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Por el derecho a la educación. Por siempre pública, gratuita y de calidad.

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Aparicio, Ulises; Junca, Carla y Zaris, Cristina.

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Aparicio, Ulises; Junca, Carla y Zaris, Cristina.

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Los Pactos Internacionales de “Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (1966) y de “Derechos Civiles y Políticos” (1966) se complementan junto con la Declaración Universal de los DDHH (1948) que se creó frente a las aberraciones causadas en la Segunda Guerra Mundial (1945). Cabe aclarar que, si bien estos escritos son un gran avance en tema de DDHH, aun en la actualidad -después de 60 años- siguen siendo vulnerados en la realidad.

Según el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos E, S y C, todas las partes del mismo se comprometen a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas para cumplir con la plena efectividad de los derechos expuestos. Pero sucede en la realidad que, hay una ausencia de respuestas por parte de organismos internacionales en momentos de crisis, como por ejemplo, su inacción o apoyo directo al genocidio llevado a cabo por las dictaduras militares efectuadas en Latino América, en el cual en el caso argentino se cobró la vida de 30 mil compañeres. En la actualidad el gobierno nacional niega este hecho, intentando minimizar lo sucedido a través de reflotar teorías conspirativas como la de los dos demonios y dar números falsos sobre la cantidad de personas asesinadas y desaparecidas.

En la misma línea, el gobierno nacional de Milei tiene la intención de vulnerar varios de los derechos conquistados, tales como el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la libertad de expresión, al cuidado de nuestra tierra y naturaleza, entre otros.

En relación al caso del acceso al trabajo se vislumbra que hace tiempo este derecho no es garantizado, y hoy en día con las medidas tomadas se profundiza aún más; flexibilización laboral, despidos arbitrarios, falta de estabilidad laboral pública, ausencia de salarios iguales a la canasta básica, etc. Asimismo, el derecho a huelga se ve coartado con el protocolo antipiquete decretado en diciembre del 2023, el cual es inconstitucional y represivo, ya que no permite expresiones diferenciadas del orden político actual. Un ejemplo de la puesta en práctica de este protocolo se vivenció el pasado 10 de abril, cuando las fuerzas policiales reprimieron brutalmente a movimientos barriales y piqueteros que reclamaban alimentos para comedores populares. Esta respuesta del gobierno ante este reclamo deja al descubierto su posicionamiento antiderechos, que se expresa también en el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Es evidente que mantener el mismo presupuesto cuando la inflación supera un 300% es insostenible y afecta su pleno funcionamiento, poniendo en peligro la continuidad de las clases, los salarios de les docentes y del personal no-docente, las becas (económicas, investigación, transporte, comedor, residencias, fotocopias) y el mantenimiento del inmobiliario de la universidad, entre otras cosas.

Por último y no menos importante, es innegociable el derecho a la libertad de expresión que, como venimos observando se encuentra gravemente atravesado por estos discursos fascistas que nada tienen que ver con la libertad y que por el contrario atentan contra toda forma de pensar críticamente. Un ejemplo de ello es la habilitación de un número para denunciar a docentes que “adoctrinen a estudiantes". Cabe recalcar que lo que subyace en este proyecto es una clara persecución ideológica y una vulneración total del derecho a pensar distinto.

Por ello llamamos a toda la comunidad educativa a no bajar los brazos y dejar en claro que

NO PASARÁN!!

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El artículo 13 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, señala que: Los Estados Partes deben reconocer el derecho de toda persona a la educación, la cual debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Consideran que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

En este sentido, se atenta contra el derecho a la educación de las personas, ya que no sólo se ahoga financieramente a las universidades sosteniendo un presupuesto que es el más bajo desde los 90', sino que se las expone a un tarifazo de servicios que reduce a prácticamente cero su posibilidad efectiva de generar espacios de extensión y ciencia. A su vez los/as estudiantes que acudimos a este nivel, como la sociedad argentina en general, nos hemos visto expuestos a grandes números de inflación y condiciones sociales complejas que golpean las posibilidades de sostenernos en el nivel superior, aun con la condicion de gratuidad que este sostiene. Esta vulneración podemos observarla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se establece que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos" (Artículo 26).

La misma declaración señala, en su artículo 27 que "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". Este es otro derecho que vemos en tensión ya que el ataque constante contra artistas nacionales, contra el cine argentino que da cuenta de la historia y cultura de nuestra patria, tanto como el desmantelamiento de CONICET, generan un corte abrupto en el progreso cultural y científico de nuestro país.

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Cincunegui Irina, González Priscila, Moya Luna. 

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Cincunegui Irina, González Priscila, Moya Luna. 

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En este panorama actual donde vivimos constantemente una vulneración de los derechos humanos, se ve amenazado nuestro derecho a la educación y a la cultura.

Teniendo en cuenta el pacto de derechos sociales y culturales, en su artículo 13 se destaca el acceso a la educación para los alumnos de los distintos niveles, necesario para promover el desarrollo de la personalidad humana, el respeto, fomentando que la misma “debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.”

Cuando hablamos del derecho a la educación, también se contempla el Artículo 15 acerca de “participar en la vida cultural”,  “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones” y de “fomentar la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura”. Cuando se pone en juego el presupuesto universitario y se implementan políticas de desfinanciamiento, se procede también a recortar en el acceso  a la cultura y se ve amenazado el desarrollo científico.

Es importante resaltar que en nuestras universidades nacionales se ofrecen los servicios de comedor, de becas, transporte, atención a la salud, etc., cuestiones que ayudan a que los estudiantes no abandonen sus estudios pero que hoy se ven amenazadas por el recorte presupuestario. Implementar estas políticas de desfinanciamiento perjudica la democratización del acceso a la educación.

Del mismo modo, también se pone en juego el artículo 15 inciso e), el cual sostiene “…mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, condición que no se cumple, ya que a partir de febrero de 2024, los docentes sufrimos un recorte del 10% de nuestro sueldo al eliminar el FONID.

Por otra parte, consideramos que el derecho a la libre expresión en estos contextos, también se encuentra vulnerado. Desde el gobierno se envió un proyecto de ley para poder sancionar las conductas de los docentes, buscando penalizar el supuesto “adoctrinamiento” dentro de las instituciones, y para ello, el ministerio de capital humano propuso abrir un canal de comunicación para que las familias denuncien estas situaciones.

Este es un breve resumen para explicar cómo la educación pública de gestión estatal está en juego.

Por eso hacemos extensivo el reclamo y nos encontramos el 23 de abril en las calles para seguir defendiendo nuestros derechos.

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En base a la normativa sobre DDHH analizada en la materia, no quedan dudas de que la perspectiva sobre los mismos está siendo altamente atacada.

Desde los distintos roles que cumplimos las integrantes del grupo, nos encontramos con una especie de interseccionalidad en la que cada aspecto de nuestras vidas se encuentra de algún modo violentado.

En tanto mujeres, trabajadoras, docentes de la educación pública, estudiantes universitarias y aún más, consideramos que se encuentran vulnerados los siguientes derechos:

De la declaración universal de los DDHH, el artículo 19 sobre la libertad de expresión, artículo 22 sobre seguridad social, artículo 23 sobre el trabajo y la remuneración, artículo 25 sobre el nivel de vida y bienestar, y el artículo 26 sobre la educación.

Los derechos anteriormente mencionados son recuperados también en el tratado de derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 7,9,11,12 y 13, y en el tratado sobre derechos civiles y políticos en el artículo 19

Recuperamos tambien dos artículos del tratado de derechos E,S y C, que han sido foco de ataques en la actualidad:

El artículo 10, sobre la protección de niños y adolescentes a la explotación tanto económica como social

Y el artículo 15, sobre la participación cultural y el beneficio de los avances científicos y sus aplicaciones

Tal como lo expresa la DUDDHH, la asamblea general proclama que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que tanto individuos como instituciones promuevan el respeto a estos derechos y libertades, mediante la enseñanza y la educación.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11.1 reconoce el derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia. Por su parte, en el artículo 13.2.c) del mismo pacto, se expresa que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos; y en el inciso e) que “se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”

Si consideramos lo explicitado en el párrafo anterior, y en concordancia con los artículos mencionados al principio, podemos afirmar, por experiencia personal como también por la información impartida por familiares, amigas/os, compañeras/os, y los diferentes medios de comunicación tanto oficiales como autónomos, que en la actualidad nuestros derechos se encuentran en constante ataque, la mejora de las condiciones de existencia se han visto socavadas por los incrementos económicos de los servicios básicos como alimentación, comida, etc., esencial para el diario vivir que repercute en otras áreas de la vida, y en estos últimos días se ve amenazado gravemente nuestro derecho a una educación de calidad.

El contexto económico interpela y menoscaba el acceso a la enseñanza en todos los niveles al verse vulneradas las condiciones de existencia. Por último, cabe destacar que se han propagado o divulgado mensajes que no promueven el respeto a estos derechos y libertades, no sólo entre sectores de la sociedad, sino también desde las personas que se encuentran en el gobierno de nuestro país. Quienes deberían garantizar el derecho de recibir una educación de calidad y gratuita, hoy la desfinancian y amedrentan al pueblo para no defenderla.

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Al tener en cuenta los textos sobre los derechos individuales y colectivos, el abordaje de la declaración universal de los derechos y los dos pactos de  “derecho civiles y políticos” y “derecho económico, sociales y culturales”. Creemos que uno de los derechos que está siendo vulnerado es el que tiene que ver con el comprender la libertad de expresión, tal como se menciona en el Artículo 19, debido a la molestia que se genera en este contexto al pensar diferente. Específicamente se expresa lo siguiente: “Artículo 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

De acuerdo con la cantidad de despidos y condiciones precarias que se dan las condiciones de trabajo que se ven en la actualidad, y se divulgan por redes sociales, creemos importante hacer referencia al derecho de trabajar, de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, asegurando lo que se menciona en el artículo 7 del Pacto internacional económico social y cultural, el cual expresa “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

En el contexto político actual, con la presencia del gobierno de Milei, observamos cómo se pone en riesgo el derecho fundamental a la educación. Existe una creciente preocupación acerca de los intentos de privatización de las universidades públicas, lo cual representa una amenaza directa al acceso igualitario y gratuito a la educación superior.

La educación pública ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de nuestra sociedad. Garantizar que la educación sea accesible para todos, independientemente de su situación económica, es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa.

Este intento de privatización no solo limita el acceso a la educación para aquellos que no pueden costear estudios privados, sino que también pone en riesgo la calidad y la excelencia académica que las universidades públicas han logrado mantener a lo largo de los años. Además, esta medida podría llevar a un aumento en la desigualdad educativa, creando una brecha aún mayor entre aquellos que pueden permitirse una educación de calidad y aquellos que no.

Es crucial que se reconozca la importancia de la educación pública y se tomen medidas para proteger y fortalecer nuestro sistema educativo. La educación no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos los ciudadanos. Como sociedad, debemos resistir cualquier intento de privatización y defender la educación pública como un bien común que beneficia a toda la comunidad.

En varios  artículos leímos la importancia de mantener la educación pública. Es fundamental que estemos informados y conscientes de estas cuestiones para poder tomar decisiones informadas y defender nuestros derechos como ciudadanos.

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Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, “toda persona tiene derecho a la educación … debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental … el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”

Como estudiantes, nos enfrentamos a una situación preocupante en la que nuestros derechos están siendo vulnerados. La falta de presupuesto y apoyo estatal a las universidades públicas amenaza nuestro acceso a una educación de calidad, un derecho fundamental. Desde 1949, el Estado argentino se comprometió a garantizar los recursos necesarios para democratizar el acceso a la educación superior, un compromiso respaldado constitucionalmente en 1994. Sin embargo, hoy vemos cómo nuestras instituciones luchan con ajustes presupuestarios, que no solo afecta nuestro derecho a la educación, sino que también podría perpetuar desigualdades socioeconómicas, vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece claramente el derecho de toda persona a la educación, así como la obligación del Estado de garantizar condiciones que aseguren la asistencia educativa para todos (Artículo 13). Este derecho se vincula estrechamente con el Artículo 6 del mismo pacto, que reconoce el derecho al trabajo; la educación universitaria de calidad aumenta las oportunidades de empleo y contribuye al desarrollo económico y social. Además, es crucial para la participación plena y efectiva en la vida cultural y académica, como se establece en el Artículo 15 del Pacto.

En este sentido, es fundamental reconocer que "estudiar es un derecho y no un privilegio”,esta afirmación no solo es una frase, sino una verdad que debe ser protegida.