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Derecho al territorio de los pueblos indígenas

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Derecho al territorio de los pueblos indígenas

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El Relator Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Francisco Cali Tzay, visita la Argentina entre el 22 y el 27 de agosto. Referentes de distintos pueblos y organizaciones de derechos humanos construimos en conjunto un diagnóstico sobre las vulneraciones que sufren las comunidades en la Argentina.

El derecho de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan no debería estar en discusión, ya que está expresamente reconocido en la Constitución Nacional y en el Código Civil. Sin embargo, los distintos gobiernos que se sucedieron desde 1983 no avanzaron en hacer realidad la letra de la ley. Al mismo tiempo, fuertes intereses privados han tenido éxito en despojar a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. Esta vulneración de derechos llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado argentino en un caso presentado por la Asociación de Comunidades Indígenas Lakha Honhat de la provincia de Salta.

Testimonio de Cristina Pérez (Lakha Honhat, Salta)
https://youtu.be/a4Dj6V6STM4
La sentencia de la Corte IDH, entre otras cosas, dice que el Estado argentino debe aprobar e implementar una ley de propiedad comunitaria indígena. Pero los modos de ocupar el territorio de las comunidades indígenas no implican sólo alguna forma de seguridad jurídica en la tenencia (que es fundamental), sino también la posibilidad de llevar adelante las propias formas de vida en esos territorios. En este sentido, el avance de los desmontes y otras formas de afectación del medio ambiente es una preocupación central de muchos pueblos.
Marisol Andrade

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SEPTIEMBRE 29, 2021

PREEXISTENCIA Cuando las palabras nos comprometen.

Art. 75 corresponde al Congreso: Inciso 17 Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos…

Esta no debe ser tomada como una frase retórica que sirva para cubrir apariencias, maquillando las políticas estatales de un supuesto indigenismo. Es lo que los indígenas que asistieron a la Asamblea reformadora de la Constitución Nacional en 1994 lograron; hicieron que los constituyentes miraran hacia atrás, vieran las raíces y reconocieran la legitimidad del reclamo indígena por su incorporación y la de sus derechos en el plexo constitucional.

Preexistencia es, según el diccionario de la Real Academia Española: “Existencia anterior, con alguna de las prioridades de naturaleza u origen” y desde este precepto toma la Constitución Nacional la noción de la palabra obligando a los estamentos del Estado nacional y a los provinciales a respetar los derechos que ella reconoce.

Es de considerar que la Constitución de 1853/1860 con sus reformas, siempre consideró a los indígenas como seres inferiores que debían asimilarse por su voluntad o contra ella, dejando de lado sus costumbres y espiritualidad. Reconocer la “Preexistencia” es aceptar, valorar y respetar las diferencias.

Es una contradicción hablar de preexistencia a la conformación de la Nación y a la vez calificarlos como “argentinos”, una maniobra  para legitimar las fronteras que no forman  parte de la visión geopolítica de los Pueblos Originarios.

Cuando el primer europeo pisó oficialmente el suelo de este continente, ya otros lo habían hecho extraoficialmente, hubo gente que lo recibió. Baste para esto leer la primera carta de  Cristóbal Colón  sobre su histórico encuentro.

Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viaje, os escribo ésta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas con gente sin número; y de ellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los Indios la llaman Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla Juana, y así a cada una nombre nuevo.

Este texto muestra el supuesto derecho de conquista aplicado por Colón y que siguiera siendo utilizado durante siglos en los países americanos, incluso después de las independencias, y en nuestro país hasta 1994. Europa pasa por encima de culturas y civilizaciones para imponer  la  suya  como única, así se  propone una Argentina mono étnica que aún suena en la voz de algunos gobernantes, funcionarios y referentes políticos.

Lo cierto es que esa frase constitucional nos muestra, si no la ilegalidad sí la inmoralidad de los Estados al vender -o regalar- tierras que no le pertenecen, que fueron y son territorios indígenas. “Todos los títulos de propiedad otorgados por los Estados nacionales en América son inmorales” decía con voz clara y firme el Dr. B. Melià.

En 1816 las Provincias Unidas del Rio de la Plata declararon su independencia de la Corona Española y de toda otra potencia, gracias Dr. Belgrano, pero decidió no renunciar a  los  derechos de conquista heredados sobre los Pueblos Originarios y sus territorios, la propiedad territorial Comunitaria no fue devuelta, por eso no reconoció su preexistencia. Ni siquiera en el excelente artículo -para la época-  dedicado a ellos en la constitución de 1819.

Si se reconoce la preexistencia de los Pueblo Indígenas, y sabemos que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, debe reconocerse que esos Pueblos habitaban, comían, sembraban, en algún lugar físico y que hoy sus descendientes, porque a pesar de las matanzas los hay, merecen y deben vivir en sus territorios.

Si usamos el Principio de Impenetrabilidad de los Cuerpos diremos que: “El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez”, en consecuencia si la conquista significó desplazar a los indígenas lo más al sur posible en unos casos -paradójicamente tierras de altísimo valor mineral hoy-, en otros casos a las montañas y en otros más drásticos a las tumbas. Al reconocer la preexistencia indefectiblemente se debe reconocer el territorio.

Una nueva prórroga y cumplimiento de la ley 26160 (hoy 27400) y el dictado paralelo de una Ley de Territorios Comunitarios Indígenas sería acercar un poco a la Argentina a hacer justicia.

https://www.youtube.com/watch?v=6dgTdleFxTE&t=27s&ab_channel=PrensaATEMisiones

Dirigida a Luis de Santángel, financista de Colón y Escribano de Ración (prestamista), la carta fue publicada en abril de 1493 Fuente: http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/colon.pdf

YEFE, ANALÍA

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La Corte Suprema condenó a la provincia de Neuquén por no respetar los derechos indígenas

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La Corte Suprema condenó a la provincia de Neuquén por no respetar los derechos indígenas

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En un fallo considerado histórico por la Confederación Mapuche, el máximo tribunal del país ordenó al gobierno provincial que dé participación a las comunidades indígenas y que respete los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se inició por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la comunidad Catalán por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia. El máximo tribunal del país confirmó que el gobierno neuquino vulneró los derechos indígenas. La sentencia ordenó la puesta en marcha de una mesa de diálogo que adecúe el funcionamiento municipal a la normativa indígena.

“El fallo marca un punto de inflexión respecto a la jurisprudencia federal y provincial que siempre ha sido muy reticente en reconocer el derecho a la participación política colectiva de los pueblos indígenas mediante sus instituciones”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado, quien llevó adelante la demanda.

El conflicto se inició en 2003, cuando la Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 2439 de creación de la Municipalidad de Villa Pehuenia (en el noroeste provincial) dentro del territorio de las comunidades mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel, sin haber realizado el procedimiento de consulta al que el Estado está obligado.

Luego de un largo proceso judicial, y sin haber tenido respuesta en los juzgados provinciales, el máximo tribunal del país sentenció a favor de la Confederación Mapuche y las comunidades indígenas.

La Corte Suprema condenó a la Provincia de Neuquén a que, en un plazo razonable, establezca una mesa de diálogo con las instituciones del Pueblo Mapuche para que implementen la consulta que fuera omitida al crear la figura administrativa-política municipal.

El fallo también ordena que se diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. Establece que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén será el encargado de controlar la ejecución de la sentencia y de recibir los informes con los avances logrados en la mesa de diálogo.

Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche, celebró la decisión de la Corte Suprema y llamó a que jueces y fiscales tomen nota: “El Poder Judicial tiene una enorme tarea para ponerse al día con todos los avances de derechos del Pueblo Mapuche, derechos que el poder político de Neuquén pretende convertir en letra muerta. El pueblo preexistente Mapuche no permitirá un solo abuso de poder y ejercerá sus derechos”.

El Odhpi explicó que la Corte declaró la validez de la creación del Municipio sólo por los graves efectos que tendría declarar la nulidad después de tanto tiempo de funcionamiento, pero al mismo tiempo instó a que Provincia y Municipio subsanen las inconstitucionalidades y adecúen sus normativas y procedimientos que se cumplan los derechos de participación indígena vigentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

La Confederación Mapuche de Neuquén resaltó que es imprescindible recordar que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que está vinculada con el derecho a la identidad, a la integridad cultural y a las propias instituciones y costumbres. “Es una obligación del Estado desde el momento en que se modificó la Constitución Nacional en 1994 y se ratificó el Convenio 169 de la OIT”, afirmó la organización indígena.

El dictamen de la Procuración General (al que la Corte Suprema adhirió en sus fundamentos) también es innovador en cuanto a su enfoque respecto de entender la realidad indígena: “En el seno del Pueblo Mapuche las decisiones son tomadas a través de mecanismos e instituciones propias tales como los parlamentos comunitarios y los lonkos, que representan la autoridad moral e histórica de las comunidades. En estas condiciones, la creación de un municipio implica adoptar una estructura y un modelo de organización del poder que es ajeno a la cosmovisión y a las instituciones políticas de las comunidades indígenas”.

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Por qué el 19 de abril se celebra el Día de los Pueblos Originarios

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Por qué el 19 de abril se celebra el Día de los Pueblos Originarios

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El 19 de abril en Argentina se celebra El Día de los Pueblos Originarios, según la recomendación surgida en el Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado ese mismo día en 1940, en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México. El primer congreso, que fue hecho en México, abordó situaciones sociales y económicas de los pueblos originarios.
El objetivo del congreso realizado en México es salvaguardar y perpetuar las culturas originarias en todo el continente y creó el Instituto Indigenista Interamericano, dependiente de la Organización de los Estados Americanos. Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril como el Día de los Pueblos Originarios, mediante el Decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional. Nuestro país es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de los pueblos originarios y del aborigen americano.
Vanessa Pericich.-

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El objetivo del congreso realizado en México es salvaguardar y perpetuar las culturas originarias en todo el continente y creó el Instituto Indigenista Interamericano, dependiente de la Organización de los Estados Americanos. Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril como el Día de los Pueblos Originarios, mediante el Decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional. Nuestro país es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de los pueblos originarios y del aborigen americano.

Desde la página del Ministerio de Cultura Argentina nos instruyen acerca de los pueblos indígenas que representan cerca del 5% de la población mundial. Asimismo, aseguran que la Organización de las Naciones Unidas estima que esto se traduce en 370 millones de personas, agrupadas en más de 5000 comunidades, en unos 90 países.

"Si bien los pueblos indígenas son sinónimo de riqueza cultural, de respeto y preservación de la naturaleza, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas del planeta", cita el sitio web.

Los bosques de los territorios de los pueblos indígenas cumplen un rol fundamental en la estabilización del clima a nivel local, regional y mundial. También albergan una enorme diversidad de fauna y flora silvestre.
En nuestro país aún se hablan 15 lenguas indígenas, algunas son:
Aymara: en Buenos Aires. Guaraní: en Salta, Jujuy, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires y CABA. Wichí: en Salta, Formosa, Chaco, Buenos Aires y CABA. Mapuche, Mapuche-Tehuelche, Rankülche: en Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Cruz, Buenos Aires y CABA. Qom: en Formosa, Chaco, Salta, Santa Fe y CABA.

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Por qué el 19 de abril se celebra el Día de los Pueblos Originarios

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El objetivo del congreso realizado en México es salvaguardar y perpetuar las culturas originarias en todo el continente y creó el Instituto Indigenista Interamericano, dependiente de la Organización de los Estados Americanos. Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril como el Día de los Pueblos Originarios, mediante el Decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional.

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LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS EN LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL
NIVEL: 2° CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DISCIPLINA: CIENCIAS SOCIALES
La Constitución Nacional Argentina
nació en el año 1853. Desde ese
momento y a lo largo de casi un siglo y
medio, fue reformada seis veces.*
* Si quieren saber más sobre esto
pueden leer La Constitución
Nacional - Línea de tiempo.
En el texto original de 1853, el artículo 67 inciso 15 establecía que el Congreso
Nacional debía “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico
con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
Estos términos en los cuales los pueblos indígenas de Argentina eran tratados en
su Carta Magna permanecieron sin modificaciones hasta la sexta reforma de la
Constitución Nacional, en el año 1994.
El 11 de agosto de 1994, la Convención Nacional Constituyente derogó por
unanimidad el artículo 67 inciso 15 del año 1853 y estableció el nuevo artículo 75
inciso 17 sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Argentina. Fue un gran
cambio. Desde entonces, nuestra Constitución Nacional declara que corresponde
al Congreso:
● Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos.
● Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural.
● Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
● Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
● Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos.
Con la incorporación del inciso 17 al artículo 75, la Constitución Nacional cambió
profundamente las condiciones de identidad, vida y desarrollo de los pueblos
indígenas en la Argentina.
El inciso 19 reforzó lo anterior al disponer que se debe proteger “la identidad y
pluralidad cultural” y el inciso 22 jerarquizó los instrumentos internacionales de
derechos humanos a los que el país haya adherido o lo haga en el futuro.

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INAI y el INADI manifiestan su preocupación ante el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza contra el pueblo mapuche

La SDH, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) llaman la atención sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, en el cual se define que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

Publicado el viernes 31 de marzo de 2023

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, a la cual todas las provincias están sometidas, otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, por el cual Argentina está obligada a evitar “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Preocupa observar que, en ocasión de estar cumpliéndose 40 años ininterrumpidos de democracia, algunos sectores de nuestro país intentan hacernos retroceder con cuestiones ya saldadas en materia de respeto a los derechos humanos, como el hecho de que puedan ser cuestionados derechos reconocidos formalmente, por motivos raciales o de origen étnico. Agrava la situación que esta discriminación inconstitucional provenga de una institución de gobierno, como es una cámara legislativa provincial.

Debemos reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar. Este tipo de normas fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones.

Desde la SDH, el INAI y el INADI, solicitamos a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que revea la decisión tomada y dé una clara señal de que los derechos son iguales para todos y todas, sin distinción étnico racial.
Moises Andrade II

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La Constitución Nacional incorpora el Artículo 75 Inc. 17

11 de agosto de 1994: un cambio de paradigma en derechos indígenas.
link: https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-constitucion-nacional-incorpora-el-articulo-75-inc-17

Publicado el sábado 11 de agosto de 2018

El 11 de agosto de 1994, más de 300 representantes de los diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a la ciudad de Santa Fe, para presenciar uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX en relación con los pueblos originarios: la Convención Nacional Constituyente, a cargo de la Reforma de la Constitución Nacional, iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas a la Carta Magna.

Llegaban de distintos lugares, cargados con la memoria ancestral de sus pueblos, con luchas de cinco siglos, y con un mandato impostergable: volver a sus territorios con una victoria.

Los años previos a la reforma fueron de un arduo trabajo de las organizaciones indígenas para consensuar una propuesta que incluyera los principales derechos en el nuevo texto. Y, a su vez, para convencer a los convencionales constituyentes de que aprobaran la reforma.

Es que hasta ese momento, en materia indígena regía el artículo 67 inciso 15 de la Constitución Nacional de 1853, que establecía que le correspondía al Congreso Nacional “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.

Ese jueves 11 de agosto, ya había caído la noche cuando la asamblea comenzó a tratar el tema de los derechos indígenas, en el Paraninfo (sala de celebración de actos públicos) de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Los referentes de las comunidades permanecían en silencio, expectantes, en los palcos.

La reforma del artículo 67 inciso 15 fue aprobada por unanimidad, en lo que significó un cambio de paradigma en materia de derechos humanos indígenas.

A partir de ese día, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Moises Andrade

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La Constitución Nacional incorpora el Artículo 75 Inc. 17

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11 de agosto de 1994: un cambio de paradigma en derechos indígenas.

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La propiedad comunitaria indígena sigue en veremos

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La propiedad comunitaria indígena sigue en veremos

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Diario Río Negro | Periodismo en la Patagonia

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En las provincias de Río Negro y Neuquén hay un largo litigio entre el Estado y los privados con las comunidades indígenas. Foto: archivo

Las dificultades para resolver las controversias territoriales que involucran a los pueblos originarios tienen que ver, en buena medida, con la reticencia y la demora del Estado para aplicar el derecho a la propiedad comunitaria indígena, según reconocen quienes siguen de cerca esos litigios.

Un paso clave en esa dirección sería la aprobación de una ley nacional, pero en los últimos años hubo varios proyectos en el Congreso que no fueron tratados y perdieron estado parlamentario. Los referentes de las organizaciones mapuches sostienen sin embargo que esa condición " no es indispensable ", ya que el derecho a la propiedad comunitaria ya está consolidado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, y no existe obstáculo para el otorgamiento de ese tipo de títulos.

El abogado especialista en derecho indígena Juan Manuel Salgado aclaró que "no hay un vacío legal, porque el derecho a la propiedad comunitaria está en la Constitución" y la falta de la ley no es excusa para postergar su aplicación.

Refirió que existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una causa promovida por la asociación Lahka Hohnat, de Salta, que condenó al Estado a reparar el daño ocasionado a las comunidades que la integran, para que se les reconozca la propiedad de la tierra y la consulta previa, libre e informada antes de adoptar cualquier decisión que las afecte.

" El tiempo pasa y siguen sin cumplir con la jurisprudencia de la CIDH, lo cual va a ser un semillero de pleitos " advirtió Salgado, que fue fiscal federal, juez penal de Neuquén, defensor público en Chubut, es actualmente asesor de la Confederación Mapuche del Neuquén y profesor de Teoría General del Derecho en la UNCo.

Otro abogado, Lefxaru Nawel -quien además es werken de su comunidad e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén- coincidió en afirmar que el derecho a la propiedad comunitaria "ya existe" y es necesario " darle espacio dentro de la normativa, adaptar leyes y códigos ".

Aseguró que "hay un gran desconocimiento especialmente en los gobiernos provinciales, que deberían formarse en el tema". Entendió que las dificultades que persisten en ese sentido se deben al "racismo institucionalizado" y cuestionó las decisiones de gobiernos "que han llegado a emitir títulos y vendido tierras con comunidades adentro".

Desde otro punto de vista, hay quienes critican la aplicación del derecho indígena y consideran que reconocerles la propiedad comunitaria sería "una pérdida de soberanía del Estado argentino". Y llegan a sugerir que detrás de los planteos de las comunidades hay "negocios inmobiliarios"; esto a pesar de que la misma Constitución subraya que la propiedad comunitaria " no será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos ".

El abogado Ernesto Saavedra, quien ejerce la defensa de particulares que litigan contra organizaciones mapuches en El Bolsón, en Bariloche y en Jacobacci, reconoció que la figura de propiedad comunitaria está incorporada a la legislación, pero cuestionó "el sesgo ideológico" de los reclamos y la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Acusó a este organismo de "armar las carpetas técnicas, como las llaman, sin apego a lo que dice la ley 26.160, que reconoce el derecho solo a las comunidades que pueden demostrar la posesión actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada".

El tiempo pasa y siguen sin cumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo cual va a ser un semillero de pleitos".
Juan Manuel Salgado, abogado especialista en derecho indígena.

La titular del INAI, Magdalena Odarda, reconoció que hay un atraso en materia legislativa y comunicó que la propiedad comunitaria indígena será debatida en el Congreso a partir del mes próximo.
Odarda dijo que " los territorios comunitarios son objeto de hostigamiento y avaricia, dado el alto nivel económico o inmobiliario que hoy poseen ".

La demora agrava el incumplimiento del Estado argentino con la manda impuesta hace dos años por la CIDH, para que "en un plazo razonable adopte las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueran necesarias (...) para dotar de seguridad jurídica al derecho humano a la propiedad comunitaria indígena".

Odarda dijo que "Lahka Hohnat obliga a la Argentina y hay una deuda histórica con este tema, siempre hubo escollos". Refirió que también hay un fallo del STJ en Río Negro que pide la adopción de pautas aplicables a todas las comunidades. Según Odarda, si hay una falta de avance en este tema es "porque está atravesado por un racismo absoluto e inconstitucional" y una visión del derecho " absorbida por el concepto tradicional de propiedad privada ".

Explicó que el derecho indígena "introduce otra concepción, que diferencia tierra de territorio". Según esa cosmovisión, la persona tiene "un vínculo inescindible con el territorio, que está fuera de las leyes del mercado".

La funcionaria nacional señaló que en relación estrecha con la propiedad comunitaria se debe aplicar el derecho a la consulta "previa, libre e informada", afectado también por "prejuicios que no se sostienen de ninguna manera". Dijo que en Santa Cruz acaba de ponerse en marcha por orden judicial un proceso de ese tipo, previo a la construcción de las represas Kirchner y Cepernic, que tiene siete etapas y que es "una experiencia maravillosa de diálogo intercultural".

Señaló que el debate que esperan impulsar en el Congreso en la segunda mitad del año va a ser muy amplio e incluirá la invitación a especialistas, académicos, universidades y miembros de comunidades para que expongan sus posturas.
Conceptos distintos
Salgado dijo que la propiedad comunitaria "merece el mismo respeto que la propiedad privada", pero no resulta fácil porque se trata de ir contra "las tradiciones jurídicas". Dijo que la incorporación de ese derecho a la Constitución de 1994 pareció despejar las dudas, pero "no todos los jueces aplican los tratados".

Explicó que el reconocimiento de la propiedad indígena impediría el otorgamiento de concesiones mineras sobre esos territorios u otras restricciones como servidumbres de paso, ya que "el Estado no puede ejercer las mismas atribuciones que en la propiedad privada ".

Según el letrado, "acá hubo pueblos que fueron absorbidos por el Estado y de lo que se trata es de que recuperen la autonomía que tenían antes, sin disolver el Estado". Dijo que la propiedad comunitaria "es lo último en ese proceso", y puso como ejemplo los casos de Nueva Zelanda y Canadá para señalar que "lo primero es establecer el Estado plurinacional".

A su juicio, las trabas que todavía persisten en la Argentina se dan "por el desconocimiento del derecho y por la resistencia de quienes quieren apoderarse de la tierra de propiedad indígena".

En sentido parecido. Lexfaru Nawel dijo que " hay una manipulación, una promoción de la violencia y el odio racial desde algunos formadores de opinión ". Señaló que una buena política de Estado sobre el tema debería tener distintos ejes y consideró "la educación para la interculturalidad sería fundamental".

"Lo que pasa en Río Negro es gravísimo -completó Salgado-. Es plantear que lo que emanó de la Campaña del Desierto no se discute. Otorgar títulos comunitarios no atenta contra la soberanía. Los territorios no dejan de ser Argentina. Es redistribuir la soberanía de una manera diferente".

La visión de la propiedad que tienen las comunidades en general escapa al concepto de "cosa". Foto: archivo

Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se cumple

Si bien la Constitución Nacional reconoce desde hace 28 años el derecho al territorio y la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, el Estado quedó expuesto en su incumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos conocido como Lahka Hohnat, y ratificado después por otro similar.

En el apartado 15 de ese fallo la Corte condenó al Estado argentino a que adopte " las medidas legislativas y/o e otro carácter que fueren necesarias para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena ".

Los abogados Salgado, Nawel y Sofía Bordenave firmaron en febrero pasado un estudio sobre esa controversia donde subrayan que "los derechos territoriales indígenas no pueden entenderse ni incluirse dentro de los conceptos del ámbito privado", y subrayan como un error repetido el de pretender que la regulación de la propiedad comunitaria quede incluido dentro del Código Civil.

Indican además que "si bien el reconocimiento de la posesión comunitaria y el deber estatal de titulación de las tierras ocupadas tradicionalmente parecerían ser conceptos claros, gran parte de los conflictos actuales se originan en el incumplimiento de estos deberes y su desconocimiento por parte de los tribunales o autoridades que intervienen".

Observan que los funcionarios del Estado más de una vez se han regido por las nociones clásicas del derecho que limitan los reclamos indígenas a las tierras ocupadas "de tiempo inmemorial" y no a las de posesión reciente.

"Tal argumento convalidaría los desplazamientos obligados por la acción del propio Estado -como los ocurridos en la llamada campaña del desierto- y carece de asidero en el derecho internacional", sostiene el trabajo. En torno de esa cuestión crucial, indica luego que "los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aun a falta de título legal, salvo cuando dichas tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe".

Bordenave aclaró que la propiedad comunitaria así entendida, " es un espacio territorial que sostiene una cultura, no en una relación dueño/cosa. No es un simple acuerdo entre muchas personas que poseen algo. Tiene otra esencia, otra función social y política".

"El derecho existe, está ideologizado"

El abogado Ernesto Saavedra dio a entender que no tiene reparos teóricos con la propiedad comunitaria indígena. "Somos gente de derecho y está incorporada en la Constitución en 1994, así que se tiene que aplicar", señaló. Pero luego aclaró que "el derecho a la tierra bajo esa figura corresponde a los que tenían arraigo al momento de la sanción de la ley de relevamiento, es decir en 2006". A su juicio, "la desidia del Estado es la que produjo la distorsión que existe hoy".

Según Saavedra, es erróneo sostener que "cualquier persona que se autopercibe pueblo originario tiene derecho a la tierra". Sostuvo que con la situación actual " cualquier grupo se conforma en comunidad y están convencidos de que no los alcanza el derecho argentino ".

Subrayó que "el Estado está en falta al no haber completado el relevamiento", cuando ya pasaron 16 años del primer compromiso. "Lo que no puede haber es una recurrencia en el reclamo", agregó.

El abogado defensor de particulares que litigan con organizaciones mapuches dijo que "si la tierra relevada tiene un título perfecto, encuadrado en el artículo 17 de la Constitución (propiedad privada) el Estado tiene que ofrecer a la comunidad otras tierras equivalentes o bien indemnizarla". Citó a modo de ejemplo el caso Antual, en Jacobacci.

Acusó al INAI de "emitir informes sobre propiedad ancestral sin ningún fundamento".

Para Saavedra, el conflicto actual en torno a la propiedad comunitaria se debe a que "no es ya una cuestión de reclamo territorial, sino un reclamo ideológico ".

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La propiedad comunitaria indígena sigue en veremos

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A pesar de que fue consagrada en la Constitución Nacional de 1994, no hay voluntad en avanzar hacia un modelo que reconozca la relación de los pueblos originarios con el territorio. Odarda intentará que este año se trate en el Congreso.

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La Constitución Nacional no utiliza la expresión “pueblos originarios”, sino “pueblos indígenas argentinos” (art. 75, inc. 17); también la Declaración de Naciones Unidas de 2007 usa el vocablo "indígena".

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La Constitución Nacional no utiliza la expresión “pueblos originarios”, sino “pueblos indígenas argentinos” (art. 75, inc. 17); también la Declaración de Naciones Unidas de 2007 usa el vocablo "indígena".

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No cesan los hechos de violencia reivindicados públicamente por agrupaciones que dicen representar a los mapuches, en distintos puntos de la Patagonia, que van desde la usurpación de terrenos pertenecientes a particulares o al Estado Nacional, hasta el incendio de capillas y oratorios, en la mayoría de los casos ante una pasividad llamativa por parte de las autoridades.

Una primera aproximación nos muestra a las claras que la violencia es desplegada por pequeños grupos que no son expresión surgida del pueblo cuya representatividad se arrogan sus voceros o referentes. Basta con trasladarse a esos puntos de nuestro territorio para advertir fácilmente que tales grupúsculos violentos generan masivo rechazo por parte de la población en general, lo que quedó gráficamente demostrado en noviembre de 2021 cuando gauchos participantes de un festival en El Bolsón (Río Negro) disolvieron a rebencazos un piquete de "mapuches" que tenía a maltraer a los vecinos. Es una imagen que debe llamar a la reflexión: los vecinos de El Bolsón apoyaron la firme actitud de conciudadanos suyos hartos de tanto atropello y de la conducta omisiva de las autoridades; funcionarios que, al asumir sus cargos, juraron hacer cumplir la Constitución.

Aclaremos por otra parte, que nuestra Constitución Nacional no utiliza la expresión "pueblos originarios", sino que refiere a "pueblos indígenas argentinos" (art. 75, inc. 17); en similar sentido, apelando al vocablo "indígena", lo hace la Declaración de Naciones Unidas de 2007. Por tanto, la alusión a pueblos "originarios" tan recurrente en algunos ámbitos, resulta inapropiada cuando nos referimos a las etnias existentes a la llegada de los españoles siglos atrás. Además de tener un tono discriminador porque implícitamente sugiere que hay ciudadanos "originarios" y otros que pese a haber nacido acá seríamos -por una cuestión racial- "posteriores", resulta ambigua y confusa, desde que en la historia de la humanidad no hay pueblos estáticos o fijos en un determinado espacio. En todo caso, según los últimos relevamientos, existe consenso en considerar que el género humano, sin especificar una etnia, es originario de lo que hoy llamamos África, y que hace aproximadamente 30.000 años los primeros grupos habrían llegado a América, procedentes de Asia, distinguiéndose en múltiples etnias, desde sioux y mohicanos en el Norte hasta onas y tehuelches en el Sur.

La Constitución Nacional no utiliza la expresión "pueblos originarios", sino "pueblos indígenas argentinos" (art. 75, inc. 17); también la Declaración de Naciones Unidas de 2007 usa el vocablo "indígena".

En todo caso, citando al filósofo Alberto Buela, lo verdaderamente originario de Iberoamérica es que buena parte de su población no será, luego de 1492 y producto de sucesivas oleadas migratorias, ni indígena ni europea, sino mestiza. Y es quizás ese fecundo mestizaje que nos es propio, que algunos veían como un lastre para su desarrollo (Juan Bautista Alberdi en Bases y Domingo F. Sarmiento en Facundo), donde se encuentra su verdadero potencial, aún en gran medida inexplotado.

Sucede algo curioso con este súbito indigenismo que florece en Hispanoamérica, cuyos voceros forman parte de ONGs que, en el caso "mapuche", poseen llamativamente sede en países del Hemisferio Norte (" Mapuche-Nation" tiene domicilio en 6 Lodge Street, Bristol, Inglaterra). Lo más llamativo es que la virulencia reiterada a la que recurren estos grupos separatistas, financiados desde el exterior, queda circunscripta a los "mapuches". Esa modalidad violenta y al margen de la ley no se da en lugares históricamente habitados por guaraníes, quom, wichís o huarpes, por citar solo algunos de muchos ejemplos de comunidades indígenas completamente integradas y que no levantan banderas secesionistas.

En Europa no existen reivindicaciones de pueblos "originarios" con el sentido, alcances y fines con los que se la admite sin crítica entre nosotros. Por caso, en Italia -geografía por la que pasaron decenas de pueblos de distinta procedencia- no tienen un reclamo etrusco, ni se contrapone lo etrusco con lo latino ni con las tribus germánicas que llegaron luego de la caída del Imperio Romano, ello sin perjuicio de reconocer que esa vertiente, la etrusca, junto a las otras estructura lo que constituye la identidad italiana. En el caso italiano, al que podríamos sumar a otras naciones europeas, la identidad se compone y nutre por capas sucesivas, que no se oponen ni eliminan entre sí. No opera allí una lógica de ruptura, sino de continuidad y de síntesis, simplemente porque en la historia de la humanidad el ideal eugenésico de "pureza racial", étnica o de linaje, no suele materializarse. Los pueblos, aquí y en otras latitudes, parecen optar por el mestizaje que permite que el elemento aglutinante de la comunidad deje de circunscribirse a un mero elemento biológico y migre hacia categorías filosóficas (ideales de vida) o espirituales (una fe compartida).

Esos pueblos comprenden, además, que por más que puedan existir en su seno serios problemas sociales incluso a nivel racial, la solución jamás puede pasar por un intento por retrotraer las agujas del reloj de la historia a siglos atrás. El fundamentalismo indigenista incurre literalmente en un anacronismo.

¿Se entiende el uso de comillas en el vocablo "mapuche"? Porque la realidad es que quienes se arrogan esa representatividad no lo son en su inmensa mayoría. Son impostores que, por razones de las que alguien debería dar cuenta, han logrado tomar de rehén a buena parte de la intelectualidad fundamentalmente en ámbitos universitarios y de investigación.

La ong británica que promueve los supuestos derechos de la Mapuche Nation (sic)

Se impone una necesaria aclaración respecto de la interpretación de este fenómeno en clave histórica. Acaso nuestra memoria colectiva retenga sólo la llamada Conquista del Desierto de 1878 protagonizada por Julio Argentino Roca. Pero se olvida, quizás adrede, que en 1833 hubo otra, comandada por Juan Manuel de Rosas, secundado por varios caudillos provinciales (como Quiroga y Aldao, entre otros). Es cierto que uno de los objetivos era la expansión de la frontera real y económica para aumentar la producción ganadera. Pero en relación a los pueblos nativos que habitaban la zona pampeana y el norte de la Patagonia, la estrategia fue la celebración de tratados a fin de que se incorporaran a la nacionalidad por entonces aún embrionaria. Esos pueblos eran ranqueles, tehuelches, borogas, que en las últimas décadas del siglo XVIII habían sufrido el ataque de los hoy llamados mapuches, que en realidad eran los araucanos que habitaban el sur de Chile. Se aplicó la fuerza a quienes, independientemente de su sangre, depredaban las poblaciones del lugar incurriendo en delitos graves. La cautiva, es decir, la mujer criolla secuestrada por indios cuando llevaban a cabo un malón, no era una figura literaria de ficción, sino bien real, con nombres y apellidos que se cuentan por miles. Pero al mismo tiempo Rosas fomentó la vacunación de los indios contra la viruela, enfermedad que hasta entonces diezmaba poblaciones enteras. Hizo que los caciques juraran fidelidad a la Bandera Nacional y les otorgó grado militar. En síntesis, efectivizar la soberanía argentina en lo territorial, y al mismo tiempo incorporar a la nacionalidad a todos, también a los indios, que lo hicieron de buen grado en su inmensa mayoría.

Como ocurre hoy, la inmensa mayoría de los descendientes de pueblos indígenas argentinos se sienten parte de una comunidad nacional que no necesita que de afuera le coloquen colores y consignas, siendo la azul y blanca creada por Belgrano la bandera que incluye a todos sin distinciones.
En torno a este indigenismo financiado desde el exterior, nulo en su representatividad entre aquellos a quienes dice representar, agudamente señaló el pensador boliviano Andrés Solís Rada: "Todo parece indicar que se quiere englobar a los pueblos aborígenes de la región para impulsar una 'nación mapuche' en territorios argentinos y chilenos, dentro de los planes trazados desde Bristol y apoyados por las Embajadas británicas en Chile y Argentina. ¿Cuál sería la reacción británica si el gobierno argentino propiciara en Buenos Aires el funcionamiento de la sede central de separatistas irlandeses del Reino Unido y proyectara sus actividades a territorio británico?" SEGUIR LEYENDO:

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La cuestión mapuche desde la historia y la Constitución: por qué es anacrónico el indigenismo

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Lo más llamativo de la virulencia reiterada de grupos que se arrogan representatividad aborigen es que no se replica en lugares históricamente habitados por guaraníes, quom, wichís o huarpes, por citar solo algunas de las comunidades indígenas integradas, que no levantan banderas secesionistas

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comunidades indígenas: las desigualdades se profundizaron durante la pandemia

La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.

La pandemia impactó sobre la vida de todas las personas, pero quienes ya estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad fueron aún más afectades. Es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, y en particular, de las del noreste y noroeste, por el agravamiento de problemas históricos como la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud y a los medicamentos y la persistencia de los desalojos. Además, tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales.

Frente a esta situación, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan e, incluso, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento, la detención de sus referentes, su criminalización y estigmatización.

Acceso a la salud, agua y servicios

La falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, y que es un reclamo histórico y persistente en el NEA y en el NOA, provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras y la ausencia de alternativas para el acceso. Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades.

Por mencionar sólo algunos ejemplos: la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y la insuficiente cantidad de piletones que comparten con sus animales. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.

La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia.

Con frecuencia, los centros de servicios de salud pública de los territorios comunitarios no tienen los recursos e insumos suficientes. La mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, por ejemplo, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindan un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones. Además, genera dificultades en la atención la falta de personal que hable lenguas indígenas.

Consulta y participación

Un informe de instituciones académicas de todo el país demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

Por citar algunos ejemplos, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse.

La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online. En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta, detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños. Al igual que en Pocitos, antes de ser liberadas tuvieron que cumplir con el aislamiento obligatorio provincial en centros muy distantes de sus comunidades.

Acceso a la tierra

Durante 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia.

En un informe presentado al Comité DESC de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de la ley 26.160, organizaciones sociales denunciamos estos desalojos o sus amenazas, y señalamos preocupación por el escaso nivel de avance de los instrumentos de protección de la ley, como el relevamiento territorial y la marcada disparidad en su aplicación en todo el territorio nacional.

Represión y violencia policial

La policía reprimió manifestaciones, cortes de ruta y todo tipo de protestas de las comunidades indígenas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales o en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres. En algunos casos, supuestas faltas de cumplimiento de las medidas de aislamiento fueron utilizadas por las fuerzas de seguridad como justificación para el hostigamiento y persecución a comunidades indígenas.

En Formosa, el 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Las Lomitas y allí, como consecuencia de la detención, debieron realizar el aislamiento obligatorio. En la misma provincia, el 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los 4 detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, 3 eran mujeres. Al día siguiente, el reclamo por un banco móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de 8 camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los 16 detenidos como consecuencia del reclamo.

En Fontana, efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. También se conocieron otros hechos de violencia policial contra comunidades indígenas de esa provincia, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. Si bien el gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, condenó el gravísimo episodio y suspendió a los efectivos involucrados, resulta particularmente relevante poner en el centro de atención estas prácticas policiales sumamente violentas sobre comunidades indígenas.

Una respuesta específica y urgente

Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia.

Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades.

A principios de 2020, el gobierno federal promovió en el marco del Consejo de Seguridad Interior un acta acuerdo para crear una “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”, que intervenga en conflictos territoriales en la búsqueda de soluciones consensuadas. Hasta el momento, sólo tomamos conocimiento de la intervención de esta mesa en Río Negro. Es necesario que amplíe su intervención en otras provincias y conflictos y que las provincias comprometan su participación.

También resulta urgente organizar dispositivos e instrumentos efectivos para la eliminación de prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte de la policía y en el ámbito de la salud, la educación y la justicia. A la vez, tienen que desarrollarse instrumentos que aseguren una participación auténtica de las comunidades, con información clara, formulada de manera sencilla y desde un abordaje intercultural para el desarrollo de medidas de autocuidado y cuidado mutuo.

Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras. Además, el Congreso nacional tiene que sancionar las leyes demandadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer el marco normativo de protección de las comunidades: una ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales.

Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Formosa, Asociación para la Promoción y el Desarrollo (APCD) Las Lomitas – Formosa, Centro Barrial Enrique Angelelli de Ing. Juárez – Formosa, Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) – Formosa, Fundación Manos de Hermanos – Formosa, Parroquia María de la Merced -Ing. Juárez – Formosa, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).
Judith Elizabeth Arias
P/A por error involuntario comparti una noticia que es de otra carrera, otra catedra es Fundamentos de Macro y Micro Economia, me fije y no pude eliminar, saludos!

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https://canalabierto.com.ar/2021/10/06/movilizacion-de-pueblos-originarios-por-la-prorroga-de-la-ley-26-160/
Alvarado Patricia Luciana

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Redacción Canal Abierto | La Ley Nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con un plazo de vigencia de 4 años, para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades originarias del país. La norma venía a subsanar el incumplimiento de derechos que desde la Reforma de 1994 el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, estipulaban.

La ejecución del relevamiento territorial ordenado corresponde a las provincias y a las volubles voluntades de gobernadores, intendentes y poderes locales, por lo tanto ha avanzado lentamente y, de acuerdo a las diferentes gestiones nacionales, con poco o nulo presupuesto. Esto ha obligado a que periódicamente los pueblos originarios deban presionar para exigir la prórroga de la ley y la vigencia de la emergencia territorial que prohíbe los desalojos, que de todas formas -por vía judicial o de hecho- siguen ocurriendo.

Este miércoles 6 de octubre, nuevamente una movilización de pueblos y naciones originarias con delegaciones de todo el país marchó hasta el Congreso Nacional para exigir la prórroga de la norma que vence el 23 de noviembre. "Marchamos hacia el Congreso donde nos recibirán los diputados y las autoridades del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). Exigimos la prórroga de la 26.160, que se haga realmente efectiva y pedimos presupuesto para la ley. Sobre todo, exigimos que los desalojos no sigan ocurriendo. Esa ley la hemos ganado con lucha, pero como el país es federal en muchas provincias no se cumple, los desalojos continúan y ha habido muertes en ellos. Estamos pidiendo que el poder político nos escuche, que la prórroga sea efectiva y el relevamiento tenga presupuesto", expresó a Canal Abierto Miriam Liempe, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, del pueblo nación mapuche.

La organización de la movilización destacaba la presencia de delegados de los pueblos coya, guaraní, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, pilagá, qom, mocoví, diaguitas, quilmes, ranculche, mapuche, quechuas, aymara y lule, provenientes de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan ancestralmente las comunidades, suspende todo proceso de desalojo y ordena la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras.

La vigencia de esta demanda se hace patente cuando hace más de diez días la policía de Río Negro mantiene sitiada a la lof mapuche Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, de la zona rural de El Bolsón, tras la orden de desalojo librada por los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien. El 24 de septiembre cerca de 50 efectivos ingresaron por la fuerza al territorio recuperado por la lof y con violencia detuvieron a varias personas. Los fiscales dispusieron un cerco policial con el impedimento de ingresar alimentos, abrigo u otros implementos e impidiendo el ingreso al territorio.

"El problema aún no está resuelto, necesitamos que siga vigente la prohibición al desalojo de nuestros pueblos y que se resuelva definitivamente el relevamiento pendiente para poder encontrar una solución que sea justa para quienes habitamos ancestralmente estas tierras", explicita el comunicado de la organización de la marcha.

En el pliego de demandas, los pueblos originarios vienen exigiendo que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que permitiría obtener los títulos de propiedad, no privada sino comunal, de los territorios relevados.

Acompañamiento

La CTA Autónoma estuvo presente en la movilización. Su secretario General Adjunto Hugo Cachorro Godoy denunció "la inhumana situación (que vive la lof Quemquemtrew), esperamos que no se avance con más represión sino que se avance con más reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos originarios. Vamos a seguir sosteniendo estos reclamos junto con los del conjunto del pueblo que ya no da más, la situación es cada día más angustiosa y requiere de parte del gobierno medidas más rápidas y más profundas".

#Ahora @CachorroGodoy, Secretario General Adjunto de la CTAA, acompaña la marcha al Congreso de la Nación por prórroga a la Ley 26.160.
Basta de desalojos!
Presupuesto para los relevamientos de tierras!
Reparación histórica para los pueblos originarios! pic.twitter.com/yZmPK7y9Eh

- CTA Autónoma (@CTAAutonoma) October 6, 2021

También entre los organizadores de la marcha se encontraba la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que desarrolla desde hace décadas un fuerte trabajo con las comunidades originarias de la región chaqueña. En la Cámara de Diputados quien se encargó de ser anfitrión para la delegación de los pueblos originarios fue el diputado del PTP-PCR en el Frente de Todos Juan Carlos Alderete, histórico referente de la CCC.

Junto a la Diputada @caliva_vero y a la presidenta del INAI, @MagdalenaOdarda, recibimos en el Congreso Nacional a representantes de pueblos originarios.
Vamos a trabajar y pelear desde nuestro espacio para que estas hermanas y hermanos puedan tener los derechos que se merecen. pic.twitter.com/wWeTpcsj2n

- Juan Carlos Alderete (@JCAlderete_CCC) October 6, 2021

Reunión con diputados nacionales

Los bloques del Frente de Todos y el Socialismo en la Cámara de Diputados se reunieron con la delegación de organizaciones y naciones originarias de todo el país. "Los legisladores se comprometieron a tratar la prórroga de la ley 26.160, trabajar para que tenga quórum y pedir presupuesto para que la ley se haga efectiva. Acordamos tener un diálogo permanente y los pueblos se declararon en asamblea permanente, en expectativa y alerta. Los diputados dieron por descontado un trámite fluido en Senadores pero en la Cámara Baja están teniendo más dificultades para alcanzar el quórum como se vio ayer. Los pueblos respondieron que la movilización continuará hasta que se apruebe", resumió la reunión Miriam Liempe.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas y diputados Paula Penacca (CABA, actual secretaria parlamentaria del bloque FdeT), Hernán Pérez Araujo (La Pampa), María Rosa Martinez (Buenos Aires), Juan Carlos Alderete (Buenos Aires), María Lucila Masin (Chaco), Marcelo Koenig (Buenos Aires), Natalia Souto (Buenos Aires), Ayelén Sposito (Río Negro) y asesores de Alcira Figueroa (Salta) y Enrique Estévez (Santa Fe - Socialista). También participó del encuentro Magdalena Odarda, presidenta del INAI.
Foto principal: @dicoluciano - Galería de fotos: Juan Alaimes

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Movilización de pueblos originarios por la prórroga de la ley 26.160

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Redacción Canal Abierto | La Ley Nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con un plazo de vigencia de 4 años, para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades originarias del país.

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La UNESCO apoyará un proyecto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para fortalecer el Cine Indígena en Argentina. Publicado el viernes 24 de febrero de 2023

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La UNESCO apoyará un proyecto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para fortalecer el Cine Indígena en Argentina. Publicado el viernes 24 de febrero de 2023

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La UNESCO anunció que el Programa "ORIGEN: Amplificando la voz de los cineastas indígenas” fue seleccionado entre 810 proyectos presentados por 86 países para ser financiado por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC). Además, subvencionará la diversidad cultural en 11 proyectos de economía creativa, entre ellos tres en Latinoamérica, en Argentina, Chile y Colombia.
El proyecto apoyado por UNESCO, coordinado por el área de Cultura de la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas del INAI, se propone garantizar oportunidades para que grupos de cineastas indígenas argentinos consoliden conocimientos técnicos y se desarrollen como creadores audiovisuales. Está dirigido a jóvenes de ambos sexos de cinco pueblos indígenas de Argentina que ya están iniciando su camino en la realización audiovisual.

La iniciativa tendrá una duración de 18 meses y prevé poner foco en la producción de materiales fílmicos de las comunidades seleccionadas a partir de un diálogo permanente con talleristas con abundante experiencia en cine comunitario e indígena. Asimismo, a partir del convenio firmado con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) capacitadores técnicos pertenecientes a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) brindarán cursos que fortalecerán los conocimientos técnicos de los grupos de cineastas indígenas.

Además se buscará promover la realización autónoma de producciones audiovisuales dotando a las comunidades con conocimientos en gestión de proyectos y equipamiento técnico. Para el cierre de las capacitaciones se organizará un festival con la participación de los jóvenes cineastas, quienes tendrán la oportunidad de proyectar sus producciones e intercambiar experiencias con los otros grupos.

Cabe destacar que este año UNESCO financiará con su Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) a 11 proyectos que impulsan la economía creativa global. La decisión fue aprobada durante la 16ª reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, organizada del 7 al 10 de febrero en la sede de la Organización.

Durante 2023, los proyectos del FIDC abarcan una amplia gama de actividades: desde la amplificación de la voz de cineastas indígenas en Argentina hasta la revisión de la actual política cultural nacional de Ghana, pasando por la recopilación de datos y estadísticas sobre las industrias culturales y creativas de Pakistán. La decisión del Comité de apoyar a 11 proyectos en 2023 -5 más que en 2021- se inscribe en el compromiso renovado de la UNESCO de fortalecer el apoyo al sector creativo y cultural, que todavía está recuperándose del impacto de la pandemia de la COVID-19.
Pablo Gelardi.

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El proyecto apoyado por UNESCO, coordinado por el área de Cultura de la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas del INAI, se propone garantizar oportunidades para que grupos de cineastas indígenas argentinos consoliden conocimientos técnicos y se desarrollen como creadores audiovisuales. Está dirigido a jóvenes de ambos sexos de cinco pueblos indígenas de Argentina que ya están iniciando su camino en la realización audiovisual.

La iniciativa tendrá una duración de 18 meses y prevé poner foco en la producción de materiales fílmicos de las comunidades seleccionadas a partir de un diálogo permanente con talleristas con abundante experiencia en cine comunitario e indígena. Asimismo, a partir del convenio firmado con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) capacitadores técnicos pertenecientes a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) brindarán cursos que fortalecerán los conocimientos técnicos de los grupos de cineastas indígenas.

Además se buscará promover la realización autónoma de producciones audiovisuales dotando a las comunidades con conocimientos en gestión de proyectos y equipamiento técnico. Para el cierre de las capacitaciones se organizará un festival con la participación de los jóvenes cineastas, quienes tendrán la oportunidad de proyectar sus producciones e intercambiar experiencias con los otros grupos.

Cabe destacar que este año UNESCO financiará con su Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) a 11 proyectos que impulsan la economía creativa global. La decisión fue aprobada durante la 16ª reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, organizada del 7 al 10 de febrero en la sede de la Organización.

Durante 2023, los proyectos del FIDC abarcan una amplia gama de actividades: desde la amplificación de la voz de cineastas indígenas en Argentina hasta la revisión de la actual política cultural nacional de Ghana, pasando por la recopilación de datos y estadísticas sobre las industrias culturales y creativas de Pakistán. La decisión del Comité de apoyar a 11 proyectos en 2023 -5 más que en 2021- se inscribe en el compromiso renovado de la UNESCO de fortalecer el apoyo al sector creativo y cultural, que todavía está recuperándose del impacto de la pandemia de la COVID-19.

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La UNESCO apoyará un proyecto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para fortalecer el Cine Indígena en Argentina

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La UNESCO anunció que el Programa "ORIGEN: Amplificando la voz de los cineastas indígenas" fue seleccionado entre 810 proyectos presentados por 86 países para ser financiado por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC). Además, subvencionará la diversidad cultural en 11 proyectos de economía creativa, entre ellos tres en Latinoamérica, en Argentina, Chile y Colombia.

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1994-2019,  25 años de la inclusión de los derechos indígenas en la Constitución Nacional.

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1994-2019,  25 años de la inclusión de los derechos indígenas en la Constitución Nacional.

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Pablo Gelardi.

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ENDEPA Equipo Nacional de Pastoral Aborigen

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25 años de la inclusión de los derechos Indígenas en la Constitución Nacional

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En los últimos días, las comunidades indígenas volvieron a estar en el foco de la agenda pública a partir del desalojo en la Lof Winkul Mapu de Bariloche. La sucesiva postergación de las políticas públicas que buscan garantizar los derechos constitucionales de los pueblos originarios, el deterioro de sus condiciones materiales de vida, la puja de intereses territoriales con sectores concentrados del poder económico y el desarrollo de discursos racistas, son algunas de las claves para entender la problemática de fondo que cada tanto emerge en forma de conflicto territorial.

La Constitución de 1853 ubicaba a los indios en las fronteras, y recomendaba mantener un trato pacífico y procurar su conversión al catolicismo. En el programa nacional que la animaba, “los indios” representaban un problema de seguridad, al ocupar espacios destinados a anexar al territorio nacional. Con fuerte sentido reparatorio, la Constitución de 1994 les prometió derechos colectivos, pero estos derechos, enumerados en el art. 75 inc. 17, tardan en llegar o en efectivizarse.

Una de las normativas que reglamentan estos derechos es la ley 26.160, sancionada en 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes. El problema es que desde el momento de su sanción hasta la fecha, el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no completó los relevamientos territoriales y por ese motivo la ley tuvo que prorrogarse tres veces. El año pasado, el Congreso directamente miró para otro lado, la prórroga tuvo media sanción en senadores pero no se trató en Diputados y el gobierno nacional tuvo que prorrogarla a través de un decreto de necesidad y urgencia, para evitar que se ejecuten desalojos suspendidos en todo el país.

Los pueblos originarios, con sus prácticas tradicionales y su especial relación con la tierra, cumplen una función vital para todos los habitantes de nuestra patria: evitar que el fin de lucro y la insensatez de una producción deshumanizada, termine con nuestras riquezas y degrade nuestro ambiente por completo. Los pueblos indígenas en Argentina están sufriendo el constante ataque de distintas formas de relación con los espacios que habitan, completamente distintas de las que ellos profesan. El modelo agroexportador, con su constante expansión sojera, la minería a cielo abierto y el petróleo, los proyectos de desarrollo inmobiliario, maderero, turístico, etc. amenazan todos los días y en todos los confines de nuestro país a los más de cuarenta pueblos que aún sobreviven en lo que hoy es Argentina.

Samantha Oreyano.

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Mujeres mapuches en un operativo de desalojo

En los últimos días, las comunidades indígenas volvieron a estar en el foco de la agenda pública a partir del desalojo en la Lof Winkul Mapu de Bariloche. La sucesiva postergación de las políticas públicas que buscan garantizar los derechos constitucionales de los pueblos originarios, el deterioro de sus condiciones materiales de vida, la puja de intereses territoriales con sectores concentrados del poder económico y el desarrollo de discursos racistas, son algunas de las claves para entender la problemática de fondo que cada tanto emerge en forma de conflicto territorial.

La Constitución de 1853 ubicaba a los indios en las fronteras, y recomendaba mantener un trato pacífico y procurar su conversión al catolicismo. En el programa nacional que la animaba, "los indios" representaban un problema de seguridad, al ocupar espacios destinados a anexar al territorio nacional. Con fuerte sentido reparatorio, la Constitución de 1994 les prometió derechos colectivos, pero estos derechos, enumerados en el art. 75 inc. 17, tardan en llegar o en efectivizarse.

Una de las normativas que reglamentan estos derechos es la ley 26.160, sancionada en 2006, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes. El problema es que desde el momento de su sanción hasta la fecha, el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no completó los relevamientos territoriales y por ese motivo la ley tuvo que prorrogarse tres veces. El año pasado, el Congreso directamente miró para otro lado, la prórroga tuvo media sanción en senadores pero no se trató en Diputados y el gobierno nacional tuvo que prorrogarla a través de un decreto de necesidad y urgencia, para evitar que se ejecuten desalojos suspendidos en todo el país.

Los pueblos originarios, con sus prácticas tradicionales y su especial relación con la tierra, cumplen una función vital para todos los habitantes de nuestra patria: evitar que el fin de lucro y la insensatez de una producción deshumanizada, termine con nuestras riquezas y degrade nuestro ambiente por completo. Los pueblos indígenas en Argentina están sufriendo el constante ataque de distintas formas de relación con los espacios que habitan, completamente distintas de las que ellos profesan. El modelo agroexportador, con su constante expansión sojera, la minería a cielo abierto y el petróleo, los proyectos de desarrollo inmobiliario, maderero, turístico, etc. amenazan todos los días y en todos los confines de nuestro país a los más de cuarenta pueblos que aún sobreviven en lo que hoy es Argentina.

Estas agresiones, que muchas veces tienen la complicidad de las fuerzas provinciales, son las que han obligado a incontables miembros de estos pueblos a abandonar sus campos, montes, mesetas, selvas y llanuras, para apiñarse en algunas de las ciudades de nuestro país, esperando mejor suerte. Se trata de un sistema de despojo que genera enfermedades, padecimientos y muertes y por ello no puede extrañarnos que los espacios rurales donde aún habitan estos pueblos sufren los peores índices en materia de indigencia y desnutrición.

Si están clausuradas, o sumamente dificultadas, las vías de derecho para acceder a los derechos colectivos como la propiedad comunitaria de la tierra, el respeto a su identidad cultural, la educación bilingüe e intercultural, la consulta y otros derechos, no es difícil comprender que discursos más radicales que promuevan acciones directas, tengan mayor pregnancia. Lo que cada tanto vemos emerger en la patagonia, en la selva misionera o en el chaco Salteño, son nada más que manifestaciones de esta lucha en la que los pueblos, con distintos estilos y mecanismos, reclaman el respeto a sus derechos colectivos y defienden su supervivencia.

A la luz del compromiso constitucional y la revisión de nuestro pasado en Argentina corresponde a los gobiernos aceptar la necesidad de coordinar acciones con las instituciones representativas de estos pueblos, repensar formas de diálogo, reformar instituciones, revisar prácticas. Debemos hacer funcionar las herramientas normativas y de política pública con las que cuenta el Estado Nacional.

El desarrollo de discursos racistas, de hostilidad hacia todas las manifestaciones de estos pueblos, la caracterización como terroristas y delincuentes, llegando incluso a la negación de su existencia, tiene nefastos reflejos en las instituciones. Una muestra de ello es evidente en la actuación de la Justicia en estas últimas horas en Bariloche, donde se niega a mujeres detenidas la garantía más básica de acceder a defensa legal, se las aleja de sus territorios, trasladándolas a más de 1500 kilómetros de distancia, y se invierte el principio de inocencia, entre otras atrocidades.

Si se elige negar los derechos indígenas, como proponen algunas y algunos dirigentes de nuestro país, no sólo estaremos yendo contra nuestra Constitución y varios Tratados Internacionales, también condenaremos a decenas de pueblos y a todos los habitantes de nuestro país a una constante e interminable contienda con daños de imposible mensura. Solo un diálogo basado en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas puede permitir disminuir la espiral de violencia que irresponsablemente algunos sectores azuzan.
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Pueblos originarios: sólo el diálogo puede disminuir la espiral de violencia

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Mujeres mapuches en un operativo de desalojo En los últimos días, las comunidades indígenas volvieron a estar en el foco de la agenda pública a partir del desalojo en la Lof Winkul Mapu de Bariloche.

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El Gobierno definió una serie de parámetros que limitan el universo de potenciales beneficiarios de la nueva moratoria.SEGURIDAD SOCIAL. JUBILACIONES

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El Gobierno definió una serie de parámetros que limitan el universo de potenciales beneficiarios de la nueva moratoria.SEGURIDAD SOCIAL. JUBILACIONES

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijaron restricciones socioeconómicas y patrimoniales que deberán reunir los interesados en acogerse a la nueva moratoria.

Se trata de una serie de criterios de ingresos y patrimonio que reducen el universo de potenciales beneficiarios de la medida. La novedad aparece en medio de una renovada presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país prosiga con su plan de baja del déficit fiscal a pesar del deterioro en el crecimiento y en las exportaciones a causa de la sequía. Para lograr ese objetivo, el Fondo directamente apuntó a achicar el impacto de la moratoria, junto a otras medidas del orden fiscal.

No se trata de la primera vez que se aplican restricciones sobre las moratorias. Las primeras datan de 2014 y luego bajo el gobierno de Mauricio Macri se endurecieron. En el actual contexto, sin embargo, toman un carácter peculiar.

El último informe del staff del FMI sobre la Argentina adelantó que "se están realizando esfuerzos para emitir un decreto y reglamentaciones que orienten el ingreso a la moratoria a quienes tengan mayor necesidad. Estas medidas, que podrían resultar en ahorros de alrededor del 0,2 por ciento del PBI, buscarían garantizar una fuerte verificación de recursos de los solicitantes basada en ingresos y riqueza y permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios y renuncien al acceso al tipo de cambio oficial”.

Las condiciones

De acuerdo a la resolución general conjunta 3545/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, para poder ingresar a la moratoria previsional la persona debe contar con un ingreso bruto mensual promedio en los últimos doce meses que no supere el límite vigente para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en la actualidad es de 316.731 pesos.

Asimismo, el gasto y consumo promedio mensual de los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación no podrá superar el 80 por ciento de ese límite de ingresos, es decir 253.384,80 pesos.

Por el lado patrimonial, la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales no podrá ser superior a 2,4 veces anualizado el importe previsto para acceder a la AUH, esto es algo más de 9 millones de pesos. Tampoco podrá tener un automotor cuyo valor supere el importe anualizado de ese ingreso, que en el presente es equivalente a 3.800.772 pesos.

La reglamentación también precisó que las personas que quieran ingresar en la moratoria no podrán acceder al mercado de cambios para obtener divisas por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de solicitud.

Moratoria

La ley 27.705 de Moratoria Previsional fue sancionada el 28 de febrero y establece un plan de pago para las personas que tienen la edad para acceder la jubilación, pero no poseen 30 años de aportes.

Se estima que unas 800 mil personas que tienen la edad pero no los 30 años de aportes podrían acceder a una jubilación. Los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008 inclusive.

Entre los requisitos previstos está cumplir con la edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para hombres) o que se llegue a ella dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la norma. El valor de la Unidad de Pago, es decir, de cada mes de aporte que se quiera saldar, es equivalente al 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración, que podrán cancelarse en un máximo de 120 cuotas mensuales.

La base mínima actual es de 19.758,21 pesos, por lo que las cuotas mínimas rondarán los 5.729,88 pesos mensuales. A su vez, las cuotas no podrán ser superiores al 30 por ciento de la jubilación mínima, de 58.665 pesos actualmente, por lo que no excederán los 17.599 pesos.
Judith Elizabeth Arias

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ey 27701 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 01/12/2022. Aprueba el presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el periodo 2023. En particular, modifica los siguientes artículos del Código de Minería (CM): 1.   Artículo 31 (cuarto párrafo) del CM,  que establece, entre otras cosas, que el solicitante de un derecho minero pagará, de forma provisional, un canon de veinticuatro pesos ($2 4) por kilómetro cuadrado. 2.   Artículo 213 del CM, que establece, entre otras cosas, que los montos del canon anual se actualizarán mediante resolución dictada por la Secretaría de Minería de la Nación, conforme la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). 3.   Artículo 215 del CM, que fija las escalas del canon de la siguiente forma: (i) para las sustancias de la primera categoría y las listadas en el artículo 4 (a) del CM, siempre que se exploten en establecimientos fijos,1900 por pertenencia o unidad de medida; (ii) para las sustancias de la segunda categoría con excepción de las del artículo 4, inciso b, y las del inciso a que estén incluidas en el apartado anterior (i) y sean de aprovechamiento común, $960 por pertenencia; (iii) para las concesiones provisorias para la exploración o cateo de las sustancias de la primera y segunda categoría, $ 9680 por unidad de medida o fracción; (iv) para las minas cuyo dominio corresponda al dueño del suelo, una vez transferidas a un tercero o registradas por el propietario pagaran en la misma escala y forma que en los apartados anteriores, según su categoría. 4.   Artículo 219 (segundo párrafo) del CM, que establece que, cuando la caducidad de la mina fuera dispuesta por falta de pago del canon, será notificado el concesionario, quien tendrá un plazo improrrogable de 45 días para abonar el canon adeudado actualizado más un recargo del 100%, si la deuda no fuera abonada a término de operará automáticamente la vacancia. 5.   Artículo 221 del CM, establece que los concesionarios de socavones generales pagarán un canon anual de $960, además del que les corresponda, por cada pertenencia de mina nueva o abandonada que adquiriesen y en los casos del artículo 135 del Código de Minería de la Nación, abonarán también un canon de $4800 por cada 100 metros de superficie que declarasen como zona de exploración a cada lado de la obra.

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ey 27701 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 01/12/2022. Aprueba el presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el periodo 2023. En particular, modifica los siguientes artículos del Código de Minería (CM): 1.   Artículo 31 (cuarto párrafo) del CM,  que establece, entre otras cosas, que el solicitante de un derecho minero pagará, de forma provisional, un canon de veinticuatro pesos ($2 4) por kilómetro cuadrado. 2.   Artículo 213 del CM, que establece, entre otras cosas, que los montos del canon anual se actualizarán mediante resolución dictada por la Secretaría de Minería de la Nación, conforme la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). 3.   Artículo 215 del CM, que fija las escalas del canon de la siguiente forma: (i) para las sustancias de la primera categoría y las listadas en el artículo 4 (a) del CM, siempre que se exploten en establecimientos fijos,1900 por pertenencia o unidad de medida; (ii) para las sustancias de la segunda categoría con excepción de las del artículo 4, inciso b, y las del inciso a que estén incluidas en el apartado anterior (i) y sean de aprovechamiento común, $960 por pertenencia; (iii) para las concesiones provisorias para la exploración o cateo de las sustancias de la primera y segunda categoría, $ 9680 por unidad de medida o fracción; (iv) para las minas cuyo dominio corresponda al dueño del suelo, una vez transferidas a un tercero o registradas por el propietario pagaran en la misma escala y forma que en los apartados anteriores, según su categoría. 4.   Artículo 219 (segundo párrafo) del CM, que establece que, cuando la caducidad de la mina fuera dispuesta por falta de pago del canon, será notificado el concesionario, quien tendrá un plazo improrrogable de 45 días para abonar el canon adeudado actualizado más un recargo del 100%, si la deuda no fuera abonada a término de operará automáticamente la vacancia. 5.   Artículo 221 del CM, establece que los concesionarios de socavones generales pagarán un canon anual de $960, además del que les corresponda, por cada pertenencia de mina nueva o abandonada que adquiriesen y en los casos del artículo 135 del Código de Minería de la Nación, abonarán también un canon de $4800 por cada 100 metros de superficie que declarasen como zona de exploración a cada lado de la obra.

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Alvarado Patricia Luciana

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Por la promoción y defensa de los derechos de las comunidades Indígenas.

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Por la promoción y defensa de los derechos de las comunidades Indígenas.

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La Jefa de Gabinete del INADI participó junto al responsable del área de Pueblos Indígenas del INADI y el Instituto de Derecho Indígena de Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy de una jornada de reflexión y divulgación sobre el “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes”.

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Publicado el viernes 20 de mayo de 2022

En el marco del lanzamiento de la Campaña Federal INADI de Ushuaia a La Quiaca, la Jefa de Gabinete del INADI, Lorena González, participó junto a Néstor Jérez, responsable del área de Pueblos Indígenas del INADI, y Carolina Pérez de una reunión en el Colegio de Abogados de Jujuy sobre el “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes”, vigente a través de Resolución 2261/2021 MPA.

El mismo establece un procedimiento adecuado de intervención en Comunidades Indígenas Preexistentes en conflictos territoriales y con amenaza de despojo; es obligatorio para todos los Fiscales y Ayudantes Fiscales del Ministerio Publico de la Acusación.

El Protocolo se basa en legislación vigente, tanto en el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional como el Convenio 169 de la OIT y ley 26160; y sistematiza e incorpora los criterios definidos por los Organismos Internacionales con competencia para establecer el alcance de los Instrumentos de Derechos Humanos.

El “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes” ya cuenta con antecedentes en el caso Comunidad Aborigen Las Capillas y Normenta Pacha del Pueblo Okloya y en el caso de la Inmobiliaria Remax en las Comunidades del Pueblo Kolla de la quebrada en la provincia de Jujuy; como así también las Adhesiones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy.

Esta actuación protege a más de 400 Comunidades Indígenas Preexistentes de 14 Pueblos/Naciones Indígenas en la Provincia de Jujuy. Sin embargo, la conflictividad se encuentra latente en distintas zonas, como lo demuestra la comunidad del Pueblo Tilian que el INADI visitó también en el marco de la Campaña INADI de Ushuaia a La Quiaca.

Montivero Yanina