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Este principio trata de coordinar una acción y desarrollo conjunto entre el respeto al medio ambiente y el crecimiento económico.  En el informe “Nuestro Futuro común” o “Informe Brundtland, 1987” se define el desarrollo sostenible como: “El desarrollo que satisface las necesidades de la generación del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Este principio no se asocia, por tanto, con la conservación intacta de la naturaleza, sino con la conducción del desarrollo económico por cauces que no comprometan el desarrollo en el futuro. Se trata, en consecuencia, de un principio de solidaridad intergeneracional.

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Del principio de solidaridad ha dicho el argentino Néstor Cafferatta que el mismo

está consagrado en los principios 7 y 27 de la Declaración de Río. Este principio permite una asunción en términos actuales del principio de fraternidad. Esta aplicación efectiva de la protección ambiental se deriven para grupos o personas concretos y desde la segunda perspectiva,

los derechos y deberes de salvaguarda de la capacidad de las generaciones futuras a obtener de otras especies y de recursos naturales, los medios suficientes para el mantenimiento del proyecto humano en el equilibrio de ecosistemas.

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Se basa en el hecho de que evitar un daño es preferible al remedio del mal. Esto, en el ámbito de la protección ambiental, es especialmente incuestionable, puesto que los daños ambientales son irreversibles, irreparables en la mayoría de los casos; en caso de tener remedio, dejan importantes secuelas durante largo tiempo. Es por esto que el principio de prevención constituye la regla de oro o el denominador común en todo el Derecho Ambiental.
La aplicación más plausible de este principio se refleja en los controles administrativos previos a las actividades contaminantes como: autorizaciones, concesiones, etc. y en el establecimiento de medidas de previsión ante consecuencias desfavorables. Otra manifestación de este principio podría observarse en la imposición del uso de mejores tecnologías disponibles.

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Este principio aconseja no tomar decisiones arriesgadas cuando no se conozcan científicamente con certeza las posibles consecuencias.
El principio de la Declaración de Río recoge: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Refuerza la adopción de medidas preventivas e impide la actividad en caso de dudas sobre la efectividad de los remedios.

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Por este principio se obliga a internalizar en el precio de

los productos los costos de la prevención ambiental para

evitar la generación de daños ambientales, aunque el legislador peruano lo hace más preciso al incorporar también los costos de vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación, y la eventual compensación por los riesgos y

daños que se generen sobre el medio. Al mismo tiempo,

puntualiza que los impactos negativos de las actividades

humanas deben ser asumidos por los propios causantes

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Es el conocido como “el que contamina paga”. No pretende exigir responsabilidad por la contaminación causada, sino garantizar el pago de los costes ambientales, tradicionalmente externalizados y no asumidos por aquel que los estaba originando. Garantiza el pago de la contaminación mediante la repercusión del coste ambiental al precio de los productos contaminantes, mediante cánones, impuestos, tasas u otros tributos ambientales.
Se relaciona con los principios de prevención y de corrección en la fuente, ya que trata de que no se produzca la contaminación, haciendo que esta no resulte rentable.

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La subsidiariedad es un principio general del Derecho que, en el caso del Derecho Ambiental, adquiere especial importancia por su relación con el principio de corrección en la fuente, con el de responsabilidad compartida y con el de participación.
Constituye el otro extremo de la frase “pensar globalmente, actuar localmente”, puesto que implica la ejecución y toma de decisiones en la instancia más próxima al problema siempre que pueda resolverse satisfactoriamente.

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Este  principio resalta  en  las  palabras  iniciales  de  la

Declaración de Río, cuando expresa que su objetivo magno es el de “establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas" Los Estados deben de cooperar para

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.

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Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas

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Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas

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Los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen el medio ambiente y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. En la Declaración de Río y en el ya citado principio 7 se contiene la enunciación de un principio que, en cierta manera, es la clave de bóveda en orden a las relaciones diplomáticas ambientales internacionales.

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El principio de participación, que en alguna doctrina une al principio de transparencia es  también  uno  de  los  caracteres  fundamentales  del  propio  Sistema  Jurídico

Ambiental. Este precepto constitucional, unido a que el Derecho Ambiental es eminentemente administrativo, tiene como consecuencia la necesidad de participación ciudadana de tipo administrativo en temas medioambientales. La normativa ambiental recoge diversas formas de participación ciudadana, tanto de tipo orgánico como de tipo funcional.

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Cecilia, G. C. (2021). Itinerario 1 - Educación Ambiental: Contaminación Ambiental. Loja : Ediloja Cía. Ltda.

Docente, L. d. (11 de junio de 2020). youtube. Obtenido de youtube : https://www.youtube.com/watch?v=i4-Lzq35xlM

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Zuluaga, R. G. (diciembre de 2017). revistas.ucu.edu.uy. Obtenido de revistas.ucu.edu.uy: https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/view/1471/1477