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En el acuerdo del día de la fecha la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la presentación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa "Fontevecchia y otros c/ República Argentina", se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema.

La posición mayoritaria fue conformada por el voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto propio del juez Horacio Rosatti. En disidencia votó el juez Juan Carlos Maqueda.

El voto conjunto consideró que no correspondía hacer lugar a lo solicitado en tanto ello supondría transformar a la Corte IDH en una "cuarta instancia" revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional.

En este sentido, entendió que el texto de la Convención no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.).

Asimismo, consideró que revocar su propia sentencia firme —en razón de lo ordenado en la decisión "Fontevecchia" de la Corte Interamericana— implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.

Al mismo tiempo, tuvo por cumplida la publicación exigida en la sentencia interamericana —instrumentada a través del CIJ ( ver enlace) y la página de jurisprudencia del Tribunal— y consideró que la reparación económica ordenada en favor de los peticionantes se encontraba fuera del alcance de las actuaciones y no resultaba necesaria la intervención judicial.

Por su parte, el juez Rosatti en su voto compartió, en lo sustancial, los argumentos expuestos y reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación de las decisiones internacionales (con base en los arts. 75 inc. 22 y 27 de la Constitución Nacional).

El juez agregó, que en un contexto de "diálogo jurisprudencial" que maximice la vigencia de los derechos en juego sin afectar la institucionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada Pacto de San José de Costa Rica) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la Constitución Nacional, por lo que hay que lograr que sus criterios –en cada caso concreto- se complementen y no colisionen.

Concluyó que la reparación encuentra adecuada satisfacción mediante las medidas de publicación del pronunciamiento internacional y el pago de la indemnización ordenado por la Corte Interamericana, no resultando posible la revocación formal del decisorio de la Corte Suprema nacional.

En disidencia, el juez Juan Carlos Maqueda mantuvo la postura fijada en sus votos en los casos "Cantos" (2003), "Espósito" (2004), "Derecho" (2011), "Carranza Latrubesse" (2013) y "Mohamed" (2015), según la cual a partir de la reforma constitucional de 1994, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso concreto, resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2001 que había condenado a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico por publicaciones realizadas en la prensa, dado que la Corte Interamericana había resuelto en 2011 que esa sentencia constituía una violación al derecho a la libertad de expresión reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13).

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La Corte sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Máximo Tribunal argentino

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En el acuerdo del día de la fecha la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la presentación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa "Fontevecchia y otros c/ República Argentina", se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Asociación Civil Memoria Activa que agrupa a víctimas y familiares de las víctimas del atentado terrorista que 18 de julio de 1994 voló en Buenos Aires la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relación a ese ataque y la situación de impunidad en la que se encuentra la causa judicial.

En su Informe de Fondo sobre ese hecho que dejó 85 muertos y 151 heridos, la CIDH "valoró que en el año 2005 el Estado aceptó su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva".

"El Estado no realizó un reconocimiento explícito respecto de los hechos posteriores al año 2005. Teniendo en cuenta esto, así como su rol de garante del orden público interamericano y la necesidad de determinar el alcance de la responsabilidad del Estado (argentino) y las características de las medidas de reparación, la Comisión en su analizó de manera integral todos los hechos y elementos de fondo materia del presente asunto", señaló la CIDH en un comunicado de prensa.

La Comisión consideró, con base en los elementos desarrollados por la jurisprudencia interamericana, que el Estado "conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, particularmente después de la ocurrencia del atentado a la Embajada de Israel en 1992".

En el documento se sostiene que "dicho riesgo era real e inmediato", y una muestra de ello es que "existían medidas de seguridad del lugar, y que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA".

En función de ello, la CIDH estableció que " el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio".

Aunque la comisión concede que no se probó que las omisiones tuvieran "un carácter deliberado" contra la comunidad judía, esas falencias prueban que las autoridades argentinas se abstuvieron de tomar medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio".

"El riesgo para la vida, respecto del cual el Estado aceptó responsabilidad, implicaba también un riesgo de configuración de un acto de discriminación que finalmente se materializó", fundamentó la entidad del sistema interamericano.

Respecto al proceso judicial, la Comisión concluyó que los órganos estatales "cometieron graves irregularidades", y observó que hubo una "deficiente preservación de la escena del crimen e interrupción irracional de determinadas líneas lógicas de investigación". Asimismo, la CIDH observó que "el desembolso, por parte de las autoridades judiciales y de inteligencia, de una importante suma de dinero proveniente de los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) al entonces único imputado en la causa (Carlos Telleldín) para que este incorporase información, a la causa, que pudiera construir una hipótesis acusatoria sin sustento".

La CIDH razonó que la conducta de las autoridades a cargo de la investigación, a cargo del Juzgado Federal Número 9 que encabezaba el juez Juan José Galeano (destituido por un proceso de juicio político) "en vez de impulsar seriamente la investigación y la sanción de los responsables, incurrió en serias falencias, irregularidades y desvío deliberado de la investigación por más de ocho años".

En relación con la investigación encabezaba por la UFI AMIA, "se observó que el Estado adoptó algunas medidas relevantes para encausar la investigación y subsanar las múltiples afectaciones ocurridas ante el Juzgado Federal No. 9".

"Desde el año 2015, la UFI AMIA ha realizado una actividad probatoria que posibilitó revelar aún mayores falencias que ocurrieron durante la recolección e identificación de material probatorio esencial en las diligencias iniciales. Sin embargo, las mismas fueron precedidas de amplios períodos de demora, sin que se hubiere ofrecido una justificación al respecto", se indicó en el informe.

Respecto a los procesos judiciales por el encubrimiento del atentado, la Comisión destacó que, a más de veinte años de iniciado el procedimiento judicial por las irregularidades cometidas durante la investigación "aún no se ha dictado sentencia definitiva".

La CIDH concluyó que existe "una demora irrazonable en la investigación del atentado a la AMIA y respecto a los procesos por el encubrimiento, lo cual ha afectado el derecho a la verdad sobre lo ocurrido y ha tenido un especial impacto en las víctimas y sus familiares".

Por otra parte, en relación con la información clasificada en poder de la SIDE, sus organismos sucesores y la UFI-AMIA, se concluyó que, desde el 18 de julio de 1994 y hasta marzo de 2015, el Estado argentino "violó el derecho de la parte peticionaria a acceder a información vinculada con el atentado, toda vez que mantuvo fuera de su alcance la documentación clasificada como secreta por los propios organismos de inteligencia que participaron en las investigaciones con base en la normativa vigente".

En suma, la Comisión concluyó que el Estado argentino "es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, de acceso a la información, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial".

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado "Conducir y llevar a término, de manera eficaz la investigación de los hechos del caso; reparar adecuadamente todas las violaciones a los derechos humanos; adoptar e implementar las políticas y medidas necesarias para establecer un mecanismo de gestión y rendición de cuentas; y diseñar e implementar programas de formación y capacitación dirigidos a todos los miembros de los cuerpos de seguridad e inteligencia federales".

La CIDH también recomienda tomar "medidas para que los jueces y fiscales a cargo de las investigaciones vinculadas con el atentado a la AMIA puedan contar con toda la información relevante para conocer la verdad y juzgar y sancionar a los responsables".

Aconseja al Estado "tomar medidas para fortalecer las capacidades del Estado en materia de prevención de ataques terroristas que constituyan actos discriminatorios".

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El caso AMIA será analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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El caso fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relación a ese ataque ocurrido en 1994 y la situación de impunidad en la que se encuentra la causa judicial.

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La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, encabezaron el acto de pedido de disculpas públicas a Abril Rosales, y a la memoria de su madre Ivana y su hermana Mayka, víctimas de violencia por motivos de género.

En representación de la provincia de Neuquén, participaron el gobernador Omar Gutiérrez; la Vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Soledad Gennari; el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli.

Durante el encuentro se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que implica el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado argentino y el compromiso de profundizar la labor para prevenir y erradicar la violencia machista.

En 2002, tras ser víctima de un intento de femicidio perpetrado por su ex cónyuge, la justicia de la provincia de Neuquén sometió a Ivana Rosales a un proceso que la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas.

Por ese motivo, Ivana presentó una denuncia ante la CIDH, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales. En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino. Ivana falleció el 6 de septiembre de 2017 por un ataque epiléptico, consecuencia de la violencia perpetrada por su ex pareja. Su hija Abril tomó entonces como propio el proceso ante la CIDH.

"Queremos agradecerte Abril por continuar el legado y la lucha de su madre", sostuvo el secretario Pietragalla Corti en el inicio de su intervención dirigiéndose a Abril Rosales, que se encontraba sentada en la primera fila. "Gracias a vos y a Ivana hoy estamos dando un histórico paso institucional en la República Argentina, a partir de un caso sumamente emblemático ocurrido en la provincia de Neuquén: emblemático no sólo por la violencia sufrida, sino por la respuesta inadecuada de parte de las autoridades judiciales provinciales que tuvieron una intervención carente de toda perspectiva de género y absolutamente machista".

Seguidamente, el gobernador Gutiérrez realizó un pedido de disculpas públicas "en nombre del pueblo y del gobierno de la provincia de Neuquén a Abril, y a la memoria de Ivana Rosales y su hija Mayka por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron producto de un sistema de administración de justicia que demostró ser ineficaz para dar respuestas adecuadas y oportunas a los casos de violencias contra las mujeres".

Por su parte, el ministro Martín Soria destacó que "no es casual que hoy estemos en este acto de pedido de disculpas públicas aquí en la ex ESMA, porque este es un lugar construcción de memoria colectiva, y porque queremos que estas tragedias, estas violencias extremas no ocurran nunca más, y para eso tenemos que comprometernos como sociedad y como Estado".

"Hoy es un día histórico en el que se ve con claridad qué modelo de Estado queremos y defendemos. Representamos un Estado que reconoce su responsabilidad y pide disculpas, porque sabe que es su deber garantizar la igualdad y poner fin a las violencias de género" afirmó Gómez Alcorta. "Estamos acá por la memoria de Ivana y por la fuerza de Abril, que supo transformar el dolor en lucha. Este acuerdo de solución amistosa es un paso contundente para dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante y avanzar, de una vez por todas, en la construcción de la Argentina que queremos y que soñó Ivana, una en la que no haya una sola mujer más víctima de la violencia machista", aseguró la ministra.

Al hacer uso de la palabra, María Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, recordó que "Ivana me pidió que trabaje todos los días por todas las mujeres que no tienen voz, por las silenciadas y por todas las que quedan en el callejón de la impunidad". La funcionaria judicial afirmó que "el caso de Ivana es un decálogo de desaciertos, de vejaciones, de maltrato, de uso de estereotipos sobre la mujer".

El Acuerdo de Solución Amistosa firmado en el marco de la ceremonia involucra la adopción de una serie de medidas de reparación por parte del Estado, con alcance federal, dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia y asegurar el acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género; entre otras iniciativas.

Participaron del encuentro la Vicepresidenta Primera de la CIDH y Relatora para Argentina, Julissa Mantilla Falcón; encargada de dar cierre al acto, además del secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky; y autoridades de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Además estuvo presente Virginia Triflogli, amiga de Abril Rosales, quien compartió unas palabras en nombre de la joven.

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El Estado argentino realizó el primer pedido de disculpas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso de violencia por motivos de género

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La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, encabezaron el acto de pedido de disculpas públicas a Abril Rosales, y a la memoria de su madre Ivana y su hermana Mayka, víctimas de violencia por motivos de género.

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https://www.pagina12.com.ar/337911-a-30-anos-del-crimen-de-walter-bulacio-la-sentencia-de-la-co?amp=1&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods1LMKSioyoG36L-zNEH8I_cC1akUkLxIKIRyQRIbw-6bjbXrwsYuLRoCOxYQAvD_BwE

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Este lunes 26 de abril se cumplen 30 años de la muerte de Walter Bulacio, de 17 años, como consecuencia de la privación ilegal de la libertad que sufrió por el sólo hecho de querer asistir, por primera vez en su vida, a un recital de rock. "Hoy, cuando ya nadie discute que a Walter lo mató la policía, lo que decimos es que el Estado argentino no cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH), que le ordenó en 2003 que ponga fin a las detenciones arbitrarias de las fuerzas policiales", le dijo a Página/12 María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Verdú sostuvo que " más de la mitad de las personas muertas en comisarías no estaban acusadas por ningún delito, sino demoradas por averiguación de antecedentes, para identificarlos, por una contravención o como resultado de una razzia", como sucedió en el caso de Bulacio, detenido con otros 72 jóvenes que pretendían presenciar, en el estadio Obras Sanitarias, de un recital de Los Redonditos de Ricota. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), también critico el incumplimiento del fallo de la CIDH por parte del Estado argentino.

El 8 de noviembre de 2013, 22 años después de la muerte de Walter, fue condenado a la irrisoria pena de tres años de prisión "en suspenso" -sin cumplimiento efectivo-, el comisario Miguel Angel Espósito, responsable del operativo policial realizado el 19 de abril de 1991. La condena del Tribunal Oral 29 fue por la detención ilegal. Nunca fueron juzgados los agentes de la comisaría 35 de la Policía Federal que provocaron la muerte del adolescente, quien falleció el 26 de abril.

Verdú, abogada de la familia Bulacio, al finalizar ese juicio le dijo a este diario que en el debate, que duró un mes y medio, "no vinimos a buscar una sentencia que nos deje satisfechos, porque esta instancia llegó tarde y mal, porque acá no se estaba juzgando a los responsables de la muerte de Walter", que era el objetivo buscado durante tantos años. Como querellante, Verdú pidió seis años de cárcel para Espósito, pero le dieron sólo tres y en suspenso, es decir que no estuvo ni un día preso.

Verdú recordó que el 18 de septiembre de 2003, el Estado argentino recibió la orden de la CIDH de "derogar averiguación de antecedentes, detención para identificar, detenciones por faltas y contravenciones y terminar con las prácticas no normadas, como las razzias y la detención de menores, por el sólo hecho de serlo".

La abogada de Correpi aseguró que, lejos de cumplirse esa resolución de la CIDH "hoy tenemos un sistema de detenciones arbitrarias más amplio del que existía en 1991 y ni hablar de lo que se profundizó el tema en medio de la pandemia".

Por ese motivo, puntualizó que "la reflexión sería: cumplan ya con la sentencia de la CIDH". Agregó que, a 30 años de lo ocurrido, lo que puede rescatarse como positivo es "la memoria del caso en términos de paradigma de la lucha contra la represión estatal y el saldo organizativo, que se nota cada vez que escucho, en un recital, cantar eso de 'se sabía que a Walter lo mató la policía', en boca de chicos que no habían nacido cuando mataron a Walter".

El Cels, por su parte, también se refirió al fallo de la CIDH y el reconocimiento del Estado argentino de su "responsabilidad internacional por la detención arbitraria y la muerte de Walter". El Estado "se comprometió ante la CIDH a modificar las leyes que regulan las facultades policiales de detención", pero 18 años después de ese compromiso "todo sigue igual".

El Cels consideró que la muerte de Bulacio es un caso "emblemático de la violencia policial pero también de la impunidad y la burocracia penal estatal". El organismo recalcó que el Estado "incumplió la responsabilidad que asumió" en lo que respecta a "modificar las leyes sobre facultades policiales de detención de todas las provincias del país, especialmente cuando se trata de menores de 18 años de edad". Recordó que se tenía que haber constituido "una mesa de consulta federal que incluyera a miembros de la sociedad civil", pero nunca se formó ese organismo que debía "adecuar la legislación al derecho internacional de derechos humanos". Puntualizó que eso "aún sigue pendiente" y llamó a "avanzar de una vez sobre este punto fundamental para limitar la discrecionalidad del accionar policial e impedir que hechos, como el de Walter Bulacio, sigan ocurriendo en Argentina".

El Cels, junto con Correpi y el CEJIL, en 1997, llevaron el Caso Bulacio al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mientras la causa penal contra el comisario Espósito "corría riesgo de prescribir sin ningún tipo de avance". Así se llegó al fallo de 2003.

La sentencia de la CIDH

El 18 de septiembre de 2003, se conoció el fallo:

"La Corte considera probado que en la época de los hechos se llevaban a cabo en la Argentina prácticas policiales que incluían las denominadas razzias, detenciones por averiguaciones de identidad y detenciones por edictos contravencionales de policía.

El Memorándum 40 facultaba a los policías para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de los niños o adolescentes detenidos (supra 69.A.1). Las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener -salvo en hipótesis de flagrancia- y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad.".

La Corte IDH ordenó al estado argentino que adopte "las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

La CIDH consideró que el delito del que fue víctima Walter, y por extensión, todo crimen policial, es un crimen de Estado, y como tal, es imprescriptible.

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A 30 años del crimen de Walter Bulacio la sentencia de la Corte IDH sigue incumplida | Murió a los 17 años, tras ser golpeado en una celda de la Federal luego de ser detenido en un recital de los Redonditos

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Este lunes 26 de abril se cumplen 30 años de la muerte de Walter Bulacio, de 17 años , como consecuencia de la privación ilegal de la libertad que sufrió por el sólo hecho de querer asistir, por primera vez en su vida, a un recital de rock...

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Solange Musse murió de cáncer en Córdoba, el 21 de agosto, sin poder cumplir su último deseo, que era ver a su padre. Pablo Musse. En medio de la Pandemia de coronavirus, autoridades del Coe provincial y la Policía, impidieron el ingreso de Musse a la Provincia a tiempo.

"Hasta mi último suspiro tengo mis derechos", imploraba y exigía Solange (35) en una última carta pública. Pero no hubo caso. Tras su muerte, sus padres pidieron que se investiguen responsabilidades por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad calificada (porque los hicieron volver con escolta policial a Neuquén, manejando sin descanso). Aparte, denunciaron al Estado Argentino, por violación de garantías nacionales e internacionales, ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Primero recurrieron a la Justicia Federal, pero el Juzgado de Río Cuarto consideró que no le correspondía ocuparse del tema. La Cámara de Apelaciones confirmó la incompetencia federal. No obstante, el camarista Ignacio Vélez Funes, dejó sentada una opinión: "Cualquier persona en una circunstancia extrema como la vivida por el denunciante (Pablo Musse) y su cuñada (Paola Oviedo, que tiene una discapacidad motriz y viajaba con él), no puede ser indiferente". Cuestionó "cómo no hubo otra solución más atendible para un caso donde un padre quería compartir los últimos minutos de vida de su hija Solange Musse gravemente enferma".

Solange no pudo despedirse de su papá porque le impidieron el ingreso.

Para el abogado patrocinante de Musse, Carlos Nayi, "la declaración de incompetencia de la Justicia Federal (...), soslaya y minimiza tanto la extensión como el alcance nacional o internacional de los derechos humanos en juego" y omite considerar que se puso en crisis un permiso de circulación interjurisdiccional (que tenían el padre y su cuñada, con discapacidad motriz) . Nayi también mencionó que a Mussi y su cuñada, "de manera ilegal, ilegítima, arbitraria, degradante y cruel", se les negó la posibilidad de ejercer el "derecho al adiós" en flagrante violación Protocolo 48 elaborado por el Comité de Bioética y Derechos Humanos creado para el abordaje de la pandemia por el Covid-19 en Córdoba.

Argumentó que se habrían configurado "hechos delictivos en cuatro provincias al obligarlos a conducir escoltados por ocho patrulleros policiales más de cuarenta y tres horas sin parar, tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad calificada, desde que ingresaron a la ciudad de Huinca Renancó y hasta que arribaron a suelo neuquino".

El juez Claudio Mazuqui.

Una brasa caliente

La causa Solange se convirtió en una brasa caliente para la Justicia. Desde la Justicia Federal fue derivada al juez de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui. Este lunes, tras dejar planteadas las atribuciones recíprocas de incompetencia formuladas por el Juzgado Federal y de la Fiscalía de Huinca Renancó, Mazuqui resolvió remitir la causa a la Corte Suprema.

El juez expresó: "el análisis de la denuncia de Pablo Musse, debe efectuarse en este contexto de Covid 19, pandemia y de aislamiento (ASPO), y que estas actuaciones lleguen a la C.S.J.N. y una resolución acorde a derecho respecto a qué organismo deba investigar, comience a darle a la familia Musse, la tranquilidad de que desde no tan solo lo jurídico, sino de lo humano, el Poder Judicial está a la altura de resolver las distintas peticiones".

El magistrado sostuvo que "impartir justicia en este caso quizás ayude a mitigar ese dolor que la familia Musse lleva consigo".

"Dicen que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias, también lo debemos hacer en nuestras vidas, poniendo a cada minuto lo mejor de nosotros, y es imposible separar lo jurídico de lo humano, porque en definitiva lo que nos precede es lo segundo a lo primero. Se trata en definitiva de humanizar la Justicia", admitió Mazuqui.

Entre otros precedentes, el juez Mazuqui citó que la CSJN ya intervino en una situación semejante: el conflicto planteado por productores rurales de Córdoba a los que les impedían ingresar a San Luis.

Dinero y protocolos

El incidente en el puesto sanitario de Huinca Renancó se produjo el 16 de agosto. El COE le exigió a Musse y su cuñada un hisopado con resultado negativo, realizado 48 horas antes del ingreso a la Provincia, Musse explicó que había avisado a la municipalidad de Alta Gracia, donde estaba radicada su hija, que no tenía dinero para costear el test de manera particular. Allí le habrían asegurado que lo dejarían ingresar pero debería cumplir con un período de aislamiento.

Tras una confusa situación, en Huinca, los obligaron a volver a Neuquén, con patrulleros como custodia. En su ciudad de residencia, finalmente Musse se hizo un hisopado que confirmó que no tenía coronavirus. Cuando un juez cordobés le permitió el ingreso, ya era tarde, sólo pudo estar en Córdoba para despedir los restos de su hija. "Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso", dijo la propia Solange en su último mensaje a la comunidad.

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¿Por qué el caso Solange llega a la Corte Suprema? | Ciudadanos | La Voz del Interior

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Se espera que el máximo tribunal defina a quien le corresponde investigar la denuncia del padre, Pablo Musse, quien no pudo ingresar a Córdoba para ver a su hija agonizante. Lo obligaron a volver a Neuquén, con custodia policial de cuatro provincias.

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