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El Caso Moya Solís vs. Perú trató sobre la destitución de Norka Moya Solís, secretaria judicial que en 1982 no fue ratificada en su cargo mediante un proceso que careció de garantías mínimas ya que no se le informó con claridad de las acusaciones, no pudo defenderse adecuadamente ni recibió una decisión motivada. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 2021 que el Estado peruano violó su derecho al debido proceso, a la legalidad, a la protección judicial y a permanecer en un cargo público bajo condiciones de igualdad, siendo el fallo que resaltó que todo procedimiento que pueda llevar a la remoción de un funcionario debe respetar las garantías propias de un proceso sancionatorio, por ultimo como reparación, se dispuso indemnización y medidas de satisfacción, siendo este caso la evidencia de la necesidad de que el Perú garantice evaluaciones y ratificaciones transparentes, motivadas y respetuosas de los derechos humanos para evitar decisiones arbitrarias.

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El caso Moya Solís vs Perú es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se concluyó que el Estado peruano violó varios derechos de la señora Norka Moya Solís, quien fue Secretaria Judicial en Lima. Asimismo, la Corte determinó que se infringieron las garantías judiciales, el principio de legalidad, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial, todos amparados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El proceso de no ratificación de Moya Solís en su cargo se realizó sin respetar el debido proceso: no se le informó de manera adecuada sobre las acusaciones, no se le dio tiempo ni medios suficientes para su defensa, y la decisión no estuvo debidamente motivada ni basada en normas claras, vulnerando así el principio de legalidad. Además, el recurso de amparo que ella presentó fue inefectivo, tardando más de 15 años en resolverse, lo que también fue parte de la violación.

También, la Corte señaló que esta irregular separación afectó de forma arbitraria sus derechos políticos al impedirle continuar en un cargo público. Se ordenaron varias medidas de reparación para remediar estas violaciones al Estado peruano.

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La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clave. Su fallo muestra que, si la justicia nacional no funciona o se retrasa demasiado, existen mecanismos internacionales que pueden intervenir para corregir las violaciones. Es un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, y los derechos de las personas deben ser respetados.

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Sobre el Caso Moya Solís vs Perú (Corte IDH, 2021):

Norka Moya Solís fue secretaria judicial en Lima desde 1979. En 1982 no fue ratificada en su cargo sin que le explicaran claramente los criterios ni le dieran oportunidad real de defenderse.

La Corte Interamericana concluyó que Perú violó sus derechos al debido proceso, defensa, motivación de las decisiones, acceso a la justicia, igualdad y estabilidad en el cargo.

El Estado fue condenado a:

Reconocer su responsabilidad y publicar la sentencia.

Ofrecerle reincorporación o pagarle una indemnización (ella eligió compensación).

Adoptar medidas para que no se repitan situaciones similares.

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Moya Solís vs. Perú es importante porque visibiliza cómo las normas y decisiones estatales pueden violar derechos humanos fundamentales. A través del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el video destaca la importancia del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la no discriminación por orientación sexual. Además, refuerza el valor del debido proceso y del acceso a una justicia imparcial. Este caso sirve como ejemplo para evitar futuras violaciones y promueve el respeto a los derechos constitucionales, especialmente en instituciones como las fuerzas armadas.

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El caso Moya Solís Vs. Perú es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable al Estado peruano por violar varios derechos de la señora Norka Moya Solís, quien fue separada de su cargo de secretaria judicial en un proceso de "no ratificación" sin que se respetaran el debido proceso y otras garantías legales.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos