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El conflicto de ucrania nos sirve de alerta para determinar qué se requiere una reforma de la onu para encontrar la paz.
El consejo de seguridad necesita buscar soluciones innovadoras.

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Brasil es parte de la solución en cuanto al medio ambiente, todavía el 2/3 del territorio brasilero sigue cubierto por vegetación y más del 80% de los bosques siguen intactos.
Los pueblos originarios, la flora y fauna permanecen en gran estado de conservación.

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Abrir fronteras para cooperar con la paz. 

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Abrir fronteras para cooperar con la paz. 

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Personas de diferentes paises llegan a Brasil, los ciudadanos venezolanos encontraron asistencia de emergencia y protección, todos ellos tienen acceso a su documentación personal y al mercado laboral, servicios públicos y prestaciones sociales.
Muchos llegan a pie y la mayoría son mujeres y niños/as, en situaciones fisicas deteriorables y los cuales huyen de la violencia y del hambre que pasan.
No solo se reciben venezolanos, también haitanos, sirios, afganos y ucranianos, quienes llegan en situaciones similares.

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Si bien la agenda de los DDHH es amplia, se hizo especial enfasis a los derechos de las mujeres, se aprobó 70 normas jurídicas sobre esta tema.
Esto llevó a que las cifras de femicidios disminuyan, han disminuido un 7,7%. En relación la violencia en zonas rurales también disminuyó y se logró otorgar titulos de propiedad al 80% de las mujeres brasileras.
El gobierno de Brasil está dispuesto a velar y garantizar: libertad de expresión, libertad de religión y derechos de la mujer,

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A pesar de las dificultades que acarrea una pandemia y la incertidumbre del momento, Brasil logró que el 80% de su población se vacune de forma completa contra el Covid 19.
A su vez consiguió la producción de nacional de vacunas contra el Covid-19.
Cómo bien sabemos, la pandemia golpeó fuertemente el sistema financiero y los puestos de trabajo de los paises, para proteger esto Brasil garantizó asistencia financiera para los grupos más necesitadosy se intentó proteger los ingresos familiares, se logró financiar a 1/3 de su población.

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Brasil impulsa la integración de refugiados y migrantes venezolanos, pero aún quedan muchos retos por superar

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Si bien el marco jurídico brasileño es favorable, muchas de estas personas enfrentan obstáculos en el acceso a servicios sociales, el mercado laboral formal y el sistema educativo Un estudio de agencias de la ONU indica que los niños venezolanos tienen un 53% menos de probabilidades de ir a la escue…

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Argentina, un país amigable con los refugiados

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Argentina, un país amigable con los refugiados

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Un 79% de los argentinos está de acuerdo con que las personas deberían poder refugiarse en otros países, incluso en la Argentina, para escapar de la guerra o la persecución. El dato surge del estudio "Actitudes globales hacia los refugiados" ("Global Attitude Towards Refugees"), realizado entre el 21 de mayo y el pasado 4 de junio de este año por la consultora de investigación de mercado IPSOS. El objetivo fue medir la apertura de las comunidades con las personas refugiadas. Fueron encuestadas en total 19.510 personas adultas de entre 16 y 74 años, pertenecientes a 28 países, y los argentinos resultaron ser una de las poblaciones más amigables con los refugiados. ​​​​​​​

Frente a la misma pregunta, en el estudio de 2019, un 74% de la población de nuestro país estaba de acuerdo con la premisa, y en 2020 ese número ascendía a 76%, lo cual significa un aumento de 5 puntos en un lapso de dos años.

Un 79% de los argentinos está de acuerdo con que las personas deberían poder refugiarse en otros países, incluso en la Argentina.

Estos números cobran mayor relevancia en tanto el pasado 20 de junio, con motivo del Día Mundial del Refugiado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicó su Informe de Tendencias Globales, que confirma un aumento sostenido y muy preocupante de los desplazamientos forzosos durante el último año.
Día Mundial del Refugiado: los argentinos, entre los pueblos más amigables
El Día Mundial del Refugiado se conmemora cada 20 de junio y fue establecido en el año 2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de dar visibilidad a la mayor crisis humanitaria de la historia desde la Segunda Guerra Mundial, y reconocer los derechos de todas las personas que se vieron forzadas a huir de sus hogares.  En este sentido, son muchas las personas abiertas a recibir e integrar a los refugiados, personas que huyen de sus hogares para salvar sus vidas, en su país y Argentina se destaca en ese grupo de países.

En el trabajo realizado por IPSOS, el 79% de los argentinos encuestados se mostró a favor de que el país acoja a los refugiados, seguido por Italia (79%), Brasil (78%), Países Bajos (78%) y Chile (77%).

Otro dato que ubica a nuestra población entre las más receptivas con los refugiados es el nivel de confianza sobre su integración en nuestro país. El 60% de los argentinos encuestados cree que las personas refugiadas lograrán adaptarse de manera exitosa a la sociedad, más allá de las dificultades que implica el proceso. La muestra en otros países también refleja esta apertura para la integración de los refugiados en el país consultado: Arabia Saudita con un 76% de aprobación, India con un 68% y Brasil con 58%, entre otros.

"Nos encontramos frente a una crisis humanitaria que año a año se profundiza. Desde Fundación ACNUR Argentina compartimos nuestro orgullo con todos los argentinos por ser uno de los países del mundo más amigables con los refugiados", afirmó Carolina Martinenghi.

En este sentido, ACNUR trabaja en pos de encontrar soluciones duraderas que les permitan a las personas refugiadas recomponer su presente ya sea a través del reasentamiento en otro país, de su integración en la comunidad de acogida o bien a través de la repatriación voluntaria a sus hogares, si el contexto lo permitiera.

" Nos encontramos frente a una crisis humanitaria que año a año se profundiza. El compromiso de toda la sociedad es fundamental. Desde Fundación ACNUR Argentina compartimos nuestro orgullo con todos los argentinos por ser uno de los países del mundo más amigables con los refugiados ", afirmó Carolina Martinenghi, Directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina.
La mayoría de las personas en los países encuestados (70% en promedio) apoyan el principio de buscar refugio de la guerra y la persecución, pero pocos (14% en promedio) están abiertos a permitir que más refugiados ingresen a su país a raíz de la pandemia. Informe de Tendencias Globales 2020 de ACNUR
Según este informe, publicado el 20 de junio en Ginebra, Suiza, el número de personas que han huido de las guerras, violencia, persecución y violación de los derechos humanos hacia finales de 2020 alcanza casi los 82,4 millones de personas, un aumento del 4% sobre la cifra récord de 79,5 millones alcanzada al final de 2019. Es decir: más del 1% de la población mundial se vio obligada a dejar sus hogares para salvar sus vidas y necesita ayuda para sobrevivir. Hay el doble de personas desplazadas forzosas hoy que en 2011, cuando el total era algo inferior a 40 millones.

Las niñas y niños menores de 18 años representan el 42% de todas las personas desplazadas forzosas. Y estimaciones recientes de ACNUR muestran que casi un millón de niñas y niños han nacido como refugiados entre 2018 y 2020, y muchos de ellos pueden seguir siendo refugiados durante muchos años.

El informe también señala que e n 2020, durante el pico de la pandemia, más de 160 países habían cerrado sus fronteras, 99 de los cuales no hacían excepciones con las personas que querían pedir protección. Al mismo tiempo que las personas seguían huyendo a través de las fronteras, muchísimas se veían obligadas a desplazarse dentro de sus propios países, impulsadas fundamentalmente por las crisis de Etiopía, Sudán, los países del Sahel, Mozambique, Yemen, Afganistán y Colombia.

Casi un millón de niñas y niños han nacido como refugiados entre 2018 y 2020, y muchos de ellos pueden seguir siendo refugiados durante muchos años.

Por su parte, el reasentamiento de refugiados registró una drástica caída a lo largo de 2021, con solo 34.400 refugiados reasentados durante el año, el nivel más bajo en 20 años, resultado del reducido número de plazas de reasentamiento disponibles y del COVID-19.

En cuanto a la situación en Argentina, a diciembre de 2020 la población de interés para el ACNUR en el país alcanzaba las 185.342. Entre ellas, 3.988 personas refugiadas (cuyas principales nacionalidades son colombiana, peruana y siria), 9.247 solicitantes de asilo (cuyas principales nacionalidades son venezolana, senegalesa y cubana), 448 personas que ingresaron a través del Programa Siria y 171.659 personas venezolanas desplazadas en el extranjero.
Ponchos Azules. Abrazar y abrigar con tu ayuda.
Con el objetivo de invitar a la sociedad a sumar su apoyo y comprometerse con la causa de los refugiados y desplazados, la Fundación ACNUR Argentina lleva adelante desde 2020 la iniciativa "Ponchos Azules", que reconoce el espíritu solidario de los argentinos a través de la puesta en valor del poncho, símbolo legendario que transmite y proyecta el sentimiento de orgullo nacional. Este año, el concepto sobre el que trabaja la campaña es el de INADMISIBLE: un Poncho Azul es alguien que actúa frente a esta realidad inadmisible para dar una mano que abraza y contiene.

Ya son más de 240 mil los Ponchos Azules en el país. Firmar y convertirse en un Poncho Azul es un gesto de apoyo muy importante para que la organización pueda continuar su labor.

El diseño de la pieza fue creado y donado generosamente por Benito Fernández quien, una vez más, demostró su compromiso con la causa de los refugiados. Por estos días, muchas figuras públicas y reconocidas exhiben el poncho a través de sus redes sociales o de programas de TV, para reconocer la misión del ACNUR alrededor del mundo y continuar generando conciencia, entre ellos,  Osvaldo Laport, Embajador Regional de Buena Voluntad de ACNUR para América Latina desde 2006.

Ya son más de 240 mil los Ponchos Azules en el país. Firmar y convertirse en un Poncho Azul es un gesto de apoyo muy importante para que la organización pueda continuar su labor de brindar protección, alimentación, refugio, salud, educación y asistencia, como lo hace desde hace 70 años en 135 países.

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Argentina nuevamente entre los países más amigables con los refugiados - Fundación ACNUR Argentina

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Un 79% de los argentinos está de acuerdo con que las personas deberían poder refugiarse en otros países, incluso en la Argentina, para escapar de la guerra o la persecución. El dato surge del estudio "Actitudes globales hacia los refugiados" ("Global Attitude Towards Refugees"), realizado entre el 21 de mayo y el pasado 4 de junio de este año por la consultora de investigación de mercado IPSOS.

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Niño/as refugiados de la guerra en Ucrania

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Niño/as refugiados de la guerra en Ucrania

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La guerra en Ucrania supone una amenaza inmediata para los niños y niñas

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UNICEF está trabajando para aumentar su ayuda esencial a los niños, niñas y sus familias

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Invasión de Rusia a Ucrania, ¿Una lápida para el multilateralismo?

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Invasión de Rusia a Ucrania, ¿Una lápida para el multilateralismo?

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mezcladas en el mismo remolino con pedazos de diario y jirones de afiches".
Mario Benedetti. Gracias por el fuego.

La invasión decretada por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin sobre Ucrania da cuenta del fracaso de la diplomacia y representa un golpe brutal al multilateralismo global, que tiene en su centro a la Organización de las Naciones Unidas. A primera vista, las negociaciones en curso dan cuenta de la preferencia de los países, particularmente las potencias globales, por relacionarse al margen de las instancias multilaterales vinculadas con los asuntos de la paz y seguridad internacionales. En tal sentido, resulta evidente la incapacidad del Consejo de Seguridad para abordar eficazmente asuntos globales de alta relevancia, en tanto su actuación está severamente condicionada por el poder de veto de los miembros permanentes. Y ante su inacción, la Asamblea General de Naciones Unidas, que posee un rol subsidiario en materia de paz y seguridad -teniendo como antecedente la resolución Unión pro Paz de 1950- tampoco se aprecia determinante al respecto.

La resolución adoptada el 2 de marzo pasado en la Asamblea, exige a la Federación de Rusia que "retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente". El documento fue apoyado por 141 de los 193 miembros de la Organización, con 35 abstenciones y cinco votos en contra, por parte de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. No obstante, al revés de las resoluciones del Consejo de Seguridad, el texto no tiene un carácter vinculante, aunque demuestra un respaldo político generalizado a la causa de Ucrania.

El conflicto entre Rusia y ese país se remonta al año 2014, cuando en febrero de ese año manifestantes ucranianos derrocaron al presidente prorruso Víktor Yanukóvich, en medio de manifestaciones centradas en la plaza principal de Kiev, también denominada el Maidán. El mismo año está marcado por la invasión y posterior anexión de Rusia de la península ucraniana de Crimea. En 2022 el conflicto está definido por el deseo de Moscú de desmilitarizar y neutralizar a Ucrania, evitando que ingrese a la OTAN, una pretensión que Rusia percibe como una amenaza directa a su seguridad nacional. Pero en el fondo, el deseo de Putin es recuperar espacios en un escenario internacional determinado por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, pretendiendo volver a un glorioso pasado de superpotencia, estatus perdido luego del fin del conflicto bipolar y la implosión de la Unión Soviética.

En esta búsqueda por el poder y posicionamiento global, Rusia estaría tratando de romper el asedio internacional, manteniendo a ciertos actores extrarregionales fuera de su patio trasero estratégico, como es el caso de la OTAN, con la protagónica presencia de Estados Unidos, y la Unión Europea, considerando que la economía rusa y su demografía dan cuenta de un marcado estancamiento desde hace años, y que Ucrania representa una fuente de conflicto prácticamente desde su independencia el año 1991. Este enfrentamiento demuestra una ya conocida preocupación estadounidense, detallada por Zbigniew Brzezinski en su ya clásico libro The Grand Chessboard. American primacy and its geostrategic imperatives (1997), cual es la centralidad geopolítica de Eurasia en la política global.

Así las cosas, el 24 de febrero de 2022 Putin anunciaba el despliegue de una operación militar especial en Ucrania, tras el reconocimiento de la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Seguidamente, las tropas del "oso ruso" cruzaban las fronteras de Ucrania, bombardeando ciudades como Kiev, Járkov o Mariúpol, además de la captura de la planta nuclear de Chernobyl. Lejos de la rendición, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó el despliegue militar de sus fuerzas "con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y otras formaciones militares".

En ese contexto, al día de hoy más de dos millones de ucranianos, sobre todo mujeres y niños, se han visto obligados a huir del país, y han muerto más de 2000 civiles, además de la devastadora destrucción sobre la infraestructura urbana, donde se cuentan colegios y hospitales, demostrando una vez más que la población civil es la que sufre más fuertemente los rigores de la guerra. Quienes se mantienen en Ucrania, participan activamente de la defensa del país, construyendo barricadas, preparando emboscadas y fabricando cócteles molotov para resistir las imponentes tropas rusas.

A primera vista, la victoria de Rusia es cuestión de tiempo. Su poder bélico es aplastante. Dejando de lado su poder nuclear, que incluso ha amenazado llegar a utilizar. Pero en el largo plazo ¿realmente gana poder la Rusia de Putin? Más allá del despliegue de su musculatura militar, lo cierto es que Putin se va quedando sólo, dañando de manera brutal el posicionamiento global de Rusia. Su poder duro es evidente, pero no así su poder blando, es decir, su habilidad para ser un país reconocido y admirado y, en suma, un líder para la comunidad de naciones. No se puede ser un líder sin seguidores.

El creciente aislamiento ruso va de la mano de una serie de sanciones desde la comunidad internacional. A fines de enero pasado Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá acordaron excluir a los bancos rusos del sistema financiero SWIFT, que es el que permite los procesos de pagos entre instituciones financieras en unos 200 países. Asimismo, tales países han congelado los activos del Banco Central ruso. Además, Estados Unidos ha anunciado el cierre de su espacio aéreo para aeronaves rusas, decisión que ya había sido adoptada por la Unión Europea y Canadá. En línea con lo anterior, numerosos países han decretado prohibiciones a la exportación de bienes, tecnología y servicios para la industria petrolera y aeroespacial.

Conjuntamente con las sanciones gubernamentales, numerosas empresas han congelado sus actividades en Rusia, como es el caso de las petroleras ExxonMobil, Shell y BP. La industria del entretenimiento no ha quedado fuera, en tanto los estudios cinematográficos estadounidenses, como Disney, Paramount o Warner, no exhibirán sus películas en cines rusos. En el ámbito del deporte, las federaciones internacionales no están permitiendo que los equipos y atletas rusos participen en las competencias.

Internamente, las sanciones ya empiezan a tener efectos en Rusia, como lo demuestra la oleada de manifestaciones y protestas que se están expresando en contra de la guerra. También están atizando el descontento entre los oligarcas rusos, que ven sus fortunas severamente afectadas por las restricciones. En ese marco, el régimen de Putin está viviendo numerosas críticas y fragmentaciones en un frente interno que se resquebraja rápidamente. Y en el plano externo, claramente el ataque de Rusia a Ucrania está generando un efecto indeseado en este país, propiciando una oleada patriótica y heroica aglutinada alrededor del Presidente Zelenski, que de sus orígenes de comediante ha devenido en un respetado líder, admirado en el ámbito doméstico y exterior.

En la esfera internacional, tal cual lo expresa la antes mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, una vasta mayoría de países ha condenado la invasión rusa sobre Ucrania, demostrando una profunda solidaridad con la situación que atraviesa éste país. La Unión Europea ha condenado también la invasión, avanzando en posiciones comunes en materia de política exterior, dando igualmente protagonismo al presidente francés, Emannuel Macron, quien ha buscado acercar posturas con el líder ruso. A su vez, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) reiteró su condena a la operación militar rusa en Ucrania, expresando su "máximo apoyo" al pueblo ucraniano y a sus "líderes electos democráticamente". Por su parte, el Consejo de Europa ha decidido suspender la participación de los delegados rusos en las principales instancias de la organización paneuropea.

En suma, el ataque de Rusia a Ucrania ha impulsado la cohesión internacional y el accionar conjunto. Ciertamente, ha desnudado las debilidades del multilateralismo global, como es el caso de la escasa operatividad y oportunidad que exhibe el Consejo de Seguridad en momentos críticos de la gobernanza global, pero, por otro lado, denota un notable accionar colectivo de las instancias regionales, particularmente en el ámbito europeo. No estamos en presencia de la muerte del multilateralismo, sino de una actividad multilateral dinámica y flexible, que se mueve entre obstáculos y sinuosidades. Toda amenaza genera cohesión en un sistema social dado, y ello ha sido justamente el efecto no deseado de Putin.

Doctor en Relaciones Internacionales
IRI - UNLP

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Invasión de Rusia a Ucrania: ¿una lápida para el multilateralismo?

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"No están inmóviles las hojas. Ni siquiera las caídas y secas, allá abajo, mezcladas en el mismo remolino con pedazos de diario y jirones de afiches". Mario Benedetti. Gracias por el fuego.

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guerra en Ucrania: el medio ambiente como daño colateral del conflicto

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guerra en Ucrania: el medio ambiente como daño colateral del conflicto

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Tras seis meses de conflicto, la medición del impacto medioambiental de la guerra en Ucrania está aún en pañales. Los centros industriales ucranianos, atacados por Rusia, han liberado sustancias peligrosas para el ser humano y la naturaleza. La biodiversidad se ha visto especialmente afectada por los combates: el suelo, los ríos, los animales y las plantas ya están sufriendo. Pero el alcance de los daños sólo se conocerá cuando la guerra haya terminado.

Un tanque de infantería ruso arde lentamente a lo largo de una carretera ucraniana. En seis meses de guerra, Rusia ha perdido 5.420 vehículos militares en Ucrania, según Estados Unidos. Casi otros tantos restos de chatarra han sido abandonados, a veces en medio de la nada, lo que preocupa a los activistas del Grupo de Conservación de la Naturaleza de Ucrania (UNCG).

"La capacidad de los depósitos de las cisternas rusas puede oscilar entre 500 y 1.600 litros", subraya este grupo ecologista. Aunque algunos de estos tanques estaban vacíos, "una cierta cantidad de petróleo se escapó". Los lubricantes y el gasóleo contienen plomo y otros metales pesados, arenosos policíclicos presentes en todos los combustibles fósiles y otros compuestos orgánicos volátiles", advirtió la ONG.

La contaminación de los ríos y suelos ucranianos sigue siendo uno de los principales temores de los ecologistas. Esta preocupación está justificada en este país, uno de los más industrializados de Europa, que cuenta con un stock de 6.000 millones de toneladas de residuos líquidos procedentes de la actividad minera e industrial. Durante los últimos seis meses, estos lugares han sido objetivos frecuentes de los ataques rusos.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el conflicto ha causado daños en muchas zonas, con incidentes en centrales e instalaciones nucleares, infraestructuras de petróleo y gas, como refinerías, plataformas de perforación, oleoductos de distribución, minas de carbón y emplazamientos agroindustriales. En estas explosiones se liberaron sustancias peligrosas, como disolventes, fertilizantes y ácido nítrico.
"Envenenamiento del aire"
Dada la magnitud del fenómeno, la ONU ha advertido de un "legado medioambiental tóxico" para Ucrania y su región. El Ministerio de Ecología ucraniano habló de "envenenamiento del aire" por "sustancias especialmente peligrosas". "Los contaminantes pueden ser transportados por los vientos a grandes distancias", advirtió Kiev en un informe de julio, tras registrar numerosos incendios provocados por los ataques rusos a gasolineras y centros industriales, incluida la central térmica de Vouhlehirsk, en la región de Donetsk.

Cerca de la ciudad de Ternopil, al este de Lviv, las muestras de agua del río mostraron niveles de amoníaco 163 veces superiores a los normales, y de nitrato 50 veces más altos, después de que los restos de un misil ruso cayeran sobre una fábrica de fertilizantes.

Además, el Grupo de Conservación de la Naturaleza de Ucrania llama la atención sobre la contaminación causada por el azufre que contienen las bombas "que destruyen las semillas y las raíces de las hierbas con el ácido sulfúrico que se forma al contacto con el agua". "Este conflicto es extremadamente contaminante en su intensidad y extensión. Ninguna región de Ucrania se ha librado", dijo Nickolai Denisov, director de la ONG suiza 'Zoi Environment Network'.
Riesgo para la biodiversidad
Ucrania tiene muchas zonas protegidas con especies únicas. La UNCG ha elaborado una lista de una veintena de plantas endémicas cuya conservación está amenazada por las explosiones, el paso de vehículos militares y los devastadores incendios que nadie apaga en las zonas de combate.

Una de cada tres hectáreas destruidas por el fuego en Ucrania es una zona protegida, afirma la ONG, que ha contabilizado más de 37.000 incendios provocados por los ataques entre febrero y junio -sólo cuatro meses de guerra- basándose en los datos recogidos por las imágenes de satélite de la NASA. "Estas plantas se encuentran en los territorios ocupados por Rusia, donde se producen bombardeos a gran escala. Si perdemos estas especies en su entorno natural, las perderemos para siempre", lamentan los activistas.

Más inesperadamente, los delfines tampoco se salvan. En el Mar Negro, las emisiones de sonar de los buques de guerra destruyen el oído interno de estos animales y perturban su vida cotidiana. Cerca de 3.000 cetáceos han aparecido muertos en las costas de la región desde el inicio del conflicto, según un recuento realizado por científicos turcos, ucranianos, rumanos y búlgaros.

KARADENİZ KIYILARINDA GÖRÜLEN OLAĞANDIŞI YUNUS ÖLÜMLERİ HAKKINDA Son bir aydır Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz kıyılarında tırtak türü (Delphinus delphis) yunusların ölümlerinde olağandışı bir artış gözlenmektedir. pic.twitter.com/Myq8WLNLwe
- Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) (@TudavTudav) March 26, 2022

Ucrania es también una zona de tránsito para las aves migratorias, y la costa del Mar Negro es una zona de anidación. Varias reservas naturales, situadas en zonas de combate, desempeñan un "papel extremadamente importante en la conservación de las poblaciones de muchas especies de aves a escala europea", afirma el Grupo de Conservación de la Naturaleza de Ucrania. Sin embargo, los agentes de conservación ya no pueden visitar estas zonas. "Descubriremos el alcance de los daños más adelante", lamentan los activistas medioambientales.
Censos de campos de batalla
"Creemos que mientras los soldados de las fuerzas armadas ucranianas luchan para detener el genocidio del pueblo ucraniano, el frente ecologista debe garantizar la prevención del ecocidio", dijo la ONG. "Nos faltan datos precisos, porque de momento es imposible hacer encuestas en las zonas de combate, ya sea porque hay minas o porque son líneas de frente o territorios ocupados. Pero sigue siendo esencial medir el impacto de la guerra con precisión", explica Oleksiy Vasyliuk, director del UNCG.

"Esto llevará tiempo una vez que la guerra haya terminado. Mientras tanto, hay que documentar lo más posible los combates para poder medir sus consecuencias en el medio ambiente", advierte Nickolai Denisov, cuya ONG, apoyada por las Naciones Unidas, ha publicado un mapa interactivo de los riesgos medioambientales de esta guerra.

Por su parte, el Gobierno ucraniano está haciendo un inventario diario de los daños medioambientales atribuidos a los rusos y está estudiando la posibilidad de solicitar una indemnización por los daños causados ante los tribunales internacionales. Mientras tanto, Kiev ya se ha comprometido a llevar a cabo un plan de restauración medioambiental financiado por la Unión Europea y otros socios, cuyas líneas generales se presentaron en julio. El plan incluye la replantación de árboles y la construcción de numerosos centros de rehabilitación para animales salvajes.

Sin embargo, varias organizaciones ecologistas se muestran recelosas. Acusan al Gobierno ucraniano de aprovechar la oportunidad para aumentar la cantidad de tierra cultivable a expensas de los bosques y acelerar la tala de árboles. Han enviado una carta a la Comisión Europea pidiéndole que garantice que la iniciativa, que incluye miles de millones de euros en subvenciones y préstamos, vaya acompañada de fuertes condiciones medioambientales.
*Artículo adaptado de su versión original en francés

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Seis meses de guerra en Ucrania: el medio ambiente como daño colateral del conflicto

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Tras seis meses de conflicto, la medición del impacto medioambiental de la guerra en Ucrania está aún en pañales. Los centros industriales ucranianos, atacados por Rusia, han liberado sustancias peligrosas para el ser humano y la naturaleza. La biodiversidad se ha visto especialmente afectada por los combates: el suelo, los ríos, los animales y las plantas ya están sufriendo.

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Países europeos, ¿ambientalistas?. Usan carbón para paliar la crisis energética

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Países europeos, ¿ambientalistas?. Usan carbón para paliar la crisis energética

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El nuevo uso de más carbón en Europa por la crisis energética será un bache de corta duración - El Periódico de la Energía

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El aumento de compras es coyuntural y no brindará oportunidades significativas para expandir la infraestructura de carbón.

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La Conab prevé un nuevo récord de producción de cereales, en Brasil, con 312,4 millones de toneladas en la cosecha 2022/23

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La producción brasileña de cereales puede alcanzar los 312,4 millones de toneladas en la cosecha de 2022/23. De confirmarse, el volumen superará en 41,5 millones de toneladas el récord obtenido en la temporada recién terminada, cuando se cosecharon 270,9 millones de toneladas. Es lo que señala la 1…

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Niños, niñas o adolescentes migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe

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Niños, niñas o adolescentes migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe

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Niños, niñas o adolescentes migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe

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Conoce por qué es importante la educación y lo que hacemos para que todos y todas aprendan.

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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, destacó este martes en Nueva York el trabajo de su país en la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

"Hemos anticipamos la meta de alcanzar la neutralidad climática de 2060 a 2050. También hemos duplicado los recursos humanos y financieros destinados al fortalecimiento de los organismos ambientales, con miras a eliminar la deforestación ilegal", dijo.

Bolsonaro hizo esas afirmaciones en la sede de la ONU durante la apertura de la semana de alto nivel de la Asamblea General. Tras celebrarse virtualmente el año pasado debido a la pandemia de coronavirus, la reunión de este año cuenta con un formato híbrido don algunos líderes mundiales presentes en persona y otros a través de intervenciones virtuales. Como sucede desde 1955, Brasil inauguró el debate general.

Un ejemplo sobre medio ambiente y acción climática

Para el presidente brasileño, los resultados de esta acción sobre el clima "ya han empezado a aparecer". En la Amazonia, destacó la reducción del 32% de la deforestación en el mes de agosto, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Presentó al país como "un ejemplo en la generación de energía", con un 83% de esta procedente de fuentes renovables, y dijo que buscará el consenso sobre las reglas del mercado mundial de créditos de carbono en la Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP26) que comienza a finales de octubre en Glasgow.

"Esperamos que los países industrializados cumplan efectivamente sus compromisos de financiación climática en volúmenes relevantes", dijo Bolsonaro.

Recordó que el sector agrícola de su país alimenta a más de mil millones de personas en el mundo, utilizando sólo el 8% del territorio nacional, y aseguró que "ningún país del mundo tiene una legislación ambiental tan completa."

"Nuestro Código Forestal debe ser un ejemplo para otros países", aseguró.

Reconoció que el país enfrenta "grandes desafíos ambientales", por ser una nación de dimensiones continentales. Sólo la región amazónica equivale a la superficie de toda Europa Occidental

Para él, "el futuro de los empleos verdes está en Brasil a través de las energías renovables, la agricultura sostenible, la industria de bajas emisiones, el saneamiento básico, el tratamiento de residuos y el turismo".

También recordó que el 14% del territorio nacional, una superficie equivalente a la de Alemania y Francia juntas, está destinado a reservas indígenas. "En estas regiones, 600.000 indígenas viven en libertad y cada vez más quieren utilizar sus tierras para la agricultura y otras actividades", dijo.

La pandemia y el empleo

Hasta el 20 de septiembre, se han confirmado más de 21 millones de casos de COVID-19 en Brasil. Con 590.508 muertes notificadas a la Organización Mundial de la Salud, la cifra sólo es superada por la de Estados Unidos.

Bolsonaro dijo que "la pandemia tomó a todos por sorpresa en 2020" y que su Gobierno "lamenta todas las muertes que ocurrieron en Brasil y en el mundo."

Dijo que " siempre defendió la lucha contra el virus y el desempleo de forma simultánea y con la misma responsabilidad" y señaló las "medidas de aislamiento y bloqueo" que han "dejado un legado de inflación, sobre todo en los alimentos en todo el mundo."

Hasta el 17 de septiembre, según las cifras comunicadas a la agencia de la ONU para la salud, se han administrado más de 207 millones de dosis de vacuna en Brasil, lo que significa que más del 66% de la población ha recibido algún tipo de inmunización.

Bolsonaro aseguró que, hasta noviembre, todos los que decidan vacunarse en Brasil serán atendidos.

Mantenimiento de la paz y refugiados

Sobre los asuntos internacionales, el jefe de Estado recordó la participación de su país en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, desde Suez hasta el Congo, pasando por Haití y el Líbano.

También destacó que Brasil " siempre ha acogido a los refugiados" y mencionó los 400.000 venezolanos que el país ha recibido en los últimos años.

Mostrando su "profunda preocupación" por el futuro de Afganistán, aseguró que Brasil "concederá visados humanitarios a los cristianos afganos, mujeres, niños y jueces".

En 2022, la nación sudamericana volverá a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, tras haber sido elegida por 181 países a principios de este año para un mandato de dos años como miembro no permanente.

A pesar de esta presencia, Bolsonaro concluyó su discurso diciendo que su país apoya una reforma del Consejo y busca un asiento permanente.

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El presidente de Brasil se compromete a que el país sea neutro en emisiones de carbono para 2050

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De esa forma, Bolsonaro adelanta este objetivo nacional en una década. El líder brasileño puso a su país como ejemplo tanto en la lucha medioambiental, como en otros aspectos como su compromiso con la paz y con los refugiados. Además, indicó que su Gobierno había luchado simultáneamente contra la pandemia de COVID-19 y el desempleo.

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Situación de los derechos humanos informado por el país.

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Situación de los derechos humanos informado por el país.

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Brasil 2019

El gobierno federal y los gobiernos estatales adoptaron medidas administrativas y legislativas con las que pusieron en práctica la retórica abiertamente contraria a los derechos humanos desplegada por el presidente Bolsonaro en la campaña electoral de 2018. El año también fue escenario de un aumento del número de homicidios cometidos por policías en servicio activo; graves crisis medioambientales en la Amazonía que afectaban de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, los quilombolas y otras comunidades locales tradicionales; intentos de restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y homicidios y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos.

Información general

El presidente y otros altos cargos mantuvieron un discurso abiertamente contrario a los derechos humanos que incluía declaraciones dirigidas a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Las autoridades federales promovieron varios decretos ejecutivos, medidas provisionales, anteproyectos de ley y otros instrumentos jurídicos que amenazaban con tener un impacto negativo en los derechos humanos en el país. Por ejemplo, se introdujeron una serie de medidas anticorrupción y de seguridad pública que contenían una definición de la defensa propia muy general e imprecisa que distaba mucho de ajustarse al derecho y las normas internacionales de los derechos humanos y que podía emplearse para justificar el uso excesivo de fuerza letal por parte de agentes del Estado. Se suavizó la normativa sobre la posesión y el transporte de armas de fuego y se adoptaron medidas para bloquear la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen militar.

Crisis medioambiental en la Amazonía

Al terminar el año, no había una política pública coherente ni de prevención de la deforestación y los incendios ni en materia de protección y recursos efectivos para las poblaciones afectadas. Tampoco se habían iniciado investigaciones independientes ni se habían tomado medidas integrales para hacer rendir cuentas a todas las personas implicadas en los incendios de la selva amazónica en 2019. Según el Instituto Socioambiental, en ocho meses ardieron alrededor de 435.000 hectáreas, lo que afectó a los medios de vida y la salud de comunidades rurales y urbanas, especialmente las comunidades indígenas y las comunidades quilombolas que vivían en la región. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial, agencia gubernamental brasileña encargada del seguimiento por satélite de la situación en la Amazonía, se calculaba que el ritmo de deforestación en los nueve estados de la Amazonía Legal brasileña fue de 9.762 km² en el periodo comprendido entre agosto de 2018 y julio de 2019. Este valor suponía un aumento del 29,54% en relación con el ritmo de deforestación calculado el año anterior, que había sido de 7.536 km². El mismo instituto confirmó un incremento del 30% de los incendios forestales en 2019, con 89.178 focos de incendio detectados por satélite.

Los devastadores incendios en la Amazonía eran el síntoma de una crisis mayor de deforestación ilegal y confiscación de tierras. Había indicios de que los incendios estaban vinculados a los intereses de la agroindustria, y de que se utilizaban sobre todo para convertir el bosque en pasto para el ganado, en algunos casos con la connivencia de las autoridades. La legislación brasileña contenía disposiciones firmes para la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las reservas medioambientales. Sin embargo, el presidente Bolsonaro trató activamente de socavar dichos mecanismos de protección. Como parte de la respuesta del gobierno a la crisis, el 29 de agosto, Bolsonaro firmó un decreto que prohibía durante 60 días las quemas para despejar tierras. Un funcionario de un organismo vinculado al Ministerio de Medioambiente de Brasil expresó preocupación por que el decreto sólo tendría efectos limitados, ya que la mayoría de las quemas recientes ya estaban prohibidas por la legislación vigente. Algunos representantes de ONG y funcionarios locales sostenían que muchas de las personas que iniciaban los incendios habían sido animadas por políticos y agricultores locales a ocupar terrenos situados en territorios indígenas y reservas medioambientales.[1]

Se detectó un patrón común que consistía en que se identificaban zonas de selva y se confiscaban ilegalmente, se talaban y eliminaban los árboles, y posteriormente se prendían fuegos (a menudo repetidas veces en la misma zona), para luego plantar hierba y finalmente introducir ganado. Por ejemplo, se había cercado la zona en torno a un incendio que en agosto había causado estragos en el territorio indígena de los manoki, en el estado de Mato Grosso, y líderes manoki contaron a Amnistía Internacional que creían que el propósito del incendio había sido facilitar la creación de pastizales para el ganado.

En noviembre, el presidente Bolsonaro declaró que esperaba que continuara la destrucción de la mayor selva del mundo, en referencia a la promesa de su campaña presidencial de abrir la Amazonía a más agricultura y minería. Aunque el ministro de Medio Ambiente afirmó que el gobierno esperaba reducir la deforestación ilegal en 2020, no señaló ningún objetivo concreto.

Derechos de los pueblos indígenas

El gobierno de Bolsonaro no cumplió con su obligación de proteger a los pueblos indígenas y, de hecho, adoptó varias medidas que aumentaron los riesgos que enfrentaban.

Por ejemplo, a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) se le retiraron algunas de sus competencias. El presidente Bolsonaro también reiteró algunas de sus declaraciones dirigidas a desacreditar y socavar al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. Ambas organizaciones habían desempeñado un papel fundamental de vigilancia y protección de la Amazonía, y debilitar sus competencias e influencia aumentaba los riesgos que enfrentaban los pueblos indígenas y sus líderes.

El reconocimiento y demarcación oficiales de territorios de los pueblos indígenas continuó siendo lento y en gran medida ineficaz. De hecho, la situación se agravó con la introducción de la Medida Provisional núm. 870/2019, que transfería las competencias de demarcación de la FUNAI al Ministerio de Agricultura y amenazaba con detener la demarcación de tierras indígenas y la resolución de títulos de propiedad de las tierras de comunidades quilombolas. La medida provisional fue criticada por la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas porque socavaba el papel de protección de los pueblos indígenas desempeñado por la FUNAI. En junio de 2019 la medida quedó derogada tras la aprobación de la Ley 13.844, y se devolvió el control de la FUNAI al Ministerio de Justicia. No obstante, seguía suscitando preocupación el hecho de que al concluir el año no se hubiera aprobado la medida definitiva.

Según un informe del Consejo Indigenista Misionero, entre enero y noviembre al menos 21 territorios indígenas en los que se había registrado la presencia de pueblos en aislamiento voluntario habían sido invadidos por madereros, prospectores, cazadores, pescadores y personas que trataban de adueñarse de las tierras y explotar sus recursos naturales. El estudio no incluía los territorios en los que estaban presentes los pueblos, sino territorios donde sus tierras todavía debían ser demarcadas y protegidas.

Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se vieron sometidos a una presión cada vez mayor por la ocupación ilegal de tierras perpetrada por madereros y otros intereses comerciales. La supervisión gubernamental de estas comunidades aisladas se redujo y, en algunos casos, era nula. Además, los líderes comunitarios y las personas defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas y ataques.

Por ejemplo, los pueblos indígenas de tres territorios del norte de Brasil -los pueblos karipuna y uru-eu-wau-wau en el estado de Rondônia y el pueblo arara en el estado de Pará- denunciaron confiscaciones ilegales de sus tierras ancestrales. Describieron cómo los invasores de tierras habían abierto nuevos caminos en la selva cerca de sus poblados. En los tres lugares, los líderes indígenas denunciaron reiteradamente ante las autoridades actividades ilegales de confiscación de tierras y extracción de madera, pero la respuesta de las autoridades fue limitada y esas actividades continuaron. Entre enero y abril de 2019, la Fiscalía Federal envió al menos cuatro cartas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública -responsable de la FUNAI- y al Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos en las que describía el deterioro de la seguridad en los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau, advertía del peligro de conflicto y solicitaba apoyo inmediato de la Fuerza de Seguridad Nacional. Al terminar el año, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos no se habían coordinado con la Fuerza de Seguridad Nacional para proteger los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau, y seguía sin elaborarse un plan de protección a largo plazo. Además, los líderes karipuna y uru-eu-wau-wau recibieron amenazas de muerte.[2]

Según el Consejo Indigenista Misionero, las invasiones de territorios indígenas, que habían aumentado de 96 en 2017 a 109 en 2018, se incrementaron espectacularmente en 2019, año en cuyos primeros nueve meses -de enero a septiembre- se registraron 160 casos. Los homicidios de indígenas, que habían aumentado de 110 en 2017 a 135 en 2018, parecían destinados a alcanzar cifras sin precedentes en 2019. Un informe de Global Witness señaló que el incremento de la cifra de homicidios de activistas medioambientales, incluidos líderes indígenas, estaba relacionado con la extracción de recursos naturales.

Una de las víctimas más recientes había sido Paulo Paulino Guajajara, líder guajajara de 26 años al que mataron en noviembre en el resguardo indígena Araribóia (estado de Maranhão). Era el cuarto integrante de los "Guardianes del Bosque" -grupo de 120 activistas guajajara que luchaba contra la extracción maderera ilegal en el resguardo Araribóia- que moría asesinado.

El gobierno brasileño no adoptó medidas efectivas para garantizar justicia por estos homicidios, y continuó criminalizando a las personas defensoras de los derechos humanos -sobre todo a las que trabajaban sobre cuestiones relativas al medioambiente, la tierra y el territorio-, lo que generaba un clima de temor y hacía de Brasil un lugar todavía más peligroso para defender los derechos humanos.

Policía y fuerzas de seguridad

Las autoridades federales y estatales adoptaron un discurso de línea dura que alimentaba la creciente violencia contra la población en general y contra las personas defensoras de los derechos humanos en particular.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, realizó declaraciones y llevó a cabo acciones relacionadas con la denominada "guerra contra las drogas", que continuaba empleándose como pretexto para realizar intervenciones policiales militarizadas que se caracterizaban por altos niveles de violencia policial, crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. En este contexto aumentaron los homicidios de presuntos delincuentes, especialmente de aquellos que, según las autoridades de seguridad, estaban implicados en narcotráfico.

Según cifras oficiales, entre enero y julio la policía mató a 1.249 personas en Río de Janeiro. Según un estudio de la Fiscalía Estatal de Río de Janeiro, dicha cifra suponía un incremento del 16% respecto al mismo periodo de 2018 (1.075 personas). Entre las personas muertas a manos de policías en servicio activo figuraban cinco niños negros que vivían en favelas y en comunidades desfavorecidas situadas en las afueras de ciudades de la región metropolitana de Río de Janeiro. El estudio dio lugar a que la Fiscalía de Río de Janeiro declarara que "Río t[enía] la policía más letal de Brasil, aunque no se halla[ba] entre los 10 estados más violentos del país".

La violencia generalizada también provocó una gran cantidad de muertes de policías. Según la Policía Militar del estado de Río de Janeiro, entre enero y septiembre de 2019, 39 agentes habían muerto de manera violenta en el estado, lo que suponía un descenso del número de estas muertes en Río de Janeiro.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En consonancia con las declaraciones efectuadas durante la campaña de las elecciones presidenciales, el presidente Bolsonaro, que había criticado reiteradamente el trabajo de las ONG, creó el Departamento para las Relaciones con Organizaciones No Gubernamentales a través de medidas legislativas, como la Medida Provisional 870 y el Decreto núm. 9.669/2019, que parecían diseñadas para interferir indebidamente en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que operaban en Brasil, o para crear costosos procedimientos burocráticos que dificultaran sus actividades. El Congreso Nacional enmendó dichas medidas tras las movilizaciones de las organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año, el presidente siguió denigrando a las ONG. Por ejemplo, el 21 de agosto, en una declaración a periodistas en el contexto del aumento del 82% de los incendios forestales en la Amazonía, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de ser responsables de esos incendios: "Entonces, puede estar habiendo -sí, puede, no estoy afirmando- acción criminal de esos 'oenegeros' [miembros de ONG] para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Ésta es la guerra a la que nos enfrentamos".

De un modo similar, el 25 de octubre, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles insinuó, en una publicación en las redes sociales, que la organización internacional Greenpeace podría ser responsable del vertido de petróleo que afectaba a aguas brasileñas y a más de 2.250 km de costa en el nordeste de Brasil y que había generado otra crisis ambiental y de derechos humanos en el país. Al ser preguntado por periodistas sobre las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, el presidente Bolsonaro afirmó: "Para mí, este es un acto terrorista. Yo creo que Greenpeace sólo nos entorpece". El 30 de octubre, Greenpeace presentó una demanda por difamación contra el ministro de Medio Ambiente ante el Tribunal Supremo Federal. Al terminar el año estaba pendiente el resultado de dicha demanda.

Impunidad

Un año después de que mataran a la defensora de los derechos humanos Marielle Franco y a su chófer Anderson Gomes en la ciudad de Río de Janeiro, la Policía Civil del estado de Río de Janeiro detuvo al agente de policía retirado Ronnie Lessa y al expolicía Elcio de Queiroz por dichos homicidios. El 14 de marzo, 14 expertos y relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocieron, en una nota publicada en Ginebra, la labor llevada a cabo por los investigadores policiales y la Fiscalía para descubrir la verdad y los avances realizados en el caso. No obstante, subrayaron que era necesario hacer más para establecer el motivo del ataque y destapar a las personas que estaban detrás de él, e instaron a las autoridades a concluir la investigación lo antes posible, llevar ante la justicia en juicios justos a todos los sospechosos de ser penalmente responsables -incluidos los mandos que pudieran haber ordenado, autorizado o consentido el delito- y ofrecer compensaciones a las familias de las víctimas.

Marielle Franco había respaldado abiertamente los derechos de la juventud negra, las mujeres, las personas que vivían en la pobreza, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y las víctimas de la violencia policial en Río de Janeiro. Las autoridades rechazaron las alegaciones de que la familia del presidente Bolsonaro tenía vínculos con los responsables del homicidio. No obstante, el retraso en resolver el caso alimentó la preocupación por la posibilidad de que destacadas figuras del gobierno pudieran estar implicadas en el homicidio.

En julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos escribió a las autoridades brasileñas en relación con el caso de Davi Fiuza, de 16 años, víctima de desaparición forzada en Salvador (estado de Bahía) en 2014. La alta comisionada reiteró las recomendaciones previas sobre el caso y solicitó información que explicara por qué los resultados de las investigaciones concluidas por la Unidad de Policía Civil en abril de 2016 no se transmitieron a la Fiscalía hasta el 7 de julio de 2017, y luego se transmitieron nuevamente el 2 de agosto de 2018. El juicio fue trasladado a un tribunal militar y no se disponía de información sobre el proceso.

[1] Brasil: Las autoridades deben investigar y procesar a los responsables de la destrucción de la Amazonía (noticia, 2 de septiembre)

[2] Brasil: Riesgo de derramamiento de sangre en la Amazonía a menos que el gobierno proteja a los pueblos indígenas de las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales (noticia, 7 de mayo)

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Los derechos humanos en cada país, de la A a la Z

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El gobierno federal y los gobiernos estatales adoptaron medidas administrativas y legislativas con las que pusieron en práctica la retórica abiertamente contraria a los derechos humanos desplegada por el presidente Bolsonaro en la campaña electoral de 2018.

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El multilateralismo en la postpandemia. Jorge RiquelmeDoctor en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata

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El multilateralismo en la postpandemia. Jorge RiquelmeDoctor en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata

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La apertura de un nuevo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas es un buen momento para reflexionar sobre el sistema internacional y el estado de situación del multilateralismo global. Lo anterior resulta especialmente relevante, atendido que el panorama general del mundo, con ciertas salvedades, como en el caso de África, nos permite apreciar una luz tenue al final del túnel. La pandemia da muestras de ceder y ya es posible comenzar a reflexionar sobre la política internacional después de la COVID-19, aunque toda conclusión al respecto es todavía esencialmente transitoria y precaria.

En el plano global, se torna necesario pensar la manera en que se debiera estructurar el sistema internacional tras la pandemia, a fin de canalizar la convivencia internacional y impregnar de racionalidad a un mundo altamente sobresaltado, en el que numerosos actores han manifestado un comportamiento errático y autárquico, que ha tenido entre sus principales víctimas al multilateralismo global y regional. En momentos en que la amenaza común planteada por la pandemia ha exigido de un accionar colectivo, numerosos países han puesto en marcha políticas esencialmente nacionalistas. Es el amenazante escenario del "sálvese quien pueda" o, puesto en los términos de José Antonio Sanahuja, del "nacionalismo epidemiológico", enmarcado en un contexto radicalizado por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China y la carencia de un liderazgo que estructure y canalice el poder en el mundo, que fluctúa entre el multipolarismo, el bipolarismo e incluso el no polarismo.

Ya en la década de los ochenta, Robert Keohane y Joseph Nye analizaban un mundo que avanzaba por el proceso de globalización y el auge de las instituciones multilaterales, superando el tradicional esquema anárquico delineado desde el Realismo. Para estos autores, como artefactos estructuradores de la convivencia global, las instituciones internacionales se entendían como un conjunto de reglas persistentes que prescribían las conductas de los actores, restringían su actividad y configuraban sus expectativas, entregando predictibilidad y racionalidad a las interacciones. Ciertamente, los países seguían articulando políticas exteriores delineadas sobre la base de los intereses y objetivos nacionales, no obstante, en el seno del multilateralismo debían igualmente considerar los aportes a la gobernanza global. En suma, se trataba de una compleja ecuación entre el interés nacional y los intereses de la comunidad de naciones.

La pandemia de la COVID-19 aceleró una serie de procesos internacionales, como es el caso del posicionamiento global de China y, para los efectos de esta columna, la crisis del multilateralismo global y regional, que se ha visto acentuada por la persistente debilidad del régimen democrático en el mundo, el auge del nacionalismo y, consecuentemente, la proliferación de líderes populistas de izquierda y derecha. A lo anterior, se suma la agudización de los conflictos en el mundo, tanto interestatales como intraestatales, frente al cual el llamado al cese al fuego global del Secretario General de Naciones Unidas,AntónioGuterres, de marzo de 2020, ha tenido escasos resultados, lo que ha sido atizado por el enfrentamiento abierto entre tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos y la Federación de Rusia. El cóctel parece macabro para la estabilidad internacional.

No obstante, en esta materia es igualmente posible albergar algunas esperanzas. En su participación en la apertura del 76° periodo de sesiones de la Asamblea General, de manera distinta a su antecesor, el Presidente Joe Biden destacó su confianza en la Organización, bajo el lema "Estados Unidos ha vuelto", prometiendo su apoyo al multilateralismo -teniendo como antecedentes el regreso de su país al Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud, bajo una mirada más wilsoniana de la política exterior estadounidense-, en momentos complejos marcados por los roces con Europaante la retirada de Afganistán y el pacto militar Aukus, suscrito entre la potencia norteamericana, Australia y Reino Unido.

Junto a ello, habría que destacar la estrategia de China en su posicionamiento internacional, que considera al multilateralismo entre sus puntos destacados, expresándose en que el gigante asiático actualmente encabeza 4 de los 15 organismos especializados de Naciones Unidas, lo que se une a su exitosa "diplomacia de las mascarillas". Lo relevante es que el multilateralismo no se convierta en otra arena de lucha hegemónica y se fortalezca como una herramienta eficaz para la gobernanza global.

Mirado desde América Latina, ciertamente el multilateralismo es una tarea pendiente en el área. Si bien es la región con más esquemas de integración vigentes, cada uno de ellos da muestras evidentes de debilidad y de pocos resultados concretos, como es el caso de la alicaída realidad del MERCOSUR, la Comunidad Andina, ALBA, CELAC y la virtualmente disuelta UNASUR. Todos ellos definidos por ladebilidad institucional de la integración, las fragmentaciones, los discursos nacionalistas de sus miembros, la escasa densidad democrática y, desde luego, la carencia de un liderazgo sostenido y consensual, justamente en momentos en que Brasil vive una severa retracción de su posicionamiento internacional y una brusca caída de su Soft Power. Todo ello da cuenta de una región donde predomina el bilateralismo antes que una mirada regional, minando las posibilidades de incidencia global de América Latina en la política mundial. En consonancia con lo anterior, en el ámbito hemisférico habría que mencionar las vicisitudes por las cuales atraviesa la OEA, donde México ha sido un enfático opositor a la gestión del Secretario General Luis Almagro, llegando incluso a postular el reemplazo de la organización por la CELAC o un nuevo organismo.

Ciertamente, la pandemia generada por la COVID-19 debería haber encontrado a un mundo preparado al respecto, considerando una serie de estudios que ya en la década de los noventa avizoraban una crisis sanitaria global como la que estamos viviendo. Incluso el cine dejó plasmadas estas precauciones en películas premonitorias como Contagion (2011) o la más popular Epidemia (1995), con Morgan Freeman y Dustin Hoffman. Con horror nos enfrentamos a una amenaza catastrófica a la salud global y a una crisis económica sin precedentes desde 1930, sin olvidar el creciente impacto del calentamiento global -de cara a la próxima Cumbre del Clima (COP 26), que se celebrará en noviembre de este año en Glasgow. Pero ni los países ni las instituciones intergubernamentales han estado al nivel de las circunstancias. Ya hace un tiempo los gobiernos expresaban la pérdida de confianza en el valor de trabajar juntos ante amenazas comunes. Tal cual señaló António Guterres en la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, el "mundo nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido...Estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada".

Sin lugar a dudas, el multilateralismo debe transformarse para enfrentar la postpandemia, pero ello desde luego depende de los propios componentes: los Estados. Tal cual planteaba el primer Secretario General de la OEA, el colombiano Alberto Lleras Camargo, "la OEA será lo que sus Estados quieran que sea", argumento que podría extrapolarse al multilateralismo en su conjunto. En el bello libro El refugio de la memoria(2011), el historiador Tony Judt planteaba que "La fina capa de la civilización reposa sobre lo que bien podría ser una fe ilusoria en nuestra humanidad común. Pero ilusoria o no, haríamos bien en aferrarnos a ella". Teniendo ésta idea como base, la convivencia internacional requiere superar las visiones sobre la política mundial como una mera competencia entre los grandes poderes, a fin de volver a generar confianzas hacia el trabajo colectivo y propiciar un multilateralismo operativo y eficaz ante los multidimensionales desafíos que debe enfrentar la comunidad de naciones. En la actualidad, presenciamos un mundo fracturado que no deja espacio para el multilateralismo y la cooperación, aunque, tal cual se señalaba más arriba, se avizoran ciertas señales de esperanza.

Como sostiene G. John Ikenberry, en su artículo TheNext Liberal Order. TheAge of Contagion Demands More Internationalism, Not Less ( ForeignAffairs, julio-agosto 2020), más que enfocarse en grandes poderes rivales, los países deben enfocarse en amenazas y desafíos emergentes e interconectados como el calentamiento global; enfermedades pandémicas; crisis financieras; Estados Fallidos; proliferación nuclear; los cuales no pueden ser enfrentados individualmente. Para ello, la existencia de instituciones y normas comunes es esencial, a fin de canalizar y facilitar la cooperación entre los Estados. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, es esencial impulsar iniciativas público-privadas como el Fondo COVAX y fortalecer organismos como la Organización Mundial de la Salud, en su rol orientador de políticas públicas y de promotor de la investigación sanitaria, particularmente en lo relacionado con el seguimiento de procesos pandémicos.

Y todo ello requiere liderazgo. Con todos sus problemas y debilidades, China y Estados Unidos asoman como los actores principales para construir la gobernanza global tras la pandemia, tanto por sus atributos de poder como por ser tal vez los mayores responsables del calentamiento global, en su calidad de principales emisores de gases con efecto de invernadero. Se trata de países pilares para construir un renovado multilateralismo, que enfrente de manera operativa la actual pandemia, atenúe la crisis climática, fortalezca la asistencia humanitaria, frene losconflictos y promueva la democracia y el resguardo de los derechos humanos alrededor del mundo. En suma, sin el rol de tales actores avanzaremos hacia un futuro sobresaltado y poco promisorio: carente de liderazgos, no polar y sin multilateralismo.

Jorge Riquelme
Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata

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La apertura de un nuevo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas es un buen momento para reflexionar sobre el sistema internacional y el estado de situación del multilateralismo global.

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Postura del país con respecto al multilateralismo en general y el rol de la ONU en particular

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Postura del país con respecto al multilateralismo en general y el rol de la ONU en particular

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La perspectiva sobre la situación de la pandemia en general, así como las expectativas y estrategias que el país presenta.

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La perspectiva sobre la situación de la pandemia en general, así como las expectativas y estrategias que el país presenta.

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El primer caso de la pandemia de COVID-19 en se confirmó el 25 de febrero de 2020.​ El primer caso positivo fue en el estado de São Paulo, por parte de un brasileño que viajó a Italia con síntomas leves y que dio positivo a una primera prueba de laboratorio.​​ Pocos días después se confirmó otro caso también en São Paulo.​

Es la nación con más casos confirmados en Latinoamérica, la segunda de América y la segundo del mundo, solo detrás de los Estados Unidos.

Hasta el 30 de septiembre de 2022, se contabilizó la cifra de 34,715,149 casos confirmados, 686,097 fallecidos y 33,853,693 recuperados del virus.​

El 4 de marzo, se confirma el tercer caso de virus en el país, se trata de un colombiano residente en la ciudad de Sao Paulo que presentó los síntomas después de viajar por varios países de Europa entre ellos España e Italia.​

El 5 de marzo, se confirma el cuarto caso de COVID-19 en Brasil. Luego de que las autoridades de salud ratificaran, con un segundo examen, que una adolescente de 13 años que recientemente viajó a Portugal e Italia es portadora de la enfermedad.​

El 12 de marzo, Brasil supera los 100 casos confirmados de COVID-19.

El 17 de marzo, El Estado de São Paulo registró la primera muerte por COVID-19 en Brasil y el gobernador de Río de Janeiro decretó restricciones al ingreso de personas desde otros distritos en los que exista transmisión autóctona del virus.​​

El 20 de abril, Manaus en el estado de Amazonas comenzó a abrir fosas comunes en el cementerio más grande de la ciudad y las imágenes comenzaron a reverberar en todo Brasil.​ El 24 de abril de 2020, Manaus comenzó a registrar colapso hospitalario y funerario. En la capital de Amazonas las camas de la unidad de cuidados intensivos (UCI) estaban a máxima capacidad, como en el Hospital el 28 de Agosto, que también tuvo que apilar los cadáveres. Las morgues de Manaus ya no soportan el aumento de la demanda y se instalaron contenedores de refrigeración fuera de los hospitales.​​​ Según UOL, el estado de Amazonas hasta finales de abril tiene, proporcionalmente, el peor número de casos y muertes del país por el nuevo coronavirus. Los datos estatales son aproximadamente tres veces más altos que la incidencia por millón registrada en el promedio del país, considerando los datos de población del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Según los infectólogos, entre las hipótesis planteadas para el colapso del sistema de salud amazónico, se encuentra la falta de respeto a la distancia social, la oferta insuficiente de camas de UCI, la escasa población de pruebas y los efectos de la temporada de lluvias, propia del invierno. Amazónica. El 6 de mayo de 2020, 9243 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad y 751 murieron.

Progreso acumulado

Progreso diario

El considerado evento más grande en Brasil tuvo que ser pospuesto por el aumento de casos por COVID-19 en el país, se trata del Foro Económico Mundial, que tendría su sede en Sao Paulo, y estaba previsto para fines de abril.​​

Así mismo otro de sus eventos masivos Salón del Automóvil de Sao Paulo de 2020 tuvo que ser cancelado el día 6 de marzo tras la retirada de varias marcas internacionales de la región por la creciente llegada del COVID-19 en Europa, que tuvo por política posponer eventos hasta nuevo aviso y evitar contagios.​

Los economistas esperan un estancamiento económico para el país en 2020.​ El 16 de marzo, el Ministerio de Economía anunció un paquete de estímulo de 147,3 mil millones reales para ayudar a la economía contra los efectos de la pandemia.​ El gobierno brasileño también está en negociaciones con el Nuevo Banco de Desarrollo para recibir un paquete de ayuda para sus esfuerzos COVID-19; China recibió mil millones de dólares de la misma institución.​

El 21 de marzo, el ministro de Economía, Paulo Guedes, anunció una serie de medidas de ayuda para reducir el impacto en la economía. Se está preparando una beca para profesionales por cuenta propia, por un monto de 200 reales, además de la garantía de pago para los trabajadores que han reducido las horas de trabajo.

El 23 de marzo, el gobierno anunció un paquete de 85,8 mil millones de reales para los estados y municipios. El monto incluye transferencias al área de salud, recomposición de transferencias de fondos constitucionales y suspensión del vencimiento de las deudas de los estados con la Unión.

Para el 20 de marzo, la pandemia había impactado la educación en todo el mundo. Hubo cierres de escuelas en todo el país en más de 100 países. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro anunció pocas medidas en todo el país para frenar la propagación del virus,​​ y debido a que el gobierno federal decidió no cancelar las clases en todo el país, los niveles más bajos de gobierno lo han hecho de forma independiente. Las escuelas y universidades municipales, estatales y privadas tuvieron reacciones diferentes con respecto a la suspensión de clases. Las clases se suspendieron de una vez, gradualmente o en absoluto. Algunos de ellos fueron reemplazados por educación a distancia o simplemente pospuestos. Debido a eso, solo hay cierres de escuelas "localizados" (en oposición a "nacionales"), según la UNESCO.​

Las redes brasileñas comenzaron a transmitir consejos de prevención durante su programación. Globo, SBT, RecordTV, Band y RedeTV! anunció que detendrían la producción de todas sus telenovelas y grabarían sus programas de entrevistas sin una audiencia en vivo, al tiempo que ampliarían el periodismo en su programación.​​

El 16 de marzo de 2020, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió suspender las competiciones nacionales bajo su coordinación permanente. Se suspendieron la Copa do Brasil, los Campeonatos Brasileños Femeninos A1 y A2, el Campeonato Brasileño de Fútbol U17 y la Copa do Brasil U20.​​

Ese mismo día, el Comité Brasileño de Clubes (CBC) y el Comité Paralímpico Brasileño (CPB) suspendieron las actividades y eventos deportivos debido a la emergencia de salud pública internacional provocada por el nuevo coronavirus.​

El 9 de julio de 2020, CBF lanzó un nuevo calendario de fútbol brasileño para la temporada, con los campeonatos programados para comenzar en agosto de 2020 y finalizar solo en febrero de 2021. ​ La entidad redactó un protocolo de 60 páginas, y entre las diversas medidas adoptadas para el regreso del fútbol, inicialmente se consideró la reanudación sin público en los estadios.​ Pensando en los posibles impactos económicos sufridos por la pandemia, se puso a disposición de los clubes que compiten en la Serie A del Campeonato Brasileño una línea de crédito total de hasta 100 millones de reales.​

El primer juego del Campeonato Brasileño de Fútbol fue entre Forteleza y Athletico Paranaense, finalizando con la victoria del equipo paranaés por 1 a 0. El juego se llevó a cabo el sábado 8 de agosto de 2020 en la ciudad de Fortaleza, luego de más de 3 meses. retraso en el calendario inicial del campeonato y sin público presente en el estadio. Al día siguiente del primer partido oficial del campeonato, el partido que se disputaría entre São Paulo y Goiás fue cancelado minutos antes del inicio, en respuesta a una solicitud del equipo de Goiás, que tenía diez jugadores diagnosticados con Covid-19.

En marzo, científicos brasileños anunciaron el cultivo de SARS-CoV-2 en el laboratorio, con el objetivo de contribuir al diagnóstico y vacunas contra la enfermedad.​ El 19 de marzo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aprobó las primeras ocho pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19. Los nuevos productos están pensados para uso profesional y permiten leer los resultados, en promedio, en 15 minutos. Según Anvisa, los datos deben ser interpretados por un profesional de la salud, con la ayuda de la información clínica del paciente y otras pruebas. Las autorizaciones, Resolución 776/2020 y Resolución 777/2020, fueron publicadas en el Diario Oficial (DOU).​

En marzo de 2020, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) comenzó a cooperar con la Organización Mundial de la Salud (OMS), movilizando a 12 estados en Brasil y prometiendo acelerar la definición de tratamiento para COVID-19. La Fiocruz desarrolló un kit de prueba rápida para el diagnóstico de SARS-CoV-2, dirigiendo el estudio clínico​ y coordinando la investigación y el tratamiento del SARS-CoV-2 de COVID-19 en Brasil,​ capacitando a los profesionales de la salud de Brasil y América Latina para poder diagnosticar el SRAS-CoV-2.​​​​​​​​ También en marzo, la Universidad de São Paulo (USP) creó una red colaborativa de laboratorios para el diagnóstico de laboratorio del SARS-CoV-2.​ La Universidad de Brasilia (UnB), a su vez, se asoció con el gobierno del Distrito Federal para realizar hasta 700 pruebas de COVID-19 diarias, y convocó a investigadores de varias universidades, para proyectos de investigación diagnóstica de laboratorio para el SARS-CoV-2.​​

En el mismo mes, la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) inició proyectos de investigación de diagnóstico de laboratorio del SARS-CoV-2, además de brindar orientación sobre prevención y riesgos.​​ Además, el Instituto Alberto Luiz Coimbra de Posgrado e Investigación en Ingeniería (Coppe / UFRJ) comenzó a desarrollar una nueva prueba con un examen más simple para detectar COVID-19,​​ y en conjunto con la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) secuencia el genoma del SARS-CoV-2 en pacientes de cinco estados brasileños y lidera la investigación para combatir el nuevo virus y tratar el COVID-19.​ Paralelamente, la Universidad Federal Fluminense (UFF) convocó a investigadores especializados de varias universidades para estudiar el SARS-CoV-2.​​ En este camino, la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) también convocó a académicos de diversos campos, como biólogos, virólogos y estadísticos, para desarrollar estudios sobre el SARS-CoV-2.​​​ La Universidad Estadual Paulista (UNESP) estudió las rutas que puede tomar el virus en el estado de São Paulo.​​​ Los campus de Botucatu, Araraquara y São José do Rio Preto realizan la prueba COVID-19.​ La universidad también pidió a los investigadores que estudien el SARS-CoV-2.​

El 10 de febrero, el presidente Jair Bolsonaro firmó una medida provisional (MP) destinando un crédito de R $11,2 mil millones al Ministerio de Defensa.​

El 6 de marzo, en un discurso a la nación, Bolsonaro dijo a la gente que "no hay razón para entrar en pánico" y que "deben seguir estrictamente las recomendaciones de los expertos como la mejor medida de protección". ​ Durante un nuevo pronunciamiento, el 18 de marzo, el mandatario fue blanco de cacerolazos en varias capitales del país. El hecho se repitió entre el 19 y el 21 de marzo.​​ Según una encuesta de la consultora Atlas Político, el 64% de los brasileños rechaza la forma en que el gobierno está enfrentando la crisis.​

El 24 de marzo, a través de un comunicado en la red nacional, Bolsonaro sugirió el fin de la cuarentena y cuestionó el cierre de escuelas, además de volver a clasificar al COVID-19 como " gripezinha" y " resfriadinho". También criticó indirectamente a los medios de comunicación, especialmente a Rede Globo, y al doctor Drauzio Varella. Durante el discurso se volvieron a sonar las cacerolas y bocinazos, así como gritos y una presentación de diapositivas en los edificios con las palabras "Fora Bolsonaro".​ Luego de mostrada la declaración, hubo un gran impacto negativo en las redes sociales, generando quejas de algunos simpatizantes y ex simpatizantes, entre ellos el Movimento Brasil Livre, el youtuber Nando Moura, el comediante Danilo Gentili y otros. Además, varios políticos también repudiaron el comportamiento del presidente, incluso provocando una gran coalición entre gobernadores, que optaron por continuar con políticas de aislamiento y prevención, además de romper alianzas, entre ellos el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado.​​​​ La crisis en el gobierno federal se agravó a partir de abril: además de los enfrentamientos con gobernadores, también hubo manifestaciones contra el aislamiento, realizadas en algunas ciudades brasileñas, con caravanas y amenazas al Congreso Nacional y al Tribunal Supremo, incluido el apoyo del propio Bolsonaro.​ El 27 de abril de 2020 el tribunal ordenó un plazo de 48 horas para que el presidente presentara los exámenes que acrediten los resultados de las pruebas de coronavirus, que se prorrogó el día 30. El 2 de mayo, la TRF-3 había determinado la suspensión del período de exámenes, dando cinco días para acreditarlo, con la sentencia anulada el mismo día. El 3 de mayo de 2020, simpatizantes del gobierno se manifestaron contra el aislamiento y contra los ministros de la Corte Suprema y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Bolsonaro criticó a gobernadores y alcaldes. "Esta destrucción irresponsable de empleos por parte de algunos gobernadores no es buena", dijo Bolsonaro.

Con el fin de mitigar el daño económico que ocasiona el aislamiento social a las familias, el Congreso Nacional aprobó y el presidente Jair Bolsonaro sancionó, el 2 de abril, una ayuda de emergencia de 600 reales mensuales, hasta por tres meses, para trabajadores informales. autónomos y sin renta fija que cumplan determinados criterios.

El 6 de abril de 2020, el diario O Globo informó que el presidente Jair Bolsonaro habría destituido al entonces ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, pero luego se habría rendido. Posteriormente, el 17 de abril asumió el cargo Nelson Teich, tras la renuncia de Mandetta el día anterior.

El 20 de marzo de 2020, alrededor de las 8:30 p. m., se realizó un movimiento titulado "Aplausos", donde vecinos de varias residencias de las capitales brasileñas, saludaron a médicos y enfermeras con una ronda de aplausos y gritos de "gracias / gracias",​ También se realizaron otros actos, entre ellos una oración colectiva del Padre Nuestro el 21 de marzo.​

Las operaciones policiales contra la facturación excesiva relacionada con el COVID-19 en Brasil fueron investigaciones y acciones de la Policía Civil Brasileña (PC), la Policía Federal (PF) y el Ministerio Público Federal (MPF), a veces en conjunto con el contralor general federal (CGU) a costa de personas, empresas y gobiernos estatales y municipales investigados en el contexto de la pandemia COVID-19 en el país para la compra de materiales relacionados con la salud, principalmente en respiradores.

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Pandemia de COVID-19 en Brasil - Wikipedia, la enciclopedia libre

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El primer caso de la pandemia de COVID-19 en se confirmó el 25 de febrero de 2020.​ El primer caso positivo fue en el estado de São Paulo, por parte de un brasileño que viajó a Italia con síntomas leves y que dio positivo a una primera prueba de laboratorio.​​ Pocos días después se confirmó otro caso también en São Paulo.​ Es la nación con más casos confirmados en Latinoamérica, la segunda de América y la segundo del mundo, solo detrás de los Estados Unidos.

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Discurso del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro

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Discurso del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro

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Asamblea 77 ONU BOLSONARO - Documentos de Google

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Ante la ONU, Bolsonaro critica a la izquierda brasileña a menos de dos semanas de las elecciones