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Mi opinión sobre este caso es que se trata de un crimen de lesa humanidad, que no debe quedar impune. Los campesinos del Santa fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, que violó su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad. El Estado peruano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este hecho, así como de reparar a los familiares de las víctimas. No se puede permitir que la impunidad siga reinando en el país, y que los derechos humanos sean pisoteados por el poder.

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Considero que estas personas fueron víctimas de hechos tan desafortunados, que violó su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad, además de ello fueron privados de recibir una sagrada sepultura por parte de su familia poniéndolos en una situación de vulnerabilidad por ello el trabajo del estado peruano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este hecho, así como de buscar una reparación por la búsqueda de muchos años a los familiares de las víctimas. No se puede permitir que la impunidad siga reinando en el país, y que los derechos humanos sean pisoteados por el poder.

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Yo pienso que este caso es una muestra de la violencia y la impunidad que imperaron en el Perú, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los campesinos del Santa fueron asesinados por el grupo Colina, que actuaba con el respaldo y la complicidad del Estado. El Estado no solo violó los derechos humanos de las víctimas, sino que también encubrió y obstaculizó la investigación y el juzgamiento de los responsables. Este caso evidencia la necesidad de depurar y reformar las instituciones del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia, y de garantizar el control y la fiscalización de sus actos. Este caso también revela la urgencia de promover una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos en el Perú, y de prevenir y sancionar cualquier forma de violencia.

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Yo creo que este caso es un ejemplo de la violencia y la injusticia que sufrieron los campesinos en el Perú, especialmente durante el conflicto armado interno. Los campesinos del Santa eran personas humildes, que solo pedían una vida digna y el respeto a sus derechos. Sin embargo, fueron tratados como enemigos por el Estado, que los consideraba subversivos o terroristas. El Estado no solo los abandonó, sino que los eliminó. Este caso demuestra la necesidad de reconocer y valorar la diversidad y la pluralidad de la sociedad peruana, y de garantizar los derechos de todos y todas, sin discriminación.

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Los desaparecidos en el valle del Santa

El 2 de mayo de 1992, nueve campesinos del distrito del Santa, en la provincia de Chimbote, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército. Los campesinos eran integrantes de una organización llamada “Campesinos sin Tierra”, que reclamaba la reforma agraria y el respeto a sus derechos. Los familiares de las víctimas denunciaron su desaparición ante las autoridades, pero no recibieron ninguna respuesta. Durante años, buscaron justicia y verdad, sin éxito. En el 2011, se encontraron los restos de siete de los desaparecidos en una fosa común en el departamento de La Libertad. Los restos fueron identificados por sus familiares y entregados para su sepultura. El caso fue atribuido al grupo paramilitar Colina, que operaba bajo las órdenes del gobierno de Alberto Fujimori, y que cometió numerosas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

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En mi opinión este caso es un reflejo de la violencia y la exclusión que padecen los campesinos en el Perú, en particular durante el conflicto armado interno. Los campesinos del Santa eran ciudadanos y ciudadanas que tenían derecho a participar y a expresar sus demandas y propuestas. Sin embargo, fueron silenciados y eliminados por el Estado, que los marginó y los criminalizó. El Estado no solo negó los derechos humanos de las víctimas, sino que también ignoró y desatendió las necesidades y los problemas de las comunidades rurales. Este caso manifiesta la necesidad de reconocer y respetar la identidad y la voz de los campesinos, y de garantizar su inclusión y su desarrollo. Este caso también indica la importancia de fomentar una cultura de diálogo y de respeto a los derechos humanos en el Perú, y de resolver los conflictos de manera pacífica y democrática.

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Uno de los argumentos que se puede usar para defender la postura sobre este caso es el siguiente:

Este caso constituye una violación del derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución peruana y por los tratados internacionales de derechos humanos. Según el artículo 2 de la Constitución, “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. Asimismo, según el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Por lo tanto, el asesinato de los campesinos del Santa por el grupo Colina, con el aval y la protección del Estado, constituye una violación flagrante y grave de este derecho, que debe ser investigada y sancionada.

Otro argumento es el siguiente:

Este caso constituye una violación del derecho a la verdad, que es un derecho humano derivado del derecho a la justicia, reconocido por la Constitución peruana y por los tratados internacionales de derechos humanos. Según el artículo 139 de la Constitución, “son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. Asimismo, según el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Por lo tanto, la desaparición forzada de los campesinos del Santa por el grupo Colina, con el encubrimiento y la obstrucción del Estado, constituye una violación evidente y grave de este derecho, que debe ser garantizado y restablecido.

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Este caso es un ejemplo de la violación sistemática y masiva de los derechos humanos que se cometió en el Perú durante el conflicto armado interno, especialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori. El grupo Colina, que actuaba bajo las órdenes y el amparo del Estado, fue responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales. Estos crímenes afectaron principalmente a la población civil, especialmente a los sectores más vulnerables y excluidos, como los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y las mujeres. Estos crímenes no solo violaron los derechos humanos de las víctimas, sino que también causaron un profundo daño moral, social y político al país, que aún persiste y requiere de una atención integral y sostenida.

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El 2 de mayo de 1992, nueve campesinos del distrito del Santa, en la provincia de Chimbote, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército. Los campesinos eran integrantes de una organización llamada “Campesinos sin Tierra”, que reclamaba la reforma agraria y el respeto a sus derechos. Los familiares de las víctimas denunciaron su desaparición ante las autoridades, pero no recibieron ninguna respuesta. Durante años, buscaron justicia y verdad, sin éxito. En el 2011, se encontraron los restos de siete de los desaparecidos en una fosa común en el departamento de La Libertad. Los restos fueron identificados por sus familiares y entregados para su sepultura. El caso fue atribuido al grupo paramilitar Colina, que operaba bajo las órdenes del gobierno de Alberto Fujimori, y que cometió numerosas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

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Constitución Política del Perú de 1993. Disponible en [12].

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Disponible en [13].

Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: CVR, 2003. Disponible en [14].

Jimena, R. “Las víctimas del Santa ya descansan en paz”. La Mula, 12 de noviembre de 2011. Disponible en [15].

Salazar, J. “Los desaparecidos del Santa: un caso emblemático de la violencia en el Perú”. Servindi, 2 de mayo de 2012. Disponible en [16].

Zegarra, E. “La reforma agraria en el Perú: balance y perspectivas”. Revista Argumentos, año 4, n.º 4, 2010, pp. 9-28. Disponible en [17].

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A partir del análisis del caso de los desaparecidos en el valle del Santa, se puede proponer las siguientes recomendaciones:

- Una recomendación es que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, y de brindar una reparación integral a las víctimas y sus familiares. Para ello, se debe fortalecer el sistema de justicia, garantizando su independencia, imparcialidad y eficacia, y se debe dotar de recursos y capacidades a las instituciones encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Consejo de Reparaciones. Asimismo, se debe implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que elaboró un informe exhaustivo y riguroso sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, y que propuso medidas para la reconciliación nacional y la prevención de la violencia.

- Otra recomendación es que el Estado peruano reconozca y respete la identidad y la voz de los campesinos, y que garantice su inclusión y su desarrollo. Para ello, se debe impulsar una reforma agraria integral, que redistribuya la tierra de manera equitativa y sostenible, y que fomente la producción agroecológica y la seguridad alimentaria. Asimismo, se debe promover la participación y la organización de los campesinos, respetando sus formas de vida, sus saberes y sus demandas, y se debe proteger sus derechos colectivos, como el derecho a la consulta previa, el derecho al territorio y el derecho a la cultura. Además, se debe mejorar las condiciones de vida de los campesinos, garantizando su acceso a la educación, la salud, el agua, la energía y la comunicación.