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El recorrido histórico de la inflación y el desempleo en Colombia durante la última década evidencia que la estabilidad macroeconómica del país ha estado permanentemente expuesta a factores externos y a debilidades internas de su estructura productiva. La inflación, que alcanzó picos históricos en 2022, mostró cómo la dependencia de importaciones de alimentos y combustibles limita la capacidad del Estado para proteger el poder adquisitivo de los hogares. Paralelamente, el desempleo, aun cuando se ha reducido tras la pandemia, persiste en niveles elevados con una informalidad que supera la mitad de la población ocupada, reflejando un mercado laboral incapaz de absorber de manera estable y formal la fuerza de trabajo.

Este escenario pone de manifiesto que no basta con aplicar políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación o programas de subsidios temporales para contener el desempleo. Se requiere un enfoque integral que combine la disciplina macroeconómica con políticas industriales, educativas y sociales que fortalezcan la productividad, reduzcan la desigualdad y promuevan empleos formales. Como advierte Kalmanovitz (2010), la economía colombiana no solo enfrenta choques coyunturales, sino limitaciones estructurales que condicionan su desarrollo. En consecuencia, el gran reto de Colombia no es únicamente mantener la inflación en la meta del 3% o reducir el desempleo a un dígito, sino avanzar hacia una transformación productiva que diversifique la economía, disminuya la vulnerabilidad externa y asegure que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social y equidad. En palabras de la CEPAL (2023), la verdadera estabilidad no reside únicamente en cifras macroeconómicas favorables, sino en la capacidad de un país para garantizar inclusión y oportunidades sostenibles para toda su población.

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Hogares: la inflación redujo drásticamente el poder adquisitivo, aumentando los índices de pobreza monetaria (cerca del 36,6% en 2022, según el DANE). Los hogares de ingresos bajos fueron los más afectados, ya que gran parte de sus gastos se destinan a alimentos, el grupo que más incrementó de precio.

Empresas: enfrentaron mayores costos de insumos y financiamiento debido al alza de las tasas de interés. Esto limitó la inversión y la creación de nuevos empleos.

Estado: el Banco de la República se vio obligado a endurecer la política monetaria para contener la inflación, mientras que el Gobierno implementó subsidios y transferencias para mitigar los efectos sociales.

Como advierte la CEPAL (2023), “el control de la inflación sin medidas de inclusión laboral puede traducirse en un crecimiento frágil, con elevados niveles de desigualdad social”.

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La teoría de la Curva de Phillips sostiene que existe una relación inversa entre desempleo e inflación: cuando una disminuye, la otra tiende a aumentar. No obstante, en Colombia esta relación no se ha dado de manera lineal.

En 2022, por ejemplo, el país experimentó simultáneamente una inflación elevada y un desempleo en descenso, lo que contradice la lógica tradicional. Esto se explica porque la inflación estuvo impulsada por factores externos (importados) y no tanto por un exceso de demanda interna. Kalmanovitz (2010) resalta que “la economía colombiana enfrenta una dualidad: precios inestables combinados con un mercado laboral estructuralmente frágil, lo que limita la efectividad de las políticas macroeconómicas tradicionales”.

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Evolución del desempleo en Colombia (2015–2024)

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Evolución del desempleo en Colombia (2015–2024)

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El mercado laboral colombiano se caracteriza por presentar históricamente una alta tasa de desempleo e informalidad.

2015–2019: La tasa de desempleo se mantuvo entre el 9% y el 10%, niveles altos en comparación con otros países de la región.

2020: La llegada de la pandemia provocó el cierre masivo de empresas y restricciones a la movilidad, lo que disparó el desempleo hasta un 20,2% en mayo, una de las cifras más críticas registradas en la historia del país (DANE, 2020).

2021–2023: Con la reactivación económica, el desempleo empezó a descender, llegando al 9,3% en 2023. Sin embargo, la recuperación se dio principalmente en empleos informales y de baja calidad.

2024: Aunque la tasa se ha mantenido cercana al 9%, los retos persisten: la informalidad supera el 56% y gran parte de los trabajadores carecen de acceso a seguridad social y estabilidad contractual.

Ocampo (2015) señala que “el desempleo en Colombia refleja no solo choques coyunturales, sino una estructura productiva débil y altamente dependiente de sectores primarios”, lo que explica la dificultad para generar empleos formales y de calidad en el largo plazo.

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Evolución de la inflación en Colombia (2015–2024)

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Evolución de la inflación en Colombia (2015–2024)

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Durante la segunda mitad de la década pasada, la inflación en Colombia se mantuvo relativamente controlada, en línea con la meta de largo plazo del Banco de la República (3%). Sin embargo, eventos coyunturales generaron variaciones significativas.

2015–2019: La inflación osciló entre el 3% y el 6%, influenciada principalmente por fenómenos climáticos como El Niño, que incrementaron el precio de los alimentos, y por la devaluación del peso colombiano.

2020: La pandemia redujo la demanda agregada y, por ende, la inflación se situó en niveles bajos (1,61%), reflejando la contracción económica.

2021–2022: Se dio un fuerte repunte inflacionario, alcanzando el 13,1% anual en diciembre de 2022, el nivel más alto en dos décadas. Este fenómeno se explicó por la crisis en las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania, el encarecimiento del transporte internacional y la depreciación del peso frente al dólar (Banco de la República, 2023).

2023–2024: Gracias al endurecimiento de la política monetaria, que elevó la tasa de interés de intervención hasta el 13,25%, y a la disminución de los precios internacionales de energía y alimentos, la inflación empezó a descender. A mediados de 2024, se ubicó en torno al 7%, mostrando señales de convergencia hacia la meta del 3%.

Este comportamiento evidencia cómo factores externos y domésticos influyen en el poder adquisitivo de los hogares colombianos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, cuyo consumo se concentra en bienes básicos como alimentos y transporte.