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La familia es el núcleo fundamental de la sociedad se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

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Ambos cónyuges podrán levantar en cualquier momento, de común acuerdo y mediante escritura pública sometida a registro, la afectación a vivienda familiar.

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se crea el Registro Nacional de Protección Familiar y se dictan otras disposiciones .

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De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio y los hijos de estos y aquellos menores de edad.

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Señala que los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9 por ciento para establecer paternidad o maternidad.

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Esta afectada la vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges mediante procedimiento notarial o judicial establecido en la misma ley.

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El único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia

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La adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

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Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

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El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación
integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

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El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

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El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.