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La nación ejerce las siguientes competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural:

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La nación ejerce las siguientes competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural:

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Formular políticas y objetivos para la educación y establecer normas para su organización y prestación.

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Regular la prestación de servicios educativos, tanto estatales como no estatales.
Financiar programas de inversión en educación a nivel nacional con recursos distintos a los del Sistema General de Participaciones.

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Establecer reglas y mecanismos para la evaluación y capacitación del personal docente y directivo.

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Definir asignaciones por alumno para el servicio educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.

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Crear incentivos para el logro de metas en cobertura, calidad y eficiencia en la educación.
Mejorar la administración de recursos del Sistema General de Participaciones.

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Realizar otras actividades de administración y distribución relacionadas con el Sistema General de Participaciones en educación.

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Le corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:

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Le corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:

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Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios cuando sea necesario.

Administrar y mantener la calidad de la información educativa a nivel departamental y proporcionarla a nivel nacional.

Apoyar a los municipios en su proceso de certificación

Certificar a los municipios que cumplan con los requisitos para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones.

Participar con recursos propios en la financiación de servicios educativos y proyectos.

Mantener y ampliar la cobertura educativa.

Vigilar la aplicación de regulaciones sobre tarifas de matrículas y otros cobros en instituciones educativas.

Organizar la prestación y administración de servicios educativos en su jurisdicción

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Competencias de Distritos y Municipios Certificados:

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Competencias de Distritos y Municipios Certificados:

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Dirigir, planificar y prestar servicios educativos en preescolar, básica y media.

Administrar y distribuir recursos financieros para servicios educativos.

Administrar instituciones educativas y personal docente y administrativo, siguiendo la planta de cargos establecida

Participar con recursos propios en la financiación de servicios educativos y proyectos.

Mantener y ampliar la cobertura educativa.

Evaluar el desempeño de rectores, directores y docentes.

Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción

Vigilar la aplicación de regulaciones sobre tarifas de matrículas y otros cobros en instituciones educativas.

Cofinanciar la evaluación de logros educativos.

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Competencias de Municipios no Certificados:

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Competencias de Municipios no Certificados:

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Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones asignados para la calidad educativa.

Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas mediante acto administrativo.

Participar con recursos propios en la financiación de servicios educativos y proyectos.

Suministrar información de calidad y en tiempo a nivel departamental y nacional.

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El artículo 9 señala que una entidad educativa puede ser respaldada tanto por entidades gubernamentales como por individuos privados, y está obligada a proporcionar, como mínimo, un año de educación preescolar y los nueve grados iniciales de educación primaria, además de la educación secundaria. Aquellas que no ofrezcan todos estos niveles se denominan centros educativos y deben establecer colaboraciones con otras instituciones para garantizar la oferta completa de la educación básica. Además, deben obtener una autorización oficial para operar y asegurarse de contar con la infraestructura adecuada, recursos pedagógicos y personal calificado.

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El artículo 10 detalla las responsabilidades de los directores o rectores de las instituciones educativas públicas, quienes deben ser nombrados a través de un proceso de concurso. Sus tareas abarcan diversas áreas, como liderar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, presidir los consejos directivos y académicos, actuar como representantes de la institución ante las autoridades y la comunidad escolar, desarrollar planes de acción y mejoras, supervisar la labor de los docentes, gestionar los recursos humanos, participar en la selección de profesores, llevar a cabo evaluaciones de desempeño y aplicar medidas disciplinarias, entre otras responsabilidades.

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El artículo 11 menciona la posibilidad de que las instituciones educativas estatales administren Fondos de Servicios Educativos para gestionar recursos destinados a gastos diferentes a los salarios del personal y mejorar el funcionamiento de la institución.

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El artículo 12 define los procedimientos de contratación para los Fondos de Servicios Educativos, enfatizando la importancia de la igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad en los procesos de contratación

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El artículo 13 aborda el manejo presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos, indicando que las entidades territoriales deben incluir apropiaciones para cada Fondo en sus presupuestos, tanto de la participación para educación como de recursos propios. Se menciona que los particulares pueden vincular bienes o servicios a los establecimientos educativos a través de contratos autorizados por el Consejo Directivo

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El artículo 14 establece que los Consejos Directivos en cada establecimiento elaborarán presupuestos de ingresos y gastos para el Fondo, en equilibrio, y no pueden aumentar el presupuesto de ingresos sin autorización de la entidad territorial. La Ley orgánica de presupuesto se aplicará a los presupuestos de los Fondos y su ejecución solo cuando se refiera directamente a ellos.

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El artículo 15 establece la Destinación de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones en actividades relacionadas con la prestación del servicio educativo. Estas actividades incluyen:

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El artículo 15 establece la Destinación de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones en actividades relacionadas con la prestación del servicio educativo. Estas actividades incluyen:

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El financiamiento del personal docente y administrativo de las escuelas públicas, incluyendo los aportes relacionados a sus salarios y beneficios laborales.

La inversión en la construcción y mantenimiento de las instalaciones educativas, así como el pago de los servicios públicos y el funcionamiento general de las instituciones escolares.

La garantía de que se cubran todos los elementos esenciales para la educación, como materiales y recursos necesarios para el proceso de aprendizaje.

Las acciones dirigidas a asegurar y mejorar la calidad de la educación a través de evaluaciones y medidas destinadas a mantener y elevar los estándares educativos.

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El artículo 16 establece criterios de distribución de la participación para educación en Colombia, que se basan en tres principales aspectos:

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El artículo 16 establece criterios de distribución de la participación para educación en Colombia, que se basan en tres principales aspectos:

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Población atendida: Se asigna una cantidad anual por alumno, considerando las tipologías educativas (preescolar, básica y media) y las áreas geográficas (urbana y rural) en todo el país. Esta asignación por alumno abarca costos relacionados con personal docente y administrativo, recursos para la calidad de la educación, suministros escolares y mantenimiento de infraestructura, entre otros

Población por atender en condiciones de eficiencia: Se asigna un monto adicional a los distritos o municipios para atender a la población que no está siendo atendida por instituciones oficiales y no estatales. Se prioriza a las áreas geográficas con menor cobertura o menor oferta oficial, siempre enfocándose en mejorar la eficiencia de la prestación del servicio educativo.

Equidad: Se asigna un monto adicional basado en el indicador de pobreza certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Esto busca garantizar un enfoque de equidad en la distribución de recursos, dirigido especialmente a áreas con altos niveles de pobreza para mejorar las oportunidades educativas.

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Estos artículos establecen varios aspectos relacionados con la administración de los servicios educativos en entidades territoriales de Colombia. Aquí están los puntos clave de cada artículo:

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Estos artículos establecen varios aspectos relacionados con la administración de los servicios educativos en entidades territoriales de Colombia. Aquí están los puntos clave de cada artículo:

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El artículo 17 establece que los recursos de la participación para educación se transferirán de la siguiente manera: los distritos y municipios certificados los recibirán directamente, mientras que los municipios no certificados y los corregimientos departamentales los recibirán a través de sus respectivos departamentos.

Por otro lado, el artículo 18 señala que los departamentos, distritos y municipios certificados deben gestionar estos recursos en cuentas separadas de sus demás ingresos. Además, estos recursos están protegidos y no pueden ser embargados, pignorados, titularizados ni sujetos a otras disposiciones financieras.

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El artículo 19 establece que las entidades territoriales tienen la responsabilidad de suministrar información al Ministerio de Educación para calcular los costos y los incentivos. Los funcionarios que no entreguen esta información dentro de los plazos establecidos pueden enfrentar sanciones disciplinarias. Si no se proporciona la información requerida, se utilizarán estimaciones para calcular la distribución de recursos.

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Regula los traslados de docentes o directivos docentes, estableciendo que deben realizarse discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora correspondiente.

Establece restricciones financieras a la contratación y nominación de personal docente, directivos docentes y funcionarios administrativos en el sector educativo

Regula el régimen laboral de directores de divisiones, unidades administrativas o similares, estableciendo que deben estar sujetos al régimen ordinario de carrera administrativa.

Indica que los municipios perderán la certificación si la administración temporal no corrige las fallas en el servicio educativo, y serán administrados por el departamento.

Establece la obligación de las entidades territoriales de contar con un sistema de información del sector educativo y mantenerlo actualizado.

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Estos artículos establecen varios aspectos relacionados con la administración de los servicios educativos en entidades territoriales de Colombia.

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Estos artículos establecen varios aspectos relacionados con la administración de los servicios educativos en entidades territoriales de Colombia.

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Establece que el período de transición de esta ley será de hasta dos (2) años a partir de su vigencia.

Establece que la incorporación de costos al Sistema General de Participaciones para Educación, como se menciona en el artículo 357 de la Constitución, se llevará a cabo el 1 de enero del año 2002. Además, se establecen criterios para determinar el costo de la prestación del servicio.

Establece que las plantas de cargos docentes y administrativos en las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios en un plazo máximo de dos años, teniendo en cuenta los criterios definidos en la ley.

Establece el proceso de incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones.

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Establece que el Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos para la inspección, supervisión y vigilancia de la educación.

Establece las competencias especiales de la Nación durante el período de transición, que incluyen la fijación de procedimientos y límites para la elaboración de las plantas de cargos, la autorización y traslado de plazas excedentes, y la posibilidad de establecer incentivos para los docentes, directivos y administrativos que acepten traslados interdepartamentales.

Establece que a partir del año 2002, quedan certificados los departamentos y distritos en virtud de la ley