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Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos debe ser consultado por los municipios para contratar y renovar servicios a honorarios. 17 nov 2023

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Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos debe ser consultado por los municipios para contratar y renovar servicios a honorarios. 17 nov 2023

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Se dirigió a la Contraloría General de la República la Municipalidad de Cerro Navia, con ocasión de la implementación de la ley N° 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica, entre otras, la ley N° 14.908, para solicitar un pronunciamiento que aclare si la obligación de consultar el señalado Registro y de obtener la autorización de las personas que tengan una inscripción vigente en calidad de deudor para retener y pagar al alimentario las futuras pensiones de alimentos, es exigible respecto de los prestadores de servicios a honorarios que el municipio necesite contratar o cuyo vínculo requiera renovar.

Además, consulta si una vez obtenida la autorización señalada, corresponde que se proceda a la retención y pago al alimentario desde el primer emolumento que perciba el prestador de servicios a honorarios, o si es necesario, de forma previa, requerir autorización al tribunal competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8° y 11 bis de la referida ley N° 14.908.

Al respecto, el Contralor refiere que la ley N° 21.389 de 2021, creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modificó diversos cuerpos legales, entre los que se encuentra la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del entonces Ministerio de Justicia.

Dicha ley N° 14.908 señala, en el inciso primero de su artículo 8°, que las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente, o que reciba una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, establecerán, como modalidad del pago, la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de las pensiones, a menos que el tribunal establezca, por razones fundadas, su falta de idoneidad para asegurar el pago. Asimismo, si se tratare de un trabajador independiente, sujeto a contrato de honorarios, el tribunal establecerá la retención de sus honorarios, si atendidas las circunstancias concretas, estima que es un medio idóneo para garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de la pensión.

Enseguida, su inciso segundo preceptúa que la resolución que ordena o aprueba la retención se notificará a quien deba pagar al alimentante su remuneración, pensión o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté.

Luego, el artículo 11 bis de la misma preceptiva prevé que el empleador del alimentante, quien lo contrate a honorarios o la entidad que pague la pensión respectiva, que esté obligado a practicar la retención judicial, deberá descontar el monto correspondiente a los alimentos decretados o aprobados judicialmente, a continuación de los descuentos obligatorios por concepto de impuestos y cotizaciones obligatorias de seguridad social.

Por otra parte, el Contralor señala que a través del artículo 21 de la citada ley N° 14.908, se creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo objeto es articular diversas medidas legales, a fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos.

A continuación, su artículo 22 dispone que dicho Registro dará cuenta de la inscripción de las personas que reúnan copulativamente las siguientes condiciones: a) que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria, y b) que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cinco discontinuas.

A su turno, su artículo 36 previene, en lo que interesa, que toda persona, para ingresar a las dotaciones, entre otras, de la Administración del Estado o de otro organismo público, o ser nombrado o contratado en alguna de estas instituciones, o promovido o ascendido y que tenga una inscripción vigente en el Registro en calidad de deudor de alimentos, deberá autorizar, como condición habilitante para su contratación, nombramiento, promoción o ascenso, que la institución respectiva proceda a retener y pagar directamente al alimentario el monto de las futuras pensiones de alimentos, más un recargo de un diez por ciento, que será imputado a la deuda de alimentos hasta extinguirla íntegramente.

Más adelante, su inciso quinto dispone, en síntesis, que es obligación de la institución respectiva consultar en el Registro, si el interesado se encuentra inscrito en calidad de deudor de alimentos, como, asimismo, adoptar los protocolos y medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ese artículo.

De acuerdo a las normas revisadas, se aprecia que los artículos 8 y 11 bis, y el artículo 36 de la ley N° 14.908, tienen ámbitos de aplicación distintos.

En efecto, las primeras normas citadas se refieren a la situación en que se encuentran los trabajadores dependientes e independientes cuando son obligados, a través de una resolución judicial, al pago de una pensión de alimentos, definitiva o provisoria, y cómo debe proceder su empleador o quien lo contrate a honorarios respecto de la retención ordenada por la autoridad judicial, sin que ello implique su inscripción, en calidad de deudor, en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En tanto, el señalado artículo 36 -contenido en el Título Final "Del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos"- hace alusión la situación del alimentante que, además de haber sido obligado judicialmente al entero de una pensión de alimentos, se encuentra en mora o retardo en el pago de ciertas mensualidades y, por ende, cuenta con una inscripción en el referido Registro.

Aclarado lo anterior, señala que de acuerdo con el citado artículo 36, es obligación de todo órgano de la administración del Estado consultar en el Registro, si la persona que se pretende contratar, incluidos los prestadores de servicios a honorarios, cuentan con una inscripción vigente en calidad de deudor de alimentos.

De ser así, la institución respectiva deberá requerir al interesado su autorización, como condición habilitante para su contratación o renovación, a fin de retener y pagar directamente al alimentario el monto de las futuras pensiones de alimentos, más el recargo que señala. Luego, otorgada dicha autorización, el organismo de que se trate queda en condiciones de practicar la referida retención y pago desde el momento en que corresponda enterar al servidor a honorarios sus primeros emolumentos, sin que sea necesaria la aprobación del juez competente.

Lo anterior, por cuanto la intervención judicial de que tratan los artículos 8 y 11 bis de la normativa en estudio se encuentra dada únicamente para fijar el pago de una pensión de alimentos en los casos que esas normas señalan, por lo que opera en una etapa previa a la inscripción del alimentante en el referido Registro y, en consecuencia, con anterioridad a la aplicación del citado artículo 36.

En razón de lo expuesto, el Contralor concluye que la Municipalidad de Cerro Navia se encuentra obligada a consultar el Registro, para determinar si el prestador de servicios a honorarios que se quiera contratar o cuyo vínculo pretenda renovar, se encuentra inscrito en calidad de deudor de alimentos.

De ser así, deberá obtener la autorización del alimentante para que esa entidad retenga y pague directamente al alimentario el monto correspondiente a las futuras pensiones de alimentos, más el recargo que indica, lo que deberá ocurrir desde la percepción de sus primeros emolumentos, sin que sea necesaria la intervención judicial para que ese municipio proceda de la forma señalada, sin perjuicio de la conveniencia de informar al tribunal que ordenó la inscripción de las medidas adoptadas.

A su vez, si el alimentante no otorga la autorización respectiva, no resulta posible su contratación o renovación.

Finalmente, hace presente que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del referido artículo 36 de la ley N° 14.908, es obligación de esa entidad adoptar los protocolos y medidas administrativas necesarias para dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en esa normativa.
Vea dictamen de la Contraloría.

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Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos debe ser consultado por los municipios para contratar y renovar servicios a honorarios, y si el funcionario figura inscrito debe autorizar la retención y pago del monto adeudado y futuro. - Diario Constitucional

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Si el alimentante interesado no otorga la autorización respectiva, no resulta posible su contratación o renovación del vínculo.

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Corte de Concepción confirma resolución que decretó arresto como medida de apremio a madre que denegó visitas a padre de hija en común. - Diario Constitucional

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Arresto como medida de apremio a madre que denegó visitas a padre de hija en común. 4 octubre 2023

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Arresto como medida de apremio a madre que denegó visitas a padre de hija en común. 4 octubre 2023

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Corte de Concepción confirma resolución que decretó arresto como medida de apremio a madre que denegó visitas a padre de hija en común. - Diario Constitucional

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En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional presentada por el abuelo materno, tras establecer que el tribunal obró en ejercicio de sus facultades dentro del ámbito de su competencia, pues la madre ya había incumplido el régimen de visitas en reit…

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Negativa a renovar pasaporte de chileno radicado en Estados Unidos por encontrarse inscrito en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos se ajusta a Derecho, resuelve Corte de Santiago. - Diario Constitucional

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Renovación de pasaporte y Registro de deudores 14 octubre 2023

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Renovación de pasaporte y Registro de deudores 14 octubre 2023

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Recurso de amparo rechazado.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Civil e Identificación y de la PDI, por negar la renovación de cédula de identidad y pasaporte a un chileno que reside en Estados Unidos.

El recurrente alegó que, desde mayo de 2015, el amparado se encuentra radicado en Estados Unidos y que, con el objeto de tener sus documentos al día, en cuanto se encontraban próximos a expirar, en agosto del año en curso solicitó la renovación de su cédula de identidad ante el Consulado de Chile en Los Ángeles, California. Sin embargo, la solicitud fue denegada por encontrarse inscrito en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, lo que vulnera su derecho a la libertad personal y seguridad individual, puesto que se encuentra impedido no sólo de ingresar a Chile, sino que a cualquier otro país, lo cual resulta ilegal, puesto que, la denegación del pasaporte es de carácter reglamentario, por lo que no se le puede restringir además su libertad ambulatoria, en cuanto no hay medidas cautelares en su contra.

La Dirección de Asuntos Consulares, Inmigración y de chilenos en el Exterior, informó que "(...) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N°18.340, el rol de los consulados de Chile en el exterior consiste en actuar de intermediario para obtener pasaportes otorgados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, para lo que el consulado efectúa la captura de datos, cobro de tasas y entrega del documento de viaje, siendo en definitiva aquella entidad la que otorga o deniega el pasaporte."

El Registro Civil informó que el recurrente "(...) se encuentra ingresado desde 06 de marzo de 2023, por orden dictada por el Juzgado de Familia de La Serena, adeudando, al tiempo del informe, siete cuotas por concepto de pensiones devengadas y no pagadas, por lo que, el recurrente podrá solicitar al Juzgado que autorice la emisión de su pasaporte, cumpliendo con las exigencias legales. Luego, solo cuando el juez autorice la emisión del documento el Servicio procederá a dejar constancia en el Registro de la orden judicial respectiva, anotándola al margen de la inscripción, indicándose plazo de vigencia limitada de autorización, y desde ese momento podrá solicitar pasaporte."

Enseguida, advierte que "(...) el Ministerio de Relaciones Exteriores puede autorizar a los funcionarios consulares a otorgar un salvoconducto especial para regresar a Chile a los connacionales que se encuentren sin sus documentos de viaje, el que puede ser obtenido en el respectivo consulado."

La PDI informó que el recurrente registra en el sistema de Gestión Policial Institucional tres arraigos judiciales por alimentos.

Por su parte, el Juzgado de Familia de La Serena informó que "(...) el amparado presentaba una deuda por pensión de alimentos de 2313,62638 UTM, por lo que se ordenó la anotación del amparado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, dada la entrada en vigencia de la Ley N°21.389."

La Corte de Santiago rechazó la acción constitucional de amparo. Razona que, "(...) la recurrida Servicio de Registro Civil e Identificación no ha cometido acto ilegal, puesto que se ha limitado a aplicar lo previsto en el artículo 32 de la Ley N°14.908, tras su modificación por la Ley N°21.389."

Prosigue el fallo, señalando que, "(...) respecto de la recurrida Ministerio de Relaciones Exteriores, estos sentenciadores comparten lo afirmado en su informe, en cuanto a la intervención que le cabe al órgano en lo que respecta a las solicitudes de pasaportes formuladas por connacionales en el exterior, por lo que no puede predicarse ilegalidad a su respecto. Misma conclusión cabe respecto de la recurrida Policía de Investigaciones, teniendo en cuanto, además, que la recurrente no ha imputado ilegalidad en términos claros a su actuación."

En base a esas consideraciones, la Corte rechazó el recurso de amparo en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, la PDI y del Registro Civil e Identificación.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N° 2256-2023.

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Negativa a renovar pasaporte de chileno radicado en Estados Unidos por encontrarse inscrito en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos se ajusta a Derecho, resuelve Corte de Santiago. - Diario Constitucional

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El Registro Civil no ha cometido acto ilegal, puesto que se ha limitado a aplicar lo previsto en el artículo 32 de la Ley N°14.908, tras su modificación por la Ley N°21.389.

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Notas, columnas o documentos sobre temáticas de mediación

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Notas sobre Jurisprudencia en Materia de Familia

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Pensión alimenticia debe ser proporcional a las facultades económicas de los padres. 14 agosto 2023

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Pensión alimenticia debe ser proporcional a las facultades económicas de los padres. 14 agosto 2023

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La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de la Corte de Valparaíso que confirmó el fallo de primer grado dictado por el Juzgado de Familia de Valparaíso, que acogió la demanda de alimentos y condenó al alimentante a pagar una pensión alimenticia de 5,66 UTM dentro de los primeros cinco días de cada mes, estableciendo, además, que ambos padres deberán concurrir en partes iguales a solventar los gastos extraordinarios.

El recurrente y demandante denuncia la infracción del artículo 32 de la Ley N° 19.968, en relación con los artículos 230 y 233 del Código Civil, dado que la sentencia impugnada no respeta el principio de proporcionalidad que rige a los alimentos. Pese a que se probó que las necesidades alimenticias ascienden a la suma mensual de $884.717, y, que el padre percibe ingresos por un monto un 40% mayor que la madre, el quantum de los alimentos que debe pagar el demandado debió fijarse en la suma mensual de $574.889-.

Luego, denuncia que aquella desigualdad transgrede, además, lo dispuesto en el artículo 329 del Código Civil, que prescribe que el alimentante debe contribuir de acuerdo a sus facultades. En virtud de lo anterior, solicita invalidar el fallo impugnado y en la sentencia de reemplazo confirmar la sentencia de primera instancia aumentando la pensión de alimentaos a una suma no inferior a la indicada.

La sentencia impugnada tuvo por acreditado los siguientes hechos: 1) El actor tiene 23 años de edad a la fecha de dictación de la sentencia de primera instancia, estudia quinto año de psicología en la Universidad y se encuentra realizando su práctica profesional. 2) El demandado es su padre, (...) cuya remuneración mensual promedio bordea la suma de $1.484.624, y es dueño de un vehículo marca Renault, del año 2016. 3) La madre del demandante se desempeña como docente en la ciudad de Rancagua percibiendo ingresos que bordean los $800.000 mensual.

Sobre la base de dichos presupuestos fácticos se acogió la demanda, concluyendo que se acreditó el título que habilita a demandar alimentos, y, tras sostener que el demandado recibe ingresos un 40% superiores a los que percibe la madre del demandante.

El máximo Tribunal acogió el recurso de casación y en sentencia de reemplazo aumentó el monto de la pensión alimenticia que corresponde solventar al padre, a 9,11 UTM.

En lo que concierne a las infracciones legales denunciadas, en el fallo señala que "esta Corte ha señalado reiteradamente que sólo la judicatura del fondo se encuentra facultada para fijar los hechos de la causa, sin que sea dable su revisión en esta sede, a menos que se denuncie el quebrantamiento de disposiciones que integran el sistema valorativo de la sana crítica y se explique, de manera eficiente, la forma cómo se conculcaron los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados".

Agrega que, "sin embargo, como en la especie, se acusa el quebrantamiento del artículo 32 de la Ley N°19.968, en relación con los artículos 230 y 233 del Código Civil, porque se fijó la pensión de alimentos en un monto inferior a aquel que de acuerdo a las reglas establecidas por la ley corresponde pagar al demandado, se debe concluir que se está conforme con los presupuestos fácticos".

Continúa señalando que, "como se expresó (...), la judicatura del fondo dio por establecido como hechos, con el carácter de inamovibles, que las necesidades totales del alimentario alcanzan la suma de $884.717 mensual; que el padre percibe ingresos por la suma de $1.484.624 mensuales y la madre por $800.000, por ende, se debe concluir que infringieron los artículos 230 y 329 del Código Civil al fijar una pensión alimenticia que no resulta proporcional a las facultades económicas de las partes, pues, con ella, es la madre quien debe cubrir un porcentaje importante de las necesidades, a pesar de que sus ingresos son inferiores a los del padre".

Añade que, "en consecuencia, al condenar al demandado a solucionar una pensión que no resulta proporcional con las facultades económicas de las partes, la judicatura del fondo vulneró el artículo 230 Código Civil, en relación con el artículo 329 del mismo cuerpo legal, por lo que corresponde que el recurso de casación en el fondo sea acogido, dictando la sentencia de reemplazo conforme a la ley".

Por lo expuesto, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, invalidó la sentencia de la Corte de Valparaíso, y en sentencia de reemplazo confirmó la sentencia apelada, con declaración que la pensión dineraria que el alimentante debe pagar en favor de su hijo corresponde a la suma equivalente a 9,11 UTM mensuales a contar de la fecha de notificación de la demanda.

La sentencia de reemplazo se acordó con la prevención de la ministra Gajardo y del ministro Simpértigue, quienes fueron de opinión de decretar el pago de los alimentos definitivos desde la fecha de dictación de la sentencia.

Vea sentencia Corte Suprema Rol 141.524-2022, y sentencia de reemplazo

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Pensión alimenticia debe ser proporcional a las facultades económicas de los padres. De lo contrario una de ellas debe cubrir un porcentaje importante de las necesidades, a pesar de sus ingresos inferiores. - Diario Constitucional

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Al condenar al padre a solucionar una pensión que no resulta proporcional con las facultades económicas de las partes, la judicatura del fondo vulneró el artículo 230 Código Civil, en relación con el artículo 329 del mismo cuerpo legal.

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Hijos no pueden condonar la deuda por pensión de alimentos del padre. 11 agosto 2023

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Hijos no pueden condonar la deuda por pensión de alimentos del padre. 11 agosto 2023

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La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por una madre que solicitó la invalidación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó el fallo dictado por el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, que rechazó las solicitudes de condonación que dos hijos otorgaron en favor de su padre alimentante, declarando, en su lugar, que producto de la condonación el padre nada adeudaba a sus hijos por concepto de pensiones de alimentos devengadas y no pagadas.

La recurrente sostiene que la sentencia impugnada infringió lo dispuesto en los artículos 27, Nº4, de la Convención de los Derechos del Niño; el artículo 19 de la Ley Nº 19.968; el artículo 19 ter de la Ley Nº 14.908 y los artículos 1º, 2, letra a), y 7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Respecto de la primera disposición, menciona que la Convención de los Derechos del Niño establece expresamente la obligación de los Estados parte de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia.

En cuanto a la segunda, sostiene que la Corte de Santiago incurrió en un error de derecho al señalar que la demandante puede deducir la acción de rembolso que menciona el artículo 19 ter incorporado a la Ley Nº 14.908, por la Ley Nº 21.389, ya que ésta entró en vigencia el 18 de noviembre de 2021, lo que no hace posible que pueda ejercerse la acción respecto de pensiones devengadas con anterioridad, más aún cuando se las tuvo por condonadas, lo que infringe el principio de no contradicción.

En torno al tercer grupo de disposiciones, indica que establecen, de forma conjunta, obligaciones para la judicatura de resguardar a la mujer en su calidad de madre y víctima de abusos de diverso tipo, entre ellos el económico de parte de quienes han sido sus parejas o cónyuges; y que los actos desplegados por el alimentante y sus hijos son constitutivos de violencia en contra de la mujer.

Finalmente, sin citar norma, afirma que el fallo de alzada vulneró el principio de la razón suficiente.

Concluye indicando que las infracciones que denuncia influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que le impiden perseguir el cobro de los alimentos hasta fecha devengados.
El máximo Tribual acogió el recurso de casación y en sentencia de reemplazo confirmó la decisión de primer grado.
En el fallo señala que, "de la revisión del recurso sólo puede concluirse que la recurrente no pretende cambiar los presupuestos fácticos asentados, los que, por otra parte, son pacíficos, sino que lo que cuestiona es la aplicación de una norma de fondo que tuvo por condonada una deuda, materia que es evidentemente de derecho y no de hecho, motivo por el que los vicios fundados implícitamente en infracción a las normas de la sana crítica serán desestimados".

Por otro lado, indica que "fuera de que el recurso no explica cómo ocurrió la infracción de derecho, considerando la edad de quienes condonaron la deuda, tampoco resulta procedente la aplicación de las disposiciones vinculadas con la Convención de los Derechos del Niño. De acuerdo con el artículo 1º de dicha Convención, que para sus efectos se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, no obstante, quienes comparecieron, condonaron la deuda y revocaron la representación de su madre, fueron menores de edad, pero, en la fecha en que ambos presentaron los escritos de condonación, ya no tenían tal calidad, de manera que como adultos pueden disponer de los derechos que suponen tener, los que fueron adquiridos precisamente cuando tenían la calidad de menores de edad", razón por la que rechazó tal alegación.

Agrega que "la sentencia impugnada, luego de citar y aplicar los artículos 321 y 334 del Código Civil -en cuanto los alimentos son personalísimos-, el 19 de la Ley Nº 19.968, sobre Tribunales de Familia -relativo a la legitimación activa condicionada que detenta el padre o madre respecto de los hijos mayores de edad que viven con él o ella-, y 336 del Código Civil, en cuanto las pensiones alimenticias atrasadas pueden renunciarse, desestima la pretensión de reembolso de la demandante en contra del padre alimentante, señalando que puede ejercer una acción fundada "en el artículo 19 ter de la Ley 21.389, entendiendo que se refiere al artículo 19 ter de la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, incorporado por la Ley Nº 21.389, de 2021".

Agrega que la citada ley, de fecha 18 de noviembre de 2021, incorporó la siguiente regla de reembolso: "Por el no pago de la deuda alimentaria, el tercero que ha debido contribuir económicamente a satisfacer las necesidades del alimentario, sin estar legalmente obligado o en exceso de lo que era su obligación, tendrá acción de reembolso en contra del alimentante, por el enriquecimiento sin causa de éste a expensas suya".

En ese contexto, añade que "el escrito que da cuenta de la condonación por quienes comparecieron al proceso fue presentada el 21 de julio de 2020; que la oposición de la madre lo fue el 6 de agosto del mismo año y que las resoluciones de primera instancia fueron dictadas, respectivamente, el 21 y el 24 de agosto de 2020, esto es, entre quince y catorce meses antes de la fecha de publicación de la Ley Nº 21.389".

En otro aspecto, señala que "si los progenitores están de acuerdo con la pensión que debe pagarse y uno de ellos no cumple, ha debido ser el otro -el padre o la madre-, quien ha debido soportar la obligación de satisfacer la totalidad de las necesidades del alimentario, de modo que es él o ella la que ha pagado la obligación del moroso".

Al respecto agrega que "en los juicios de alimentos, la madre que demanda las pensiones en representación de los hijos mientras la deuda del alimentante se encuentra insoluta, las ha pagado de su propio patrimonio. Al satisfacer la totalidad de las necesidades de los alimentarios en el tiempo intermedio, se subroga en sus derechos por el solo ministerio de la ley y continúa con el juicio, pero ahora a título personal, no como representante legal respecto de las pensiones devengadas y adeudas por el alimentante moroso".

En el mismo sentido agrega que "procesalmente, entonces, lo que ellos hagan respecto de los alimentos devengados y adeudados antes de su comparecencia y asunción personal en la defensa de sus derechos, sólo produce efectos hacia el futuro y no puede afectar los derechos adquiridos por la madre, precisamente por haber satisfecho la totalidad de la obligación alimentaria de los nuevos comparecientes".

En consecuencia, añade que, al no ser acreedores los hijos, "no pueden condonar créditos que no les pertenecen y no pueden actuar en el juicio respecto de aquéllos, tal y como señalan los artículos 1652 y 2452 del Código Civil. Podrán hacerlo respecto de las pensiones futuras, revocada la representación de su madre, pero no de las pensiones pasadas, las que, respecto de ellos, están pagadas".

Por lo expuesto, la Corte Suprema acogió el recurso interpuesto por la madre y en sentencia de reemplazo revocó la sentencia impugnada y confirmó lo resuelto por el juez de primer grado.

La sentencia se acordó con el voto en contra del ministro Simpértigue quien fue de opinión de rechazar el recurso por considerar que la sentencia que se impugnó no tiene la naturaleza jurídica de aquellas que hacen procedente el recurso porque no pone término a un juicio ni hace imposible su continuación.
Vea sentencia Corte Suprema Rol 12.362-2022

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Hijos no pueden condonar la deuda por pensión de alimentos del padre, porque afecta los derechos adquiridos de la madre, quien asumió la totalidad de la obligación alimentaria. - Diario Constitucional

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En los juicios de alimentos, la madre que demanda las pensiones en representación de los hijos, mientras la deuda del alimentante se encuentra insoluta, se entiende que las ha pagado de su propio patrimonio.

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Salida del País y Deuda en PA 28 julio 2023

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Salida del País y Deuda en PA 28 julio 2023

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Se autoriza la salida del país al padre para visitar a sus hijos en el extranjero, aunque adeude montos por pensión de alimentos y se haya decretado en su contra orden de arraigo. - Diario Constitucional

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Del mérito de los antecedentes, consta que los menores abandonaron el país con destino a Estados Unidos, no registrando a esta data ingreso al país.

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Salida del país de menores de edad. Julio 2017

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Salida del país de menores de edad. Julio 2017

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¿Quién debe autorizar la salida del país?

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Debido a la popularidad que aún conservan las publicaciones de Duda Legal, haré un esfuerzo por destinar algo de tiempo a la actualización de sus artículos -algunos ya obsoletos-, y para escribir otros nuevos, como en este caso lo haré acerca de un tema de recurrente búsqueda en el sitio, como es la autorización para la salida del país de menores de edad.

¿Quién debe autorizar la salida del país?

La norma que regula la autorización para la salida del país de niños, niñas y adolescentes es el artículo 49 de la Ley N° 16.618, que dispone:

Si la tuición del hijo no ha sido confiada por el juez a alguno de sus padres ni a un tercero, aquél no podrá salir sin la autorización de ambos padres, o de aquel que lo hubiere reconocido, en su caso. Confiada por el juez la tuición a uno de los padres o a un tercero, el hijo no podrá salir sino con la autorización de aquel a quien se hubiere confiado. Regulado el derecho a que se refiere el artículo 229 del Código Civil por sentencia judicial o avenimiento aprobado por el tribunal, se requerirá también la autorización del padre o madre a cuyo favor se estableció.

La norma citada contempla tres hipótesis:

1. Si no se ha conferido el cuidado personal del menor de edad a uno de los padres o a un tercero, la autorización para la salida del país debe entregarse por ambos padres, o por aquel lo hubiera reconocido, según sea el caso.

2. Si se ha confiado el cuidado personal del niño, niña o adolescente a alguno de los padres o a un tercero, es este quien debe autorizar la salida del país.

3. Si se ha regulado por sentencia judicial o avenimiento el derecho de alguno de los padres a mantener una relación directa y regular con el hijo que no tiene a su cuidado, también se debe contar con su autorización

¿Cómo se otorga la autorización?

El inciso segundo del artículo 49 establece la forma de autorizar la salida del país:

El permiso a que se refieren los incisos anteriores deberá prestarse por escritura pública o por escritura privada autorizada por un Notario Público. Dicho permiso no será necesario si el menor sale del país en compañía de la persona o personas que deben prestarlo.

La norma es bastante clara y de toda lógica. Es clara en cuanto a que la autorización debe materializarse ante notario, ya sea por escritura pública o por instrumento privado. Es lógica, pues si el menor de edad viaja en compañía de la o las personas que deben autorizar su salida, viajar juntos presupone autorización.

El escrito de autorización de salida del país debe contener la individualización de los padres, del niño, niña o adolescente, quien le acompaña y el tiempo por cual se otorga la autorización. En todo caso, las notarías cuentan con formatos tipo, para ayudarle a realizar el trámite.

¿Y si no se puede obtener o se niega la autorización?

Si la persona llamada a otorgar la autorización no puede concederla, o pudiendo hacerlo se niega sin motivo plausible, el asunto pasa al plano judicial. La competencia está entregada al Juzgado de Familia, según el artículo 8º N° 10 de la Ley N° 19.968:

Artículo 8°. Competencia de los juzgados de familia. Corresponderá a los juzgados de familia conocer y resolver las siguientes materias:

10. La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley;

De esta manera, es el juez de familia quien podrá otorgar la autorización para que el menor de edad salga del país, si se cumplen los requisitos para ello.

En el procedimiento judicial se deben verificar los presupuestos legales:

Imposibilidad de otorgar la autorización. Este caso comúnmente se presenta cuando uno de los padres tiene el cuidado personal y ha perdido contacto con el otro, sin que pueda ser ubicado. En todo caso, esta hipótesis siempre considera que el llamado a otorgar la autorización esté vivo, pues si ha fallecido basta acreditar tal circunstancia a través del certificado de defunción al momento de salir del país.

Negativa injustificada. Este caso se da cuanto la persona llamada a otorgar la autorización, si bien está disponible, se niega a autorizar la salida, sin una razón justificada.

En el proceso deberá acreditarse la imposibilidad de obtener la autorización o si las razones entregadas para negarla son justificadas, según corresponda. En ambos casos, para autorizar la salida del menor, el juez de familia tomará en consideración el beneficio que le pudiere reportar y señalará el tiempo por el que concede la autorización. Por esta razón, se deben acompañar al proceso todos los antecedentes que den cuenta del beneficio del viaje para el niño, niña o adolescente, junto a aquellos que permitan determinar la duración del mismo.

Situaciones especiales

a) Autorización por hasta dos años

En cuanto al plazo de la autorización judicial, la Ley N° 20.383 de 24 de septiembre de 2009, introdujo una hipótesis especial en el artículo 49 bis de la Ley de Menores, autorizando a quien tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente, para salir del país junto a él en distintas ocasiones, dentro de los dos años siguientes. La norma prescribe:

En la sentencia el juez podrá decretar que la autorización a que se refiere el inciso sexto del artículo anterior habilita al padre o madre que la haya requerido y que tenga al menor a su cuidado para salir del país con él en distintas ocasiones dentro de los dos años siguientes, siempre que se acredite que el otro progenitor, injustificadamente, ha dejado de cumplir el deber, regulado judicial o convencionalmente, de mantener una relación directa y regular con su hijo. El plazo de permanencia del menor de edad en el extranjero no podrá ser superior a quince días en cada ocasión.

Como se puede advertir, la norma exige que se acredite en el proceso que el otro progenitor ha dejado de cumplir injustificadamente su deber de mantener una relación directa y regular con el hijo y limita la permanencia del menor en el extranjero a un máximo de quince días en cada oportunidad.

b) Pérdida del derecho a otorgar la autorización

El artículo 19 de la Ley N° 14.908, establece una hipótesis en la cual priva al padre o madre alimentante de autorizar la salida del país de sus hijos menores de edad. La norma dispone:

Si constare en el proceso que en contra del alimentante se hubiere decretado dos veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su caso, ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, lo siguiente:

3. Autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante [...]

Los apremios a que se refiere la norma son el arresto del alimentante por no pago de la pensión de alimentos, la retención anual de impuesto a la renta y la suspensión de la licencia de conducir. Asimismo, como claramente se señala, no opera de forma automática, sino que debe solicitarse en el proceso de autorización judicial.

c) Suspensión del derecho de alimentos

Una vez que el juez de familia haya autorizado un plazo para que el niño permanezca en el extranjero, transcurrido este sin que el menor, injustificadamente, vuelva al país, se podrá decretar la suspensión de las pensiones alimenticias que se hubieren regulado.

En la situación anterior, eventualmente podría solicitarse además la restitución del menor en virtud de la convención sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños.

d) Prohibición de salida del país

Vinculado con este tema, cabe señalar que el juez de familia puede prohibir la salida de un menor de edad del país, como medida cautelar en procedimiento proteccional, según lo dispuesto por el artículo 71 letra i) de la Ley N° 19.968:

Artículo 71. Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares:

i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección.

Tener presente al momento de salir del país

Obviamente, además de la documentación necesaria para viajar (cédula de identidad o pasaporte, y en algunos casos visa), debe llevar consigo un documento que acredite su relación con el niño, niña o adolescente, como su certificado de nacimiento, donde además figurará si el cuidado personal se ha conferido a alguno de los padres o a un tercero.

Si el permiso se ha conferido ante notario, debe llevar el documento en original o en copias autorizadas. Si se autorizó judicialmente y la resolución o el acta de audiencia se ha suscrito con firma electrónica avanzada, basta la copia que puede obtener a través de la Oficina Judicial Virtual.

Finalmente, incluso cuando el cuidado personal del niño, niña o adolescente se ha conferido a uno de sus padres, y por tanto solo se requiere su autorización para viajar, debe recordar que si se ha fijado un régimen de relación directa y regular a favor del padre o madre que no lo tiene a su cuidado, también se requiere contar con su autorización. Como la relación directa y regular, a diferencia de lo que ocurre con el cuidado personal, no se inscribe ante el Servicio de Registro Civil, la única forma que tiene de comprobar que no requiere otra autorización (pues no se ha fijado judicialmente un régimen), es iniciando un procedimiento judicial de autorización para la salida del país, pues de lo contrario podrán denegarle la salida en el control fronterizo, lo que desde luego querrá evitar.

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Salida del país de niños, niñas y adolescentes: ¿Quien debe autorizarla? ¿Cómo se autoriza? ¿Qué hacer si no puede obtener la autorización o esta se niega?