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1970s: En esta década, surge el concepto de seguridad alimentaria, que se basa en la producción y disponibilidad de alimentos a nivel global y nacional. Se enfoca en garantizar que haya suficiente comida para satisfacer las necesidades de la población.

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1975: Se crea el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su producción agrícola.

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1975: Se crea el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para ayudar a los países en desarrollo a mejorar su producción agrícola.

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1981: Se lanza la Iniciativa Hambre Cero por parte de la FAO para reducir el hambre a la mitad para el año 2000.

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1981: Se lanza la Iniciativa Hambre Cero por parte de la FAO 

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En 1974 Se crea la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, donde se reafirma el compromiso de erradicar el hambre y se adoptan nuevas medidas para lograrlo.

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Se incorpora la dimensión del acceso a los alimentos, tanto físico como económico. Esto reconoció que, incluso en países con suficente producción, la pobreza y la desigualdad podían limitar el acceso de las personas a la alimentación adecuada.

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1990: acceso a los alimentos; seguridad alimentaria de los hogares; relación seguridad alimentaria – nutrición

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1986: Se celebra la Segunda Conferencia Mundial sobre la Alimentación, donde se reitera el compromiso de erradicar el hambre en el mundo para el año 2000.

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1986: Se celebra la Segunda Conferencia Mundial sobre la Alimentación

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¡Bienvenido al portal dedicado al 70 aniversario de la FAO!

¿Cuánto sabes sobre la labor que ha desempeñado la FAO durante los últimos 70 años para erradicar el hambre en el mundo? ¡Pon tus conocimientos a prueba con este test!

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En el período comprendido entre 1986 y 1995 se produjeron enormes cambios ideológicos que, con los avances tecnológicos, trajeron consigo el pensamiento nutricional y las respuestas sociales a la crisis. Este fue el decenio del primer desastre nuclear y sus efectos sobre la agricultura en dos continentes. Fue el decenio en el que empezó a vivirse una creciente impaciencia en el deseo de librar al mundo del hambre de una vez por todas. También fue el decenio en el que se empezó a reconocer el importante papel de las mujeres en la agricultura.

La quinta Encuesta Alimentaria Mundial publicada por la FAO en 1985, proporcionó, una vez más, un panorama completo de la situación de los alimentos y la nutrición en el mundo. La encuesta indicó una disminución en la proporción de personas subalimentadas en los países en desarrollo. Aún así, el número de personas que padecían hambre era lo suficientemente grande como para llamar a la acción. Las soluciones a la desnutrición ya no eran algo optativo.

En 1992, la FAO y la Organización Mundial de la Salud convocaron a la primera conferencia mundial dedicada exclusivamente a abordar los problemas de nutrición del mundo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN).

En la conferencia se produjo una avalancha de buena voluntad por parte de los gobiernos que se comprometieron a eliminar la inanición, el hambre crónica generalizada y la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y las personas de edad, antes del inicio del siguiente milenio. Los gobiernos también se comprometieron a abordar de lleno una serie de cuestiones relacionadas con la alimentación, que comprendían desde las carencias de micronutrientes hasta las enfermedades no transmisibles, desde el saneamiento inadecuado hasta el agua insalubre. Para que nadie olvidara la urgencia de eliminar la inanición y la desnutrición crónica, la situación alimentaria mundial se confirmó de nuevo en 1993 en la Conferencia de la FAO, en su examen del estudio Agricultura mundial: hacia el año 2010. El informe indicaba que, a pesar del aumento de la producción de alimentos y la mejora de la seguridad alimentaria, seguía habiendo 800 millones de personas crónicamente subalimentadas en el mundo.

Como si el número de personas desnutridas en el mundo no fuera suficiente, había que lidiar con desastres causados por el hombre que agravaban aún más la situación.

En la catástrofe nuclear conocida como el desastre de Chernóbil de aquel fatídico 26 de abril de 1986, se produjo una liberación de materiales radiactivos al medio ambiente que tuvo un efecto devastador sobre el comercio de productos agrícolas y alimentarios básicos. Esto no se produjo solo en las proximidades de la central nuclear de Chernóbil o en Ucrania, donde tuvo lugar el accidente, sino que la fuga de radionúclidos a la atmósfera se extendió sobre una amplia área geográfica de Europa y Asia. Esto tuvo un grave impacto sobre la producción de alimentos y el comercio de productos alimentarios. Estos efectos se vieron exacerbados por la falta de uniformidad de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y la falta de preparación para responder ante este tipo de emergencia. Un año más tarde, la FAO publicó sus recomendaciones sobre los niveles de seguridad adecuados en cuanto a contaminación radiactiva para los alimentos en el comercio internacional.

Aunque los efectos devastadores de las plagas de las plantas, incluidas las enfermedades y la malas hierbas, se conocen desde hace mucho tiempo, las normas jurídicas para evitar la propagación de las plagas de las plantas y la protección de los recursos vegetales son de reciente redacción. De hecho, con el incremento de los movimientos internacionales de personas y mercancías y la mayor porosidad de las fronteras de los países, las plagas de las plantas también comenzaban a moverse cada vez con mayor rapidez. La comunidad internacional trabajó para corregir esta tendencia de diversas maneras. En primer lugar, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria entró en vigor en 1991 para abordar estas cambiantes circunstancias y seguir el ritmo de las exitosas intervenciones internacionales dirigidas por la FAO con respecto a las plantas y los productos vegetales. En segundo lugar, ese mismo año se celebró la Conferencia de la FAO sobre Agricultura y Medio Ambiente en los Países Bajos, donde se discutieron los requisitos para la agricultura sostenible y el desarrollo rural. La conferencia actuó como precursora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Tres años más tarde, la FAO puso en marcha el Sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas (EMPRES), que fortaleció la contribución de la Organización a la prevención, el control y, si era posible, la erradicación de enfermedades de animales y plantas y plagas.

Había muchas razones para prestar especial atención al papel de las mujeres en el desarrollo agrícola, sobre todo porque las mujeres han constituido tradicionalmente la principal fuerza de trabajo tanto en los cultivos comerciales y como en la producción de alimentos.

En las décadas de 1980 y 1990 todavía existía una situación general de desigualdad: la mujer ocupaba la "mitad desigual" de una sociedad dominada por el hombre. Esta razón, por sí sola, bastaba para justificar los esfuerzos dirigidos a lograr el avance social de la mujer en las zonas rurales. No obstante, había también un sesgo en las instituciones que impedía a las mujeres acceder al crédito, unirse a cooperativas o, aún peor, en algunos sistemas jurídicos tradicionales, no se les permitía heredar tierras.

Para hacer frente a estas cuestiones que bloqueaban el avance de las mujeres, la FAO llevó a cabo importantes programas para evaluar el impacto de sus acciones en las mujeres e introdujo componentes para garantizar que las mujeres obtuvieran beneficios reales. El PNUD ha otorgado más de 24 millones de USD a la FAO que han servido para financiar una gran variedad de proyectos especiales para las mujeres. El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) iniciado por la FAO en 1994, dirigido a los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), ha cambiado y mejorado la vida de muchas mujeres agricultoras.

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1985-95 | 70 aniversario de la FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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Cumbre Mundial sobre la Alimentación de Roma, donde se establece la meta de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre para el año 2015.

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Cumbre Mundial sobre la Alimentación de Roma, donde se establece la meta de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre para el año 2015.

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Alianza internacional contra el hambre

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno1, o nuestros representantes, reunidos en Roma en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (CMA:cad) por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);

Recordando la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA), celebrada en Roma en noviembre de 1996, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno, o sus representantes, aprobaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la CMA y prometieron consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas subnutridas a la mitad de su nivel no más tarde del año 2015;

Reconociendo la urgente necesidad de reforzar los esfuerzos de todos los asociados interesados a modo de alianza internacional contra el hambre, con miras al cumplimiento de los objetivos de la Cumbre de 1996;

Reafirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos;

Reiterando que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política y económica y reafirmando la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de adoptar medidas unilaterales que no estén en consonancia con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que pongan en peligro la seguridad alimentaria;
Reafirmando los compromisos que asumimos en la Declaración de Roma y el Plan de Acción, que tomando en consideración el carácter polifacético de la seguridad alimentaria comprenden una acción nacional e iniciativas internacionales eficaces para complementar y reforzar la acción nacional;

Reconociendo los esfuerzos considerables que se han realizado en muchos países para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria, así como el compromiso de la comunidad internacional de contribuir a esos esfuerzos, expresado en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;

Tomando nota de que la tasa anual media de reducción del número de personas subnutridas en el mundo ha sido de ocho millones y que, si se mantiene esta tendencia, no se alcanzará el objetivo de la CMA, reafirmado en la Declaración del Milenio, de reducir el número de personas subnutridas a la mitad para el año 2015;

Tomando nota de que el hambre es tanto causa como efecto de la pobreza extrema, e impide a las personas pobres aprovechar las oportunidades de desarrollo, que la erradicación del hambre es un paso decisivo para mitigar la pobreza y la desigualdad, y que la comunidad internacional ha reafirmado su compromiso con respecto a la mitigación de la pobreza. Observando además que el 70 por ciento de las personas pobres en el mundo viven en zonas rurales y dependen casi totalmente de la agricultura y el desarrollo rural para su subsistencia; y tomando nota del rápido incremento del número y la proporción de habitantes de las zonas urbanas afectados por la pobreza, el hambre y la malnutrición;

Conscientes de las dificultades especiales con que se enfrentan todos los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países afectados por conflictos violentos, disturbios civiles, minas terrestres y explosivos no detonados, o expuestos a la desertificación y a catástrofes naturales; observando además que el calentamiento mundial y el cambio climático pueden tener graves repercusiones para la seguridad alimentaria y la subsistencia, especialmente en esos países;

Reconociendo también las dificultades con que se enfrentan los países con economías en transición para hacer frente a sus necesidades de seguridad alimentaria en el proceso de aplicación de reformas orientadas al mercado;

Preocupados por las actuales estimaciones de la tendencia descendente de los presupuestos nacionales de los países en desarrollo y la disminución de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y de los fondos de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) directamente destinados a la agricultura y el desarrollo rural, como contribución a la seguridad alimentaria;

Reconociendo el importante papel de la asistencia alimentaria en situaciones de crisis humanitaria, y como instrumento para el desarrollo, al funcionar como inversión previa de facilitación;

Reafirmando el Compromiso Cuarto del Plan de Acción de la CMA y que el comercio es un elemento decisivo para conseguir la seguridad alimentaria mundial;

Reafirmando la importancia fundamental que tienen la producción y la distribución nacionales de alimentos, la agricultura y el desarrollo rural sostenibles, la pesca y los bosques, para conseguir la seguridad alimentaria;

Reiterando nuestra profunda preocupación por la cargade la deuda para los países en desarrollo, especialmente los países pobres muy endeudados (PPME), y por sus efectos negativos sobre los recursos para la seguridad alimentaria, pese a los progresos realizados en la aplicación de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados;

Reconociendo que las crisis económicas y financieras internacionales han mostrado de forma dramática la vulnerabilidad de los países en desarrollo;

Tomando nota con preocupación de la grave amenaza de la pandemia de VIH/SIDA, y la incidencia del paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades, en particular las causadas por la contaminación del agua en los países en desarrollo y sus efectos devastadores sobre la seguridad alimentaria;

Reafirmando nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, en el que se hacía referencia a la necesidad de establecer asociaciones eficaces entre los países desarrollados y en desarrollo, sobre la base del reconocimiento de la iniciativa y el control nacionales respecto de los planes de desarrollo en los que se plasman las estrategias de reducción de la pobreza, y reconociendo el valor de estudiar fuentes innovadoras de financiación a condición de que esas fuentes no constituyan una carga excesivamente pesada para los países en desarrollo, en cuanto pasos importantes para alcanzar la seguridad alimentaria sostenible;

Reconociendo la importancia del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a fin de apoyar los objetivos relativos a la seguridad alimentaria;

Tomando nota de los resultados de las conferencias mundiales, como la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2001 y 2002, sobre el VIH/SIDA y sobre la infancia, y la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Doha, y destacando la próxima Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002.

1. Renovamos nuestros compromisos mundiales contraídos en la Declaración de Roma de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 en particular de reducir a la mitad el número de personas hambrientas en el mundo para el año 2015 a más tardar, tal como se reafirmó en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Decidimos acelerar la aplicación del Plan de Acción de la CMA.

2. Pedimos a todas las partes (gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado), que refuercen sus esfuerzos a fin de actuar como alianza internacional contra el hambre para alcanzar los objetivos de la CMA en 2015 a más tardar. Con este propósito, las partes deberían promover la acción coordinada. Teniendo presente la contribución de todas las partes, los países deberían seguir informando de los progresos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), con arreglo a su mandato como centro de coordinación para la aplicación del Plan de Acción de la CMA.

3. Reconocemos que los progresos hechos no son suficientes para alcanzar el objetivo de la CMA. Reconociendo que la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria nacional incumbe a los gobiernos nacionales en cooperación con la sociedad civil y el sector privado y con el apoyo de la comunidad internacional, decidimos acelerar la aplicación de medidas con objeto de reducir a la mitad el hambre para el año 2015 a más tardar. Para ello será necesario un ritmo de reducción del hambre de más de 22 millones de personas al año en promedio.

4. Subrayamos que las estrategias de reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria deberían, entre otras cosas, incluir medidas encaminadas a aumentar la productividad agrícola y la producción y distribución de alimentos. Acordamos promover el acceso de los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad a los alimentos, el agua, la tierra, el crédito y la tecnología, lo que ayudará también a generar ingresos y a crear oportunidades de empleo para las personas pobres y, en consecuencia, contribuirá a reducir la pobreza y el hambre.

5. Reafirmamos la importancia de reforzar el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión del derecho al desarrollo, la democracia, el estado de derecho, el buen sistema de gobierno, las políticas económicas adecuadas, la igualdad de derechos para todos sin distinción de sexo, raza, idioma o religión, la solución de los conflictos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el respeto del derecho internacional humanitario, y la cooperación internacional, a fin de resolver los problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, que son esenciales para conseguir la seguridad alimentaria.

6. Pedimos a los asociados en el desarrollo interesados que hagan cuanto sea necesario para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo de la Declaración del Milenio, en particular los relativos a la reducción a la mitad de la pobreza y el hambre para el año 2015, mejorar y reforzar los indicadores necesarios para medir los progresos y vigilar los progresos con arreglo a su mandato; y renovar y reforzar el compromiso con los sistemas nacionales e internacionales existentes para evaluar la seguridad alimentaria; reafirmamos la función de la FAO, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF, en la vigilancia de los progresos hacia el objetivo de desarrollo del milenio relativo al hambre y la importancia del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Sistemas de Información y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria y la Vulnerabilidad (SICIAV) con miras a reforzar la vigilancia nacional e internacional de la seguridad alimentaria.

7. La inmensa mayoría de quienes padecen hambre y viven en condiciones de pobreza absoluta se encuentran en las zonas rurales. Reconocemos que para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el número de personas hambrientas es necesario que los países más empobrecidos y cuya inseguridad alimentaria es mayor promuevan la mitigación de la pobreza rural especialmente mediante un crecimiento sostenido de la producción agrícola, en particular en el África subsahariana.

8. Confirmamos de nuevo que la FAO ha de desempeñar una función importante ayudando a los países a aplicar las disposiciones del Plan de Acción de la CMA con arreglo a su mandato teniendo presente que la CMA encomendó al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial la vigilancia de los progresos.

9. Consideramos que unas asociaciones internacionales amplias son de suma importancia para la aplicación del Plan de Acción de la CMA. Pedimos a los gobiernos, las organizaciones y las instituciones financieras internacionales que utilicen sus recursos con eficacia, que mejoren su funcionamiento y fortalezcan la cooperación y que emprendan iniciativas conjuntas para combatir el hambre; y que refuercen el papel fundamental de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles en la seguridad alimentaria.

10. Invitamos al Consejo de la FAO a que, en su 123º período de sesiones, establezca un Grupo de Trabajo Intergubernamental, con la participación de los interesados, en el contexto del seguimiento de la CMA, con el fin de elaborar, en un período de dos años, un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; pedimos a la FAO que, en colaboración con los órganos pertinentes creados en virtud de tratados, organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, preste asistencia al Grupo de Trabajo Intergubernamental, el cual deberá informar sobre sus trabajos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.

11. Instamos expresamente a los gobiernos a que examinen sus políticas nacionales actuales de seguridad alimentaria con el fin de subsanar deficiencias, identificar nuevas iniciativas, suprimir los obstáculos a la aplicación y simplificar las iniciativas en materia de políticas entre ministerios y departamentos.

12. Reafirmamos el Consenso de Monterrey e instamos a todos los miembros de la OMC a aplicar los resultados de la Conferencia de Doha, especialmente los compromisos relativos a la reforma del sistema de comercio agrícola internacional, con particular referencia a los párrafos 13 y 14, habida cuenta del papel que el comercio agrícola internacional debe desempeñar, de conformidad con el Compromiso Cuarto del Plan de Acción de la CMA, con miras a promover el desarrollo económico, aliviar la pobreza y conseguir los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en particular en los países en desarrollo.

13. Reafirmamos la necesidad de garantizar la igualdad de género y de apoyar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer. Reconocemos y valoramos el papel vital que desempeña constantemente la mujer en la agricultura, la nutrición y la seguridad alimentaria, y la necesidad de integrar una perspectiva basada en la paridad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la seguridad alimentaria; y reconocemos la necesidad de adoptar medidas a fin de garantizar que se reconozca y valore el trabajo de la mujer, con objeto de aumentar su seguridad económica, su acceso a los recursos y los planes, servicios y beneficios de crédito, y su control sobre éstos.

14. Subrayamos la necesidad de disponer de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos y resaltamos la necesidad de prestar atención a las cuestiones nutricionales como parte integrante de los esfuerzos para promover la seguridad alimentaria. En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia recientemente celebrado se abordó la necesidad de realizar inversiones en infraestructura económica y social básica y servicios sociales, así como en la protección social para personas vulnerables y en la protección social para los grupos vulnerables y desfavorecidos. Debería prestarse atención a la mejora de la calidad de la dieta; el acceso al agua potable, la atención de la salud y la educación; y el saneamiento. Reconocemos la importancia de intervenciones encaminadas a hacer frente a las carencias de micronutrientes que sean eficaces en función de los costos y aceptables a nivel local.

15. Reafirmamos nuestro empeño en luchar contra las condiciones imperantes en todo el mundo que plantean graves amenazas para la salud, y especialmente la propagación del VIH/SIDA que puede tener efectos extraordinariamente devastadores sobre todos los sectores y niveles de la sociedad y, por consiguiente, sobre la seguridad alimentaria. Para ello son precisos nuevos enfoques, tecnologías y cultivos para las familias campesinas afectadas por el VIH/SIDA con carencia de mano de obra. A este respecto, acogemos con satisfacción la creación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, que constituye un importante paso adelante para la acción concertada a nivel nacional y para la movilización de recursos nuevos y adicionales con miras a la prevención y el tratamiento de esas enfermedades.

16. Reafirmamos la importante función del Codex Alimentarius, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) para proporcionar normas eficaces, con un fundamento científico e internacionalmente aceptadas sobre inocuidad de los alimentos y sanidad vegetal y animal, así como para facilitar el comercio agrícola y alimentario internacional en su capacidad de órganos normativos reconocidos por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC.

17. Nos comprometemos a seguir apoyando los esfuerzos encaminados a reforzar la capacidad de los países en desarrollo en relación con la gestión de la inocuidad de los alimentos y la sanidad vegetal y animal.

18. Habremos de reforzar la acción nacional e internacional a fin de estar preparados para las situaciones imprevistas y de emergencia y para aumentar la eficacia de las medidas de urgencia, tanto mediante intervenciones basadas en la alimentación como de otro tipo. Estas medidas deben estar integradas en iniciativas de desarrollo sostenible con todas las partes interesadas para conseguir una seguridad alimentaria sostenible. Subrayamos la importancia de ampliar el alcance y la cobertura de los mecanismos de protección social, en particular las redes de seguridad para los hogares vulnerables y afectados por la inseguridad alimentaria. Nos comprometemos a asegurar, mediante el desarrollo económico, la utilización de sistemas de alerta, así como la asistencia de emergencia, que nunca jamás se volverán a ver situaciones de hambre.

19. Reconocemos el valor de la alimentación escolar en cuanto programa de desarrollo social. Debería basarse en la compra a nivel local o regional cuando sea posible, y organizarse de forma tal que se respeten las pautas de consumo locales. En este sentido, alentamos la ampliación de los programas de alimentación escolar del Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros, siempre que se ejecuten de conformidad con las prioridades y los programas educativos nacionales.

20. Resolvemos contribuir al resultado de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, reconociendo la importante función de las tres organizaciones con sede en Roma, la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y fortalecer la coordinación y la cooperación entre las organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de utilizar los recursos de manera eficiente, especialmente en las esferas de la cooperación técnica y financiera, la ordenación sostenible de los recursos naturales, la lucha contra las enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas y la consecución de la seguridad alimentaria.

21. Subrayamos la necesidad de seguir promoviendo la ordenación sostenible de los bosques y la pesca, incluidas la conservación y la utilización sostenible de los recursos acuáticos vivos, en vista de la contribución que esos sectores hacen a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.

22. Subrayamos la importancia de apoyar actividades de desarrollo alternativo que permitan a quienes se dedican a la producción de cultivos ilícitos lograr la seguridad alimentaria sostenible y vivir con dignidad.

23. Reconociendo el alcance de la pobreza en las regiones montañosas, destacamos el papel esencial de las zonas de montaña y su potencial respecto de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles con objeto de alcanzar la seguridad alimentaria. Subrayamos la necesidad de establecer asociaciones entre los países en desarrollo y desarrollados en ese sentido.

24. Nos comprometemos a trabajar en un espíritu de cooperación y solidaridad para reforzar las actividades comprendidas en el mandato de la FAO que permiten a los países en desarrollo y los países con economías en transición hacer frente a los problemas de la inocuidad de los alimentos, sacar mayor provecho de los beneficios de la investigación y las tecnologías y responder con eficacia a los desafíos y las oportunidades que presenta la globalización, en particular en relación con la agricultura y la seguridad alimentaria. Nos comprometemos también a ayudar a esos países, en especial a sus productores de alimentos, a tomar decisiones informadas sobre los conocimientos científicos y técnicos necesarios en relación con estas nuevas tecnologías orientadas a la reducción de la pobreza y el hambre y a lograr el acceso a ellos.

25. Pedimos a la FAO que promueva conjuntamente con el GCIAI y otros institutos internacionales de investigación la investigación agrícola y la investigación de nuevas tecnologías, incluida la biotecnología. La introducción de nuevas tecnologías de eficacia probada, incluida la biotecnología, debería realizarse de forma inocua y adaptada a las condiciones locales para contribuir al aumento de la productividad agrícola en los países en desarrollo. Estamos resueltos a estudiar, compartir y facilitar el uso responsable de la biotecnología con miras a hacer frente a las necesidades de desarrollo.

26. Reconocemos que los países en desarrollo y los países con economías en transición se enfrentan con dificultades para responder a los desafíos y oportunidades que presenta la globalización, en particular en relación con la agricultura y la seguridad alimentaria, y por consiguiente acordamos en un espíritu de cooperación y solidaridad aunar las actividades de la FAO en apoyo de esos países, para permitirles afrontar los desafíos y aprovechar los beneficios de la globalización.

27. Pedimos a todos los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, el sector privado y todos los demás asociados en el desarrollo que consideren la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la FAO para la Seguridad Alimentaria y la Inocuidad de los Alimentos y a otros instrumentos voluntarios. El Fondo Fiduciario debería servir de catalizador con miras a acelerar la producción de alimentos y mejorar el acceso a los mismos en los países menos adelantados, los PBIDA y los pequeños estados insulares en desarrollo, y para prevenir, combatir y erradicar las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas y los animales, y para preparar proyectos de inversión, y de cooperación Sur-Sur, en las esferas mencionadas.

28. Subrayamos la relación intrínseca entre un rápido avance hacia la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, y reafirmados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y la magnitud, orientación y utilización eficaz de la inversión para la seguridad alimentaria, la agricultura, el desarrollo rural y la producción, elaboración y distribución de alimentos. Como acordamos en el Consenso de Monterrey, la movilización de recursos nacionales e internacionales para alcanzar esos objetivos depende de varios factores, como por ejemplo: i) un entorno favorable para el ahorro y la inversión en las zonas rurales en el marco de un sistema macroeconómico nacional apropiado, ii) una estrategia nacional de base amplia para la reducción de la pobreza orientada a mejorar el acceso a los alimentos incluso mediante el aumento de la producción y distribución de alimentos, iii) la promoción de oportunidades para la inversión privada interna y externa, iv) el comercio, v) una atención adecuada en el presupuesto nacional al desarrollo socioeconómico, vi) la complementación de los esfuerzos nacionales con AOD en esferas fundamentales de la infraestructura social y el desarrollo humano, y vii) una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.

29. Instamos a los países desarrollados que no lo hayan hecho a que realicen esfuerzos concretos en pos del objetivo del 0,7 por ciento del producto nacional bruto (PNB) en forma de AOD a los países en desarrollo, y del 0,15 al 0,20 por ciento del PNB de los países desarrollados a los países menos adelantados, como se confirmó nuevamente en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, y alentamos a los países en desarrollo a aprovechar los progresos realizados para asegurarse de que la AOD se utilice efectivamente para ayudar a alcanzar los objetivos y las metas de desarrollo. Reconocemos los esfuerzos de todos los donantes, elogiamos a los donantes cuya contribución a la AOD supera los objetivos, los alcanza o está aumentando para conseguirlos, y subrayamos la importancia de comprometerse a examinar los medios y los plazos para la consecución de las metas y los objetivos.

30. Acogemos con satisfacción la aprobación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y la inclusión de la agricultura y la seguridad alimentaria como componente de esta iniciativa. Invitamos a la comunidad internacional a responder a esta iniciativa financiando programas o proyectos, del modo más apropiado, que reflejen los principios y compromisos de la NEPAD.

31. Alentaremos a la comunidad internacional a que siga prestando asistencia técnica y financiera a los países con economías en transición con miras a mejorar su seguridad alimentaria.

32. Con vistas a invertir la tendencia general a la disminución de las asignaciones a la agricultura y el desarrollo rural en los presupuestos nacionales de los países en desarrollo, en la AOD y en los préstamos totales de las instituciones financieras internacionales, pedimos que se destine a esos sectores una proporción adecuada de la AOD bilateral y multilateral, de los préstamos de las IFI y de las consignaciones presupuestarias de los países en desarrollo, en el marco del Consenso de Monterrey.

33. Reafirmamos que la Iniciativa ampliada a favor de los países pobres muy endeudados (PPME) ofrece la oportunidad de mejorar las perspectivas económicas y los esfuerzos para la reducción de la pobreza de sus países beneficiarios, incrementando con ello la seguridad alimentaria. Es decisiva la aplicación rápida, eficaz y completa de la Iniciativa ampliada, que debería financiarse plenamente con recursos adicionales. Los países pobres muy endeudados deberían adoptar las medidas de política necesarias para llegar a poder beneficiarse de la iniciativa.

34. Reafirmamos asimismo el Consenso de Monterrey con objeto de alentar el estudio de mecanismos innovadores para hacer frente a los problemas de la deuda de los países en desarrollo, incluidos los países de ingresos medios y los países con economías en transición.

35. Pedimos a todos los países que aún no lo hayan hecho que consideren la posibilidad de firmar y ratificar el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a fin de que entre en vigor lo antes posible.

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FAO - WFS:fyl - Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después

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Alianza internacional contra el hambre Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno1 , o nuestros representantes, reunidos en Roma en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (CMA:cad) por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Recordando la Cumbre

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En la Cumbre del Milenio 2000 se definieron los

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)4, cuyo

objetivo número uno incluye metas específicas en el

combate de la pobreza extrema y el hambre. Muchos

esfuerzos se han realizado desde entonces, pero los

resultados no son los esperados

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El Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través del Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación del Ministerio de la Educación (FNDE/MEC), y la FAO en ALC, han sumado esfuerzos para la realización de actividades con la finalidad de apoyar el diseño e implementación de programas de alimentación escolar (PAE) sostenibles para los países de ALC.

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Los datos estadísticos sobre el estado nutricional de la población menor de cinco años (desnutrición, sobrepeso y obesidad) corresponden a los resultados presentados por la encuesta nacional de demografía y salud (ENDESA) en el período 2005-2006.

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Los datos estadísticos sobre el estado nutricional de la población menor de cinco años (desnutrición, sobrepeso y obesidad) corresponden a los resultados presentados por la encuesta nacional de demografía y salud (ENDESA) en el período 2005-2006. 

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Reporte de monitoreo sobre seguridad alimentaria y nutricional (SAN) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 2010/2011

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reporte de monitoreo sobre seguridad alimentaria y nutricional (SAN) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 2010/2011

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Honduras: Reporte de Monitoreo: Seguridad Alimentaria y Nutricional - Octubre 2010 - Honduras

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News and Press Release in Spanish on Honduras about Agriculture, Food and Nutrition, Drought and Flood; published on 31 Oct 2010 by WFP

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Decreto Nº 25-2011 ─ Ley de seguridad alimentaria y nutricional. | FAOLEX

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En el año 2018, la Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras (PyENSAN), con horizonte al 2030, realizó importantes avances para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

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Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo (PSAN) y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN): Pyensan 2030 - Honduras

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Other in Spanish on Honduras about Agriculture, Contributions and more; published on 17 Jan 2019 by Govt. Honduras

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Plan de Acción por la Nutrición de Honduras (PANH) 2019-2023, con el objetivo de reducir la desnutrición crónica y la anemia en niños menores de 5 años, así como mejorar la calidad de la dieta de la población hondureña.

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Plan de Acción por la Nutrición de Honduras (PANH)

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Estrategia de adaptación al cambio climático para el sector agroalimentario.

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estrategia de adaptacion al  cambio climatico  del sector agroalimentario  2014 2024

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Ley general de fortificación de alimentos.

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ley general de fortificacion de alimentos

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política nacional de seguridad alimentaria y nutricional.

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politica nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2030

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La crisis de salud del COVID-19 estuvo afectando la situación de seguridad alimentaria y nutrición en Honduras y en a cuarentena ha demostrado la falta de acceso de algunas personas a bienes y servicios esenciales, también ha dejado en evidencia las lagunas del sistema de protección social, ambos temas que empeorarán por el cambio climático en los próximos años y que pone la alarma en los sistemas alimentarios.

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La crisis de salud del COVID-19 está afectando la situación de seguridad alimentaria y nutrición en Honduras.

Estamos viendo como son afectados los más pobres principalmente: menores que dependen de los comedores escolares para no pasar hambre, parcelas y granjas que no tienen personal porque se prohíben los desplazamientos y familias que viven del día a día están cayendo en inseguridad alimentaria.

La cuarentena ha demostrado la falta de acceso de algunas personas a bienes y servicios esenciales, también ha dejado en evidencia las lagunas del sistema de protección social, ambos temas que empeorarán por el cambio climático en los próximos años y que pone la alarma en los sistemas alimentarios.

Por otra parte, esta crisis también ofrece una visión renovada de los sistemas alimentarios resilientes, ya que las comunidades rurales han podido paliar las brechas en los sistemas alimentarios que se viven en la ciudad.

Esto es fundamental, pues el apoyo al desarrollo agrícola y rural demuestra ser efectivo para lograr la seguridad alimentaria, tal como se impulsa desde EUROSAN Occidente, de la Unión Europea. Pero aún falta avanzar para lograr una transformación del sistema alimentario que genere resiliencia en todos los niveles.

Debemos plantearnos la necesidad de mejorar los sistemas alimentarios en este momento, ya que así podremos ralentizar la destrucción del ambiente; reducir la vulnerabilidad frente a situaciones expuestas por el COVID-19; volver a conectar a las personas con la producción de alimentos, haciendo que los alimentos frescos y nutritivos sean accesibles para todos, lo que también impacta en las condiciones de salud; y mejorando las condiciones salariales y de seguridad de los trabajadores agrícolas, limitando así su fragilidad ante la crisis económica y sus riesgos de contraer enfermedades.

Los sistemas alimentarios a nivel mundial

A nivel mundial, la crisis del COVID-19 reveló tres problemas del sistema alimentario industrial:

La agricultura industrial está provocando la pérdida de hábitat y creando las condiciones para que emerjan y se propaguen nuevos virus.

El desbordamiento zoonótico ocurre por dinámicas complejas entre ecosistemas humanos y naturales con condiciones socioeconómicas y estructurales que determinan su un evento se convierta o no en un brote, y si el brote se torne epidemia o pandemia.

La agricultura industrial aumenta el riesgo por dos vías: 1) la producción ganadera intensiva que amplifica el riesgo de aparición de enfermedades porque tiene animales confinados en espacios pequeños, reduce la diversidad genética, la rápida renovación de animales y fragmenta el hábitat por la expansión; y 2) como indicó la OMS, la propagación de enfermedades se agrava por el cambio climático, la destrucción del ecosistema, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio en el uso de la tierra, que son propias de la producción agrícola intensiva y expansiva.

Aunque el origen del COVID-19 no es concluyente, se cree que se produjo a través de una combinación de las vías descritas. También se investiga actualmente a las granjas industriales como un posible punto de transmisión.

Las cadenas de suministro de alimentos revelan sus vulnerabilidades.

El confinamiento ha creado presión en las cadenas de suministros locales, regionales y globales a través de la logística.

Las cadenas alimentarias, que dependen del flujo de personas, de insumos de producción y alimentos, se verán perjudicadas por las restricciones de movilidad, por ejemplo: al impedir que trabajadores de temporada crucen las fronteras y al tenerse que dejar pudrir en los campos la comida no cosechada.

En países desarrollados, los supermercados con su modelo de abastecimiento "justo a tiempo", están luchando para hacer frente al aumento repentido de la demanda, lo que da lugar a estanterías vacías, sobre todo en la parte de frutas y verduras frescas.

Las restricciones a la exportación, introducidas por un grupo pequeño de países, también interrumpe la cadena de suministros. Por ejemplo: Malasia suspendió la importación de arroz vietnamita y quedó con reservas reducidas a 2 meses, y los alimentos frescos que exporta Malasia no están llegando a Singapur.

Asimismo, la precariedad de los trabajos agrícolas ha quedado expuesta, pues siguen trabajando para mantener el suministro de alimentos, pero lo hacen en condiciones de inseguridad sanitaria porque la cadena alimentaria no ha podido adaptarse al distanciamiento físico y a las prácticas higiénicas sin que pierdan rentabilidad, y los trabajadores alimentarios, que ahora se consideran "imprescindibles", son los últimos en la lista para obtener materiales de protección.

Las personas pobres son las más vulnerables a una recesión mundial.

Antes del COVID-19, 820 millones de personas están desnutridas y 2 mil millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. En América Latina más de 10 millones de menores dependen de la alimentación escolar y ahora están vulnerables por el cierre de las escuelas. La pérdida de remeses también será un golpe a los países en desarrollo.

A medida que las economías se detengan, los impactos serán más duros para las personas pobres, en especial mujeres y niñas, que son las más afectadas en las familias vulnerables.

En todo el mundo, los trabajadores del sistema alimentario son víctimas de inseguridad y bajos salarios, por ende, se encuentran en mayor riesgo de sufrir por las interrupciones en la cadena de suministros de alimentos. En la misma situación se encuentran aquellos trabajadores ocasionales y del sector de servicios como restaurantes y comercios minoristas, quienes sufrirán por la desaceleración económica y las medidas de distanciamiento social.

La crisis también está afectando la calidad nutricional de la alimentación, ya que se están consumiendo alimentos altamente procesados y hay menos frutas y verduras frescas disponibles. Esto podría aumentar la incidencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con la calidad de la alimentación. Por ejemplo: en Reino Unido, 76.5% de los pacientes con coronavirus tiene sobrepeso.

Respuesta del sector alimentario al COVID-19

Si bien las circunstancias actuales son excepcionales, la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios ante el cambio climático y las enfermedades relacionadas era clara mucho antes de la crisis del COVID-19 (crisis del petróleo de los años 70, escalada de precios de 2007-2008, SARS y ébola, peste porcina africana).

El singular aumento de la solidaridad y del activismo de base han sido unas de las respuestas más notables a la crisis. Desde la donación generalizada de alimentos a los indigentes en India y Pakistán, hasta el suministro de comidas transportables a las poblaciones desfavorecidas en los Estados Unidos y Canadá, las comunidades se han unido para cerrar las brechas en el sistema y ayudar a los necesitados.

Además, la crisis ha ofrecido una idea de cómo podrían ser los sistemas alimentarios nuevos y más resistentes. Los gobiernos, en múltiples niveles, han actuado rápidamente para garantizar la protección de los trabajadores y el acceso a la alimentación, a menudo trabajando en conjunto con la sociedad civil.

En India se instalaron cocinas comunitarias administradas por redes de mujeres. En Portugal otorgó la ciudadanía temporal a los trabajadores migrantes. Francia trabaja con los sindicatos de agricultores para desarrollar consejos de higiene personalizados. Canadá declaró los mercados de agricultores como esenciales. Tailandia distribuyó semillas, fortaleció el comercio en línea y las entregas a domicilio.

Las cadenas de suministros también están cambiando, al menos temporalmente. Unilever está proporcionando pagos anticipados y créditos a sus proveedores más vulnerables. Uno de los principales procesadores de alimentos orgánicos de Estados Unidos, Clif Bar & Company, está proporcionando compensación a sus trabajadores, otorga permisos con goce de sueldo y donó 3.6 millones de productos a bancos de alimentos y hospitales locales. Fair Trade International aumentó la flexibilidad en el uso de primas de comercio justo, permitiendo que los agricultores aseguren la salud y alimentación.

La crisis también cambió la forma de buscar y comprar alimentos. Los pedidos en línea y las entrega a domicilio se están disparando y podrían conducir a cambios duraderos en la forma de adquirir alimentos.

La agricultura sostenida por la comunidad también está demostrando ser valiosa para el suministro de alimentos frescos (Francia, Polonia, Estados Unidos, China y otros).

Por otra parte, los sistemas alimentarios industriales están aprovechando la crisis para aumentar su control en la producción de alimentos poco saludables, lo que nos sigue haciendo vulnerables ante las pandemias.

Por ejemplo: en Canadá están pidiendo la moratoria a la regulación de alimentos para no frenar la comercialización de comida rápida a los escolares y desean demorar el etiquetado de alimentos poco saludables y altamente procesados. En México, se vive igual situación con el etiquetado. En Europa acusan al sistema alimentario ecológico de no poder producir suficientes alimentos y otro están pidiendo que se ejecute el programa de distribución de semillas y fertilizantes usado en la crisis del 2007-2008.

La ruta por seguir

Las vulnerabilidades del sistema alimentario no deben olvidarse cuando pase la crisis. Debemos:

Tomar medidas para proteger a los más vulnerables, asegurando su acceso a alimentos de calidad y estableciendo derechos complementarios para compensar la pérdida de ingresos y así mantener la seguridad alimentaria de los hogares.

Se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que los trabajadores del sector agrícola y alimentario, incluidos los trabajadores migrantes y los del sector informal, tengan acceso a condiciones de trabajo seguras y dignas

El acceso a estructuras informales del mercado son a menudo la única opción para los hogares pobres, que tienen poca o ninguna capacidad para comprar en grandes cantidades o para almacenar alimentos. Por eso, apoyar a estos mercados para que cumplan con las medidas de higiene y garantizar el acceso a ellos es crucial, manteniendo así su papel esencial en la distribución de alimentos.

Las estrategias locales de salud deben fortalecerse como respuesta a los brotes de enfermedades.

Debemos impulsar el cambio de la agricultura industrial a sistemas agroecológicos diversificados, que son resilientes porque combinan diferentes plantas y animales para producir sinergias naturales que evitan el uso de químicos sintéticos para producir. Esto también genera menos dependencia de los insumos importados, protege los hábitats y genera alimentos saludables.

Los subsidios agrícolas estatales deberían impulsar los sistemas alimentarios agroecológicos para hacer más resiliente la agricultura de los países, garantizar las cadenas locales de suministros y fortalecer las regulaciones de seguridad alimentaria.

Ante lo expuesto, podemos ver que la crisis nos ha dado la oportunidad para repensar el sistema alimentario y nutricional global, regional y local. Depende de nosotros aprovecharla.

Desde EUROSAN apoyamos la adopción de sistemas agroforestales que puedan producir suficientes granos básicos para aumentar la seguridad alimentaria de las familias.

También realizamos actividades para reducir los índices de desnutrición crónica y fortalecemos las capacidades institucionales y humanas de las Mancomunidades para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción. Además, impulsamos la innovación para facilitar el acceso a tecnologías que mejoren las condiciones de la seguridad alimentaria y nutricional.

Durante la crisis, además, realizamos la campaña de sensibilización "Yo me cuido y te cuido" para difundir mensajes que apoyan los comportamientos y actitudes positivas para protegerse durante la pandemia.

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COVID-19 y los problemas de seguridad alimentaria

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El COVID-19 está afectando la situación de seguridad alimentaria y nutrición, pero ofrece una visión renovada de los sistemas alimentarios resilientes.

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La Unión Europea (UE) y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno presentaron los resultados obtenidos en el marco del proyecto EUROSAN Occidente. Esta iniciativa nació con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria...

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Nutrición Honduras Archives - EUROSAN-Occidente

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Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras (LEY-SAN)

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La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras se desarrolla en un contexto social y constitucional complejo. La misma Ley, en sus considerandos de creación en el año 2011, reconoce que la inseguridad alimentaria y nutricional afecta a un importante porcentaje de la población. Hoy al 2021, tenemos más del 70% de pobres en el país en condiciones de no acceso, goce, disfrute y consumo de alimentos en la cantidad y calidad necesaria, para el logro de una vida digna y desarrollo adecuado, lo cual establece esta ley en el año de su creación.

Como precedente histórico a la Ley, desde el año 1960 al 2003, en Honduras se emitieron decretos, resoluciones y abundante normativa relacionada con la alimentación y nutrición que a la fecha siguen algunas vigentes. Los aspectos desarrollados son: a) Inocuidad de alimentos, etiquetado (pero no de forma muy desarrollada), pesos y medidas, estándares, control de alimentos; b) Nutrición, control de alimentos, suplementación de micronutrientes, promoción de lactancia materna, alimentación infantil, orientación al consumidor, atención en salud; c) Seguridad Alimentaria, producción de alimentos, producción pecuaria, salario mínimo, costos de la canasta básica alimentaria, el desarrollo agroindustrial, exportación e importación de alimentos, planificación en seguridad alimentaria, nutricional y asistencia alimentaria en general (INCAP 2007).

Los acuerdos internacionales tuvieron mucha incidencia en la política pública en el país, es así que con los Objetivos del Milenio del año 1990 al 2015, el Estado ratifica estos objetivos, sin embargo, los resultados de la acción gubernamental, no fueron eficaces y, de la evaluación realizada se precisa que los objetivos no se cumplieron al 2015.

En este marco de iniciativas internacionales en contra del hambre y de la pobreza entre otros, Honduras constituye una Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022) en donde se vuelve a retomar el rumbo para contrarrestar la inseguridad alimentaria y nutricional. Se desarrollan nuevas estrategias y se reposicionan las políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional, lográndose la aprobación de la Ley Seguridad Alimentaria y Nutricional (LEY-SAN) en el 2011 (quedando pendientes sus reglamentos hasta el 2013). Esto fue posible con el apoyo de coordinaciones regionales como FAO y de mecanismos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

A partir de esta iniciativa, se crea el Plan de Acción de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SAN 2019-2023), y un Plan de Acción y Nutrición de Honduras (PANH 2019-2023). Si bien la plataforma jurídica, internacional, interna, estrategias, políticas públicas y planes y programas está constituida; los objetivos aún no se logran alcanzar.

En apoyo a la LEY-SAN, en el 2013, se crea una nueva Ley de Fomento y Protección de la Lactancia Materna, y la Política para el desarrollo integral de la Primera Infancia, que también va a fortalecer y acompañar esta Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En el 2015 se logra la ratificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con la política SAN-Centroamericano y el Plan SAN-CELAC. En el 2016 se aprueba la Ley de Alimentación Escolar.

En este contexto histórico se enfatizan dos puntos: en primer lugar, que a nivel constitucional no está de manera expresa el reconocimiento al derecho a la alimentación como un derecho y en segundo lugar, que a partir de 2011 con la aprobación de la LEY-SAN se reconoce el derecho a la alimentación como tal en Honduras.

La estrategia utilizada antes de la nueva LEY-SAN era más de solidaridad que de derechos. No existía un enfoque de derechos, la intencionalidad del Estado no era clara en sus actuaciones gubernamentales, por lo que el enfoque de solidaridad predominaba junto a otros componentes, tanto en las acciones nacionales como internacionales. No existía la noción del derecho de todo ciudadano a tener una alimentación adecuada y una seguridad alimentaria. Esto posiblemente producto también de que a nivel constitucional no se expresaba este derecho como tal.

En la Constitución hondureña vigente de 1982, existe la mención indirecta del derecho a la alimentación, cuando se enfatiza en las poblaciones específicas de niñas y las madres, lactantes y en condición de embarazo (Art. 123 Constitución de Honduras 1982). Por otra parte, el artículo 63 de nuestra Constitución establece que el derecho a la alimentación, aunque no esté en el catálogo de derechos fundamentales marcados en la Constitución, sí está incluido junto a todos aquellos demás derechos que pudieran constituir y contribuir a la seguridad del individuo y a la dignidad de la persona. Esta es la puerta de entrada para la exigibilidad del derecho a la alimentación en nuestro sistema constitucional.

En este catálogo hay algunos derechos como la justicia, la libertad, la cultura, el bienestar económico y social (Art. 1) que también refuerza el tema de la alimentación, porque el sistema económico y social tiene sus indicadores en el acceso a la alimentación; el salario mínimo (Art. 128.5); la seguridad social (Art. 142); la salud y del agua (Art. 145); la nutrición (Art. 150); la vivienda (Art. 178) y la producción agropecuaria (Art. 347) y se vinculan de forma diferida.

Como se ha constatado, la constitución hondureña no desarrolla un énfasis coherente y ordenado respecto al derecho a la alimentación. Esto se suple con la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (LEY-SAN). Esta ley tiene 25 artículos relacionados y dos reglamentos. La parte reglamentaria de la ley es sumamente importante, porque cuando establecemos una Ley general y habilitamos ciertos contenidos reglamentarios, deben ir simultáneamente desarrollados para lograr su habilitación, articulación y la ejecución. En el caso hondureño esto no se dió con la celeridad debida, obstaculizando de inicio la articulación de la operacionalización y el funcionamiento de los órganos que la constituyen, se aprueban hasta el 2013 completando la normativa. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, genera para nuestro país una política de Estado de Prioridad Nacional, esto es muy significativo y debería reflejarse en su ejecutoria.

Es en el marco de los compromisos de los objetivos del milenio que surgen los objetivos y metas de la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, que promueven el desarrollo nacional mediante la ejecución de estrategias nacionales, sectoriales y regionales, tomando en cuenta también otras leyes vinculadas en materia alimentaria y nutricional.

Destaco que, entre estas estrategias estatales, es central el enfoque regional y local, es decir, cómo llegamos al territorio local, cómo llegamos a la comunidad, cómo llegamos a operar y afectar positivamente al ciudadano y la ciudadana de forma directa y material. Cómo llegamos para resolver las problemáticas de la producción, la doble carga de la malnutrición y la desnutrición. Cómo el Estado debe preocuparse por la protección y garantía del derecho a la alimentación adecuada y a la nutrición. Cómo las constituciones de nuestros países deben guardar, proteger, garantizar y, blindar este derecho fundamental de vida digna y calidad de vida.

En el contexto chileno y su proceso de creación de un nuevo pacto social, que se concreta a través de una nueva Constitución, es fundamental lograr el posicionamiento del derecho a la alimentación adecuada y a la nutrición, para que se incluya en el catálogo de derechos de manera expresa y que se le dé la importancia debida, como garante de la vida misma y de la dignidad del ser humano.

También es relevante incidir a nivel constitucional en la desconcentración y descentralización de presupuesto público, que no se concentre únicamente en el nivel central, que se consideren los territorios para generar las condiciones de calidad de vida necesarias entre ellas el derecho a la alimentación adecuada. Que la protección y garantía de derechos llegue al productor de alimentos que tradicionalmente está en las zonas del territorio local donde hay poca presencia de la infraestructura estatal y de los beneficios de los presupuestos centrales. En las ciudades no se producen alimentos, donde se produce alimento es en el territorio local, y es ahí donde tiene que llegar y hacerse material el derecho a la alimentación adecuada.

Si la acción programática de la constitución no se constituye, si la ley secundaria no se realiza, si la política pública no se efectúa, si el plan de acción no se realiza, finalmente no se produce el acceso al derecho por el ciudadano y ciudadana, por lo que estaríamos arando en terreno infértil para producir desarrollo y calidad de vida. Para que la semilla germine, necesitamos ir ahí a la comunidad, a la localidad, llegar al productor y llegar al consumidor de estos territorios que normalmente son los que tienen menor acceso a alimentos adecuados, porque solo consume lo que se produce en su zona, y no necesariamente es la variada gama de alimentos que todo ser humano requiere para su nutrición y que están disponibles en la cuidad por llegar de todos los territorios que los producen y ser centros de concentración de alimentos por la concentración poblacional.

El objetivo de esta LEY-SAN es establecer el marco normativo para estructurar, armonizar, coordinar, acciones de seguridad alimentaria y nutricional en el mejoramiento de la calidad de vida de la población hondureña con prioridad en los grupos vulnerables, lo que va en la línea de las conceptualizaciones que ha planteado FAO.

Estructurar una coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del país, con responsabilidades, funciones, consideraciones presupuestarias, entre otros es lo que se persigue. Además, esta LEY-SAN y sus reglamentos considera en su estructura operativa, la representación del Congreso Nacional, dentro de sus órganos de decisión, lo cual puede ser muy estratégico considerando el caso de los países que aún no tienen Frentes Parlamentarios Contra el Hambre ya conformados, esta ley propone la conformación de una Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la cual participa el parlamentario.

La LEY-SAN constituye el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que está conformado por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este Consejo Nacional es una instancia de dirección y decisión relativa a la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dentro de la estrategia de la articulación institucional definida en las políticas públicas en materia social.

Otro órgano importante definido, es la Comisión de Vigilancia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tiene por objetivo evaluar y monitorear las políticas desde la Seguridad Nacional del Sistema Nacional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Esto implica un elemento de exigibilidad de derechos, muy importante, ya que las evaluaciones y recomendaciones que emite esta comisión son vinculantes ante el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por lo tanto, hay exigibilidad de cumplimiento, responsabilidad estatal por su cumplimiento o incumplimiento.

Existe también un Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTISAN) y la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), que depende de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. Todas estas comisiones y comités están presididos por el Despacho Presidencial (Poder Ejecutivo), o sea, que es el Presidente del Ejecutivo el que tiene finalmente esa responsabilidad de actuar en coherencia y en el marco del establecimiento de los derechos para la población en general. La UTSAN se encarga de vigilar la aplicación de las políticas de evaluación y monitoreo del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria que está establecido por la Comisión de Vigilancia, entonces es el órgano operativo de vigilancia y cumplimiento.

Respecto al Acuerdo Ejecutivo Número 041-DP-2013 que corresponde al "Reglamento Interno del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional" (CONASAN), que es el órgano principal del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En su artículo doce (12) del reglamento nos establece que el CONASAN se reunirá en sesión ordinaria una vez por año, para discutir u aprobar, además de lo establecido en el artículo siete (7) que implica todas las responsabilidades que tiene el CONASAN.

Entre otras responsabilidades este Consejo Nacional (CONASAN) debe realizar: Informe Anual de la situación SAN (es decir, un balance anual de la situación de seguridad alimentaria y nutricional del país); pronóstico de Siembra en primera cosecha; situación de Corredor Seco y otras áreas vulnerables afectadas en caso de escasez u otros fenómenos; recomendaciones del UTSAN sobre las prioridades de intervenciones en respuesta a la situación de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, este Consejo Nacional de CONASAN tiene gran responsabilidad de toma de decisiones y rendición de cuentas sobre estado de situación de la seguridad alimentaria y nutricional de los ciudadanos, ciudadanas y habitantes del país.

En el artículo trece (13) en el inciso d) del mismo reglamento, habla del Plan Nacional de Inversiones de Seguridad Alimentaria con enfoque regional presentado por la Unidad Técnica (UTSAN), el cual una vez aprobado, deberá ser remitido a la Secretaría de Estado en los Despachos de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), para su integración en el sistema de planificación y eventualmente a el sistema de presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Es central este elemento del aseguramiento de los activos necesarios para el cumplimiento del plan, para que no quede sin presupuesto de respaldo, como pasa en la mayoría de los países que no tiene un soporte presupuestario; aquí está el soporte legal y el soporte presupuestario también para su exigibilidad y ejecución.

A su vez, la Comisión de Vigilancia tiene su propio acuerdo legal, correspondiente al 041-A-DP-2013 donde se detalla que la integran: el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), el Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Congreso Nacional, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que está encargado de la transparencia, el conocimiento de los datos para la ciudadanía respecto a la inversión del presupuesto y todo lo derivado de estos temas de acceso al dato público y a la información pública. Esto implica que la LEY-SAN tiene ahí muchos resguardos, muchos elementos claves que son interesantes para poder ejecutarla con fuerza, firmeza, claridad, contundencia y efectividad requerida. Dependerá de estos órganos y su apego al mandato legal.

Respecto al Artículo tres (3) de este reglamento, señala que el informe del Comité de Vigilancia debe contener, entre otros puntos, inciso 1) "certificar la realización gradual del derecho a los alimentos" plasmando la progresividad del desarrollo del derecho alimentario de la ciudadanía. Constituyéndose, la base de todas las etapas del desarrollo de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional: investigación, planificación, desafíos, implementación, seguimiento, monitoreo, evaluación y análisis.

Esta Comisión de Vigilancia tiene altos poderes en cuanto a velar por la ejecutoria del derecho, por las actuaciones estatales que sean conformes a lo que está estipulado, por lo que se trata de un mecanismo de exigibilidad del derecho a la alimentación bastante significativo y claro para vigilar la responsabilidad estatal.

En el inciso 5) se señala que esta Comisión de Seguridad puede "identificar las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la no realización del derecho a la alimentación y de los derechos humanos interrelacionados". Si bien no está ejecutado plenamente en la actualidad, por lo menos tenemos ahí un indicio de poder establecer su exigibilidad. En ese sentido, no nos quedamos en aspiraciones declarativas, sino que le damos las herramientas necesarias para su operatividad y de exigibilidad.

En su inciso 11) señala el deber de "evaluación del cumplimiento de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para su aprobación", es fundamental evaluar resultados para poder medir avances y no regresividad de este derecho, aquí encontramos losa argumentos para poder establecer la acción del derecho y la responsabilidad del estado a través de sus gobiernos.

Retomando la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, particularmente en el artículo diez y nueve (19) que habla del impulso para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, se destaca entre otros aspectos ,el mecanismo de creación de las Mesas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Municipales y Regionales.

En Honduras, normalmente los responsables de la producción agrícola son las unidades locales, es decir, los municipios, las aldeas y los caseríos, quienes aseguran a las ciudades el acceso al alimento. Es sumamente importante conocer los índices de producción y productividad que tienen estos territorios, las condiciones de las comunidades, la retribución de su esfuerzo, si realmente están siendo atendidas en cuanto a su desarrollo sostenible, integral y multidimensional.

Los Consejos Regionales, se visualizan en la ley para que sean considerados en el sistema de Planificación para el establecimiento de esta visión país y la adopción de un Plan para la Nación de Honduras.

Históricamente la participación ha sido débil, dado que los mecanismos de participación local no han sido eficaces como órganos de participación directa, y no han logrado llegar hasta las comunidades más pequeñas por lo general.

El artículo veintitrés (23) de la LEY-SAN, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos y reglones presupuestarios, deberá contemplar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, la asignación financiera de la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en su conjunto. Estas últimas palabras implican que debe considerar la integralidad y la inclusión de todas las poblaciones tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel central.

Finalmente, nos falta comentar la bajada de esta ley a la práctica ciudadana, al fortalecimiento de la dignidad humana y el aseguramiento real y consistente a la seguridad alimentaria y nutricional, puesto que cabe preguntarnos ¿realmente se está realizando este ejercicio de derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas? Al respecto quisiera mencionar en primer lugar, el índice de malnutrición y obesidad en Honduras en relación al 2020 y al 2021 refleja una situación bastante preocupante y alarmante, debido a que no hemos logrado establecer índices que sean aceptables.

Desde un enfoque de género, la CEPAL en su informe 2020 informó que la desnutrición (anemia) está afectando en su mayor parte a las mujeres en edad de procrear. Por otro lado, el exceso de peso es un problema que afecta también a mujeres entre los 40 y 49 años de edad, con un 75% de peso superior al que deberíamos de tener. De este 75%, existe un 22% de obesidad, un 29% de sobrepeso, un 44% en normalidad, y sólo un 5% delgadas; entonces tenemos un problema por resolver con las mujeres y el sobrepeso en Honduras, y desde mi posición de mujer me parece importante enfatizar en esta problemática de doble carga nutricional, porque puede ser una realidad compartida en la región. La misma CEPAL ha dicho, que para el 2017 en Honduras alcanzamos un costo por desnutrición de 8.8% de Producto Interno Bruto (PIB), provocando escasez en la Mesa del Acceso a la alimentación, desnutrición crónica en algunos departamentos y obesidad en otros.

La pregunta final es ¿Cómo estamos hoy respecto al ejercicio de derecho a la alimentación adecuada y la nutrición en Honduras? Podemos afirmar que se debe seguir luchando contra el hambre y la malnutrición, se establece que previsiones constitucionales, políticas públicas, planes de acción, y demás esfuerzos no han sido suficientes para satisfacer los derechos ausentes de la población y la ciudanía, debemos hacer más todos los sectores sociales políticos, económicos, culturales por lograr mejores condiciones de vida y alimentación.

Nos encontramos a nueve años de evaluar si cumplimos o no con los objetivos de desarrollo sostenible que tienen como meta el 2030, lo que nos convoca a trabajar intensamente, contra el hambre, el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición. Estos objetivos nos plantean que debemos buscar cómo terminar con todas estas formas de hambre y desnutrición para el 2030, lo que corresponde a una carrera contra el tiempo. Tenemos nueve años para lograr estos objetivos en nuestros países y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños a una alimentación adecuada suficiente y nutritiva.

Esta tarea implica justamente revisar y reflexionar lo que estamos haciendo, promover prácticas agrícolas inclusivas, sostenibles y globales a través del apoyo de pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, a la tecnología y a los mercados. Mejorar condiciones agrícolas y alimentarias con apoyo nacional y también con apoyo de la cooperación internacional, promoviendo y asegurando la inversión en infraestructura, tecnología y tierras que mejoraren la productividad agrícola con este alto valor de inclusión y equidad para tener el alimento adecuado en la mesa nutriendo a nuestra nación.

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Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras (LEY-SAN)

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La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras se desarrolla en un contexto social y constitucional complejo. La misma Ley, en sus considerandos de creación en el año 2011, reconoce que la inseguridad alimentaria y nutricional afecta a un importante porcentaje de la población.

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Una misión para todos.

Desde de los 70s , luchamos contra el hambre: A lo largo de las décadas, nosotros los humanos hemos creados organizaciones, proyectos, leyes para tener una alimentación sana y luchar por el derecho a la comida y disminuir la desnutrición en el mundo.

En el camino, han habido crisis y desafíos, pero también avances y nuevas metas.

Hoy, la lucha continúa. El cambio climático, las guerras, la pobreza y la desigualdad lo hacen difícil, pero la tecnología, la economía, un mejor gobierno, el poder de las mujeres y la inversión en el campo nos dan esperanza.

Un futuro sin desnutrición es posible.

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imagen de SAN seguridad alimentaria y nutricion.

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La lucha contra el hambre: un camino largo pero con esperanza.

Desde los años 70, hemos recorrido un gran camino en la batalla contra el hambre. Hemos visto cómo la cantidad de personas que sufren hambre extrema se ha reducido a la mitad, la producción de alimentos ha aumentado y el acceso a los mismos ha mejorado, sin embargo, aún queda mucho por hacer. Millones de personas siguen sin tener suficiente para comer, la malnutrición sigue siendo un problema grave, y el cambio climático, los conflictos y las crisis económicas amenazan todo lo que hemos logrado.

Alcanzar el objetivo de Cero Hambre para el 2030 requerirá un esfuerzo continuo y global.