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La ley 21.430, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la cual nos mandata a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social, así como a reparar el daño por su eventual vulneración. No es una opción, es un deber ser garantes de derechos en el ejercicio de nuestras funciones, dado que representamos al Estado que es el principal garante de los derechos del niño.

Desempeñar mi rol desde un enfoque de derecho nos permite dar espacio al cumplimiento a los principios que sustentan la ley.

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considero esencial que, como funcionarios públicos, seamos garantes de derechos porque nuestro rol trasciende la tarea técnica de evaluar; se trata de proteger y promover los derechos de los estudiantes, que son el centro de nuestro sistema educativo. Ser garantes de derechos implica que cada acción, cada observación y cada recomendación que hacemos está alineada con el respeto y el fortalecimiento de esos derechos, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo en un entorno seguro, inclusivo y equitativo.

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Porque como funcionarias y funcionarios públicos, somos responsables de asegurar que las políticas y acciones del Estado respeten, protejan y promuevan los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación ni exclusión. La función pública no es solo la administración de recursos o servicios, sino también la construcción y el mantenimiento de un Estado de derecho, donde todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos fundamentales, especialmente aquellos grupos que requieren una protección especial debido a su vulnerabilidad y desarrollo en curso, como son los niños, niñas y adolescentes.

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Ser garantes de derechos en el ejercicio de nuestras funciones públicas es fundamental porque, como representantes del Estado, tenemos la responsabilidad de asegurar el respeto, protección y promoción de los derechos de todas las personas, especialmente de los grupos más vulnerables. Esto implica que nuestras decisiones y acciones deben estar orientadas a garantizar un trato justo, equitativo y libre de discriminación, cumpliendo con los principios de igualdad, justicia y dignidad humana.

La garantía de derechos permite construir confianza entre la ciudadanía y el Estado, promoviendo una sociedad más justa y cohesionada. Además, ayuda a prevenir abusos de poder ya consolidar un marco de convivencia democrática y respetuosa. También contribuimos a reducir desigualdades, proteger a quienes se encuentran en situación de riesgo y fortalecer el tejido social en favor del bien común.

Al ser garantes de derechos, promovemos la calidad y legitimidad del servicio público, fortalecemos la gobernabilidad y damos cumplimiento a los compromisos éticos y legales que nos demanda nuestra función.

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Los funcionarios públicos tenemos el deber de resguardar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes hasta que ellos mismos puedan hacerlos exigibles.

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El enfoque de derechos de la niñez y adolescencia influye profundamente en mi rol como funcionario/a público/a, ya que orienta mis acciones hacia el respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Desde esta perspectiva, es importante estar atenta a que las decisiones y estrategias considerensu bienestar integral, participación activa y desarrollo integral

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¿Por qué es importante que, como funcionarias/os públicos, seamos garantes de derechos en el ejercicio de nuestras funciones?

Que los funcionarios públicos seamos garantes del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes es muy relevante, puesto que, por una parte, son el centro de nuestro sistema educativo y por otra, al ser el estado el mayor garante de derechos, nuestro deber como funcionarios y representantes del estado ante las comunidades educativas, es ser un ejemplo a seguir respecto del respeto por lo que señala la normativa y lo que ha sido determinado por la sociedad. En esta línea, en cada una de nuestras acciones y orientaciones que entregamos a las instituciones educativas, debemos sensibilizar, promover, educar e incluso fiscalizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean garantizados y respetados.

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Porque como funcionarios públicos, representamos al Estado y todas las obligaciones y normas destinadas a asegurar el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez

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Porque como funcionarios públicos, representamos al Estado y todas las obligaciones y normas destinadas a asegurar el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez

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El Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, lo que implica no solo respetarlos y protegerlos, sino asegurar también su cumplimiento. Para ello, debe implementar diversas medidas en todos sus poderes y organismos, de manera integral, coordinada y adecuada, con el fin de cumplir con estas obligaciones. Lo anterior, también es nuestra responsabilidad al ser parte del Estado, en nuestro rol de funcionarios públicos, independiente de la tarea o actividad específica por la que fuimos contratados.

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El ya ser funcionario públicos y de una institución como la ACE nos compromete a ser garantes de derechos de los niños y niñas. Además, en cada una de las visitas podemos de una u otra forma sensibilizar sobre el trato, la forma en que se refieren los adultos a los niños y niñas, la oportunidad que se les da de para participar en las clases, el escucharlos en las entrevistas que realizamos, etc. Creo que nuestro rol y trabajo ya es una forma de aportar en este sistema que establece la Ley 21.430. Además, toda nuestra visita es en beneficio directo de los niños y niñas que atienden los centros educativos y que el estado aporta con recursos para su educación, por lo tanto, el informe que entregamos es un instrumento que les permitirá a niños y niñas recibir educación de mejor calidad.

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Todas las instituciones y funcionarias/os del Estado somos garantes principales de derechos, responsables de generar las condiciones políticas e institucionales para el ejercicio efectivo de estos en todas las personas. Esto deriva de que es el Estado el principal responsable de dar concreción a los estándares internacionales que ha ratificado, transversalizándolos en los diferentes niveles de trabajo público. Por esto, las/os funcionarias/os públicos deberíamos tener una narrativa enmarcada en el enfoque de derechos desde la cual nos vinculemos con las comunidades educativas, así como políticas y prácticas institucionales sistemáticas que estén en coherencia con esto.

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Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho

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Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho

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Como funcionarios públicos tenemos la obligación de efectuar las denunicas necesarias en caso de levantar irregularidades en los procesos de enseñanza y protección de los niños, niñas y adolescentes.

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En primer lugar, es importante que como funcionarios públicos resguardemos el respeto a los derechos, porque es un mandato legal que se debe cumplir. Además, como trabajadores del área de la educación, estamos estrechamente ligados al desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes, por lo que debemos centrar siempre nuestros esfuerzos en la protección de sus derechos para garantizar este desarrollo, considerando por lo demás, que esto se relaciona directamente con disposiciones emanadas de la Ley General de Educación.

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Porque como funcionarios públicos del ámbito educativo, estamos convocados a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar en el que nos insertamos con regularidad. En estas instancias debemos evaluar y sobre todo orientar el cumplimiento de normativas que como Estado hemos definido para la plena atención e inclusión e niños, niñas y adolescentes, asegurando de esta manera que las comunidades educativas promuevan su desarrollo integral.

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El enfoque de derechos de la niñez y adolescencia influye en mi rol absolutamente, pues soy funcionaria pública y, además mis funciones de desarrollan en el área de educación. Al ser representante del estado, cuando voy a una visita de algún centro educativo es mi deber denunciar si detecto alguna vulneración de derechos a las niñas, niños y adolescentes.

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Las y los funcionarios públicos somos garantes de derechos porque nos encontramos mandatados por ley a asegurar condiciones y respetar los derechos de todas las personas y en especial, de niñas, niños y adolescentes. Por ello, tenemos la obligación de levantar denuncias e irregularidades que se presenten en los EE que visitamos.