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Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo

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Pedro Castillo estará cumpliendo bien sus obligaciones

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Bobbio critica solicitud de prisión a Pedro Castillo y cuestiona acusación de golpe de Estado

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Pedro Castillo un presidente juzgado por la sociedad

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Una cosa es con cajón y otra con guitarra. En febrero pasado, el presidente Pedro Castillo anunciaba al país que se sometía a toda investigación tras conocerse los dichos del asesora empresarial Karelim López, quien sindicó al mandatario como cabecilla de una supuesta organización criminal enquistada en el Gobierno para direccionar licitaciones desde el Ministerio de Transportes (MTC).
Por esos días, era conocida la discutible decisión del Ministerio Público -entonces liderada por Zoraida Ávalos- de suspender los dos procesos contra Castillo hasta que culmine su mandato (casos Provías-Biodiésel y Fuerzas Armadas).

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La postura del presidente hoy, sin embargo, dista de lo que dijo hace tres meses, incluido en una investigación penal vigente. Ayer, señaló que "se ha desatado una persecución política irracional" en su contra y de algunos ministros.

"¿Y el resto de gestiones? ¿Los demás presidentes de la República? ¿Los demás ministros? ¿No tienen nada? ¿Los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno?", cuestionó Castillo desde Iquitos, donde lideró el XIV Consejo de Ministros Descentralizado.

Castillo se pronunció, tras conocerse la decisión del Ministerio Público de incluirlo en la investigación preliminar seguido contra Juan Silva Villegas, el exMTC, y el grupo de seis congresistas de Acción Popular por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada.

En tanto, su abogado Benji Espinoza ha emprendido una batalla legal ante el sistema de justicia para revertir la decisión del fiscal de la Nación (i),Pablo Sánchez Velarde.

"Mañana (hoy), anuncio estoy ingresando a primera hora un pedido de nulidad absoluta contra la disposición fiscal del Fiscal de la Nación", dijo ayer Espinoza a la prensa

El abogado precisó su estrategia legal afuera de Palacio de Gobierno, luego de que personal de la fiscalía anticorrupción ingresara a la sede presidencial por otra investigación vinculada a presuntos hechos irregulares en la contratación de personal palaciego.

"Si la nulidad no prospera, vamos a acudir en vía de tutela de derechos ante el juez supremo de investigación preparatoria", añadió.

Benji Espinoza insistió ayer a la mayoría de medios de comunicación que la investigación contra su patrocinado es una clara y abierta violación al artículo 117 de la Constitución, al remarcar que, según dicha normativa, el presidente no puede ser investigado hasta el término de su mandato salvo por cuatro delitos. Estos son: traición a la patria, disolución del Congreso, no convocatoria a elecciones o por impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral.

"Fuera de esos cuatro casos, no se puede investigar al presidente. Cuando la Constitución dice que no se puede acusar, lo que quiere decir es que no se puede perseguir al presidente", señaló el letrado.

ARGUMENTOS

En su disposición, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, valoró los informes remitidos por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y la fiscal de lavado de activos Luz Taquire sobre el rol atribuido al presidente Pedro Castillo como cabeza de la presunta organización criminal "que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, dado el alto cargo ocupado por aquel como jefe de Estado, que le da evidente poder de control sobre la administración pública".

Para Sánchez Velarde, se trata de "indicios razonables suficientes en grado de sospecha". No solo se investigan irregularidades en torno al proceso de licitación que favoreció al Consorcio Puente Tarata, sino también presuntamente a empresas que apoyaron al mandatario en campaña electoral y cercanas a su entorno.

"La gravedad de los mencionados delitos es mayor cuando los autores de los mismos o los participes en dichos delitos son, precisamente, altos funcionarios del Estado, como el Presidente de la República, puesto que se trataría del involucramiento del más alto dignatario en la comisión de delitos que amenazan la existencia del propio sistema democrático, que él, pro el contrario es el primer llamado a proteger", señala la disposición.

La Fiscalía de la Nación señala que este caso, al revestir graves delitos contra el mandatario , no se trata de "cualquier denuncia sin sustento o por motivaciones políticas evidentes", por lo que no puede obviar el rol constitucional de persecutor del delito.

Remarca que la investigación preliminar es "fundamental" para asegurar los elementos materiales de la comisión del delito y prevenir su destrucción o alteración, "no pudiendo esperarse a que el Presidente de la República culmine su mandato para investigar los hechos que se le atribuyen dada su posición privilegiada".

"Asimismo, el iniciar los actos de investigación contra el Presidente garantizará su derecho de defensa, permitiéndole participar activamente en el esclarecimiento de los hechos que se le imputan, siendo que, disponer el inicio de una investigación pero a la vez disponer la suspensión de los actos de investigación hasta que culmine su mandato, si bien aparecería como una forma de interpretación, implicaría mantener al primer mandatario del país en un estado de sospecha permanente, debilitando aún más la figura presidencial", reza el documento fiscal.

MIRADA

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que, en el curso de la investigación preliminar contra el presidente de la República, la Fiscalía de la Nación puede solicitar medidas restrictivas en su contra.

"Desde el impedimento de salida del país hasta el levantamiento del secreto bancario o de las comunicaciones, citarlo a declarar, o concurrir al despacho de él (presidente) para recibir su testimonio", precisó Quiroga.

Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio dijo que el Ministerio Público puede avanzar la indagación preliminar hasta la formalización de la investigación preparatoria y ponerlo en conocimiento a la Corte Suprema. Después, la Constitución prohíbe acusar al mandatario.

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