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La Seguridad Nacional tiene como objetivo la conservación, la estabilidad y la continuidad de cualquier sociedad, así como la vida y bienestar de sus ciudadanos. Cada día surgen nuevos riesgos y amenazas que afectan a la Seguridad Nacional, algunos procedentes de la naturaleza y muchos otros de la mente humana. Aunque se suelen mencionar riesgos y amenazas como el terrorismo, los ciberataques o el crimen organizado, realmente la lista es mucho más larga y compleja de abordar.

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La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia. La utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

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La seguridad humana implica la protección de las personas de las amenazas a sus derechos, su seguridad y su vida; ello engloba procurar la seguridad del individuo en distintas dimensiones como la económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política, para alcanzar una estabilidad duradera. El res pon sa ble de proporcionar o propi ciar la seguridad humana es el Estado, pero si éste no cumple o no puede cumplir con tal obligación, según el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), la comunidad internacional tiene el deber moral de procurar la protección de las comunidades de la aniquilación, de las violaciones sistemáticas a mujeres, de la muerte por inanición a la niñez. Así, el interés por la seguridad de las personas se extiende más allá de las fronteras mediante la intervención o ayuda humanitaria, justificándose de ésta manera el polémico derecho de injerencia en detrimento de otros principios de derecho internacional como lo son la soberanía de los Estados, la no intervención, o la autodeterminación de los pueblos.

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La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.