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Hace unos 11.000 años de acuerdo con la BBC (2021), la Tierra llego a una estabilidad que permitió a la especie humana construir un mundo moderno, esta época se conoce como Holoceno, donde se desarrollaron distintas actividades como la agricultura y la ganadería. Conforme pasaron los años la especie humana creció y comenzó a modificar las condiciones estables de la Tierra producto del desarrollo de distintas actividades, esto desató la crisis del cambio climático y esta época se denomina Antropoceno.

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Los 9 límites que mantienen a la Tierra en equilibrio | BBC Mundo

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Durante el 2009 en el Centro de Resiliencia de Estocolmo un grupo de personas científicas, incluido Johan Rockström comenzaron a investigar cuales son los riesgos de alterar el equilibrio natural del planeta y definieron los nueve límites planetarios los cuales, en breve, son lo que permiten mantener la estabilidad de la Tierra.

Estos límites son; Cambio climático, Integridad de la biósfera, Cambio del uso del suelo, Flujos bioquímicos fósforo y nitrógeno, Reducción del ozono estratosférico, Uso del agua dulce, Acidificación del océano, Carga de aerosoles atmosféricos, e Incorporación de nuevas entidades. Además, de definir estos parámetros, se identificaron cuales son las zonas seguras, las zonas de riesgo creciente y las zonas de riesgo alto para cada uno de estos límites desde medidas cuantitativas.

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¿Cuál es el contexto actual del planeta, en relación a estos límites? 

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¿Cuál es el contexto actual del planeta, en relación a estos límites? 

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En la actualidad ya hemos cruzado cuatro de los nueve límites, los cuales son, Cambio climático, Integridad de la biósfera, Cambio del uso del suelo y Flujos bioquímicos. Luego hay tres que aún no se cruzan, Reducción del ozono estratosférico, Uso del agua dulce y Acidificación del océano; y, por último, los dos restantes, Carga de aerosoles atmosféricos e Incorporación de nuevas entidades, se definen como una gran incógnita, ya que aún no se sabe cómo cuantificarlos.

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Fuente imagen: Dirección de cambio climático, 2021.

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El cambio climático, tal vez el límite más conocido. Desde la Revolución Industrial (1760) la temperatura de la tierra ha ido aumentando y ha comenzado a pasar factura, ya que de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) en la actualidad tenemos cinco veces más desastres meteorológicos que en 1970 e irán en aumento si no se toma acción al respecto.

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En el caso de Costa Rica, durante el 2022 se lanzó el primer Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, el cual es un plan que señala una ruta durante los próximos cinco años para aumentar la resiliencia del país al cambio climático, de acuerdo con Gobierno de la República (2022).

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Presidencia de la República de Costa Rica

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Autoridades de gobierno encabezadas por el presidente de la República, Carlos Alvarado, presentaron la iniciativa este lunes en el Parque Ecológico de Santo Domingo de Heredia.

Plan traza la ruta durante los próximos cinco años para aumentar la resiliencia del país ante el cambio climático.

Proyecto consiste en seis ejes sobre cambio climático, resiliencia, gestión de biodiversidad, servicios públicos, sistemas productivos adaptados e inversión y seguridad financiera para la acción climática.

Un total de 49 instituciones serán responsables de la implementación de acciones concretas para alcanzar los objetivos plasmados en el plan.

Santo Domingo, Heredia. Costa Rica lanzó este lunes su primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual plantea una hoja de ruta durante los próximos cinco años para que el país fortalezca su resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático y avance hacia el cumplimiento de la visión país.

Presentada en el Parque Ecológico en Santo Domingo de Heredia, el Plan busca que el país transite hacia un modelo de desarrollo resiliente para la sociedad costarricense, que evite pérdidas y daños generados por los efectos adversos del cambio climático.

En la actividad de lanzamiento participaron el presidente Carlos Alvarado; la Primera Dama, Claudia Dobles; los ministros de Ambiente y Energía, Rolando Castro; de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido y la viceministra de Aguas y Mares, Cynthia Barzuna. También, la directora de la Dirección de Cambio Climático, Patricia Campos; la coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Maria del Pilar Baiocchi; el director de Proyectos Ambientales de ALIARSE, Fernando Mora, y de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, Pascal Girot.

El presidente Alvarado destacó la importancia de avanzar con urgencia en la implementación de acciones de adaptación ante el cambio climático ."Cuanto más rápido cambie el clima y más se pospongan los esfuerzos de adaptación, más difícil y costoso nos será recuperarnos ante las pérdidas físicas, económicas, sociales y ambientales ocasionadas por eventos asociados al clima. Por ello debemos actuar con urgencia", dijo el mandatario.

Agregó que el plan propone acciones concretas que serán llevadas a cabo durante el periodo 2022-2026 por parte de distintas instituciones, con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de esta visión y permitirá al país avanzar hacia el cumplimiento de otro de los compromisos derivados del Acuerdo de París.

Datos alarmantes asociados al cambio climático también han sido recientemente presentados en el último informe científico del Grupo intergubernamental de expertos en cambio climático (IPCC por sus siglas en Inglés), el cual señala que el mundo ya está experimentando cambios en la temperatura promedio, así como en la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos y en otros impactos y eventos de manifestación lenta, y destaca a la región centroamericana como una de las más vulnerables ante estos eventos.
Un plan construido y ejecutado por múltiples partes
Seis ejes prioritarios para la acción. En el 2020 Costa Rica presentó su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), dentro de la cual se comprometió a fortalecer las condiciones de resiliencia social, económica y ambiental del país ante los efectos del cambio climático.

Esto mediante el desarrollo de capacidades e información para la toma de decisiones, la inclusión de criterios de adaptación en instrumentos de financiamiento y planificación, la adaptación de los servicios públicos, sistemas productivos e infraestructura y la implementación de soluciones basadas en naturaleza.

El Plan de Acción presenta seis ejes prioritarios para alcanzar estos compromisos, así como acciones específicas que se llevarán a cabo por distintas instituciones durante los próximos cinco años para cada uno de ellos.

El proceso de creación del Plan tomó lugar entre 2020 y 2022 y contó con la participación de docenas de personas de diferentes sectores. Durante este periodo, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) lideró la ejecución de aproximadamente 40 espacios participativos y 30 reuniones bilaterales en las seis regiones socioeconómicas y con distintos sectores del sector público, privado y de sociedad civil.

Más de 150 instituciones del sector público, privado y sociedad civil proporcionaron su retroalimentación durante distintas fases del proceso. Además, se realizó una coordinación estratégica con la Comisión Nacional de Emergencia para garantizar la alineación de dicho plan con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

Como resultado del proceso, se identificaron una serie de metas generales, que se desagregan en acciones para implementar con la colaboración de distintos actores.

El ministro de Ambiente y Energía, Rolando Castro, indicó que la adaptación exitosa no solo depende de los gobiernos, sino también de la participación activa de distintas partes del sector privado, público y de sociedad civil en estos procesos, "estamos sumamente agradecidos con las 49 instituciones que han asumido compromisos concretos", dijo.

"Estos actores serán los responsables de la implementación de distintas acciones plasmadas en este plan, así como con las demás organizaciones nacionales, regionales, multilaterales e internacionales, de los sectores público, privado, de sociedad civil, y otras partes interesadas, quienes participaron en los procesos de consulta y se han puesto a disposición para colaborar durante su implementación", agregó el jerarca.

Por su parte, la coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra María del Pilar Baiocchi, explicó que las partes de la Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático han señalado que la adaptación es un componente clave de la respuesta al cambio climático, y que es un desafío global al que nos debemos enfrentar desde las dimensiones locales, subnacionales, nacionales, e internacionales.

"Para ello, en el marco del Acuerdo de París se ha incentivado que las Partes formulen e implementen Planes Nacionales de Adaptación como un medio para identificar las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo y desarrollar e implementar estrategias y programas para abordar esas necesidades", dijo la coordinadora.

Y concluyó: "Desde Naciones Unidas felicitamos a Costa Rica por encaminarse hacia una visión de desarrollo más resiliente al clima, mediante la publicación de este Plan; y por hacerlo de una manera participativa, tomando en cuenta a los grupos, las comunidades y los ecosistemas vulnerables, con el fin de no dejar a nadie atrás".

Para elaborar este Plan, el MINAE contó con el apoyo de MIDEPLAN, así como con contribuciones técnicas y financieras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo Ambiental Global (GEF), y de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.

Próximos pasos. El seguimiento a la implementación del Plan será llevado a cabo de manera anual por la Secretaría de Planificación Ambiental del MINAE en conjunto con la Dirección de Cambio Climático. Los resultados se plasmarán dentro del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, facilitando así el acceso de la ciudadanía a información sobre su avance.

Lea el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2022-2026 aquí: https://cambioclimatico.go.cr/politica-nacional-de-adaptacion/

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Costa Rica lanza su primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

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El desarrollo de la humanidad en el mundo moderno ha llevado a la extinción masiva de especies de flora y fauna, y en la actualidad algunos investigadores consideran que nos encontramos atravesando la sexta extinción masiva. La perdida de la biodiversidad provoca cambios irreversibles a gran escala.

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Durante el año 1998 según como explica Peña Chacón el diario Delfino (2021), Costa Rica promulgo la Ley de la Biodiversidad como respuesta de las obligaciones contraídas por el país en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, esto con el objetivo de evitar la perdida de la biodiversidad; además el país a establecido varias reservas de la biosfera, Reserva de Biosfera La Amistad, Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, Reserva de Biosfera Agua y Paz, y Reserva de Biosfera Savegre.

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En el año 1998, como respuesta a las obligaciones internacionales contraídas con la ratificación del Convenio de Diversidad Biológica, Costa Rica promulgó la Ley de Biodiversidad, cuyo objeto es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados.

Se trata de una ley de orden público, con un enfoque estrictamente ecosistémico[1] y que sirve de marco para la interpretación del resto de las normas que regulan la materia ambiental[2].

En su artículo 9, la Ley de Biodiversidad establece como principios generales los siguientes: el respeto a la vida en todas sus formas, reconociendo de forma clara, directa y expresa, el derecho de todos los seres vivos a la vida, con independencia de su valor económico actual o potencial; el carácter meritorio de los elementos de la biodiversidad, reconociendo además su importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y su carácter indispensable para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes; el respeto a la diversidad cultural, especialmente el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales, así como la equidad intra e inter generacional.[3]

De esta forma, desde 1998 y como principio general del ordenamiento jurídico ambiental costarricense, la Ley de Biodiversidad concede derechos a formas de vida distintas a la humana y les otorga un valor intrínseco, con ello los reconoce como sujetos de derechos y destinatarios directos de protección por parte del sistema jurídico.

Tal reconocimiento es acorde y encuentra respaldo en instrumentos internacionales de reciente data que incorporan una racionalidad biocéntrica / ecocéntrica. En ese sentido, es posible citar la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental del 2016,[4] que en su Principio 2 dispone: Derecho a la Naturaleza y Derechos de la Naturaleza. Cada ser humano y otros seres vivos tienen derecho a la conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas. La naturaleza posee un derecho intrínseco a existir, prosperar y evolucionar.

También encuentra fundamento en la Opinión Consultiva 23-17 sobre medio ambiente y derechos humanos (párrafos 56 a 68), así como en la sentencia Caso Comunidades miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs Argentina (párrafo 203), ambas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales, al desarrollar el contenido del derecho humano al ambiente sano a través del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte consideró a los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales, disponiendo que la naturaleza y el medio ambiente encuentran protección interamericana no solamente por su conexidad con su utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar a otros derechos de las personas, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos, advirtiendo una tendencia a reconocer personería jurídica, y por ende derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales.

A la vez, obtiene sustento del documento denominado Principios Jurídicos Medioambientales para el desarrollo ecológicamente sostenible,[5] el cual identifica y sistematiza los principios internacionales de protección del ambiente reconocidos por instrumentos internacionales y por la jurisprudencia nacional y comparada sobre la materia y que fue aprobado por la Corte Plena de Costa Rica en 2020,[6]en especial, de los siguientes principios: Principio 38: Obligación de protección de la naturaleza;[7] Principio 39: Derecho a la naturaleza y derechos de la naturaleza;[8] Principio 42: Sostenibilidad ecológica y resiliencia[9] y Principio 48: Interdependencia ecológica.[10]

A la luz de dichos instrumentos, es posible afirmar que el derecho a la vida que poseen todos los seres vivos, reconocido expresamente como un principio general por el numeral 9 de la Ley de Biodiversidad, lleva implícito el derecho de la naturaleza a existir, prosperar y evolucionar. A la vez, encuentra tutela jurídica no solo a nivel local, sino que también dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través del derecho humano a un ambiente sano contenido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por último, es importante recalcar que el derecho intrínseco a existir, prosperar y evolucionar que poseen todas las formas de vida, conlleva a una serie de obligaciones por parte del Estado y los ciudadanos, entre ellas destacan: el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales (artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley Biodiversidad) y la restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas, especies y servicios ambientales (artículos 51, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad).

[1] La norma recibió el premio mundial "Future Policy 2010" otorgado por el Consejo Mundial del Futuro, en Nagoya, Japón, en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad.

[2] Artículo 5 Ley de Biodiversidad: Marco de interpretación. Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la interpretación del resto de las normas que regulan la materia objeto de esta ley.

[3] Artículo 9 Ley de Biodiversidad: Principios Generales. Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes: 1.-Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos tienen derecho a la vida, independientemente del valor económico, actual o potencial. 2.- Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son indispensables para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes. 3.-Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas culturales y conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al marco jurídico nacional e internacional, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales. 4.-Equidad intra e intergeneracional. El Estado y los particulares velarán porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilice en forma sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

[4] Esta Declaración fue adoptada durante el 1er Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, coorganizado por la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL, por sus siglas en inglés, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Estados Americanos, la Asociación Internacional de Jueces y otros socios, en abril de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Fue concluida por el Comité Directivo de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental el 12 de febrero de 2017.

[5] Elaborado en el año 2018 durante la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Quito Ecuador por parte de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental en conjunto con el Instituto Judicial Global del Ambiente, la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los embajadores de Buena Voluntad de la Organización de Estados Americanos. De conformidad con el Principio 1 su objetivo es procurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y velar por la preservación de la naturaleza, orientar sobre su preservación, garantizando la adecuada protección de la vida en sus diversas manifestaciones por medio del reconocimiento de la importancia de la interdependencia de todas las especies del planeta que permita el mantenimiento de un sistema ambiental armónico, equilibrado, limpio y sano.

[6] Sesión de Corte Plena No. 28-2020 del 25 de mayo del año 2020, Art. XIX.

[7] "Cada Estado, entidad pública o privada y los particulares tienen la obligación de cuidar y promover el bienestar de la naturaleza, independientemente de su valor para los seres humanos, al igual que de imponer limitaciones a su uso y explotación."

[8] "Cada ser humano y otros seres vivos tienen derecho a la conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas. La naturaleza posee un derecho intrínseco a existir, prosperar y evolucionar."

[9] "Se deberán adoptar medidas legales y de otra índole para proteger y restablecer la integridad de los ecosistemas, al igual que para mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas socio ecológicos. En la elaboración de políticas y leyes y en la toma de decisiones, el mantenimiento de una biosfera saludable para la naturaleza y la humanidad deberán ser de primordial consideración."

[10] "Todas las formas de vida, desde la más simple a la más compleja son importantes en la naturaleza. Ninguna criatura carece de valor en sí misma y el ser humano comparte el planeta con aproximadamente 8.7 millones de especies21 y tiene la responsabilidad de cuidarlas y respetarlas. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables."

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

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La Ley de Biodiversidad y los derechos de la naturaleza en Costa Rica

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El derecho intrínseco a existir, prosperar y evolucionar que poseen todas las formas de vida, conlleva a una serie de obligaciones por parte del Estado y los ciudadanos.

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La transformación del uso del suelo interviniendo la vegetación natural de la Tierra para la implementación de actividades como la ganadería, la agricultura o principalmente urbanismo ha impulsado la reducción de la biodiversidad, como principal ejemplo la deforestación.

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En la revista Ambientico (2020) de la Universidad Nacional se expone que en Costa Rica las acciones para la restauración vegetal en las zonas urbanas es un tema muy reciente, pero se ha establecido en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un proyecto llamado: Conservando la biodiversidad a través de la gestión sostenible de los paisajes de producción en Costa Rica, el cual tendrá como tarea la dirección de una herramienta para el Monitoreo de los Cambios de el Uso del Suelo en Paisajes Productivos Urbanos (MOCUPPU).

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Fuente imagen: Seminario Universidad, 2022.

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4. Flujos químicos (Fósforo y Nitrógeno)

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4. Flujos químicos (Fósforo y Nitrógeno)

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El fósforo y el nitrógeno son elementos fundamentales para el crecimiento de las plantas, pero su uso excesivo en fertilizantes, plaguicidas, etc. utilizados en la agricultura a evidenciado problemas ambientales como la alteración de los sistemas acuáticos.

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Costa Rica usa hasta 8 veces más plaguicidas que los demás países OCDE de América

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La situación de Costa Rica frente a este limite planetario es preocupante ya que de acuerdo con Pomareda García en el diario Seminario Universidad (2022), Costa Rica hace un uso excesivo de plaguicidas, los cuales representan una alta peligrosidad para la población, principalmente para las personas expuestas y para los ecosistemas, por lo cual es fundamental exigir nuevas formas de producción, más sostenibles y amigables con el ambiente y la salud humana.

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Fuente imagen: Seminario Universidad, 2023.

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El clorofluorocarbono (CFC) es una sustancia química que agota la capa de ozono, de acuerdo con la BBC (2021) hace más de 30 años el mundo entero se puso de acuerdo pare prohibir esta sustancia química y es así como se evidencia que es uno de los nueve límites por los cuales la humanidad actuó con éxito ya que se alertó de los cambios medioambientales irreversibles.

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En Costa Rica se estableció el Reglamento de control de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) de acuerdo a la ley N° 7223 y sus enmiendas y se modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley Traslado del sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 9046 del 25 de junio de 2012.

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Sistema Costarricense de Información Jurídica

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Fuente imagen: Costa Rica experts, 2019.

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El planeta Tierra cuenta con 2.5% de agua dulce y el porcentaje restante es de agua salada, este porcentaje de agua dulce se ha ido reduciendo por su uso en actividades como la agricultura.

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La preservación de este recurso es fundamental ya que hace la vida posible en el planeta Tierra, de acuerdo con Zumbado Solano en diario Delfino (2022), se explica que de acuerdo a la disponibilidad de agua dulce en Costa Rica a cada persona habitante del país le corresponderían 67.000 litros del agua al día y de acuerdo a los establecido por la Organización Mundial de la Salud cada día una sola persona necesita 100 litros de agua, por lo cual de acuerdo a esta relación podemos identificar la importancia que tiene el recurso hídrico sobre nuestra vida, además del privilegio y la responsabilidad que tenemos como costarricenses para preservarlo. Por lo cual el país cuenta con una Política Nacional de Agua Potable, 2017 – 2030.

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Si fuera posible sumar el agua que hay en los ríos, lagos, acuíferos y embalses de Costa Rica, a cada habitante le correspondería un total de 24.873 m 3 de agua al año. Esa cantidad corresponde a un aproximado de 67 m ³ de agua al día para cada persona, o mejor dicho, 67.000 litros de agua. Este dato se vuelve más interesante si se compara con la cifra de la Organización Mundial de la Salud sobre la cantidad de agua que necesita una persona al día para satisfacer sus necesidades de consumo e higiene, que corresponde a 100 litros de agua. Por otra parte, es delicado mencionar estos datos, que podrían producir equivocadamente la impresión de que podemos utilizar el agua sin medida. Por el contrario, estos datos pretenden evidenciar la riqueza hídrica que existe en el país, que además consideramos pocas veces.

¿En qué momento del día se consumen alrededor de 100 litros de agua, si por lo general se enseña que sólo es necesario consumir 2 litros para estar saludable? Justamente por esa razón, pocas veces pensamos en las muchísimas actividades diarias que implican el uso directo o indirecto del agua. Esas actividades van desde el momento de ducharse ( 12 litros por cada minuto que permanece el tubo abierto), el lavado de los platos ( 8 litros por cada minuto que permanece el tubo abierto), el riego de las plantas ( 10 litros por cada minuto que permanece el tubo abierto), el uso del servicio sanitario ( 10 litros cada vez que se jala la cadena), cuando nos lavamos los dientes, las manos o nos afeitamos ( 6 litros de agua por cada minuto que pasa el tubo abierto), entre muchas otras.

Agua virtual

Además del consumo directo de agua en actividades como estas, en las que el recurso se ve y se utiliza en un contexto más tangible, existe un consumo indirecto, al que se le denomina agua virtual. Este concepto hace referencia al "agua oculta" que se encuentra en los productos, servicios y procesos que las personas consumen todos los días, e intenta poner en evidencia la suma total del agua que se consumió a lo largo de la cadena de valor. El término fue acuñado por el Dr. Tony Allan, al identificar que en países de África del Norte y Medio Oriente las personas lograban satisfacer sus necesidades alimentarias, gracias a la importación de productos provenientes de países sin escasez de agua.

Para explicar mejor el concepto, podríamos utilizar como ejemplo la pasta. Para obtener este producto se requirió de agua en diferentes etapas de su producción. Inicialmente se necesitó para cultivar y regar el trigo, también para producir el combustible de la maquinaria que se utilizó en los cultivos y posteriormente en los vehículos para el transporte. Además, se pudo haber utilizado para crear la electricidad que se requirió en las plantas de procesamiento para convertir el trigo en harina y posteriormente en pasta. Todo este proceso implica que un kilo de pasta requiere de un consumo aproximado de 1.849 litros de agua. Aunado a los procesos anteriores, podríamos reflexionar sobre el agua que consumen las personas involucradas en la producción de la pasta.

Aparte del agua virtual existe un término un poco más amplio, la huella hídrica, que hace referencia al impacto hídrico de los productos, servicios y procesos que consumimos y permite evaluar si el proceso productivo es sostenible. Fue creado por el Dr. Arjen Hoekstra, quien junto con el equipo del Water Footprint Network desarrolló la metodología para calcular la huella hídrica. El concepto se subdivide en tres, azul, verde y gris, para lograr así un análisis más completo del impacto que un producto está generando. La huella hídrica verde hace referencia al agua de lluvia o nieve que se utiliza en el proceso productivo. La huella azul se refiere al agua extraída por el ser humano de fuentes naturales o artificiales, que se utiliza en el proceso productivo. Por último, la huella gris alude a la cantidad de agua dulce que se necesita para diluir el agua contaminada de los procesos de producción, de manera que cumpla con los estándares de calidad antes de ser vertida en un cuerpo receptor.

Si regresamos al ejemplo de la pasta, la huella hídrica exacta dependerá del lugar en el que se produzca. Por ejemplo, una pasta hecha con trigo de Italia tiene una huella promedio de 1410 litros/kg, mientras que la huella de la pasta elaborada con trigo de Francia sería de 590 litros/kg. No obstante, utilizando el promedio de 1.849 litros/kg, se podría decir que de ese total un 70% le corresponde a la huella hídrica verde, 19% a la azul y 11% a la gris. Estos datos y conceptos evidencian los patrones de consumo del recurso hídrico escalas que van de lo individual a lo planetario.

Más allá de los conceptos y los datos, lo importante es entender que utilizamos este recurso hídrico para muchísimas actividades en el cotidiano de formas tangibles e intangibles. Muy pocas veces nos detenemos a pensar en el simple hecho de llenar un vaso con agua potable o lavarnos las manos con agua limpia, en especial en un país en el que la mayoría tiene el privilegio de abrir el grifo y contar con agua potable a un costo muy bajo. Son ínfimas las veces que pensamos en el agua que se necesitó para manufacturar la ropa que llevamos puesta o los posibles 125 litros de agua que se utilizaron en Chile o Argentina para poder saborear una jugosa manzana roja importada.

El agua está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y sería fácil pensar que debe ser así, considerando que habitamos el llamado "Planeta azul". Ese nombre se debe a que la superficie del planeta Tierra está compuesta en un 70% por agua, pero más del 99% no es utilizada por los humanos y otros seres vivos, ya que solo alrededor del 0,3% del agua dulce se encuentra en el agua superficial de lagos, ríos y pantanos. Además de ser un pequeño porcentaje, alrededor del 84% de las poblaciones de especies de agua dulce han disminuido desde 1970, más de la mitad de los humedales del mundo han desaparecido, se estima que el 80% de las aguas residuales globales no reciben un tratamiento adecuado, sólo 17% de los ríos del mundo fluyen libremente y se encuentran en áreas protegidas, entre muchos otros datos poco alentadores.

Tal vez no veamos los flujos de agua que recorren diariamente nuestros planeta, no prestemos suficiente atención al agua que fluye mientras nos lavamos los dientes, ignoremos el nombre del río o la quebrada cercana a nuestra casa y nunca nos hayamos preguntado por el destino de las aguas residuales que producimos. Sin embargo, el tiempo corre. De acuerdo con los datos de la iniciativa internacional The World Counts, nos quedan aproximadamente 17 años hasta que el agua dulce de la Tierra se agote. Tal vez sea un buen momento para hacer visible el papel que juega el agua en nuestras vidas y actuar.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

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De acuerdo con los datos de la iniciativa internacional The World Counts, nos quedan aproximadamente 17 años hasta que el agua dulce de la Tierra se agote.

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Fuente imagen: National Geographic, 2020.

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La acidificación del océano esta directamente relacionado con el cambio climático y como expone la BBC (2021), en los últimos 200 años el océano se ha vuelto 30% más acido, lo cual representa un riesgo para el ecosistema marino.

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De acuerdo con el Gobierno de la República de Costa Rica, en el 2021 se lanzó el Plan Nacional de Residuos Marinos, donde se especifica que se buscará mares resilientes al cambio climático con el fin de proteger ecosistemas y evitar la acidificación de los océanos por medio de una gestión integral y coordinada para la gestión de los residuos marinos.

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Presidencia de la República de Costa Rica

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Decreto 43367-MINAE-S fue suscrito por el presidente de la República y los ministros de Salud y de Ambiente y Energía este jueves y busca reducir el impacto de los residuos en el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades costeras.

Instrumento permitirá una gestión integral, coordinada y adecuada de los residuos marinos, buscando así mares resilientes, proteger los ecosistemas y evitar la acidificación de los océanos.

Acciones se ejecutarán en todo el ámbito nacional, pero su impacto será mayor en las personas que habitan en los 18 cantones y 4 concejos municipales de distrito que tienen territorio costero.

Plan contará con un equipo coordinador integrado por representantes de Salud, MINAE, MEP, MOPT, Relaciones Exteriores y Culto, MICITT e Incopesca.

Carrillo, Guanacaste. El presidente de la República, Carlos Alvarado, y jerarcas de Ambiente y Energía, Andrea Meza, y de Salud, Daniel Salas, firmaron el decreto de oficialización del Plan Nacional de Residuos Marinos 2021-2030 y su estructura de gobernanza que tiene como objetivo coordinar de forma intersectorial la prevención y la gestión integral de los residuos marinos, orientado al mejoramiento de la calidad de los ecosistemas y la salud de las personas.

La actividad tuvo lugar este jueves en las afueras de la oficina regional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ubicadas en Playa Panamá en el marco de la gira de trabajo del mandatario en Guanacaste junto a la Primera Dama de la República y coordinadora de la Región Chorotega, Claudia Dobles.

Según datos del Ministerio de Salud, del total de residuos generados por Costa Rica en el año 2019 (3 681 Ton/día), se recolectan y se llevan a disposición final el 93,25%, sin embargo el restante 6,8%, no es recolectado, y por ende es dispuesto en el ambiente.

Producto de las lluvias, estos residuos terminan en alcantarillas, ríos y arroyos, fluyendo hacia las áreas costeras, sumándose a aquellos generados por el turismo en las playas y las actividades económicas en el mar. Esta situación afecta a un gran número de familias de las zonas costeras, impactando la pesca, el transporte marítimo y el turismo, entre otros.
Seis ejes estratégicos
El presidente Alvarado indicó que la actual crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis climática incrementan las desigualdades y ponen en riesgo la salud de las personas y los ecosistemas. "La problemática provocada por la gestión no integral de los residuos sólidos ha venido a exacerbar dichas crisis y a afectar seriamente ecosistemas sensibles, principalmente el océano", aseguró.

"Este instrumento adopta una perspectiva preventiva y de gestión de los residuos de origen marino y terrestre, fortalece las iniciativas de sensibilización, educación y comunicación, mejora la normativa nacional y su cumplimiento, fomenta la articulación entre la investigación científica y la innovación y promueve los mecanismos de monitoreo y evaluación", indicó la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que el proceso de diseño del Plan Nacional de Residuos Marinos ha sido altamente participativo y ha integrado a todos los sectores involucrados con el tema. "Con la publicación del Plan, damos inicio a un arduo proceso intersectorial que pretende reducir significativamente el impacto que generan los residuos marinos en el ambiente y, consecuentemente, contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población", acotó.

El Plan Nacional de Residuos Marinos priorizó 6 ejes estratégicos, 14 objetivos específicos y 48 acciones estratégicas con sus respectivos indicadores, metas y responsables. Para su seguimiento, con la firma del Decreto Ejecutivo 43367-MINAE-S se crea un Equipo Coordinador integrado por representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

"Como parte de los esfuerzos en las Mesas de Diálogo de la Región Chorotega, hemos identificado la necesidad de contar con herramientas que permitan desarrollar una economía azul en zonas costeras, este decreto fortalece una gestión adecuada e integral para lograr este objetivo", indicó la Primera Dama, Claudia Dobles Camargo.

Las acciones del Plan se ejecutarán en todo el ámbito nacional, pero su impacto será mayor en las personas que habitan en los 18 cantones y 4 concejos municipales de distrito que tienen territorio costero.

"Recientes estudios de la Universidad de Costa Rica han registrado la ingesta de microplásticos en los estómagos de las especies analizadas. El manejo integral de los residuos marinos beneficia la seguridad alimentaria, creando océanos resilientes al cambio climático ya que estos reciben el 90% del calentamiento global; este enfoque apuesta por océanos sanos, la protección de los ecosistemas marinos y un uso sostenible de los recursos", mencionó Cynthia Barzuna, Viceministra de Agua y Mares.

Este Plan se desarrolló en coordinación con el Comité Interministerial del Plan Nacional de Residuos Marinos, conformado por el Viceministerio de Agua y Mares y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE, el Ministerio de Salud y un grupo técnico de consultoras, integrado por profesionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Asociación Centroamericana para la Economía, Salud y el Ambiente.

El financiamiento fue otorgado en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, apoyado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y su asociado Battelle.

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Costa Rica lanza Plan Nacional de Residuos Marinos

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Este límite se define como un proceso nuevo y es producto de las partículas microscópicas generadas por la quema de combustibles fósiles, estas partículas afectan la salud humana, el clima y distintos organismos vivos. La principal fuente de emisión son las fuentes móviles.

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Costa Rica en los últimos años ha implementado un Programa País Carbono Neutralidad desde la Dirección de Cambio Climático del Gobierno de la República; el cual es un mecanismo voluntario al que pueden acceder organizaciones, empresas públicas y privadas, comunidades y organizadores de eventos con el fin de tomar acciones principalmente para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y fortalecer la descarbonización.

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Programa País Carbono Neutralidad - Dirección de Cambio Climático

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El Programa País de Carbono Neutralidad (PPCN) es un mecanismo voluntario al que pueden acceder organizaciones, empresas públicas y privadas, comunidades y organizadores de eventos, para el reporte de inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la demostración de acciones de reducción, remoción y compensación de emisiones y el fortalecimiento de la descarbonización, desarrollado por la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

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Fuente imagen: Seminario Universidad, 2019.

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El mundo moderno y la ciencia ha generado elementos y organismos modificados, además de sustancias nuevas que van desde los materiales radiactivos hasta los microplásticos, entre estas se incluyen los CFC explicados en el límite 5. Pero en nuestra cotidianidad uno de los elementos más presentes es el microplástico.

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El principal problema de los microplásticos es su introducción en el sistema de los organismos, donde los humanos no estamos exceptos de esto, por lo cual Costa Rica ha establecido una ley para prohibir pajillas y bolsas plásticas en supermercados (Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente N° 20.985) con el finde reducir la contaminación por parte de estos residuos, además UNESCO San José promueve la reducción del consumo del plástico para proteger los mares.

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Diputados prohíben pajillas y bolsas de supermercado: pequeño avance contra los plásticos • Semanario Universidad

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Asamblea aprobó Ley 20.985 en segundo debate, tras meses de engorrosa discusión sobre cómo legislar contra la contaminación plástica