la vigilancia de las zonas de reproducción.

b) El manejo de la diversidad biológica integrado a la planificación de cualquier actividad relativa a los elementos del ambiente.

c) La protección y el desarrollo de técnicas reproductoras de especies endémicas, en peligro o en vías de extinción, para recuperar su estabilidad poblacional.

d) El uso de la investigación y la monitoria para definir estrategias y programas de protección y manejo de los hábitat o las especies.

e) La promoción del fortalecimiento y el fomento de estaciones biológicas para el estudio, la recuperación y el repoblamiento de especies silvestres de flora y fauna.

f) La reproducción controlada de especies silvestres con fines científicos, sociales y económicos.

Artículo 47.- Actividades de interés público. La investigación, la explotación y la comercialización de ladiversidad biológica deberán reconocerse como actividades de interéspúblico. La explotación y la comercialización de la flora y la faunasilvestres como bienes de dominio público, serán reguladas por el Estado .

CAPITULO XI

a) La calidad del aire, en todo el territorio nacional, debe satisfacer, por lo menos, los niveles permisibles de contaminación fijados por las normas correspondientes.

a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico.

b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico.

c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas.

Artículo 52 bis.-Zonas protectoras. Las zonas protectoras son áreas silvestres protegidas, cuyos objetivos principales son la regulación del régimen hidrológico y la protección del suelo y las cuencas hidrográficas, así como la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de agua y la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones.
(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, N° 9590 del 3 de julio de 2018)

CAPITULO XIII

a) La relación adecuada entre el uso potencial y la capacidad económica del suelo y el subsuelo.

b) El control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de degradación.

c) Las prácticas u obras de conservación de suelos y aguas que prevengan el deterioro del suelo.

CAPITULO XVI

Artículo 73.- Actividad agropecuaria orgánica. Se entenderá por actividad agropecuaria orgánica, la que emplee métodos y sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, sin emplear insumos ni productos de síntesis química.La agricultura ecológica o biológica es sinónimo de actividad agropecuaria orgánica.

El Estado promoverá la actividad agropecuaria orgánica, en igualdad de condiciones que la agricultura y la agroindustria convencional.El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será el ente rector de las políticas para este sector.Por medio de la dirección respectiva, supervisará y controlará el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos para el sector.Asimismo, incluirá la inscripción y el control de las agencias de certificación de productos; todo bajo los términos señalados en la ley especial.

Se impulsarán la investigación científica y la transferencia de tecnología, para que este sector pueda desarrollarse por la vía privada.Esta opción contribuirá al desarrollo sostenible, para detener las consecuencias del mal uso de los agroquímicos, la contaminación ambiental y el deterioro de los recursos ecológicos.

(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007)

Artículo 74.- Certificaciones de productos orgánicos. Para calificar un producto como orgánico, si la finalidad es la exportación, deberá tener una certificación de tercera parte, otorgada por el MAG o por una agencia nacional o internacional acreditada ante el Estado costarricense.

En caso de que el producto orgánico sea solo para el consumo local, bastará una certificación participativa, que se comprueba por la relación de confianza entre las personas productoras y las consumidoras.

(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007)

Artículo 75.- Productos orgánicos en transición. Para calificar como orgánico un producto agrícola o una parcela, no se le deben haber aplicado productos de síntesis química por lo menos durante tres años.

Si la persona que produce productos orgánicos demuestra que no se han aplicado agroquímicos en los tres años previos, la producción podrá certificarse como orgánica en forma inmediata, sin tener que ser declarada antes "en transición".

Podrá decretarse un período inferior a tres años, según las especificaciones técnicas que diferencian los cultivos de ciclo corto y anuales, los distintos efectos residuales del producto de síntesis química que se haya aplicado antes de iniciar la producción orgánica, o bien, las condiciones agroecológicas particulares.En estos casos, los criterios técnicos deberán tomar en consideración las normas dictadas por los organismos internacionales relacionados con la producción agropecuaria orgánica.

(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007)

(Derogado por el artículo 41 inciso a) de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007. No obstante; el artículo 37 de la misma ley lo había reformado. La modificación de dicho texto indicaba que se leyera de la siguiente manera:
Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica b) Un representante de las universidades estatales, con experiencia en la transferencia de tecnología para la actividad agropecuaria orgánica y vinculado con ella. . Créase la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica, como órgano asesor del MAG.Estará integrada por los siguientes miembros honorarios:

CAPITULO XXI

Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio.

Artículo 104.- Integración del Tribunal. El Tribunal Ambiental Administrativo estará integrado por tresmiembros propietarios y tres suplentes, todos de nombramiento del ConsejoNacional Ambiental, por un período de seis años. Serán juramentados porel Presidente de este Consejo.

Artículo 107- Contenido de la denuncia

La denuncia deberá contener:

a) El nombre completo y el número de documento de identificación del denunciante.

b) El nombre completo, el número de documento de identificación y la dirección del denunciado, si se conoce.

c) La dirección exacta de donde ocurrieron los hechos contra el ambiente.

d) La descripción detallada de los hechos o los actos cometidos contra el ambiente.

e) Las pruebas que fundamentan las conductas contra el ambiente, o indicación de ellas, si las hubiera.

f) El correo electrónico, el número de fax o, en su defecto, la dirección exacta para recibir futuras notificaciones del denunciante. En caso de no cumplirse con este requisito se aplicará la notificación automática, de conformidad con el artículo 11 de la Ley N.° 8667, Notificaciones Judiciales, 4 de diciembre de 2008.

Ante el incumplimiento de los incisos e) y d) se prevendrá por una única vez su cumplimiento, so pena de archivar el expediente.

Artículo 108- Procedimiento del Tribunal

Al recibir la denuncia, el Tribunal identificará al denunciante y siempre oirá a la persona a quien pueda afectar el resultado de la denuncia, salvo si la gravedad del hecho denunciado amerita tomar medidas inmediatas. Posteriormente, podrá notificar el resultado.

El Tribunal Ambiental Administrativo recabará la prueba necesaria para averiguar la verdad real de los hechos denunciados.

Esta etapa de investigación, correspondiente a la solicitud de informes e inspecciones, estará a cargo del abogado tramitador.

Las partes o sus representantes y sus abogados tendrán acceso a las actuaciones relativas a la denuncia tramitada ante el Tribunal Ambiental Administrativo, inclusive a las actas donde consta la investigación de las infracciones. Podrán consultarlas sin más exigencia que la justificación de su identidad o personería.

Artículo 109- Información solicitada por el Tribunal

El Tribunal Ambiental Administrativo podrá solicitar informes y asesorarse por cualquier órgano o ente público nacional, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas, o entes públicos no estatales, cuando el caso planteado en la denuncia así lo amerite. También podrá solicitar informes, colaboración y asesoramiento de órganos y dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más.

Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida.

Artículo 111.- Competencia del Tribunal. El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para:

a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.

b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.

c) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.

d) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa.

e)Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la gestión integral de residuos y cualquier otra ley que así lo establezca
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 58 aparte c) de la ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)

Se adicionan las siguientes disposiciones:

a) El artículo 48 bis a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412, del 8 de noviembre de 1973, el cual constituirá la Sección III, que se denominará "De los Servicios de Salud Ambiental" y estará en el Libro II. El texto dirá:

b) El artículo 70 bis a la Ley de Planificación Urbana, No. 4240, del 15 de noviembre de 1968, cuyo texto dirá:

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Sistema Costarricense de Información Jurídica

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Texto Completo acta: 26C15 1 LEY ORGANICA DEL AMBIENTE DE COSTA RICA Disposiciones Generales Artículo 10.- Sesiones de los Consejos. Los Consejos Regionales Ambientales se reunirán, en forma ordinaria, una vez al mes y, en forma extraordinaria, cuando sean convocados.

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Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas

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Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas

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Video con explicación de la responsabilidad por omisión en la legislación argentina

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Resolución Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo

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Resolución Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo

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Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Sec II 00444-2020 

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El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó esta semana la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG 'Reglamento Procedimiento para el Registro de Variedades Comerciales' que restringía el uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas en el país.

La nulidad se debe a una demanda interpuesta por la Red de Mujeres Rurales contra el Estado costarricense, luego de que la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) emitieran, en el 2016, esta normativa que obligaba a que las semillas criollas a inscribirse en un registro de previo a legalizar su comercialización.

Según la Red, este registro no les permitía realizar actividades con fines de lucro, "abriendo paso a la industria de las semillas y desplazando las prácticas tradicionales":

Este registro no se reduce a regular las variedades comerciales, sino que establece la posibilidad de que se exija el registro de las semillas locales, tradicionales y criollas. Esta posibilidad queda abierta al criterio de la Oficina Nacional de Semillas que podrá escoger aquellos casos en los que se exigirá el registro de semillas para las variedades locales tradicionales y criollas a pesar de las prohibiciones expresas para este tipo de requisitos, que se contemplan en la Ley de Biodiversidad".

Además, la Red reclamó que a pesar de que la regulación tenía afectación directa sobre los pueblos indígenas de nuestro país, el Estado también omitió realizar la consulta previa a pesar de las obligaciones internacionales que le obligan en esta materia:

A pesar de que la inclusión de las variedades tradicionales y criollas en el registro comercial de semillas afecta a las comunidades indígenas, el Poder Ejecutivo omitió consultarles el Decreto Ejecutivo N°40300-MAG, incumpliendo el procedimiento establecido en el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley N° 7316 del 03 de noviembre de 1993) que establece obligaciones para el Estado costarricense sobre la consulta indígena acerca de asuntos que tengan incidencia en esta población. En lo que interesa al efecto, dicho Convenio establece la obligatoriedad de los Estados Parte de consultar a los pueblos interesados mediante sus instituciones representativas sobre medidas administrativas y, además, establece que los pueblos tendrán derecho a decir sus propias prioridades, en consonancia con sus prácticas culturales".

Por ello, y y según se señala en los hechos probados de la sentencia No. 037-2021-VII, emitida este martes 11 de mayo:

Para la aprobación y promulgación del decreto referido, se inobservó el debido procedimiento legal al no consultarse dicho cuerpo normativo a las organizaciones indígenas nacionales, aún y cuando dicho acto administrativo podía afectar los intereses y situaciones jurídicas de los grupos étnicos indicados. Dicha omisión procedimental, a su vez trae aparejada la nulidad absoluta de este Decreto Ejecutivo íntegramente, por tratarse de un acto administrativo de alcance general, lo cual impone que no resulte posible declarar una nulidad parcial del mismo, siendo el vicio detectado uno que afecta in radice el acto referido en su totalidad y desde su promulgación".

Por tanto, el Contencioso declaró la nulidad de la regulación, al tiempo que ordenó al Poder Ejecutivo "cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, con los artículos 82 y siguientes de la Ley de Biodiversidad y proceder a consultar previamente el criterio de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre cualquier disposición normativa susceptible de afectar el uso de variedades locales, tradicionales y criollas de la biodiversidad, incluidas las semillas".

Según señaló el legislador del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada tras conocer el fallo:

Celebramos esta victoria de la Red de Mujeres Rurales contra un decreto restrictivo contra el comercio tradicional de semillas criollas y esperamos que el Poder Ejecutivo actúe diligentemente para garantizar los procedimientos de consulta a comunidades y pueblos indígenas. El comercio de semillas es una actividad fundamental para las economías de estas poblaciones".

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Red de Mujeres Rurales se trae abajo decreto que pretendía restringir el comercio de semillas criollas

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El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó esta semana la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG 'Reglamento Procedimiento para el Registro de Variedades Comerciales' que restringía el uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas en el país.

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Video con explicación de la responsabilidad ambiental en la legislación española

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Durante años la municipalidad de Belén ha vertido las aguas crudas al Río Virilla sin tratamiento alguno, lo que ha generado un impacto ambiental tanto en el río Virilla como en el río Bermúdez.

Sala Constitucional condena a la Municipalidad de Bélen, Ministerio de Salud y MINAE-SINAC y obliga a darle tratamiento adecuado a las aguas residuales.

En una clase del curso de Derecho Ambiental, correspondiente al tercer año de la carrera de Derecho, en la Sede Occidente de la Universidad de Costa Rica, varios estudiantes se plantearon poner fin a la contaminación de los ríos Bermúdez y Virilla desde la vía legal.

Las personas estudiantes y denunciantes Deyner Guevara, Gisela Vargas Murillo, Enyelber Cáceres, Sara Hernández y Keisy Paniagua interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Municipalidad de Belén, y la ARESEP.

¿Qué sucedió?

El amparo se interpuso en noviembre de 2020 y la resolución Nº 2021000235 fue dada el pasado 8 de enero. Ahí se describe que, desde setiembre de 2020, las personas recurrentes habían denunciado ante la municipalidad que la Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado de la Municipalidad de Belén reconoció, en el informe técnico AS 018-2020, el lanzamiento durante 50 años de aguas residuales y fecales sin tratamiento alguno.

Lo que ha generado un inmenso e irreversible impacto ambiental tanto en el río Virilla como en el río Bermúdez, y en los vecinos del Residencial Doña Rosa y Lomas de Cariari, en Cariari de Belén", señala dicho informe.

Las personas que interpusieron el amparo explicaron que las aguas negras de las casas de los Residenciales Bosques de Doña Rosa y Lomas de Cariari son vertidas al río Bermúdez, sin ningún tratamiento.

En el oficio AMB-MC-187-2020 aportado por los denunciantes, el alcalde belemita, Horacio Alvarado Bogantes, expresa que posee conocimiento del problema pero no se brindan soluciones. Lo anterior pese a haberse comprometido a construir una planta de tratamiento.

En el amparo se detallan los efectos negativos que la contaminación provoca en la biodiversidad, entre ellos:

Generación de gases efecto invernadero.

Muerte de especies de los ríos.

Contaminación de suelos y nacientes.

Plagas de insectos y roedores.

Además, se indica que también denunciaron la situación ante el Área Rectora de Belén, Heredia, en setiembre anterior.

En esta ocasión los argumentos estaban relacionados con el daño ambiental provocado a los ríos antes mencionados, así como "la transgresión significativa al adecuado desarrollo de las personas que residen cerca". El área rectora de localidad no ha brindado respuesta a dicha denuncia a la fecha.

Según la documentación presentada ante la Sala IV, los vecinos también acudieron a la oficina del MINAE-SINAC en Heredia. Ahí presentaron la problemática ya descrita, alegando la falta " de una planta de tratamiento optima donde se procesen todas las aguas negras de la zona" para evitar afectaciones a la salud y al ambiente.

Al respecto, los vecinos recibieron respuesta vía correo electrónico por parte del MINAE, quien los convocó a una reunión y solicitó sus números de teléfono. Los vecinos no estuvieron de acuerdo en este sentido, pues no aprueban el proceder señalado y mencionan:

Dicho ente es el encargado de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por esa razón, debe actuar en forma expedita para de esa manera disminuir el riesgo en las afectaciones al ambiente y a la contaminación".

Acciones inmediatas

Los demandantes reclaman por la inacción de las autoridades ante la denuncia ambiental planteada por la contaminación de los ríos Virilla y Bermúdez por desfogue directo y sin tratamiento de aguas residuales provenientes de los residenciales Lomas de Cariari y Bosques de Doña Rosa.

La Sala Constitucional verifica la vulneración a los derechos fundamentales de los recurrentes y comprueba que las instituciones involucradas tienen pleno conocimiento y aceptan la problemática denunciada.

En virtud de lo expuesto, se comprueba que las acciones de las autoridades recurridas han sido insuficientes, debido a que no han tomado medidas preventivas o precautorias tendientes a que el daño ambiental disminuya", se lee en la sentencia.

El recurso es declarado con lugar. Se le pide que la Municipalidad de Belén, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, emitan un plan remedial para resolver definitivamente el problema denunciado en forma conjunta.

Adicionalmente, se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que expusieron los vecinos, los cuales tendrán que ser liquidados en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Por otro lado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) fue desestimada del recurso debido a que no se aportaron "ningún comprobante de algún trámite presentado ante dicha Autoridad toda vez que a la fecha no consta ni existe trámite alguno".

Entre las medidas a tomar se destacan que las autoridades deben:

1. Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para que en el plazo de dos meses, se haya elaborado un plan remedial para solucionar el problema de las aguas residuales.

2. Realizar y ejecutar ese plan para dar solución definitiva a ese problema en seis meses.

3. Adoptar medidas necesarias de forma inmediata para mitigar esa contaminación y mantener informados a los recurrentes.

4. En caso de que las autoridades no acaten las órdenes dictadas en el recurso de amparo, podrían incurrir en el delito de desobediencia que los podría exponer a una prisión de tres meses a dos años, o veinte a sesenta días multa.

La presidenta de ASOCARIARI y vecina de la zona afectada, Melissa Flores, manifestó que " es una situación de contaminación que por años se ha dado" y desconoce las razones por las cuales la Municipalidad no ha construido la planta de tratamiento.

Le preocupa porque durante años les han estado cobrando un canon correspondiente a Alcantarillado sanitario. A la fecha desconoce si los fondos que se han pagado, se están utilizando para ese fin, pues no existe tal planta.

Asimismo, aclara que no se trata de algo político, sino de una cuestión de conciencia ambiental.

De hecho, la municipalidad de Belén figura entre los 15 gobiernos locales con mayor superávit acumulado en el año 2020 con ₡3400 millones. Pese a que el cantón tiene buena imagen ante la opinión publica, la líder comunal advierte que "a quí no todo está bien. Lo idóneo es que las cosas se hablen con transparencia", y finalizó:

Desde las aulas

La presidenta de ASOCARIARI, Melissa Flores, comenta que ante las problemáticas ambientales en la zona, contactaron al abogado ambientalista y profesor, Álvaro Sagot Rodríguez. Dentro de las preocupaciones existentes, Sagot le indicó que el caso aplicaba perfectamente para una clase de derecho ambiental que estaba impartiendo y que unos estudiantes estaban interesados en tomarlo.

Flores dice que, para ella, la sentencia fue muy sorpresiva porque ya habían puesto denuncias por la contaminación que tiene Belén y nunca han sido resueltas ni atendidas. "Esta vez la sentencia salió en pocos meses".

Keysi Paniagua Murillo, de 21 años, es una de las estudiantes y de las personas que interpusieron el amparo, y nos cuenta los diferentes pasos que siguieron durante el proceso.

Agrega que, en lo que al curso respecta, las denuncias inicialmente tenían un valor, el recurso tenía otro valor; fueron varios trabajos separados y el profesor por cada trámite hecho les daba puntos.

Los estudiantes hicieron una visita a la zona y encontraron afectación ambiental; notaron claramente que esas aguas eran vertidas totalmente, habían malos olores y plagas.

Panigua Murrillo puntualiza que la experiencia es muy enriquecedora y que para ella resulta la práctica más real que ha tenido a la fecha.

El profesor y abogado ambientalista, Álvaro Sagot Rodríguez, explica que es una práctica que ha venido adoptando en sus grupos. A medida que avanza el curso, preparan primero la redacción de denuncias administrativas ambientales y de lo que se resuelva en las instituciones, se puede llegar a interponer el amparo, como en la situación expuesta.

Además, indica que es una forma de poner en perspectiva el derecho ambiental. En este caso cuenta que los funcionarios del MINAE-SINAC les preguntaban que cuál profesor los enviaba y que por qué estaban haciendo ese trabajo.

Por tanto, le parece relevante que sus estudiantes vivan esas situaciones. El encuentro con la realidad, con los funcionarios, con los problemas, con lo que administrativamente les puedan contestar, con lo que se resuelve judicialmente, resulta de mucha valía.

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Estudiantes ganan amparo en pro de la salud ambiental de los ríos Bermúdez y Virilla

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Durante años la municipalidad de Belén ha vertido las aguas crudas al Río Virilla sin tratamiento alguno, lo que ha generado un impacto ambiental tanto en el río Virilla como en el río Bermúdez. Sala Constitucional condena a la Municipalidad de Bélen, Ministerio de Salud y MINAE-SINAC y obliga a darle tratamiento adecuado a las aguas residuales.