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El día en el que Alberto Fujimori violó la libertad de expresión pero la radio no se detuvo

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El día en el que Alberto Fujimori violó la libertad de expresión pero la radio no se detuvo

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Rigurosidad periodística frente a la censura

Aquel día en el que las fuerzas políticas diversas y la población se unieron y empezaron una lucha conjunta por el restablecimiento de la democracia, la radio estaba ahí para comunicarlo priorizando en todo momento un lenguaje sereno y propiciando la voz de la gente antes que la de ellos mismos.

“En este momento han dispuesto que cerremos la estación de radio Antena 1, han dispuesto que cerremos Radio Antena 1, nosotros hemos estado llevando la información con la pluralidad de lo que el caso requiere, incluso hemos dado lectura al comunicado oficial del conjunto de la Fuerza Armada, pero en este momento las fuerzas policiales y militares están en la puerta de nuestra estación ordenando que cierre nuestra transmisión.”

En la trasmisión de Henry Aragón con Cecilia Laca abundó la conciencia periodística. Ellos sabían que estaban tomando otros medios y a las 10:30 de esa misma noche un comandante del Ejército intentó presionar a la directora sobre suspender la transmisión y sintonizar “música relajada”, pero ellos decidieron seguir siendo periodistas. Lo que vino después de ese día para ellos fue una serie de amenazas y actos de violencia en su contra que se prolongó por semanas.

Ese día la radio se convirtió en héroe, pues se diferenció de los otros medios. Muchos canales o periódicos de la época estaban en un “casamiento” con el fujimontesinismo por lo que aquel hecho que suponía una vergüenza nacional no fue recordado ni mencionado.

Este hecho desenmascaró el accionar ilícito del gobierno pues atentó contra el artículo 2, inciso 4, donde se sostiene que toda persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión, y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento, bajo las responsabilidades de ley”.

En general, se puede decir que el derecho constitucional de expresión ha sido una de las grandes batallas en el sistema jurídico, y en caso de quiebre del orden constitucional, es uno de los derechos más violentados, como se vivió en la época Fujimori y también años atrás con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado y la confiscación de los medios.

Desde sus inicios, la radio ha desarrollado una dimensión de servicio para con la gente y esta dimensión de “servicio” se ha convertido en su forma natural. La radio sigue viva y está lejos de ser un medio en extinción, a pesar de que un 5 de junio de 1992 se le quiso eliminar.

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Los militares tomaban las calles, era una orden desde las más altas esferas. El conductor de radio anima a su audiencia a prepararse, tener sus documentos y tomar las precauciones correspondientes para quienes estén saliendo del trabajo o de algún lugar. Luego, sale de transmisión.

Radio Antena 1 FM toma el mando con Henry Aragón. Y empiezan las llamadas, como símbolo concreto de que la radio es ese espacio de los ciudadanos. El senador Felipe Osterling muy furioso deja en claro su indignación frente al golpe de Estado mientras lo oye gran parte de la población.

Él se encuentra bajo arresto domiciliario e informa que otros colegas han sido detenidos: "este es un hecho repudiable, y por eso no solo convoco a todos los peruanos sino a los amigos de América, frente a este latrocinio que pisotea la ley y la Constitución". Aragón pregunta con asombro si realmente está detenido a lo que Osterling continúa: "sí señor, estoy detenido, yo me iba al Senado de la República cuando me enteré, pero ahora estoy arrestado y han rodeado la manzana de mi casa, no puedo desgraciadamente moverme de aquí." Aragón continúa: "senador este es un hecho bastante lamentable en vista de que usted no puede estar sujeto a mandato imperativo de ningún tipo". "Así es" responde el senador y el conductor prosigue: "en caso de que el presidente haya violado el artículo 210 de la Constitución ¿quién asumiría la presidencia de la República?". Muy molesto y consternado, Felipe Osterling comenta: "no es momento de decir quién asume la presidencia, lo único que le puedo decir es que los peruanos tienen el derecho de insurgencia conforme al propio mandato constitucional. Porque esto es un golpe de Estado".

Radio Antena 1 FM continúa con la transmisión y se dirige al senador recordándole que "todo el país lo está escuchando" y posteriormente afirma que radio Antena 1 es la única estación que está dando cobertura total a este hecho sin precedentes.

A las 12 de la noche con 11 minutos un enlace con un reportero confirma lo que ya se había comunicado en exclusiva desde la estación. Alan García está también detenido en su domicilio. El periodista comenta también que han sufrido un intento de detención y que tuvieron que mentir y no identificarse como periodistas. "La población está desconcertada y se vive un ambiente muy tenso", son otras de las palabras en el enlace.

Así continúa. A la transmisión de Radio Antena 1 empiezan a llamar personalidades de la política como Gustavo Mohme, Pedro Huilca, Henry Pease, Luis Bustamente Belaunde, el mayor en retiro Jorge Castro Castro, entre otros, quienes también muestran su disconformidad.

"Ustedes son un baluarte de la libertad" comenta Pedro Cateriano y cuando cuelga, los efectivos policiales intentan entrar a la Antena 1. Entra la llamada de Gustavo Mohme. Este supone uno de los hitos históricos del país en lo que respecta a las transmisiones radiales:
"En este momento han dispuesto que cerremos la estación de radio Antena 1, han dispuesto que cerremos Radio Antena 1, nosotros hemos estado llevando la información con la pluralidad de lo que el caso requiere, incluso hemos dado lectura al comunicado oficial del conjunto de la Fuerza Armada, pero en este momento las fuerzas policiales y militares están en la puerta de nuestra estación ordenando que cierre nuestra transmisión."
Luego de esas palabras, Cecilia Laca Sánchez, directora periodística, toma el micro e informa a la población del abuso. Agradece la participación de sus colegas y lanza al aire el himno nacional del Perú como un abanderamiento único frente las acciones dictatoriales.

De igual modo Radio Red vive los mismos instantes y luchan por permanecer al aire pero se alejan sin lograrlo. Se escucha como los militares se los llevan del aire.
Rigurosidad periodística frente a la censura
Aquel día en el que las fuerzas políticas diversas y la población se unieron y empezaron una lucha conjunta por el restablecimiento de la democracia, la radio estaba ahí para comunicarlo priorizando en todo momento un lenguaje sereno y propiciando la voz de la gente antes que la de ellos mismos.

En la trasmisión de Henry Aragón con Cecilia Laca abundó la conciencia periodística. Ellos sabían que estaban tomando otros medios y a las 10:30 de esa misma noche un comandante del Ejército intentó presionar a la directora sobre suspender la transmisión y sintonizar "música relajada", pero ellos decidieron seguir siendo periodistas. Lo que vino después de ese día para ellos fue una serie de amenazas y actos de violencia en su contra que se prolongó por semanas.

Ese día la radio se convirtió en héroe, pues se diferenció de los otros medios. Muchos canales o periódicos de la época estaban en un "casamiento" con el fujimontesinismo por lo que aquel hecho que suponía una vergüenza nacional no fue recordado ni mencionado.

Este hecho desenmascaró el accionar ilícito del gobierno pues atentó contra el artículo 2, inciso 4, donde se sostiene que toda persona tiene derecho "a las libertades de información, opinión, expresión, y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento, bajo las responsabilidades de ley".

En general, se puede decir que el derecho constitucional de expresión ha sido una de las grandes batallas en el sistema jurídico, y en caso de quiebre del orden constitucional, es uno de los derechos más violentados, como se vivió en la época Fujimori y también años atrás con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado y la confiscación de los medios.

Desde sus inicios, la radio ha desarrollado una dimensión de servicio para con la gente y esta dimensión de "servicio" se ha convertido en su forma natural. La radio sigue viva y está lejos de ser un medio en extinción, a pesar de que un 5 de junio de 1992 se le quiso eliminar.

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El día en el que Alberto Fujimori violó la libertad de expresión pero la radio no se detuvo - Vía Expresa

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Los militares tomaban las calles, era una orden desde las más altas esferas. El conductor de radio anima a su audiencia a prepararse, tener sus documentos y tomar las precauciones correspondientes para quienes estén saliendo del trabajo o de algún lugar. Luego, sale de transmisión. Radio Antena 1 FM toma el mando con Henry Aragón.

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EL CPP  " CONGRESO DE LA PRENSA PERUANA"

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EL CPP  " CONGRESO DE LA PRENSA PERUANA"

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El CPP fue fundado en la ciudad de Lima el 14 de agosto de 1997 por un grupo de medios de comunicación, que incluyó a los diarios El Comercio, La República, Expreso y Ojo, además de la revista CARETAS, y al que luego se sumaron importantes medios como Gestión, El Sol, La Industria de Trujillo, El Pueblo de Arequipa y El Tiempo de Piura, además de las revistas Debate e Ideele. Actualmente, el Consejo de la Prensa Peruana, fiel a su tradición democrática, sigue participando activamente en la defensa contra las agresiones directas y los mecanismos de censura indirecta a través de los cuales se pretende ejercer presión sobre los medios de comunicación independientes. Asimismo, continúa impulsando una agenda en pro de la transparencia y mayor acceso a la información y promoviendo la autorregulación.

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El CPP fue fundado en la ciudad de Lima el 14 de agosto de 1997 por un grupo de medios de comunicación, que incluyó a los diarios El Comercio, La República, Expreso y Ojo, además de la revista CARETAS, y al que luego se sumaron importantes medios como Gestión, El Sol, La Industria de Trujillo, El Pueblo de Arequipa y El Tiempo de Piura, además de las revistas Debate e Ideele. La primera Junta Directiva de la asociación fue presidida por Alejandro Miró Quesada Cisneros, y conformada por Manuel Ulloa Van Perborgh, Enrique Zileri Gibson, Luis Manuel Agois Banchero y Gustavo Mohme Seminario.

Actualmente, el Consejo de la Prensa incluye a los principales medios de comunicación tanto de prensa escrita, radial, televisiva y digital así como a instituciones académicas.

El CPP fue creado "para defender la libertad de prensa en todo el territorio de la república, luchando porque se reconozca y proteja el derecho de estar plenamente informado que tiene todo ciudadano, lo cual constituye una garantía y defensa de las otras libertades, ya que sin la libertad de prensa no existe democracia alguna".

Asimismo, en palabras de su presidente fundador, Alejandro Miró Quesada Cisneros, "el Consejo de la Prensa se crea como un mecanismo voluntario de autorregulación y autocontrol, con el fin de recibir quejas y rectificaciones no satisfechas, encargando al Secretario General y al Tribunal de Ética la función de resolver diferendos ocasionados por material periodístico y, eventualmente, fallar en contra de periódicos transgresores y exigir la publicación de sus resoluciones."

El contexto en el que se funda el CPP estuvo marcado por las agresiones de un gobierno autoritario, que vio en la prensa independiente un obstáculo para perpetuarse en el poder. En palabras de Enrique Zileri "La relación del gobierno con los medios de comunicación, ya conflictiva, discriminatoria y autoritaria, se volvió critica con el advenimiento del proceso electoral y el creciente control de los servicios de inteligencia sobre la virtual totalidad de los canales de televisión de señal abierta y sobre la orientación de un grupo de tabloides sensacionalistas dedicados a agredir a personalidades adversas al régimen."

El CPP nace entonces como una respuesta a ese clima adverso que amenazaba a los medios y periodistas que no cejaban en sus esfuerzos por sacar a la luz denuncias sobre los abusos de un régimen que persistía en su intención de copar los espacios de poder. Zileri señalaba en ese entonces que los miembros de la organización "Teníamos la certeza, sin embargo, que el Consejo de la Prensa Peruana seguiría consolidándose como una institución fiel a los fines para los que fue creada, que eran y son los de elevar el nivel de ética del periodismo nacional creando un mecanismo de defensa del lector, y defender y promover la libertad de prensa y de expresión."

Desde entonces y a lo largo de su trayectoria, el Consejo de la Prensa Peruana ha asumido un rol de liderazgo en la promoción de las libertades informativas, alzando su voz de protesta a través de comunicados, publicaciones y entrevistas, en defensa de la libertad de expresión ante situaciones represivas de todo tipo, incluyendo agresiones directas o mecanismos de censura indirecta contra periodistas y medios de comunicación. La coherencia de su actuar, en cumplimiento de la misión que se trazó desde su fundación, ha permitido que el CPP se convierta en un interlocutor legítimo ante instituciones nacionales e internacionales y ante la ciudadanía.

Otro aspecto a destacar es el rol que ha asumido el Consejo de la Prensa Peruana en la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública. Con el apoyo de la cooperación internacional, el CPP inició en 1999 un debate público en torno al acceso a la información en poder del Estado. Estos esfuerzos condujeron a la suscripción en noviembre de 2000 de Los Principios de Lima, documento clave para la promoción del derecho a la información pública en América Latina y que sirvió de base para la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya promulgación en el año 2002 situó al país a la vanguardia en la materia a nivel internacional.

El prestigio ganado por el CPP lo largo de los años, se ha traducido su participación activa en espacios clave para la promoción de las libertades informativas y la lucha contra la corrupción, destacando su participación como miembro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en el Grupo de Trabajo para la formulación del Plan de Gobierno Abierto, así como en múltiples sesiones en el Congreso de la República donde dejó sentada su posición institucional sobre diversos proyectos legislativos con potencial impacto negativo para la libertad de prensa.

Actualmente, el Consejo de la Prensa Peruana, fiel a su tradición democrática, sigue participando activamente en la defensa contra las agresiones directas y los mecanismos de censura indirecta a través de los cuales se pretende ejercer presión sobre los medios de comunicación independientes. Asimismo, continúa impulsando una agenda en pro de la transparencia y mayor acceso a la información y promoviendo la autorregulación.

En palabras de su actual presidente, Bernardo Roca Rey: "el Consejo de la Prensa Peruana ha cumplido una importante labor docente en la ciudadanía, al enfatizar tres cosas: primero el estrecho vínculo entre libertad de prensa y democracia, una no puede existir sin la otra; luego, que cuando se afecta a la primera no solo se afecta a los medios de comunicación y los periodistas, sino también a los mismos ciudadanos; y finalmente que los periodistas entendemos, en una relación horizontal, que somos pasibles de errar, pero también que sabemos rectificar sin que nadie nos fuerce a ello".

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Historia - Consejo de la Prensa Peruana - CPP

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El CPP fue fundado en la ciudad de Lima el 14 de agosto de 1997 por un grupo de medios de comunicación, que incluyó a los diarios El Comercio, La República, Expreso y Ojo, además de la revista CARETAS, y al que luego se sumaron importantes medios como Gestión, El Sol, La Industria de Trujillo, El Pueblo de Arequipa y El Tiempo de Piura, además de las revistas Debate e Ideele.

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CENTRO PEN URUGUAY SE RELANZA CON SU EVENTO "LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL PAPEL DE LA PRENSA"

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CENTRO PEN URUGUAY SE RELANZA CON SU EVENTO "LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL PAPEL DE LA PRENSA"

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Desde finales del año 2018, tras mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo interés en la libertad de expresión, la libertad de prensa y la creación literaria libre y sin censuras, se consagró el lanzamiento de la primera serie de conferencias del PEN Uruguay dedicada a la “Libertad de expresión y el papel de la prensa” en una democracia que creemos ejemplar en la región, como lo es la democracia uruguaya, pero siempre es necesario cuidar esos derechos para evitar que sean conculcados. Hubo signos de intolerancia recientes y estamos en Uruguay y países vecinos en clima de elecciones.

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UN POPULAR GURÚ RECIBE CADENA PERPETUA POR ASESINAR A PERIODISTA QUE EXPUSO SUS SECRETOS

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UN POPULAR GURÚ RECIBE CADENA PERPETUA POR ASESINAR A PERIODISTA QUE EXPUSO SUS SECRETOS

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El popular gurú indio Gurmeet Ram Rahim Singh, que afirma contar con millones de seguidores en el país y está encarcelado por la violación de dos adeptas, fue condenado a cadena perpetua junto con otras tres personas por el asesinato de un periodista en 2002.

El gurú ya había sido condenado en 2017 a 20 años de cárcel por la violación de dos de sus discípulas. Ahora deberá ahora cumplir sentencia por el asesinato de Ram Chander Chhatrapati en 2002. El periodista fue abatido en octubre de 2002 tras haber publicado en el diario Poora Sacha (Toda la verdad, en hindi) casos de abusos sexuales del gurú, líder de la organización religiosa Dera Sacha Sauda (DSS, Lugar de la Verdad Real).

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﻿El popular gurú indio Gurmeet Ram Rahim Singh, que afirma contar con millones de seguidores en el país y está encarcelado por la violación de dos adeptas, fue condenado hoy a cadena perpetua junto con otras tres personas por el asesinato de un periodista en 2002.

" Gurmeet Ram Rahim Singh y otros tres han sido condenados a cadena perpetua y a pagar una multa de 50.000 rupias cada uno (unos 600 euros)", dijo a la agencia Efe el abogado H.P.S. Verma, consejero del tribunal especial de Panchkula, una ciudad en el estado norteño de Haryana, que reveló este jueves la sentencia contra los acusados tras haberlos declarado culpables el pasado viernes. Según la fuente, la defensa de Singh anunció que recurrirá la sentencia a una instancia superior.

El gurú ya había sido condenado en 2017 a 20 años de cárcel por la violación de dos de sus discípulas. Ahora deberá ahora cumplir sentencia por el asesinato de Ram Chander Chhatrapati en 2002. El periodista fue abatido en octubre de 2002 tras haber publicado en el diario Poora Sacha ( Toda la verdad, en hindi) casos de abusos sexuales del gurú, líder de la organización religiosa Dera Sacha Sauda (DSS, Lugar de la Verdad Real).
"Victoria de la verdad"
El hijo del periodista asesinado, Anshul Chhatrapati, afirmó este jueves a la salida del juzgado sentirse "aliviado" por la sentencia, a la que calificó de "victoria de la verdad". "La fiscalía había pedido la pena de muerte, pero estamos satisfechos con el castigo", dijo ante los medios de comunicación.

Tanto la ciudad de Panchkula como partes de los estados de Haryana y Punjab amanecieron hoy con un fuerte dispositivo policial, similar al del pasado viernes cuando el tribunal declaró culpable al gurú, para evitar la repetición de los graves disturbios que siguieron a la condena de 2017.

Ese año, sus seguidores protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron 38 muertos en el norte del país, 250 heridos y casi un millar de detenidos. A las condenas por violación y asesinato, el controvertido gurú suma la acusación de haber castrado a 400 de sus seguidores, un caso que sigue pendiente en la justicia.

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Un popular gurú recibe cadena perpetua por asesinar a periodista que expuso sus secretos

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﻿El popular gurú indio Gurmeet Ram Rahim Singh, que afirma contar con millones de seguidores en el país y está encarcelado por la violación de dos adeptas, fue condenado hoy a cadena perpetua junto con otras tres personas por el asesinato de un periodista en 2002.

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NICOLÁS MADURO, EL MAYOR VIOLADOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA

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NICOLÁS MADURO, EL MAYOR VIOLADOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA

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El dictador venezolano ha sido acreditado como el “mayor violador de la libertad de prensa”  por  parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)  y asociaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras  o el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.

Desde el nefasto período de Hugo Chávez, la libertad de información y de expresión estuvieron fuertemente atacadas, lo que tuvo su punto culmen en 2007, cuando arbitrariamente el gobierno cerró el canal de televisión RCTV, el más antiguo del país, por sus constantes denuncias de lo que ya se perfilaba como un mandato totalitario y corrupto.

Y desde ese momento empezó a diseñarse lo que el entonces ministro de información Andrés Izarra, hoy disfrutando comodidades y libertades europeas, denominó política de hegemonía comunicacional, la cual sigue en pie a paso de vencedores junto a un marco legal cada vez más  coercitivo, en el que destacan la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que incluyó medidas coercitivas a  los medios electrónicos,  la ley contra el odio, la Ley de telecomunicaciones y la declaración de estado de excepción.

También a partir del cierre del icónico canal RCTV, empezó un constante asedio a los medios incómodos al régimen que ha finalizado en lo que tenemos hoy día: una sociedad mal informada y manipulada,  a la que le imponen una visión parcializada de la realidad, porque no tiene acceso libre a canales de televisión o portales de internet que no sean afines o complacientes con el poder, bajo la amenaza de desaparecer.

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Nicolás Maduro: el mayor violador de la libertad de expresión y prensa

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Nicolás Maduro constituye el peor período para la libertad de expresión y prensa en Venezuela en más de medio siglo.

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VIOLACIONES EN LINEA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA

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VIOLACIONES EN LINEA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA

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Entre enero y diciembre de 2018, se registraron 387 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 608 denuncias de violaciones al derecho. Esto representa una reducción del 45% de los casos y de 41% en las violaciones respecto al 2017. Sin embargo, el 2018 se ubica como el segundo periodo con mayor cantidad de casos, al desplazar al 2014 que registró 350 situaciones en un tiempo de alta conflictividad social y política.

En línea se registraron 66 violaciones a la libertad de expresión, el 62% se tradujeron en censura por difusión restringida o impedida de contenidos, por acciones de bloqueo (17) y ataques cibernéticos (25). Entre los medios digitales más afectados, con varios ataques, se encuentran: El Pitazo, El Nacional, Punto de Corte y La Patilla.

Las detenciones por publicaciones en redes sociales están vinculadas a contenidos que son de acceso público, opiniones o información que cuestionan al gobierno o revelan datos sobre la crisis social, económica y política que atraviesa el país. Entre enero y diciembre de 2018, se registraron diez casos con un total de 24 personas detenidas por el uso de redes sociales, la mayoría por publicaciones en Twitter y Facebook.

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Entre enero y diciembre de 2018, se registraron 387 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 608 denuncias de violaciones al derecho. Esto representa una reducción del 45% de los casos y de 41% en las violaciones respecto al 2017. Sin embargo, el 2018 se ubica como el segundo periodo con mayor cantidad de casos, al desplazar al 2014 que registró 350 situaciones en un tiempo de alta conflictividad social y política.

El impedimento de cobertura en la calle a través del desalojo, las detenciones arbitrarias, y el enfrentamiento que algunas veces escala en agresiones, se sostiene como patrón regular, con especial incidencia en periodos de alta tensión social o política. En el mes de mayo se llevó a cabo un acto electoral convocado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, evento que no cumplió con las condiciones básicas para un proceso libre, universal, auténtico y democrático; esto recrudeció el panorama de la crisis política, empeoró la situación social y económica, ante la ausencia de condiciones y voluntad política para la ejecución de medidas correctivas eficientes. En agosto se aplicaron las medidas económicas por parte del Ejecutivo Nacional que implicó un aumento salarial del 5900%, lo que se tradujo en el cierre de empresas por la incapacidad de pagar los sueldos, entre ellos al menos 12 medios de comunicación.

La inflación anual se ubicó en 1.698.488,2% de acuerdo con las cifras elaboradas por la Asamblea Nacional. Los resultados preliminares de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2018 señalaron que la cantidad de hogares pobres se elevó a 48%, mientras que el 94% de las personas indicaron que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades y costos de vida. La opacidad en el acceso a la información pública impide conocer las dimensiones estructurales de la crisis. Desde el año 2015, el Banco Central de Venezuela no publica oficialmente las cifras de inflación o escasez, año en que también comenzó la Emergencia Humanitaria Compleja traducida en un sistema público deteriorado, la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas, la muerte de personas por falta de medicinas o asistencia médica adecuada y el aumento del riesgo de los pacientes con enfermedades crónicas.

Exponer los alcances de la crisis tiene un alto costo para los funcionarios y trabajadores que denuncian la situación. Unas 52 personas del sector público fueron detenidas o retenidas, 23 de estos funcionarios, en su mayoría de militares de la Guardia Nacional Bolivariana, 18 son empleados(as) de diferentes entes y 11 laboran en el sector salud. Lo que representa el 40% del total de detenidos(as) por ejercer su derecho a la libertad de expresión en 2018.

Violencia física
Intimidación, agresión y ataque Limitaciones ilegítimas para realizar la cobertura, el desalojo de lugares e instituciones públicas, agresiones físicas contra reporteros y trabajadores de la prensa, detenciones arbitrarias, retenciones y requisas por el hecho de buscar información, revisión, confiscación o robo de equipos y material, ataques a sedes de medios de comunicación. Estas acciones suman 284 violaciones a la libertad de expresión.
Persecución de trabajadores públicos

La incidencia de manifestaciones y reclamos, en especial en entidades públicas: hospitales, industria eléctrica y petrolera e instituciones administrativas; ha sido reprimida por los cuerpos de seguridad, trabajadores públicos de mayor jerarquía e incluso grupos de civiles armados que actúan bajo la abierta omisión de las fuerzas de seguridad durante movilizaciones o protestas. 130 personas fueron detenidas o retenidas en su intento por buscar, recibir o difundir información o ideas durante el año 2018; el 40% (52) acumula a personas que laboran en el sector público, entre empleados, funcionarios y trabajadores de la salud, el 36% (47) son periodistas o reporteros durante coberturas informativas.

Al menos 78 personas que laboran en la administración pública a diversos niveles fueron perseguidas, amenazadas, hostigadas e incluso detenidas por exponer sus denuncias y dejar en evidencia la precariedad de los servicios públicos de gestión gubernamental.

Las agresiones (lesiones físicas) y ataques contra sedes o propiedades de medios de comunicación incluyeron al menos cuatro atentados y diez robos de sedes de prensa y gremiales en doce estados del país . Esto incluye un atentado contra el presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Barinas, Tomás Salazar .

El 36% de las víctimas son periodistas o reporteros; 139 medios de comunicación, la mayoría de estos se vieron impedidos en su circulación (por escasez de papel) o en su difusión, por bloqueos de sitios web o ataques informáticos de plataformas , así como por atentados contra sedes físicas, en los estados Táchira , Zulia , Cojedes y Miranda .

En la mayoría de los casos, los cuerpos de seguridad arremeten contra reporteros durante la cobertura de calle, en particular durante manifestaciones públicas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realizó allanamientos, sin orden judicial , así como visitas en centros hospitalarios tras la denuncia sobre casos graves, producto de la crisis alimentaria .

- El 17 de abril, el camarógrafo de la televisora NVHTV, Marvin Betancourt fue golpeado por tres escoltas de la secretaría de Gobierno durante la cobertura de protestas en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, estado Sucre, al oriente del país. Betancourt recibió un puñetazo en el ojo y varias patadas mientras tomaba las declaraciones de los familiares y pacientes que aprovecharon el recorrido para expresar su descontento por las condiciones del Hospital.

- En la madrugada del 14 de diciembre, la televisora comunitaria Afro TV, ubicada en San José de Barlovento, en el estado Miranda, al norte del país, fue robada e incendiada. Los delincuentes se llevaron las cámaras, computadoras, consolas, fotocopiadora y micrófonos del máster de la planta televisiva e incendiaron la sede del canal ubicada en el segundo piso del edificio Ceiba. El siniestro acabó con los archivos audiovisuales que el medio había registrado desde el año 2010. Desde su creación hace ocho años, el canal denuncia situaciones de exclusión contra sectores afrodescendientes.

-El camarógrafo Manuel Alejandro Parejo fue asesinado el 26 de agosto, durante un asalto a la sede del canal , del estado Sucre. Los delincuentes ingresaron a la sede del canal ubicado en la avenida Francisco de Miranda y se llevaron dos equipos de computación y un monitor. Hasta el momento de la publicación del presente informe, se desconocen avances en la investigación, así como los motivos del homicidio. Parejo se desempeñaba como camarógrafo y operador en , además de ser editor en la Dirección de Política Comunicacional de la Gobernación de Sucre.

Violencia institucional
Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas
La censura estuvo vinculada al cese de circulación de impresos por escasez de insumos, impedimento de cobertura por parte de funcionarios, en especial durante manifestaciones públicas, exhortos y sanciones por parte de Conatel, así como ataques cibernéticos y bloqueos a sitios web.

Menos papel y más bloqueos
La escasez de papel prensa generalizada desde el año 2013, tras la monopolización de la distribución del insumo por parte de la empresa estatal, Complejo Editorial Alfredo Maneiro, implica el cese de circulación de medios impresos, en especial de aquellos que manejan una línea editorial crítica o independiente del Gobierno Nacional. A esto se suma la agudización de la crisis económica, lo que reduce la capacidad de los medios de comunicación, en particular las pequeñas y medianas empresas en el interior del país, ante las dificultades impuestas por la hiperinflación, la ausencia de divisas preferenciales, y la escasez de insumos para la imprenta en Venezuela.
Al menos 40 medios impresos salieron de circulación de forma indefinida. De estos, 10 cesaron ante la imposibilidad de sostener sueldos tras la adopción de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo el 20 de agosto de 2018. La agudización de la escasez de papel prensa, la crisis económica existente y más recientemente las medidas de aumento salarial, trajeron como consecuencia que sumen diez los estados del país sin periódicos: Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo .

42 acciones entre bloqueos y ataques informáticos contra sitios web, medios digitales y cuentas personales de redes sociales, se registraron entre enero y diciembre de 2018. Del total de afectados (24), el 58% (14) fueron sitios informativos , entre ellos El Nacional Web , , Punto de Corte , Crónica.Uno , , Armado.Info , Mérida Digital y , cuyo acceso fue bloqueado por la operadora pública Cantv, al igual que las páginas de contenido sexual Youporn, PornHub, Xvideos . Asimismo, la operadora pública bloqueó el acceso a , una red de comunicación anónima que sirve para evadir bloqueos. En estos últimos casos se trató de bloqueos por dirección IP, una nueva modalidad en relación a los patrones previos que implica un mayor nivel de sofisticación de cara a impedir el acceso y libre circulación de información.

La "Ley contra el odio" que, entre otras cosas, castiga las expresiones de odio hasta con 20 años de prisión, se empezó a aplicar este año. En 19 oportunidades el instrumento fue utilizado como mecanismos de amenaza o sanción contra trabajadores públicos , manifestantes procesados judicialmente , miembros de la Iglesia Católica, periodistas para exhortarlos a "suavizar" su línea editorial cuando abordan temas que evidencian la crisis social, y contra medios digitales .

Un caso de este patrón ocurrió en marzo de 2018, cuando el Diario Última Hora, del estado Portuguesa, anunció el cese de circulación los domingos por escasez de papel periódico. Para el 30 de mayo, se bajó la frecuencia de circulación a cinco días a la semana. A principios de agosto, dejó de circular de forma indefinida ante la imposibilidad de conseguir los insumos para la impresión; entre las causas el medio señaló la falta de dinero en efectivo para la compra del impreso por parte de los lectores; la falta de transporte generalizado, lo que limitó la distribución del medios y la falta de recurso humano por la migración de personal calificado. Finalmente, el 23 de agosto el medio dejó de funcionar incluso en la web ante la imposibilidad de asumir las consecuencias del aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional .

-El sitio web informativo, Punto de Corte, sufrió varios ataques informáticos durante el año, en los meses de febrero, abril y junio. Los administradores de la página los describen como "ingresos no autorizados desde varios servidores en paralelo con varias muestras de Ransomwares de la familia WannaCry, cuyo objetivo aparente es de realizar un cifrado masivo de ficheros de información del cliente Punto de Corte Agencia de Información." El 12 de julio el portal fue bloqueado por varias horas luego de que se publicara una entrevista realizada por Sebastiana Barráez a Luisa Ortega Díaz, donde esta afirma que Chávez habría fallecido el 28 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013, como asegura la versión oficial .

- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la salida del aire de la emisora de Barquisimeto, estado Lara. Según información confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la razón del cierre obedece al vencimiento de la concesión. El SNTP aseguró que la medida contra el medio, que estuvo en el aire durante 30 años, dejó a 24 personas sin trabajo. Un colectivo oficialista tomó el dial tras la salida del aire de la emisora larense, con una radio constituida por afectos al Gobierno .

Restricciones en línea

En línea se registraron 66 violaciones a la libertad de expresión, el 62% se tradujeron en censura por difusión restringida o impedida de contenidos, por acciones de bloqueo (17) y ataques cibernéticos (25). Entre los medios digitales más afectados, con varios ataques, se encuentran: , El Nacional , Punto de Corte y .

Las detenciones por publicaciones en redes sociales están vinculadas a contenidos que son de acceso público, opiniones o información que cuestionan al gobierno o revelan datos sobre la crisis social, económica y política que atraviesa el país. Entre enero y diciembre de 2018, se registraron diez casos con un total de 24 personas detenidas por el uso de redes sociales, la mayoría por publicaciones en Twitter y Facebook.

Entre los casos se encuentran:

- Yonger Rosales, un joven de 21 años, fue detenido el 10 de enero en su residencia, ubicada en Caño Amarillo, al oeste de Caracas, por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su detención habría sido por formar parte de un grupo de Facebook en donde se planeaban nuevas protestas antigubernamentales. Rosales fue liberado el 13 de junio, luego de permanecer encarcelado durante cinco meses en la sede del Sebin, en El Helicoide, Caracas. Esta liberación se gesta tras la solicitud de Nicolás Maduro a la Comisión de la Verdad de la ilegítima asamblea nacional constituyente, la evaluación de casos "políticos" .

-Tras la publicación de un vídeo donde divulgaba su opinión sobre la situación actual de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), el ingeniero Argenis Prieto denunció que estaba siendo víctima de persecución por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y que se habrían llevado detenido a su padre.

El 20 de enero de 2018 el Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites informó que el padre del ingeniero de Producción del campo Tía Juana de Pdvsa Occidente fue en horas del mediodía por el Sebin sin que existiera una orden expedida por un tribunal. En el video, Prieto expresa su "inquietud" sobre la crisis que ha afectado la producción de Pdvsa e insta a Manuel Quevedo a revelar la verdadera situación de la petrolera venezolana y cómo esto afecta la economía de los ciudadanos .

-El 21 de septiembre, luego de las fuertes lluvias que se registraron en el estado Apure, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Destacamento 351, ubicado en el puesto de Buenavista El Meta, difundieron un video en donde se evidencian las condiciones de trabajo con las que cuenta el cuerpo de seguridad en el sector. En el video, que fue difundido por redes sociales, se puede apreciar como las distintas áreas del Comando se encuentran anegadas, afectando las condiciones de trabajo de los funcionarios.

El 25 de septiembre, los quince guardias nacionales fueron citados por sus superiores con el supuesto propósito de hacerle entrega de equipos electrodomésticos, sin embargo, fueron apresados y acusados de "traición a la Patria", delitos que estarían contemplados en el Código Orgánico de Desobediencia Militar .

Violencia discursiva
Amenaza y hostigamiento verbal
Insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 56 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.

-El 3 de agosto, la periodista se encontraba realizando la cobertura de la jornada de registro del carnet de la patria y el Censo Nacional de Transporte en la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad de Caracas, cuando ella y su entrevistado fueron amenazados por un grupo de civiles violentos. El señor que ofrecía su testimonio fue sorprendido por los agresores quienes le repetían que se fuera del lugar y que si continuaba declarando no lo censarían ni lo registrarían en el carnet de la patria. "Colectivos en la plaza Bolívar nos amenazan por tomar declaraciones de personas que no están de acuerdo con sacarse el carnet de la Patria o censarse. No solo nos amenazaron. También amenazaron al señor que declaraba, advirtiéndole que no le sacarían el carnet ni lo censarían" informó González a través de su cuenta en .

- El 10 de agosto, Radio Criolla 92.9 fm, emisora de los llanos venezolanos, hizo público el acoso ejercido por la principal autoridad del municipio Rómulo Gallegos del estado , Solfredi Solorzano, quien en una participación en vivo los amenazó. "(Hay que) darle un escarmiento a esos habladores sin oficio, debemos darles un parado" refiriéndose a los locutores de Radio Criolla 92.9 FM . Los voceros de la emisora hicieron responsables a las autoridades municipales de cualquier situación que atentara contra la integridad física de su personal.

- El 18 de septiembre, durante una rueda de prensa ofrecida por Nicolás Maduro, el corresponsal de , Esteban Rojas, le preguntó al primer mandatario acerca del hecho en el que resultaron detenidos dos miembros del cuerpo de bomberos del estado Mérida por la presunta difusión de un video en donde comparaban a Maduro con un asno . El presidente se mostró indignado y le respondió al periodista "¿Tú crees que esa es una pregunta para esta rueda de prensa?", "¿Tú eres periodista?", "¿Te graduaste dónde?". Luego de negarse a responder la pregunta, le advirtió que estaba "fuera de nivel". No te voy a contestar esa pregunta. No la voy a responder", sentenció.

El viceministro de Comunicación Internacional en Venezuela hostigó al periodista a través de su cuenta en twitter, en publicó que luego de la rueda de prensa intercambió palabras con Rojas, asegurándole a este que había "botado la rueda" al hacerle esa pregunta a Maduro. Asimismo señaló a la agencia AFP como "uno de los principales centros de información mercenaria sobre Venezuela" y que "debería mejorar sus estándares de contratación y buscar periodistas que al menos sepan hablar y lo hagan con respeto" .

Exigencias y recomendaciones

El contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, a través de su promoción y garantía, para ello es necesario eliminar las barreras que puedan impedir de forma ilegítima su realización. El debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta democrática que contribuiría en la ampliación de oportunidades para la participación a las comunidades, a fin de superar la crisis nacional y recuperar la institucionalidad del país.

Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, sostienen un contexto polarizado y hostil para el ejercicio de la comunicación, la búsqueda y difusión de información que afecta al universo de la población que reside en Venezuela.

Las recomendaciones y exigencias insisten en la necesidad del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales Venezuela está suscrita de manera voluntaria y en el compromiso por parte del Estado, en garantizar las condiciones que permitan la participación plena y crítica de la ciudadanía.

Garantizar independencia por parte de Conatel y otros entes rectores en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, asignación de divisas para importación de papel e insumos para prensa, con el objeto de que puedan existir medios de comunicación plurales en los que todas las ideas puedan ser expresadas.

Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, mediante la debida investigación y sanción de cualquier hecho de violencia proveniente de funcionarios públicos o particulares.

Que el Estado cumpla cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en los que se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Ello implica ajustar el marco regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen y debe permitirse la visita de los responsables de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que puedan contribuir con las políticas públicas de Estado venezolano y armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados. Un marco adecuado para este contenido de la libertad de expresión permitiría fomentar y mantener el debate público y permite a los afectados por imprecisiones u opiniones la posibilidad de argumentar y defenderse con los mismos recursos del medio o periodista.

Suprimir las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación de libertad, establecidos en el Código Penal. Las faltas al honor o reputación deben ser resarcidas a través del derecho a réplica.

Actuar de manera coherente con el discurso de la participación pública e incentivar otras formas de participación distinta al voto, como la contraloría social, que requiere de una libertad de expresión plena de manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición necesaria para la construcción del pensamiento crítico.

Promover una política pública centrada en la transparencia y el más amplio acceso a la información pública lo que demanda la aprobación de leyes nacionales, estadales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas para favorecer la publicación proactiva de información; y el diseño de sistemas orientados a servir y responder a los ciudadanos. La política pública debe permitir el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos suministrados.

Establecer una regulación que limite el uso de las cadenas de radio y televisión para los eventos o situaciones que los requieran por estricta necesidad, ello implica revisar lo contemplado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Los procesos administrativos y judiciales deben realizarse con respeto a las garantías para el debido proceso. Ello demanda garantizar la independencia de los órganos y la estricta precisión de las normas que deben respetar el contenido del derecho según los estándares internacionales.

Marco teórico metodológico
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

Los tipos de violaciones se agrupan de acuerdo a las siguientes características:

AGRESIÓN: en el caso de periodistas/ciudadanos(as) heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de seguridad.

ATAQUE: en el caso de medios de prensa dañados o asaltados por la difusión de noticias u opiniones.

AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes u otra modalidad. Agresión a las propiedades de un periodista/ciudadano, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo. Ataque, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas a revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos.

RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.

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2018: Situación de la libertad de expresión e información en Venezuela

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Entre enero y diciembre de 2018, se registraron 387 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 608 denuncias de violaciones al derecho. Esto representa una reducción del 45% de los casos y de 41% en las violaciones respecto al 2017.

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EMPRESARIOS DENUNCIAN VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO DE EMPRESA EN NICARAGUA

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EMPRESARIOS DENUNCIAN VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO DE EMPRESA EN NICARAGUA

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En Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana, miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron este jueves lo que denominan violación a la libertad de prensa, libertad de empresa y derechos de propiedad de dos de sus socios: Miguel Mora, periodista y director del canal 100% Noticias, y Carlos Fernando Chamorro, director del sitio Confidencial y del programa televisivo “Esta Semana”.

Miguel Mora, quien estuvo detenido 6 meses y enfrentó cargos por supuestamente incitar al odio e instar a cometer actos terroristas, informó que tanto él como Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal 100% Noticias, no han recibido una notificación oficial de sobreseimiento y cierre de su caso. Mora agregó que las instalaciones de su medio de comunicación siguen ocupadas por la Policía desde el 21 de diciembre de 2018.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra en el exilio, informó vía Skype que las instalaciones de Confidencial y Esta Semana se encuentran ocupadas por la Policía Nacional desde el 13 de diciembre de 2018 y que ha introducido varios recursos de amparo ante la Corte Suprema y tribunal de apelaciones de Managua, pero hasta el momento no resuelven sobre los mismos.
El jefe de la Policía Nacional introdujo el 21 de febrero un recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en donde exponen que en sus actuaciones procedieron conforme a normas policiales, respetando los derechos y garantías constitucionales de dueños de medios que interpusieron recursos de amparo.

En el documento expresan que los allanamientos se orientaron por órdenes judiciales. CNN en Español consultó al poder judicial sobre este recurso, por las vías oficiales, pero no respondieron la solicitud.

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(CNN Español) - En Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana, miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron este jueves lo que denominan violación a la libertad de prensa, libertad de empresa y derechos de propiedad de dos de sus socios: Miguel Mora, periodista y director del canal 100% Noticias, y Carlos Fernando Chamorro, director del sitio Confidencial y del programa televisivo "Esta Semana".

Miguel Mora, quien estuvo detenido 6 meses y enfrentó cargos por supuestamente incitar al odio e instar a cometer actos terroristas, informó que tanto él como Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal 100% Noticias, no han recibido una notificación oficial de sobreseimiento y cierre de su caso. Mora agregó que las instalaciones de su medio de comunicación siguen ocupadas por la Policía desde el 21 de diciembre de 2018.

El periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra en el exilio, informó vía Skype que las instalaciones de Confidencial y Esta Semana se encuentran ocupadas por la Policía Nacional desde el 13 de diciembre de 2018 y que ha introducido varios recursos de amparo ante la Corte Suprema y tribunal de apelaciones de Managua, pero hasta el momento no resuelven sobre los mismos.

MIRA: Nicaragua celebra el 40 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista con un sabor agridulce

El jefe de la Policía Nacional introdujo el 21 de febrero un recurso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en donde exponen que en sus actuaciones procedieron conforme a normas policiales, respetando los derechos y garantías constitucionales de dueños de medios que interpusieron recursos de amparo.

En el documento expresan que los allanamientos se orientaron por órdenes judiciales. CNN en Español consultó al poder judicial sobre este recurso, por las vías oficiales, pero no respondieron la solicitud.

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Empresarios denuncian violación a la libertad de expresión y el derecho de empresa en Nicaragua

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En Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana, miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron este jueves lo que denominan violación a la libertad de prensa, libertad de empresa y derechos de propiedad de dos de sus socios: Miguel Mora, periodista y director del canal 100% Noticias, y Carlos Fernando Chamorro, director del sitio Confidencial y del programa televisivo Esta Semana.