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Definición: "El justiprecio ha sido considerada como el mecanismo para lograr un equivalente económico ante la privación del bien o derecho, con el fin de que este quede debidamente compensado" (García y Fernández 1988)
Alcance:  La Ley 7495 sobre las Expropiaciones, para realizarlas será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien  por expropiar se declare de interés público.
Forma de pago:  “en las expropiaciones, en las que el propietario pierde un bien inmueble, u otro tipo de bien o derecho de manera forzosa, por razones de utilidad pública o interés social, el expropiado tiene, a cambio, derecho a que se le abone un justo precio o justiprecio. Este justiprecio, en principio, es una obligación de la Administración territorial (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos), pero, en ocasiones, puede concurrir un tercero, el llamado beneficiario de la expropiación, que puede ser una  entidad pública o incluso privada (caso típico de los concesionarios) y es el que adquiere el bien y está obligado a pagar el justiprecio. O solo usa el bien y paga el justiprecio, a modo de beneficiario impropio, como las concesionarias de autopistas de peaje, ya que la vía y los terrenos correspondientes son de dominio público de la Administración”  (García, 2011)

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iniciativa del ejecutivo para reformarla ley de Expropiaciones para que el pago se haga con un 40% del valor al principio.

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BNamericas - Costa Rica pretende reformar ley de expropia...

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Sobre la ruta 32 (carretera Braulio Carrillo) que está parado completamente.

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Ruta 32 solo ha recibido 20 metros de expropiaciones

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Definición: Requisito que busca justificar, legitimar y racionalizar la expropiación. Con ello el Estado dicta que el bien expropiado pasará a utilidad de la colectividad.
Alcance: Artículo 1 Ley de Expropiaciones: "La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado..."
Formas de declaratoria:  Artículo 18 de la Ley de Expropiaciones:
Para la expropiación de un bien será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare de interés público. Tal acto, en caso de un ministerio, será firmado por el ministro del ramo y, en los demás casos, por el jerarca del ente expropiador, salvo disposición de ley en contrario.

La declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado o su representante legal y será publicada en el diario oficial."

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5. Noticia de Declaratoria de Interés Público

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5. Noticia de Declaratoria de Interés Público

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El poder ejecutivo presentó el año pasado un proyecto de ley que exoneraría al MOPT de ciertos requisitos de las expropiaciones, incluyéndose la declaratoria de interés público en la Gaceta.

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El Presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para exonerar al MOPT y sus diferentes dependencias del pago a la Imprenta Nacional por publicar documentos relacionados con procesos de expropiación para 15 proyectos de infraestructura.

Según justificó el ministro Méndez Mata en un comunicado, la iniciativa es necesaria para agilizar los trámites relacionados con expropiaciones que actualmente generan un alto volumen de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.

"Por tratarse de proyectos de interés nacional complejos se requiere realizar una gran cantidad de expropiaciones que generan un volumen muy alto de publicaciones en La Gaceta, lo que provoca una situación de pago difícil de solventar para los proyectos. Adicionalmente, el tiempo que toma el proceso aunado al volumen de publicaciones incide en los plazos finales del trámite de las expropiaciones", señala la exposición de motivos del expediente numerado como 21.673.

De aprobarse tal y como se presentó, la ley exonerará al MOPT y sus Consejos de pagar por publicar fe de erratas, resoluciones de pago por indemnizaciones, edictos, declaratorias de interés público y cualquier modificación posterior a éstas, relacionadas con procesos de expropiación para los siguientes proyectos:

1. Ampliación de la Ruta Nacional Número 32.

2. Construcción de la ampliación y rehabilitación del tramo de carretera Cañas-Limonal, ubicada en la Ruta 1, Interamericana Norte.

3. Mejoramiento y rehabilitación de la Ruta Nacional 160, sección Playa Naranjo-Paquera.

4. Diseño y Construcción para la rehabilitación y reforzamiento del Rompeolas de Puerto Caldera.

5. Construcción de los intercambios entre la intersección de las Rutas Nacionales 2 y 236 (Taras) y la intersección de las Rutas Nacionales 2 y 10 (Cartago), incluyendo el mejoramiento de la Ruta Nacional 2, sección: Taras-La Lima, en la provincia de Cartago.

6. Contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional 1, Carretera Interamericana Norte, sección: Barranca-Limonal y de la Ruta 17, sección: La Angostura.

7. Construcción de Ruta Nacional 35, sección Bernardo Soto-Sifón (Nueva Carretera a San Carlos).

8. Ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional 35, sección "Sifón-Abundancia" (Nueva Carretera a San Carlos).

9. Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial "San José - Cartago".

10. Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial "San José - San Ramón".

11. Ampliación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.

12. Ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

13. Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón.

14. Ampliación de los Aeródromos de Puerto Jiménez, Bataan, Nicoya, Nosara, Laurel y Pérez Zeledón.

15. Mejoramiento y rehabilitación de Ruta Nacional 23, sección "Barranca-Caldera".

El proyecto también lo firmó la ministra interina de Gobernación y Policía, Fiorella María Salazar Rojas, ya que la Imprenta Nacional es un órgano desconcentrado de dicho ministerio.

Precios elevados

Durante varios años diversas instituciones del Estado se han quejado de los elevados costos de publicar en La Gaceta. Hasta el 31 de diciembre de 2018 el precio por carácter era de 11,67 colones y el de una página completa tamaño carta era de 95.200 colones.

La Contraloría General de la República había emitido un informe de auditoría que criticaba la inexistencia de una metodología tarifaria en la Imprenta Nacional y que la institución diera precios diferenciados a algunas instituciones estatales, sin tener habilitación legal para ello.

Asimismo la Contraloría puso en duda que los precios cobrados por la Imprenta se apegaran al principio de "servicio al costo", ya que al 31 de diciembre del 2017 la institución tenía un superávit acumulado de ¢15.451 millones de colones.

Según datos más recientes, en 2018 la Imprenta Nacional tuvo un superávit de 17.292 millones de colones ya que tuvo ingresos por 18.779,57 millones y gastos por solo 1486 millones.

Debido a esas circunstancias la Contraloría ordenó dejar de dar tarifas diferenciadas y emitir una metodología tarifaria que sustentara el precio que se cobra por las publicaciones en los Diarios Oficiales.

Dicha metodología fue publicada en diciembre de 2018 y trajo consigo una reducción en el precio que rige desde el 1 de enero del 2019: el carácter ahora se cobra a ¢8.92 colones y en lugar de páginas se cobra ¢89.16 colones por centímetro cuadrado, de modo que publicar una hoja tamaño carta (603,22 cm2) cuesta 53.783,5 colones.

Por ejemplo, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (98 páginas) con la anterior tarifa habría costado 9.329.600 colones, mientras que con la vigente 5.270.783 colones...

En el pasado la Asamblea Legislativa barajó crear su propia "Gaceta" debido a la cantidad de publicaciones que debe realizar en el Diario Oficial. Por ejemplo, cada proyecto nuevo debe publicarse en La Gaceta y al año se estima ese gasto en más de 300 millones de colones. Adicional a ello a veces deben publicarse dictámenes, textos sustitutivos, textos actualizados y textos finales.

En julio de 2016 el Registro Nacional dijo que le era imposible disolver 270 mil sociedades anónimas morosas con el Impuesto a las Personas Jurídicas porque no tenía los 453 millones que le costaba el trámite de publicación de edictos en La Gaceta.

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MOPT pide exonerarse de pagar por publicar expropiaciones en La Gaceta

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El Presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para exonerar al MOPT y sus diferentes dependencias del pago a la Imprenta Nacional por publicar documentos relacionados con procesos de expropiación para 15 proyectos de infraestructura.

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6. Vídeo de Declaratoria de Interés Público

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6. Vídeo de Declaratoria de Interés Público

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Los terrenos para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional se declararon de Interés Público

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Definición: Para la Abogacía General del Estado se puede afirmar que la expropiación forzosa es una limitación de la facultad de disponer, integrante del derecho de propiedad, que obliga al dueño de una cosa a perderla en beneficio de la Administración, mediante un precio equitativo.
Alcance: Artículo 5 de la Ley de Expropiaciones: "Solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la expropiación forzosa, cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para el cumplimiento de los fines públicos. La expropiación la acordará el Poder Ejecutivo o el órgano superior del ente expropiador, según corresponda."
Casos en que procede: como lo dice el artículo anterior, procederá cuando el bien afecto a la expropiación, sea necesario para el cumplimiento de fines públicos.

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Noticia de una recopilación de los bienes que fueron objeto de expropiaciones forzosas durante la SGM en Costa Rica.

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Noticia del año 2010 donde nos muestran como en el año 2010 la Sala Cuarta ordenó terminar las expropiaciones que hacía el Consejo Nacional de Concesiones sin los debidos trámites.

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Sala IV ordenó al CNC terminar expropiaciones

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Definición: Expropiación específica para construir carreteras y caminos.
Casos en que procede: cuando para construir una carretera, camino o vía se ocupa expropiar un bien privado.
Normativa aplicable, La Ley de Planificación Urbana en su Capítulo Tercero, específicamente el artículo 66 de la Ley de Planificación Urbana nos dice: "Para efectos de expropiación serán considerados de utilidad pública los bienes inmuebles que sean requeridos por la aplicación de los planes reguladores y cualquier disposición de esta ley, especialmente las relacionadas con la apertura o ampliación de vías públicas y la adquisición de reservas para programas de vivienda popular, desarrollos industriales planificados o parques y para proveer facilidades de educación y cultura, salubridad, nutrición, bienestar social, deportes, mercados municipales e instalaciones de aguas potables y servidas, electrificación, disposición de basuras y mercados públicos."

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11 Noticia de Expropiación para obra pública vial

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11 Noticia de Expropiación para obra pública vial

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Nos muestra una iniciativa de entre ellos, la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.

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San José, 27 may (elmundo.cr) - El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional hizo un llamado para que se incentive la construcción de obra pública de proyectos trascendentales para el país, pues esto permitiría reactivar la economía y generación empleo, ante la crisis generada por el COVID-19.

El grupo está conformado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (Acccr).

El 23 de abril el gobierno anunció la concesión de megaobras de infraestructura vial como motor de la reactivación económica, aspecto con el cual este grupo está de acuerdo y respalda como una fuente de generadora de empleo y reactivación.

Sin embargo, señalan que hay otros proyectos de infraestructura vial que tienen su proceso de contratación más avanzado y pueden iniciar su construcción en un plazo muy corto, de hasta tres meses.

Estos proyectos son:

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°1, Sección Barranca - Limonal

Pasos a desnivel en las intersecciones Taras y La Lima

Ampliación Radial Lindora en Santa Ana

Diseño y construcción de túnel en la antigua Galera

Asfaltado en ruta Puriscal a Parrita.

Paso a desnivel en la rotonda de La Bandera

OBIS Ruta San José - San Ramón - primer contrato

Algunos de estos proyectos tienen situaciones particulares que se deben resolver, no obstante, la situación que vive el país es atípica, por lo que consideran que se debe flexibilizar algunas condiciones contractuales previamente establecidas, que permitan una inmediata ejecución de estos.

En la misma línea de impulsar la reactivación económica, se insta a las correspondientes entidades de gobierno, a acelerar los procesos licitatorios y todos los relacionados con permisología y coordinación interinstitucional de los siguientes proyectos, considerados que se pueden ejecutar en el mediano plazo.

Pasos a desnivel en Circunvalación Sur (Hatillo 4, Hatillo 6 y Hatillo 7-8)

Ampliación del puente sobre el río Virilla

Circunvalación Norte - unidad funcional V (entre RN32 y Calle Blancos)

Hay otro grupo de proyectos señalados por el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, que este grupo considera que son de gran importancia para el desarrollo del país por lo que instan a que siga adelante en su gestión, estos son:

Ruta a San Carlos

Iniciativas privadas: ruta San José-Cartago, San José-Río Frío, ampliación de ruta 27

OBIS Ruta San José - San Ramón otros contratos

Programa de puentes
En el caso de los proyectos en ejecución, se insta a realizar un esfuerzo por resolver los problemas que han retrasado o están retrasando la ejecución de estas obras, como lo son las expropiaciones y reubicación de servicios, para que puedan reorientar el proceso constructivo a los niveles establecidos preliminarmente.

Finalmente, y no menos importante, este grupo respalda la gestión del ministro de Obras Públicas y Transportes, el ingeniero Rodolfo Méndez Mata, así como el trabajo de su equipo de trabajo.

El Grupo Consenso se puso a disposición de las autoridades del Gobierno Central para colaborar en lo que considere necesario.

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Grupo Consenso: Urge construir obras de infraestructura pública para reactivar la economía

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San José, 27 may (elmundo.cr) - El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional hizo un llamado para que se incentive la construcción de obra pública de proyectos trascendentales para el país, pues esto permitiría reactivar la economía y generación empleo, ante la crisis generada por el COVID-19.

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18. Vídeo de Expropiación para obra pública urbanística

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18. Vídeo de Expropiación para obra pública urbanística

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El vídeo nos muestra cómo el INCOFER tiene inactivas tierras que servirían para el sector urbano en Costa Rica

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Los terrenos de Incofer podrían transformarse en desarrollos urbanos de gran plusvalía

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12. Vídeo de Expropiación para obra pública vial

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12. Vídeo de Expropiación para obra pública vial

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Nos muestra como el paso a desnivel más alto de Costa Rica se da pese a la falta de las debidas expropiaciones

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Así se alza el nuevo proyecto de circunvalación

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Definición: figura de expropiación, pero esta vez sobre bienes muebles.
Alance: sobre bienes muebles que la Administración central considera se deben  expropiar para la utilidad pública.
Normativa Aplicable: el artículo 22 dela Ley de Expropiaciones dice: "...En el caso de los bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración."

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14. Noticia de Expropiación de bienes muebles

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14. Noticia de Expropiación de bienes muebles

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Noticia que nos muestra varios ejemplo de expropiaciones sobre bienes muebles, entre otros.

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Por Arístides Corti * y Liliana Costante *

Diversos interrogantes y críticas insidiosas se han planteado respecto del proceso de intervención y expropiación de Repsol-YPF. En este trabajo nos proponemos contestarlos.

1 ¿Es legítima la expropiación del 51 por ciento del capital accionario de Repsol-YPF, equivalente al 88 por ciento de las acciones del grupo controlante?

Sí. La expropiación constituye un procedimiento de derecho público que cuenta con la base del artículo 17 de la Constitución argentina: "La expropiación por causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada". El artículo 2511 del Código Civil describe la viabilidad de la expropiación -por causa de utilidad pública, previa disposición de una justa indemnización-. La ley 21.459 de expropiación prescribe que "la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común". La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 17) establece: "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad", norma de derecho internacional de 1948 constitucionalizada en 1994 correctamente interpretada por Arturo Sampay cuando dice que "sólo prohíbe el desposeimiento arbitrario de la propiedad, y arbitrario es la abierta infracción de lo justo. Consiguientemente, la norma de referencia autoriza sin condiciones a transformar en bien público a los bienes particulares cuando lo requiere la efectuación de la Justicia". En línea con la última norma citada, el Concilio Vaticano II expresó que "el traspaso de los bienes privados a la propiedad pública sólo puede hacerse ofreciendo una equitativa compensación, teniendo en cuenta todas las circunstancias" -entendiéndose éstas, con arreglo también a las precisiones de Arturo Sampay, "el estado de las finanzas públicas, la situación personal del afectado por la expropiación y, sobre todo, el grado de necesidad colectiva que la ocasione", (que) significa que nada puede ser un óbice que malogre el destino natural de los bienes, esto es efectuar el bien común-.

Volviendo al proyecto de expropiación, se verifica en éste la presencia de la condición de utilidad pública prevista por la Constitución nacional, el Código Civil, la ley de expropiaciones y los documentos de las Naciones Unidas y de la Iglesia (que el PP a cargo de la gobernanza del reino de España no puede desconocer), a poco que se advierta la política predatoria efectuada por el accionista mayoritario por marcada insuficiencia de inversiones y trabajos de exploración, reducción de la producción de hidrocarburos y de las reservas, así como magnas remisiones de utilidades que en 2010 representaron el 30 por ciento del patrimonio neto, generando en 2011 la necesidad de que Argentina importara hidrocarburos por más de 9000 millones de dólares, con consecuente déficit de nuestra balanza comercial y reducción al mínimo del superávit de la balanza de pagos.

2 ¿Cómo debe calcularse la indemnización que deberá fijar el Tribunal de Tasaciones de la Nación o, en su caso, la Justicia argentina?

El Código Civil prevé que la indemnización debe ser justa, y la ley de expropiaciones, que deben excluirse como capítulos indemnizatorios las ganancias hipotéticas y el lucro cesante -concepto éste comprensivo del valor llave conforme jurisprudencia de la Corte argentina en reiterados precedentes-.

En tales condiciones, entendemos que el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá cuantificar: el valor de los activos de la empresa, con deducción de las amortizaciones que correspondan con arreglo a su vida útil, restándole: los pasivos financieros, los pasivos ambientales, los daños y perjuicios generados por el incumplimiento de los contratos de concesión rescindidos por los gobiernos provinciales y las ganancias exorbitantes. Este último concepto figuraba como rubro deducible en las indemnizaciones reguladas por el artículo 40 de la Constitución de 1949 derogada por un bando militar y expulsada del estudio de las reformas por la convención constituyente de 1994. Es un criterio jurídico inherente a las indemnizaciones, mediando expropiación, de los bienes de empresas concesionarias y/o de empresas transnacionales, como inferencia implícita de los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad -arts. 16, 28, 33 y 75 inc. 23 CN- que implican igual trato ante igualdad de circunstancias y admiten, por ende, la formación de categorías razonables. Así, tales principios, en materia de propiedad, imponen distinguir la propiedad personal (que requiere indemnización integral) de la propiedad de las grandes corporaciones, cuyos criterios indemnizatorios se encuentran sujetos a los parámetros indicados en precedencia. En tales casos, y de mediar expropiación de una porción del capital accionario de las mismas, corresponde fijar la indemnización en el porcentaje de acciones objeto de expropiación calculado sobre igual porcentaje del valor del patrimonio neto cuantificado con las pautas y razones objetivas antes mencionadas.

3 ¿Resulta constitucional o inconstitucional la intervención dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 530/12 y su complementario 557/12?

Algún columnista de un conocido matutino adscripto históricamente al conservadurismo ha sostenido la inconstitucionalidad -criterio mecánicamente receptado por la minoría de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación cuya mayoría dictaminó favorablemente respecto de la validez de los DNU motivo de esta pregunta-. El criterio contrario a la intervención representa un manifiesto desconocimiento del derecho argentino, en especial del Código Civil, cuyo artículo 2512 regula la ocupación temporánea, al igual que la ley de expropiaciones -Título IX, arts. 57 y ss., en especial, con aplicación al caso, el art. 59-. En ese mismo sentido, la ley de abastecimiento. Cuadra aquí recordar que el instituto de la ocupación temporánea confiere dicha "potestad a la autoridad administrativa, por causa de utilidad pública, en caso de necesidad, de ocupar o usar transitoriamente un bien o cosas determinadas, muebles o inmuebles, o bien una universalidad determinada de ellos", de suerte tal que "este derecho encuentra su justificación en una causa de interés público y se constituye a favor de la autoridad administrativa; por estas razones, el encuadre jurídico correcto es el que corresponde a un derecho real de uso de naturaleza administrativa". Queda, entonces, en claro -mal que les pese a los opinólogos y legisladores cuya carencia de formación jurídica es directamente proporcional al fundamento ideológico que la pretende suplir- que ni siquiera era necesario un DNU para disponer la intervención, ya que -legalmente- sólo era suficiente un simple decreto.

4 ¿Puede atribuirse al Estado una conducta discriminatoria por expropiar exclusivamente al grupo controlante el 51 por ciento de las acciones del ciento por ciento del capital accionario de Repsol-YPF?

No. Conforme resulta de los fundamentos del proyecto de ley, las restantes empresas hidrocarburíferas, en principio, no merecen objeciones en cuanto a las inversiones y actividades comprometidas en los distintos contratos de concesión. Como también, porque al centrarse el proyecto de ley en las acciones del grupo destinatario de la expropiación y no de los demás accionistas de Repsol-YPF, tuvo en cuenta el control del capital de aquél y su posición dominante en la empresa. Esto implica su responsabilidad en la política predatoria incurrida y la consecuente violación del deber ético social de hospitalidad brindado por la Nación Argentina a dicho inversor extranjero huésped. En contrario, la inversión extranjera directa (IED) se convierte en un agente saqueador de la riqueza de los pueblos que le han permitido trabajar en el país en el marco del desarrollo autónomo con inclusión/justicia social -que no es otra cosa que el desarrollo humano explicitado en la CN en los incisos 19, 22 y 23 del art. 75-. Aquellos que siguen presionando para que los gobiernos sean complacientes con las actividades depredatorias de la (IED) inversión extranjera directa, lo que pretenden es que los pueblos sean los que duerman con el enemigo en el marco de relaciones carnales del Estado con este último.

5 ¿Cuenta el grupo controlante expropiado de legitimación para accionar contra el Estado Argentino ante el Ciadi -dependencia del Banco Mundial- con sustento en el TIB formalizado entre el reino de España y la República Argentina el 03/10/91, aprobado por ley Nº 24.118 en el año 1992?

La respuesta también es negativa por dos líneas de razones concurrentes y sucesivas:

Aun en el marco del propio tratado, la solución de controversias entre una parte (Estado receptor) e inversores de la otra parte requiere ser sometida de inicio "a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la parte en cuyo territorio se realizó la inversión" (art. X, apartado 2). Es decir, ante los tribunales federales argentinos, contando éstos con un plazo de 18 meses para expedirse (mismo art. X, apartado 3.a), quedando recién entonces habilitada la vía de un tribunal arbitral internacional (mismo art. X).

Porque esta última vía arbitral resulta inconstitucional en función de lo establecido por los artículos 27 y 116 de la CN, que establecen que los tratados de la especie de los TIB deben estar sujetos a los principios de derecho público consagrados por la Carta Magna de los argentinos que prescribe que todas aquellas controversias en las que la Nación es parte son de jurisdicción de la Justicia exclusiva federal de la República Argentina, como cuadra a la inteligencia de la jurisdicción. Esta es un atributo de la soberanía nacional. No delegable, no cesible ni transable, salvo en los siguientes casos: en favor de organismos de integración en el marco de los países de América latina como son el Mercosur, la Unasur y la Celac (art. 75, inc. 24, CN); en controversias regidas por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la que es viable la revisión de las sentencias argentinas por los organismos de dichos tratados (la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y la Justicia universal en materia de delitos de lesa humanidad de mediar defección de la Justicia argentina.

Una correcta aplicación de lo expuesto luce en la reserva efectuada por Argentina al artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, contenida en el instrumento de ratificación del 14/08/84, que prescribe textualmente: "El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causas de 'utilidad pública' e 'interés social', y ni lo que éstos entiendan por 'indemnización justa'"; reserva que reafirman los arts. 27 y 116 de la Constitución argentina y la correcta doctrina constitucional nacional en la materia, en tanto protectora de los derechos e intereses permanentes de los habitantes de la República, sin sujeción a ideologías e intereses frustratorios de su soberanía política y económica. Al respecto, entonces, y a modo de conclusión, el Estado nacional tiene una nueva oportunidad de: 1) promover sin demoras ante los tribunales federales argentinos una acción declarativa de nulidad -absoluta y, por ende, imprescriptible- de la referida cláusula de prórroga de jurisdicción por su manifiesta inconstitucionalidad, dirigida -como parte demandada- al grupo empresario titular de las acciones expropiadas. A dicha demanda cuadrará acompañar el requerimiento de una medida cautelar suspensiva de la referida cláusula con apercibimiento de sanciones conminatorias (astreintes) en caso de desobediencia al mandato judicial que al efecto se dicte; y b) que el Congreso de la Nación sancione una ley declarativa de la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor del Ciadi y demás centros o tribunales arbitrales o judiciales extranjeros en materias en las que se encuentra comprometido y disputa el derecho público (art. 27 CN y reserva al art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica). Todo ello, como política de Estado asumida por cada uno de los órganos con funciones de poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ya que garantizar la soberanía energética y de los demás recursos naturales resulta presupuesto indispensable y requisito inescindible de la concreción de la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución argentina y los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23 CN). Como asimismo de aquellos derechos que, si bien no explicitados, nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33 CN), en el marco de un efectivo Estado Social y Democrático de derechos -operativos y no meramente programáticos, discursivos o literarios-.

* Abogados UBA.

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Página/12 :: El país :: Los aspectos legales de la expropiación

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Diversos interrogantes y críticas insidiosas se han planteado respecto del proceso de intervención y expropiación de Repsol-YPF. En este trabajo nos proponemos contestarlos. 1 ¿Es legítima la expropiación del 51 por ciento del capital accionario de Repsol-YPF, equivalente al 88 por...

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15. Vídeo de Expropiación sobre bienes muebles

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15. Vídeo de Expropiación sobre bienes muebles

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El vídeo más acorde que encontré, nos muestra un requisito para hacer una expropiación de un bien mueble, y es que esté registrado.

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Certificaciones Bienes Inmuebles : Catastro propiedades y planos

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16. Expropiación para obra pública urbanística

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16. Expropiación para obra pública urbanística

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Definición: dicha institución se da en  supuestos donde  el Estado requiere expropiar bienes inmuebles para construir proyectos urbanísticos.
Casos en que procede: cuando el Estado se propone  a ejecutar un proyecto urbanístico.
Normativa aplicable: aplica el último artículo vigente que queda de expropiaciones de Ley de Planificación Urbana, artículo 66 que dice: "Para efectos de expropiación serán considerados de utilidad pública los bienes inmuebles que sean requeridos por la aplicación de los planes reguladores y cualquier disposición de esta ley, especialmente las relacionadas con la apertura o ampliación de vías públicas y la adquisición de reservas para programas de vivienda popular, desarrollos industriales planificados o parques y para proveer facilidades de educación y cultura, salubridad, nutrición, bienestar social, deportes, mercados municipales e instalaciones de aguas potables y servidas, electrificación, disposición de basuras y mercados públicos."

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17. Noticia de Expropiación para obra pública urbanística

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17. Noticia de Expropiación para obra pública urbanística

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Nos muestra la situación de la proposición de varios sectores públicos y privados de la sociedad costarricense que propone proyectos urbanísticos.

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El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional solicitó al Poder Ejecutivo que incentive la construcción de obra pública como medio para reactivar la economía y la generación de empleo, ante la crisis por la enfermedad COVID-19.

Este grupo está conformado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR).

La solicitud se envió esta semana pero surgió a raíz del anuncio que dio el Gobierno el 23 de abril pasado, sobre la concesión de megaobras de infraestructura vial como motor de la reactivación económica en el cual el Presidente, Carlos Alvarado Quesada dijo que "l a alianza entre lo público y lo privado será fundamental para sacar a Costa Rica adelante en la etapa post COVID-19."

El grupo aseguró que hay proyectos de infraestructura vial que tienen su proceso de contratación más avanzado y pueden iniciar su construcción en un plazo muy corto, de hasta tres meses. Los proyectos señalados son:

La rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional N°1, Sección Barranca - Limonal

Los pasos a desnivel en las intersecciones Taras y La Lima

La ampliación Radial Lindora en Santa Ana

El diseño y construcción de un túnel en la antigua Galera

El asfaltado en ruta Puriscal a Parrita.

El paso a desnivel en la rotonda de La Bandera

Además, el sector solicitó la ejecución de las obras del primer contrato de ampliación entre la Ruta San José - San Ramón, pero estas ya arrancaron este jueves.

El grupo también pidió acelerar la ejecución de los proyectos en la Ruta a San Carlos y las iniciativas que están en espera como la ruta San José-Cartago, la de San José-Río Frío y la ampliación de la ruta 27.

El comunicado enviado señala que:

Se hace un llamado a realizar un esfuerzo por resolver los problemas que han retrasado o están retrasando el desempeño de estas obras, como lo son las expropiaciones y reubicación de servicios, para que puedan reorientar el proceso constructivo a los niveles establecidos preliminarmente. Ahora el Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional queda a disposición de las autoridades del Gobierno Central y confía en que colaboren en lo que se considere necesario para reactivar la economía nacional".

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Sector construcción pide agilizar obras viales para reactivar la economía

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El Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional solicitó al Poder Ejecutivo que incentive la construcción de obra pública como medio para reactivar la economía y la generación de empleo, ante la crisis por la enfermedad COVID-19.