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Periodista

Ahora que gracias al Centro de Investigación del Lugar de la Memoria (LUM) tenemos acceso a una colección de 155 vladivideos -de la que ya te contamos en este post- que creíamos nunca saldrían de las frías paredes en los archivos del Congreso de la República, es bueno recordar que en su momento varios directivos de medios de comunicación asistieron a la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para reunirse con Vladimiro Montesinos.

Por eso, compartimos contigo videos revelados recientemente por el LUM en el que tres cabezas de diversos medios de comunicación vendieron su línea editorial a Vladimiro Montesinos, sumándose así a los diarios chicha que apoyaron la reelección de Alberto Fujimori.

1. Ernesto Schütz

Ernesto Schütz Landázuri, expropietario de Panamericana Televisión, es uno de los personajes más recordados que visitó al 'Doc'. En el 2001, entre otros vladivideos, se propaló uno en el que Schütz recibió nada menos que US$10 millones de Montesinos en la salita del SIN para vender su línea editorial al régimen fujimorista.

¿Y qué pasó con él? Al difundirse el video, Schütz fugó a Ginebra, pues tiene nacionalidad suiza. Un reportaje de La República el 2008 permitió conocer que Schütz se daba la gran vida en Europa. Por más que la justicia peruana intentó abrirle un proceso por recibir dinero de Montesinos, la Autoridad Federal del Departamento de Justicia y el Departamento de Policía suiza rechazó el pedido.

Este es el video en el que Schütz se reúne con el 'Doc':

Puedes dar click aquí para leer la transcripción del video.

2. José Francisco Crousillat

Al igual que con Schütz, José Francisco Crousillat, hijo del otrora administrador de América Televisión, José Enrique Crousillat, también tuvo su video en la salita del SIN, en el que recibió cuantiosas sumas de dinero de Montesinos por vender la línea editorial de la mencionada empresa para apoyar al régimen de Fujimori.

Pero Crousillat fue capturado. Aunque pudo huir a Argentina, una vez en tierras gauchas, se le prohibió salir del país y luego de un largo proceso fue extraditado al Perú en el 2006, en donde fue condenado a prisión. El 2013, tras cumplir su pena, abandonó el penal de San Jorge.

Esta es la reunión de Montesinos con Crousillat:

Si deseas leer la transcripción de este encuentro, puedes dar click en este link.

3. Eduardo Calmell Del Solar

El fallecido exdirector del diario Expreso y del desaparecido canal Cable Canal Noticias también tuvo su cita con Montesinos en la salita del SIN, en donde recibió US$500 mil por vender su línea editorial al gobierno de Fujimori en 1999. En 1997, Calmell Del Solar también recibió US$2 millones por la venta de las acciones de Cable Canal Noticias.

Por estos hechos a Calmell se le quiso procesar, pero se fugó de la justicia peruana. En el 2004, fue ubicado por la Policía Internacional en la ciudad de Santiago de Chile. Casi un año después, la justicia peruana quiso extraditarlo por cargos de peculado y asociación ilícita, pero Chile denegó la medida al no encontrar sustento en las acusaciones. En el 2014, se supo que falleció en ese país.

Este es el nuevo vladivideo revelado por el LUM en el que se ve a Calmell Del Solar con Montesinos:

En este enlace puedes ver la transcripción del video.

Aún hay más videos de empresarios, políticos y militares que poco a poco iremos compartiendo contigo porque ahora no hay excusa para no conocer uno de los capítulos más oscuros de la historia de la prensa en el Perú.

Tenlo presente para que no se vuelva a repetir ¿No es cierto, Hugo Guerra y Fernando Viaña?

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#Vladivideos: 3 directivos de medios de comunicación que se reunieron con Montesinos en el SIN (VIDEO)

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Periodista Ahora que gracias al Centro de Investigación del Lugar de la Memoria (LUM) tenemos acceso a una colección de 155 vladivideos -de la que ya te contamos en este post- que creíamos nunca saldrían de las frías paredes en los archivos del Congreso de la República, es bueno recordar que en su momento varios directivos de medios de comunicación asistieron a la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para reunirse con Vladimiro Montesinos.

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En el Perú, a la prensa sensacionalista -aquella que se especializa en noticias catastróficas y fotografías de mal gusto-, se le llama también "prensa chicha". El nombre vuelve a la actualidad por la nueva novela de Mario Vargas Llosa titulada Las cinco esquinas, en la que Rolando Garro, director de un semanario sensacionalista, ataca en su publicación a un ingeniero con el fin de afectar su reputación.

Este tema podría parecer de ficción pero lo cierto es que Vargas Llosa se basa en una triste época que vivió el Perú a finales de los años 90. Además, el término "prensa chicha" también apareció en medios serios a raíz del juicio seguido contra Alberto Fujimori por la compra de algunos de estos diarios sensacionalistas para difamar, atacar e insultar a miembros de la oposición o incluso a periodistas incómodos para un régimen que buscaba un total control de la información.

Este juicio se llevó a cabo cuando el expresidente ya estaba en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Durante las vistas del caso, se supo que se habían destinado varios millones de dólares para "comprar" estos diarios y así comenzar una estrategia para las elecciones de 2000. La Procuraduría Anticorrupción señaló en un informe de 2014 que se habían gastado 122 millones de soles (unos 32 millones de euros). El propio Vladimiro Montesinos confesó que "el ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión pública en forma masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión". Varios de los directores de estos diarios fueron condenados a penas de cárcel.

A finales de los años 90, Fujimori tenía entre sus principales amenazas a Alberto Andrade (1943-2009), en aquella época alcalde de Lima (1996-2003) que gozaba de un enorme índice de popularidad. Aún no había aparecido en escena Alejandro Toledo que finalmente se presentaría como principal opositor en las elecciones de 2000.

Andrade fue un político con mucho carisma que realizó numerosas mejoras en la capital peruana, entre ellas, el reordenamiento y mejora del Centro Histórico de Lima. Fue justamente eso lo que lo hizo crecer en la intención de voto y lo que comenzó a hacer temblar a Fujimori. Por esa razón Andrade fue el principal objetivo de esta prensa que se había vendido al régimen y cuyos titulares eran prácticamente dictados desde Palacio de Gobierno o desde el sótano del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con Montesinos a la cabeza.

El plan fue sencillo: compra de diarios y creación de nuevos. Entre estos últimos llegaron a aparecer nombres como "Repúdica" y "Repudio", destinados a atacar al diario La República, muy crítico con Fujimori. Los captados por el régimen fueron otros como El Mañanero, La Chuchi, Diario Más, El Chato, Conclusión, El Tío y La Yuca. Según la procuradora Rocío Armas, "se pagaba entre 2.000 y 3.000 dólares diarios por cada titular de portada de cada periódico. Fueron entre 900.000 dólares y un millón de soles mensuales lo que se desembolsó en algunos casos".

Mientras que estos diarios siguieron atacando e insultando a Andrade -lo llamaban en titulares "chancho" (cerdo) o gordo en tono despectivo-, también comenzaron a concentrarse en Toledo, un candidato que comenzó a subir en las encuestas y que se convirtió en la principal figura de la oposición.

Pero no se trató sólo de políticos. Fujimori también tuvo entre sus objetivos desprestigiar a periodistas. El diario El Chino, uno de los diarios "comprados", publicó en marzo de 1998 un suplemento que tituló "Los Rabiosos de la prensa antiperuana, Rospigliosi, Arrieta y Páez" en el que acusaban a estos periodistas de ser espías de países vecinos a los que vendían secretos militares y hasta de ser cómplices del terrorismo y estar detrás de un intento de golpe militar, tal y como lo recuerda el diario La República, cuyo director Gustavo Mohme también fue constantemente atacado y acosado.

Otros objetivos fueron César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela y Luis Iberico. Este último es hoy presidente del Congreso y fue quien reveló -junto al congresista Fernando Olivera- el primer vídeo que mostró el pago por parte de Montesinos a un congresista opositor para lograr su voto en diversos asuntos. Estas imágenes fueron el inicio del fin del régimen de Fujimori.

Lo cierto es que este episodio de la reciente historia peruana no sólo representa uno de los momentos más críticos y vergonzosos a nivel moral para el gobierno de Fujimori sino también para ciertos medios de comunicación, entre ellos los diarios considerados "chicha", además de cadenas de televisión que prefirieron venderse en lugar de mantener el propósito de informar de manera independiente.

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La "prensa chicha", al servicio de Fujimori

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El régimen de Fujimori tuvo entre sus estrategias la compra de líneas editoriales de medios de comunicación, en particular la prensa sensacionalista.

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Le atribuyen asesinato lesiones graves y desaparición forzada de personas

ACUSAN A FUJIMORI POR PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS
EN MATANZAS OCURRIDAS EN LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS

Con la unanimidad de 75 legisladores hábiles, el Pleno del Congreso de la República aprobó el lunes 27 acusar constitucionalmente al ex presidente Alberto Fujimori, al considerarlo presunto responsable de los delitos de asesinato (homicidio calificado), lesiones graves y desaparición forzada de personas, previstos y sancionados por el Código Penal, cometidos durante las matanzas ocurridas en Barrios Altos y La Cantuta.
La resolución legislativa correspondiente fue aprobada a las 21:28 horas, en medio de aplausos de los legisladores puestos de pie, así como de familiares de las víctimas de aquellos luctuosos sucesos, los que siguieron el debate desde las galerías del hemiciclo parlamentario.
De ese modo, fue acogido el informe de la subcomisión acusadora que oportunamente designó la Comisión Permanente, integrada por los legisladores Daniel Estrada Pérez (UPD), presidente; y Mercedes Cabanillas Bustamante (APRA). En la votación no participaron los miembros de la Comisión Permanente actual ni de la anterior, pues ya habían tomado parte en el debate y correspondiente votación del tema cuando se ventiló en esa instancia.
A pedido del legislador Natale Amprimo Plá (UPD), la resolución será publicada a través de medios periodísticos, como documento parlamentario, para conocimiento de la opinión pública no sólo nacional, sino también internacional.
La denuncia será tramitada luego al Ministerio Público, de manera que su titular, la fiscal de la Nación, formule la denuncia penal correspondiente ante el Poder Judicial.
A Fujimori se le sindicó como presunto responsable de la comisión de los delitos mencionados con ocasión de la matanza de Barrios Altos, ocurrida 3 de noviembre de 1991, donde supuestos miembros del comando militar "Grupo Colina" mataron a balazos a 15 personas y dejaron gravemente heridas a otras cinco.
Igualmente, se le consideró presunto culpable de los hechos en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de La Cantuta, donde igualmente se señaló a los mismos agentes militares como autores del secuestro y posterior asesinato de nueve alumnos y un profesor de esa casa superior de estudios. Esto ocurrió el 18 de julio de 1992
De acuerdo a las conclusiones del informe acusatorio, aquellos atentados son crímenes de lesa humanidad, y en consecuencia, como delitos internacionales, son perseguibles internacionalmente.
Más de una hora y media demandó la fundamentación del voluminoso informe acusatorio por parte de los congresistas Estrada y Cabanillas. El primero afirmó su convencimiento que ese informe se hacía como un hito de nuestra historia para que las generaciones futuras reconozcan el deseo de sus autoridades de curar nuestras heridas.
Cabanillas, tras recordar los luctuosos sucesos ocurridos en aquellos casos, que son de dominio público, hizo notar que el Código Penal del Japón señala drásticas sanciones a aquellos involucrados en delitos de lesa humanidad, y censuró al ex mandatario por refugiarse en ese país, y es que nunca se sintió peruano, remarcó.
25 oradores
En total fueron 25 los oradores que participaron en la jornada iniciada a las 17: 00 horas, y se extendió hasta pasadas las 21:30 horas. A excepción de Martha Chávez Cossío (NoA), los diferentes legisladores apoyaron el informe acusatorio, y entre otras cosas manifestaron que el Congreso debe respetar su buena imagen ante la ciudadanía con pronunciamientos de esta clase.
Heriberto Benítez Rivas (FIM) sostuvo que los hechos y evidencias considerados en el informe eran claros y suficientes para que el Congreso se pronunciara en favor de la acusación. Señaló que era muy necesario que esto fuera conocido en el Japón y el resto del mundo.
Su correligionario Humberto Requena Oliva sintetizó su apoyo al informe acusatorio, señalando que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla.
Por el APRA intervino Carlos Chávez Trujillo, quien se identificó como una de las víctimas de la persecución del fujimorismo. Indicó que hubo participación y estrategias de las altas esferas del poder fujimorista para consumar esos delitos.
Su compañero de bancada, Daniel Robles López, apoyó la acusación diciendo que su grupo político quiere contribuir a la paz y recuperar la moralización en el país.
Entre tanto, Róger Santa María del Águila (APRA) instó a sus colegas parlamentarios a adoptar una actitud que reivindique la imagen del Congreso de la República, aprobando la acusación constitucional contra Fujimori.
Fue Mauricio Mulder Bedoya quien dijo que la Célula Parlamentaria Aprista adelantaba su voto en favor del informe acusatorio, y afirmó que la política adecuada del Estado, en este caso específico, permitirá llevar a la sanción ejemplar a Fujimori. Su compañero Luis Gasco Bravo coincidió con aquellas apreciaciones.
Para Martha Chávez, ex miembro de la anterior mayoría fujimorista, en la sesión se estaba dando una suerte de "ópera bufa" en la que se estaría pretendiendo montar una historieta que no es cierta. Lamentó que no estuviera en la sesión su ex colega -ahora defenestrada- Carmen Lozada de Gamboa, porque consideró que ella sí habría hecho precisiones para demostrar la falta de argumentos y consistencia del informe acusatorio.
Al apoyar la denuncia, Javier Diez Canseco Cisneros (UPD) criticó a quienes, según dijo, dirigieron una banda que se hizo del poder y lo convirtió en un "narcoestado" en el que campeaba la cleptocracia. Hablando en términos metafóricos, anotó que esa banda la dirigían dos hermanos siameses (Fujimori y Montesinos), uno de los cuales murió primero a raíz de una operación, y el otro lo siguió, pues sucumbieron cuando se afectó un órgano común que los unía: el dinero.
En apoyo de la acusación también se expresaron representantes de Perú Posible como Ernesto Aranda Dextre, Gloria Hélfer Palacios, Alejandro Oré Mora, Jacques Rodrich Ackerman, José Taco Llave, Wálter Alejos Calderón y Édgar Villanueva Núñez.
Los más severos de esa bancada fueron Luis Guerrero Figueroa y Julia Valenzuela Cuéllar. El primero dijo que el dictador (Fujimori) nunca personificó decorosamente al Perú, que no hizo buena labor como gobernante, pero sí tuvo intervención como responsable directo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Valenzuela criticó la desmedida ambición por el poder de parte de Fujimori. Anotó que el gobierno dejó de ser tal para convertirse en una banda de delincuentes, y una de sus maneras de proceder fue reemplazar a las leyes por las armas del hampa.
A nombre de Unidad Nacional, José Barba Caballero felicitó a la subcomisión acusadora por el buen trabajo realizado. Dijo que se ha demostrado que los hechos en La Cantura y Barrios Altos formaron parte de una política implementada desde el propio gobierno.
Censuró el nivel hasta el que ha llegado la moral del gobierno japonés al proteger a un delincuente de la peor especie, dijo, y luego cifró esperanzas que en el Perú se haga justicia.
Con algunas observaciones, su correligionario Rafael Rey Rey respaldó el informe acusatorio. Previno que si el ex presidente es acusado de delitos de lesa humanidad, lo mismo debió hacerse y debe hacerse con los terroristas, cuyos actos también constituyen genocidio en agravio de autoridades, dirigentes sociales y el pueblo en general.
En apoyo de la resolución acusatoria también se expresaron los representantes de Unidad Nacional Emma Vargas Gálvez y Rafael Aíta Campodónico.
Alfredo Gonzales Salazar (NoA) apoyó la acusación, pero emitió un voto singular, al solicitar que constara en actas que, a su juicio, las exhibidas por la subcomisión acusadora no son pruebas plenas ni contundentes, sino sólo elementos referenciales. Por ello, reiteró que aprobaba la propuesta acusatoria, pero no la totalidad de los argumentos acusatorios.
Antes de levantar la sesión, el Presidente del Congreso, doctor Carlos Ferrero, anunció que este miércoles 29 se realizará sesión del Pleno, a partir de las 17:30 horas. Tras ese anuncio, los voceros de los grupos políticos fueron convocados a una reunión en la Presidencia.

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Con la unanimidad de 75 legisladores hábiles, el Pleno del Congreso de la República aprobó el lunes 27 acusar constitucionalmente al ex presidente Alberto Fujimori, al considerarlo presunto responsable de los delitos de asesinato (homicidio calificado), lesiones graves y desaparición forzada de personas, previstos y sancionados por el Código Penal, cometidos durante las matanzas ocurridas en Barrios Altos y La Cantuta.

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200806 RedGE CEPES Política arancelaria del Perú

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Fujishock de Hurtado Miller Que Dios Nos Ayude 8 de Agosto de 1990

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Después de 15 años de haber finalizado el gobierno de Alberto Fujimori, se siguen conociendo hechos que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Los casos más conocidos han sido La Cantuta y Barrios Altos, casos en los cuales la Republica de Perú reconoció su responsabilidad internacional por las masacres ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este tribunal, además, estableció que un Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, y lo ha reiterado a lo largo de su jurisprudencia. Sin embargo, y lastimosamente, solo hemos conocido estos casos.

En el año 1999, es presentada una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, quien falleció por ser sometida a un proceso quirúrgico de esterilización de manera forzosa. En este caso, igualmente, el Estado de Perú reconoció la responsabilidad internacional y se comprometió a investigar los casos de victimas del denominado Plan de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, dándole una solución amistosa al caso en el año 2003. A pesar de lo anterior, el Estado, por medio de sus autoridades, decidió archivar los casos, por considerar que en su legislación interna no se encuentra tipificada la conducta de esterilización forzosa, sin adoptar ningún otro tipo de medida.

EL 8 de junio de este año se vuelve a hablar de una noticia, después de tanto tiempo, más de 2.000 mujeres fueron víctimas de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori, la mayoría de ellas campesinas, indígenas o analfabetas[1]. Entre otros casos, encontramos la historia de Sabina Huilca Cóndor, quien al atada a una camilla e insultada, mediante la fuerza y el engaño, sin las herramientas apropiadas y sin precaución higiénica, le abrieron el vientre para esterilizarla y posteriormente fue cosido, huyó a su pueblo y al llegar se limpió la herida con jabón para lavar ropa. El año pasado, Sabina Huilca afirmó "ahora tengo cáncer, se me juntó sangre seca en el ovario", mientras mostraba la cicatriz oscura en su vientre[2].

A pesar de todo lo anterior, el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para reparar de manera integral a las víctimas. A partir de lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ratificada por Perú, el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar todos los derechos humanos en ella contenidos.

El presente caso se dirige al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo cual, es posible considerar que existe una violación de los derechos de aproximadamente 2.000 mujeres que fueron esterilizadas por medio de la coacción, y como lo estableció la CIDH[3], se presenta una vulneración al derecho a la integridad personal y a la igualdad consagrados en los artículos 5 y 24 de la CADH, así como la transgresión del artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará", en relación con el deber de respetar los derechos contenido en el art. 1.1 de la CADH.

Asimismo, es importante hacer la pregunta de ¿Cómo es posible que un Estado no investigue una situación de violación masiva de derechos humanos? Los Estados latinoamericanos, históricamente, han presentado casos atroces, masacres, dictaduras, feminicidios, y a pesar de sus compromisos internacionales no han optado por cumplir con esas obligaciones; la actitud de la mayoría de los Estados ha sido dirigida al olvido y a dejar en el pasado los hechos sin querer cumplir con las consecuencias.

Por: Cindy Hawkins. Miembro del Comité Editorial.

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Más violaciones de derechos humanos en Perú durante el gobierno de Fujimori - Blog - Universidad del Norte

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Después de 15 años de haber finalizado el gobierno de Alberto Fujimori, se siguen conociendo hechos que constituyeron violaciones a los derechos humanos. Los casos más conocidos han sido La Cantuta y Barrios Altos, casos en los cuales la Republica de Perú reconoció su responsabilidad internacional por las masacres ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

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Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú

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Las pacientes recibieron amenazas y alimentos para someterse a la intervención

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Fujimori, culpable por violación de derechos humanos