# data[].attributes.body
CASO A COMENTAR

# data[].attributes.attachment_link.title
UNMSM: Tribunal Constitucional ordena al Mininter y PNP frenar detenciones arbitrarias y respetar la protesta tras intervención en 2023

# data[].attributes.attachment_link.description
El máximo intérprete de la Constitución declaró inconstitucional la intervención policial en la universidad San Marcos en enero de 2023, donde se detuvo a 192 personas sin presencia fiscal, y fijó límites claros al uso de la fuerza

# data[].attributes.headline
El TC constató que las detenciones realizadas durante el operativo policial en la UNMSM no respetaron el procedimiento legal, lo que constituye una violación directa al principio de legalidad y al control constitucional de los actos administrativos.

# data[].attributes.subject
El TC constató que las detenciones realizadas durante el operativo policial en la UNMSM no respetaron el procedimiento legal, lo que constituye una violación directa al principio de legalidad y al control constitucional de los actos administrativos.

# data[].attributes.body
En este caso podemos observar un paradigma porque muestra cómo el TC actúa como garante de los derechos constitucionales, incluso frente a actos de fuerza pública. La exhortación de los protestantes no solo tiene valor jurídico, sino también simbólico: recuerda que el poder estatal no puede operar al margen de la ley, especialmente en contextos de protesta o conflicto social.

# data[].attributes.body
El fallo del Tribunal Constitucional que ordena al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional detener las detenciones arbitrarias y respetar la protesta tras los hechos en San Marcos en 2023 constituye un precedente importante para la defensa de los derechos democráticos en el Perú. La sentencia recuerda que el orden público no puede imponerse a costa de vulnerar la libertad personal ni el debido proceso, y obliga a las instituciones a revisar sus protocolos de actuación. No obstante, el verdadero reto está en la aplicación práctica de esta disposición, ya que se requiere voluntad política, control ciudadano e investigaciones efectivas para que no quede solo en una declaración formal. Este pronunciamiento reafirma que la protesta es parte esencial de la democracia y representa una oportunidad para fortalecer la legitimidad del Estado y consolidar una policía al servicio de la ciudadanía.

# data[].attributes.body
En este caso se refleja con claridad cómo el Estado de Derecho se ve afectado cuando las instituciones encargadas de garantizar la seguridad actuan al margen de la Constitución. En la intervención policial se evidenció un uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias que vulneraron derechos fundamentales como la libertad personal y el derecho a la protesta pacífica.

Que el Tribunal Costitunucional se haya pronunciado me parece positivo y necesario, debido a que recuerda a las autoridades que el poder del Estado esta limitado por la ley y que las garantías costitucionales no son opcionales, sino de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, no solo basta con una sentencia sino que se requiere un cambio real en los protocolos policiales y en la cultura institucional para que estas vulnerabilidades no se repitan.

Lo que sucedio en este caso es un recordatorio que la democracia se sostiene en el respeto de los derechos humanos, y que cuando el Estado lo vulnera, el Estado de derecho se ve debilitada.

# data[].attributes.body
En mi opinión, lo que ocurrió en la UNMSM en 2023 y el reciente fallo del Tribunal Constitucional muestran claramente que en nuestro país todavía hay un problema serio con el respeto a los derechos fundamentales. Me parece positivo que el TC haya declarado inconstitucional la intervención policial y haya ordenado al Ministerio del Interior y a la PNP cambiar sus protocolos, porque la protesta es un derecho legítimo en una democracia y no puede ser reprimida con detenciones arbitrarias o abusivas. Sin embargo, creo que el verdadero reto está en que estas órdenes se cumplan en la práctica, ya que de nada sirve una sentencia si la Policía sigue actuando igual. Para mí, este caso refleja tanto la necesidad de garantizar el orden público como la obligación de respetar las libertades ciudadanas, y deja un mensaje claro: ninguna autoridad está por encima de la Constitución ni de los derechos de las personas.

# data[].attributes.body
La decisión del Tribunal Constitucional frente a lo ocurrido en la UNMSM en 2023 representa un recordatorio importante sobre los límites del poder estatal y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales. Ordenar al Ministerio del Interior y a la PNP detener las detenciones arbitrarias y respetar el derecho a la protesta reafirma que la seguridad no puede usarse como pretexto para vulnerar la libertad de expresión ni la participación ciudadana.

# data[].attributes.body
La decisión del Tribunal Constitucional de ordenar al Ministerio del Interior y a la PNP frenar detenciones arbitrarias y respetar el derecho a la protesta, tras lo ocurrido en San Marcos en 2023, resulta positiva porque reconoce y protege los derechos fundamentales, visibiliza a las víctimas y fija límites claros al uso de la fuerza; además, refuerza la importancia de que las instituciones rindan cuentas y mejoren sus protocolos. Sin embargo, también plantea desafíos, pues no basta con una sentencia si no se garantiza su cumplimiento real: la capacitación policial, el cambio de prácticas arraigadas y la supervisión efectiva son claves para que no quede solo en el papel. Asimismo, es necesario equilibrar la defensa de los derechos con la responsabilidad de mantener el orden público, ya que, sin reglas claras y sanciones a los abusos, podrían persistir tensiones, impunidad o resistencia al cambio. En suma, este fallo abre una oportunidad para fortalecer la democracia y el respeto a la dignidad humana, siempre que se traduzca en acciones concretas y sostenibles.

# data[].attributes.headline
el Estado debe distinguir entre quienes protestan pacíficamente y quienes cometen actos violentos. No hacerlo debilita la legitimidad de la autoridad, erosiona la confianza ciudadana y agrava el conflicto social. Además, al recordar que el derecho a la protesta es un derecho implícito reconocido constitucionalmente, el TC reafirma que la democracia se mide también en la calle, no solo en las urnas.

# data[].attributes.subject
el Estado debe distinguir entre quienes protestan pacíficamente y quienes cometen actos violentos. No hacerlo debilita la legitimidad de la autoridad, erosiona la confianza ciudadana y agrava el conflicto social. Además, al recordar que el derecho a la protesta es un derecho implícito reconocido constitucionalmente, el TC reafirma que la democracia se mide también en la calle, no solo en las urnas.