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http://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-derechos-humanos

https://sipse.com/mexico/aborto-adolescentes-cifra-mexico-cuidado-vida-sexual-activa-140504.html

http://www.animalpolitico.com/2017/08/mujeres-mexico-agresiones/

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/corrupcion-e-impunidad-en-la-imparticion-de-justicia-en-mexico.html

https://www.elespanol.com/cultura/20161221/179982813_0.html

http://www.proceso.com.mx/475808/tortura-en-mexico-sigue-generalizada-onu

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6. Todo ser humano posee el derecho a una vida sin violencia, hombres, mujeres o niños poseen el derecho de vivir en un ambiente sin violencia, ya sea esta dentro o fuera de la casa

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6. Todo ser humano posee el derecho a una vida sin violencia, hombres, mujeres o niños poseen el derecho de vivir en un ambiente sin violencia, ya sea esta dentro o fuera de la casa

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A pesar de este derecho humano todavía existe mucha ignorancia en nuestro País sobre la violencia en el hogar, muchas de las mujeres no denuncian por considerarlo algo normal.

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En México, 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, pero la mayoría no denuncia ni pide apoyo, ya que considera que las agresiones han sido sin importancia y no les afectan, revela la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.
Los datos arrojados por la encuesta levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que 49% admitió haber sufrido violencia emocional, 41.3% sexual, 29% económica, patrimonial o discriminación en el trabajo y 34% violencia física.
Resalta que 88.4% de las mujeres que admitieron haber recibido algún tipo de agresión no presentó la denuncia ni solicitó apoyo, contrario al 9.4% que sí lo hizo y 2.2% que sólo pidió apoyo.

El no denunciar registra porcentajes casi totales en los distintos rubros que midió el Inegi en la encuesta. El 91.3% de quienes tuvieron alguna agresión escolar no denunciaron, en el caso de la violencia laboral no lo hizo el 91.2%; el 93.4% de víctimas de violencia comunitaria y el 90.6% de agresiones familiares, sin contar a la pareja o al esposo, tampoco buscaron ayuda.

En todos los rubros mencionados, el principal motivo por el que no se presentó una denuncia ni se pidió apoyo fue porque "se trató de algo sin importancia que no le afectó". Eso argumentó el 49.3% de mujeres que sufrieron violencia escolar, 41.1% en violencia laboral, 49.5% de violencia comunitaria y 34.1% de violencia familiar.
Lee el especial: La violencia contra las mujeres (no) es normal.
El caso de la violencia por parte de la pareja o esposo la situación es similar, ya que 43.9% admitió haber sido víctima de alguna agresión - 25.6% en el último año - pero de esa cifra, 78.6% no solicitó apoyo ni denunció, ya que 28.8% consideró que fue algo sin importancia o que no le afectó, mientras que 19.8% no lo hizo por miedo a represalias y 17.3% por vergüenza.

De las agresiones de la pareja, 40.1% reconoció violencia emocional, 20.9% económico o patrimonial, 17.9 física y sexual 6.5%. Mientras que en rangos de edad, las más violentadas son las de 15 a 24 años (30.1%), 25 a 34 (28.6), 35 a 44 (25.9), 45 a 54 (22.1%) y 55 años en adelante (13.6%).

El Inegi indicó que la información de la ENDIREH 2016 permite dimensionar y caracterizar la dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas que integran sus hogares, así como las relaciones que han establecido en centros educativos, laborales y espacios comunitarios.
En el país residen 46.5 millones de mujeres de 15 años y más y se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o actos de discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o su relación de pareja.
La muestra fue realizada en 142 mil 363 viviendas entre octubre y noviembre de 2016.

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El 88.4% de las mujeres en México no denuncian agresiones porque las consideran poco importantes

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En México, 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, pero la mayoría no denuncia ni pide apoyo, ya que considera que las agresiones han sido sin importancia y no les afectan, revela la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.

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4. Ser libre de opinar.- Es un derecho humano el que cada individuo sea libre de opinar sobre de diversos temas, así como el derecho al libre pensamiento.

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4. Ser libre de opinar.- Es un derecho humano el que cada individuo sea libre de opinar sobre de diversos temas, así como el derecho al libre pensamiento.

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En México mueren asesinados periodistas que al ejercer su derecho de opinar

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No había habido un año tan mortífero para los periodistas desde 1990. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Comité para la Protección de los Periodistas (CJP, en sus siglas en inglés) tras analizar los datos de 2016. Sus cifras: 48 muertos y 259 detenidos. Las que aporta Reporteros sin Fronteras (RSF), que ha podido confirmar más casos, son peores: 58 fallecidos y 348 arrestados. "La tendencia es dramáticamente al alza, lo que representa un aumento del 6% respecto a 2015", dice el último informe de la ONG, que lamenta que "las numerosas resoluciones de la ONU relativas a la protección de los periodistas y la lucha contra la impunidad, no han dado resultados satisfactorios".

La ONU está en el punto de mira de agrupaciones de periodistas, de RSF y del propio CJP desde hace años. Este último vio rechazada su petición para formar parte el grupo de ONG que asesoran a su Consejo Económico y Social el pasado mes de mayo. No era la primera vez. El CPJ pidió su ingreso en 2012, pero el procedimiento se retrasó varias veces por las dudas planteadas por algunos países, algo habitual cuando quieren dejar una solicitud en vía muerta. El director ejecutivo del CJP, Joel Simon, lo explica de este modo: "Un pequeño grupo de países con historiales pobres en libertad de prensa está utilizando tácticas burocráticas para sabotear y minar cualquier esfuerzo para destapar sus políticas abusivas".

Un pequeño grupo de países con historiales pobres en libertad de prensa está utilizando tácticas burocráticas para sabotear y minar cualquier esfuerzo para destapar sus políticas abusivas

De los 19 países que debían votar para admitir al CJP y servirse de sus consejos, diez dijeron que no: Sudáfrica, China, Azerbayán, Burundi, Cuba, Nicaragua, Pakistán, Sudán, Venezuela y Rusia. Este último, según se puede leer en las actas de la votación, objetó lo siguiente: "El CJP sólo condena las violaciones de los derechos humanos en países que no son aliados de los Estados Unidos". La alegación no es cierta, pues EEUU, donde tiene la sede la ONG, ha sido uno de los blancos más frecuentes de los informes que elabora la entidad periódicamente.

Hubo seis países que dijeron "sí": Estados Unidos, Grecia, Guinea, Israel, Mauritania y Uruguay. Y tres que se abstuvieron: Irán, India y Turquía, país que registra la cifra más alta de periodistas detenidos en 2016.

Lo peor, la impunidad

Cuando Turquía se abstuvo, aún no había tenido lugar el golpe de Estado en el que el presidente Recep Tayyip Erdogan se amparó para ejecutar sus purgas de profesores, militares, artistas y periodistas. Con la aplicación de la ley antiterrorista, Erdogan ha llevado a la cárcel a un centenar de informadores, según RSF, que cree que pueden ser más porque algunos detenidos aún no han podido ser relacionados con alguno de los cien medios de comunicación que ha cerrado el Gobierno turco desde julio hasta hoy.

Detrás de Turquía, este año está China, que en 2016 ha detenido a 38 informadores. Uno de los casos más destacados es el del director de 64 Tianwang, Huang Qi, del que se desconoce su paradero desde el pasado 28 de noviembre. Tampoco se sabe dónde está su madre, arrestada en casa. La policía dijo que la llevaría a un hospital, pero ni siquiera Amnistía Internacional (AI) ha conseguido encontrarla. Qi es un activista de los derechos humanos que ha sido detenido en varias ocasiones.

En China, este 2016 se ha detenido a 38 informadores. Uno de los casos más destacados es el del director de 64 Tianwang, Huang Qi, del que se desconoce su paradero desde el pasado 28 de noviembre

La más sonada ocurrió en en 2008, cuando fue encarcelado para que no informara sobre el verdadero alcance del terremoto de Shichuan, algo que el Gobierno chino intentó ocultar impidiendo el acceso a la zona y a la información. Ahora, AI ha lanzado un llamamiento internacional porque padece "un trastorno renal que precisa atención médica diaria" y temen que lo torturen.

Contra los gays

Hay dos tipos de ONG que asesoran a la ONU. Unos tienen "estatus consultivo general" y comparten casi todos los campos de acción del Consejo Económico y Social. Entre esas 141 entidades están grupos como Arquitectos por la Paz, Bibliotecas sin Fronteras o Greenpeace. El otro grupo se denomina de "estatus consultivo especial" y hay más de 300. En ese grupo se encuentra Reporteros sin Fronteras y otras entidades de periodistas, pero todas de carácter local (Red de Periodistas de Mali para la lucha contra la corrupción y la pobreza) o sectorial (Federación Internacional de Periodistas Agrícolas). Todos están de acuerdo en que hace falta un refuerzo para garantizar la seguridad de los informadores, pero la ONU no reacciona.

RSF ha pedido varias veces que se cree la figura del "Representante Especial para la seguridad de los periodistas" y que dependa directamente del Secretario General de la ONU, pero lo único que ha encontrado han sido declaraciones de buenas intenciones. Ban Ki-moon no ha escondido su malestar cada vez que los países miembros han dejado pasar la ocasión de garantizar la seguridad de los periodistas. Con la votación que cerró el paso al CJP se colocó del lado de la ONG y de países como Estados Unidos, Grecia o Sudáfrica, cuyos embajadores lamentaron públicamente la oportunidad perdida.

Este año se negó la participación a entidades defensoras de la comunidad LGTB en la cumbre de alto nivel organizada en junio por la ONU para poner fin a la epidemia del Sida

Las protestas de los periodistas porque los países aceptan o rechazan entidades según criterios políticos y no pensando en el bien común ha provocado que ONG de otros ámbitos se quejen y exijan a la ONU baremos "apolíticos, justos y transparentes". Un ejemplo es el de las entidades que defienden los derechos de la comunidad LGTB, a las que este año se negó su participación en la cumbre de alto nivel organizada en junio por la ONU para poner fin a la epidemia del Sida.

Rusia y los 25 países de la Organización de Cooperación Islámica unieron sus fuerzas para prohibir la entrada a 22 ONG de homosexuales, transexuales y drogodependientes. No dieron ningún motivo y ningún país se lo exigió. "Por desgracia, esto es parte de la tendencia que tiene algunos Estados de colocar sus prejuicios por encima de los derechos humanos", declaró Graeme Reid, de Human Right Watch.

Entre las consecuencias, la autocensura

Los países que este año han impedido que el CJP aporte su experiencia en evitar secuestros, violaciones y asesinatos tienen en común, no tanto el número de abusos, como el grado de impunidad con el que los cometen: en Rusia, el 86% de los casos de periodistas muertos o asesinados en el ejercicio de su profesión queda sin juicio; en China, el 99%; en Turquía, el 77%; en India, el 96% y en Iran, el 100%. ¿Y qué consecuencias tiene esa impunidad? "Que aumenta la autocensura", explican Elana Beiser y Elisabeth Witchel, periodistas y miembros de CJP, que añaden que autocensura no es sólo que un informador se muerda la lengua para no meterse en líos.

La autocensura también se da cuando el periodista tiene que cambiar de región o de país para salvar su vida o cuando deja su profesión para no ponerse en riesgo. A la cabeza del Índice Global de Impunidad está, de nuevo, Somalia, donde actúa el grupo radical islamis Al-Shabaab, al que señalan como el autor de la mayoría de los asesinatos en la región. Le siguen Irak y Siria, pero en los últimos años algunos países de América Latina también han tomado primeras posiciones en esa lista y Brasil y México son dos ejemplos. Pero la media global es en sí misma preocupante: el 86% de los casos de periodistas que mueren ejerciendo su profesión no se esclarece nunca.

El 86% de los casos de periodistas que mueren ejerciendo su profesión no se esclarece nunca

La única buena noticia para los periodistas procedente de la ONU este 2016, es que después de ignorar las órdenes durante años, muchos países que se habían negado a informar de las medidas adoptadas para hacer justicia a los periodistas asesinados o muertos, han empezado a rendir cuentas. Sólo India, Sudán del Sur y Siria siguen sin responder.

Desde CjP y RfS recuerdan que hay otras formas de acallar a la prensa que no pasan por la amenaza directa ni por la violencia física. Un ejemplo que ponen todas las ONG que se dedican a los Derechos Humanos en general y a la defensa de los profesionales de la información en particular, es el de las nuevas leyes aprobadas por la Duma rusa que refuerzan el control gubernamental de las comunicaciones. La norma incluye, entre otras cosas, que el servicio postal pueda abrir todos los paquetes; que Internet se regule con las mismas leyes que rigen a los medios de comunicación y que se puedan intervenir whatsapp y telegram, siempre que el gobierno lo estime oportuno.

España tampoco escapa al ojo de quienes se dedican a vigilar las condiciones de trabajo de los periodistas. Tras la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como "Ley mordaza") en julio de 2015 y hasta enero de este año que termina, el Estado puso en su nombre más de 40.000 multas, muchas a periodistas, sobre todo fotógrafos. Ahora, como el PP necesita del PSOE para llegar a acuerdos, parece que la norma va camino de suavizarse o de desaparecer, algo que entidades como RFS ve con buenos ojos.

Se denuncian más violaciones

"Si las reporteras que cubrieron Vietnam sufrieron agresiones sexuales, ninguna lo contó", explicaba a este diario Virginia Elwood-Akers, autora de un libro en que analiza el trabajo de las periodistas que cubrieron informativamente aquel conflicto. El tema era y sigue siendo tabú, aunque desde que Lara Logan denunció que había sido violada por un grupo de hombres durante las manifestaciones que tuvieron lugar en El Cairo (Egipto) en 2011, otras han encontrado el valor para hacerlo.

"Llevar un anillo de casada puede disuadir de atenciones inoportunas", es una de las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Periodistas a las que tienen que cubrir zonas de conflicto, pero las situaciones a las que se enfrentan las informadoras suelen requerir más recursos que una alianza, sobre todo cuando hasta las asociaciones de periodistas reconocen que las mujeres son un preciado botín de guerra.

"Llevar un anillo de casada puede disuadir de atenciones inoportunas", es una de las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Periodistas a las que tienen que cubrir zonas de conflicto

No hay cifras oficiales, ni un recuento como el que se hace los heridos, los amenazados y los muertos. Sólo se conoce lo que van contando, una a una, las víctimas. El caso más reciente conocido es el de la subdirectora del diario colombiano El Tiempo, Jineth Bedoya, que fue secuestrada, violada y torturada por un grupo paramilitar cuando trabajaba como periodista de sucesos en El Espectador. Ella se ha atrevido a hablar y a denunciar después de un tiempo, pero reconoce que es muy complicado, que es difícil contarlo en público, sobre todo porque de los 27 hombres que la agredieron, sólo dos han ido a juicio. De nuevo, la impunidad.

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Abajo la libertad de expresión: hoy matan a más periodistas que hace 25 años

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No había habido un año tan mortífero para los periodistas desde 1990. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el Comité para la Protección de los Periodistas (CJP, en sus siglas en inglés) tras analizar los datos de 2016. Sus cifras: 48 muertos y 259 detenidos.

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3. El derecho a ser iguales ante las leyes, sin importar el que se pertenezca a algún tipo de grupo social, económico, religioso, etnográfico, etc.

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3. El derecho a ser iguales ante las leyes, sin importar el que se pertenezca a algún tipo de grupo social, económico, religioso, etnográfico, etc.

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En nuestro Pais existe gran corrupcion donde la justicia se compra con dinero.

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El marco jurídico e institucional del país experimentó cambios importantes en la última década; al mismo tiempo, el Congreso de la Unión aprobó reformas estructurales que estaban en el tintero por largo tiempo; sin embargo, México continúa siendo evaluado como un país subdesarrollado.

Un indicador básico de este hecho es que casi dos tercios de la población viven en la pobreza. A juicio de muchos analistas, el centro de la problemática mexicana esta en la extensión y profundidad de la corrupción y la impunidad en la impartición de justicia, fenómenos que finalmente se traducen en el no respeto de los derechos humanos. A esta realidad se adiciona el escalamiento de las acciones ilícitas del crimen organizado que han puesto "en jaque" la gobernabilidad del país y la seguridad del mismo.

En este contexto, el expresidente Vicente Fox anunció una "gran cruzada" contra la corrupción y para atrapar a "peces gordos caiga quien caiga"; la cruzada fue básicamente mediática, e incluso defendió a los hijos de su esposa acusados de diferentes actos de corrupción y tráfico de influencias. Posteriormente, y como medida de austeridad frente a la crisis 2008-2009, el expresidente Felipe Calderón propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo del Estado encargado de coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno de nivel federal; la propuesta no se concretó por que el Congreso nunca la aprobó.

Después de un lustro de inactividad de la SFP y, sin asignación de un secretario, el presidente Peña restauró sus funciones en febrero de 2015 y nombró como secretario a Virgilio Andrade Martínez, destacado y probo funcionario público, que entre otras funciones tendrá la responsabilidad de investigar si hubo o no conflicto de intereses en las compras que hicieron el presidente, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda Luis Videgaray a empresas contratistas de gobierno federal a precios mas baratos de mercado o con hipotecas blandas, lo que significa averiguar si existieron actos de corrupción en estas operaciones.

Se considera que la reactivación de la SFP busca fundamentalmente restaurar la credibilidad del presidente seriamente cuestionada por la opinión pública a raíz de la ejecución de 22 delincuentes por parte del Ejército en Tlataya, el 17 de septiembre pasado, en el Estado de México, y de la matanza de 43 normalitas de Ayotzinapan el 26 de ese mes por órdenes del alcalde de Iguala con el apoyo de policías municipales que entregaron a los estudiantes al crimen organizado; el deterioro de la imagen presidencial también está vinculado al caos social que se ha creado en varios estados de la República por los actos vandálicos de centrales magisteriales y otras organizaciones relacionadas a movimientos guerrilleros y a partidos de izquierda, principalmente.

Cabe destacar que el secretario de Hacienda ha sido ampliamente criticado por la reforma fiscal que se ha calificado de inhibidora de la inversión productiva, entre otros impactos negativos.

Analistas políticos piensan que la investigación de la SFP, cuyos resultados serán revisados por académicos y personas del sector privado, es una "bola de humo" para disipar la falta de transparencia en las operaciones inmobiliarias mencionadas y un golpe a la creación de una comisión desconcentrada que investigue y penalice acciones corruptas de la burocracia (comisión anticorrupción) congelada en el Congreso desde noviembre del 2014; asimismo, que el nombramiento de Virgilio Andrade representa un conflicto de intereses en sí mismo por su cercanía al presidente; de hecho es subalterno del mismo y amigo de otros secretarios de Estado, básicamente de Luis Videgaray, quien fue su jefe y compañero de escuela. Videgaray es el padrino político de Andrade. Por otra parte, se cuestiona de que la SFP no tiene autoridad para investigar a un particular (Angélica Rivera) en sus tratos con otros particulares (los vendedores de la propiedad que ésta adquirió).

La corrupción no se podrá enfrentar en tanto no existan órganos verdaderamente independientes del gobierno que pongan en el banquillo de los acusados a líderes sindicales venales, gobernadores y otros altos funcionarios públicos que se han apropiado de los dineros públicos y privados, y no sólo han detenido el crecimiento económico y la justicia social, sino que se burlan y se ufanan de sus acciones delictivas. En la ciudad de México, como uno de tantos testimonios de falta de transparencia e impunidad, está la Estela de Luz y la 'Línea Dorada' del Metro.

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Corrupción e impunidad en la impartición de justicia en México

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El marco jurídico e institucional del país experimentó cambios importantes en la última década; al mismo tiempo, el Congreso de la Unión aprobó reformas estructurales que estaban en el tintero por largo tiempo; sin embargo, México continúa siendo evaluado como un país subdesarrollado.

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2. Derecho a no ser tratado con torturas, tratos crueles o degradantes. 

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2. Derecho a no ser tratado con torturas, tratos crueles o degradantes. 

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A pesar que es un derecho humano, la tortura se practica mucho en nuestro País

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano no sólo descalificó el informe del relator de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al tachar de "parcial o imprecisa" la información que utilizó: también le pidió eliminar cinco observaciones sobre la reforma del Código de Justicia Militar, entre ellas una que lamenta el otorgamiento de "facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas" a la justicia castrense.

En su informe de seguimiento sobre México, el relator Juan Méndez señala que, a dos años de su visita en el país, la tortura y los malos tratos siguen siendo "generalizados", entre ellos "la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica".

A lo largo de las 21 cuartillas del informe, el experto señala las deficiencias de la justicia militar, deplora la impunidad generalizada en casos de tortura y de desapariciones forzadas, exhibe los malos tratos a los migrantes, critica las pésimas condiciones de reclusión y se preocupa que entre 2010 y 2015 ningún soldado haya sido suspendido por violaciones sexuales ni por desaparición forzada.

Y, mientras los legisladores mexicanos debaten sobre una Ley de Seguridad Interior que dotaría a los militares de un marco legal para actuar en labores de seguridad pública, el relator de ONU reitera que "las labores de seguridad deben estar en manos de fuerzas de seguridad de naturaleza civil y no militar" pues, "como afirma la CIDH, las violaciones a los derechos humanos cuando son cometidas por integrantes de las fuerzas armadas demuestran la relación entre la impunidad y denegación de justicia en México".

El documento será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su 34° periodo de sesiones, que se llevará a cabo el próximo mes.
Justicia, "en dos de cada cien delitos"
En su informe, el relator lanza un grito de alarma ante la impunidad generalizada que impera en el país, donde apenas dos de cada cien delitos encuentran justicia. En materia de tortura, la impunidad alcanza 99.6%: según Méndez, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura emitió sólo 19 órdenes de aprehensión derivadas de los 4 mil 715 expedientes de averiguación previa abiertos al respecto.

Además, apenas una de cada veinte presuntas víctimas de tortura que presentan quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibe un examen forense. "Tan sólo 185 exámenes han sido practicados en 2014", deplora.

En materia de desaparición forzada, el diagnóstico es igual de aterrador. "La falta de investigaciones diligentes y efectivas es asombrosa y la impunidad en esta materia alarmante", plantea.

El relator es particularmente severo al observar las deficiencias en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero sigue desconocido. "Llama la atención que ninguna autoridad estatal o federal haya sido procesada por estos hechos, ni por las graves irregularidades advertidas por el GIEI en la investigación", señala.

De manera más general, Méndez condena que "el Ministerio Publico acepte sin más el argumento de necesidad de uso de la fuerza pública por parte de la policía en contra de personas detenidas"

"Aún queda mucho más por hacer para prevenir, investigar y sancionar de forma real y efectiva este tipo de delitos por parte de fuerzas militares y policiales para que la tortura y los malos trataos en México dejen de ser una práctica generalizada", subraya.
"Se permite sugerir..."
Algunas observaciones del informe no fueron del gusto de la administración de Enrique Peña Nieto, que entregó a Méndez sus comentarios sobre el documento.

En tono diplomático, planteó: "El gobierno de México se permite sugerir la conveniencia de eliminar los párrafos 13, 14, 15 16 y 17 del informe".

En estos párrafos, Méndez llama al Estado mexicano a "eliminar a la brevedad" la figura del arraigo, y deplora que el gobierno no incluyó sus observaciones en la reforma del Código de Justicia Militar con el pretexto que "podrían implicar la derogación tácita del fuero militar".

El gobierno pidió retirar las observaciones según las cuales los tribunales militares siguen competentes para juzgar casos de violaciones a los derechos humanos cuando la víctima y el agresor sean militares, y que "es preocupante que en la reforma de 2016 un número considerable de actuaciones judiciales y de investigación se hayan otorgado a la jurisdicción militar, como las facultades de investigación, de inspección por parte de autoridades militares e interceptación de comunicaciones privadas".

"Estas disposiciones genéricas y amplias (...) vulneran los estándares internacionales, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)", advierte Méndez.

Para justificar su petición de eliminar los párrafos del informe final, el gobierno mexicano argumentó que la figura del arraigo "está cayendo en desuso", que el Estado había reconocido la jurisdicción contenciosa de la CoIDH y que la jurisdicción militar mexicana no aplica en casos de violaciones a los derechos humanos de civiles.

Otros casos fueron negados o minimizados por el gobierno.

Respecto del video que evidenció la tortura de una mujer por elementos de la Policía Militar y de la Policía Federal en febrero de 2015, el gobierno aseveró que los elementos castrenses fueron procesados "por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia" y fueron internados en una prisión militar.

Sobre el caso de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, el gobierno expresó su "desasosiego" y aseveró que "no se acreditaron elementos suficientes para someter a proceso a personal militar", pero que esta circunstancia "de ninguna manera implica impunidad".

El gobierno también aseveró que el incremento del número de quejas ante la CNDH por presuntos actos de tortura, "no demuestra de forma real y objetiva que se haya incrementado la comisión de estas conductas", pues "únicamente contienen los argumentos de los presuntos agraviados".

En materia migratoria, el gobierno no desmintió a Méndez cuando éste extendió su preocupación al saber que "la detención migratoria es la práctica general y no la excepción".

No es la primera altercación entre Méndez y el gobierno mexicano. Al terminar su primera visita en México, en abril de 2014, el experto aseveró que la tortura estaba "generalizada" en el país; el año siguiente, reiteró esta observación en su informe relativo al país, pese a las presiones del gobierno mexicano para cambiar la palabra, situación que denunció a Proceso.

La publicación del informe causó mucha molestia en el gobierno mexicano, que descalificó tanto el documento como su autor: Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario de la SRE, cuestionó en público el profesionalismo y ética del relator de ONU. En marzo de 2016, el gobierno mexicano le negó el acceso al país, donde quería realizar una visita de seguimiento.
Tardanza
Cuando los relatores y comités especializados de la ONU realizan un informe, contrastan información de organizaciones de la sociedad civil y del gobierno; posteriormente, envían al gobierno una versión preliminar del informe para recibir sus comentarios.

En este caso, Méndez envió el borrador al gobierno mexicano el pasado 16 de noviembre. Las autoridades tardaron cerca de tres meses en responder, y los comentarios llegaron apenas el pasado 13 de febrero. La tardanza del gobierno provocó que el experto no pudiera integrar los comentarios en el informe, por lo que decidió publicarlos aparte.

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Tortura en México sigue siendo "generalizada": ONU - Proceso

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano no sólo descalificó el informe del relator de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al tachar de "parcial o imprecisa" la información que utilizó: también le pidió eliminar cinco observaciones sobre la reforma del Código de Justicia Militar, entre ellas unaLeer más

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En Mexico no se practica este dercho porque existen millones de abortos clandestinos en nuestro Pais

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Agencias
MÉXICO, D.F.- México se encuentra por arriba del promedio mundial en la tasa de abortos en las mujeres de entre 15 y 24 años de edad, dio a conocer el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (Comego).

El ginecólogo Cuauhtémoc Celis González, adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Ginecobstetricia Luis Castelazo Ayala, del IMSS, informó que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en México se han reportado 33 abortos por cada mil embarazos mientras el promedio en el mundo es 29 por cada mil, de acuerdo con Notimex.

Del total de abortos en el país, añadió, poco más de 44 por ciento corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años, en tanto que el porcentaje restante lo ocupan mujeres de 19 a 24 años, aunque también se presenta ligeramente en quienes ya rebasaron esa edad.

En rueda de prensa dijo que en México existen casi dos millones de adolescentes, de los cuales 23 por ciento ya iniciaron su vida sexual y aunque 80 por ciento dijeron que usaron algún método anticonceptivo en su primera relación, 51.9 por ciento derivaron en un embarazo.

Celis González señaló que empoderar a las mujeres dentro de la sociedad es importante, "pero también lo es proveerlas de los cuidados y medidas de salud durante cada etapa de su vida, para contar con un mejor desarrollo".

El especialista subrayó que a pesar de contar con seguridad social, muchas mujeres no acuden periódicamente a sus consultas ginecológicas, con lo que ponen en riesgo su vida.

A mayor edad...

Por otro lado dio a conocer que los problemas de infertilidad se han incrementado debido a que en los adultos, las parejas comienzan a buscar un embarazo aproximadamente a los 35 años "y a mayor edad, menor cantidad de óvulos y espermatozoides".

"Una pareja que ha mantenido por 12 meses una vida sexual activa y no ha logrado un embarazo, es considerada infértil. En esta etapa es recomendable realizar estudios para poder determinar cuál es el problema y ofrecer un tratamiento adecuado", puntualizó.

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De adolescentes, más del 40% de abortos en México

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Agencias MÉXICO, D.F.- México se encuentra por arriba del promedio mundial en la tasa de abortos en las mujeres de entre 15 y 24 años de edad, dio a conocer el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (Comego).