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Incidencias en las que se ha suprimido la libertad de expresión

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Limitaciones en la libertad de expresión en el Internet

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La promulgación legislativa en relación a la libertad de expresión

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Los órganos del gobierno y organizaciones privadas ligadas a la libertad de expresión

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Eventos, conferencias y actividades relacionadas con la libertad de expresión

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China suprime la libertad de expresión a sus compatriotas en universidades de otros países

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China suprime la libertad de expresión a sus compatriotas en universidades de otros países

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Con el fin de suprimir puntos de vista que no le gustan al gobierno de China. Además estos estudiantes se ven controlados para que informen sobre posibles comentarios que vayan en contra de sus ofenden las sensibilidades políticas oficiales. Este gobierno estaría atentando contra los derechos humanos de estos grupos de jóvenes, ya que si bien en muchos casos reciben apoyo por parte de su Estado en sus estudios, eso no les da derecho a manipular sus opiniones. Esto afecta a la libertad de expresión porque las personas no pueden sentirse seguras de dar su opinión ante un tema político relacionado a su país ya que pueden recibir sanciones injustas por algo que piensan y sienten, minimizándolos como seres humanos.

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Las universidades y colegios de Estados Unidos aceptan estudiantes de todo el mundo. Todos se benefician, ya que los estudiantes interactúan con sus compañeros que tienen diferentes perspectivas y experiencias.

Así es como se supone que debe funcionar. Y es por eso que los esfuerzos de China para suprimir la libertad de expresión no sólo dentro de sus propias fronteras sino también en las universidades de otros países son preocupantes.

Las universidades dependen de la libertad de expresión. La calidad de la investigación y la excelencia académica dependen de la libre circulación de la información y del intercambio abierto de opiniones. Tanto los profesores como los estudiantes dicen lo que piensan, incluso cuando sus puntos de vista son críticos con los líderes políticos.

Cuando el Partido Comunista Chino permitió por primera vez que los estudiantes chinos asistieran a universidades occidentales, supuestamente creó la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos para supervisar las actividades de esos estudiantes. Hay 150 secciones de la Asociación en los recintos universitarios de Estados Unidos y docenas más en centros de otros países. Solo pueden ser miembros los ciudadanos chinos. Los consulados chinos a menudo proporcionan financiación y orientación a estas secciones.

Nadie se opone a los grupos que ayudan a los estudiantes a adaptarse a la vida en el extranjero, pero organizaciones de expertos estadounidenses y decenas de informes independientes documentan incidentes que sugieren que el verdadero propósito de la asociación es suprimir puntos de vista que no le gustan al gobierno de China.

Se dice que los miembros son presionados para que informen sobre las conversaciones en el campus "que ofenden las sensibilidades políticas oficiales" (informe del Instituto Hoover, en inglés).

Los consulados chinos dirigen a los estudiantes sobre estrategias para interrumpir discursos y eventos ofensivos (ver informe Hoover, en inglés).

En enero, el consulado chino en Toronto (Canadá), coordinó con una sección de la Asociación para intimidar a un activista uigur invitado a hacer una presentación en una universidad local sobre violaciones de derechos humanos en Sinkiang.

La embajada de China ha pagado a los estudiantes para que organicen mítines de bienvenida cuando los funcionarios chinos visitan Estados Unidos (informe dela revista Foreign Policy [política exterior], en inglés).

No todas las secciones cumplen con las demandas del consulado, y no todos los estudiantes chinos lo aprueban cuando las secciones hacen esto. Una organización llamada Federación Independiente de Estudiantes y Académicos Chinos publicó una carta (en inglés) condenando al consulado chino y a los estudiantes en Canadá por intentar censurar la libertad de expresión en un campus universitario.

Una investigadora taiwanesa que trabaja en Estados Unidos dice que firmó la carta en solidaridad con los uigures y tibetanos cuyas voces son reprimidas por el intento del Partido Comunista de silenciar la libertad de expresión en el campus. Ha oído de estudiantes chinos que piden a los estudiantes taiwaneses que dejen de hablar de su identidad porque "esto hiere sus sentimientos chinos".

El Centro Wilson ha confirmado incidentes similares en los que los estudiantes chinos pidieron a los profesores que ajustaran las clases o los materiales de enseñanza. Los estudiantes citan "sentimientos heridos", pero sus objeciones se han entendido como políticas.

La investigadora taiwanesa rechaza las objeciones: "Lo considero intimidación y que no tiene sentido"

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¿Por qué suprime China la libertad de expresión en universidades de Estados Unidos? | ShareAmerica

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Las universidades y colegios de Estados Unidos aceptan estudiantes de todo el mundo. Todos se benefician, ya que los estudiantes interactúan con sus compañeros que tienen diferentes perspectivas y experiencias. Así es como se supone que debe funcionar.

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El presidente de USA pretende censurar la libertad de expresión en internet, sobre todo en Facebook y Twitter, puesto que para él no le favorece en nada a su imagen. Se ve que Trump desea hacer esto con fines propios, pues los internautas son quienes brindan comentarios sobre su gobierne así como periodistas que dan opiniones que no favorecen al presidente. Así también, está en busca de limitar las conversaciones políticas en los medios sociales. Con esto se pone en riesgo la libertad de expresión de cada ciudadano en el entorno digital.

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Trump quiere censurar la libertad de expresión en...

Todo el mundo conoce al más que particular presidente de los Estados Unidos, y es que Donald Trump, además de empresario, fue uno de los personajes televisivos que ya dio mucho que hablar incluso antes de llegar a la política y convertirse en presidente. Sus decisiones y forma de ser han puesto en jaque a todo el mundo en más de una ocasión, por lo tanto, no es de extrañar que su próxima intención sea censurar la libertad de expresión en Internet.

Así es como ha informado la CNN, que ha tenido acceso a la orden ejecutiva que estaría desarrollando la Casa Blanca y que permitiría al presidente de los Estados Unidos regular ciertas publicaciones, así como marcarles a algunas redes sociales los criterios con los que seleccionar la información de sus publicaciones.

Así es el nuevo plan de Trump para censurar la libertad de expresión en la red

No es nada nuevo que Trump está persiguiendo a ciertas redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, e incluso ha llegado a acusarlas de mostrar contenido que no favorece para nada su imagen. Por lo tanto, esto ha provocado que el presidente esté preparando un decreto para regular el contenido de las redes sociales. Es decir, sería el propio gobierno quien marcara los criterios con los que se deben mostrar las publicaciones en los muros y timeline de Facebook y Twitter con el objetivo de que su imagen no se vea afectada.

Desde la Administración de Trump, indican que dicho decreto también se está elaborando debido a las miles de quejas que denuncian la censura de las conversaciones políticas en este tipo de plataformas y que, una vez que dicho decreto sea aprobado y entre en vigor, el propio gobierno podría a la FCT y la FCC a cargo del control y la vigilancia de aquello que se publica en las redes sociales e Internet en general.

Recordemos que la FCC o Comisión Federal de Comunicaciones es quien se encarga de regular las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, satélite, etc, en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos, siempre supervisada por el Congreso.

En definitiva, todo apunta a que Trump está tratando de censurar la libertad de expresión en Internet a pesar de argumentar que está tratando de evitar que las empresas privadas sean las que censuren el discurso en Internet. Es decir, quiere evitar que empresas privadas censuren ciertos contenidos otorgándose el poder de censura para que el gobierno de los Estados Unidos haga exactamente lo mismo.

Escrito por Roberto Adeva

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Trump planea censurar la libertad de expresión en Internet

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Trump quiere censurar la libertad de expresión en... Todo el mundo conoce al más que particular presidente de los Estados Unidos, y es que Donald Trump, además de empresario, fue uno de los personajes televisivos que ya dio mucho que hablar incluso antes de llegar a la política y convertirse en presidente.

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Asamblea Constituyente de Venezuela lanzó ley que suprime la libertad de expresión

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Asamblea Constituyente de Venezuela lanzó ley que suprime la libertad de expresión

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Aprueban una nueva ley diseñada para suprimir las voces disidentes, "Ley contra el odio". Esta supuesta ley se orienta a evitar que la prensa opositora de dicha dictadura pueda emitir algún comentario en contra del gobierno de turno. Todos sabemos la crisis que se está viviendo en Venezuela y sobre todo como se está suprimiendo el derecho de libertad de expresión.

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EEUU acusa a Venezuela de “suprimir libertad de expresión” con “ley contra el odio”

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La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que “la ilegítima Asamblea Constituyente lanzó su nueva herramienta para suprimir la libertad de expresión en Venezuela” al aprobar la denomidada “ley contra el odio” para “suprimir las voces disidentes”

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Comisión y la Corte interamericanas: La libertad de expresión es “pilar de la democracia”

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Comisión y la Corte interamericanas: La libertad de expresión es “pilar de la democracia”

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Comisión de la corte interaméricana afirma que la libertad de expresión va de la mano con la democracia y que debería haber alguna organización que se encargue de velar por ese derecho muy aparte del Ministerio de Transporte y comunicaciones que es el que está más cercano a ese ámbito.

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La última prueba censal, que no es una evaluación como algunos la llaman (inclusive el mismo Ministerio de Educación), ha tenido resultados relativamente positivos si se comparan los datos de 2014...

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¿Cómo defender la libertad de expresión de todos y no matarla en el intento?

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Cómo es reflejada la libertad de expresión en internet y redes sociales. Por lo que esta conferencia nos habla de que si bien en la actualidad existen más plataformas en las cuales las personas pueden expresar sus opiniones en diversos temas. Todavía existen restricciones de libertad de expresión por algunos estados censurando dichas plataformas con el fin de evitar comentarios que afecten la imagen de su estado. Por lo que esto afecta a la libertad de expresión en el sentido que se cohibe a las personas su derecho a poder opinar sobre las distintas realidades que viven y conocer nuevas realidades.

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TED Members help billions of people worldwide access inspiring ideas. Plus, they get exclusive benefits like invite-only events with speakers. Join today for a brighter future - and a better you.

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Rebecca MacKinnon: Let's take back the Internet!

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In this powerful talk from TEDGlobal, Rebecca MacKinnon describes the expanding struggle for freedom and control in cyberspace, and asks: How do we design the next phase of the Internet with accountability and freedom at its core, rather than control?

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La crisis de la libertad de expresión en Nicaragua se agudiza, ya que  hay periodistas que deben exiliarse por no poder ejercer la profesión en el país. Libertad de Prensa en riesgo en dicho país genera una crisis que tiene como saldo diferentes muertos y heridos ante las protestas. Esto es un caso más en el que personas que quieren informar sobre casos de corrupción se ven minimizadas por el poder.

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La crisis de la libertad de expresión en Nicaragua se "agudiza aún más" al aumentar el número de periodistas que deben exiliarse por no poder ejercer la profesión en el país, informó este lunes la asociación mundial de escritores PEN Internacional.

"Esta crisis de la libertad de expresión se agudiza más aún cuando al menos cien periodistas nicaragüenses se encuentran en el exilio por miedo a ejercer su profesión en su país", señaló Pen Internacional en una declaración conjunta con PEN Nicaragua.

La cifra de periodistas exiliados registrada por PEN Internacional indica que al menos 40 comunicadores han abandonado Nicaragua en los primeros ocho meses de 2019, después de que unos 60 tomaran esa decisión desde el inicio de la crisis sociopolítica, en abril de 2018.

La crisis ha dejado cientos de personas presas, muertas o desaparecidas, así como decenas de miles de exiliados en los últimos 16 meses como consecuencia de los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con personas y en ciudades que rechazan al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Como prueba del deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, PEN Internacional expuso el asesinato del periodista Ángel Gahona, el incendio de Radio Darío, la retención de materiales a los rotativos La Prensa y El Nuevo Diario, la confiscación de los medios Confidencial, Esta Semana y la televisora 100 % Noticias.

Dichas acciones colocan "al Estado de Nicaragua como responsable de una triple agresión: contra la libertad de prensa, contra la libertad de empresa y contra los derechos de propiedad", sostuvo la organización internacional.

PEN también recordó que el Gobierno incumplió con su compromiso de devolver a sus dueños las instalaciones y equipos periodísticos retenidos en marzo pasado.

La organización instó de forma "urgente al Gobierno de Nicaragua para que cese sus violaciones a la libertad de prensa y de empresa, así como las agresiones y encarcelamiento a periodistas".

También le instó a que entregue las materias primas a los medios de comunicación y el "cese inmediato de toda agresión de las fuerzas policiales y paramilitares a periodistas, medios independientes, blogueros y escritores", además de "garantizar la vida y la seguridad, y sus demás derechos humanos, tanto a ellos como a todo el pueblo de Nicaragua".

Al menos tres periodistas no oficialistas han sido encarcelados en el marco de la crisis, dos de ellos, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, esta última también de nacionalidad costarricense, permanecieron encerrados entre diciembre y junio pasado.

La crisis de Nicaragua ha dejado 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por crímenes "de lesa humanidad". Organismos locales cuentan hasta 595 muertos, y el Gobierno reconoce 200.

Actualmente en la Organización de Estados Americanos (OEA) existe un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, que de aplicarse suspendería al país del organismo.

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Crisis de libertad de expresión en Nicaragua agudiza, según PEN Internacional

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La crisis de la libertad de expresión en Nicaragua se "agudiza aún más" al aumentar el número de periodistas que deben exiliarse por no poder ejercer la profesión en el país, informó este lunes la asociación mundial de escritores PEN Internacional.

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Caso de un usuario de Twitter y un periodista

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Caso de un usuario de Twitter y un periodista

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El usuario de Twitter Miklos Lukacs dio a conocer que el periodistaGustavo Gorretti le había exigido -mediante carta notarial- rectificarse por 20 publicaciones ofensivas. Esto da a conocer sobre el cuidado del uso de las palabras en las redes sociales de hoy en día. Esto se relaciona con las limitaciones que se debe considerar en el entorno digital al realizar comentario o publicaciones, pues existen precedentes que marca que no necesariamente en este espacio se puede comentar por comentar, por ello la libertad de expresión en redes sociales esta en algunos casos limitados por algunas condiciones. Pues, según una declaración de Goretti: “Cuando se trata de libertad de información, los límites son la veracidad de lo que dices y el interés público de lo que hablas. Y cuando hablas de libertad de expresión o libertad de opinión, el límite suele ser la ausencia de excesos.

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El último jueves, el usuario de Twitter Miklos Lukacs dio a conocer que el periodista Gustavo Gorriti le había exigido -mediante carta notarial- rectificarse por más de veinte publicaciones ofensivas. El resultado fue una larga seguidilla de 'tuits' en la que Lukacs retira cada insulto que profirió contra Gorriti entre diciembre de 2017 y agosto de 2019.

"Me rectifico por haberlo llamado 'secuestrado', por haber señalado que tiene 'secuaces' y por haber indicado que usted hace 'sicariato político-mediático'"; "me rectifico por haberle llamado 'escarabajo estercolero'"; "me rectifico por haberle llamado 'corrupto'", expresa el profesor universitario en los primeros puntos de su carta de rectificación.

El caso de Lukacs, por la extensión de las retractaciones, deja un precedente notorio en la red de microblogging y un tema para la discusión desde el punto de vista constitucional peruano: ¿qué adjetivos se salen del límite que existe entre el derecho la libertad de expresión y los delitos que afectan el honor de las personas? Especialistas consultados por RPP Noticias coinciden en que dos factores importantes en esa evaluación son el grado del daño y la notoriedad pública de la persona agraviada.

¿Todo insulto es exigible de rectificación?

Para la constitucionalista especializada en Libertad de Expresión, Betzabé Marciani Burgos, debe existir cierto grado de tolerancia en el balance. "Por supuesto que existen expresiones que claramente están fuera del marco constitucional, pero también hay otras que son constitucionalmente admisibles. Esto no quiere decir que no se pueda exigir una rectificación por toda frase, pero digamos que el nivel de tolerancia en una democracia siempre debe ser alto y más alto en el caso de personajes públicos, pues tampoco es muy democrático que solo se acepte lo que a uno le gusta escuchar sobre sí mismo".

En el caso de Lukacs, Marciani identifica algunas palabras que no necesariamente son exigibles de rectificación. " Cuando se trata de libertad de información, los límites son la veracidad de lo que dices y el interés público de lo que hablas. Y cuando hablas de libertad de expresión o libertad de opinión, el límite suele ser la ausencia de excesos. Por ejemplo, expresiones del tipo 'cobarde' y 'nefasto' son tolerables y creo que, en sí mismas, podrían no ser rectificables", estima la doctora en Derecho. No obstante, refiere que se debe interpretar el reclamo de Gorriti basado en un contexto de insultos variados en gradualidad y hasta calumniosos.

El abogado constitucionalista Roberto Pereira Chumbe, también especializado en temas de Libertad de Expresión, señala que en este caso se deben considerar aquellas afirmaciones que pretenden pasarse como hechos y aquellas que responden a juicios de valor. "Cuando uno difunde opiniones no es exigible una verificación porque las opiniones son valoraciones personales y subjetivas y ahí el límite es un poco más amplio. Lo que no puede hacerse es usar palabras objetivamente ultrajantes y ofensivas. La opinión debe ser proporcional al mensaje. Yo puedo decir, por ejemplo, 'tal político me parece el más inepto de la Historia del Perú'. Eso es una opinión. Y, claro, puede ser chocante y desagradable, pero finalmente eso está dentro de un rango de proporcionalidad. Lo que no puedo hacer es salir a tildarlo de 'delincuente'. Los insultos que no tienen una correspondencia con aquello que yo quiero difundir o con la finalidad comunicativa que yo estoy planteando sí son sancionables y pueden generar responsabilidad penal", señala Pereira.

El delito y la diferencia entre hechos y opiniones

De acuerdo con el Código Penal peruano, el ordenamiento sanciona tres tipos de conductas básicas de delitos contra el honor: la injuria, la calumnia y la difamación. La primera, establecida por el artículo 130, se refiere a las ofensas o ultrajes con "palabras, gestos o vías de hecho" y se reprime con servicio comunitario. La segunda, que se define en el artículo 131, está relacionada a la atribución falsa de un delito y también es sancionable con servicio comunitario. La difamación, prevista por el artículo 132, tiene que ver con el alcance público que pueda tener la atribución de una cualidad o conducta que dañe el honor o la buena reputación de una persona. En los casos más simples, se prevé pena privativa de la libertad por un máximo de dos años, además de servicio comunitario por hasta 130 días.

En el caso de Lukacs, el usuario se refirió a Gorriti como "corrupto" y "miembro de una organización criminal" en varias oportunidades, por lo que la conducta calzaría con una calumnia. Desde la valoración jurídica, la calumnia se descarta cuando la imputación es probada y verificada. Así lo explica el también constitucionalista Juan Manuel Sosa Sacio. "Las imputaciones deberían estar acreditadas con dato fáctico. La crítica, por otro lado, puede generar disgusto o afectar profundamente, pero es parte del contexto de una vida en democracia, donde las personas son permanentemente interpeladas. Sin embargo, el insulto llano y grotesco que no está justificado con la crítica y también es sancionable".

Sobre este punto, Pereira precisa que, si una persona pretende atribuir hechos o acciones concretas (delictivas, en este caso) sobre otra persona, tales afirmaciones deben responder a una verificación previa. Sin ello, el mensaje transgrede los márgenes constitucionales sobre libertad de expresión e información. "Cuando uno difunde hechos, el primer límite es, primero, que estos estén referidos a asuntos de interés público y que no invadan la intimidad. El segundo límite es que se debe haber cumplido un deber de diligencia elemental en verificar la verosimilitud de esos hechos. No digo 'la verdad absoluta' porque eso es imposible. Pero lo que se exige es un mínimo proceso de corroboración que contenga fuentes variadas, creíbles y confiables, descargos de las partes aludidas e información pública. Pero difundir supuestos sobre la base de una idea o de lo que alguien te contó y atribuirlos como hechos sobre las personas claramente tiene consecuencia penal".

¿Compartir o 'retuitear' agravios también tiene implicancia penal?

De la lista de publicaciones por las que Miklos Lukacs se retractó, una fue excluida por él mismo. "No me rectifico. Asumo responsabilidad exclusiva de y solo respondo por los 'tweets' de mi autoría", dijo sobre el comentario que había compartido de otra cuenta en el que se le llamaba a Gustavo Gorriti "sicario que maneja la Justicia en el Perú".

La constitucionalista Betzabé Marciani refiere que el compartir publicaciones agraviantes sí responde a algún grado de responsabilidad y puede ser objeto de rectificación. "Es un aval al agravio y, de forma tácita, se trata de una misma acción. Sin un deslinde al mensaje, se puede entender como la difusión de una frase que sale del margen constitucional".

Por su parte, para el abogado Luis Zavaleta Revilla, el 'retuiteo' no tendría ninguna consecuencia penal en casos de difamación. "El simple hecho de retuitear no configura el delito de difamación. La persona que comparte un 'tweet', en principio, no está emitiendo un mensaje propio, sino difundiendo el que ha emitido un tercero. A menos que emita una valoración propia sobre el 'tweet' original, no atribuye ningún hecho, cualidad o conducta, por lo que no se cumple el tipo penal de difamación. Resulta similar a difundir en un diario o en un noticiero las declaraciones de una persona sin emitir una opinión propia respecto de esta información", estima el constitucionalista.

Pereira coincide con Marciani. "Sin duda, es aplicable. Lo que se genera al compartir un mensaje de este tipo es acrecentar la lesividad del mismo al honor de la persona a través de, digamos, un acto renovado de publicación de ese contenido. Si uno no tiene clara la fiabilidad del contenido que comparte sí se puede imputar alguna responsabilidad. En el ordenamiento estadounidense, la Corte Suprema de ese país maneja un concepto llamado la 'real malicia'. Eso, aquí, se puede traducir como 'dolo eventual', que se aplica a cuando una persona publica algo mostrando desprecio por verificar la verosimilitud de esa información", explica Pereira.

La rectificación no invalida un proceso penal

Los procedimientos de rectificación no son necesariamente intercambiables por la querella o procesos judiciales por delitos de injuria, calumnia o difamación. Esto quiere decir que, aunque una persona se rectifique, el agraviado o la agraviada puede igualmente presentar una denuncia por el ilícito que corresponda al caso.

Así lo indica Pereira: "[Los reclamos de rectificación y las denuncias por injuria, calumnia o difamación] son procedimientos de acción privada, que están establecidos o regulados a favor de un derecho personalísimo. Entonces, las personas pueden disponer si denunciar o desistir de una denuncia posterior a la rectificación".

Zavaleta sostiene en el mismo sentido y advierte que una rectificación puede lograr, mínimamente, una atenuación de la eventual sanción. "La rectificación no elimina la posibilidad de presentar una querella, pero sí podría ser tomada en cuenta para la gradación de la posible sanción penal".

Si bien en el Perú no existe aún jurisprudencia sobre el uso de las redes sociales vs. los límites de la libertad de expresión, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han emitido criterios sobre lo segundo con base en reglas que ya ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en el Tribunal Constitucional peruano sigue en evaluación un caso respecto de la discrecionalidad de los funcionarios públicos a 'bloquear' a ciudadanos de sus redes sociales. El caso es conocido como "Iriarte vs. Cateriano", y se basa en una acción de amparo presentada el 2015 en contra del entonces presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano por el bloqueo de un seguidor en Twitter.

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[Análisis] ¿El insulto en redes sociales está protegido por el derecho a la libertad de expresión?

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El último jueves, el usuario de Twitter Miklos Lukacs dio a conocer que el periodista Gustavo Gorriti le había exigido -mediante carta notarial- rectificarse por más de veinte publicaciones ofensivas. El resultado fue una larga seguidilla de 'tuits' en la que Lukacs retira cada insulto que profirió contra Gorriti entre diciembre de 2017 y agosto de 2019.

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Entre el espectro de crímenes que, a juicio del GIEI, habría perpetrado el régimen sandinista se encuentran los de tortura, violación, detención arbitraria, persecución, asesinato y represión ante los ciudadanos. A esto se le suma a que todo este tiempo el GIEI ha salido beneficiado por las nuevas leyes legislativas implantadas, ya que con estas leyes se han puesto en peligro la libertad de expresión y por ello la libertad de prensa.

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El 21 de abril, Celso Josué Díaz Sevilla (19 años) participaba en una manifestación contra el régimen de Daniel Ortega en Mateare, un municipio de la capital de , cuando recibió un disparo por la espalda. Ya en el suelo, sus homicidas lo remataron de un segundo balazo en la cabeza. Su cuerpo quedó abandonado durante tres horas -ninguna autoridad acudió al lugar- y tuvo que ser retirado, envuelto en una sábana, por su propia familia. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la investigación "indica que los autores de los disparos podrían ser policías [...] que llegaron al lugar en motos y dispararon armas de fuego", en complicidad con otros tiradores "que se desplazaban en camionetas Mitsubishi de la Alcaldía de Mateare".

La historia de Celso es apenas una de las 109 que componen el collage macabro que ha armado durante seis meses el GIEI -formado tras un acuerdo entre la OEA, la CIDH y el Gobierno Nicaragüense para investigar las muertes ocurridas durante las protestas en el país centroamericano entre el 18 de abril y el 30 de mayo- y que presentó sus resultados el viernes pasado en Washington. En realidad, el GIEI debió haber presentado su informe final un día antes, en Nicaragua, pero el régimen de Ortega decidió, sin explicación alguna, sacarlo del país.

La conclusión de las más de 450 páginas es sobrecogedora: "De la información disponible se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad".

En efecto, del análisis de los 109 fallecidos -ocurridos solo durante el lapso del estudio, pues, a la fecha y a falta de información oficial, cálculos conservadores de algunas ONG ubican la cifra actual en alrededor de 325-, más de 1.400 heridos y 690 detenidos, el GIEI encontró que el Estado fue el principal promotor de la violencia en el país y que esta no se desarrolló de manera aislada, sino que siguió una lógica "organizada", "impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado".

Dicha violencia, además, habría sido ejecutada siguiendo el mismo esquema bicípite que aplica el chavismo en Venezuela: a través de una 'represión formal', efectuada por las fuerzas del orden, y una 'represión paralela', protagonizada por los grupos paraestatales, nombre con el que se conoce a las turbas de jóvenes afines al sandinismo que, según había detectado ya la CIDH en un informe de junio, actúan "con la aquiescencia, tolerancia y colaboración de las autoridades".

Entre el espectro de crímenes que, a juicio del GIEI, habría perpetrado el régimen sandinista se encuentran los de tortura, violación, detención arbitraria, persecución y asesinato. Este último, además, se evidenció en las armas que utilizó la policía para dispersar las protestas, que incluían "armas de fuego y, en particular, armas de guerra", como los fusiles AK-47 (que dispara hasta 600 veces por minuto), francotiradores Dragunov, ametralladoras PKM y escopetas pertrechadas con municiones de metal. Difícil creer que el gobierno de Ortega apeló a tal armamento solo para mantener el orden.

A ello, asimismo, el GIEI añade una impunidad rancia, que se relaciona con el copamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que ha venido realizando el sandinismo en los últimos años y que garantiza la lealtad al régimen de los funcionarios antes que el acceso de las víctimas a la justicia. La crisis ha motivado que, según el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (Acnur), para julio de este año al menos 23.000 nicaragüenses hayan pedido refugio a la vecina Costa Rica.

Si a este gravoso expediente le añadimos los alarmantes episodios de las últimas semanas, con detenciones ilegales a periodistas críticos -acusados de cargos como 'terrorismo' e 'incitación al odio'-, las intervenciones a los locales de distintos medios de prensa, la persecución a una docena de ONG, entre otros atropellos a la libertad de expresión, lo que tenemos al frente es la peor entraña de un régimen que, como ha demostrado ahora el GIEI, no solo es tirano, sino también asesino.

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El 21 de abril, Celso Josué Díaz Sevilla (19 años) participaba en una manifestación contra el régimen de Daniel Ortega en Mateare, un municipio de la capital de , cuando recibió un disparo por la espalda. Ya en el suelo, sus homicidas lo remataron de un segundo balazo en la cabeza.

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Publicidad estatal: Dictamen pendiente de debate garantiza la libertad de expresión, según CPP

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Publicidad estatal: Dictamen pendiente de debate garantiza la libertad de expresión, según CPP

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El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) saludó el dictamen que se aprobó en la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
Esto pretende garantizar el derecho de libertad de expresión al permitir ser escuchado e informado mediante plataformas totalmente fidedignas y transparentes reguladas por el estado.

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Publicidad estatal: Dictamen pendiente de debate garantiza la libertad de expresión, según CPP

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El Consejo de la Prensa Peruanareconoce la inclusión del derecho del ciudadano a ser informado, el control y transparencia en el uso de los recursos estatales.

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Conferencia "Libertad de expresión y protesta social".

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Conferencia "Libertad de expresión y protesta social".

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Roberto Gargarella, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina y especialista en derechos humanos, democracia, filosofía política, teoría constitucional e igualdad y desarrollo.  Él habla del derecho de la libertad de expresión con respecto a las protestas que se están llevando a cabo en Argentina para que se realicen de la manera más óptima y que pueda tener mayor alcance y repercusión en el cambio que se quiee lograr.

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Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

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Conferencia "Libertad de expresión y protesta social".

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Este caso de IDL-Reporteros fue muy sonado luego de que se hayan descubierto los CNM audios de las altas cabezas de los poderes judiciales haciendo "favores". Luego de la difusión de estos audios, estos fueron amenazados. Por lo tanto, esto no solo atenta contra la integridad de los periodistas, sino que atentan contra la libertad de expresión y de información al no querer que se expongan estos casos de corrupción. Además que esto lleva a reflexionar que estamos en una sociedad que es capaz de atentar contra otras personas con tal de que no se vean expuestos por su mal accionar.

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En los últimos días, la difusión de conversaciones telefónicas entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces y otros funcionarios puso al descubierto una presunta red de influencias y corrupción que ya ha generado investigaciones fiscales. Sin embargo, el hecho también llevó a algunas autoridades a emprender acciones contra los medios periodísticos que publicaron la información.

El domingo 15 de julio, el Ministerio Público revelen sus fuentes y entreguen toda la información recabada sobre las grabaciones. comunicó por Twitter que el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, "se excusó de continuar" con las indagaciones sobre los llamados "CNM audios", y que el nuevo encargado es su fiscal adjunto Jaime Velarde. Tres días antes, Rodríguez Monteza había establecido un plazo de tres días para que el portal de investigación IDL-Reporteros y el programa dominical El requerimiento fue dejado sin efecto el mismo día a pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, después de que el gremio periodístico y la sociedad civil tildaran la acción como persecutoria de la prensa.
El derecho y el deber a proteger a la fuente
Los periodistas , y , habían rechazado en todo momento acatar la orden de Rodríguez Monteza. Además, el 11 de julio Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros Rosana Cueva, directora de se habían negado a asistir al Congreso de la República tras una citación de la Comisión de Fiscalización, que pretendía interrogarlos.

Como lo señala el experto en Derecho a la Libertad de Expresión, Roberto Pereira Chumbe, su negativa es legítima. "La reserva de la fuente tiene tres dimensiones principales. En primer lugar, es un deber ético de los periodistas. En segundo lugar, es un derecho fundamental que está asociado al secreto profesional de toda persona que ejerce una profesión. Y, en tercer lugar, es también una garantía para la libertad de información y de prensa", dijo Pereira a RPP Noticias .

El Tribunal Constitucional peruano ha reconocido en su jurisprudencia que, a través del trabajo de los medios de comunicación, se materializan derechos como la libertad de expresión e información. Así lo explica la abogada constitucionalista Gabriela Oporto Patroni. "En más de una ocasión, el TC ha señalado que el derecho de acceso a la información pública se relaciona con el ejercicio de la labor periodística. También ha reconocido que el secreto profesional que se extiende a las y los periodistas supone, por un lado, su deber; y por otro lado, el impedimento de que una autoridad pública los obligue a entregar la información reservada para usos propios de la profesión".
Actos contra la prensa
Para ambos especialistas, acciones como las recientemente tomadas por el Congreso y la Fiscalía en torno al caso de los "CNM audios" han dejado precedentes negativos para la libertad de prensa en el país.

Oporto advierte que Latinoamérica ya ha registrado casos emblemáticos contra este derecho fundamental, que se desprende del derecho a la libertad de expresión. "A través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH alerta constantemente sobre hostilizaciones y asesinatos de periodistas en la región. Además, a la Corte IDH, por ejemplo, han llegado los casos de Baruch Ivcher, a quien el Estado peruano retiró la nacionalidad para, después, despojarlo de la propiedad de un canal de televisión, y Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, director y editor, respectivamente, de la revista argentina , a quienes se les impuso el pago de una reparación civil a favor del expresidente Carlos Menem por haber publicado información relacionada con un hijo no reconocido de este cuando era gobernante. En ambos casos, se declaró vulnerado el derecho a la libertad de expresión".

Pereira enfatiza que el Ministerio Público, por medio de su Fiscalía Suprema de Control Interno, cometió un acto inconstitucional al ordenar la revelación de fuentes a . IDL-Reporteros y "Fue un requerimiento manifiestamente inconstitucional y contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo más grave es que se amenazaba con un proceso penal [si no se acataba la orden], produciéndose un efecto de censura, pues acciones como esta desalientan a cualquier otro periodista a difundir información de interés público", señaló el abogado.

Por su parte, Oporto, quien también forma parte del equipo de Litigio Estratégico de Promsex, precisa que "si bien el TC no se ha pronunciado específicamente sobre la pretensión de obligar a un periodista a revelar sus fuentes, es claro que, por su jurisprudencia, esa prohibición de revelar secretos se extiende a las fuentes periodísticas".

La interceptación de conversaciones telefónicas a miembros del CNM y del Poder Judicial se produjo por orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao y en medio de indagaciones a una organización criminal.
¿Es ilegal en Perú entregar información secreta a periodistas?
En el país existe, desde 2010, la Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal (Ley Nº 29542), la cual beneficia y resguarda al funcionario público, servidor público o ciudadano que denuncie ilicitudes dentro de la Administración Pública. Sin embargo, la norma reduce el canal de denuncia a instituciones del Estado como la Contraloría General de la República.

"Acudir a un medio de comunicación para denunciar un hecho ilícito dentro del Estado no está regulado en el Perú. Es decir, si un funcionario confía hechos denunciables a un medio, eso no exime al funcionario de responsabilidad por quebrantar sus deberes como tal de sigilo, custodia o reserva de información privilegiada. Si un funcionario o servidor público es fuente de casos como el del CNM -y aquí estamos especulando- estaríamos ante un acto ilícito y una gran paradoja", reflexiona Roberto Pereira.

El abogado sugiere que este debate debería propiciar la creación de una ley que proteja a las fuentes periodísticas de las sanciones que puedan recibir si son descubiertas.

DERECHO A LA INFORMACIÓN EN PERÚ

El derecho a la libertad de información en Perú es protegido y defendido, principalmente, por la Constitución Política. Otras normas que se centran en la libertad de información son la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Radio y Televisión. Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión también establecen lineamientos acerca de este derecho fundamental.

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Caso CNM: ¿Por qué un periodista no puede ser obligado a revelar sus fuentes?

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En los últimos días, la difusión de conversaciones telefónicas entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces y otros funcionarios puso al descubierto una presunta red de influencias y corrupción que ya ha generado investigaciones fiscales. Sin embargo, el hecho también llevó a algunas autoridades a emprender acciones contra los medios periodísticos que publicaron la información.

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Un estudiante de origen palestino fue deportado de Estados Unidos por supuestamente encontrar publicaciones "antiamericanas" en sus redes sociales. Las autoridades de dicho país fueron muy duros al tratar con el joven, pues no respetaron su derecho de libertad de expresión, ya que según la noticia, solo tenia opiniones que debería de hacer USA. Así también, se le estaba penando por opiniones que también habían vertido sus amigos.  Ante este hecho, nos hace reflexionar sobre las limitaciones que hay en cuanto a la libertad de expresión en redes sociales, pues es un derecho tanto en el entorno real y digital.

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Cuando la denominada "Sociedad de la Información" se instaura entre nosotros con pasos agigantados, la protección de nuestros datos personales se vuelve una necesidad cada vez más urgente. Pero, ¿son realmente los hackers la mayor amenaza para la privacidad de cada ciudadano? Cuando las propias fuerzas de un gobierno son las que bucean en nuestra esfera personal sin nuestro consentimiento, la realidad parece bastante más compleja. Así lo vivió Ismail B. Ajjawi, un estudiante palestino de 17 años del Líbano, cuando se le negó su entrada a Estados Unidos a causa de la información que fue extraída de sus redes sociales por funcionarios de inmigración.

Ajjawi pensaba comenzar su primer año en la Universidad de Harvard, pero no esperaba encontrarse con un muro fronterizo cuando aterrizó el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Logan, en Boston. El estudiante fue retenido en este aeropuerto durante ocho horas, tiempo en el cual los agentes federales lo sometieron a un polémico interrogatorio sobre sus inclinaciones políticas y religiosas mientras revisaban todos sus datos a través de la inspección de su celular y laptop. "Al pasar cinco horas, la agente me llamó a una habitación y comenzó a gritarme. Ella dijo que encontró que unas personas de mi lista de amigos han publicado puntos de vista políticos que se oponen a los de EEUU", escribió Ismail sobre su experiencia ante esta situación en una cuenta de The Harvard Crimson, un periódico estudiantil. "Yo respondí que no tengo que ver con esos mensajes y que no los compartí ni comenté sobre los mismos y le dije a ella que no debería ser responsabilizado por los mensajes de otros".

La práctica de revisar contenidos personales alojados en aparatos electrónicos de viajeros sospechosos es una medida de seguridad aplicada durante los gobiernos previos al actual, pero esta costumbre se intensificó considerablemente luego de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El caso de Ajjawi puso en alerta a grupos defensores de la libertad de expresión, quienes alegan que aunque el hecho de que deporten a un estudiante por sus opiniones en redes sociales ya es preocupante, más preocupante aún es que lo deporten por las opiniones de sus amigos en esas redes. "No tengo una sola publicación en mi línea de tiempo sobre política", agregó Ajjawi, cuya visa fue cancelada para luego ser enviado de regreso a su país. "Esta persona se consideró inadmisible para los Estados Unidos en función de la información descubierta durante la inspección de CBP", dijo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado.

En una declaración, la Universidad de Harvard dijo que estaba "trabajando estrechamente con la familia del estudiante y las autoridades apropiadas para resolver este asunto para que pueda unirse a sus compañeros de clase en los próximos días". Las clases en Harvard comenzarán el 3 de setiembre y Ismail Ajjawi espera poder encontrarse en el campus de la universidad para entonces gracias al trabajo de su abogado y de las organizaciones sociales que lo apoyan. Sarah McLaughlin, directora de defensa dirigida de la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación, dijo a The New York Times que ha habido "numerosas acusaciones recientes de que los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos niegan visas sobre la base de puntos de vista políticos". "Las acusaciones de Ajjawi, si son precisas, representan una amenaza para la libertad académica, una que deben tomar en serio los que se preocupan por proteger las libertades expresivas en los Estados Unidos", dijo. Summer Lopez, directora sénior de Programas de Expresión Libre de PEN America, dijo en un comunicado que "evitar que las personas ingresen al país porque sus amigos criticaron a los EE. UU. En las redes sociales muestra un asombroso desprecio por el principio de la libertad de expresión".

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Niegan entrada a EEUU a estudiante palestino por publicaciones en sus redes sociales - Diario La República

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Cuando la denominada "Sociedad de la Información" se instaura entre nosotros con pasos agigantados, la protección de nuestros datos personales se vuelve una necesidad cada vez más urgente. Pero, ¿son realmente los hackers la mayor amenaza para la privacidad de cada ciudadano?

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En el Perú, el congresista Mulder quería que se apruebe una norma que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados y para muchos significó “un golpe a la libertad de expresión” y un “despropósito”. Esta norma que se planteaba buscaba limitar la libertad de poder expresarse en medios de comunicación y con ello también puede decirse que se ponía en peligro la libertad a la información.

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El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, consideró hoy que la decisión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones de aprobar la insistencia de la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados "es un golpe a la libertad de expresión" y un "despropósito".

"He sido partidario del debate [de esta iniciativa] y de que se le hagan modificaciones, como determinar porcentajes, pero tal y como está planteada es un golpe a la libertad de expresión, sin ninguna duda", manifestó el ex ministro de Trabajo en comunicación con El Comercio.

Sheput adelantó que la bancada oficialista se opondrá a la aprobación de la insistencia de esta norma, impulsada por el congresista Mauricio Mulder (Partido Aprista) con respaldo de Fuerza Popular, en el pleno del Parlamento cuando sea debatida. "No se puede limitar o mutilar el derecho de cualquier gobierno a expresar sus posiciones a través de un medio de comunicación. [La norma] como está aprobada es un despropósito y no tiene ningún sentido", agregó.

El congresista también dijo que espera que si la Ley Mulder es aprobada por insistencia, el gobierno de Martín Vizcarra presente una acción de inconstitucionalidad en contra de esta.

"El afectado va a ser Vizcarra. ¿Cómo va a comunicar sus obras? ¿Cómo va a poder transmitir información? El gran problema que tiene el gobierno es que le faltan cajas de resonancia. No trabajan estrechamente con la bancada, los ministros no se caracterizan por ser comunicativos, entonces qué le queda. ¿Los medios? Tampoco los va a tener", refirió.

Juan Sheput indicó que si el Ejecutivo no presenta la demanda de inconstitucionalidad, se estaría condenado al "ostracismo, al silencio y al mutismo".

El ex ministro de Trabajo, además, cuestionó el comportamiento "sumamente agresivo" que ha tenido Fuerza Popular con un sector de los medios de comunicación.

"La forma como se desenvuelve Fuerza Popular en contra de los medios de comunicación es sumamente agresiva. Lo lamentable es que las leyes acá [en el Parlamento] se hacen con nombre propio o son direccionadas políticamente para afectar a alguien. El enfrentamiento con los medios no puede ser fuente de proyectos para castigarte. Eso es parte de la degeneración del sistema político causado por Fuerza Popular", acotó.

Por su lado, el portavoz de la bancada oficialista Gilbert Violeta indicó que mientras la prensa denuncia posibles actos de corrupción, "en el Congreso el fujimorismo le responde con la llamada Ley Mulder".

La prensa denuncia posibles actos de corrupción en el Congreso y el fujimorismo le responde con la llamada #LEYMULDER. El Ejecutivo tiene que plantear una Acción de Inconstitucionalidad contra dicha iniciativa. https://t.co/Mjk94wg1hn
- Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 13 de junio de 2018

"El Ejecutivo tiene que plantear una acción de inconstitucionalidad contra dicha iniciativa", insistió Violeta.

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Sheput dice que Ley Mulder "es un golpe a la libertad de expresión"

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El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput , consideró hoy que la decisión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones de aprobar la insistencia de la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados "es un golpe a la libertad de expresión" y un "despropósito".

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Las organizaciones no gubernamentales defensoras del derecho a la libertad de expresión y de prensa...

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Las organizaciones no gubernamentales defensoras del derecho a la libertad de expresión y de prensa...

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Existen organizaciones locales y mundiales que velan por la seguridad de los reporteros y por el derecho a la libre expresión e información.

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La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha editado un "Manual de Protección para Periodistas" y ha creado un Fondo de Solidaridad en favor de los periodistas amenazados, a fin de proporcionarles ayuda material y asistencia jurídica. Este fondo forma parte de las actividades del Programa FIP sobre la Seguridad Personal de los Periodistas, que comprenden la realización de encuestas, la organización de campañas y protestas, la difusión de información y la producción de diversas publicaciones. La FIP tiene su sede en Bruselas.

- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) elabora y mantiene actualizado un "Índice de impunidad" en el que se enumeran los países donde, a lo largo del último decenio, los poderes públicos han sido incapaces de dilucidar asesinatos de profesionales de los medios de información. El CPJ tiene su sede en Nueva York y ha publicado una "Guía para Informar en Situaciones de Peligro", en español, inglés y árabe.

- Reporteros sin Fronteras (RSF) publica en su sitio web un mapamundi en el que figuran, en color rojo, países calificados de "predadores", donde no existe libertad de prensa o donde ésta peligra seriamente. RSF también elabora un "Barómetro de la libertad de prensa" en el que figura una lista actualizada de periodistas asesinados y presos, así como de "net-ciudadanos" (blogueros) encarcelados. RSF tiene su sede en París.

- El Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI). Esta organización, con sede en Londres, elabora programas de seguridad para todos los trabajadores de los medios de comunicación a nivel mundial y local. Entre sus objetivos figura el establecimiento de una red mundial de organizaciones dedicadas a la reducción de riesgos. En la portada del sitio web del INSI se puede consultar una lista estadística del número de periodistas y trabajadores de los medios de difusión asesinados desde el comienzo del año.

- El Instituto Internacional de la Prensa (IIP), que tiene su sede en Viena y celebra este año su sexagésimo aniversario, también presenta en la portada de su sitio web un "contador" de periodistas asesinados ("Death Watch Counter"). El IPI manifiesta un especial interés por los periodistas que se ven confrontados a una denegación de justicia y publica también una "lista de observación" de los países que tienden hacia un autoritarismo inquietante para la libertad de opinión. El IPI declara que intenta, siempre y cuando es posible, establecer un diálogo con los Estados interesados para convencerles de que no deben reducir al silencio a los medios de información.

- La Asociación Mundial de Periódicos (WAN) dedica una parte su sitio web a denunciar los atentados contra la libertad de prensa, indicando el número de profesionales de prensa asesinados y señalando las violaciones más graves de la libertad de expresión e información. La AMJ tiene su sede en París y Darmstadt (Alemania).

- El Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) es una red mundial formada por 88 organizaciones nacionales y regionales de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, que se dedican a la salvaguardia y promoción del derecho a la libertad de expresión. El IFEX, con sede en Toronto (Canadá), cuenta con un sitio web en cinco idiomas.

- El Instituto para el Reportaje de Guerra y de Paz (IWPR) tiene por objetivo coadyuvar a la creación de condiciones propicias para la instauración de la paz y la democracia mediante una prensa libre. En colaboración con medios de información locales de países donde la libertad de prensa es incipiente, el IWPR imparte formación práctica a periodistas. Tiene su sede en Londres y ha editado en inglés una "Guía para periodistas locales en zonas de crisis".

- El Memorial de los Periodistas es un sitio web en el que figuran los nombres de los profesionales de la prensa asesinados desde 1944, con la fecha de su muerte y la indicación del medio de información para el que trabajaban.

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Principales organizaciones de defensa de los periodistas | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

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La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha editado un "Manual de Protección para Periodistas" y ha creado un Fondo de Solidaridad en favor de los periodistas amenazados, a fin de proporcionarles ayuda material y asistencia jurídica.

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Conferencia “De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información”

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Conferencia “De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información”

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Conferencia de libertar de expresión en México para que los ciudadanos reafirmen su derecho a la libre expresión en el contexto de las elecciones presidenciales debido a que se afirma que la libertad de expresión va de la mano con la democracia.

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Comunicado N° 9

San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017.
En el marco del Centenario de nuestra Carta Magna, se brinda la Conferencia "De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información".
El 5 de febrero de este año, se conmemoró el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la cual se garantizó los derechos sociales, se adoptó el federalismo, la declaración de derechos y sus medidas técnico-jurídicas para garantizarlas, así como un régimen presidencial con división de poderes, y un sistema representativo, basado en la soberanía popular; raíces que dieron tránsito al desarrollo de la democracia participativa, conformada por ideales, fundados en los principios de justicia e igualdad.

La libertad de expresión es un elemento crucial para la democracia, el desarrollo y el diálogo, asimismo es un derecho universal que todos deben de gozar. El derecho a la libertad de opinión y de expresión; incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación divisoria, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A este respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, como parte de su labor de promoción de los derechos inherentes a las mujeres y hombres, continua celebrando el Centenario de nuestra Constitución, efectuando conferencias alusivas, con la participación de expertos en temáticas Constitucionales y de Derechos Humanos, dirigidas a instituciones educativas, de gobierno y al público en general.

Para tal efecto, el día de hoy se impartió la Conferencia "De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información", a cargo del Maestro Francisco Javier Ac Ordoñez, Consejero del Instituto Electoral del Estado de Campeche; Al término de la misma, el Presidente de este Organismo, Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes, hizo entrega de un reconocimiento al conferencista.

Psic. Pablo J. Macossay Arteaga.

Coordinador de Comunicación Social.

Página Web: codhecam.org, Twiter: @DHCampeche, Facebook: @CODHECAM Instagram: @codhecam

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Conferencia "De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información"

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Comunicado N° 9 San Francisco de Campeche, Campeche a 15 de junio de 2017. En el marco del Centenario de nuestra Carta Magna, se brinda la Conferencia "De la Libertad de Expresión al Derecho a la Información " .

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La "investigación" que el Congreso peruano plantea realizar a las encuestadoras de los últimos sondeos, atenta a la libertad de expresión y se ha considerado como un acto de amedrentamiento por estas empresas, pues las respuestas y los datos que emitieron no fueron del agrado de algunos congresistas y con lo cual se quiere "investigar" a las encuestadoras. Esto con el fin que le pongan un paro a sus actividades y dejen de hacer encuestas (libertad de opinión).

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El Congreso peruano, de mayoría fujimorista, aprobó esta jornada investigar "la metodología y las acciones" de las empresas encuestadoras de Perú después de que en las últimas semanas estas revelaran un masivo apoyo público a una propuesta de adelanto electoral, fomentando así una "crisis política".

La propuesta fue planteada por el congresista fujimorista Héctor Becerril ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara, y recibió el apoyo de sus compañeros de partido Segundo Tapia, Luis López, Juan Carlo Yuyes, Marco Miyashiro, Mario Mantilla, Esther Saavedra y Yeni Vilcatoma.

También lo apoyaron los legisladores Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano (APRA); Horacio Zevallos, del partido izquierdista Nuevo Perú; así como por los congresistas Janet Sánchez, de Contigo; Rebeca Cruz, de Alianza Para el Progreso; y Glider Ushñahua, de Unidos por la República.

"Diversos medios periodísticos han hecho públicas encuestas y sondeos de la población, entre comillas, que reclaman, entre otros, el recorte del mandato presidencial, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales, generando una aparente crisis política que es publicitada en medios radiales, televisivos y escritos", señaló el congresista Becerril al presentar su propuesta.

No obstante, para Alfredo Torres, presidente ejecutivo de la encuestadora IPSOS Perú, esta es "una ofensiva política", que "responde a que al congresista Mulder y a otras personas de la comisión investigadora les molesta que las encuestas no indican lo que ellos quisieran escuchar".

Así lo señaló este miércoles a Efe, donde calificó la medida como una reacción a los resultados de las encuestas hechas públicas en agosto, donde se consulta a la población su postura sobre la propuesta del Ejecutivo del adelanto de elecciones en un año.

"En las cuatro ha salido que un 70 o 75 % de la población está a favor del adelanto de las elecciones. Y ellos creen que nosotros publicamos esas cifras porque trabajamos para el Gobierno. Eso es una cosa absurda, pero es lo que pretenden sostener", señaló Torres.

Ante dicha hipótesis, Torres señaló que su respuesta "siempre ha sido que la información puede ser corroborada con otra encuestadora que haga el mismo desarrollo".

"En el Perú hay 15 encuestadoras acreditadas en la Asociación Peruana de Empresas de investigación de Mercados y hay algunas más de fuera que podrían hacer el mismo estudio para que vean qué sale. Sin embargo, ellos prefieren ir por el lado de la amenaza", agregó.

En ese sentido, calificó la creación de la comisión investigadora del Congreso como "un intento de coartar la libertad de trabajo y quitar la posibilidad a los ciudadanos de expresarse, porque las encuestadoras son una forma de expresión".

Agregó que la metodología de las empresas encuestadoras "son públicas, con estándares internacionales" y que sus contratos con el Estado "son públicos" también.

"El Estado requiere información y para ello contrata encuestadoras. Eso no significa que estemos manipulando la información", aseveró Torres y comparó esta "ofensiva" con la ley que prohibía la publicidad oficial del Estado en los medios privados y la limitaba a los medios oficiales y a las redes sociales, y que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El adelanto de las elecciones generales fue propuesto por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en su discurso anual ante el Congreso del 28 de julio pasado, día que se celebra la independencia de Perú.

Con ello, el mandatario busca una salida democrática al bloqueo institucional que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo desde las últimas elecciones de 2016, así como sacar adelante reformas políticas y de justicia que propuso Vizcarra cuando asumió el poder.

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El Congreso peruano "investigará" a encuestadoras por fomentar una "crisis política"

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El Congreso peruano, de mayoría fujimorista, aprobó esta jornada investigar "la metodología y las acciones" de las empresas encuestadoras de Perú después de que en las últimas semanas estas revelaran un masivo apoyo público a una propuesta de adelanto electoral, fomentando así una "crisis política".